Marco teórico y planteamiento

La politización de actores criminales

Estado y crimen organizado tienen una relación simbiótica desarrollada en zonas grises donde el control estatal no es absoluto. En cambio, coexiste o se delega a actores delincuenciales. Estos actores ejecutan acciones más allá de las estrictamente vinculadas a sus negocios ilícitos, tales como la violencia sistemática para controlar territorios y poblaciones, incluso inciden en diversos aspectos de la vida pública, desde la regulación de la vida comunitaria hasta la estructuración del poder local. En ese sentido, los actores criminales se politizan, no exentos de problemas de legitimidad y de disputas con un Estado que oscila entre la connivencia y el combate.

El propio Estado, en la perspectiva de Charles ^{Tilly (1985)} 2006), se construye de manera análoga al crimen organizado, pues elimina a rivales internos, extrae recursos, hace la guerra y protege a sus partidarios. El Estado salvadoreño, bajo el régimen de Bukele, ha emprendido una guerra interna contra las pandillas, encarcelando masivamente a pandilleros sin mando y personas inocentes, a la vez que protege liderazgos criminales. El Estado salvadoreño fortalece su aparato de vigilancia y control en el marco de un régimen de excepción permanente. La analogía propuesta por Tilly entre guerra, Estado y crimen organizado aparece en El Salvador bajo la represión de disidentes y la protección de criminales de alto rango. La violencia organizada del Estado salvadoreño ha eliminado a las estructuras pandilleriles que eran competidoras en la extracción de renta. El régimen bukelista opera, entonces, como crimen organizado. Las condiciones de posibilidad de esa operación se construyeron en gobiernos precedentes, particularmente desde el proceso de la tregua de pandillas durante la administración de Mauricio Funes.

La categoría de zona gris de la criminalidad (^{Trejo y Ley, 2022}) es útil para reconocer que las redes de macrocriminalidad se tejen y operan siempre con la colusión activa o pasiva de agentes del poder económico y político (^{Guerra-Sánchez, 2023}, p. 4). En El Salvador, las maras crecieron sobre todo a partir de que aprendieron a hacer política y negociar ante el Estado. La “zona gris” del poder estatal es un espacio donde se desdibujan las fronteras entre diversos actores sociales y políticos, incluyendo los estatales y los criminales (^{Auyero, 2007}).

En contextos de violencia colectiva, débil institucionalidad⁴ y corrupción extendida, existen interconexiones y complicidades entre diversos grupos, como los actores políticos y las élites, que promueven, toleran o participan directamente en actos socialmente dañinos (^{Auyero, 2007}, p. 32). En regiones de un Estado es posible que existan espacios privatizados de poder, incluso “sultanísticos” o “neofeudales” (O´Donell, 1993, pp. 1358-1359), donde la ley convencional no es aplicable. En esos espacios suelen prevalecer sistemas de poder local violentos.

La actividad criminal y los intentos del Estado para contenerla son asuntos políticos. El delito se politiza. El Estado, mediante la “gobernanza a través del delito”, utiliza el temor al crimen para justificar medidas punitivas y reforzar su autoridad. De modo que el discurso punitivo se convierte en una herramienta de legitimación política (^{Lyons y Sheingold, 2000}, p. 122). El Salvador ha sido un país donde el discurso de la “mano dura” contra las pandillas ha sido una constante desde los primeros años de este siglo.

Cuando un tema es objeto de debate público, particularmente en los medios de comunicación masiva, se dice que tal tema se ha politizado. Hacer o nombrar algo como político es politizarlo (^{Wiesner, 2021}, p.21); también lo es llevar un tema al espacio público, propiciando un antagonismo entre ciudadanos (^{Schmidt-Gleim, 2021}, p. 90). Así, los actores del crimen se politizan cuando adquieren relevancia al negociar con el Estado, influir en la agenda pública, intervenir en procesos electorales y construir un discurso público.

La politización de actores criminales no se da sin el Estado, sino en relación con él. Las mafias, por lo regular, proliferan en Estados débiles o cooptados por la corrupción, pues proporcionan bienes y servicios que el Estado no puede o no quiere proporcionar, como la resolución de disputas, oportunidades económicas y protección (^{Arsovska, 2015}; Gambetta, 1993; ^{Grillo, 2016}). Una vez politizadas y empoderadas, las mafias pueden utilizar su poder económico e influencia política para incidir en la toma de decisiones gubernamentales y en las elecciones. La relación entre actores del crimen y el Estado no es siempre antagónica sino simbiótica. El Estado interactúa con actores criminales para controlar ciertos territorios, mientras los actores criminales suelen buscar cobertura estatal para sus actividades ilícitas.

Politizados, los actores criminales ejercen poder por medio del control del territorio, la extracción de renta a través de la extorsión y el ejercicio de la violencia, con énfasis en la de tipo homicida. Como actores políticos, las maras utilizan la violencia y el terror para enviar mensajes al Gobierno y la sociedad, por lo regular, como respuesta ante medidas punitivas (^{Arana, 2005}, p. 98). Las pandillas no siguen solo la obtención de lucro, sino que buscan también incidir en el Gobierno y la sociedad civil; se las ha concebido, incluso, como un tipo de insurgencia criminal (^{Sampó y Bartolomé, 2014}, p. 101).

