Introducción

Enclavada en el Noeste de Norte de Santander, se ubica la región del Cata- tumbo desplegada como un tapiz de exuberante belleza. Conformada por los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata, además se ser el hogar de los res guardos Motilón-Barí y Catalaura, los cuales custodian ancestrales tradiciones y saberes; esta atesora una riqueza natural sin igual caracterizando la como un crisol de culturas y ecosistemas, donde la naturaleza se impone con fuerza y la historia se entreteje con la vida cotidiana de sus habitantes ^{(CNMH, 2018)}.

La región etológicamente se conoce como “La casa de los truenos”, que se ve embellecido por el fenómeno natural de tormentas eléctricas que em bellecen el cielo, conocido como el relámpago del Catatumbo, así mismo, los indígenas Barí lo definen como la concentración de millones de cocu yos siendo común entre sus habitantes ^{(Estrada, Jiménez & Puello-Sacarrás, 2019)}, y una maravilla para las personas que visitan estos lugares y tienen la oportunidad de presenciarlo.

No obstante, toda la riqueza de sus recursos naturales se ve opacada por el abandono estatal, la falta de inversión social, la ausencia de políticas pú blicas y la exclusión social histórica de los que los campesinos e indígenas del Catatumbo han sido víctimas ^{(Gamboa-Suárez et al., 2019}; ^{Hortua, 2018)}. Las condiciones de vida en las áreas rurales del Catatumbo se caracterizan por la precariedad y la dificultad de acceso a los servicios públicos básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento. La infraestructura vial es deficiente, y la conectividad telefónica es limitada, entre otras carencias sig nificativas. En las zonas urbanas de esta región, la mayoría de los habitantes enfrentan necesidades básicas insatisfechas, con más del 50% viviendo en condiciones precarias ^{(Abdala, 2014)}.

Sumado a ello, la ola de violencia que se acrecentó ensañándose con gran crueldad contra hombres, mujeres y niños, dejando dentro de sus conse cuencias saldos considerables en desplazamientos, secuestros, asesinatos, desapariciones etc. Entre 1998 y 2005, se registraron aproximadamente 5.700 homicidios y se estima que al menos 40.000 personas fueron desplazadas del Catatumbo, según lo reportado por la Fundación progresar (2010), citado por ^{(Pinzón & Trejos, 2021)} lo que inicia a desintegrar el tejido social: familias separadas, niños sin hogar, campos abandonados, obligando así a los y las campesinas a cambiar su cultura, dejando totalmente de lado su economía campesina.

Anteriormente, el Catatumbo era reconocida como una importante región agrícola, que abastecía no solo al departamento sino también distribuía ali mento a Bucaramanga y la región del Caribe, cultivos como cacao, maíz, plátano, yuca, zapote, ganado, cerdos y pesca eran comunes. En las zonas del alto y medio Catatumbo, debido a las condiciones biofísicas de la región, los habi- tantes se dedicaron al cultivo de fríjol, café, caña panelera, cacao, plátano, arroz, cebolla y arveja ^{(CNMH, 2018}; ^{COMPES, 2013)}.

Sin embargo, las políticas han desempeñado un papel crucial en el inicio de la crisis económica del campesinado. El modelo neoliberal de los años noventa impulsado por el presidente Cesar Gaviria Trujillo, abrió las puertas a la importación de productos, dejando en desventaja a la agricultura colombia na y, consecuentemente al campesinado, sumiéndolos en la pobreza ^{(Martínez-Álvarez, 2014)}. El Catatumbo no fue la excepción, las recurrentes exigen cias por el abandono estatal aún no cesan, dejando a la región estancada sin tener garantías necesarias para la comercialización, ni vías de acceso adecua das para transportar los productos.

Fue así que a finales de la década de los 80, los cultivos de coca se inten sificaron y se fortaleció en el Catatumbo, especialmente en el corregimiento La Gabarra, perteneciente al municipio de Tibú. En la mitad de los años 90, se experimentó un auge tanto en la producción de la hoja de coca como en los ingresos económicos derivados de ella. En la primera década de los 2000, la coca llegó a los municipios del Alto Catatumbo, y su expansión se aceleró significativamente a partir de 2008 ^{(CNMH, 2018)}. Esto se dio como medio de subsistencia y única fuente de ingreso que podía asegurar las necesidades bá sicas de las familias rurales que nunca resolvió el Gobierno Nacional.

