Introducción^*

La práctica sindical envuelve un conjunto de dilemas sobre sus márgenes, contornos, límites y potencialidades. En este artículo nos concentramos en uno de ellos, relativo a las múltiples formas en que, en un espacio y tiempo delimitados, diferentes organizaciones sindicales procuraron articular el sindicalismo y la política. Estudiaremos las acciones políticas desplegadas por los grupos sindicales que condujeron las centrales sindicales argentinas —Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)²— entre los años 2007 y 2015. Nos circunscribimos a esta etapa porque durante estos años, coincidentes con las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron lugar cambios en las iniciativas de politización sindical. Este análisis atiende, por un lado, a las diferentes arenas políticas en las cuales se emplazaron dichas acciones; por el otro, a los componentes que moldearon el curso de esas acciones.

Estas preguntas de investigación se apoyan sobre el lugar preponderante que han ocupado los sindicatos argentinos en la escena política desde mediados del siglo XX (^{James, 2005}; ^{Torre, 2004}). Sin embargo, buscan recuperar también la irreversible transformación que tuvo lugar desde los años ochenta, cuando los cambios en el mercado de trabajo y las transformaciones al interior del peronismo desgastaron dicha gravitación (^{Levitsky, 2005}). En los último años, se ha señalado que el sindicalismo ha vuelto al centro de la escena aunque con características novedosas: corporativo, segmentado (^{Etchemendy y Collier, 2008}) y fragmentado (^{Varela et ál., 2016}). Aquí nos preguntamos ¿de qué forma este sindicalismo parcialmente recompuesto ha actuado políticamente?

Para dar cuenta de la acción política de las centrales sindicales, nos centramos en los grupos que lideraron su conducción en esta etapa: en el caso de la CGT, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA)³ hasta 2012 y, de 2012 en adelante, las fracciones de este grupo (el moyanismo y el Núcleo MTA), los “independientes” y los “gordos”⁴; en el caso de la CTA, la Corriente Germán Abdala (y sus escisiones luego de 2010). Estos nucleamientos son entendidos como espacios intermedios de coordinación entre sindicatos de actividad que combinan posturas políticas y gremiales relativamente perdurables y una composición inestable en términos de sus miembros (aunque algunos de ellos son gravitantes en cada espacio.

La estrategia metodológica empleada en este artículo es cualitativa y la construcción de información se nutre de distintas fuentes: entrevistas semiestructuradas realizadas a dirigentes sindicales que ocuparon cargos en el Consejo Directivo de la CGT o en la Mesa Nacional de la CTA en el período analizado⁵, documentos y solicitadas publicadas por las centrales sindicales e información periodística proveniente de dos diarios de tirada nacional (Página/12 y La Nación).

La hipótesis que guiará este trabajo es que durante esta etapa cobraron forma cuatro formas de acción política situadas en un continuum que va de la separación a la superposición entre sindicalismo y política: la acción netamente corporativa, la disputa por la representación política fuera del espectro peronista, la disputa por la representación política dentro del espectro peronista y la “politización de lo gremial”. Mostraremos este desenlace a través de una estrategia expositiva cronológica que distingue tres momentos de la acción política.

Una mirada sociopolítica de la acción sindical

Los márgenes de la acción sindical han sido objeto de múltiples controversias:

¿dónde termina la acción de los sindicatos? ¿La acción gremial y la acción política transitan carriles paralelos o se cruzan? ¿Ese cruce es ocasional o la superposición es inevitable? Consideramos que toda acción gremial es, de por sí, una acción política tendiente a discutir cómo se distribuyen esfuerzos y compensaciones en una sociedad estructuralmente desigual. En este sentido, lo gremial y lo político constituyen ámbitos estrecha e inevitablemente articulados, solo distinguibles analíticamente. En virtud de ello, para delimitar y estudiar un objeto específico, definiremos a las acciones políticas de las centrales sindicales como aquellas que, debido al alcance formal de su representación, se orientan al conjunto de los trabajadores sindicalizados y que incluyen, pero también trascienden, la discusión por la compra, la venta y el uso de la fuerza de trabajo. El esquema analítico elaborado para reconstruir de forma articulada esas acciones (^{De la Garza Toledo, 2018}) presta atención a dos núcleos centrales: los lugares en los que se emplaza la acción política y las dimensiones que operan como determinantes en la concreción de dichas acciones.

La acción política de las centrales sindicales se localiza en arenas múltiples que, en diferentes oportunidades, construyen “juegos anidados” (^{Tsebelis, 1988}): aquello que sucede en alguna de estas arenas repercute sobre otras, y viceversa. Cada arena política comprende un entramado en permanente actualización de pautas, rituales, modos legítimos de hacer y decir, actores con posiciones desiguales y preocupaciones compartidas. Para este artículo identificamos tres arenas políticas en las que actúan las centrales sindicales: la arena político- gremial, donde la disputa central son la condiciones de compra, venta y uso de la fuerza de trabajo del conjunto de los trabajadores; la arena político-organizativa, donde la disputa central es la definición y conformación de herramientas organizativas para representar políticamente a los trabajadores; la arena político- institucional, donde la disputa central alude a la participación y gestión del poder institucional en ámbitos de diálogo social o en los poderes legislativo y ejecutivo.

En relación con los determinantes de la acción política, reparamos en aquellos que son de índole instrumental, organizativa e identitaria. La dimensión instrumental se vincula con los recursos de poder, a los que entendemos como “atributos (capacidades o medios) de actores (individuales o colectivos) que los habilitan a recompensar o castigar a otros actores” (^{Korpi, 1985, p. 33}, traducción propia). Desde esta perspectiva, el poder es acumulativo: a más recursos, más poder.

Recuperamos la idea de recursos de poder para redefinirla como capacidades de las que disponen las centrales sindicales y que pueden movilizar para obtener determinados objetivos. Apoyándonos en ^{Senén González y Haidar (2014)}, destacamos la importancia de tres tipos de recursos: los recursos de poder económicos permiten una incidencia sobre el mercado de trabajo, los recursos de poder políticos habilitan una incidencia sobre el gobierno y los partidos políticos y los recursos de poder organizativos fortalecen internamente a la organización.

