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Introducción
El presidente Gustavo Petro (2022-2026) delineó una estrategia de paz dual que contempla la negociación política con las guerrillas y un tratamiento judicial para otros actores armados (El Espectador, 2022, 7 de agosto). Este planteamiento emergió en un contexto de aguda crisis de violencia y seguridad que durante la transición de gobierno evidenció tanto los límites del enfoque militarista de la administración saliente, como los efectos adversos de la implementación incompleta del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 (Human Rights Watch, 2022; OACNUDH, 2022). La política de “Paz con Legalidad” impulsada por el gobierno de Iván Duque (2018-2022), centrada en la confrontación armada, no solo obstaculizó la ejecución del Acuerdo, sino que también profundizó las dinámicas de fragmentación del conflicto (Fundación Paz y Reconciliación [Pares], 2022; Kroc Institute, 2022).
A pesar de los avances alcanzados en el proceso de paz de 2016, dicho acuerdo no logró poner fin al conflicto armado ni consolidar una paz estable y duradera. De hecho, la retirada de las FARC-EP de amplias zonas del país generó un vacío de poder rápidamente ocupado por otros grupos armados ilegales, dando paso a una recomposición del conflicto en múltiples territorios (International Crisis Group, 2022). Desde entonces, regiones como el sur del Meta y Caquetá, Guaviare, Catatumbo, Chocó, el Pacífico, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y Arauca, entre otras, han experimentado un resurgimiento sostenido de la violencia Fundación Ideas para la Paz [FIP] (2022). A pesar del despliegue de operaciones militares durante el gobierno Duque, se consolidó una creciente presencia y expansión de diversos actores armados: el ELN, disidencias de las FARC (Estado Mayor Central - EMC, Segunda Marquetalia), grupos herederos del paramilitarismo (Clan del Golfo/AGC, ACSN/Pachencas) y múltiples estructuras criminales dedicadas al narcotráfico (Defensoría del Pueblo, 2023).
Las disputas por el control de economías ilícitas y la disputa territorial sobre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se tradujeron en masacres, desplazamientos forzados, confinamientos, y el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes (Indepaz, 2023; OACNUDH, 2023). Es precisamente en este contexto de reconfiguración de las violencias, fragmentación del conflicto armado y debilidad institucional, que el gobierno de Petro lanzó la política de “Paz Total” como una apuesta pública de Estado, formalizada mediante la Ley 2272 de 2022. Esta política propuso ir más allá de los enfoques fragmentados del pasado, promoviendo diálogos simultáneos y diferenciados con la diversidad de actores armados -legados de conflictos políticos o estructuras puramente criminales- desde una perspectiva centrada en la seguridad humana y la transformación territorial (Presidencia de la República, 2022; Semana, 2022).
Ante un escenario así, la pregunta por la experiencia de los procesos de paz y sus efectivas capacidades se hizo relevante para entender la posibilidad de una apuesta de paz capaz de superar la violencia organizada en el país. Para Valencia (2022) y Grasa, (2020) los estudios sobre procesos de paz en Colombia han abordado principalmente experiencias fragmentadas, o se han tratado de análisis retrospectivos de negociaciones específicas (Ríos 2019). Matrices históricas de este tipo carecen de marcos analíticos para evaluar, bien sean los elementos novedosos de la “Paz Total” como política de negociación multisituada, ni los efectos imprevistos de esta apuesta por la paz tiene en la reconfiguración territorial del conflicto.
Puesto que el enfoque de la Paz Total se orienta al desarrollo de diálogos simultáneos y diferenciados con una heterogeneidad de actores armados, con el objeto de comprender los efectos de la política, nuestra investigación definió el carácter de negociación multisituada a partir de estas caracterísitas:
Plantea una negociación simulténea, en cuanto se han establecido múltiples mesas de diálogo que operan al mismo tiempo con distintos grupos armados.
Se propone una negociación diferenciada pues distingue entre actores con “vocación política” y estructuras criminales; si para los primeras se ofrece una negociación política, para las segundas se contempla formas alternativas de sometimiento a la justicia.
Reconoce la heterogeneidad de los actores pues se trata de una diversidad de grupos armados ilegales que van desde una guerrilla tradicionales, remanentes del paramilitarismo de los años 90, numerosas bandas criminales urbanas y algunas de las crecientemente atomizadas disidencias de las Farc.
Su enfoque se enmarca en la seguridad humana y no seguridad militar, pues prioriza la protección de las comunidades y la garantía de sus derechos.
Sus apuestas se orientan a territorios concretos en donde se promueven transformaciones locales.
Sin embargo y a pesar de estas apuestas de la Paz Total, dentro de los efectos no previstos de la política se encuentra que el fortalecimiento de los actores con los que se negocia, nuevas dinámicas de violencia y una intensificación de las confrontaciones armadas (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2024). Uno de los más graves ejemplos que evidencia la falta de control y coordinación sobre las negociaciones lo fue la crisis humanitaria en el Catatumbo en donde a inicios de 2025 se registraron más de 50.000 personas desplazadas por los enfrentamientos entre el ELN y facciones disidentes de las FARC, dos grupos con quienes se tenía en su momento mesas de negociación vigente. De manera paradójica, si por un lado los enfrentamientos erosionaron la legitimidad de la mesa de diálogo con el ELN y precipitaron su suspensión, por otro lado, se aceleró un acuerdo con el frente 33 de las disidencias, quienes aceptaron su concentración en una “Zona de Ubicación Temporal (ZUT, Decreto 161 de mayo de 2025. Presidencia de la República, 2025).
Así, aunque la “Paz Total” fue concebida como un cierre definitivo al conflicto armado colombiano, su despliegue en los territorios ha revelado una narrativa más inquietante: lejos de clausurar la guerra, se han abierto nuevos ciclos de violencia. Este giro dramático pone en evidencia una constante histórica en los procesos de paz en Colombia: cada intento de pacificación ha generado nuevas formas de conflicto, adaptadas a los cambiantes contextos territoriales y a las mutaciones del crimen organizado. La apuesta del gobierno Petro por una negociación integral, multisituada y con enfoque diferencial ha chocado con los límites estructurales del estado colombiano y las realidades territoriales, agudizando en algunas regiones las condiciones de inseguridad para las comunidades e incluso favoreciendo la legitimación política y territorial de actores armados sin proyecto ideológico claro, que encuentran en las mesas de diálogo socio-jurídico una oportunidad para ampliar su control y ganar una legitimidad simulada.
En este contexto, en este artículo abordamos tres preguntas centrales: ¿Qué rupturas y continuidades plantea la Paz Total a la tradición de procesos anteriores? ¿Cuáles han sido los efectos no previstos de la estrategia de negociaciones multisituadas? ¿Qué ajustes estructurales requiere esta política para evitar la reconfiguración de violencias territoriales? Para responderlas, en este artículo examinamos los fundamentos de la política, modos de implementación y resultados preliminares.
