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Introducción
Las amenazas y vulneraciones de derechos en la niñez y en la adolescencia tienen un impacto a lo largo de sus vidas. Los efectos pueden ser físicos, psicológicos, conductuales e intergeneracionales, y su gravedad depende de la detección temprana y de la calidad de la intervención profesional recibida (Hamai & Felitti, 2022; Novais et al., 2021).
A nivel mundial, los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia son la respuesta de los Estados a las exigencias planteadas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989). Esta implica la obligación de formular e implementar políticas integrales para la protección contra toda forma de riesgo, abuso o violencia que afecta la dignidad de las niñas, niños y adolescentes (Berrick et al., 2023).
Además, la convención plantea que, de presentarse situaciones de riesgo, abuso o violencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la corresponsabilidad con la sociedad y la familia, los Estados deben realizar la identificación, la notificación y la remisión a una institución para la protección integral. Lo que incluye también el compromiso de un seguimiento durante la transición de retorno a su familia de origen o en el desarrollo de su vida independiente (Berrick et al., 2023; Naciones Unidas, 1989).
El Oxford handbook of child protection systems (2023) refiere que, según su fase de desarrollo, estos sistemas pueden clasificarse como institucionalizados, emergentes e incipientes; y según su enfoque de atención pueden ser: centrado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, centrado en los padres, centrado en el núcleo familiar o con enfoques mixtos que combinan los tres anteriores.
Los sistemas de protección de países latinoamericanos como Brasil, México, Colombia, Ecuador y Argentina fueron clasificados como sistemas de protección con un desarrollo incipiente; lo anterior debido a que, aunque cuentan con una legislación que respalda la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no cuentan con los recursos financieros u organizativos necesarios para aplicar, de manera sistemática, programas que aborden los objetivos de la convención y de los sistemas o se encuentran en una fase de temprana de implementación (Berrick et al., 2023).
La protección de la niñez y la adolescencia en Colombia
El Estado colombiano reconoce en su marco normativo las amenazas y vulneraciones a los derechos de niñas, niños y jóvenes como un problema público y una afectación a su dignidad debido al impacto para su vida actual y futura. De tal manera, lo incluye en las agendas programáticas nacionales, departamentales y municipales (Congreso de la República, 2006; República de Colombia, 1991; Noreña-Herrera & Muñoz-Echeverri, 2023; Serna-Rendón et al., 2022).
Históricamente, en el sistema han convergido perspectivas de intervención desde la filantropía, la moralidad, el control social y la equidad; así mismo, ha presentado rezagos en sus estrategias de protección según la etnia, el área de residencia y las características del hogar de los niños, niñas y adolescentes protegidos por el sistema (Torrado & Durán Strauch, 2023).
En la actualidad, Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Bienestar Familiar (en adelante, SNBF), cuyo enfoque de atención es mixto, centrado en los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, así como en el núcleo familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF) tiene la rectoría del sistema. Este cuenta con cuatro programas de protección: adopciones, restablecimiento de derechos, responsabilidad penal y Proyecto Sueños. Cada uno de estos cuenta con modalidades y submodalidades de intervención, así como con programas especializados de atención (Congreso de la República, 2006; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2021).
En la figura 1 se presentan las modalidades del programa de protección de restablecimiento de derechos por amenazas y vulneraciones, debido a que fue en el que estuvieron las y los jóvenes participantes de este estudio. El ingreso al programa de protección lo define una autoridad administrativa, la cual fundamenta su decisión en una valoración integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizada por un equipo interdisciplinario. A partir de este momento inicia la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante, PARD). El tiempo máximo definido para la estancia en los programas especializados es de dieciocho meses. Finalizado este tiempo, la autoridad administrativa toma una medida definitiva para el caso, la cual puede ser el reintegro a la red familiar o la declaración de adoptabilidad (Congreso de la República, 2006; ICBF, 2021).
Figura 1 Estructura del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y especificidad de la población participante en este estudio
El modelo de atención del programa de restablecimiento de derechos se define como un proceso de egreso progresivo para preparar y favorecer la transición de retorno a la familia o hacia un proyecto de vida autónoma e independiente. Esto, con el propósito de «evitar una ruptura abrupta que pueda devenir en retrocesos y, por ende, en reingreso al Programa de Protección» (ICBF, 2021, p. 37).
¿Cómo es la situación de vida de las y los jóvenes extutelados después de salir de los sistemas de protección?