La complejidad del conflicto social y armado creó desconfianza hacia las entidades estatales del orden Nacional, Municipal y Local, quienes claramente no dieron solución a las exigencias. La desigualdad llevó a los campesinos a organizarse para buscar formas de mantenerse en el territorio, desde entonces se vienen fortaleciendo iniciativas, organizaciones y movimientos sociales que apuestan a la creación de condiciones para habitar el territorio dignamente.

Aun con la constante violación de derechos humanos y viviendo en el abandono estatal, el campesino desarrolla un arraigo al territorio y a la de fensa de las economías campesinas como una estrategia de acción colectiva para el desarrollo, basándose en diversas formas de organización y coope ración; la economía familiar ha permitido el sostenimiento de este modelo económico campesino e históricamente asume posiciones de rechazo frente a los modelos económicos capitalistas traducidos en despojos y persecución ^{(Santacoloma-Varón, 2015)}.

Así es como el campesino desarrolla una conexión directa con la tierra, ya que su economía se fundamenta en la posesión y el acceso a ella. Esto lo convierte en un actor crucial en las decisiones que afectan su vida, cultura y la forma en que disfruta de los frutos de su trabajo. Las formas individuales o colectivas de propiedad de la tierra, así como la manera en que se relaciona con el entorno, son aspectos centrales de lo que se denomina territorialidad ^{(Quesada Tovar, 2013)}.

El despojo y la acumulación por parte de algunas elites del país, llevó al campesinado a la exclusión y al desplazamiento forzado, de ello se desarrolla una lucha campesina por la tenencia de la tierra, demostrando así una im presionante capacidad de resistencia a través de la constitución de figuras organizativas entorno a sus luchas y en defensa de la territorialidad ^{(Silva Prada, 2016)}.

En base a esto, a finales de 2005 se fundó la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), conformada por pobladores de las zonas rurales de la región del Catatumbo, cuyo objetivo es reconstruir el tejido social que permita a los catatumberos vivir en condiciones dignas y sostenibles, centra das en la defensa y permanencia del territorio; el respeto a las comunidades indígenas, la erradicación del cultivo ilícito y la eliminación de los factores socioeconómicos que propiciaron la siembra de coca; la protección de los recursos naturales y, en general, el respeto a los derechos fundamentales de los catatumberos ^{(Ascamcat, 2023)}, jugando así un transcendental papel como pionera del impulso de la sustitución de cultivos de coca en la región.

Ahora bien, la propagación de la coca se convirtió en un desafío tanto para el Gobierno Nacional como para la comunidad internacional, así como para los propios campesinos, quienes fueron clasificados dentro de la cadena del narcotráfico y tratados, en consecuencia, como delincuentes. Ante la presión internacional, el Gobierno Nacional implementó el Plan Colombia en 1999, un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de abor dar el problema del narcotráfico. Este plan incluyó políticas de erradicación forzada y fumigaciones aéreas utilizando glifosato ^{(Jour-Moreno, María-Silva Serna, 2009)}.

Aun así los cultivos de coca en el país aumentaron posicionando al Norte de Santander es uno de los principales departamentos con más coca en el país, siendo los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra sus principales culti vadores de coca dejando en evidencia las políticas poco acertadas en la lucha contra el narcotráfico ^{(UNDOC & SIMCI, 2021}; ^{UNDOC & SIMCI, 2020)}.

El Plan Colombia se implementó con contundencia en el Catatumbo, don de las fumigaciones comenzaron con la Operación Motilón en mayo de 2000. El 29 de mayo de 2001En las áreas cultivadas con coca, se inició una segunda fase de fumigación por parte de la policía antinarcótica. Estas acciones tuvie ron un impacto negativo en programas como el Plan Verde de reforestación llevado a cabo por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noro riental (Corponor), afectando nuevamente en enero de 2003 ^{(Defensoria del Pueblo, 2006)}.

