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Introducción
Las publicaciones académicas facilitan el acceso a nuevos conocimientos y fomentan el pensamiento crítico y significativo. Este proceso inició en 1478 en la Universidad de Oxford y se ha extendido a lo largo de los años por el mundo, estableciendo la producción, preservación y difusión del conocimiento como uno de los propósitos fundamentales que las universidades deben asumir como entes encargados de contribuir al desarrollo científico y académico en la sociedad a partir de las tres funciones que les han sido encomendadas: la docencia, la investigación y la extensión. Hoy, “las universidades en todo el mundo procuran la actividad editorial en una oficina de publicaciones, centro de publicaciones, fondo editorial o una editorial universitaria” (Jiménez y González, 2013, p. 179).
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, de 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO– fijó, entre sus prioridades, la promoción del saber mediante la investigación y la difusión de sus resultados, como consecuencia de esto las universidades han presentado un incremento en la publicación del conocimiento que generan (Rama, Uribe y De Sagastizábal, 2006).
Por su parte, en el ámbito latinoamericano la generación del conocimiento científico y tecnológico se concentra principalmente en las universidades y centros gubernamentales de investigación. Según Casas (2015), quien cita datos de la Unesco, el 70 % de estas actividades están financiadas por el sector público. Sin embargo, en América Latina este crecimiento no ha sido simétrico, ya que las capacidades institucionales —en términos de infraestructura, recursos económicos, tecnológicos y humanos— dependen del nivel de desarrollo del país donde se desarrollan. Siguiendo a Benito Ramírez (2016) existe una correlación positiva entre el desarrollo de un país y su actividad científica, pues son los países con un mayor nivel de desarrollo los que cuentan con mayor número de investigadores y con más apoyos para la realización de los proyectos de investigación.
Frente a este contexto, se destaca la importancia que tienen las publicaciones académicas como agentes de divulgación y transferencia del conocimiento y el pensamiento (Córdoba-Restrepo, 2019, p. 108). Esto es particularmente relevante en las universidades, ya que culminado el proceso investigativo deben transmitirse los resultados —el nuevo conocimiento— para que sea recibido y posteriormente convalidado por la comunidad académica. En este proceso las editoriales universitarias desempeñan un papel crucial “actuando como el puente entre la universidad y la sociedad” (Restrepo-Arango, 2023).
En Colombia, en los últimos años se ha observado un incremento en la formación de conocimiento científico, lo que ha acelerado la producción editorial. En el caso de las universidades, este estuvo impulsado por direccionamientos nacionales como el Decreto 1444 de 1992 y las precisiones realizadas posteriormente mediante el Decreto 1279 de 2002, donde se dictan disposiciones en materia salarial para los docentes de las universidades públicas, concediendo puntos por la productividad editorial (Unimedios, 2009). Además, por los requisitos del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, que tuvo su primer modelo de medición de grupos de investigación en 1998 (Minciencias, 2024), “que exigen a los investigadores validar su producción, entre otras maneras, a través de la producción de libros” (Giraldo-González, Giménez-Toledo y Córdoba-Restrepo, 2022).
Si bien los estudios realizados sobre el desarrollo de las políticas editoriales en Colombia y el papel de las editoriales universitarias son pocos, se resaltan los aportes de Moyano Grimaldo (2007) en Análisis del desarrollo y las políticas editoriales de las publicaciones universitarias colombianas; los del equipo de investigación de la Cartografía de la edición académica iberoamericana (ES CIENCIA, s.f), entre los que figuran textos de Elea Giménez Toledo, Juan Felipe Córdoba Restrepo, Esteban Giraldo González y Jorge Mañana Rodríguez; el trabajo de Restrepo-Arango (2023), Editoriales universitarias colombianas y el informe realizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia –ASEUC– (2003) Balance de la actividad editorial universitaria en Colombia, 1998 – 2002.