El texto lo planteamos así: tras un breve balance metodológico, continuamos con un marco histórico-político que contextualiza el surgimiento de la política, seguido de una reflexión sobre sus fundamentos teóricos y su inscripción en la genealogía de los procesos de paz en Colombia. Posteriormente, realizamos un balance crítico centrado en las tensiones, contradicciones y desafíos observados en su implementación territorial. Finalmente, en la sección de conclusiones y recomendaciones, reconocemos el valor de esta apuesta estatal, al tiempo que advertimos -con base en la revisión de múltiples fuentes y autores- sobre los ajustes urgentes que requiere su orientación y ejecución, si se desea evitar que la Paz Total se transforme, una vez más y como han sido los procesos de paz fracasados, en catalizador de nuevas violencias.
Metodología
Este artículo se construyó bajo un enfoque crítico-interpretativo que nos permite una aproximación a la comprensión del conflicto armado colombiano como un fenómeno multicausal, históricamente enraizado en estructuras de exclusión política, concentración de la tierra, extractivismo económico y formas de violencia estatal y paraestatal. En este sentido, nuestra guía ha sido una lectura estructural, inspirada en marcos teóricos decoloniales que nos permiten abordar la Paz Total no solo como una política pública, sino como un escenario de disputa entre proyectos de país antagónicos.
La producción del texto se hizo a partir de un análisis documental que incluyó fuentes primarias (leyes, comunicados oficiales, informes institucionales y de organismos de derechos humanos, fuentes de prensa), así como una amplia revisión de literatura académica reciente, proveniente de centros de investigación como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Kroc Institute for International Peace Studies, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre otros. Puesto que la investigación tuvo como escenario de encuentro y debate una serie de debates sobre la paz urbana en Medellín, este texto es producto de nuestro lugar en la discusión con actores sociales, organizaciones de base y académicos (Cfr. Kavilando, 2024). Vale resaltar que, el “I Encuentro Internacional de Paz Urbana” aquí citado permitió el análisis crítico de los desafíos que implica la construcción de paz en Medellín y el Valle de Aburrá. Las geografías del conflicto, las rentas criminales y la necesidad de repensar el modelo de desarrollo urbano hicieron parte de su temática. El evento destacó el rol transformador de las víctimas, la importancia de la justicia restaurativa y la urgencia de crear una arquitectura institucional inclusiva.
La estrategia metodológica adoptó el uso de matrices de análisis temático, categorizando los contenidos en cuatro ejes transversales: (1) fundamentos teóricos y genealogía de la Paz Total, (2) actores armados y caracterización del conflicto, (3) implementación territorial y contradicciones institucionales, y (4) contexto de movilización social y respuestas institucionales A partir de estos ejes se construyó una narrativa argumentativa que permite conectar los niveles macroestructurales con las dinámicas territoriales y las apuestas comunitarias.
Este enfoque no pretende la neutralidad, sino la rigurosidad crítica. Reconoce el carácter político de la investigación social y la necesidad de producir conocimiento útil para los procesos de emancipación y transformación colectiva. La validez del estudio se sustenta, entonces, en su capacidad para articular múltiples fuentes, ofrecer un análisis contextualizado y proponer interpretaciones que dialogan tanto con la experiencia histórica como con los desafíos actuales del país. Lejos de proponer una lectura cerrada o totalizante, este artículo busca aportar a una discusión viva y necesaria, desde una mirada comprometida con la justicia social, la verdad histórica y la construcción de una paz duradera y popular.
El marco teórico de la “Paz Total” - una lectura crítica
La política de Paz Total (Ley 2272 de 2022, Congreso de la República, 2022), fue concebida como un esfuerzo por trascender el enfoque tradicional de seguridad estatal, centrado en el control militar del orden público. En contraste, esta propuesta se inscribe en el paradigma de la seguridad humana, que prioriza la protección integral de las personas, la naturaleza y el goce efectivo de derechos fundamentales.
La Ley plantea una transición de una ‘paz negativa', entendida como la mera ausencia de violencia directa, no solo hacia una ‘paz positiva' capaz de incorporar la superación de violencias estructurales y culturales (Galtung, 1985), sino también hacia una paz transformadora y participativa en donde -según Ramos (2016) las comunidades tengan la palabra y decisión sobre sus planes de vida en los territorios.
Según Rafael Grasa (2020), la implementación de los acuerdos de paz en Colombia entre la insurgencia de las extintas FARC-EP y el Estado en 2016 enfrenta obstáculos estructurales que revelan las tensiones persistentes entre la voluntad política, la capacidad institucional y las profundas desigualdades sociales y territoriales. Uno de los desafíos más significativos radica en la ejecución desigual y fragmentada de los compromisos adquiridos: mientras que los componentes relacionados con el desarme y la participación política de excombatientes han avanzado en términos relativos, los aspectos orientados a la transformación estructural del país (derechos de los pueblos indígenas, la reforma rural integral y el desarrollo territorial) muestran rezagos alarmantes. Esta asimetría no solo refleja las prioridades de las élites gobernantes, sino también las limitaciones del Estado para intervenir de manera eficaz en zonas históricamente periféricas, donde persisten dinámicas de exclusión, ausencia institucional y disputa armada.
Este investigador subraya que esta brecha entre los avances formales y las transformaciones sustantivas responde a una lógica común en procesos de transición: la tendencia a cumplir con los elementos más visibles o internacionalmente exigidos, como la dejación de armas, mientras se dilata o bloquea la implementación de reformas estructurales que implicarían redistribuciones reales de poder y recursos. En el caso colombiano, esta dinámica se agrava por factores como la polarización política, la fragmentación del aparato estatal y la cooptación institucional por intereses particulares, lo que deriva en una implementación parcial que reproduce condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. Así, la promesa de una paz transformadora queda reducida a una paz formal e incompleta, incapaz de desactivar las causas profundas del conflicto armado ni de garantizar una justicia territorial, social y étnica efectiva (Grasa, 2020).
En esa lógica, la “Paz Total” no se concibe como un evento puntual, sino como un proceso continuo de transformación social. Distingue entre el “hacer las paces” -relacionado con la negociación y el cese de hostilidades- y la “construcción de paz”, que implica abordar causas estructurales del conflicto. El carácter “total” de la política refiere a su pretensión de amplitud: no se restringe a negociaciones con grupos armados de carácter insurgente, sino que se propone intervenir también sobre las raíces económicas, sociales y políticas del conflicto, así como garantizar la presencia integral del Estado en regiones históricamente marginadas (Medina Gallego, 2024).
Desde esta perspectiva, la Paz Total asume un viraje normativo hacia el paradigma de la seguridad humana (Rondón Raigoza, 2024), descentrando la lógica de seguridad militarizada. Valencia (2022) destaca que esta política busca ir más allá de la dejación de armas, promoviendo transformaciones desde las bases sociales, con participación activa de comunidades locales y diferentes ramas del poder público. Asimismo, el enfoque territorial reconoce la heterogeneidad de las violencias regionales y la necesidad de fortalecer formas de gobernanza legítima en zonas donde el Estado compite con estructuras criminales (Valencia, 2022; Medina Gallego, 2024).
La tensión entre negociación política y sometimiento de la criminalidad
La Ley 2272 distingue entre dos tipos de actores armados:
Organizaciones con “vocación política” que con todas las reservas del caso incluyen a el ELN o ciertas disidencias de las FARC-EP. Con esta guerrilla y tales disidencias se prevén procesos de negociación política.