Una perspectiva centrada en los recursos de poder como única variable explicativa del comportamiento sindical supondría que los actores evalúan racionalmente cada situación, conocen los recursos de los que disponen y movilizan aquellos que consideran más pertinentes para ese escenario. Ello implica una racionalidad acotada que desconoce “otras racionalidades que operan a la par en el sentido práctico de los actores” (^{Hurtado et ál., 2018, p. 15}). A raíz de esto, buscamos ensamblar también otras dimensiones que nombramos “organizativa” e “identitaria”.

Respecto de la primera, el modo en el que los recursos de los que se disponen son puestos en uso está condicionado por la forma de la organización que establece “patrones de acción estables, reproducidos en el tiempo y en el espacio” que brindan un marco a las acciones y a la vez son actualizados por ellas (^{Armelino, 2015, p. 248}). Ese conjunto de reglas posee diferentes grados de formalización e incluye desde el marco normativo que rige para todas las organizaciones sindicales hasta pautas de acción informales que regulan la vida interna de cada una de ellas, pasando por los estatutos en los que se enuncian los objetivos, los mecanismos y el diseño organizativo de cada sindicato. En este punto existen fuertes contrastes en los estatutos de la CTA y la CGT: mientras que a la CGT solo pueden adherirse sindicatos de primer y segundo grado, a la CTA pueden adherirse trabajadores individuales, cooperativas u otras organizaciones. Esto ha permitido que a la CTA se afilien trabajadores precarios o trabajadores desocupados, sobre todo durante los años noventa. Además, en la CGT las elecciones son indirectas, a través de congresales proporcionalmente distribuidos de acuerdo con la cantidad de afiliados de cada organización sindical. En la CTA, las elecciones son directas: los afiliados eligen una lista para conducir los destinos de la central.

Estas regulaciones orientan dinámicas de funcionamiento, formas de participación y decisión. Como afirma ^{Abal Medina (2014)}, estas pautas no son “letra muerta”, sino una zona en tensión que —en diálogo con legados históricos, rasgos identitarios y opciones abiertas en cada coyuntura— delinea las prácticas sindicales.

La tercera dimensión por destacar es la identitaria, que refiere a aquellos principios interpretativos compartidos por ciertos actores sindicales, que son perdurables a lo largo del tiempo y que organizan clivajes estableciendo fronteras entre “nosotros” y “ellos”. ^{Aboy Carlés (2001)} ha señalado, a propósito de la identidad política, su carácter dinámico, la importancia de las alteridades como exterior constitutivo y de la tradición como un elemento que articula pasado, presente y futuro. Las tradiciones, como dimensión de las identidades, conforman un sedimento actualizado permanentemente a través de las acciones. Debido a que esto constituye un proceso ilimitado, nos interesará enfocarnos en la reactualización identitaria que las organizaciones sindicales realizaron respecto de las discusiones sobre la autonomía sindical y sobre la articulación entre acción gremial y acción política.

A lo largo de este artículo reconstruiremos las acciones políticas desplegadas por las centrales sindicales en distintas arenas prestando atención a los componentes instrumentales, identitarios y organizativos que moldean su concreción. Ello nos permitirá delimitar tres etapas con características diferentes y afirmar que ciertas discusiones en el terreno identitario devinieron centrales para delinear cursos de acción.

Los gobiernos kirchneristas y la acción sindical

Existe un vínculo indisoluble entre los cambios económico-políticos y las prácticas políticas de los actores sociales para explicar la configuración del orden social (^{Bensusán, 2001}; ^{Trujillo y Retamozo, 2018}): a la vez que los cambios estructurales, los marcos regulatorios y los sistemas políticos condicionan el despliegue de ciertas estrategias, la acción de sujetos gremiales y políticos contribuyen a moldear esos escenarios. A propósito de esto, es oportuno señalar que las condiciones económicas y políticas para la acción sindical en Argentina atravesaron un cambio sustancial entre 2002/2003 y 2015. Dentro de esta etapa podemos distinguir un primer momento (2003-2007) donde se sentaron las bases de un vínculo gobierno-sindicatos en el terreno gremial y una segunda etapa (2007-2015), objeto de este artículo, que fue testigo de múltiples iniciativas de politización a nivel de las centrales sindicales.

El escenario económico de la temprana posconvertibilidad estuvo marcado por el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo y estable, el impulso a la producción nacional, una sostenida mejora del mercado laboral y una gradual política salarial expansiva, primero a partir de aumentos de suma fija y, luego, mediante la recomposición de instituciones laborales (^{Campos et al., 2010}). Sin embargo, en términos económicos, la etapa estuvo conformada por tres etapas: luego de una fuerte recuperación entre 2003 y 2007, su mejora se desaceleró y, de 2011 en adelante, las principales variables del mercado de trabajo ingresaron en una fase de estancamiento (^{Beccaria y Maurizio, 2017}).

Al cabo de los primeros cuatro años de gobierno kirchnerista quedó demostrado que el actor sindical sería un baluarte fundamental de la alianza gobernante (^{Etchemendy, 2013}; ^{Marticorena, 2015}). Inicialmente, el vínculo se fraguó en el terreno gremial: la celebración de negociaciones colectivas en todos los sectores de actividad, la reactivación del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM), la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral y la tolerancia gubernamental a la vigorización de los conflictos laborales conformaron importantes concesiones de tipo laboral (^{Etchemendy, 2019}). Los sectores sindicales que habían protagonizado la década anterior y que se encontraban reunidos en la CGT Oficial (los “gordos” y algunos gremios que apoyaban incondicionalmente el rumbo del gobierno menemista) se volvieron actores de reparto en esta nueva etapa y, en los primeros meses de gobierno, tanto la CTA (conducida por la Corriente Germán Abdala) como la CGT Disidente (liderada por el MTA) se convirtieron en interlocutoras privilegiadas del kirchnerismo (^{Lucca, 2014}). Entre 2004 y 2005, la CGT se reunificó y quedó bajo la conducción de Hugo Moyano (líder de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, FNTC).

