Introducción
En el ámbito forense, la prueba psicológica se ha utilizado como una herramienta útil para el auxilio de los órganos encargados de la administración y procuración de justicia en casos relacionados con el derecho familiar, penal, civil y laboral, así como aquellos en los que están involucrados menores de edad, bien sea en calidad de testigos, víctimas o imputados (Fragoso, 2014; Rivera, 2013; García-López, 2014).
A pesar de que la psicología es una disciplina frecuentemente solicitada por las fiscalías y tribunales de justicia, se ha referido menos el hecho de que está conformada por diferentes áreas de estudio, considerando los ámbitos clínico y social como las áreas principales de aplicación dentro del ámbito forense. No obstante, existen otras disciplinas que pueden tener utilidad y aplicación en un proceso jurídico, como es el caso de la neuropsicología.
Por tal motivo, el objetivo del presente artículo se centra en la descripción de los ámbitos de aplicación de la prueba neuropsicológica, así como de algunas consideraciones relacionadas con la importancia de su implementación dentro del peritaje psicológico en México, con la finalidad de que la evaluación del comportamiento humano adquiera mayor robustez y validez científica dentro de un sistema de justicia con corte acusatorio, que así debe exigirlo.
La evaluación neuropsicológica en el ámbito forense
La neuropsicología puede entenderse como la disciplina científica dedicada al “estudio de la relación entre el cerebro y la conducta” (Leonard, 2015, p. 177; Woods, Freedman & Greenspan, 2012; Kumar & Sadasivann, 2016), mientras que la neuropsicología forense es la disciplina encargada de la “aplicación del conocimiento teórico [y metodología] de la neuropsicología al ámbito legal” (Fernández & Lorente, 2011, en Guzmán, Villalva, Escamilla, Guzmán & García, 2015, p. 106).
Asimismo, vale la pena recordar el concepto de psicología cognitiva, que implica: “la disciplina dedicada al estudio del conocimiento humano, sus componentes, sus orígenes y su desarrollo (percepción, memoria, aprendizaje, lenguaje, etc.) [(...) para] lograr un conocimiento global de la organización funcional del cerebro humano” (Mora & Sanguinetti, 2004, p. 223).
En este orden de ideas, el neuropsicólogo forense sería un “profesional capacitado para actuar como perito en causas judiciales en las que [se vean implicadas personas con] algún tipo de disfunción o daño cerebral” (Fernández & Lorente, 2011, en Guzmán et al., 2015, p. 106), de tal manera que la labor central del experto versaría en conocer si existen alteraciones en el sistema nervioso central, y si estas pueden ser de utilidad para el caso que se investiga (Fernández & Lorente, 2011, en Guzmán et al., 2015). Además, los expertos en neuropsicología forense tendrían que aportar información relevante en cuestiones tan complejas como la evaluación de la psicopatía, en particular cuando dichas personalidades estén involucradas en un comportamiento antisocial (García-López, 2012).
De modo que la evaluación neuropsicológica aportaría información valiosa para el diagnóstico de aspectos neurofuncionales en diferentes áreas de la psicopatología, con relación a discapacidades y potencialidades (Monti, Saffi, Martins de Barros, Machado Dias, Teruo Akiba, de Pádua Serafim, 2015) cognitivas (Kumar & Sadasivann, 2016; Ostrosky, 2014). Más aún, el neuropsicólogo evaluaría la relación entre las habilidades cognitivas y la conducta, especialmente desde el punto de vista funcional, incluyendo la evaluación de la inteligencia, el rendimiento académico, la atención y concentración, la memoria visual y verbal, el funcionamiento del lenguaje, el funcionamiento viso-espacial, las habilidades motoras, el procesamiento senso-perceptual, el razonamiento abstracto y las funciones ejecutivas (Leonard, 2015; Woods et al., 2012). Las funciones ejecutivas y la memoria tienen una relevancia mayúscula para los tribunales de justicia; de momento se refiere solo un ejemplo de dicha relevancia: la memoria (y las falsas memorias) de los testigos e incluso de las personas presuntamente responsables de un delito (Shaw & Porter, 2015).