Las fumigaciones causaron daños significativos a los cultivos de panco ger (maíz, yuca, plátano, arroz, frutales, caña, entre otros) y a los pastizales. Además, se reportaron problemas de salud y afectación de los ecosistemas.

Estas acciones también impactaron los procesos de formulación del Plan de Vida Motilón Barí y el Plan de Desarrollo y Paz del Catatumbo, los cuales fueron desarrollados por la comunidad con la colaboración de diversas insti tuciones presentes en la región. Ambos planes surgieron como resultado de acuerdos alcanzados en las marchas de los años 1996 y 1998 ^{(Defensoria del Pueblo, 2006)}.

Los esfuerzos del Gobierno Nacional se centraron en acabar la coca a como diera lugar, con el fin de promover un modelo de desarrollo fundamen tado en la agroindustria y la minería, sin tener en cuenta las propuestas de miles de campesinos e indígenas de la región, mostrando una estrategia para el desarrollo económico de las empresas sin importar las condiciones del campesinado.

Según la Real Academia Española, la palabra “desarrollo” denota avances y progresos en los ámbitos económico y social. Se refiere al progreso conti nuo de una economía hacia mejores niveles de vida. En el contexto humano, implica progreso, bienestar, modernización y crecimiento económico, social, cultural o político. En biología, se utiliza para describir las etapas de creci miento de un organismo vivo. En las ciencias sociales y la política, se refiere a cuestiones académicas y prácticas ^{(Gudynas, 2011)}.

A mediados del siglo XX, se consolidó la concepción del desarrollo como un proceso principalmente económico, orientado a la apropiación de recur sos naturales, permitiendo fortalecer la eficiencia y rentabilidad económica ^{(Gudynas, 2011)}. Esta perspectiva continúa siendo relevante y se refuerza en la región del Catatumbo a través de políticas de desarrollo que promueven monocultivos y la minería, con impactos significativos en el medio ambiente, la cultura y la territorialidad de sus habitantes.

Los desafíos para implementar una política efectiva de desarrollo territo rial son numerosos, incluyendo la reducción de la desigualdad territorial, el fortalecimiento de la institucionalidad social, la promoción de mecanismos de participación ciudadana, el impulso a la generación de capitales endó genos en cada territorio, y la promoción de la cohesión social. Es evidente que existe una marcada desigualdad territorial en la región, lo cual subraya la importancia de la planificación como un instrumento clave para adoptar estrategias efectivas ^{(Cepal, Ilpes, 2012)}.

El Gobierno Nacional, en contraposición, introdujo como política de de sarrollo rural el impulso a la agroindustria. Desde 1996, se implementó el cultivo de palma en la región mediante el Plan Nacional de Desarrollo Alter nativo (PLANTE). Esta iniciativa respondió a políticas agrarias que promovían el empresariado en el Catatumbo, además de ser parte de estrategias para erradicar los cultivos ilícitos y fomentar economías extractivas. Este enfoque ha resultado en el desplazamiento de la economía campesina por un nuevo modelo de acumulación de capital enfocado en grandes agriculturas comer ciales. Muchos campesinos se vieron inicialmente beneficiados con créditos elevados que luego no pudieron pagar, lo que resultó en el despojo de sus tierras ^{(Gutiérrez Montenegro, 2016)}.

Estas políticas han mostrado pocos beneficios, especialmente consi derando que, para los campesinos, el entorno territorial es crucial para su desarrollo. El disfrute efectivo de la diversidad cultural de las comunidades campesinas y étnicas se materializa en un desarrollo territorial propio, donde puedan aprobar o rechazar, según su criterio y con consentimiento previo, libre e informado, los proyectos que se desarrollen en su entorno ^{(Quesada Tovar, 2013)}.

De igual forma las políticas anti drogas y la militarización del territorio tra jeron consecuencias a los cultivadores de coca, ante la constante violación de los derechos humanos y el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en la satisfacción de los derechos básicos de los campesinos; deciden tomar las vías de hechos con movilizaciones sociales en exigencia y reivindicación, con propuestas claras frente al cambio de economía, la protección del terri torio y el levantamiento de un nuevo ordenamiento territorial, que finalmente no fue escuchado.