Los gobiernos de Mauricio Funes y de Nayib Bukele negociaron con liderazgos pandilleros reconocidos como interlocutores válidos. Negociar con grupos criminales implica, necesariamente, tal reconocimiento (Durán- ^{Martínez, 2022}, p. 29). Ello, en la medida en que la negociación implica reciprocidad y cooperación entre los actores participantes (^{Katz y Amaya, 2015}, p. 20). En ocasiones, los acuerdos de colusión entre actores estatales y criminales derivan en la reducción de la violencia homicida (^{Durán-Martínez, 2022}, p. 25), tal como ha ocurrido en El Salvador.

Los orígenes y estructura de la MS-13

El surgimiento de la MS-13 y su constitución como un actor criminal de carácter trasnacional es resultado de un proceso de larga data. Su origen puede ubicarse en dos grandes momentos de finales del siglo XX. En primer lugar, los costos sociales de la Guerra Civil salvadoreña (1980- 1992) provocaron la migración masiva de su población, especialmente de los jóvenes a Estados Unidos. En segundo lugar, la guerra contra las pandillas puesta en marcha a finales de la década de 1990 en Estados Unidos fue un factor determinante para la expansión de la MS-13 y su consolidación como una red criminal trasnacional altamente estructurada (Savenije, 2007, p. 637; ^{Dudley, 2020}, p. 24).

La MS-13 tuvo origen en la década de 1980 en Los Ángeles, California. La Mara Stoner, una de las primeras formas organizativas de lo que más tarde sería la Mara Salvatrucha (MS) surgió como un grupo de jóvenes con historias de vida marcadas por procesos migratorios forzados y trastocadas por el conflicto armado centroamericano, que encontraron en sus pares un sentido de identidad, pertenencia y comunidad frente a las condiciones sociales de exclusión que experimentaban en los barrios estadounidenses (Ward, 2013, pp. 73-80; Bruneau, 2014; ^{Dudley, 2020}). Sin embargo, este grupo atravesó, rápidamente, por una transformación radical impulsada por varios factores, entre estos: (a) la presión y la necesidad de defenderse de grupos pandilleros rivales, principalmente del Barrio 18⁵; (b) la política de mano dura que condujo al encarcelamiento masivo de los miembros de distintas pandillas; (c) la alianza de la MS con pandillas carcelarias de larga trayectoria como la mafia mexicana (^{Poritzky et al, 2022}); y (d) la deportación a gran escala de jóvenes con antecedentes criminales a sus países de origen. Ante el incremento de la violencia producida por las pandillas, a mediados de la década de 1990, la administración Clinton impulsó una política de mano dura para el combate del crimen violento. A esta estrategia se sumó el endurecimiento de las penas judiciales y el fortalecimiento del sistema policial⁶. La publicación de leyes condujo al endurecimiento de las penas por delitos relacionados con el tráfico, la posesión y la distribución de drogas; amplió la definición de crímenes relacionados con las pandillas y facilitó la deportación de migrantes condenados por delitos graves, también los procesados por delitos menores como la posesión simple de droga (^{Zilberg, 2007}; ^{Rodgers et al., 2009}; ^{Wheeler, 2020}).

Dos de las consecuencias más visibles del tratamiento punitivo de la violencia producida por los grupos pandilleros en la década de 1990 son la consolidación de la MS como un grupo altamente organizado y jerarquizado. La política de deportación masiva de migrantes con antecedentes criminales favoreció la expansión de la MS-13 , con lo que logró establecer una presencia operativa en Centroamérica, particularmente en los países que conforman el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), región donde se concentró el 90 % de las deportaciones desde Estados Unidos (^{Rodgers et al., 2009}, p. 8).

El encarcelamiento masivo de jóvenes adscritos a la MS y su contacto en prisión con otras pandillas históricas como la Eme o Mafia Mexicana dotó a la mara de un nuevo capital criminal y organizativo (Piil y Gorinas, 2020). En prisión, la MS-13⁷ aprendió y refinó la estructura organizativa de sus pares, lo que condujo a la formación de una compleja red jerárquica con márgenes de autonomía que le permite operar a nivel local, regional e internacional. En la base de la estructura organizacional de la mara se encuentran las clicas, células operativas compuestas por 10 - 50 miembros que maniobran a nivel barrial. Cada clica cuenta con márgenes de autonomía que les permite ejecutar las actividades delictivas locales, como la extorsión, el tráfico de drogas y el control territorial (Figura 1) ⁸.

Fuente: elaborado a partir de ^{Policía Nacional Civil de El Salvador (2016)}. Presentación sobre las maras o pandillas MS-13 y 18. Archivos filtrados por Guacamaya Leaks (2022).