Las investigaciones sobre jóvenes extutelados evidencian dos hitos clave después de salir del sistema de protección que deben ser analizados. El primero es el periodo de transición que abarca hasta dos años después de la salida del sistema de protección; los y las jóvenes pueden tener edades entre 14 y 24 años (Martín et al., 2023). En algunos países, cuando se egresa del sistema siendo menor de edad (18 años en Colombia), puede ser nuevamente tutelado por el Estado en caso de una nueva amenaza o vulneración de derechos (Parada et al., 2023; Suazo et al., 2020; Torrado & Durán-Strauch, 2023). El segundo hito se da cuando han transcurrido más de dos años desde el último contacto con el sistema de protección y los y las jóvenes tienen más de 25 años. En este momento se espera la consolidación del proyecto de vida de las y los jóvenes, así como la posibilidad de una vida autónoma e independiente (Martín et al., 2023).
La literatura científica documenta que la salida exitosa del sistema de protección es afectada por la autonomía restringida que tienen las y los jóvenes al interior de los programas, el tiempo de estancia, la corresponsabilidad que asume la familia, la edad de egreso y una dependencia estatal en cuanto a la existencia de políticas y programas estatales de acompañamiento durante el periodo de transición (Bernal-Romero et al., 2022; De-Juanas et al., 2022; Díaz-Esterri et al., 2021; Favero, 2019; Medan, 2014).
En consideración con lo anterior, agencias e investigadores a nivel mundial plantean que es necesario indagar por las condiciones de vida y protección integral de los derechos de las y los jóvenes extutelados por el Estado (Bernal-Romero et al., 2022; Berrick et al., 2023; Favero, 2019; Novais et al., 2021). El interés se debe a que estos jóvenes suelen estar excluidos socialmente debido a la ausencia de políticas de inclusión social que impacten sus condiciones de vida; por lo general, estas son de pobreza económica y material, especialmente en cuanto a la vivienda, de bajos niveles educativos y de formación para el trabajo, de maternidad y paternidad no planeada, de baja corresponsabilidad familiar, con altas tasas de desempleo y subempleo, de formación escolar inconclusa y de problemáticas de salud mental, incluido el uso, el abuso y la dependencia a las sustancias psicoactivas (Bernal-Romero et al., 2022; Heerde et al., 2018; Incarnato, 2018; Peters et al., 2016; Sevillano-Monje et al., 2021; Storø et al., 2019); procesos estructurales que poco abordan los sistemas de protección de las infancias (Berrick et al., 2023).
De este modo, surge la pregunta de investigación: ¿cuáles situaciones de amenaza y vulneración de derechos se presentan en las y los jóvenes extutelados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia? Esta pregunta cobra relevancia dado que, según Bernal-Romero et al. (2022) y Escobar (2020), en Colombia, el ICBF como entidad responsable no realiza un seguimiento a las niñas, niños y jóvenes que egresan del programa de restablecimiento de derechos, lo que impide conocer su situación actual. Este estudio se enfocó en jóvenes extutelados del programa de protección en el departamento de Antioquia, en la modalidad de protección estatal diferente a la familia de origen en internados y casas hogares (ICBF, 2021).
De manera específica, la pregunta por las y los jóvenes extutelados en Antioquia obedeció a una demanda e interés de generación de conocimiento por parte de las y los mismos jóvenes, de los actores interesados y de los trabajadores del sistema colombiano de bienestar familiar a nivel nacional y departamental. Fue una oportunidad para desarrollar un trabajo de investigación participativo mediante coaliciones de actores e instituciones y de jóvenes e investigadores, el cual puede contribuir a amplificar las demandas y resaltar las potencialidades de las juventudes y sus esfuerzos por la justicia social (Teixeira et al., 2021).
Metodología
Este estudio pertenece a la corriente de los métodos participativos de investigación, y en él convergieron tres de sus enfoques: la investigación acción participativa clásica latinoamericana (Fals-Borda & Rahman, 1991), la investigación participativa basada en la comunidad (Wallerstein et al., 2017) y la investigación participativa juvenil norteamericana (Cammarota & Fine, 2010) que, por su novedad, se expone a mayor detalle.
De acuerdo con Cammarota y Fine (2010), este enfoque estudia los problemas sociales que afectan la vida de las juventudes, incluyendo su participación para el desarrollo de acciones para transformar y superar tales problemas. Esta perspectiva reconoce el poder de los procesos investigativos cuando desafían los sistemas de opresión y están vinculados con cambios sociales (Richards-Schuster, 2010).
Ante la pregunta ¿cómo puede ser producido el conocimiento sobre la realidad de las juventudes de Antioquia (Colombia) que estuvieron en los programas de protección de restablecimiento de derechos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, la respuesta fue el desarrollo de un proceso de investigación acción participativo e intergeneracional con las juventudes que vivieron dicha experiencia; además, se incluyeron actores institucionales e investigadores interesados por contribuir a la generación de conocimiento científico y a la formulación e implementación de estrategias para la promoción de una vida digna para las juventudes.