En medio de tanta incertidumbre, represión e incumplimientos, el acuer do de paz firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, abría una puerta que permitiría una verdadera transformación del campo, rei vindicando así las luchas campesinas. Desde los territorios los campesinos han tenido el compromiso de velar por el cumplimiento de la generación de la paz territorial teniendo en cuenta que superar el conflicto implica el re conocimiento de las territorialidades poniendo en primer lugar a los sujetos colectivos y desde allí transformar los territorio ^{(Bautista, 2017)}.

En un primer intento, en diciembre de 2013 en la plaza de los artesanos de Bogotá, se celebró un encuentro nacional de cultivadores que culminó con la decisión de crear una organización nacional. Esta organización se denominaría Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM ^{(Tascón-Recio, 2017)}. Finalmente, el 10 de enero del 2017, con la participación representantes de 14 departamentos, se llevó a cabo la creación de la COCCAM a nivel Nacional y el 27 de enero del 2017 se llevó a cabo su lanzamiento público en la ciudad de Popayán ^{(COCCAM, 2017}; ^{Gonzáles Perafán, 2017)} .

La creación de la COCCAM surge como una respuesta a la voluntad po lítica del campesinado a nivel nacional para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz, específicamente del punto cuatro. Este proceso coordina organizaciones de lugareños e indígenas cultivadores de coca, amapola y ma rihuana de diversos departamentos, con el objetivo de desarrollar una estra tegia conjunta para impulsar e implementar el punto 4 del acuerdo de paz ^{(COCCAM, 2018)}.

Por lo que, la necesidad de agruparse en un sector para defender el sus tento de sus familias, la estadía en el territorio, y el libre desarrollo de la economía rural, lleva a las y los campesinos de diferentes municipios del Catatumbo, impulsados por ASCAMCAT en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, construir desde sus bases comités para constituir la COCCAM en el Norte de Santander. Dinámica pedagógica que permitió cons tituir la COCCAM de los municipios de: Tibú, San Calixto, El Zulia y el Área metropolitana de Cúcuta ^{(Acosta, 2020)}.

Metodología

Con el fin de entender la importancia de la existencia y conformación de esta organización en el Catatumbo, los aportes que hace al desarrollo territorial y a la defensa del territorio, se realiza está investigación con un diseño metodoló gico de tipo cualitativo que permite construir un conocimiento de la realidad a la que se enfrentan diariamente las y los campesinos cocaleros del Catatum bo y dentro de un enfoque histórico hermenéutico, en donde se recogieron testimonios de las vivencias, luchas y sus propuestas.

Se utilizaron diferentes formas de recolección de la información, entre ellas las entrevistas a campesinos cocaleros y a los presidentes de la COC CAM de los municipios de Tibú, San Calixto y el Zulia; se hace una recopila ción y análisis hermenéutico de los comunicados y documentos emitidos de encuentros y declaraciones políticas, conociendo así la historia de sus inicios, las propuestas para defensa del territorio y del ambiente, su estructura orga nizativa etc., permitiendo tener un conocimiento comprendido en el contexto de las realidades actuales.

Resultados

El territorio del Catatumbo en su extensa geografía converge múltiples pro blemáticas, presencia de grupos armados ilegales, abandono diferencial del Estado, siembra de cultivos ilícitos, desplazamiento; sin embargo, también con riquezas naturales y culturales, esto ha llevado a que campesinos e indígenas hayan tomado la determinación de actuar desde movimientos sociales, bus cando unir identidades y objetivos, sabiendo que individualmente no podrán alcanzar la realización de sus proyectos.

Con el ideal de lucha que le permitiera dar un giro a una región olvidada, violentada y sumida en la ilegalidad, un grupo de campesinos organizados en La ASCAMCAT, en el 2005, como continuidad de los años de luchas y exi gencias del campesinado, sienta las bases para la defensa del territorio, la reconstrucción del tejido social, la reconversión económica y fortalecimiento de la economía rural y, la propuesta de una Zona de Reserva Campesina, el cuidado del ambiente y sus recursos naturales.