Figura 1 Estructura de la MS-13 

La estructura jerárquica de la MS-13 le ha permitido mantener una fuerte cohesión interna, adaptarse y mantener el control de las operaciones trasnacionales. Así, asegura que las órdenes se ejecuten de forma uniforme en los distintos niveles de la estructura. La MS-13 ha transitado de ser un actor criminal local para consolidarse como una organización criminal trasnacional. En El Salvador, no solo ha monopolizado la regulación de la vida comunitaria y el control del poder local a través de la violencia y la extracción de la renta (eufemismo para extorsión), también ha expandido su influencia más allá de los límites nacionales.

La MS-13 como actor criminal trasnacional

El concepto de crimen organizado trasnacional remite a los grupos y actividades criminales que trascienden las fronteras, debido a su capacidad para expandirse más allá de los límites locales y nacionales, estableciendo redes de cooperación criminal que facilitan la búsqueda de mercados lucrativos para llevar a cabo actividades criminales predatorias. En algunos casos, esto permite trazar esquemas de gobernanza criminal (^{Picarelli, 2008}; ^{Allum y Gilmour, 2022}; ^{von Lampe, 2016}; ^{Lessing y Willis, 2019}).

Como organización criminal, la MS-13 se ajusta a las tres dimensiones clave del crimen organizado transnacional (COT), propuestas por Klaus ^{von Lampe (2016}, p. 294)⁹. Primero, sus actividades ilegales cruzan fronteras nacionales, para involucrarse en el tráfico de drogas, armas y personas, así como en la extorsión y el lavado de dinero, conectando la región centroamericana, México y Estados Unidos. En segunda instancia, la MS-13 es una organización móvil transnacional, con células y clicas activas en múltiples países (^{Farah y Babineau, 2017}). Por último, la mara ejerce una especie de “gobernanza” que se extiende más allá de sus países de origen, imponiendo autoridad sobre comunidades en Centroamérica y comunidades migrantes de Estados Unidos (United States v. Borromeo Enrique Henríquez et al., No. CR 20-577, 2020, p. 9).

En la primera dimensión, el establecimiento de relaciones con otras organizaciones criminales ha sido un aspecto fundamental que ha permitido a la mara tener acceso a redes más amplias de distribución de drogas, armas y otros recursos. Ello le ha asegurado la obtención de rentas permanentes, derivadas de distintas actividades criminales. En la última década, uno de los cambios más importantes experimentados por la organización está relacionado con un rol cada vez más importante en la cadena de tráfico de drogas, específicamente de cocaína, así como el establecimiento de vínculos con los carteles de la droga mexicanos. En este contexto, la MS-13 ha dejado de ser un actor marginal en los mercados ilegales para convertirse en un transportista clave, efectuando tareas de supervisión y control de rutas estratégicas en el Triángulo Norte Centroamericano, particularmente, en el corredor La Acéquia-Copán-El Paraíso, en Nicaragua (^{U.S. Department of Justice, 2023}).

En las últimas décadas, las actividades ilegales de la MS-13 se han diversificado. Además de las prácticas extorsivas que, históricamente, han ejercido en El Salvador (^{Moncada, 2021}), las operaciones de la MS-13 incluyen el tráfico de marihuana, cocaína, heroína y otros precursores químicos, a través de las clicas en el Distrito Este de Nueva York, su principal zona de influencia en Estados Unidos (^{E.D.N.Y. Dec. 1, 2020}, p. 9).

Por otra parte, la MS-13 también se ha involucrado en el tráfico y la explotación de personas, particularmente de migrantes centroamericanos. Esto le genera ingresos mediante el control de rutas migratorias, el coyotaje y el cobro de extorsiones a migrantes y sus familias (^{Lillie, 2017}). La MS-13 participa también en redes de extorsión transnacionales, donde obtienen fondos mediante el cobro de extorsiones a negocios y personas, tanto en Centroamérica como en comunidades migrantes en Estados Unidos. En 2016, la Operación jaque, investigación policial llevada a cabo en El Salvador reveló la existencia de una estructura llamada “La federación”, conformada por líderes de la MS-13 en libertad, encargada de la administración de la compleja red de actividades ilegales y extorsivas de la MS-13 (^{Valencia, 2016}).

La segunda dimensión propuesta por von Lampe (2016, pp. 308-309) se refiere a la presencia del COT en más de un país, donde la movilidad de los delincuentes puede promover redes criminales transfronterizas. En este sentido, además de la expansión geográfica internacional derivada de las políticas de deportación masiva, varios factores han potenciado la influencia trasnacional de la mara, entre estos, el establecimiento de relaciones con otras organizaciones criminales y el ejercicio de la violencia y el control territorial transfronterizo.

El vínculo de la MS-13 con los cárteles en México se ha logrado a través del Programa México. De acuerdo con documentos internos reservados de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC)¹⁰ y el Centro Antipandillas Trasnacional (CAT), desde hace más de una década, la MS-13 comenzó a migrar a México, a fin de fortalecer sus actividades criminales en el país. Entre 2013 y 2015, la Ranfla Histórica Nacional tomó la decisión de implementar el Programa México para establecer bases en el territorio y consolidar su presencia trasnacional, a través de sus vínculos con grandes grupos del narcotráfico con los cuales coordinan el apoyo de armamento y droga para la MS-13 en El Salvador (PNC, 2020).