Estructuras armadas de carácter criminal, como las AGC o el Clan del Golfo, a quienes se ofrece una ruta de sometimiento o acogimiento a la justicia (Valencia, 2024; Medina Gallego, 2024; Vargas Velásquez, 2024).
Esta distinción ha sido objeto de debate. Valencia (2024) advierte que la ambigüedad normativa ha generado confusión entre negociación y sometimiento, mientras que Medina Gallego (2024) señala la dificultad empírica para trazar una línea divisoria clara entre lo político y lo criminal, debido a la convergencia entre control territorial, economías ilegales y discursos legitimadores. A esto podemos sumarle que a fuerza de los hechos es cada vez es más difícil justificar bajo cualquier premisa ideológica una razón política que sustente, justifique o que por lo menos explique la legitimidad del “alzamiento armado”.
Diversas investigaciones han evidenciado que las economías ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, constituyen factores estructurales que alimentan y perpetúan el conflicto armado en Colombia. Estas actividades no solo financian a los grupos armados ilegales, sino que también profundizan la fragmentación territorial, debilitan la institucionalidad y generan dinámicas de violencia persistente en zonas periféricas del país. En consonancia, informes recientes del Observatorio de Economía y Sociedad del Laboratorio de Justicia y Posconflicto destacan que dichas economías han consolidado redes de poder que dificultan la implementación de políticas de paz y desarrollo en regiones estratégicas (Laboratorio de justicia y política criminal, 2022).
A lo anterior se suma el análisis de organizaciones armadas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuya operatividad se basa en el control de circuitos ilícitos altamente rentables, lo cual refuerza su capacidad de cooptación social y política a nivel local (Badillo Sarmiento y Trejos Rasero, 2023). Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar integralmente estas economías ilegales como condición indispensable para la consolidación de una paz duradera en el país sobretodo si tomamos en cuenta el legado del paramilitarismo: sus alianzas con élites políticas y económicas han mutado a grupos que, como el Clan del Golfo (Giraldo, Luna Alzate, y Peters, 2022), se caracterizan por ser una suma de redes criminales que perpetúan lógicas de poder violento.
Pero, sobre todo, la ausencia de un marco jurídico robusto para el sometimiento a la justicia contribuye a esta incertidumbre y mina la claridad operativa de la política de Paz Total, una política que pareciera perder de vista la historia de varias décadas de negociación la persistencia de la violencia organizada en Colombia. Esta violencia no puede entenderse al margen de la relación entre las estructuras armadas (sea de naturaleza política o no), las economías ilícitas que les sostienen y el control territorial que ejercen. Así mismo, el avance y desarrollo de esa violencia no puede entenderse sin examinar las experiencias de procesos de paz que, de una u otra manera, han definido las respuestas institucionales y nuevos escenarios sociales post negociación.
La Paz Total como nuevo capítulo de la violencia sin fin
Las continuidades y rupturas en las experiencias de paz requieren de una mirada panorámica que permita identificar los patrones estructurales que la atraviesan. Una sistematización comparativa de los principales procesos de negociación desarrollados entre 1982 y el presente nos permite identificar no solo la persistencia de obstáculos estructurales, sino también la evolución (aunque superficial) de los marcos conceptuales, jurídicos y metodológicos empleados. Esta perspectiva longitudinal nos ha permitido evaluar que la Paz Total antes que una genuina innovación, reproduce bajo sus nuevas modalidades las limitaciones que han caracterizado los esfuerzos de pacificación.
Cinco décadas de procesos de paz permiten identificar patrones recurrentes que trascienden gobiernos y coyunturas específicas. La paradoja estructural da cuenta de que mientras los marcos jurídicos y metodológicos han evolucionado progresivamente (desde amnistías simples de los años ochenta, hacia las sofisticadas arquitecturas de justicia transicional) algunas causas asociadas a condiciones estructurales del conflicto siguen siendo instrumentalizadas por grupos armados quienes, para justificar su alzamiento, precisamente profundizan una de las causas estructurales que permitan pleno progreso social: la violencia.
En cualquier caso, la asimetría existente entre innovación procedimental y transformación sustantiva de condiciones para la violencia constituye el núcleo de la crisis de implementación que caracteriza la experiencia colombiana en construcción de paz.
Un análisis longitudinal permite identificar tres constantes en esta historia de negociaciones: (i) la fragmentación de las negociaciones, (ii) la debilidad institucional del estado para cumplir compromisos, y (iii) la reconfiguración, que no necesariamente desaparición, de la violencia tras cada intento de pacificación.
La Paz Total aparece, en esta perspectiva histórica, no como una ruptura metodológica sino como la radicalización de tendencias preexistentes. La simultaneidad de mesas reproduce, de manera amplificada, la fragmentación que ya había mostrado sus límites en experiencias anteriores. Cada proceso de paz ha generado, paradójicamente, las condiciones para nuevos ciclos de violencia: la desmovilización del EPL coincidió con el fortalecimiento paramilitar, la del M-19 con el despliegue de las Farc en el Cauca; el fracaso del Caguán alimentó la escalada militarista del período Uribe y el tipo de negociación con los paramilitares permitió la desarticulación de algunas estructuras y el enquistamiento de otras tantas. Así mismo, la implementación deficiente del Acuerdo de 2016 propició la expansión de disidencias y estructuras criminales que, aunque inicialmente se habían acogido a la política de Paz Total, hoy son su principal desafío.
Como argumentaremos más adelante, como genealogía del fracaso, la Paz Total ha dado cuenta que sin transformaciones estructurales efectivas y sin una negociación debidamente estructurada, la política actual corre el riesgo de convertirse en otro eslabón de esta cadena de violencia. Es claro, pues, que los procesos de paz colombianos han funcionado más como mecanismos de adaptación del conflicto, que como instrumentos de su superación definitiva.
La paz total como genealogía de un fracaso: lecciones no aprendidas de medio siglo de negociaciones
La genealogía de los procesos de paz en Colombia muestra una evolución progresiva desde los tradicionales enfoques limitados, centrados en la amnistía, la desmovilización y la reinserción (1982-1990), hacia modelos más integrales que buscan transformar las causas estructurales del conflicto armado.
El concepto de “madurez del conflicto” se propone como una clave para comprender las condiciones que hicieron posible el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en La Habana (2012-2016). Según Ríos Sierra e Hidalgo Trenado (2022), esta madurez se refiere a un punto de inflexión en el conflicto armado, donde las partes reconocen que continuar la confrontación resulta más costoso que buscar una solución negociada. Según esta propuesta, han sido las razones estructurales, políticas y militares las que permitieron avanzar en el proceso de paz más allá del fracaso del intento anterior en el Caguán (1999-2002). El contraste entre ambos procesos permite valorar cómo el agotamiento en este caso, de la vía armada por parte de ambos actores fue determinante para construir un escenario viable de diálogo y negociación (Ríos Sierra, 2019).