En el 2009 se recrudece la violencia, las capturas, las fumigaciones aé reas con glifosato, la militarización, etc y para contrarrestar la situación de derechos humanos, se constituye el refugio humanitario en Caño Tomas en el municipio de Teorama, con el lema "Por la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra, y la permanencia en el territorio”, un espacio de protección y de fortalecimiento campesino, donde se crea la mesa de interlocución y acuer do (MIA) , para tratar las problemáticas de la región en diferentes temáticas, pero también para buscarle posibles soluciones en conjunto con el Gobierno Nacional ^{(Estrada, Jiménez, & Puello-Sacarrás, 2019)}. Desde ese momento se fortalece la idea de sustitución de los cultivos ilícitos como una solución acertada al territorio.

A partir de la MIA se realizan audiencias populares en diferentes municipios y de allí se genera la propuesta de impulsar una Zona de Reserva campesina para el Catatumbo- ZRC-C, en el 2012 se materializa la construcción del plan de desarrollo alternativo de la ZRC-C, que promueva la conexión arraigada y la posesión de la tierra y sus recursos naturales., un avance hacia una verdadera reforma agraria integral ^{(Estrada, Jiménez, & Puello-Sacarrás, 2019)}.

La propuesta de establecer una Zona de Reserva Campesina en el Cata- tumbo es una estrategia de desarrollo territorial fundamentada en razones históricas y la necesidad de promover arraigo y propiedad sobre la tierra, don de se puede desarrollar no solamente la economía de la región sino también el desarrollo social y el ordenamiento territorial, permitiendo así facilitar la ejecución de políticas de desarrollo rural resultado de una participación efec tiva de las comunidades en la construcción de ellas ^{(Abril, 2020)}.

Aun teniendo una propuesta significativa, bien construida y pensada des de las familias campesinas, no fue suficiente para parar la erradicación for zada y violenta de los territorios campesinos. Por lo tanto, en el 2013 se llevó a cabo un paro de 53 días, donde campesinos de los diferentes municipios, presentaron propuestas claras sobre inversión social, sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca. Esta propuesta buscaba organizar territo rialmente en clave comunitaria y ambiental, como estrategia para permitir el desarrollo territorial, la defensa y permanencia en el territorio.

Tales fueron los esfuerzos del campesinado por dar solución a la pro blemática que por iniciativa propia se realiza la Constituyente Regional Del Catatumbo, en el Municipio del Tarra N.S. los días 5 y 6 de diciembre de 2014, con la finalidad de construir un Mandato Popular, trabajando diferentes temas que permitirían el impuso del desarrollo territorial. Así pues, se reafirma la necesidad de realizar una sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos provenientes del cultivo de coca en el Catatumbo, siendo planteados en septiembre de 2013 en el marco del paro campesino ^{(ASCAMCAT, 2014)}.

Las propuestas Alternativas de organización de la vida en común del terri torio, llevaron al campesinado cultivador de la coca por iniciativa propia a te ner un espacio de construcción de propuestas para la sustitución en el marco del acuerdo de paz y a constituirse en COCCAM por municipios. Esta iniciativa lograría agrupar todas las familias cultivadoras de coca del Catatumbo, de tal forma que pudieran llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional y así parar las erradicaciones forzosas sin garantías para los campesinos ^{(Acosta, 2020)}

Desde mediados del 2016 la ASCAMCAT inicia un proceso de socialización del acuerdo de paz, específicamente el punto 4 Solución al problema de las drogas ilícitas, recorriendo vereda por vereda, siendo Tibú el pionero en este proceso. Fruto de estas socializaciones se crearon los comités de sustitución de cultivos de uso ilícito por vereda, con la finalidad de preparar el camino para la sustitución, donde las familias integrantes del comité elegían una jun ta representativa, con los cargos de presidente, secretario, tesorero, control social, divulgación/prensa, este ejercicio se repitió en los municipios de San Calixto, El Zulia y Cúcuta. ^{(Acosta, 2020)}

Luego de creados estos comités se realiza la asamblea municipal para constituir la COCCAM del municipio de Tibú, eligiendo así los directivos para este municipio. El 1 de abril del 2017 tomando las propuestas hechas los años anteriores, los campesinos constituyen la COCCAM Tibú y ratifican su compro miso con la sustitución, la implementación del Acuerdo de Paz y el impulso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la creación de Los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y el impulso de una real Reforma Rural Integral (RRI) ^{(Ascamcat, 2023)}.