De acuerdo con las entrevistas a presos de la MS-13 reportadas en los Informes Internos de la Subdirección de Inteligencia Policial de la PNC de El Salvador¹¹, el tráfico de armas hacia este país proviene de México y Nicaragua, trasportadas enpequeñas cantidades para facilitar su tráfico. Las entrevistas realizadas a los presos hacen referencia a dos líderes de la MS-13 - el Flaco de Francis y Krueger de la Ranfla Nacional- como cabecillas, encargados del tráfico de armas internacional, además exhiben los nexos con distintos cárteles mexicanos (PNC, 2018, p. 22).

El G que era el que le hacía el contacto con el cartel Z, con el cartel de Sinaloa y con un nuevo grupo denominado los Gates. Estos le conseguían armas y drogas a la pandilla por medio del G. Estos grupos, allá en México, piden 50 000 dólares por proveer ametralladoras M-60, pero la MS acá en el país (El Salvador) pagan 75 000 por cada una. (PNC, 2018, p. 97)¹²

Documentos reservados de la PNC sitúan la presencia de la MS-13 en ocho entidades del país, e identifican once miembros de la Ranfla Nacional radicados en México¹³. En cuanto al establecimiento de vínculos, las fuentes policiales revelan nexos de la MS-13 con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que los indicment emitidos por la Corte de Estados Unidos (^{E.D.N.Y. Dec. 1, 2020}, p. 10; E.D.N.Y. Sep, 22, 2022, p. 11) revelan relaciones de la MS-13 con los Zetas, el Cartel del Golfo, CJNG y Cartel de Sinaloa¹⁴.

Sumado al establecimiento de relaciones con otras organizaciones criminales, la MS-13 como actor del crimen organizado trasnacional también puede ser caracterizada a la luz dimensión de la gobernanza ilegal planteada por ^{von Lampe (2016}, p. 186). En el ámbito nacional, la MS-13 ha competido con el Estado por el control del uso de la violencia y el negocio de la protección-extorsión (^{Tilly, (1985}), 2006), monopolizando el poder local, interviniendo en procesos electorales y ejerciendo un control férreo sobre los centros penitenciarios salvadoreños.

A nivel transfronterizo, su capacidad de influencia se manifiesta en las prisiones de los Estados Unidos y en áreas como el este del distrito de Nueva York, donde la pandilla gestiona el cobro de extorsiones, el reclutamiento de nuevos miembros y la transferencia de recursos entre países. Asimismo, la MS-13 juega un papel central en la resolución de disputas y el establecimiento de un orden local mediante la ordenanza de la “apertura de las válvulas”, que autoriza el asesinato de rivales, testigos, agentes policiales o miembros violen las normas de la pandilla (^{E.D.N.Y. Dec. 1, 2020}; Sep, 22, 2022). En tanto actor politizado, ha impactado en las dinámicas políticas y de seguridad regional, particularmente a través de las treguas negociadas con los gobiernos de Mauricio Funes y Nayib Bukele, que buscaban contener la violencia homicida, al tiempo que formulaban un discurso político propio, tema que se explora en la siguiente sección.

La Ranfla Nacional de la MS-13 como actor político

Dos procesos de la historia reciente de El Salvador son fundamentales para comprender la politización de la Ranfla Nacional de la MS-13 y su rol preponderante no solo en la administración del crimen y la regulación de la violencia homicida, sino en la configuración misma del Estado y sus políticas de seguridad. El primero corresponde a la tregua de pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes, la que permitió a las pandillas empoderarse y convertirse en el factor clave para la regulación de la violencia homicida en el país. Además, desde entonces, su injerencia en la política nacional, incluyendo los procesos electorales, resulta fundamental. Eso se reivindica con el segundo proceso analizado: las negociaciones entre el gobierno de Bukele y la Ranfla Nacional para la baja en la violencia homicida y el fortalecimiento de su partido y proyecto político¹⁵.

La Tregua de pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes (2012-2013)

La tregua entre la MS-13 y Barrio 18 inició en marzo de 2012, con la mediación de la Iglesia Católica (por medio del capellán de la Fuerza Armada, Fabio Colindres) y el excombatiente y exdiputado del FMLN, Raúl Mijango. Los principales artífices del proceso fueron el presidente Mauricio Funes y su ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general David Munguía Payés.

El periódico ^{El Faro} reveló, el 14 de marzo de 2012, que al menos 30 de los principales líderes de las pandillas fueron trasladados del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales comunes (^{Martínez et al., 2012}). En este contexto, los líderes pandilleros tuvieron beneficios carcelarios como el uso de teléfonos celulares y dinero en efectivo (^{Dudley, 2020}). Adicionalmente, se relajó el control militar-policial tanto en prisiones como en las calles, de modo que los líderes pandilleros ordenaron la disminución de la violencia homicida. Así se pasó de un promedio de catorce a seis homicidios diarios (^{International Crisis Group, 2017}, pp. 8-9).