Por lo anterior, este trabajo se definió como una investigación acción participativa juvenil direccionada por dos coaliciones de actores (partnerships, en inglés; Wallerstein et al., 2017): una con jóvenes extutelados de programas de protección del Estado y otra con actores institucionales vinculados a dichos programas y las instituciones gubernamentales de direccionamiento del SNBF municipales y departamentales. Estas coaliciones, junto con los investigadores, direccionaron el desarrollo de la presente investigación.
Población participante
La población participante fue: a) jóvenes egresados de programas de restablecimiento de derechos de Antioquia de la modalidad en medio diferente a la familia de origen; b) trabajadores de los programas de protección ubicados en Antioquia con una experiencia de trabajo en el sistema colombiano entre 5 y 20 años.
Técnicas de recolección de información
Se utilizaron tres técnicas participativas de recolección de información: encuesta, grupos participativos de discusión y entrevistas conversacionales con jóvenes egresados y profesionales del sistema.
La encuesta se realizó sobre las condiciones de vida de las y los jóvenes; sus preguntas se basaron en la encuesta nacional de calidad de vida versión 2021 (Departamento Nacional de Estadística, 2021). Se diseñó una primera versión de la encuesta que fue piloteada en una reunión de la coalición juvenil para verificar y ajustarla según: a) entendimiento de las preguntas; b) opciones de respuesta; c) no revictimización de las preguntas; y d) tiempo de aplicación. Posteriormente, se generó un formulario digital de Microsoft Forms que pudo ser autodiligenciado en un celular, en una tableta o en una computadora. Un integrante del equipo de investigación y de la coalición juvenil apoyó la resolución de dudas o inconvenientes técnicos.
Para la selección de los jóvenes participantes y dada su característica de población oculta y de difícil acceso, se definió con la coalición interinstitucional la realización de encuentros de egresados en cada una de las seis instituciones participantes. Además, se utilizó el muestreo de bola de nieve, por lo que se promovió entre los participantes de los encuentros de egresados el envío del cuestionario a otros jóvenes egresados de protección (Martín-Crespo & Salamanca, 2007).
Los criterios de inclusión para responder el cuestionario fueron: a) jóvenes extutelados de programas en medio diferente a la familia de origen y que, al momento de responder el cuestionario, la medida de restablecimiento de derechos estuviera cerrada; b) tener entre 14 y 31 años; c) aceptar voluntariamente responder el cuestionario. En total se obtuvieron 156 respuestas y se excluyeron 21 registros que no cumplieron los criterios de inclusión.
Los grupos de discusión se efectuaron con los participantes de las coaliciones. Esto permitió registrar las ideas, discursos y opiniones sobre el egreso de los programas de protección y las experiencias posteriores, evidenciándose discursos colectivos, disensos y contradicciones (Francés et al., 2015).
Para profundizar en la comprensión del fenómeno de estudio se realizaron siete entrevistas conversacionales (Fontana & Frey, 2015): cinco con jóvenes extutelados de protección y dos con profesionales con experiencia mayor a cinco años en los programas de restablecimiento de derechos.
Análisis de la información
Se efectuó un análisis estadístico descriptivo de las encuestas utilizando frecuencias y porcentajes para variables nominales, así como medidas de tendencia central y de dispersión para variables continuas. No se llevaron a cabo pruebas de hipótesis ni análisis multivariados.
El análisis de las entrevistas y de las sistematizaciones de los grupos participativos de discusión se realizó mediante análisis de contenido por categorías temáticas (Bardin, 1991) y tuvo como guía una matriz analítica predefinida a partir de los objetivos del estudio.
En un segundo momento, se triangularon los datos numéricos y textuales. Esto permitió identificar relaciones, contradicciones y complementariedad en los datos (Molina, 2020), así como generar un documento analítico sobre el fenómeno de estudio que fue leído, discutido y ajustado en dos sesiones de estudio con ambas coaliciones.
Reflexiones éticas
Se partió del principio de que el conocimiento sobre la vida de las juventudes extuteladas de los programas de protección no podría lograrse sin un ejercicio participativo que les incluyera en el proceso de manera voluntaria y en coherencia con el Código de Ética Médica de Nuremberg (Juicios de Núremberg, 1947); esto es, sin engaños, intimidaciones, promesas o cualquier forma de coacción o amenaza que incidiera sobre la participación en la investigación (OPS & Cioms, 2017).
Se adoptaron los Principios éticos para las investigaciones médicas con seres humanos (World Medical Association, 1975) en cuanto a la protección de la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las y los jóvenes y actores interesados que participaron de la investigación.
En ambas coaliciones se presentaron y discutieron posibles riesgos de la ejecución del proyecto, las estrategias de cuidado previstas para su mitigación y se socializaron los beneficios de este. Los acuerdos de cuidado colectivo incluyeron la puntualidad y la escucha a los demás integrantes. Se identificó el celular como un distractor, por eso se propuso guardarlo durante los encuentros. Se reconoció la importancia de los disensos al interior del grupo como una posibilidad de reflexión y aprendizaje para todos y todas.