Importantes contribuciones se detuvieron a indagar en clave política la dinámica sindical de la época iniciada en 2003: haciendo foco en los arreglos institucionales y en los recursos de poder organizativos dispuestos por los sindicatos, ^{Murillo (2013)} y ^{Etchemendy (2013)} han destacado que su atesoramiento, luego de las transformaciones de los años noventa, permitió a las organizaciones recomponerse una vez que esos recursos fueron revalorizados. Otras miradas han prestado una atención mayor a la perspectiva de los actores y a las expectativas que el kirchnerismo concitó (^{Anigstein, 2019}; ^{Armelino, 2012}; ^{Iglesias, 2012}). A la sombra de un proceso de desindicalización del Partido Justicialista (PJ) iniciado con el retorno de la democracia en Argentina (^{Levitsky, 2005}), algunos de estos autores han actualizado el interrogante sobre el vínculo entre sindicalismo y política analizando no solo la participación sindical en la estructura del PJ y en el poder legislativo, sino también en otras experiencias organizativas (^{Morris, 2020}); ^{Natalucci, 2015}). En este artículo buscamos contribuir a esta línea de investigación estudiando específicamente la acción política en el nivel de las centrales sindicales y de las organizaciones sindicales que las conducen.

2007-2010: el “salto a la política” de las centrales sindicales argentinas

A pocos meses de haberse iniciado el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una serie de dificultades económicas (^{López, 2015})⁶, tuvo lugar un conflicto político con entidades agropecuarias desatado por el intento gubernamental de aumentar el gravamen para las exportaciones de algunos granos. Rápidamente, el espacio político se polarizó entre quienes renegaban de la medida y quienes la defendían. Entre marzo y julio de 2008, el conflicto se localizó en las instituciones gubernamentales, en las plazas y las rutas, donde los manifestantes del “campo” hicieron visibles sus reclamos impidiendo el paso en los caminos e invocando a la ciudadanía a prestar su apoyo.

En ese escenario de polarización social y política, las centrales sindicales fueron interpeladas como actores políticos y no solo como actores gremiales, puesto que el revés de la disputa por la renta era el debate sobre el modelo de desarrollo. Ni la CGT ni la CTA fueron las mismas antes y después del conflicto, ya que su dinámica interna resultó fuertemente sacudida por el devenir de la contienda.

A lo largo del conflicto, la CGT ensayó diferentes repertorios de intervención: el desbloqueo de caminos en las rutas, la participación en movilizaciones convocadas por el Gobierno nacional en apoyo a la medida, la acción legislativa durante los debates en la Cámara de Diputados y la intermediación en la negociación con cámaras empresarias. Estos repertorios involucraron a distintas mediaciones político-sindicales, pero el MTA (grupo que conducía la CGT) y la FNTC (sindicato gravitante del MTA) fueron protagonistas en esta coyuntura.

La única instancia donde la CGT intervino orgánicamente como central sindical fue la publicación de una solicitada en los principales diarios nacionales que apoyaba la medida oficial (^{CGT, 2008}). De las demás acciones participaron solo algunas organizaciones. El “desbloqueo” de los caminos tomados por los ruralistas fue protagonizado por la FNTC y no fue acompañada por los grupos enfrentados a la conducción de Moyano en la CGT, pero tampoco por algunos de sus aliados más cercanos dentro del MTA. Un dirigente entrevistado afirmaba

Néstor un día dice […] Moyano andá y cruzale los camiones a los del campo. Es la concepción de la política de que somos fuerza de choque […]. Entonces nuestra idea sindical es no ser fuerza de choque, lo cual no quiere decir no ser combativo sino no ser dependientes tácticos de un poder político. Es una concepción distinta⁷.

A pesar de estas diferencias, el MTA participó de otras acciones como las movilizaciones convocadas por el gobierno en respaldo a su iniciativa, donde también asistieron algunos gremios de la CTA cercanos al gobierno nacional (principalmente, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina [CTERA] y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires)⁸. De este repertorio no formaron parte ni sindicatos rurales ni los sindicatos aliados a Luis Barrionuevo, el principal opositor de Hugo Moyano en la CGT⁹. En cuanto a las intervenciones legislativas, los tres legisladores de la CGT que actuaban como diputados nacionales (pertenecientes a distintas organizaciones)¹⁰ exhibieron alineamientos opuestos y formas alternativas de concebir la acción política en la arena político-institucional.

El mapa de las mediaciones político-sindicales que protagonizaron las diferentes acciones se anida con lo ocurrido en otros dos escenarios. Por un lado, la renovación de autoridades de la CGT a mediados de 2008; por otro, la reorganización partidaria en el seno del PJ. Los sectores que no acompañaron ninguna de las acciones durante el conflicto agropecuario fueron los mismos que venían siendo relegados en la CGT y que quedaron fuera del nuevo Consejo Directivo. De hecho, un sector liderado por Luis Barrionuevo se separó para conformar la CGT Azul y Blanca¹¹. En cuanto al PJ, el impulso de una reorganización partidaria luego de algunos años de una construcción política “despejotizada” (^{Rocca Rivarola, 2015}), favoreció a los sectores que lideraban la CGT en esta nueva etapa. Como corolario de la “cooperación mutua” (^{Anigstein, 2015}) que caracterizó el vínculo entre Néstor Kirchner (presidente del PJ) y Hugo Moyano, el dirigente camionero fue designado como vicepresidente segundo del partido, Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica) como secretario gremial y otros dirigentes del MTA y del grupo “independiente” en las vocalías del partido¹².

Mientras que el principal saldo de la participación cegetista en el conflicto agropecuario fue el fortalecimiento del liderazgo de Moyano, en el caso de la CTA su intervención minó una frágil aunque duradera articulación entre sindicatos del sector público que se disputaban la conducción de la central y que integraban la Corriente Germán Abdala: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y CTERA. De forma progresiva, estos sindicatos conformaron y lideraron organizaciones internas a la corriente. En los años previos al conflicto, ambos habían moldeado formas diferentes de vinculación con el gobierno. CTERA había trazado una relación estrecha a partir del cauce de algunas demandas gremiales y de su participación en la definición de políticas educativas¹³. En cuanto a ATE, aunque por primera vez había aceptado firmar el Convenio Colectivo de Trabajo, había criticado diferentes aspectos de la política laboral en la arena político- gremial (^{Retamozo y Morris, 2015}).