Politizados, los líderes pandilleros daban entrevistas, organizaban ruedas de prensa, emitían comunicados y participaban en misas masivas (^{Dudley, 2020}, p. 233; ^{Martínez y Martínez, 2018}, p. 242). Durante la tregua de Funes, las pandillas emitieron más de 25 comunicados, firmados por los voceros nacionales de las pandillas MS-13, Barrio 18 y otros grupos pandilleriles menos numerosos de El Salvador (Mao-Mao, Máquina, Mirada Locos y Retirados). En dichas proclamas los líderes de la MS-13 y Barrio 18, se consideran a sí mismos actores políticos, aunque afirman no aspirar a convertirse en una fuerza política electoral, reconocen su participación en la “política pública” y destacan su rol preponderante en el “proceso de paz”.

En varios comunicados, los líderes pandilleros enuncian su posición frente a las opiniones críticas sobre la participación política de las pandillas, destacando su carácter esencialmente político, situando su rol como un actor social y enunciando su involucramiento en la tregua como un acto deliberado de responsabilidad política.

El ser humano, en tanto es un ser social, es esencialmente político (…). Nadie está exento de ella (la política), aun aquellos que dicen no participar, porque el efecto de esta o bien nos trae beneficios o nos perjudica a todos. La diferencia radica en qué tipo de política es en la que se participa; existe la partidaria, la social y la pública, económica, etc. En nuestro caso, cuando tomamos la decisión de suscribir un acuerdo de cese de hostilidades, lo hicimos conscientes de que ello implicaba involucrarnos como actores de una política pública que tenía como propósito estratégico la recuperación de la paz social (^{Duodécimo comunicado, 13 de mayo de 2013})

El 19 de junio de 2012, se celebraron los primeros 100 días de la tregua en el Centro Penal de Izalco (^{Meléndez- Reyes, 2019}, p.133). El proceso fue concebido por los mediadores y las partes como un esfuerzo positivo de pacificación. En la proclama de ese día, los líderes pandilleros destacaron “los beneficios” de continuar con la tregua, haciendo énfasis en la reducción de la violencia homicida durante los primeros cien días.

Hasta el 8 de marzo de 2012, se registraba una tasa diaria de homicidios de un promedio de 14 fallecidos al día por causa de violencia. Pero, a partir del 9 de marzo, que dio inicio el proceso, se produjo una estrepitosa caída de los índices a un promedio de cinco diarios, situación que se ha mantenido durante los 100 días transcurridos, lo cual ha permitido una reducción de 850 fallecidos que, de no haberse producido nuestro acuerdo, hoy tendríamos que lamentar. (Tercer comunicado, 19 de junio de 2012)

En este comunicado, el hecho de que los líderes pandilleros vincularan directamente la reducción de la violencia con el acuerdo implica el reconocimiento implícito de su capacidad para controlar y regular los niveles de violencia en el país. Sin embargo, al igual que la mayoría de la población salvadoreña, el gobierno de Estados Unidos vio con recelo la tregua. En octubre de 2012, el Departamento del Tesoro incluyó a la MS-13 en su lista de Organizaciones Criminales Trasnacionales (^{Meléndez-Reyes, 2019}, p. 138).

Con el fin de arraigar la tregua a nivel local, en noviembre de 2012, se propuso la creación de “municipios santuario” como espacios libres de violencia pandillera (^{Tager y Aguilar, 2013}, p. 12). La iniciativa contó incluso con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su secretario general, José Miguel Insulza, fue testigo de un acto de desarme de pandillas en julio de 2012 y ofreció consolidar el proceso pacificador (^{International Crisis Group, 2017}, p. 10).

En este contexto, entre los compromisos asumidos por las pandillas, estuvo la declaración de todos los centros escolares del país, públicos y privados, como zonas de paz. Es decir, ya no serían considerados como zonas en disputa territorial (2 de mayo de 2012, Pos. 11). En comunicados posteriores, se destacó la incorporación de más demarcaciones territoriales a los Municipios Libres de Violencia, donde se destacaron como actores locales en la reducción de la violencia. Por ello, la experiencia se consideró “altamente exitosa” (12 de marzo de 2014, Pos. 17).

En mayo de 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional el nombramiento del general Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad, posición reservada para un civil. El general dejó el cargo y asumió el de ministro de Defensa. Su salida marcó el fin de la tregua. El nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, no continuó con el proceso. Cuando Salvador Sánchez Cerén asumió la presidencia, no continuó con la tregua y los líderes pandilleros regresaron al penal de Zacatecoluca a inicios de 2015, al tiempo que se reactivó la violencia letal a gran escala.

En el marco de las elecciones presidenciales de 2014, los líderes pandilleros, en más de un comunicado, se dirigieron directamente a los partidos políticos (FMLN y ARENA), así como a los candidatos presidenciales, haciendo un llamado a no politizar el tema de la violencia y a apoyar el proceso de paz, ofreciendo su colaboración para ser parte de la “solución”.