Dichos informes dejan ver que la realidad del país no se aleja de la situación latinoamericana, estos documentos evidencian dificultades producto de no tener claras rutas de comercialización y distribución, problemas derivados de la poca asignación presupuestal, inestabilidad al estar supeditados a los cambios administrativos y la extensa carga laboral a los profesores encargados, pues como indica Consuelo Uribe Mallarino (2016) en muchos casos “los editores son profesores convertidos empíricamente en tales, (por lo que) el tiempo para la tarea editorial se disputa con las ya complicadas tareas de investigador, docente y gestor” (p. 2).
No obstante, ante este panorama, hay que tener presente que “en los años noventa muchas universidades colombianas realizaron un giro importante al asumir que sus editoriales debían ser el puntal de la visibilización del conocimiento científico” (Morales Thomas, 2011) y empezaron a fortalecer sus equipos editoriales. Además, a partir de allí, se han consolidado instituciones como la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc), que trabaja por el fortalecimiento de la cultura editorial, promoviendo la formación en este ámbito, la visibilidad y la circulación del libro, permitiendo que “cada editorial asociada, sea independiente en el desarrollo de sus procesos y políticas, es decir que su función solo es de orientación, acompañamiento y apoyo” (Moyano Grimaldo, 2007).
En este sentido, en este artículo se realiza una aproximación a diversas políticas editoriales universitarias del país. En una clave de diagnóstico, se tiene como objetivo identificar las dificultades, avances y retos de las universidades colombianas respecto a la construcción de políticas editoriales que optimicen la calidad y los procesos que conlleva la actividad editorial, teniendo siempre presentes las particularidades y realidades materiales de cada institución.
Se parte de un marco metodológico que describe el desarrollo del trabajo de campo, que contó con la realización de entrevistas semiestructuradas a diferentes líderes editoriales de universidades del país, y de uno conceptual donde se exponen los principales conceptos clave. Luego, se hace un acercamiento al contexto nacional de las políticas editoriales universitarias, realizando una descripción de su origen, particularidades y principales características. Finalmente, a modo de conclusión, se incluyen algunas consideraciones para la reformulación de las políticas universitarias.
1. Metodología
Esta investigación, de tipo cualitativo, partió del enfoque de redes de conocimiento, que sostiene que los fenómenos relacionados con la generación, intercambio y uso del conocimiento pueden ser vistos paralelamente desde dos perspectivas: 1) en tanto se reconoce que existen diferencias entre las formas cómo experimentan los países —por su desarrollo asimétrico— la innovación, la generación y el uso del conocimiento; así, asimila que cada política —de publicaciones en este caso— debe de privilegiar por su contexto, problemas y temas de análisis principalmente situados. 2) en tanto presta gran importancia a la lógica social de los procesos. Esta visión no solo permite un análisis descriptivo, sino que también facilita un estudio más completo del contexto y del trasfondo simbólico que pueda tener.
Como técnicas de recolección de información se utilizaron consulta bibliográfica y revisión documental, así como la realización de seis entrevistas semiestructuradas a editores universitarios. Esta información se trianguló para complementar y validar los datos obtenidos.
La consulta bibliográfica incluyó lectura de libros y artículos académicos que fueron registrados en fichas. Por su parte, la revisión documental abarcó fuentes primarias y secundarias: diez políticas editoriales de universidades colombianas, escogidas por su trayectoria editorial o porque cuentan con documentos que se aproximan a lo que debe incluir una política editorial: Universidad Externado de Colombia (S. f.), Universidad del Rosario (2007, 2013), Universidad Nacional de Colombia (2010), Pontificia Universidad Javeriana (2012), Universidad de los Andes (2011, 2020), Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia (2015), Universidad Jorge Tadeo Lozano (2019), Universidad Pedagógica Nacional (2021), Universidad Católica Luis Amigó (2022), Universidad de Antioquia (2024). También se consultaron normas nacionales e internacionales relacionadas con publicaciones y derechos de autor, convocatorias y documentos de instituciones que establecen lineamientos para las publicaciones académicas a nivel nacional, como Minciencias.