La COCCAM se constituye en la principal organización en apropiarse del compromiso de la implementación del acuerdo de paz, convirtiéndose en la interlocutora entre campesinos y el Gobierno Nacional, de tal forma que acompañó e impulsó el piloto de sustitución en el núcleo veredal de Caño Indio, Progreso 2, Chiquinquira y Palmeras Mirador, donde se instalaría la zona veredal transitoria de normalización de las FARC-EP ^{(COCCAM, 2017)}, allí se iniciaría y se mostraría el proceso para el cambio de economía que se replicaría en los diferentes municipios del Catatumbo.

Teniendo en cuenta que la coca se convirtió en parte fundamental para los campesinos, supliendo las necesidades de educación, de vivienda, de vías, reemplaza al gobierno en los territorios, la COCCAM asumió un compromiso para lograr la permanencia y el arraigo al territorio, trabajar en la transforma ción de la economía, la mejora de las condiciones de vida digna con garantías para ejercer los derechos campesinos ^{(Ramírez, 2022)}.

El trabajo de la COCCAM se fortaleció dando continuidad en los munici pios proyectados. En San Calixto realizó giras veredas por veredas explicando la importancia de la sustitución, vinculando inicialmente 1500 familias que demostraban la intensión de luchar, resistir y exigir la puesta en marcha del punto 4 del acuerdo de paz, para lograr así contribuir al desarrollo de los terri torios en materias de ejercer el control social de la expansión de los cultivos de uso ilícito, impulsar que se vuelva a la economía campesina, se fortalezcan los planes de desarrollo municipales con las propuestas campesinas y así ha cerle frente a la política equivocada del gobierno Nacional de la erradicación y fumigaciones violentas en la región ^{(Ramírez, 2022)}.

Es claro entender que las propuestas alternativas que tiene la COCCAM frente el cultivo de coca, se orientan no sólo en la sustitución del cultivo, y la recuperación de la economía campesina, sino también reconocer el uso ancestral y cambiar así la visión, ya que cabe la posibilidad de industrializar se, darle usos alternativos, incluidos medicinales, dando paso así a una nueva forma de economía ^{(Ramírez, 2022)}.

Aun habiendo compromisos y voluntad de sustitución, a pocos días de haberse firmado el acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria y concer tada en el municipio de Tibú, se anuncia la reanudación de las erradicaciones en el Catatumbo como cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, con siderando nuevamente el uso de glifosato. Por lo tanto las comunidades de ciden tomar las vías, con movilizaciones escalonadas en septiembre del 2017 como respuesta a los ataques de la fuerza pública y en exigencia para que las propuestas campesinas sean escuchadas ^{(ASCAMCAT-COCCAM, 2017)}.

Como una forma de rechazo a las políticas de Gobierno frente a las erra dicaciones forzadas, el incumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz, la no aprobación del modelo minero energético neoliberal que va en de trimento de la economía rural familiar, que amenaza la vida y pervivencia del campesinado e indígenas de la región, la COCCAM se une al paro nacional el 23 de octubre del 2017 ^{(ASCAMCAT-COCCAM, 2017)}.

Para el Gobierno Nacional el Catatumbo está dentro de sus intereses para las empresas multinacionales que amenazan con exploraciones mineras y agroindustriales que van en contravía de las propuestas campesinas para el desarrollo de la región; dejando de lado los esfuerzos organizativos en pro de la defensa del territorio y por el desarrollo del mismo. Las propuestas campe sinas enmarcadas en el desarrollo de las comunidades rurales no dan espacio para desarrollar proyectos minero energéticos en la región, por lo tanto, ha sido casi imposible concretar dichas propuestas campesinas ^{(Abril, 2020)}.