Aunado a lo anterior, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés), en su quinta edición, incluye una lista con los datos neuropsicológicos requeridos para identificar un trastorno neurocognitivo leve o mayor, incluyendo el traumatismo craneoencefálico (American Psychiatric Association, 2013, en Leonard, 2015). Con esto se subraya la importancia de la intervención de esta disciplina dentro del quehacer forense hoy en día.
No obstante, a pesar de la gran importancia y utilidad que tiene la evaluación neuropsicológica con fines forenses, esta disciplina no ha tenido aún la difusión e implementación necesarias para ser aprovechada por el sistema de justicia.
De hecho, en México, la Procuraduría [Fiscalía] General de la República cuenta con un único acuerdo (el A/057/2003), en el que se establecen las directrices de actuación para casos de posible tortura y/o maltrato, dentro de las que se menciona el examen neuropsicológico (Procuraduría General de la República, 2003). Además, cabe señalar que en los reportes oficiales solo existen dos peritos con la especialidad de neuropsicología, quienes forman parte del Poder Judicial de Nayarit (2016) y Yucatán (2017), respectivamente.
Como puede apreciarse, la cantidad de expertos en neuropsicología que colaboran en ámbitos jurídicos es realmente muy escasa. De hecho, el número de expertos en comportamiento humano, que registrados en ámbitos forenses, tampoco es muy alta, ya que -de acuerdo con los datos de los respectivos Poderes Judiciales de las entidades federativas- estos no llegan a 600 peritos en psicología en todo el país1.
Ámbitos de aplicación
La evaluación neuropsicológica se ha enfocado principalmente en el ámbito clínico y funcional de las secuelas neuropsicológicas derivadas de un Traumatismo Craneoencefálico (TCE), tales como la alteración del estado mental en el momento de un accidente, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria anterógrada, alteraciones en la atención y habilidades perceptuales, trastornos conductuales y de lenguaje, alteraciones de las funciones ejecutivas y sus repercusiones (Junque, 1999, en Guzmán et al., 2015; Ostrosky, 2016), lo cual tendría especial relevancia en asuntos de indemnización (Kumar & Sadasivann, 2016; Monti et al., 2015) e incapacidad laboral, inclusive en aquellos casos en los que no necesariamente sea resultado de un TCE (Monti et al. 2015).
Asimismo, se ha intervenido desde el ámbito civil en casos relacionados con habilidades parentales y de guarda y custodia (Leonard, 2015), así como en evaluación del testimonio (Coppola, 2015, en Ostrosky, 2016) y asuntos relacionados con la valoración de la competencia de un individuo para participar y tomar decisiones en su defensa durante el proceso legal, expresándose en términos de porcentaje de discapacidad cognitiva (Kumar & Sadasivan, 2016; Ostrosky, 2016).
La evaluación neuropsicológica ha adquirido mayor atención, debido a la creciente aceptación respecto a que las alteraciones a nivel cerebral influyen de manera importante en el establecimiento de si un determinado individuo tiene alteraciones en la conciencia o autocontrol, hecho que sería de gran relevancia, e. g., para orientar a los jueces en la determinación de responsabilidad penal (Woods et al., 2012). Inclusive, la presencia de determinadas disfunciones cognitivas a nivel del lóbulo frontal, orbitofrontal, fronto-temporal y/o regiones subcorticales del sistema límbico, se han asociado como variables de riesgo para que un individuo presente comportamientos violentos (Serafim, Saffi, Guerra Barbosa Da Silva, Viana De Almeida, Hokama, Martins De Barros et al., 2015), lo cual es de suma utilidad para la valoración de riesgo de violencia. Aunado a lo anterior, otro punto relevante para las relaciones entre neurociencias y derecho lo encontramos en el concepto de edad penal, donde tanto el análisis de la maduración cerebral como el funcionamiento cognitivo resultan fundamentales para el sistema de justicia, en general, y el de los adolescentes, en particular (Mercurio & García-López, 2017). En síntesis, el alcance de la neuropsicología forense puede abarcar todas las áreas del derecho y orientar al sistema de justicia.
Con respecto al ámbito penal, la intervención del neuropsicólogo se enfocó inicialmente en la identificación de la llamada discapacidad intelectual (antes también conocida como retraso o deficiencia mental), como concepto atenuante de la conducta criminal. Empero, a través del paso del tiempo el campo de intervención se ha ido ampliando, sobre todo en aspectos relacionados con el papel de los lóbulos frontales en la conducta delictiva (Golden & Lashley, 2014b).