Asociadas a estos recorridos disímiles, se encontraban dos herramientas políticas complementarias pero con horizontes políticos diferentes. CTERA promovía una Paritaria Social, que buscaba expandir la negociación institucionalizada a distintos ámbitos. ATE impulsaba la Constituyente Social (CS), un espacio de encuentro entre organizaciones sindicales, sociales y políticas que aspiraba a conformar un nuevo sujeto popular¹⁴.

El conflicto agropecuario dificultó la continuidad de estas experiencias organizativas y pronunció las diferencias entre los dos sindicatos que disputaban el control de la CTA. Aunque la posición oficial de la Central era relativamente equidistante al polo oficialista y al polo ruralista¹⁵, el modo de llevarla a la práctica difirió sustancialmente en una y otra organización.

El escenario legislativo fue testigo de tal disparidad y, mientras dos de los tres diputados con los que contaba la CTA (cercanos a la línea de CTERA) defendieron el mecanismo de las retenciones como una medida redistributiva, otro votó en contra del proyecto oficial¹⁶. Las diferencias se plasmaron también en otros ámbitos: al mismo tiempo que el sector liderado por ATE “respaldó […] la postura de la Federación Agraria”¹⁷ —una de las organizaciones representantes del sector agrario— invitando a sus dirigentes a actividades gremiales, el otro grupo liderado por CTERA participó de las movilizaciones convocadas por el oficialismo para respaldar la medida impositiva¹⁸.

El proyecto impulsado por el Gobierno fue rechazado en la Cámara de Senadores, pero el Gobierno buscó recuperarse de ese traspié a través del despliegue de medidas contracíclicas que robustecían el consumo privado y las finanzas públicas, a la vez que concedían demandas instaladas por diferentes actores sociales y políticos. Entre ellas se encontraban la estatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la implementación de una asignación universal por hijo para protección social y la nacionalización de aerolíneas argentinas.

Nuevamente, este proceso tuvo un impacto diferencial para las centrales sindicales. En cuanto a la CTA, cada una de esas políticas públicas recuperaba y colocaba en la agenda gubernamental algunos reclamos históricos que eran parte de su identidad política (^{CTA, 1992}, ¹⁹⁹⁶, ²⁰⁰⁷). La forma de interpretar esta nueva etapa kirchnerista distanció aún más a los dos espacios sindicales y trazó el surco para el despliegue de diferentes formas de acción política. El grupo liderado por CTERA interpretaba que era momento de “ser parte de este movimiento de transformación”¹⁹, diagnóstico que sustentaría una progresiva “politización” de las luchas gremiales; mientras que el grupo encabezado por ATE consideraba que las “banderas populares” habían sido “usurpadas” y que era necesario resistir los intentos de “destrucción y cooptación”²⁰. Esto, en cambio, impulsaría un intento por representar políticamente a los trabajadores desde un espacio alternativo.

En el caso de la CGT, estas políticas no fueron tan relevantes como el conflicto agropecuario y las mediaciones político-sindicales reactivadas en ese contexto. A partir de entonces, un sector del sindicalismo cegetista buscó recuperar el protagonismo político perdido décadas atrás (^{Natalucci, 2015}). Para ello, no solo incidió en la arena político-institucional mediante el desembarco en el PJ, sino que también lanzó una herramienta en la arena político-organizativa: la Corriente Nacional del Sindicalismo Peronista (CNSP) y su rama juvenil, la Juventud Sindical.

A lo largo del conflicto agropecuario había quedado en evidencia que, para el MTA, era necesaria una instancia que aglutine a quienes tenían “afinidad política”²¹, ya que el órgano político de la CGT —“las 62 Organizaciones”— había asumido posiciones contrarias al Gobierno y a la conducción de la CGT. La CNSP buscaba convertirse, entonces, en el “brazo político-sindical” de la CGT bajo la conducción del MTA²². Los promotores de la CNSP buscaban disputar algunos sentidos históricos sobre la relación entre el movimiento obrero y el peronismo en tanto gobierno, en tanto identidad política y en tanto expresión partidaria: ¿qué significaba concretamente ser la columna vertebral del movimiento peronista? ¿El rol del movimiento obrero era ser su columna vertebral o ser su cabeza? ¿Quién debía detentar la conducción del movimiento político en esta etapa? En el lanzamiento de la CNSP, Hugo Moyano (máximo dirigente de este espacio) decía:

Perón se basó en el movimiento obrero como columna vertebral del movimiento nacional y popular y yo creo que cuando dijo eso […] entendía que los hombres del movimiento obrero no estaban preparados todavía para ser la cabeza… pero hoy le podemos decir, mi general, descanse tranquilo, ¡que los hombres del movimiento obrero estamos en condiciones de asumir esa tamaña responsabilidad! (^{Infocamioneros, 2010})

En definitiva, esta coyuntura en la que las centrales fueron invocadas a demostrar un compromiso político con la fuerza en el Gobierno implicó una irreparable ruptura para la CTA. En cambio, para la CGT supuso el fortalecimiento de su conducción y un avance simultáneo sobre diferentes arenas políticas. La forma organizativa de las centrales sindicales, históricamente sedimentada, aporta elementos para explicar esta disparidad: la CTA apostó a ser al mismo tiempo una central sindical y un movimiento político (^{Retamozo y Morris, 2015}), y en dicho contexto esto se volvió una fuente de debilidad. La CGT, defensora de la unidad sindical a pesar de las dispares opciones políticas (más proclive a separar que a unir la arena gremial y la arena política), se pronunció de forma orgánica en muy pocas oportunidades y fue la organización que la conducía la que, fortalecida, hizo visible su apoyo a través de diversos repertorios.