Sin embargo, la supuesta madurez no ha sido razón necesaria, ni presenta un escenario suficiente para la superación de la violencia armada. Como apuesta para la superación del conflicto social tras el silenciamiento de las armas (por lo menos en lo que respecta a las Farc-Ep) la implementación del Acuerdo de La Habana ha enfrentado desafíos significativos, particularmente en lo que respecta a las reformas estructurales relacionadas con la redistribución de la tierra y el desarrollo rural. A nueve años de su firma, la implementación se estima un cumplimiento total en un 30% (CINEP/PPP-CERAC, 2024). Además, según el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, en 2023 se registraron 94 masacres y 44 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, lo que evidencia la fragilidad de los compromisos institucionales y la ausencia de garantías efectivas para quienes se acogieron al proceso de paz (Indepaz, 2023).
Ese fracaso de la implementación del acuerdo de la Habana permitió y aun permite la expansión de las disidencias de las Farc-Ep, situación que complica aún más el panorama de la violencia que quedaba por superar. Un informe de la Fundación Conflict Responses (Johnson, 2022) señala que estas disidencias han seguido caminos divergentes, algunos de los cuales han intensificado las hostilidades y el control territorial, convirtiéndose en desafío adicional para la consolidación de la paz en Colombia.
La situación actual responde a una suerte de patrón histórico que enmarca cada proceso de paz, pues estos han reproducido limitaciones estructurales similares, al evidenciar la incapacidad del estado colombiano para generar condiciones sostenibles de transformación del conflicto. La persistencia de estas dinámicas evidencia que la “madurez” del conflicto, por sí sola, resulta insuficiente sin transformaciones estructurales efectivas pues un patrón constante ha sido la reconfiguración de la violencia tras desmovilizaciones parciales (García Ruiz, 2017). Así mismo,la falta de cambios estructurales y de garantías reales para excombatientes y comunidades ha permitido que nuevos actores armados ocupen rápidamente los espacios dejados por grupos desmovilizados y ejerzan control territorial sobre estos (Rincón Barrera et al., 2024; Medina Gallego, 2024).
Finalmente, estudios como los de Gutiérrez Sanín y Marín Jaramillo (2018) y Grasa (2020) advierten que las causas estructurales del conflicto -como la concentración de la tierra, la exclusión política y la desigualdad territorial- siguen siendo el gran nudo no resuelto de todos los procesos de paz. A pesar de los avances en materia de participación y sofisticación jurídica, la Paz Total reproduce algunos patrones fallidos del pasado: fragmentación, ambigüedad normativa, debilidad institucional e incapacidad para transformar las raíces estructurales de la violencia (Valencia, 2024).
La complejidad de actores en la Paz Total: ambigüedades jurídicas y panoramas confusos
La Paz Total se planteó como un desafío institucional integral para atender uno de los escenarios más complejos en la historia de las negociaciones colombianas: ante una multiplicidad de actores, se hace necesaria una gestión simultánea de diálogos. Pero la multiplicidad no se trata de un asunto de distintas tendencias revolucionarias, como lo fue el panorama al final de la década de los 80's, sino que ahora se trata de actores armados heterogéneos cuya naturaleza política o criminal genera constantes debates y ambigüedades operativas.
Sin duda, esta política es el intento más ambicioso de integrar múltiples enfoques de pacificación. Sin embargo, su implementación ha sido dificultada por la necesidad de negociar de forma simultánea con actores disímiles, lo que ha generado tensiones, como el conflicto entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo durante el 2025, organizaciones en procesos formales de diálogo con el gobierno cuya confrontación ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades (Gearóid, 2025).
La disputa entre organizaciones armadas por el control territorial, es apenas uno de los problemas en los que se enmarca la Paz Total cuando se plantea dialogar con actores que, aunque similares, están enfrentados. Barrera (2024) identifica dos tipos de salidas dialogadas que impulsa el gobierno actual: negociaciones políticas con actores insurgentes reconocidos (como el ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central), las conversaciones “socio- políticas”, y una suerte de conversaciones “socio-jurídicas” con estructuras criminales (como las bandas urbanas de Buenaventura, el Valle de Aburrá y el Clan del Golfo).
Este mapeo, realizado a gran escala, revela la complejidad de los actores involucrados, sus distintas dinámicas y la dificultad de gestionar simultáneamente múltiples procesos que, en las condiciones particulares de cada territoriocomo el Catatumbo, el Guaviare, el Cauca, plantean problemas mucho más graves. Estos factores ilustran los retos que enfrenta la política de “Paz Total”, marcada por la persistencia de organizaciones armadas y la debilidad en la implementación de las reformas acordadas.
Sin embargo, una lección clave ha sido el aumento progresivo de la participación social en las negociaciones. Se pasó de procesos excluyentes a esquemas con presencia de víctimas y enfoques diferenciales (género, etnicidad). No obstante, aún persiste una brecha entre participación consultiva y vinculante (Valencia, 2024; Medina Gallego, 2024), lo que limita la apropiación territorial y la legitimidad social de los acuerdos.
Estas ambigüedades en la caracterización de actores han generado crisis operativas que evidencian las limitaciones conceptuales y jurídicas de la política. De esto ha dado cuenta la disputa con el ELN en la mesa de negociación sobre los “Comuneros del Sur”, estructuras que inicialmente fueron presentadas como parte de dicha guerrilla. Puesto que el ELN negó que hiciera parte de su estructura, esto supuso nuevos retos en términos tanto de la caracterización como del carácter de cada grupo. Retos que, a la fecha, no han sido resueltos.
Pese a estas limitaciones y falta de claridad, el gobierno Petro inició un proceso de sometimiento del frente Comuneros en donde el reto está, aún, en definir un marco jurídico acorde que los acoja pues no son necesariamente un grupo insurgente, a pesar de presentarse, sin reconocimiento de la comandancia general, como parte del ELN.
Algo similar ocurre con la denominada Paz Urbana en Medellín, un diálogo para el que se plantearon “mesas socio-jurídicas”, por ejemplo, en otras negociaciones se habla de “espacios” no de mesas para negociar con estructuras criminales ancladas al negocio del narcotráfico, rentas criminales y control territorial legado del paramilitarismo (Presidencia de la República, 2024). De una manera similar a las “mesa socio-políticas”, destinadas para la negociación con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep, la “mesa socio jurídica” no cuenta con una ruta jurídica clara para el desarrollo de un proceso de sometimiento exitoso que es, en últimas, el alcance dado por la Ley llamada de Paz Total a este tipo de espacios (Restrepo Parra, 2024).
La dicotomía entre actores políticos y no políticos plantea una abierta confusión con la manera como se puede tratar a ciertos grupos paramilitares.
Villamizar Hernández (2024) sostiene que el Clan del Golfo cumple con los criterios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para ser considerado parte del conflicto armado, dada su estructura jerárquica, control territorial y capacidad operativa. Esto refuerza el argumento de que no se trata de un actor meramente delincuencial, o por lo menos que se trata de una organización armada cuya naturaleza es mucho más compleja que la banda barrial de Buenaventura, el combo de la Comuna en Medellín o la Pandilla de ocasión.
Esta no es una discusión menor, pues la fragmentación institucional resultante de estas ambigüedades ha generado efectos contraproducentes en la gestión territorial del conflicto pues las contradicciones e incoherencias no se limitan a la pobre definición conceptual sobre quién es quién y cómo se trata: ante la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) en Cauca (Rondón Raigoza, 2024), se hicieron muy claras las dificultades que tienen tanto la Fuerza Pública como el gobierno nacional, para mantener coherencia territorial y por ende operacional en contextos de múltiples actores armados.