En la actualidad, la evaluación neuropsicológica forense es de gran utilidad en casos en los que se requiera de la descripción de procesos cognitivos y emocionales, con la finalidad de tener un mejor entendimiento respecto a por qué ocurrió un determinado acto violento (Golden & Lashley, 2014b), incluso en aquellos casos en los que existan alteraciones cognitivas derivadas del consumo de sustancias (Ostrosky, 2016). De modo que para llevar a cabo dicha evaluación se examinan procesos específicos, como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas -autocontrol, planificación, etc.- (Golden & Lashley, 2014b).
Al mismo tiempo, la evaluación neuropsicológica forense ha sido conveniente para elaborar la descripción de las alteraciones neurofuncionales de una persona, debido a que ciertas alteraciones en la estructura del cerebro -como el lóbulo temporal y la amígdala- se han relacionado de manera significativa con conductas agresivas y descontrol emocional, mientras que las alteraciones en el lóbulo prefrontal se han asociado con conductas antisociales. Además, algunas alteraciones frontotemporales se han vinculado con problemas de inhibición y capacidad de planificación (Dolan & Park, 2002, en Ostrosky, 2014; Golden & Lashley, 2014b; Raine & Venables, 1998, en Ostrosky, 2014 Yang et al., 2005, en Ostrosky, 2014; Ostrosky, 2011, en Ostrosky, 2014; Morales & García-López, 2014; Silva, Mercurio & López, 2008).
En la evaluación neuropsicológica con fines forenses se han utilizado pruebas que permiten medir diferentes funciones cognitivas asociadas a redes neuronales y estructuras del cerebro, más que examinar las estructuras desde un punto de vista estático. Ejemplo de técnicas utilizadas para tal fin son la Tomografía por Emisión de Positrones (TEP), la tomografía por emisión de fotón único (SPECT, por su sigla en inglés) y la Imagen por Resonancia Magnética funcional (IRMf) (Golden & Lashley, 2014b; Kumar & Sadasivann, 2016; Ostrosky, 2014), las cuales se basan en el hecho de que las células cerebrales activas causan un incremento en la demanda metabólica, que se encuentra relacionada con un aumento en el flujo sanguíneo para proveer de sangre oxigenada a las neuronas activas (Kerkmans & Gaudet, 2016).
Asimismo, se han utilizado estudios electrofisiológicos, como los Potenciales Relacionados a Eventos (PRE), los cuales registran los cambios de voltaje sobre el cuero cabelludo en el tiempo que transcurren los procesos cognitivos, y que se derivan de la respuesta a un evento determinado, como la presentación de un estímulo o la ejecución de una tarea (Ostrosky, 2014). A manera de síntesis, en la tabla 1 se describen algunos ejemplos de técnicas de neuroimagen y estudio electrofisiológico que pueden ser empleados durante la evaluación con fines forenses, en tanto que también pueden servir de soporte a un diagnóstico clínico previamente realizado (Kerkmans & Gaudet, 2016).
Tabla I Ejemplos de técnicas de neuroimagen y estudio electrofisiológico utilizado dentro del ámbito clínico y forense (Jones et al., 2014; Kerkmans & Gaudet, 2016; White & Stern, 2003; Woods et al., 2012).
Sin embargo, la evaluación neuropsicológica se ve limitada en el sentido de que presenta una dificultad respecto a la identificación del factor o factores que son realmente responsables de las conductas agresivas, puesto que el estudio de las alteraciones cerebrales solo proporciona una explicación parcial del porqué se desarrollan tales conductas (Golden & Lashley, 2014b). Además, el que un individuo presente o no alteraciones en el cerebro no predice, sin lugar a dudas, que se cometa un acto violento, puesto que no por el hecho de que haya una alteración en una región que se ha correlacionado en forma estadística a un determinado comportamiento, significa que el individuo necesariamente presentará la misma conducta (Jones, Buckholtz, Schall & Marois, 2014; Jones, Wagner, Faigman & Racihle, 2013). Por tal razón, se deben integrar los datos neuropsicológicos obtenidos junto con los que se refieran al ambiente, historia de vida y circunstancias del hecho, así como todos los datos necesarios y relevantes para el suceso que se investiga (García-López, Ostrosky, Laveaga & Esbec, 2016; Golden & Lashley, 2014b), lo cual permitirá llevar a cabo una evaluación más completa.