2010-2012: cortocircuitos e interferencias en la politización del sindicalismo

Entre mediados de 2010 y mediados de 2012, los intentos de politización de los grupos que conducían las centrales sindicales se toparon con múltiples dificultades. En primer término, las tensiones internas sobre cómo debían vincularse el sindicalismo y la política. En segundo término, la controversia sobre el vínculo con el kirchnerismo, procesada hacia adentro y hacia afuera de cada central, que ponía de relieve un asunto fundamental en la conformación histórica del movimiento obrero argentino: la autonomía sindical. Ambas discusiones propiciaron la crisis y bifurcación de algunas estrategias.

El escenario, además, era notoriamente diferente a aquel en el que se habían conformado espacios para incidir en la arena política. En la segunda mitad de 2010, el fallecimiento de Néstor Kirchner transformó las condiciones políticas para la acción sindical. Desde entonces, tuvo lugar un proceso de “reperonizacion identitaria” por fuera de las estructuras del PJ (^{Rocca Rivarola, 2015}) en un contexto de intensificación de las disputas al interior de la alianza gobernante. En ese proceso de constitución de una “fuerza propia”, las organizaciones juveniles tuvieron un indiscutido protagonismo en desmedro de otras organizaciones sindicales y políticas. A su vez, la forma del liderazgo ejercido por Cristina Fernández en esta etapa (como presidenta y como líder política del espacio kirchnerista) promovió un vínculo directo con la ciudadanía que salteaba distintas mediaciones políticas (^{Aboy Carlés, 2014}). En definitiva, el escenario político abierto tras la muerte de Kirchner implicó, para un sector de la CGT, la pérdida de un “articulador” fundamental: “la muerte de Néstor Kirchner hizo que el campo nacional y popular perdiera el conductor. Y me parece que eso no se cubrió nunca más”, manifestaba un dirigente del MTA durante una entrevista personal.

La incursión del MTA en distintas arenas políticas resultó relativamente estéril en sus resultados. El liderazgo sindical en el PJ no fue refrendado por todos los sectores del partido y una de las muestras más contundentes fue el escaso acompañamiento legislativo que tuvo la presentación de un proyecto de ley que procuraba repartir el 10 % de las utilidades empresarias netas anuales entre los trabajadores²³. Pese a la gravitación del sindicalismo en el partido, las expectativas sindicales de ocupar lugares importantes dentro de las listas legislativas del Frente para la Victoria en las elecciones de 2011 fueron postergadas²⁴.

El deterioro de los vínculos entre este sector y el Gobierno terminó en fractura una vez iniciado el segundo mandato de Cristina Fernández en el 2011, cuando, días después de la asunción presidencial y conocidos los nombres que integrarían el nuevo gabinete, Moyano anunció públicamente que renunciaba a sus cargos en el PJ. En su discurso de renuncia, el dirigente se refirió a una serie de demandas gremiales que luego articularían una alianza entre fracciones sindicales opositoras (^{Morris, 2021}) y remarcó la importancia del movimiento obrero como sustento de la identidad peronista, elemento que consideraba ausente del programa y del armado kirchnerista para la nueva etapa. El avance simultáneo sobre diferentes arenas políticas estaba motivado por una disputa en clave instrumental que buscaba mayores recursos de poder político, pero también estaba informado por un intento (frustrado) de resindicalizar la política.

Hasta entonces, la cercanía con el gobierno había suturado diferencias entre los grupos sindicales que cohabitaban la CGT (^{Wyczykier y Anigstein, 2013}).

Desgastado ese vínculo, las discusiones que separaban a unos de otros (en especial, al nucleamiento conducido por Moyano de los “gordos” e “independientes”) ocuparon un primer plano y propiciaron la ruptura de la CGT. Los cuestionamientos al estilo del liderazgo ejercido por Moyano al frente de la CGT y las discusiones sobre cómo intervenir políticamente coadyuvaron a ese desenlace. Respecto a este punto, existían diferencias en dos niveles: uno sustantivo —de qué asuntos debía ocuparse el sindicalismo y de cuáles no— y otro estratégico —cómo debía hacerlo—. Dentro de la CGT había quienes, desde una concepción netamente corporativa de la representación sindical, consideraban que el sindicalismo no debía involucrarse con la acción política; otros dirigentes, por el contrario, creían que el sindicalismo y la política no transitaban vías separadas, sino contiguas. Pero allí aparecían discusiones respecto a cómo superponer ambas esferas: algunos confiaban en las “62 Organizaciones” como herramienta para incidir políticamente, otros en el hecho de “estar en la mesa”²⁵ e incidir en los procesos de tomas de decisión y otros en la posesión de cargos ejecutivos o legislativos que validen un rol directivo. También había quienes sostenían la necesidad de impulsar herramientas políticas que surjan del seno del sindicalismo. En palabras de un entrevistado: “salir del campo sindical, irte a construir a lo político y social, pero parado desde tu propia organización”²⁶.

Estas diferencias se hicieron presentes en un contexto de politización del grupo que conducía la CGT y de tensiones con el kirchnerismo. Los “gordos” (con quienes ya existían fricciones)²⁷ y los independientes tenían una postura tendiente a separar sindicalismo y política, mientras que algunos miembros del MTA acordaban con la estrategia de Moyano, pero no con sus tácticas. En un comunicado, este grupo manifestaba que “los ritmos de la profundización del proyecto nacional y popular los [fijaba] el gobierno” (^{Foetra, Fatel, Sadop et ál., 2012}). Además, cuestionaba el liderazgo ejercido por Moyano, porque, como secretario general de la CGT, había priorizado que “cada uno [fuera] por su lado”²⁸, sabiendo que no todos los sindicatos tenían la misma capacidad de presión para fortalecerse. Cierto descuido de la dimensión colectiva e incomprensión de las particularidades que debía asumir la disputa política con un gobierno afín, le valieron a Moyano el desencuentro con sus excompañeros del MTA.