Patrones estructurales y fases en la negociación
Asimismo, el avance hacia marcos jurídicos más complejos —de la amnistía a la justicia transicional— no ha resuelto tensiones persistentes entre justicia retributiva y restaurativa, ni ha fortalecido suficientemente la capacidad institucional para cumplir lo pactado. A partir de la siguiente tabla es posible tener una visión general del carácter complejo de la política y su desarrollo:
Según se puede observar en la tabla anterior, la implementación de la Paz total revela tanto la lógica conceptual subyacente de la política, como las limitaciones operativas del modelo diferenciado. Este patrón estructural se expresa, por ejemplo, en que se dio una priorización política materializada de manera temporal en la instalación del proceso con el ELN en noviembre de 2022 y un año después con una disidencia de las Farc. Mientras que la implementación escalonada para el sometimiento criminal por medio de las mesas socio-jurídicas siguió un patrón geográfico urbano específico: Medellín en junio, Buenaventura en julio y Quibdó en agosto de 2023.
Esta diferenciación espacial se profundiza en la elección de sedes: como facilitador de legitimación la mesa política con el ELN ha permitido espacios internacionales como Caracas, Venezuela; las mesas con las disidencias de las Farc han sido en ejes territoriales del conflicto (Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, Meta) mientras las mesas jurídicas operan frecuentemente en centros penitenciarios, reforzando de manera simbólica su naturaleza de sometimiento.
Puede identificarse un patrón metodológico que da cuenta de una transición que desde la fase experimental se planteó a partir de ceses al fuego simultáneos (2022-2023), hacia una fase de crisis y ajustes institucionales (2024), culminando en una fase de realismo caracterizada por la concentración en procesos viables, transición de ceses al fuego y condiciones de concentración previa desmovilización (2025). Ahora bien, se anota que, por lo menos en lo que respecta a las facciones del EMC de los Frentes y Bloques de las Farc Ep, disidencia comandada por alias Calarcá en la amazonía y por alias Jairo Mechas en el Catatumbo. Tras su derrota militar con el ELN, la disidencia “frente 33” del Catatumbo aceptó concentrarse en una zona aledaña a Tibú, estas tensiones continúan y aún no se concreta como tal, esta concentración.
Las limitaciones genealógicas estructurales trascienden los ajustes técnico- administrativos y revelan contradicciones inherentes en el dispositivo de paz diferenciada: la sobrecarga institucional generada por la gestión simultánea de nueve procesos ha superado la capacidad institucional disponible, evidenciada en las suspensiones y fragmentaciones organizacionales durante las negociaciones.
De manera paradójica, antes que lograr un debilitamiento organizacional para la guerra, el modelo ha generado incentivos perversos para profundizarla, pues las treguas han facilitado el fortalecimiento territorial de algunos grupos, como lo señaló la Defensoría del Pueblo (2024)
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante el 2023 su presencia se extendió a 231 de 19 departamentos. Para el caso del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos grupos disidentes de las Farc, en 230 poblaciones en el 2022, y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299; el primero en 19 departamentos y el segundo en 15.
Si la política de paz total fue pensada como una tecnología gubernamental para la paz, los dispositivos para la transición armada han mostrado una eficacia muy reducida. Así mismo, la persistencia de condiciones estructurales generadoras de violencia que la política no ha logrado transformar, ha limitado su impacto más allá de las reducciones temporales de indicadores de violencia urbana.
Paz Total: Entre el Discurso y la Realidad
A tres años de su implementación, la política de Paz Total da cuenta de un complejo conjunto de contradicciones que ponen en entredicho tanto su diseño conceptual como su viabilidad práctica. Esta sección examina los principales nudos críticos que han limitado el alcance transformador de la política.
Las contradicciones estructurales fundamentales
La implementación de la política de Paz Total evidencia una contradicción estructural fundamental: mientras que se persiste en un modelo de gobernanza securitario, mantiene una incapacidad institucional para superar condiciones materiales que reproducen el conflicto.
Como plantea Barrera (2024), tres ejes críticos atraviesan esta política: una ambición desmedida que desborda las capacidades institucionales disponibles, la falta de definiciones estratégicas claras que impidan delinear objetivos concretos y alcanzables, y la inexistencia de una arquitectura institucional coherente que articule los distintos niveles de intervención. A esto se suma la imprecisión en la tipificación jurídica y política de los actores armados, como advierte Valencia (2024), generando ambigüedades que obstaculizan tanto los marcos de negociación como la aplicación de la ley en contextos diferenciados.
Un aspecto central del balance crítico es la desconexión entre la Paz Total y la implementación del Acuerdo de La Habana (2016). La persistencia de la pobreza rural, la ausencia de una reforma agraria efectiva y el incumplimiento en la restitución de tierras perpetúan las condiciones de exclusión que alimentan el conflicto armado. La política de Paz Total, en su estado actual, no ha logrado consolidar lo ya pactado ni construir nuevas condiciones de reconciliación. Como ha advertido Monsalve (2025), sin transformaciones estructurales y sin una participación robusta de la sociedad civil, la paz seguirá siendo un proyecto gubernamental transitorio, vulnerable a los vaivenes del poder político.
El Acuerdo 28: participación social versus resistencias estructurales
En términos de participación social en el marco de las mesas abiertas, el único avance sustantivo se materializó en el Acuerdo 28 con el ELN (Mesa de Diálogos, 2024). Dicho acuerdo dio cuenta de resistencias significativas que ilustran las tensiones de fondo del modelo de país en disputa.
Ese Acuerdo 28 entre el Estado colombiano y el ELN (2024) constituye un hito sin precedentes al consagrar un modelo metodológico en donde la participación social está en el centro del proceso negociador. Por primera vez en más de tres décadas de acercamientos con esta insurgencia se avanzó de manera concertada en la construcción de una agenda de transformaciones estructurales impulsada desde las bases populares, a través de mecanismos como el Comité Nacional de Participación (CNP), que integró más de 80 representantes de 30 sectores sociales y logró canalizar la voz de miles de organizaciones en todo el país (Insuasty Rodríguez, 2024a).
Esta apuesta de democratización sustantiva, sin embargo, enfrentó una resistencia significativa por parte de sectores empresariales, militares retirados y élites conservadoras que, al igual que en 2016 durante el plebiscito por la paz con las FARC, han activado discursos de miedo y deslegitimación para oponerse a cualquier intento de reforma que desborde el modelo económico, político y de seguridad vigente. Las objeciones de actores como la Asociación de Oficiales Retirados (ACORE), el gremio ganadero representado por José Félix Lafaurie, y declaraciones como las del expresidente Álvaro Uribe Vélez llamando incluso, a la insubordinación militar, evidencian el carácter profundamente excluyente del bloque dominante, que históricamente ha obstaculizado los procesos de paz cuando estos amenazan con redistribuir poder o cuestionar los privilegios estructurales (Insuasty Rodríguez, 2024a).