A continuación se describirán de forma enunciativa los apartados correspondientes a las áreas que pueden ser sujetas a evaluación neuropsicológica dentro del ámbito forense, sin ser limitativas, dado que la evaluación neuropsicológica tiene múltiples utilidades.
1. Atención
Es de gran utilidad en casos relacionados con violencia intencional, además de que puede correlacionarse con trastornos como el de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) u otros derivados de una lesión cerebral (Golden & Lashley, 2014a).
2. Inteligencia
En cuanto a la evaluación de la inteligencia (Woods et al., 2012), la neuropsicología puede aportar una perspectiva distinta, referente al análisis de los puntajes de las escalas, debido a que a pesar de que los índices evaluados en las pruebas de inteligencia sean similares, los significados serán diferentes en términos del funcionamiento neurológico y cognitivo, lo cual tendrá un significado para la interpretación del esfuerzo y la simulación (Golden & Lashley, 2014a), debido a que algunos individuos alegan que padecen de algún déficit neuropsicológico, con la finalidad de obtener beneficios en torno al proceso judicial en curso (Bonasa & García-López, 2010; Ostrosky, 2016).
3. Conducta adaptativa
Se contemplará dentro del campo de la evaluación de la discapacidad intelectual, con el objetivo de examinar si existen falsos positivos derivados de una excesiva confianza en las pruebas de cociente intelectual para diagnosticar el trastorno (Woods et al., 2012, p. 435). Además, será de utilidad en el diagnóstico de otros trastornos del neurodesarrollo.
La evaluación neuropsicológica adquiere una gran relevancia en casos en los que, e. g., un individuo con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es clasificado dentro de los límites de normalidad, debido a que posee una adecuada memoria de trabajo; sin embargo, este puntaje no contempla el razonamiento deficiente que posee. Por lo tanto, la interpretación del cociente intelectual total deberá de realizarse considerándolo como una medida promedio de la habilidad en múltiples dominios, en torno a los cuales se agrupan otras puntuaciones de tipo cognitivo (Golden & Lashley, 2014a).
4. Funcionamiento ejecutivo
Este es un aspecto que resulta imprescindible valorar, en cuanto que contempla el control de impulsos, anticipación de las consecuencias, planificación, control emocional y habilidades organizacionales, de gran importancia dentro de la evaluación de individuos violentos, debido a que mientras más impulsivo o emocional sea un acto violento, más probable será que las áreas terciarias no estén funcionando adecuadamente. Es decir, que exista una alteración en las áreas localizadas en la parte posterior del cerebro, en y alrededor del giro angular del lóbulo parietal y la parte anterior del cerebro, y que comprendan el lóbulo prefrontal y las áreas fronto-temporales (Golden & Lashley, 2014a).
Aunado a lo anterior, la importancia de evaluar estas funciones recae en el hecho de que definen la experiencia humana, puesto que incluyen aspectos relativos a la intencionalidad, otorgamiento de significado con relación a experiencias previas, retención de conceptos en la memoria de trabajo, reconocimiento y resolución de problemas complejos (Freedman & Brown, 2011, en Woods et al., 2012), formación y mantenimiento de relaciones sociales, percebimiento del contenido emocional de las relaciones sociales, juicio social e insight. De ahí que la evaluación referida deberá ser incluida en casi todos los casos (Barkley, 2012, en Woods et al., 2012; Cummings y Mega, 2003, en Woods et al., 2012; Miller & Cummings, 2007, en Woods et al., 2012). Sin embargo, es importante considerar que las funciones ejecutivas no estarán formadas biológica y completamente sino hasta bien superados los 18 o 21 años de edad, e inclusive, a pesar de estar desarrolladas, pueden verse modificadas por factores como estrés, fatiga, sustancias y temporalidad (Golden & Lashley, 2014a; Mercurio & García-López, 2017).