Además, ante la existencia de conflictos, se propuso que fueran tramitados entre los implicados y, de ser necesario, con la mediación de algún integrante del equipo investigador. Este proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia con clasificación de riesgo superior al mínimo en diciembre de 2021.
Resultados
Características sociodemográficas de las y los jóvenes participantes
De los 135 encuestados, el 22.2% se autorreconoció en un grupo étnico: el 19.26% como población afrodescendiente, mientras que el 2.22% como indígena. El 62.22% no se identificó en ningún grupo étnico y el restante no respondió. Respecto a la identidad de género, el 2.22% se reconoció como transexual, el 0.74% no binario, el 68.15% mujeres y el 28.15% hombres. El 36.30% indicó que hacía parte de la comunidad LGBTIQ+. El 51.11% no terminó el PARD (tabla 1). Además, ellos y ellas residen principalmente en el área metropolitana (88.2%), siendo Medellín el municipio de mayor residencia (69.6%), seguido por Bello (11.9%).
Frecuencia y magnitud de las amenazas y vulneraciones de derechos después de salir de los programas
El 59.3% de las y los jóvenes que estuvieron en programas de protección vuelven a ser víctimas de vulneraciones de derechos después de concluir el PARD. Según el autor-reconocimiento étnico, las amenazas y vulneraciones de derechos se repiten con mayor frecuencia en las y los jóvenes que se reconocen en un grupo étnico, excepto en los raizales. Así, en las y los jóvenes indígenas fue del 100% y en afrodescendientes del 73.08%. Además, 53% de las y los jóvenes que no se adscribieron a ningún grupo étnico fueron nuevamente víctimas (tabla 1).
Referente a la identidad de género, las amenazas y vulneraciones se presentan en el 100% de las y los jóvenes que se reconocieron como transexuales y no binarios. Entre las mujeres, 6 de cada 10 son nuevamente víctimas y, entre los hombres, 5 de cada 10. El 69.39% de las y los jóvenes que se reconocieron como población LGTBIQ+ fueron nuevamente víctimas de amenazas y vulneraciones de derechos, frente al 52.94% de las y los jóvenes revictimizados que no hace parte de la comunidad LGTBIQ+ (tabla 1).
Tabla 1 Distribución sociodemográfica de las y los jóvenes participantes extutelados de programas de protección, y de las amenazas y vulneraciones a sus derechos
Por otro lado, en cuanto al tipo de culminación del PARD, cuatro de cada diez jóvenes que terminaron el proceso vuelven a ser víctimas, dato que asciende a casi 7 de cada 10 de las y los jóvenes que no terminaron tal proceso (69.57%) (tabla 1).
Tipos de amenazas y vulneraciones de derechos según las características sociodemográficas de los participantes
Entre las y los jóvenes que fueron nuevamente víctimas se encontraron 11 tipos de amenaza o vulneración de derechos. La más frecuente fue la discriminación y exclusión social y laboral (25.19%), con mayor frecuencia en las y los jóvenes que se reconocieron como transexuales (66.67%). En segundo lugar está el hambre (21.48%), la cual afecta especialmente a quienes se autorreconocieron como indígenas (66.67%) (tabla 2).
Tabla 2 Distribución de las amenazas y vulneraciones de derechos después de salir de los programas según las características sociodemográficas de las y los jóvenes
Se identificaron diferencias en las situaciones de revictimización según el género, de manera que en las mujeres son más frecuentes las violencias intrafamiliares, sexuales y de pareja, mientras que en los hombres prevalecen la vida en calle, el desplazamiento forzado y la amenaza de bandas criminales (tabla 2).
Según la terminación o no del proceso, todas las situaciones de amenazas y vulneraciones de derechos, excepto la amenaza de bandas, fueron porcentualmente mayores en las y los jóvenes que no culminaron el PARD que en aquellos jóvenes que sí lo culminaron (tabla 2).
Discriminación y exclusión social y laboral
Las y los jóvenes manifestaron que las situaciones de discriminación y exclusión social y laboral se presentan después de compartir con otras personas sus historias de vida; debido a esto, evitan hacerlo. Consideran que en la sociedad existen ideas negativas sobre las juventudes que viven o vivieron en instituciones del ICBF, lo que perpetúa situaciones discriminatorias:
Pero uno les dice [que estuvo en protección del ICBF], ¿es qué era muy plaga?, o ¿por qué? ¿Es que usted qué es pues?, ¿por qué estuvo allá? La gente piensa lo peor; no piensa que estuvieras allá por vulneración de derechos, porque tuviste un problema, sino que la gente piensa en otras cosas, en consumo o que yo no tenía familia. Pues no, eso no es así. (EA-J_ 080622)
Para los actores institucionales, la discriminación social se agrava porque el sistema social, educativo y laboral no está preparado para acoger a las juventudes que han pasado por PARD. Así, es limitada la oferta laboral y educativa que se acople a sus necesidades y, más bien, deben hacerlo a las opciones disponibles, para lo cual pocos están listos.