En ese marco, para la elección de autoridades de la CGT del año 2012 quedaron delineados dos campos contendientes: de un lado, los dirigentes más cercanos a Hugo Moyano, críticos del Gobierno nacional; del otro, los dirigentes más críticos del rumbo escogido por Moyano y más cercanos al kirchnerismo. Aquí se encontraban ex miembros del MTA (que se autodenominaron “Núcleo MTA”), “gordos” e “independientes”, entre otros. Entre abril y octubre de 2012, la ruptura de la CGT se concretó con la puesta en marcha de dos cronogramas electorales paralelos (^{Natalucci y Morris, 2016}). El MTEySS avaló las elecciones del espacio liderado por Antonio Caló (contrario al moyanismo y cercano a la postura gubernamental) que conservó la personería gremial. En adelante, esta CGT sería la CGT Alsina, y la CGT moyanista, CGT Azopardo.

También la CTA atravesó su primera ruptura en esta etapa. El proceso de elección de la central sindical en 2010 fue el catalizador para que las tensiones abiertas por el conflicto agropecuario se cristalizaran en la conformación de dos espacios opuestos. La fracción liderada por CTERA y encabezada por Hugo Yasky conformó la Lista 10 “La lista de todos”. Bajo la dirección de Víctor de Gennaro y de Pablo Micheli, dirigentes de ATE, se conformó la lista 1 “Germán Abdala”. Si bien los primeros reconocían avances promovidos por el kirchnerismo en el Gobierno y los segundos sostenían una posición más crítica al respecto, otros clivajes ordenaron también la contienda. La defensa de la “autonomía”, del carácter alternativo de la CTA y de su perfil movimientista se convirtieron en asuntos primordiales, tensionados y resignificados en este contexto (^{Morris, 2020}).

Para la Lista 1, el gobierno y la CGT buscaban “absorber” a una CTA que se había vuelto “sindicalera” (es decir, exclusivamente centrada en los trabajadores formales) y echar por tierra tanto su carácter autónomo como alternativo. Era momento, entonces, de recuperar la línea fundacional e ir “por más CTA” intentando reforzar la construcción gremial. Ser “autónomo” era para ellos ser “políticamente independientes”²⁹; para algunos, incluso, de cualquier partido político que surgiera del seno de la central sindical. Para la Lista 10, la CTA debía atravesar una nueva etapa y abandonar la “testimonialidad” para confrontar “con coherencia ante el bloque dominante”. “Autonomía sindical” no era sinónimo de “neutralidad política” ni impedía que la CTA fuera parte de un proyecto político más amplio. Un dirigente de este espacio manifestaba que el kirchnerismo había “empezado a ocupar el espacio de la representación política de las demandas populares”³⁰. Ante eso, “el movimiento popular tenía que ir hacia la ofensiva y […] politizar todas nuestras definiciones”. Ir hacia la ofensiva no implicaba “partidizar”, diría luego, sino “hacer una lectura política, [inscribirse] en un relato mayor, en un proyecto, en las luchas de América Latina”³¹. “Politizar”, entonces, suponía adherir al proyecto político kirchnerista para representar políticamente las demandas de los trabajadores.

El día que se celebraron las elecciones, ambas listas se atribuyeron el triunfo. El curso de los procedimientos administrativos y judiciales iniciados para esclarecer el resultado de las elecciones volvieron inevitable la ruptura definitiva y favorecieron un funcionamiento separado de las dos CTA. la CTA Autónoma (CTA-A), conducida por la Lista 1, y la CTA de los Trabajadores (CTA-T), de la Lista 10.

Tras la ruptura, ambas fracciones perdieron recursos de poder económicos y organizativos, pero ganaron un amplio margen de maniobra para impulsar cursos de acción política. La CTA-A apostó por instalar demandas económicas en la arena político-gremial mediante paros y movilizaciones, y por fortalecer la construcción gremial interna. Se desarrollaron elecciones de delegados en diferentes espacios laborales y geográficos, se conformaron federaciones, se impulsó una campaña masiva de afiliación y se promovió el sostén de espacios orgánicos de la central (^{CTA, 2011}). Esto no implicó un abandono absoluto del proyecto de congeniar la acción sindical y la acción política pero, sí una reconfiguración de la Constituyente Social (CS) en tanto iniciativa impulsada por este sector:

El esfuerzo principal estuvo en salvar la CTA como experiencia histórica. Así quedaron postergadas otras iniciativas: la CS queda postergada, la CTA no tiene fuerza como para llevar adelante un proceso de reconstrucción de la unidad del movimiento popular. Entonces el esfuerzo principal está puesto en preservar la central y en intentar, aunque con debilidad, sostener un grado de intervención política, no abandonar el proyecto de intervención electoral³².

Ese “grado de intervención política” estuvo dado por el lanzamiento de un partido político —la Corriente Nacional por la Unidad Popular (UP)— que se apoyaba en el espíritu de la CS (^{UP, 2011}), pero circunscribía su impronta movimientista a la participación en el juego electoral. Así, desde las elecciones de 2011 en adelante, el partido integró diferentes frentes políticos con otras fuerzas de centroizquierda.

Mientras tanto, la CTA-T impulsó una participación en la arena político- institucional a través de instancias de diálogo tripartito promovidas por el Gobierno. En el primer Plenario Nacional de Delegados de la CTA-T se votó el apoyo a la fórmula Fernández-Boudou para las elecciones presidenciales de 2011 y, en adelante, se privilegiaron los pronunciamientos públicos en apoyo a políticas de gobierno, la participación en instancias tripartitas de diálogo social y la asistencia y convocatoria a movilizaciones plebiscitarias convocadas por el kirchnerismo. A través de estas formas de participación política, la CTA-T forjaba un modo de acción que procuraba “politizar lo gremial” inscribiendo los logros sindicales en una narrativa de mayor alcance sin que ello implicara una incorporación en elencos gubernamentales ni en instancias orgánicas de conducción política.

En síntesis, durante esta etapa, los intentos de (re)sindicalizar la política y politizar el sindicalismo se toparon con dificultades externas e internas. El contexto político fue sustancialmente distinto a aquel en el que estas herramientas se habían ideado. A su vez, la revisión y actualización de algunos principios identitarios fundamentales tales como el lugar del movimiento obrero en el peronismo o los sentidos de la autonomía sindical, se trasladaron al funcionamiento interno de las centrales sindicales y resquebrajaron su unidad.