5. Personalidad y violencia
Otro ámbito de aplicación se refiere a la evaluación de la personalidad, que al estar relacionada con los procesos cognitivos y conductuales involucra aspectos de funcionamiento neurológico y neuropsicológico. Es muy complejo relacionar la personalidad con procesos neurológicos y localizaciones específicas cuando una gran cantidad de áreas se encuentran involucradas en la determinación de la personalidad de un individuo (Golden & Lashley, 2014a). A pesar de lo anterior, algunos autores han realizado intentos para relacionar la violencia, la personalidad y mediciones neuropsicológicas y neurocriminológicas (Morales & García-López, 2014); tal es el caso de Barkataki et al. (2012, en Golden & Lashley, 2014b), quienes utilizaron una batería neuropsicológica para evaluar la inteligencia, la memoria, las funciones ejecutivas, el procesamiento y la atención en individuos con trastorno antisocial de la personalidad y sujetos violentos y no violentos diagnosticados con esquizofrenia, los cuales encontraron diferencias significativas entre los grupos.
Asimismo, Ostrosky et al. (2008, en Ostrosky, 2016; Ostrosky, 2011, en Ostrosky, 2016) han encontrado alteraciones en las funciones ejecutivas en la toma de decisiones, flexibilidad mental e inhibición, en individuos con personalidad antisocial y psicopatía en poblaciones criminales, así: “[…] el entendimiento de los déficits neuropsicológicos específicos en personalidades agresivas, [podría] suponer un avance en torno […] [a] la identificación del tipo de personalidad criminal” (Ostrosky, 2016, p. 119).
6. Testimonio
De manera tradicional, la evaluación del testimonio se ha enfocado en la determinación de la fiabilidad del discurso y existencia de posible engaño a través del estudio de los registros fisiológicos, los cuales son obtenidos mediante un equipo poligráfico.
Esta técnica se basa en la premisa de que los valores fisiológicos de un individuo cambian en función del conflicto que le ocasiona decir una mentira. Sin embargo, existen personas que no experimentan emoción alguna cuando mienten, y esto ocasiona que sus registros fisiológicos permanezcan inmutables. De ahí que la confiabilidad del instrumento ha sido bastante cuestionada (Domínguez, 2010), y surge la necesidad de crear dispositivos más sensibles, que estén basados en mediciones directas del cerebro. Así, e. g., se han utilizado bandas con sensores que registran los cambios metabólicos alrededor de la frente, lo cual permite detectar los cambios de la corteza prefrontal, que se encuentra relacionada con la toma de decisiones. En este sentido, la detección iría encaminada a captar el momento en que las personas toman la decisión de mentir.
Por otra parte, el psicólogo Daniel Langlebal, de la Universidad de Pensilvania, empleando la IRMf, pudo detectar un incremento en el metabolismo cerebral a nivel de la corteza anterior del cíngulo, relacionada con la toma de decisiones, emociones y resolución del conflicto, y la parte superior de la corteza prefrontal en individuos que mentían. De igual manera, se ha utilizado la técnica de “huellas digitales cerebrales”, en la que se lleva a cabo un registro electroencefalográfico utilizando un casco con electrodos (Ostrosky, 2016).
Pruebas neuropsicológicas empleadas en el ámbito clínico y/o forense
Después de tratar los ámbitos que se valoran con mayor frecuencia dentro de una evaluación neuropsicológica, es conveniente abordar el punto referente a las pruebas que utiliza el experto en neuropsicología, las cuales están diseñadas para identificar y medir procesos, déficits cognitivos y disfunciones cerebrales. De esta manera, la evaluación deberá incluir “una descripción funcional de las consecuencias cognitivas, conductuales, psicológicas y emocionales de una función cerebral alterada” (Woods et al., 2012, p. 434).
Existen dos tipos de aproximaciones a las pruebas neuropsicológicas; las baterías estandarizadas, que han sido normalizadas y validadas para administrarse como un conjunto de pruebas, y las baterías flexibles, en las que la confiabilidad y validez están en función de la prueba que haya sido elegida para aplicarse (Woods et al., 2012). En este punto es importante considerar que la elección de las pruebas deberá ir orientada a determinar los déficits cognitivos, así como realizar una evaluación integral de las capacidades, alcances y deficiencias del individuo (Ostrosky, 2016; Woods et al., 2012). Para ilustrar mejor este punto, en las tablas 2 y 3 se describen algunas pruebas neuropsicólogicas utilizadas en los ámbitos clínico y forense, poniendo especial énfasis en aquellas que han sido validadas para población mexicana.