Al profesor Salvador Sánchez Cerén como presidente constitucional de la República, y el Lic. Óscar Ortiz como vicepresidente, les enviamos nuestras felicitaciones. Aprovechamos para expresarles que por nuestra parte seguimos empeñados en continuar con el proceso iniciado hace dos años. A los que no resultaron ganadores el 09 de marzo (el partido ARENA), les expresamos que no les guardamos ningún rencor ni resentimiento por lo que hayan dicho o hecho contra nosotros y contra el proceso de paz en la primera fase de la contienda; entendemos que esas acciones fueron parte de las estrategias electorales. (^{Decimonoveno comunicado, 12 de marzo de 2014})

A los miembros de los partidos políticos, los exhortamos a no perder la seriedad y la responsabilidad en el manejo del tema de la violencia, motivados por intereses de tipo electorero, impulsando iniciativas que en lugar de prevenir y disminuir violencia más bien la estimulan y alejan la posibilidad de alcanzar la paz. (^{Vigésimo segundo comunicado, 28 de agosto de 2014})

En 2016, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de captura contra negociadores de la tregua. Pero no se incluyó al general Munguía Payés, quien en el segundo gobierno del FMLN se mantuvo como ministro de Defensa. Si bien la tregua terminó, dejó un legado. Cuando Mauricio Funes la facilitó, pretendía moldear el comportamiento criminal (^{Arratia-Sandoval, 2022}). Durante su vigencia, la tregua logró una disminución del 40 por ciento en la violencia homicida. Durante el proceso, las pandillas aprendieron a “administrar” el número de homicidios en el país (^{Carballo, 2015}, p. 205). Las pandillas se posicionaron como actores políticos con capacidad de negociación ante el Estado salvadoreño, mostrando así una experiencia organizativa acumulada y capital social (^{Meléndez-Reyes, 2019}, p. 109). A lo anterior, se suma que las pandillas normalizaron la extorsión, legitimaron su liderazgo político y, con la tregua rota, se agudizó la remilitarización de la seguridad pública y las violaciones a los derechos humanos en El Salvador (^{Roque-Baldovinos, 2021}, p. 240).

En contraste del éxito político de las pandillas tras la tregua, los facilitadores del proceso tuvieron un peor destino. El expresidente Mauricio Funes (exiliado en Nicaragua) y el general Munguía Payés fueron procesados por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios por el caso tregua. En ausencia, el expresidente Funes fue condenado en mayo de 2023 a 14 años de prisión. Mientras Munguía Payés recibió una condena de 18 años de cárcel por su participación en la tregua. Adicionalmente, también enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito. El 28 de agosto de 2023, Raúl Mijango falleció mientras purgaba una condena de 13 años por extorsión agravada dictada en octubre de 2018.

La tregua dejó a las pandillas, a decir de ^{Gabriel (2018}, 29 de agosto)¹⁶, integrante del Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), durante el gobierno de Sánchez Cerén, la lección de “trabajar políticamente”. En su opinión, estos grupos criminales “aprendieron a negociar”, un aprendizaje que practicarían en los años subsecuentes.

En entrevista con altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) es común la referencia a la tregua como un proceso que empoderó a las pandillas y resultó contraproducente para la seguridad del país. ^{El subcomisionado Leonardo (2024)} reconoce que la disminución de los homicidios durante la tregua se acompañó de un incremento en la práctica pandillera de desaparecer a sus rivales. En opinión del subcomisionado, la tregua logró bajar la violencia pero no la delincuencia: “La seguridad no mejoró porque las personas trabajadoras, honradas, que salían a hacer sus actividades siempre estaban expuestas a la delincuencia y la incidenciadelincuencial contra estas personas no disminuyó tras la tregua, no de manera significativa. Sí disminuyeron de manera significativa los homicidios entre pandilleros”. Por esto, califica a la tregua como “ilegítima”.

Para el comisionado ^{Adrián (2019}, 18 de julio), la tregua “fue una decisión desgraciada para la sociedad salvadoreña, para la seguridad del pueblo en el sentido de que todo lo que causó fue mal”. La considera “una disposición politiquera electoral”, donde además de los mediadores, participaron “candidatos que iban para alcaldes, para que les permitieran entrar a hacer proselitismo a las áreas”. En coincidencia con su colega, el comisionado ^{Saúl (2018}, 21 de agosto) coincide en que la tregua politizó a las pandillas, a grado tal que en los procesos electorales extorsionan a partidos y a candidatos. Inicialmente, el comisionado ^{Carlos (2024)} estuvo a favor de la tregua como medida de pacificación:

Yo fui uno de los que justificaba que valía la pena hacer un esfuerzo de pacificación en el país y que si eso representaba dialogar con la parte que estaba ocasionando el problema y llegaron unos acuerdos de ya no recurrir a la violencia, sino que dedicarse a otras actividades, pues yo prefiero esa solución (…). No participé nunca en un diálogo directo, pero sí había un esfuerzo institucional por llegar, digamos, a acuerdos de pacificar el país con el objetivo de bajar los homicidios.