Afectaciones en la salud mental
El 21.48% de las juventudes, nuevamente víctimas, refirieron presentar algún problema en su salud mental después de salir de los programas de restablecimiento de derechos (tabla 2). Entre los síntomas más comunes se encuentran: ansiedad, estrés, soledad, conductas y comportamientos desafiantes, ideación suicida, depresión, autolesiones, altibajos emocionales, consumos problemáticos de drogas y conflictos familiares.
Según los participantes, concluir el PARD no garantiza que se hayan tramitado las afectaciones emocionales que motivaron el ingreso a protección. De hecho, denuncian el bajo acceso a procesos terapéuticos psicosociales durante su estancia en programas de atención, puesto que este tipo de atención compete a una autoridad administrativa del SNBF (generalmente, el defensor de familia), previa solicitud del equipo psicosocial del programa; este procedimiento tarda tiempo y se hace efectivo en pocos casos. Adicionalmente, luego del egreso institucional afrontan limitaciones para acceder a programas de atención en salud mental debido a una limitada oferta pública en sus ciudades de residencia: «Una vez terminado el proceso hacen falta espacios de escucha» (CAI_211122).
A pesar de esto, ellos y ellas reconocen la importancia de gozar de tranquilidad, calma y felicidad como componentes de su salud; así mismo, valoran los espacios que promueven y cuidan la salud mental. Por tal razón, aprecian los espacios de escucha a los que pueden acceder porque les brindan oportunidades de orientación psicosocial para continuar con el trámite de las difíciles situaciones en sus experiencias de vida.
Hambre
Las vivencias de hambre fueron reportadas por dos de cada diez jóvenes víctimas (tabla 2). Estas son prolongadas o cortas, y están relacionadas, principalmente, con la ausencia de recursos económicos personales y familiares. La situación de hambre aumenta entre quienes viven de manera autónoma e independiente de sus familias, porque los recursos económicos que se gestionan son destinados a la renta del lugar donde viven y el excedente, si lo hay, se utiliza para la alimentación. Además, el 91.9% de ellas y ellos reportó que no recibían algún subsidio o bono alimentario gubernamental.
Situación de vida en calle
Las situaciones temporales de vida en calle se presentaron, en mayor frecuencia, en las y los jóvenes que no concluyeron el PARD o en quienes tenían dependencia a las drogas o antecedentes de explotación sexual comercial. Esta situación se debe a que, finalizado el PARD, afrontan entornos barriales, familiares y sociales donde encuentran pares o personas adultas que promueven y facilitan el consumo o les inducen y captan para la explotación sexual comercial. Estas situaciones terminan en largas estancias diurnas y nocturnas en las calles. De igual forma, la vida en calle también sucede por situaciones de precariedad económica y ausencia de vínculos familiares.
También se encontró que algunos jóvenes desarrollan alternancia entre la vida en calle y la vida institucional, especialmente si son menores de 18 años, caracterizados por el egreso irregular de los programas y su reingreso después de estar 2 o 3 días en la calle. Según actores de la coalición institucional, esta situación ocurre porque se acostumbra un periodo de «gracia» de 72 horas donde pueden regresar a la institución si el o la joven se «entrega» a la policía de infancia y adolescencia. Para algunos actores institucionales esta medida es un exceso de asistencialismo, mientras que para las y los jóvenes es acertada porque durante el proceso se requieren varias oportunidades, ya que hasta no «tocar fondo», no emerge la voluntad de cambio.
Violencia intrafamiliar y de pareja
El 14.07% de los participantes manifestaron haber sufrido violencia intrafamiliar y un 8.89% sufrieron violencia de pareja concluido el PARD (tabla 2). Sobre la primera, aunque ellos y ellas no detallan las formas de agresión, dan cuenta de elementos interrelacionados con las dinámicas disfuncionales en la familia, como los escasos recursos económicos, consumo de sustancias psicoactivas y asuntos traumáticos familiares desatendidos. El retorno de las juventudes a sus hogares no garantiza un ambiente familiar adecuado. Con frecuencia las condiciones de vulneración pueden persistir en el hogar, poniendo en riesgo nuevamente a las juventudes.