La implementación de la evaluación neuropsicológica como medio de prueba
La necesidad de incorporar la evaluación neuropsicológica a la psicológica, que se realiza hoy en día, se debe a que la reforma del nuevo sistema de justicia exige una mejor representación de esta disciplina en el ámbito forense mexicano (García-López et al., 2016; Rivera, 2013). Si bien es cierto que el peritaje psicológico forense de rutina incluye, dentro de otros aspectos, la evaluación del funcionamiento de capacidades mentales superiores (Fragoso, 2014; Peña, Andreu & Graña, 2014) y del daño neuropsicólogico derivado de un hecho constitutivo de delito (Gómez, 2007, en Rivera, 2013), existen ciertos conocimientos, habilidades y procedimientos que son propios de un psicólogo formado y especializado en el área de neuropsicología y psicopatología forense.
Por lo tanto, será imperante no solo que se realice una evaluación neuropsicológica, sino que ésta la haga un especialista en el área forense, quien debido a su formación académica y profesional posee un enfoque distinto al momento de realizar la peritación. Además, será preciso que la valoración neuropsicológica se complemente con las evaluaciones que realicen el psiquiatra, el neurocirujano, el neurólogo y el psicólogo (Kumar & Sadasivan, 2016). Al final, la interdisciplinariedad mencionada conduce al fortalecimiento de un concepto de amalgama: la psicopatología forense.
Con relación a la evaluación per se, primero se deberá obtener un consentimiento informado para llevarla a cabo; inclusive, puede recomendarse cuando la evaluación haya sido requerida por ordenamiento judicial. En el documento referido se comunicará al evaluado quién es la persona que lo evaluará, el motivo y alcance de la valoración, así como aspectos relativos al manejo y no confidencialidad de la información. Asimismo, habrá que considerar que para realizar esta diligencia se necesitará que el evaluado tenga la capacidad para dar el consentimiento, y para ello se sugiere que se le pida que lea en voz alta el primer párrafo de dicho documento y posteriormente lo parafrasee, lo cual será de gran ayuda para que el experto decida si el individuo posee la capacidad para dar el consentimiento (Leonard, 2015), y así determinar si se procede con la evaluación. Es muy importante tomar en consideración la voluntad de la persona que se va a evaluar.
Frente a lo anterior, será imprescindible que durante el transcurso de la evaluación neuropsicológica se consideren las características mínimas necesarias para que pueda ser de utilidad durante el procedimiento legal, dado que se necesita contar con ciertos elementos para que dicha prueba tenga rigor científico y se le otorgue mayor objetividad, validez y credibilidad durante el proceso de valoración por parte del juzgador.
En este sentido, para que el órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en la opinión de un experto, que en este caso sería del área de neuropsicología, necesita reunir las siguientes dos características: a) relevancia en el caso concreto, y b) evidencia científica fidedigna, obtenida a través del empleo del método científico.
Dicho de otra manera, se requiere que la teoría, técnica y/o método utilizado haya sido sujeto a pruebas de refutabilidad, así como de revisión y aceptación por parte de la comunidad científica, incluyendo el margen de error de la misma y si existen estándares o protocolos que controlen su aplicación (Jones et al., 2013; Kerkmans & Gaudet, 2016; Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007). Habría que mencionar, además, que el juzgador deberá tener certeza respecto a las aptitudes del experto para aplicar la técnica, que será sujeta al proceso de admisibilidad (Rakoff, 2008, en Kerkmans & Gaudet, 2016).