2012-2015: el giro corporativo de la acción política

Entre mediados de 2012 y fines de 2015, la acción política de los grupos que por entonces conducían las cinco centrales sindicales mostró nuevos matices. El principal fue la articulación de diversas acciones de protesta que incluyeron paros generales y, de forma secundaria, movilizaciones en el espacio público protagonizadas por las tres centrales sindicales opositoras al Gobierno nacional: la CTA Autónoma, la CGT Azul y Blanca y la CGT Azopardo. La reunión de las tres centrales sindicales en torno a un conjunto de demandas compartidas fue llamada “Unidad de acción”.

El debilitamiento de la posición comercial y financiera argentina en el mercado internacional (^{Wainer, 2017}) y el deterioro de la economía doméstica y del mercado de trabajo fueron el telón de fondo de esta estrategia. Según el INDEC, las tasas de actividad y empleo se redujeron al mismo tiempo que la tasa de desempleo subió medio punto en 2014. En algunas ramas, la actividad económica se contrajo y la cantidad de empleos industriales se vio reducida (^{Cifra, 2015}).

Salvo algunas excepciones, los acuerdos salariales negociados tendieron a acompañar la inflación (^{ODS-CTA, 2015}), pero las cláusulas de “paz social” y de crisis (despidos, suspensiones, reducciones de salario) cobraron relevancia en las negociaciones colectivas. La conflictividad laboral de esta etapa refleja también el retroceso en el mercado laboral: entre 2012 y 2015, los conflictos laborales se incrementaron por encima del 25 % respecto al período 2007-2012. Los conflictos por mejoras salariales fueron preponderantes, pero los motivados por “pagos adeudados” y por “despidos y renovación contractual” tuvieron una importancia mayor que en los años previos³³.

En ese marco, uno de los propósitos de la “unidad de acción” entre centrales sindicales opositoras fue la de fortalecer los recursos de poder organizativos y económicos recuperando la capacidad de representar una creciente conflictividad en los lugares de trabajo y de incidir en un mercado de trabajo con salarios reales depreciados. Además, esta alianza procuró abrir un canal de diálogo con el Gobierno y con otros partidos políticos.

Para los actores sindicales, “unidad de acción” era el nombre de una alianza táctica que potenciaba reclamos comunes mediante acciones conjuntas, pero no comprometía la especificidad de cada una de las partes (sus programas, estrategias, concepciones y dinámicas internas). Los reclamos sobre los que se apoyaba eran, principalmente, la universalización de las asignaciones familiares y la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que gravaba a los trabajadores de mayores ingresos. En ambos casos, se trataba de reclamos que involucraban a los trabajadores “del techo” (^{Abal Medina, 2014}), aunque el contorno de dicha denominación era controversial. Por su parte, la CTA-A demandaba también la “libertad y la democracia sindical”, y el fin de la precarización laboral, entre otros reclamos.

La arena político-gremial fue el escenario privilegiado para la acción conjunta. Sobre la base de articulaciones previas entre los miembros de la alianza, fueron convocados cinco paros generales entre 2012 y 2015: noviembre de 2012, abril y agosto de 2014, marzo y junio de 2015. Hacia el final de la etapa, algunas organizaciones que conformaban la CGT Alsina también asistieron a las medidas de fuerza³⁴. No obstante, la adhesión de estas organizaciones fue marginal y, pese a la coincidencia con los reclamos, la pertenencia a los distintos grupos y centrales sindicales condicionó los repertorios escogidos para instalar estas demandas.

Mientras que los sectores opositores al Gobierno impulsaron acciones conflictivas, la CTA-T y la CGT Alsina reforzaron su participación en la arena político-institucional efectuando sus reclamos en ámbitos como el CSMVM³⁵.

La articulación no estuvo exenta de tensiones internas. Frente a las elecciones legislativas de 2013, las alianzas políticas y el impulso a las herramientas de acumulación política propias restringían los acuerdos en la arena político-gremial. Además, hacia 2015, las diferencias entre los actores que integraban esta alianza se hacían notar (^{Morris, 2021}). La potencia aglutinadora del deterioro económico y laboral, así como de los conflictos acaecidos en los lugares de trabajo, no alcanzaban para solidificar la alianza. La expectativa de reunificar la CGT (las elecciones de la confederación se concretarían en 2016) y de acercar posiciones con la CGT Alsina condicionaba los tiempos y las modalidades de las medidas de fuerza, ya que propiciaba cierta moderación en los reclamos. Mientras que la CGT Azopardo buscaba reunificar a los distintos sectores de la CGT, liderar ese entramado y plantear una oposición a las políticas del gobierno en la arena gremial, la CGT Azul y Blanca buscaba fortalecer a la oposición partidaria al kirchnerismo en la arena político-institucional y presentar un esquema de conflictividad ininterrumpida³⁶. Coincidir en la acción no implicaba fundirse en un nuevo actor sindical, sino conservar los modos propios, pero algunos de los rasgos identitarios de las centrales sindicales resultaron tensionados por la forma que asumió esa acción conjunta. La alianza y las demandas que la sustentaban constituían, para algunos dirigentes de la CTA-A, una vulneración del carácter alternativo de la central y una subsunción de un programa “para toda la clase trabajadora” a una serie de “reclamos acotados”³⁷.

A lo largo de estos años, la conflictividad no fue solo laboral. El despliegue de una política de control de cambios orientada a morigerar la pérdida de divisas fue el catalizador de protestas protagonizadas por sectores medios y altos en grandes centros urbanos. Entre 2012 y 2015, estas coincidieron con la conformación y el fortalecimiento de espacios partidarios con capacidad para competir, disputar y conquistar el terreno electoral: el Frente Renovador, el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo en las elecciones de 2013, y la alianza Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2015. A eso debemos sumar las debilidades de una fuerza política kirchnerista replegada sobre una “fuerza propia” que subordinaba antiguos aliados (^{Rocca Rivarola, 2015}).