Pero el comisionado Carlos, al igual que otros altos mandos de la PNC entrevistados, reconoce que la tregua empoderó considerablemente a las pandillas: “A la larga agarraron más fuerzas las pandillas, sintieron hacer política. Entonces, ellos como que dijeron ‘nosotros somos un poder en este país y sin nosotros este país no hay, no tiene solución al problema de seguridad’. El problema de las pandillas se volvió el problema de la seguridad nacional”. La tregua empedoró a los liderzgos pandilleros a un grado tal del que parecía no haber ya vuelta atrás.

Las negociaciones del gobierno de Bukele con la MS-13 (2019-2022)

Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que arroja cifras de más de 80 000 personas privadas de la libertad y más de 300 muertos bajo custodia del Estado (^{Azul Originario et al., 2024}; ^{Baltazar, 2024}; ^{CIDH, 2024}). Se han suspendido garantías de debido proceso, a la vez que la violencia homicida ha llegado a mínimos históricos, con una tasa de 2.4 por cada cien mil habitantes en 2023. Antes de eso, entre junio de 2019 y marzo de 2022, el gobierno de Bukele reeditó el proceso ejecutado una década antes: la negociación con liderazgos pandilleros.

Apenas con un mes de ejercicio de gobierno de Bukele, los comisionados ^{Hernán (2019)}y ^{Adrián (2019)} ya vislumbraban la existencia de un acuerdo entre el Gobierno y las pandillas para la reducción de los homicidios. Así lo expresó en entrevista el comisionado Adrián: “Es una falacia que, de repente, han bajado los homicidios, ¿quién me dice que no están negociando con las pandillas? Es una práctica que no solo un gobierno lo hizo, sino que lo hicieron candidatos a alcaldes. Han llegado a entendimiento con ellos”. En coincidencia, el comisionado Hernán señaló que “(Las pandillas) están haciendo política”. Con el tiempo, la intuición de estos mandos en relación con la existencia de un pacto fue verificada por el periodismo de investigación.

Ya en su periodo como alcalde de San Salvador (2015-2018), Bukele había establecido acuerdos con las pandillas¹⁷. Desde la misma campaña de 2014, su equipo, por medio de Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, tuvo acercamientos con los liderazgos de las maras (^{Martínez y Reyes, 2023}). Esos acuerdos permitieron al entonces edil capitalino realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de San Salvador, incluyendo la construcción del Mercado Cuscatlán. Una vez en el gobierno nacional, nuevamente con la facilitación de Marroquín, más la participación de Osiris Luna, director general de Centros Penales, la negociación con los liderazgos pandilleros continuó.

La Fiscalía General de la República, por medio del Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), investigó las negociaciones del gobierno de Bukele con los liderazgos pandilleros. Sin embargo, en la primera sesión de la Asamblea Legislativa con mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, se destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, imponiendo a personajes afines al ejecutivo y cerrando de tajo con las investigaciones. Aunque no solo la fiscalía salvadoreña investigó las negociaciones de los emisarios de Bukele con las pandillas. También lo hizo a finales de 2019 la denominada Fuerza de Tarea Vulcano, conformada por agentes del FBI y la DEA. La fiscalía de Nueva York armó una causa en contra de Marroquín y Luna. Aun así, Bukele intercedió por sus funcionarios ante el entonces embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aplazando así el procesamiento de los negociadores (^{Silva- Ávalos, 2024}).

En septiembre de 2020, el periódico digital El Faro reveló en una investigación periodística las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas (^{Martínez et al., 2020}). Dentro de las negociaciones se incluyó la disminución de la violencia homicida y el apoyo electoral a Nuevas Ideas a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias. La investigación periodística se fundamentó en libros de novedades de centros penales y reportes de inteligencia, donde constan los encuentros entre los enviados gubernamentales y líderes de la MS-13.

A pesar de no tener problemas de salud, líderes pandilleros salieron en repetidas ocasiones hacia hospitales y asilos de ancianos, donde incluso tuvieron estancias prolongadas. Esto, con el objetivo de reunirse con enviados gubernamentales y girar instrucciones a pandilleros libres para el mantenimiento a la baja en los homicidios (^{Azul Originario et al., 2024}, pp. 23-24). Ilustrativo es el caso de Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias Diablito de Hollywood, identificado como el máximo cabecilla de la MS-13, quien estuvo internado 28 días en un asilo de ancianos y salió al menos nueve veces de prisión entre 2019 y 2022 (^{García y Quintanilla, 2023}).

El informe de actividades de 2021 del Grupo de Inteligencia Penitenciaria de la PNC, filtrado por Guacamaya Leaks (PNC, 2021), es muy ilustrativo sobre el orden dentro de las prisiones. De acuerdo con información de una fuente del Centro Penal de Ciudad Barrios, en enero de 2021 Inteligencia Penitenciaria conoció que las ranflas de las calles¹⁸ tenían “la llave” (el control), en coordinación con la ranfla de Zacatecoluca. A la par, varios pandilleros activos de la MS-13, recluidos en los penales de Quezaltepeque, Izalco y San Francisco Gotera, informaron en entrevistas que la instrucción de la ranfla era “correr el sur”, es decir,“mantenerse calmados” y no incrementar los homicidios contra rivales, ciudadanos ni agentes del Estado. También, varios informantes confirmaron que, en los penales de Gotera, Quezaltepeque, Ciudad Barrios e Izalco, convivían en las mismas celdas integrantes de diferentes pandillas.