Por otro lado, se deberá tomar en cuenta que los factores antes descritos solo serán aplicables a los principios y metodología empleada, no a las conclusiones que estos puedan generar (Kerkmans & Gaudet, 2016). Igualmente, es conveniente subrayar que la admisibilidad o no de una determinada prueba no estará en función de si es reciente o no; así, e. g., Kerkmans y Gaudet (2016). Mercurio, García-López y Ostrosky (en prensa), entre muchos otros, han propuesto la aplicación del estándar Daubert, contemplado en el inciso “b” descrito con anterioridad, en la evidencia obtenida con técnicas de neuroimagen, desde que este tipo de técnicas están siendo crecientemente ofrecidas en casos de índole civil y penal, para dar mayor soporte al argumento de un experto con relación a la incapacidad para declarar en juicio e inimputabilidad derivada de alguna alteración a nivel cerebral (Jones et al., 2014).
Con relación a lo anterior, Faigman, Monahan y Slobogin (2014, en Kerkmans & Gaudet, 2016) proponen que la valoración de la evidencia se realice en dos niveles, haciendo una distinción entre dos diferentes tipos de evidencias: la grupal (o general framework evidence), en la que se hace una revisión de la teoría o técnica particular, y la individual (o individualized diagnostic evidence), que comprende la aplicación individual de dicha teoría o técnica.
Para ejemplificar este punto, en el caso de neuroimagen, la evidencia grupal correspondería a las imágenes obtenidas con la técnica empleada, mientras que la individual haría referencia a la determinación que realiza el especialista, con base en la interpretación fundamentada de dichas imágenes.
En este sentido, el estándar Daubert podría ser aplicable a ambos tipos de evidencia, y a través de la evaluación de los dos el juzgador podría valorar si existen datos con fundamento teórico suficiente para que las imágenes obtenidas sean admitidas (Kerkmans & Gaudet, 2016).
Dicho lo anterior, es ineludible el hecho de que la evaluación neuropsicológica con fines forenses permitiría recabar información desde una perspectiva distinta a lo que actualmente se realiza, lo cual sería de suma utilidad en la investigación de un hecho, en tanto que mientras se obtengan mayores elementos derivados de distintos tipos de intervenciones, el abordaje del hecho será más completo, dándole mayor certeza al órgano juzgador de que la teoría del caso planteada está fundamentada.
Ahora bien, para que la implementación de la evaluación tenga lugar, existen ciertos aspectos fundamentales que deben considerarse, tales como el operador, la instrumentación y los actores que integran el sistema de justicia, de modo específico el Ministerio Público, el abogado defensor, el asesor técnico y los jueces (Figura 1).

Fuente: Modificada a partir de García-López et al., 2010.
Figura 1 Factores que se deben considerar durante la implementación de la valoración neuropsicológica dentro de la evaluación psicológica en México.
Como se mencionó al inicio de este documento, del período del 2015 a la fecha se cuenta con tan solo dos peritos en neuropsicología y uno en psicología que realiza diagnóstico neuropsicológico; de ahí la necesidad de hacer nuevas contrataciones con perfiles profesionales especializados (Poder Judicial del Estado de Nayarit, 2016; Poder Judicial del Estado de Yucatán, 2017).
Tomando en cuenta lo anterior, el primer factor que se debe considerar, es decir, el del operador, implicaría realizar convocatorias públicas para contratar personal especializado en el área (García-López, Robles & González, 2010), con formación académica en torno a la relación entre mente y cerebro, el funcionamiento cognitivo normal y anormal, el sistema nervioso y la experiencia clínica de la sintomatología, y el manejo de las pruebas (García-López et al., 2016; Ostrosky, 2016).
Respecto al factor de la instrumentación, estaría estrechamente vinculado con los recursos económicos, en tanto que para llevar a cabo la evaluación se solicitaría la adquisición de pruebas neuropsicológicas estandarizadas, tanto generales como específicas, así como conseguir equipo para realizar técnicas de neuroimagen y estudios electrofisiológicos. En este sentido, también contemplaría la capacitación del nuevo personal en cada una de las baterías, pruebas neuropsicológicas y equipos adquiridos.
En cuanto a los actores del sistema de justicia, se necesitaría abarcar varios puntos: primero, que ellos conozcan la utilidad, pertinencia y alcance de la evaluación neuropsicológica, puesto que, por mencionar un ejemplo, una imagen cerebral no permitirá determinar la responsabilidad en un caso de mala praxis (Jones et al., 2013; Jones et al., 2014). Esto con la finalidad de que al momento de solicitar una evaluación en psicología, se tome en cuenta la información que podría obtenerse si la realiza un experto en neuropsicología, y con base en ello determinar si es conveniente o no que se realice el estudio. Asimismo, se deberá valorar en todo momento que la evaluación cumpla con los estándares de rigurosidad de una prueba científica, con el objetivo de asegurar la validez y calidad de la misma, atendiendo a las exigencias del sistema de justicia (García-López, 2016).