En la medida en que se desarrollaron estas revisiones, se sistematizó la información en una matriz de análisis de carácter comparado. Allí se incluyeron los elementos que cada política tenía respecto a los siguientes referentes de análisis: alcance de la política (nivel facultad, fondo o universidad); si contiene misión y visión; si señala objetivos generales y específicos; si detalla quiénes pueden publicar; si contiene una tipología de publicaciones; si establece estrategias de visibilidad y seguimiento a la publicaciones; si incluye reglamento para los autores, declaración ética o conflictos de intereses; descripción de la composición y funciones del comité editorial u otro equipo; frecuencia de reuniones del comité; tipo de financiación para la implementación de la política; normatividad recogida por la política y particularidades observadas en cada caso.
Las entrevistas buscaron conocer con mayor profundidad las políticas, dinámicas y procesos de otras universidades que son referente a nivel nacional por su producción editorial y lineamientos. Estas se realizaron a Nicolás Morales Thomas (Pontificia Universidad Javeriana), Juan Felipe Córdoba Restrepo (Universidad del Rosario), Carolina Esguerra Roa (Universidad Externado de Colombia), Gustavo Adolfo Silva Carrero (Universidad Nacional de Colombia), David Mendieta (Universidad de Medellín) y Diana Patricia Carmona Hernández (Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia - FCSH).
El desarrollo de esta metodología permitió realizar un análisis descriptivo de corte cualitativo, lo que posibilitó brindar una descripción situacional e identificar elementos de convergencia, divergencia, intereses y expectativas de cada una de las políticas y de los actores entrevistados. Este insumo fue de gran valor para identificar apuestas y visiones de las políticas editoriales que se desarrollan en las universidades colombianas.
Este ejercicio investigativo partió de la definición de algunos conceptos clave que enmarcan las políticas editoriales universitarias: política editorial, transferencia del conocimiento y realización de diagnósticos. Estas definiciones se retomarán a lo largo del artículo y se contrastará con los lineamientos y políticas analizadas.
1.1 Política editorial, una carta de navegación
La diferencia entre una política y un reglamento editoriales radica en que, mientras el reglamento se centra en asuntos técnicos, formalismos y procedimientos, la política es una carta de navegación para todo el proceso de divulgación y transferencia del conocimiento. Sus ejes misionales; el proceso a seguir, como tipo de publicaciones y procedimientos; los asuntos organizacionales y administrativos, como funciones del comité editorial; financiación, estrategias de visibilidad y seguimiento a las publicaciones (Moyano Grimaldo, 2007). La política debe estar en concordancia con los lineamientos y las apuestas sociales, políticas y culturales de la institución a la que se pertenece. De esta manera se convierte en el marco que guía todo el proceso editorial y que se materializa en los reglamentos, dando orden y cohesión a toda la estructura dispuesta para el trabajo editorial.
En el estudio realizado por Moyano Grimaldo (2007) se evidencia que la mayoría de las universidades del país cuentan con reglamentos procedimentales distantes de lo que sería una política editorial. No obstante, se encuentra que en los últimos años las universidades han venido trabajando en este tema, como la Universidad Católica Luis Amigó (2022) que cumple con los criterios establecidos para una política editorial. Igualmente, la Universidad Pedagógica Nacional (2021), que los cumple casi todos. Además, otras instituciones como la Universidad del Rosario, distinguen sus políticas y marcos de acción (política) y sus lineamientos editoriales procedimental (reglamento).
1.2 La transferencia del conocimiento
Si bien las universidades son abanderadas de los procesos de enseñanza, con la aparición y transformaciones de las sociedades del conocimiento, han asumido una participación más activa en la solución de problemas sociales, apostando al conocimiento como una fuente de desarrollo. En este sentido, las investigaciones y producción del conocimiento pierden valor si no se ponen al servicio de la comunidad.