Según el mismo informe, el 15 de febrero de 2021, un informante del Barrio 18 relató que pandilleros que habían salido libres llevaron el mensaje a las calles de votar el 28 de febrero por el partido Nuevas Ideas. Según las notas de inteligencia de mayo a agosto de ese año, la ranfla giró la instrucción de respetarse entre las diferentes pandillas dentro de prisión, no hacer “pegadas” que generaran alarma social y, sobre todo, no incrementar los homicidios. Ahora bien, el informe citado no presenta ya información aportada por internos a partir del mes de septiembre, pues el director general de centros penales, Osiris Luna, giró la instrucción de ya no aportar información a la PNC ni entrevistar a internos, esto al molestarse por fotografías que se filtraron sobre sus visitas al penal de Zacatecoluca¹⁹.

Al año siguiente, fue el rompimiento de los acuerdos entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Ello detonó el fin de semana más violento en la historia de El Salvador de la posguerra. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, la MS-13 asesinó a 87 personas²⁰, luego de la detención de algunos pandilleros. Fue ese incremento de la violencia homicida lo que propició la implementación del régimen de excepción vigente (noviembre de 2024). A la par, en Estados Unidos, están en marcha procesos contra líderes pandilleros que negociaron con el gobierno de Bukele y que recibieron beneficios, incluida la libertad.

Dos acusaciones (indictment) son las formuladas por la justicia estadounidense en contra de integrantes de la Ranfla Nacional de la MS-13. El primer indictment data de diciembre de 2020 y en él la Fiscalía neoyorkina acusa de terrorismo a catorce integrantes de la Ranfla Nacional. De los acusados, supuestamente once debían estar presos en El Salvador, y en aquel año tres se encontraban prófugos, pero serían detenidos en años posteriores: Fredy Iván Jandres, alias Lucky, capturado en marzo de 2024 en California²¹; César Humberto López Larios, alias Greñas, detenido en México en junio de 2024²², y Hugo Armando Quintero Mineros, alias Flaco, detenido en El Salvador en marzo de 2021.

Un mes después de la captura de Flaco, Estados Unidos solicitó a El Salvador en extradición a los doce ranfleros que supuestamente debían estar presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia subordinada a Bukele ha negado esas extradiciones (^{El Faro, 2022}). Algunos de esos líderes no solo recibieron beneficios carcelarios, sino que incluso fueron liberados a pesar de tener sentencias firmes. Algunos de ellos ya han sido detenidos, particularmente en México, y trasladados a Estados Unidos donde enfrentarán procesos penales por terrorismo.

Un caso paradigmático de la protección del gobierno de Bukele a los integrantes de la Ranfla Nacional es el de Élmer Canales Rivera, alias Crook. Este líder pandillero fue liberado secretamente en noviembre de 2021, a pesar de estar cumpliendo una condena de 40 años de prisión y ser reclamado en extradición por Estados Unidos. Esto fue revelado por audios donde consta que Carlos Marroquín, funcionario de Bukele, en persona, llevó al líder pandillero a Guatemala (^{Martínez, 2022}). En noviembre de 2023, Crook fue detenido en México y enviado a Estados Unidos. El gobierno de Bukele había intentado recapturar infructuosamente al líder pandillero que él mismo había liberado (^{Martínez et al, 2024}).

El segundo indictment contra la Ranfla Nacional de la MS-13 fue dado a conocer el 23 de febrero de 2023. En él, la Fiscalía de Nueva York acusó a 13 integrantes de la Ranfla de terrorismo y tráfico de personas. Cuatro de los acusados, integrantes del Programa México, fueron capturados en territorio mexicano y enviados a Estados Unidos²³. Un quinto acusado, Cruger, de quien se desconocen los detalles de su detención, fue presentado ante la Corte del distrito Este de Nueva York, el 30 de julio de 2024 (^{Flores, 2024a}). La acusación también señala a Osiris Luna y Carlos Marroquín como emisarios del gobierno de Bukele para las negociaciones con la Ranfla.

La Prensa Gráfica dio a conocer que Saúl Antonio Turcios Ángel, “el Trece de Tecla”, fue asesinado en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (^{Bernal y Flores, 2024}). Trece, uno de los líderes históricos de la MS-13, fue encontrado dentro de su celda el 30 de agosto de 2024, con heridas con arma punzocortante. Según la investigación periodística, meses antes, Trece había sido aislado porque otros miembros de la Ranfla Nacional de la MS-13 querían asesinarlo. Se supone que él fue uno de los cabecillas que avaló la jornada violenta de marzo de 2022, que detonó el régimen de excepción. Trece, quien purgaba una pena de 144 años de prisión, era uno de los líderes históricos reclamados en extradición desde 2021 por Estados Unidos. Este caso demuestra que, con todo y la aparente desestructuración de las pandillas bajo el régimen de excepción, varios de sus líderes continúan operando políticamente.