El desarrollo territorial es un proceso de transformación productiva e ins titucional en un espacio determinado, que, para este caso en un espacio rural, con la finalidad de reducir la pobreza. Es una transformación productiva que integre la economía local a los mercados nacionales e internacionales, pro moviendo la cooperación entre los actores locales ^{(Buendía-Martínez & Côté, 2014)}, teoría que se enmarca en las propuestas y procesos que desarrollan las organizaciones sociales y defensoras de los derechos del campesinado en la región del Catatumbo y por lo tanto rechazan las propuestas implantadas por el Gobierno Nacional, que dejan de la dado su cultura.

Conservar la cultura para es esencial para fortalecer los vínculos comu nitarios, fomentar la identidad local y preservar la memoria colectiva, lo que a su vez contribuye a un desarrollo más democrático, inclusivo y sostenible, alcanzando el Estado Social de Derecho, y así fortalecer la identidad territorial que es clave en los procesos de desarrollo territorial ^{(Uribe, 2006)}, es por ello que La lucha campesina se ha enfocado en querer conservar su identidad campesina para lograr un desarrollo integral.

El campesino reivindica en sus luchas el derecho a tener y dar un buen uso a la tierra, desarrollando economías campesinas, teniendo así un reco nocimiento como sujeto de derecho, donde el Gobierno Nacional realice la inversión social que realmente necesita el campo, de tal forma que se brinden las garantías para producir y tener así mismo un encadenamiento productivo, que le permita crecer tanto económica, política, cultural y socialmente dentro de su territorio ^{(Coronado, 2023)}.

Lograr entender el sentir del pueblo Catatumbero, crear propuestas, tener objetivos en común; haciendo importantes las voluntades para unir fuerzas y que se logre el cambio de economía con garantías para el campesinado, tra bajando no solamente en cambiar la economía si no conservar el ambiente, cuidar el territorio, preservar la cultura campesina, lograr con el cumplimiento de los acuerdos de paz, el rechazo a la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, le da sentido a la organización ^{(Vargas-Chaves, 2023)}.

Siempre con la intensión de buscar soluciones a las problemáticas el 26 y 27 de julio de 2019 se lleva a cabo la II asamblea de cultivadores y recolectores de coca del Catatumbo, donde aproximadamente mil campesinos y campesi nas ratifican su compromiso de seguir trabajando por asegurar el acceso a la tierra, el apoyo a la economía campesina y sus formas de comercialización, el impulso de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que deberá ser formulados con las comunidades ^{(CCJ et al., 2020)}.

Las familias del Catatumbo organizadas en la COCCAM, pretenden insta lar alternativas en el territorio basados en el acuerdo de paz para lograr su plir necesidades, proyectos productivos, alternativas de transformación que le puedan dar el valor agregado a la producción, rutas de comercialización, que se hagan proyectos propios de la región y sin muchos intermediarios. La sustitución es un tema de orden Nacional e internacional por lo tanto debe haber voluntad y esto es lo que ha dificultado el avance del proceso. El estado de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz en Norte de Santander es pésima, especialmente en los municipios de Sardinata y Tibú, teniendo en cuenta que de la inversión que tiene el país, el departamento más bajito en inversión es este, solo se le invirtió el 3% ^{(Acosta, 2020)}.

La preocupación de cómo crear un ámbito económico que permita al campesino el sostenimiento de su familia después del cambio de la econo mía que depende de los cultivos de coca, lleva a las COCCAM a recoger las propuestas y plasmarlas de tal forma que tenga como base el desarrollo eco nómico, pero teniendo en cuenta la territorialidad.

Discusión

Las dinámicas del territorio, han llevado al campesinado a organizarse de tal forma que adquieren la experiencia en la defensa y el desarrollo territorial, des de una perspectiva social y comunitaria en clave a la economía familiar cam pesina, y en el rechazo de los megaproyectos que amenazan con acabar su cultura; donde los protagonistas son los campesinos e indígenas que intentan comprometer al Estado con sus políticas en la construcción de una territoria lidad centrada en las necesidades y cultura de sus habitantes.

Los campesinos involucrados en la cadena productiva de la coca han sido los directamente implicados en este trabajo, ya que son ellos quienes plan tean la forma en que desean la construcción territorial, sus luchas a lo largo de la historia y sus reivindicaciones para consolidar una propuesta aplicada al territorio, que les permita hacer una reconversión de su economía, aportarle al desarrollo territorial, sin dejar de lado su esencia campesina.