Bayona y González (2010) señalan que, si bien la manera de llevar a cabo la transferencia del conocimiento a la sociedad depende del tipo de conocimiento que se genere, la investigación y la enseñanza se han convertido en las formas básicas de transferencia ligado a los procesos de divulgación y publicación que han servido para diseminar el nuevo conocimiento y ponerlo al servicio de otro. En este sentido, y en relación a las publicaciones y editoriales universitarias,
aunque la comercialización de las editoriales universitarias no es masiva y, por tanto, sus ingresos no son elevados, las editoriales reconocen que la inversión se recupera en beneficios intangibles. La producción tiene que ver con la imagen de la universidad. Y (...) el conocimiento produce utilidades que no se representan en pesos (Rodríguez, 2005).
Esta visión de poner el conocimiento a disposición de la sociedad implica un reto editorial: encontrar nuevos canales para la divulgación del saber y responder a las problemáticas sociales según el contexto. Acá son relevantes las ideas Pérez y Aristizábal Botero (2011) citando a Plaz y Albert (2007), según las cuales el conocimiento puede ser tácito, es decir, de carácter subjetivo, ubicado en la mente de las personas y por ende es necesaria su socialización; o explícito, codificado, almacenado, objetivo. Así, el conocimiento es concebido como un objeto que puede ser transferido, y que en el caso que nos concierne es compartido a partir de publicaciones. (p. 143)
1.3 Diagnosticar
Según Baca y Herrera (2016) diagnosticar implica llevar a cabo un análisis preliminar de las condiciones, restricciones, estado actual, dificultades y fortalezas, estableciendo una línea base. En este sentido, es importante preguntarse por el recorrido de las políticas editoriales, sus avances, logros y dificultades teniendo en cuenta que el diagnóstico es un “ejercicio altamente contextual, es decir, requiere de un análisis de las múltiples dimensiones involucradas, para evitar la exclusión de elementos importantes que de forma directa o indirecta representan las causas o consecuencias de la problemática" (p. 210).
2. Resultados: Políticas editoriales universitarias en el escenario nacional
Las apuestas de las universidades en investigación, producción y difusión del conocimiento deben tener un trasfondo político. Adoptar una postura sobre cómo generar conocimiento, significa aceptar, en cierta medida, un determinado modo de medición de la producción académica y científica. Los principales índices y bases de datos internacionales (WOS y Scopus) delimitan de forma restrictiva las formas de comunicar el nuevo conocimiento. Los productos que reconocen en términos generales las universidades, Minciencias y las bases de datos mencionadas anteriormente, son los artículos de investigación o revisión publicados en revistas científicas indexadas, los libros de investigación, de texto y de ensayo. El problema más profundo que se presenta en este punto es la exclusión de otros productos que, aún no son visibles en el debate internacional, deberían ser considerados como medios legítimos de comunicación de nuevo conocimiento (Vélez, Gómez y Úsuga, 2014).
(...) no todo el conocimiento desarrollado por Universidades colombianas está escrito en artículos ISI y Scopus, ni todo el impacto del conocimiento investigativo en la sociedad está determinado por los índices de impacto. El bache existente entre lo reconocido por las Universidades y los sistemas de medición con los que rigen su evaluación lanzan una alerta urgente sobre la necesaria reflexión acerca de lo que se entiende por el conocimiento aportado por las Universidades en una dimensión mucho más amplia que la ofrecida por los distintos índices de impacto, imperfectos en muchos aspectos y difíciles de delimitar en sus alcances. (Vélez, Gómez y Úsuga, 2014, p. 13).
Esta visión deja por fuera muchas otras formas de construcción de conocimiento que no se adaptan a las formas tradicionales de la cientificidad académica, pero que pueden ser consideradas como nuevas formas de difusión y transferencia de este, cuyo impacto en las comunidades puede ser incluso igual o mayor. Este debate sobre qué debería o no ser catalogado como conocimiento científico debe reflejarse en las políticas editoriales. No se trata solo de divulgar resultados, sino de transferir el conocimiento de una manera abierta y democrática a todo aquel que lo desee y, desde allí, aportar a la sociedad. Esto es un pilar en las universidades públicas, pues como afirma Contreras (2016), “cabe recordar que una de las funciones sustantivas de las universidades públicas es, precisamente, la difusión de sus procesos y resultados, aunque hoy en día es necesario, ya no solo difundir, sino transferir el conocimiento” (p. 76).