La controversia en torno al carácter vinculante de la participación social, los ejes transformadores propuestos desde los territorios, y la crítica al modelo económico extractivista, no remite únicamente a un conflicto de intereses entre sectores divergentes. En realidad, pone en evidencia una disputa más profunda por la legitimidad de los proyectos de nación en pugna: uno basado en la redistribución del poder y la construcción de una democracia radical desde abajo; y otro, sostenido en la defensa del statu quo, la concentración de la riqueza y el control tecnocrático del aparato estatal. Esta confrontación se refleja claramente en las tensiones surgidas dentro del Comité Nacional de Participación (CNP) y en la negativa de sectores empresariales y militares retirados a firmar el Acuerdo 28, como ha sido ampliamente documentado.
Primer golpe de realidad: la criminalidad no pretende el sometimiento
A las tensiones políticas de la estrategia multisituada, una serie de efectos no previstos como la instrumentalización los marcos de diálogo han dificultado el avance de la Paz Total.
La experiencia con el Clan del Golfo, estructura heredera del paramilitarismo, ilustra este fenómeno con contundencia. Villamizar Hernández (2024) analiza cómo, en el marco de la implementación de la Ley 2272 de 2022 (Congreso de la República de Colombia, 2022) -instrumento normativo central de la llamada Paz Total-, este grupo armado aprovechó espacios de diálogo para ser considerado parte del conflicto armado, dada su estructura jerárquica, control territorial y capacidad operativa. En cualquier caso, durante el tiempo de acercamientos esta agrupación ha consolidado y acelerado su expansión territorial, sin demostrar una voluntad real de desmovilización o sometimiento.
Este patrón de instrumentalización de los procesos de paz evidencia un fenómeno recurrente de cooptación estatal, en el cual la falta de distinción clara entre insurgencias políticas, estructuras paramilitares y criminalidad organizada permite a actores con agendas esencialmente extractivas y contrainsurgentes obtener beneficios políticos y jurídicos. En este contexto, el uso inapropiado de marcos normativos concebidos para transiciones políticas debilita la justicia transicional, socava los principios de verdad, justicia y reparación, y compromete la legitimidad del Estado ante las comunidades afectadas.
Ese papel del Clan del Golfo se ha convertido en un obstáculo crítico para la implementación efectiva de la política de Paz Total. Su consolidación territorial basada en economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal y extorsión), así como su poder de intimidación armado capaz de desafiar abiertamente al estado, representa un reto mucho mayor cuando se toma en cuenta que su poder se atenaza con una alianza consolidada con fuerzas estatales. Esta profundización de un poder criminal que opera bajo fachada de normalidad reproduce lógicas de control social violento, exclusión y economías extractivas, muchas veces en connivencia con actores institucionales y élites locales, como lo documentan estudios recientes sobre la reconfiguración paramilitar en regiones estratégicas del Caribe y el Magdalena Medio (Jiménez, 2024; Insuasty Rodríguez, 2024b).
Los grupos paramilitares han sido uno de los desafíos más fuertes para el estado pues, al pretender ser garantes de un supuesto orden institucional, las violaciones masivas a los derechos humanos han deslegitimado al estado. La discusión sobre si actores criminales pueden participar políticamente, ya sea mediante reconocimiento oficial, participación electoral o en procesos de negociación, ha sido ampliamente debatida en el marco jurídico y político del país. Las sentencias de la Corte Constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano dejan claramente establecido que los paramilitares, por su origen y acciones, no pueden ser considerados actores políticos legítimos en el Estado de Derecho (Sentencia C-370 de 2006).
Sin embargo, más allá de la respuesta reactiva del Estado, lo que se evidencia es el límite estructural de una política de paz que no ha logrado diferenciar claramente entre actores insurgentes y estructuras armadas criminales de carácter mafioso, como lo advierten diversos analistas (Villamizar Hernández, 2024).
Segundo golpe de realidad: fragmentación y escalada de violencia
Los efectos no previstos de la negociación multisituada se materializaron en crisis humanitarias que evidenciaron los límites del enfoque gubernamental.
La situación actual en donde la mayoría de mesas, que, al contrario de la violencia, no avanzan, pone en entredicho no solo la viabilidad técnica de la Paz Total, sino su propia legitimidad. Mientras que el gobierno se esfuerza por mostrar avances formales por medio de “indicadores de gestión” (mesas instaladas, ceses al fuego temporales y declaraciones públicas de voluntad), los indicadores de resultado registran un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad.
Al igual que las mesas, este deterioro es multisituado: las disidencias de las FARC han intensificado sus ataques en el sur del país, como ocurrió con la masacre de siete soldados en el Guaviare y los distintos asedios a las comunidades de la región, como es el paro armado que en junio de 2025 confinó a más de 40mil personas en este departamento (El Espectador, 2025, 15 de junio).
La crítica situación ha reactivado voces de sectores políticos tradicionales que responsabilizan al gobierno Petro por la agudización del conflicto. El expresidente Juan Manuel Santos, principal artífice del Acuerdo de Paz de 2016, señaló públicamente que la decisión del gobierno de agrupar y reconocer como interlocutores válidos a ciertas disidencias armadas -acto liderado por el excomisionado de paz Danilo Rueda en los Llanos del Yarí en 2023- contribuyó a empoderar estructuras que hoy amenazan la seguridad nacional (Castillo, 2025). Este cuestionamiento apunta a una de las tensiones estructurales del modelo actual: la falta de criterios rigurosos y diferenciales para entablar negociaciones, lo que puede derivar en una deslegitimación del Estado frente a la opinión pública y en un incentivo perverso para la violencia.
Ahora bien, la decisión gubernamental de abrir múltiples mesas de diálogo de manera simultánea, concebida inicialmente como una estrategia de flexibilidad y cobertura integral, ha generado o intencionado dinámicas de fragmentación interna en organizaciones como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). Según Vargas Velásquez (2024), esta aproximación, ya sea de forma directa o por sus efectos colaterales, ha producido rupturas organizativas que han intensificado la conflictividad en zonas de disputa. Un ejemplo elocuente es la confrontación armada entre facciones de las disidencias de las FARC que, aún en procesos de acercamiento con el gobierno, mantienen enfrentamientos entre sí por el control territorial.
El caso del Catatumbo es particularmente ilustrativo de esta dinámica. La presencia superpuesta de actores armados con agendas contradictorias -algunos en diálogo con el Estado, otros en abierta confrontación- ha deteriorado gravemente las condiciones de seguridad para la población civil. Las comunidades, al participar en espacios institucionales de concertación o desarrollo territorial, se exponen a ser estigmatizadas o atacadas por facciones armadas rivales, en abierta violación del principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario. Esta ambigüedad institucional, y la incapacidad del Estado para garantizar neutralidad y protección, es interpretada por los actores armados como un margen de impunidad que refuerza sus lógicas de control coercitivo sobre los territorios.
A nivel institucional, la inestabilidad del equipo de gobierno encargado de la Paz Total y la ausencia de una metodología articulada han impedido consolidar una hoja de ruta estratégica. Como señala Valencia (2024), la política de paz se ha reducido, en muchos casos, a indicadores meramente operativos -como la cantidad de mesas instaladas o los ceses bilaterales al fuego-, sin que se cuente con una evaluación rigurosa sobre su impacto estructural o transformador en los territorios. Esta limitación metodológica contribuye a la deslegitimación de la política frente a las comunidades, refuerza la percepción de improvisación y debilita la capacidad del Estado para cumplir con su promesa de una paz integral y sostenible.