Para los participantes de la coalición institucional, las problemáticas al interior de las familias difícilmente pueden ser transformadas con un PARD fuera de aquellas porque, según los lineamientos, se prioriza la atención individual a el o la niña y son limitadas las acciones preparatorias al egreso institucional y reintegro familiar que se realizan con las familias. Además, plantean que, en algunos casos, la corresponsabilidad familiar es incipiente o nula en cuanto a la protección y garantía de los derechos de sus hijos, hijas o familiares:
El caso de un joven que en el proceso de reintegración familiar salía de la institución y llegaba a la casa, encontraba a toda su familia borracha y consumiendo. Ese joven lo que hacía era regresarse para la institución y pasaba su fin de semana en la institución. Él identificaba que esa familia era un factor de riesgo para él. (CAI_130622)
La violencia de pareja se presenta especialmente en las mujeres (11.96%) que conviven con parejas sexoafectivas estables o con parejas casuales. Con estas últimas, se convive por necesidades económicas y de vivienda, reproduciendo relaciones de poder que generan vulneraciones de derechos.
Violencias sexuales
Las violencias sexuales se presentaron en el 10.4% de los participantes quienes reportaron haber sido víctimas de alguna amenaza o vulneración de derechos después de vivir bajo protección del Estado. La frecuencia es alta entre las y los jóvenes indígenas (33.33%), en las mujeres (13.04%), en quienes se reconocen como población LGTBIQ+ (16.33%) y en quienes no terminaron el PARD (11.59%).
Se identificaron el abuso y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes como las violencias sexuales más frecuentes. Algunas jóvenes reportan que muchas de sus compañeras que vivieron en protección han sido víctimas de modalidades digitales de explotación sexual debido a la promesa de mayores ingresos económicos que ofrece la industria webcam. Algunas jóvenes señalan que sus compañeras son víctimas de esta situación por necesidades económicas, situaciones de violencia intrafamiliar o contextos barriales que fomentan esta problemática.
Porque la mayoría que yo conocía y que estaban conmigo en la institución era por situaciones económicas y por maltrato o cosas así, o porque había violencia intrafamiliar en la vivienda. Entonces, la mayoría cuando salen ven esa necesidad [económica] en el hogar o no pueden tener lo que ellas quieren y pues toman esos caminos [los del abuso y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes] (EAJ_080622)
Otro hallazgo es que algunos de las y los jóvenes que egresan irregularmente de los programas intentan reingresar a estos como «reclutadores» de otras jóvenes para la explotación sexual y promover su evasión. Según actores de la coalición institucional, esta circunstancia puede explicar por qué algunos programas no permiten el reingreso institucional en los casos de evasiones.
Amenazas de bandas criminales, extorsión, reclutamiento y desplazamientos forzados
Sobre este tema poco se señaló durante los encuentros participativos con las coaliciones, ni tampoco en las entrevistas con los actores institucionales y con las y los jóvenes. Los hallazgos obedecen a las notas de campo del equipo investigador, producto de conversaciones informales o de las vivencias y experiencias durante el desarrollo del proyecto.
En este orden de ideas, se identificó que las bandas criminales presentes en los territorios donde residen las y los jóvenes generan situaciones de amenaza, extorsión e intentos de reclutamiento, lo que fuerza el desplazamiento intraurbano, en ocasiones con todo el grupo familiar.
Las amenazas pueden ser directamente hacia las y los jóvenes o hacia algún familiar, ante las negativas de las y los jóvenes a los intentos de reclutamiento o «invitaciones», con fines de explotación sexual o comisión de delitos como la extorsión. Según actores de la coalición institucional, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar no tiene una respuesta cuando estas situaciones ocurren a mayores de edad.
Concurrencia de amenazas y vulneraciones de derechos
Las amenazas y vulneraciones de derechos que vivencian las y los jóvenes después de salir de los programas de protección pueden sobreagregarse, es decir, confluyen dos o más situaciones simultáneas o en secuencia. Por ejemplo, una joven víctima de amenazas contra su vida presentó luego estrés y ansiedad que le llevaron a intentos de suicidio.
Según los datos recolectados, el 37.50% de las y las jóvenes víctimas padecieron tres o más vulneraciones de derechos sobreagregadas. Esta magnitud de tres o más vulneraciones, según el autorreconocimiento étnico, fue del 36.8% entre las y los jóvenes afro-descendientes y del 33.3% en las y los indígenas. Entre las y los jóvenes transexuales, esta magnitud ascendió al 66.67%. No hubo diferencias en la magnitud porcentual en la vivencia de tres o más vulneraciones de derechos entre quienes terminaron y no terminaron el PARD (tabla 3).