En ese marco, los grupos que conducían las centrales sindicales participaron de la arena político-institucional de forma fragmentada, con proyectos debilitados en su potencia política. Al cabo de estos años, el sindicalismo que se había propuesto aunar acción gremial y acción política a través de acciones político-organizativas pasó de postular plataformas políticas e impulsar candidatos propios a no constituir ni condicionar el desarrollo de la oferta política a nivel nacional.

En cuanto a la CGT Azopardo, así como intentó encausar las demandas gremiales en los paros generales, vehiculizó sus demandas políticas principalmente a través del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, lanzado en 2012. Pero ya desde sus inicios, no logró convocar a todos los actores que habían formado parte de la CNSP sino que se apoyó fundamentalmente sobre las seccionales de la FNTC que Moyano lideraba. No obstante, para las elecciones legislativas de 2013 el partido se alió con las nuevas expresiones políticas del peronismo opositor al gobierno y consiguió una banca de diputado nacional. Hacia 2015, el bloque legislativo que esta fuerza había conseguido conformar se quebró y la fuerza no logró articular una propuesta electoral de alcance nacional.

Algo similar pasó en el caso de la UP, socavada por las diferencias entre quienes la impulsaban y quienes, en cambio, apostaban a fortalecer la construcción gremial mediante alianzas con las demás centrales sindicales. Algunos dirigentes de la CTA-A señalaban que la autonomía debía tamizar la relación con cualquier partido político, siendo la UP un partido más entre otros. Para las elecciones de 2015, las discusiones internas de la CTA-A culminaron en una nueva fractura sindical (concretada tiempo después) y en una participación electoral que no pudo trascender las elecciones primarias³⁸.

Además del debilitamiento de las herramientas políticas surgidas del sindicalismo, otra característica de esta etapa fue que los grupos de la CGT perdieron relevancia como espacios de referencia política en la arena político-institucional. La fragmentación política para las elecciones de 2015 (favorecida por la inicial dispersión de la oferta electoral) constituye una evidencia de este proceso: aunque la gran mayoría de los sindicatos agrupados en la CGT se volcaron hacia candidatos de orientación peronista, sus acciones en esta arena fueron desarticuladas. Tanto al interior de la CGT Alsina como de la CGT Azopardo los apoyos estuvieron repartidos entre los distintos candidatos (^{Morris, 2018}). En la CGT Azul y Blanca (de volumen e importancia sustancialmente menor a las otras) el apoyo fue para el Frente Renovador. El caso de la CTA-T fue la excepción a la pauta de la fragmentación política; allí la apuesta por la “politización de lo gremial” fue una práctica extendida a todos los sindicatos que eran parte de la central.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo reconstruimos de forma articulada el modo en que las organizaciones que condujeron las centrales sindicales argentinas entre 2007 y 2015 buscaron resolver un dilema estructural de la práctica sindical: su relación con la política. Para ello, abrevamos en un enfoque analítico pluridimensional y atento a las múltiples arenas en las cuales la acción política cobra forma. Dada la heterogeneidad política de las centrales sindicales, nos centramos en el análisis de los grupos que las conducen asumiendo que es allí donde es preciso hacer énfasis para ahondar en la acción política.

Un contexto —por distintas razones— auspicioso abrió una ventana de oportunidad para la politización de las centrales sindicales. En ese marco, cobraron forma distintos modos de acción política que se pueden situar en un continuum entre la separación y la superposición entre sindicalismo y política. Aunque estas modalidades buscan dar cuenta del caso argentino entre los años 2007 y 2015, es posible extrapolarlas a otras latitudes y marcos temporales.

La primera de esas formas supuso una concepción netamente corporativa de la representación sindical que tendió a separar sindicalismo y política y que concentró su politicidad en la arena político-institucional (mediante la incursión de algunos dirigentes puntuales en estructuras partidarias) y en la arena político- gremial (a través de repertorios institucionalizados de diálogo social). Esta ha sido la posición de algunos grupos que condujeron la CGT de 2012 en adelante (principalmente, “gordos” e “independientes”). Las otras formas de acción política procuraron una superposición entre el sindicalismo y la política que se plasmó de múltiples maneras. Una de ellas implicó una disputa por la representación política de los trabajadores dentro del espectro peronista que se asentó, principalmente, en la arena político-organizativa mediante la proyección y concreción de diferentes espacios políticos. Este fue el caso de la organización MTA hasta 2011 y del moyanismo de 2012 en adelante. La tercera modalidad también estuvo enfocada en la arena político-organizativa, pero, a diferencia de la anterior, buscó disputar la representación política de los trabajadores desde una posición alejada del peronismo. El sector de la CTA-A que apostó por la conformación la CS y la UP representa esta modalidad. La cuarta forma de amalgama entre el sindicalismo y la política involucró la “politización” de las definiciones gremiales (es decir, su inscripción en un programa de mayor alcance) pero no conllevó una disputa conflictiva por la representación política de los trabajadores. Esta forma de acción, encarnada por la CTA-T durante este período, se ciñó principalmente sobre la arena político-gremial (mediante la participación y el acompañamiento de decisiones gubernamentales en instancias de diálogo social).

Analizar las acciones sindicales como una reacción unívoca al contexto puede conducirnos a construir una mirada monolítica y heterónoma sobre las organizaciones y sus cúpulas. En este artículo, hemos optado por indagar cómo los actores sindicales procesaron internamente algunas discusiones relativas al contexto y otras más permanentes que, en este escenario particular, adquirieron nuevos ribetes. En la etapa analizada, los debates sobre la autonomía sindical y sobre la articulación entre sindicalismo y política —fuertemente arraigados en la historia y en la identidad del sindicalismo argentino— tuvieron una relevancia central: ¿qué relación debían y podían mantener las organizaciones sindicales con un gobierno cercano?, ¿correspondía a las organizaciones sindicales conducir el movimiento peronista?, ¿cómo debían hacerlo?, ¿qué otros anudamientos entre sindicalismo y política eran deseables en esa coyuntura? En este artículo, hemos buscado desentrañar algunas de las complejidades supuestas en la traducción de un liderazgo gremial (individual o colectivo) en un liderazgo político.