Consideraciones finales
La evaluación neuropsicológica es una herramienta de gran utilidad dentro del ámbito forense, puesto que permite la valoración de procesos psicológicos superiores que definen la experiencia de vida de un individuo, en tanto que la interacción entre dichos procesos cognitivos causa efectos a nivel biopsicosocial, y por ello son objetos de valoración. Además, los procesos referidos se estudian en función de la petición que realiza el juzgador, pudiendo valorarse con relación a la incapacidad laboral, funcionamiento intelectual y ejecutivo y/o la evaluación desde la perspectiva de la conducta violenta, la cual cobra mayor importancia en tanto que es un fenómeno multifactorial y complejo, que se encuentra estrechamente relacionado con la conducta delictiva.
En este sentido, hemos manifestado (García-López et al., 2006, 2010, 2014, 2016) con insistencia que la evaluación clínica con fines forenses requiere indispensablemente tomar en seria consideración los factores sociales, e incluso políticos, de la persona evaluada. Así, los expertos que están trabajando en este momento en instituciones relacionadas con la procuración, administración e impartición de justicia, disponen de una experiencia inestimable, que requiere un apoyo mayor, y que parte de ese apoyo se reclama a través de la actualización y acreditación profesional, e. g., en materia de neuropsicología forense.
No obstante, resulta imperante ser consciente de las limitaciones y alcance de la evaluación neuropsicológica, pero sobre todo de su utilidad en cuanto a la aportación de información relacionada con el funcionamiento cerebral y conductual de una persona, para lo cual la neuropsicología forense requerirá de personal capacitado y especializado, para que su implementación dentro de la evaluación en ámbitos jurídicos pueda llevarse a cabo. De ahí que el entrenamiento y preparación del experto sean factores fundamentales en la admisibilidad de la prueba. Además, se requiere que el experto posea la capacidad de seleccionar y utilizar de manera razonada y fundamentada los instrumentos psicológicos y neuropsicológicos pertinentes para el caso (Serafim et al., 2015), atendiendo a los requisitos mínimos de rigor científico para que la prueba sea valorada y admitida. En este sentido, vale la pena reiterar la responsabilidad que tienen las universidades de ofrecer programas de posgrado, debidamente acreditados, en materia de neuropsicología y psicopatología forense.
De igual manera, habría que señalar la relevancia de la multi e interdisciplinariedad, la cual permitirá que la evaluación se realice de manera más integral y completa, auxiliando al órgano juzgador a que su decisión tenga mayor fundamento, y se reúna la mayor cantidad de medios de prueba para conocer la verdad científica del hecho. Lo anterior, recordando que el perito es solo un enlace experto entre el juez y el conocimiento científico, pero la decisión -y la responsabilidad más alta- le corresponde a la judicatura. Lo contrario -recuerda Esbec- “convertiría al juzgador en mero espectador”.
Finalmente, es innegable que la implementación de la valoración neuropsicológica dentro de la evaluación psicológica de rutina en México es un gran reto, en tanto que se deben considerar múltiples factores para que se lleve a cabo de forma exitosa. En el presente trabajo se han descrito algunos factores relevantes; sin embargo, no son limitativos. Como se mencionó previamente, la cantidad de peritos en el área de psicología y neuropsicología es muy escasa, por lo que la necesidad de contratar a personas expertas en el área es imprescindible y cada vez más urgente.
Prescindir o postergar la inclusión de los avances que existen en el estudio científico del comportamiento humano, no hará sino ahondar la grave crisis por la que atraviesa, desde hace años, el sistema de justicia. Desde luego, la inclusión de la neuropsicología forense en los tribunales, fiscalías y cortes de justicia no significa la panacea para la solución de los conflictos que vulneran al justiciable, pero sí implica el fortalecimiento de un andamio imprescindible.