A lo largo de décadas de lucha, los campesinos del Catatumbo han pro puesto diversas alternativas para mejorar sus condiciones de vida y construir un futuro más justo y sostenible. La COCCAM, como representante de estos intereses, ha sistematizado estas propuestas, abogando por la sustitución gradual de los cultivos de coca y la creación de una Zona de Reserva Cam pesina que permita a las comunidades desarrollar actividades productivas sostenibles y diversificadas, fortaleciendo así su autonomía y mejorando su calidad de vida.

La historia viva de los esfuerzos del campesinado Catatumbero está mar cada por la inconformidad del existente desconocimiento de ser sujetos co lectivos, con capacidad de ejercer la territorialidad, teniendo diversidad econó mica, cultural y política; y por ello exigen que se respete la toma de decisiones sobre sus territorios y la construcción de vida colectiva ^{(Quesada Tovar, 2013)}.

De esta forma se refuerza así el sentido de la existencia de una organiza ción campesina que representa los intereses de las familias que dependen económicamente de los cultivos de coca, que muestran su voluntad de tran sitar hacia economías legales impulsando la implementación de los acuerdos de paz con un enfoque territorial, trabajando en las causas estructurales de la problemática de los cultivos de coca, para fortalecer la soberanía alimentaria; pero para ello se hace necesario instalar la presencia del estado a través de la inversión social.

El desarrollo territorial es un proceso multifactorial que, si bien requiere crecimiento económico, también se nutre de condiciones que lo impulsan. El desarrollo territorial es un proceso social de alta complejidad que involucra la interacción entre el Estado y las regiones. El Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico, mien tras que las regiones asumen la difícil tarea de transformar ese crecimiento en un desarrollo integral y sostenible ^{(Boisier, 1997)}.

Por ello para el campesinado víctima del despojo, la concentración de la tierra, la implantación de megaproyectos y la militarización, es necesaria la participación política para reestablecer los derechos que les han sido violen tados ^{(Quesada Tovar, 2013)}, por ello sus luchas se centran en forjar un terri torio que reconstruya la economía campesina como eje central del desarrollo de la región, por lo tanto, defienden el territorio de políticas que pretendan acabar con su identidad campesina.

Conclusiones

La COCCAM - Norte de Santander se constituye como una organización que asume los compromisos de la implementación del acuerdo de paz, especial mente en lo relacionado con el punto 4, denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Su principal objetivo ha sido la defensa y el desarrollo terri torial, convirtiéndose en un interlocutor entre los campesinos que han recurrido a los cultivos de uso ilícito como medio de subsistencia y el Gobierno Nacional.

La coordinadora ha articulado estrategias que pretenden generar desarro llo comunitario mediante la implementación de programas e iniciativas orien tadas a la sustitución de cultivos ilícitos, en armonía con la conservación del ambiente, la protección y autoprotección de las comunidades, y la promoción de una vida digna en su propio territorio. Estas iniciativas buscan generar al ternativas frente a las políticas antidrogas que históricamente han guiado a los gobiernos de turno.

Las políticas antidrogas punitivas, que criminalizaban a los pequeños cam pesinos, junto con la erradicación forzada, la militarización y la fumigación, han demostrado la debilidad institucional durante años. La propuesta de la COCCAM insta al Estado a centrar su política en el desarrollo territorial pensado para los campesinos, identificando las necesidades de infraestructura física, social e ins titucional, y trabajando en la solución de fondo del problema de la coca.

La COCCAM ha interactuado con la institucionalidad a través de diálogos comunitarios, desde una realidad fronteriza en un Estado centralista que ha invisibilizado las realidades de las regiones. Por ello, es necesario generar procesos de sustitución o transformación territorial desde la particularidad y realidad específica de los territorios.

Los trabajos de la coordinadora han permitido construir propuestas de sustitución desde la voz de las y los campesinos con un enfoque territorial frente al problema del cultivo de la coca, además de generar alternativas de orden territorial, partiendo de sus realidades más inmediatas, las potencia lidades endógenas, y las diversidades climáticas y geográficas de una región como el Catatumbo.