Discusión
Este estudio permite afirmar que no existe un único perfil sobre las y los jóvenes que vivieron en los programas de restablecimiento de derechos, dado que ellas y ellos son diversos en cuanto a género, etnia y nivel socioeconómico (Medina, 2022). Por esto, acogemos el plural para referimos a juventudes extuteladas de los programas de protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Encontramos que la integridad física, mental y moral de las y los jóvenes, luego de salir de los programas, se ve afectada en el 59 % de los participantes por situaciones como la discriminación social, el hambre, afectaciones a la salud mental, la violencia sexual y la amenaza de bandas criminales (las cuales reclutan o desplazan tanto a las juventudes como a sus familias). El metaanálisis realizado por Heerde et al. (2018) informa que las afectaciones en la integridad de las juventudes extuteladas de Estados Unidos se explica por la culminación de la asistencia estatal, la poca corresponsabilidad de la sociedad y la inexistencia de programas que acompañen a las y los jóvenes, especialmente quienes cumplen la mayoría de edad. En Johannesburgo (Sudáfrica), los procesos que afectan la vida de las y los jóvenes extutelados incluyen la no calificación para recibir ayuda después de cumplir los 18 años de edad, la falta de apoyo emocional y material formal, así como una inadecuada preparación antes, durante y después del egreso (Bodiroa & Ross, 2023). En España, Cabrera et al. (2020) describen que los jóvenes extutelados reportan un bajo nivel de satisfacción vital, relacionada con bajos ingresos y bajos niveles de formación y de inserción laboral.
Respecto a la salud mental, estudios con jóvenes extutelados en Estados Unidos reportan una frecuencia de uso de servicios terapéuticos entre el 21% y el 92%. Esto puede deberse al proceso inconcluso durante la estancia y la necesidad de un acompañamiento socioemocional permanente para las y los jóvenes extutelados de menor edad y para quienes no cuentan con redes de apoyo (Gullo et al., 2023; Heerde et al., 2018).
Cabe precisar que este estudio se realizó durante el periodo 2021-2023 posterior a la vivencia del evento de salud pública más complejo del siglo XXI como fue la sindemia de la covid-19 y que, en el caso colombiano, le concurrió un estallido social. Estos procesos ayudan a comprender por qué las afectaciones a la salud mental son la segunda causa más frecuente de revictimización encontrada. Es posible que la sindemia haya revivido los acontecimientos traumáticos desatendidos o no superados por las y los jóvenes durante la estancia en los programas de atención especializada (Pedreira, 2023).
Con referencia a estos elementos, el desarrollo de programas de acompañamiento con un fuerte componente de salud mental, con enfoques tanto individuales como colectivos, y con participación comunitaria, son urgentes para la atención de las y los jóvenes que se encuentran o vivieron en programas de protección (De-Juanas et al., 2022). Esta idea se apoya en la teoría del curso de vida que plantea un acompañamiento para las niñas, los niños y jóvenes en las transiciones clave de sus procesos vitales porque estos momentos son una ventana de oportunidad para consolidar las realizaciones de su desarrollo humano y fortalecer los aspectos necesarios (Krauskopf-Roger, 2019).
Los resultados encontrados en este estudio develan que, aunque se presentan en hombres y mujeres jóvenes, las violencias sexuales y la concurrencia de hasta tres amenazas o vulneraciones de derechos es más frecuente en las mujeres y en personas LGTBIQ+. Resultados similares se evidencian en mujeres jóvenes extuteladas en Estados Unidos, quienes sufren tasas más altas de violencia sexual en comparación con los jóvenes hombres (Heerde et al., 2015). Esto evidencia la persistencia del patriarcado que legitima prácticas machistas y misóginas que se agudizan con grupos sociales vulnerables y excluidos (Noreña-Herrera & Rodríguez, 2022), lo que exige que los programas para jóvenes extutelados deben de tener un enfoque interseccional y diferencial (Vigoya, 2016).
Respecto a las vulneraciones de derechos relacionadas con el conflicto armado, se refleja que, a pesar de la firma del acuerdo de paz en Colombia (Gobierno de Colombia & Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2016), las niñas, niños y juventudes extuteladas de protección continúan siendo víctimas de un conflicto que les desplaza de sus territorios. Esta situación puede ser explicada por la compleja situación de conflicto que persistente en los territorios de Antioquia. Según los datos de la Unidad Nacional de Víctimas, entre los 805 casos reportados en Antioquia de desplazamiento forzado en 2023, el 39% de los afectados fueron niñas, niños y jóvenes entre los 0 y 28 años (Unidad para las Víctimas, 2023).
Por otro lado, la discriminación producto de los antecedentes de vida de las juventudes en programas de protección generan efectos negativos como el aislamiento social (Martín et al., 2008) y una subvaloración en ellos y ellas mismas; ello puede tener repercusiones en su estado de salud mental, como también se ha reportado en Aragón, España (Díaz-Esterri et al., 2021). Además, denotan que en algunos sectores de la sociedad aún persisten representaciones sociohistóricas que han estigmatizado a las y los jóvenes como delincuentes, drogadictos y desadaptados (Rodríguez, 2015). Por esto, es imperante un trabajo de transformación cultural en la sociedad colombiana mediante formatos comunicacionales y espacios que convoquen la corresponsabilidad de la sociedad (Bernal- Romero et al., 2022).