Crisis humanitaria y vacío estatal
Si la crisis humanitaria del Catatumbo se convirtió en el símbolo más visible del fracaso de la política, la crisis del Guaviare (donde opera un grupo en negociación) y la violencia creciente en el Cauca (dónde no hay mesas instaladas) expresan tanto los límites operativos, como las consecuencias del enfoque multisituado.
Como advierte Rondón Raigoza (2024), si bien en algunas regiones se ha registrado una disminución de enfrentamientos, esta “calma aparente” ha venido acompañada de crisis profundas, como las vividas en el Cauca, el Bajo Cauca y la Amazonía, donde las disidencias de las FARC han protagonizado sangrientas disputas por el control de rentas ilícitas.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo (2025) evidencia las profundas limitaciones estructurales que enfrenta la política de Paz Total frente al actual reacomodamiento del conflicto armado. Con al menos once focos activos de emergencia humanitaria y la presencia de diez grupos armados ilegales operando simultáneamente, se constata la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de comunidades históricamente vulneradas, como pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. El caso del Chocó, particularmente en la subregión del San Juan, ilustra la agudización del conflicto mediante alianzas inusuales entre disidenciasy estructuras narcoparamilitares, en un contexto de confinamientos, desplazamientos forzados, minas antipersona y amenazas colectivas. Esta situación desborda las herramientas convencionales de negociación y exige una reconfiguración profunda del enfoque territorial, diferencial y de seguridad humanitaria dentro de los marcos de implementación de la paz, más allá de los acuerdos formales con actores armados (Defensoría del Pueblo, 2025).
Se suma a esta descripción, la falta de indicadores de resultado que midan transformaciones reales en los territorios se traduce en una ausencia de evaluación rigurosa de la política. Valencia (2024) lo señala claramente: la gestión se ha concentrado en el “cuánto se negocia”, no en “para qué se negocia”. Esta orientación tecnocrática invisibiliza los efectos sociales de las negociaciones fallidas, el reacomodo de estructuras armadas, y el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil. La debilidad del Estado en zonas periféricas impide la implementación efectiva de acuerdos, abriendo espacios para la reconfiguración violenta del poder local por actores ilegales.
El fenómeno paramilitar: la omisión grave
Uno de los vacíos especialmente preocupantes de la política es la subestimación del fenómeno paramilitar y sus expresiones contemporáneas.
La dimensión urbana del conflicto, que ha sido subestimada en el diseño de la política es otra importante dimensión para considerar. En el caso de Medellín, presentado por el gobierno como un modelo exitoso de “paz urbana”, Insuasty Rodríguez y Zuluaga Cometa (2024) exponen que, la reducción de homicidios no responde necesariamente a políticas de pacificación democrática, sino al control territorial ejercido por redes criminales con vínculos en sectores económicos formales. Esta paz mafiosa, perpetúa formas de dominación ilegales bajo una fachada de normalidad, reproduciendo lógicas de exclusión social y control violento que se consolidan con la connivencia de élites locales, como lo argumenta Jiménez (2024) respecto a la histórica ambivalencia de sectores empresariales antioqueños frente a procesos de paz.
Un vacío especialmente grave de la Paz Total o del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido la de incurrir en una omisión o leve enunciación del fenómeno paramilitar. La Caravana Humanitaria por la Vida (2024) una acción devenida de la sociedad civil en denuncia y protección de la población gravemente por el recrudecimiento del conflicto y la violencia armada ha denunciado la expansión de grupos paramilitares en regiones estratégicas como Chocó, Arauca y Sur de Bolívar, muchas veces con tolerancia o complicidad de fuerzas de seguridad estatales. Esta realidad pone en tela de juicio el compromiso del Estado con la seguridad humana, base fundacional de la política de paz. Como ha señalado el padre Javier Giraldo (Alzate, 2023), mientras las estructuras del paramilitarismo no sean desmontadas, cualquier proceso de negociación será parcial y susceptible de reciclaje de la violencia bajo nuevos emblemas.
Instrumentalización del miedo y criminalización social
Una de las grandes paradojas en la implementación de la política ha sido la crisis discursiva del gobierno, pues esta se materializó en prácticas de estigmatización que reproducen las lógicas perversas del “enemigo interno” que ataca a liderazgos sociales.
Gearoíd (2025) añade otra crítica fundamental al nivel discursivo, la incoherencia narrativa del gobierno; es tal su impacto que, ha debilitado la legitimidad de algunos procesos. La contradicción entre el reconocimiento político de ciertos actores y su simultánea criminalización, así como la ambigüedad frente al papel del narcotráfico o los carteles internacionales, socava la confianza de la ciudadanía y de los propios actores en negociación. Esta inconsistencia discursiva no es menor, revela una visión instrumental de la paz que evade el tratamiento de fondo de las causas estructurales del conflicto.
En el contexto de la agudización del conflicto en el Catatumbo, por ejemplo, la Revista Raya (27 de abril de 2025) reveló la existencia de un documento que, sin pruebas que sustenten sus gravísimas aseveraciones, perfila a líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos como presuntos integrantes del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este material, que circuló de forma no oficial durante la vigencia del estado de Conmoción Interior (2025) decretado ante la crisis humanitaria y de seguridad provocada por la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc, denominado Frente 33, habría sido entregado directamente al presidente Gustavo Petro y al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en medio de una de las crisis humanitarias más graves registradas en la región. El documento, que combina datos georreferenciados con acusaciones sin sustento, ha generado un ambiente de creciente intimidación que compromete gravemente la seguridad y la legitimidad de los actores sociales señalados, profundizando su vulnerabilidad en un contexto de desplazamientos masivos, confinamientos forzados y vacío estatal. La percepción de que dicho perfilamiento proviene de esferas ligadas a la inteligencia estatal -aunque sin validación probatoria- exacerba la desconfianza ciudadana y refuerza la noción de un Estado que, lejos de proteger a sus comunidades, reproduce prácticas de vigilancia, estigmatización y criminalización que históricamente han afectado a los liderazgos sociales en zonas de conflicto y que supone no se repetirían en un gobierno de corte progresista.
Además, el informe advierte sobre la circulación de información manipulada que, al carecer de sustento empírico, no solo afecta la integridad moral de los señalados, sino que también puede ser instrumentalizada políticamente para justificar actos de represión o exclusión. En un escenario como el del Catatumbo, caracterizado por la sobreposición de intereses armados, proyectos extractivos y estrategias de control territorial, este tipo de prácticas representa un grave riesgo para la labor de organizaciones sociales que han sostenido demandas legítimas por paz, justicia territorial y derechos colectivos.
La instrumentalización del miedo mediante la difusión de datos sin verificar no solo deteriora la confianza en las instituciones públicas, sino que evidencia una profunda desconexión entre los discursos oficiales de reconciliación y las prácticas reales que, lejos de promover garantías, reproducen lógicas de guerra encubierta contra quienes defienden la vida y los territorios. Esta situación pone en entredicho los fundamentos de la Paz Total y revela cómo la falta de una estrategia integral de protección y esclarecimiento contribuye a la continuidad del conflicto bajo nuevas formas de criminalización social.