En Colombia, la implementación de este trabajo bajo el enfoque de investigación acción participativa juvenil se considera un aporte metodológico a impulsar. La bibliografía sobre investigación acción participativa juvenil tiene mayor desarrollo en Estados Unidos, en donde se abordan campos de conocimiento y temáticas como la educación, la desigualdad social, la salud, la violencia y la seguridad (Anyon et al., 2018). Específicamente, los estudios enfocados en el campo de la salud incluyen temáticas como el uso de sustancias, el acceso a alimentos saludables y la actividad física, el asma, la disponibilidad de anticonceptivos y el acoso sexual (Anyon et al., 2018).
En América Latina, aunque se identificaron experiencias de investigación participativa que involucran a jóvenes (Milstein, 2023; Shabel, 2014), no se determinaron productos investigativos que explícitamente hagan referencia al uso de investigación acción participativa juvenil como orientación teórica o metodológica.
Como fortalezas del estudio se destaca el proceso participativo; no obstante, es importante discutir cómo y hasta qué punto fue lo participativo en este proyecto. Ozer et al. (2022) plantea un algoritmo para identificar este asunto en cuanto: primero, si realmente los proyectos de investigación con jóvenes son participativos; y, segundo, para considerarlos como una investigación acción participativa juvenil.
Al respecto, este proyecto de investigación fue validado previamente con actores juveniles e institucionales; con ellos se ratificaron las preguntas de investigación, sus propósitos y se desarrolló la gestión colectiva para aplicar a las convocatorias de financiación. Se desarrolló mediante dos coaliciones con jóvenes que vivieron en programas de restablecimiento de derechos y actores municipales de los programas, como lo plantean Amador-Baquiro y Muñoz-González (2021), desde abajo, sin permiso y en la diferencia. Esto implicó discusiones sobre los sentidos y alcances del proyecto, la concertación de las formas y lugares de encuentros para el desarrollo del trabajo de campo, el análisis y validación colectiva de los resultados y la concertación de acciones a desarrollar para la transformación de la realidad estudiada; es decir, todo un proceso de reflexividad colectiva durante la implementación del proyecto (Di Iorio et al., 2021).
Las limitaciones de este estudio, analizadas desde un paradigma participativo juvenil y transformador (Cammarota, 2017; Rappaport, 2021), incluyen la borrosa e inexistente corresponsabilidad normativa del ICBF con las juventudes una vez cumplen 18 años y se cierra el PARD, lo cual se evidenció en la práctica de este proyecto porque no fue posible una interlocución permanente con representantes del ICBF mediante la coalición. Así mismo, la amplitud de este trabajo menguó la posibilidad de profundidad en temáticas como las condiciones materiales de vida y los recursos educativos y laborales; esto porque este análisis fue una primera aproximación diagnóstica con dicha población en Antioquia.
Las implicaciones de este trabajo a nivel teórico y político incluyen la apertura de análisis y la visibilización en la agenda política de tránsitos invisibilizados en las juventudes como es la salida de los programas protección de restablecimiento de derechos. Se devela las posibilidades de realizar investigaciones participativas intergeneracionales mediadas por coaliciones que permiten compresiones integrales y complejas sobre los fenómenos de estudio. También da aperturas a líneas de investigación en Latinoamérica que puedan indagar sobre situación de vida de las juventudes quienes, durante su niñez y juventud, fueron protegidos y cuidados en programas estatales (Gontero, 2023; Incarnato, 2018; Krauskopf-Roger, 2019; Muñoz-Echeverri et al., 2024). Además de orientar su accionar en la formulación de políticas de acompañamiento a las y los jóvenes extutelados con el propositivo de prevenir la repetición de amenazas y vulneraciones de derechos. Al respecto, el metaanálisis de Heerde et al. (2018) concluye, para Estados Unidos, que aspectos de salud y comportamentales de las y los jóvenes extutelados pueden mitigarse mediante la participación en programas de transición que apuntan a desarrollar habilidades para la vida autónoma e independiente.
En conclusión, algunas juventudes extuteladas experimentan situaciones como la estigmatización y la discriminación, las violencias, el desarraigo del territorio y la vida en calle que afectan su integridad física, mental y moral, así como socavan su dignidad humana. Lo anterior implicará la revisión crítica del proceso de egreso contemplado en los lineamientos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar desde un enfoque de vida digna y goce efectivo de derechos de las juventudes que han vivido la experiencia de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