En suma, la ofensiva del Clan del Golfo y la creciente fragmentación de los órdenes armados han expuesto las debilidades de una política de paz que ambiciosa en su concepción, muestra límites evidentes en su implementación. La ausencia de una estrategia diferenciada para actores de naturaleza criminal y la incapacidad de garantizar transformaciones estructurales en los territorios han permitido la continuidad, en algunos casos la expansión, de redes armadas que operan con relativa impunidad. Si la Paz Total pretende trascender ese plano retórico para convertirse en una política pública efectiva, deberá revisar con urgencia sus fundamentos metodológicos, ha de restablecer garantías mínimas para la población civil y tendrá que construir una institucionalidad sólida capaz de confrontar los poderes violentos que han capturado al estado.
Conclusiones y Proyecciones
La política de Paz Total no se despliega en un vacío institucional ni en una tabula rasa territorial, sino en un país atravesado por múltiples capas de violencia histórica, economías ilícitas profundamente arraigadas y una débil presencia estatal en vastas regiones. Su formulación representa una ruptura conceptual significativa respecto a estrategias anteriores al incorporar un enfoque simultáneo, multiactor y territorializado. Desde su diseño, la Paz Total se propone como una política de estado orientada a la transformación estructural del conflicto armado colombiano, anclada en los principios de seguridad humana, justicia social y presencia integral institucional. No obstante, este ambicioso marco se enfrenta a serios límites estructurales, metodológicos y políticos que amenazan con vaciar de contenido su promesa transformadora.
Cinco décadas de procesos de paz permiten identificar patrones recurrentes que trascienden gobiernos y coyunturas específicas. La simultaneidad de mesas planteada por la Paz Total reproduce, de manera amplificada, una fragmentación negociadora que ya había mostrado sus límites en experiencias anteriores; así mismo, la asimetría entre la innovación procedimental y la transformación sustantiva constituye un núcleo central de la crisis de su implementación. La Paz Total aparece, desde esta perspectiva histórica, no como una ruptura metodológica sino como la radicalización de tendencias preexistentes en donde -de manera paradójica- cada proceso de paz ha generado las condiciones para nuevos ciclos de violencia, desde la desmovilización del EPL (que coincidió con el fortalecimiento paramilitar de las AUC), hasta la implementación fragmentada del Acuerdo de 2016 que propició la expansión de disidencias que hoy constituyen el principal desafío de la política actual.
Entre los avances más notables estuvo la firma de acuerdos parciales con el ELN en torno a la participación social. Sin embargo, estos logros han sido erosionados por episodios de violencia como el ataque del ELN a la población civil del Catatumbo y a los combatientes del Frente 33 de las disidencias; el ataque no solo interrumpió los avances, sino que debilitó la legitimidad del proceso.
La decisión gubernamental de abrir múltiples mesas de diálogo de manera simultánea entre grupos, y lo que resulta más complejo: intra grupos. Esto generó dinámicas de fragmentación en el ELN, el Estado Mayor Central y la Nueva Marquetalia, produciendo rupturas organizativas que intensificaron la conflictividad en zonas de disputa. El caso paradigmático del Catatumbo ilustra cómo la presencia superpuesta de actores armados con agendas contradictorias deterioró gravemente las condiciones de seguridad para la población civil y cómo el papel del estado al articular planes de desarrollo local con el avance de las negociaciones hizo aún más vulnerables a las comunidades al asociar tales planes a un actor armado. Un efecto particularmente perverso ha sido la instrumentalización de los procesos de paz por parte de estructuras criminales, como evidenció la experiencia con el Clan del Golfo, que aprovechó espacios de diálogo para consolidar su expansión territorial sin demostrar su voluntad de desmovilización. En suma: la simultaneidad de mesas de diálogo ha mostrado signos de agotamiento, exigiendo repensar prioridades, concentrar esfuerzos en procesos con mayor viabilidad y establecer criterios de escalabilidad territorial que eviten la dispersión institucional.
El balance general indica que la Paz Total, en su estado actual, se asemeja más a una suma fragmentada de esfuerzos paralelos que a una política pública coherente, articulada y con capacidad transformadora. La persistencia de estructuras armadas ilegales y la continuidad de economías ilegales (algunas articuladas con redes de poder local) siguen siendo factores estructurales que reproducen la violencia y capturan el orden estatal en muchas regiones del país. La literatura especializada converge en valorar el potencial transformador de la Paz Total, pero alerta sobre sus riesgos de fragmentación, cooptación y fracaso si no se corrigen los vacíos institucionales y jurídicos actuales.
En este sentido, el mayor valor estratégico de la Paz Total radica en su reconocimiento de la heterogeneidad del conflicto colombiano y en su disposición a actuar simultáneamente en distintos frentes de violencia. Sin embargo, sin ajustes sustanciales, corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo más dentro de la larga lista de procesos de paz inconclusos en Colombia. Resulta urgente definir un marco jurídico claro y diferenciado para el tratamiento de actores políticos e infraestructuras criminales, así como una estrategia integral para enfrentar las economías ilícitas que sustentan las violencias armadas. Asimismo, se requiere fortalecer de manera significativa la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las delegaciones negociadoras, dotándolas de mayor capacidad técnica, estabilidad política y coherencia estratégica.
La articulación efectiva entre la política de Paz Total y la implementación del Acuerdo Final de 2016 sigue siendo una deuda pendiente. Los programas territoriales y de sustitución de cultivos deben ir de forma paralela pero independientes a las dinámicas de diálogo para ofrecer una visión integral de presencia institucional y reconciliación, mientras se define el rol de la fuerza pública en clave de seguridad humana, orientando su accionar no únicamente a la confrontación, sino también a la protección de los civiles y la generación de confianza en los territorios.
Es claro: el éxito de la Paz Total no puede depender exclusivamente de acciones gubernamentales aisladas, pues su viabilidad depende de la construcción de alianzas con agentes de paz en los territorios, como organizaciones sociales, instituciones como las universidades y sectores comunitarios. El surgimiento del Movimiento Social Nacional por la Paz, así como las Caravanas Humanitarias por la Vida y la Permanencia en el Territorio, representan expresiones concretas de una ciudadanía organizada que interpela al Estado, visibiliza crisis humanitarias silenciadas y propone soluciones desde las comunidades. Su articulación con las políticas públicas no ha de ser tan solo instrumental, sino que ha de estar sustentada en un reconocimiento pleno de sus agendas, saberes y formas de acción política.
En definitiva, la Paz Total no puede convertirse en un relato vaciado de contenido, ni en una estrategia gubernamental desarticulada del clamor social por una paz estructural y duradera. Su sostenibilidad dependerá de la capacidad para generar consensos políticos amplios, articular las voces territoriales en la toma de decisiones y avanzar en transformaciones estructurales que desmantelen las causas profundas de la violencia. Solo así podrá ser el epílogo de la guerra, y no uno más de los epígrafes de las nuevas y viejas violencias.