En consecuencia, la transferencia como un eje misional de la labor de las universidades debe servir de puente entre lo académico, la empresa y la sociedad, pues el conocimiento más que un medio para saber es un instrumento para convivir, un facilitador y solucionador de diversos problemas, así lo señala Acuña Gallareta (2016) citando a Inneraty (2011). En este sentido, la política editorial y los comités editoriales de las universidades se convierten en actores que inciden en la promoción de la investigación, divulgación y transferencia del conocimiento. Tienen la responsabilidad de “publicar aquellos textos que, aunque puedan no ser comerciales, constituyen una propuesta para la sociedad” (Matson Carballo, 2012, p. 4). Es decir, más que primar los intereses económicos o de calificación en los índices establecidos, la labor está en acortar la brecha que existe entre el pensamiento académico y la realidad social, histórica y cultural de una sociedad (Rama, Uribe y De Sagastizábal, 2006, p. 41).
2.1 El origen de las políticas editoriales universitarias en Colombia: un acercamiento
Si bien el surgimiento de las políticas editoriales de cada universidad obedece a contextos distintos y asimétricos, existen algunos rasgos que pueden constituirse en puntos de confluencia, como el origen o precedente sobre los que se formulan las políticas. Sin embargo, antes de abordar este aspecto es necesario clarificar los tipos de unidades editoriales que desarrollan políticas dentro de las universidades, las cuales se detallan a continuación en función de su magnitud, independencia y nivel de alcance.
En ese sentido, para hablar de los proyectos editoriales universitarios en Colombia es necesario remontarse a principios de los años 90, cuando la actividad editorial universitaria emprende un proceso consolidación a raíz de la transformación que presentaron las universidades respecto al papel que las mismas debían de cumplir frente a las publicaciones. Como lo señala Juan Felipe Córdoba, las universidades realizaron un salto cualitativo respecto al modus operandi que hegemónicamente se venía desarrollando.
Antes las universidades tenían solo imprentas donde se producía material impreso. Después del 89, la universidad repiensa su función como editorial y no solo como impresora… es en la primera década del siglo donde se evidencia la necesidad de establecer políticas como marcos jurídicos (Córdoba, J. F, comunicación personal, 30 de octubre de 2020).
Dentro de la actividad editorial se presenta una variedad de momentos donde la impresión, solo es uno de tantos. Igualmente, imprimir un producto no se traduce necesariamente en calidad, esta última debe de entenderse como una consecuencia de todo un proceso, que solamente se puede garantizar en la medida en que el producto a publicar supere satisfactoriamente todos los filtros que se estipulan en un proceso editorial, más si se hace referencia al campo académico y científico.
Es precisamente en el punto de la cualificación, de aquella necesidad de estructurar procesos de profesionalización de las publicaciones, con el cual las unidades editoriales se empezaron a comprender como proyectos que requerían establecer unos lineamientos que permitieran delimitar, orientar y brindar unas pautas de acción frente a la calidad que buscaban proyectar en sus publicaciones.
La profesora Diana Patricia Carmona señala que antes que se formara el Fondo Editorial de la FCSH de la Universidad de Antioquia, no existían líneas de trabajo que orientaran la actividad editorial en la Facultad. Los departamentos gestionaban sus procesos de forma independiente, agenciando coediciones con editoriales externas. Entre otras dificultades, tenían las siguientes:
No había contratos de edición, no había contratos de coedición, no había claridad en el uso que se iba a hacer de los ejemplares y del uso de los ingresos que se recibirían resultado de la venta de los mismos; también se acumulaban los libros en las bodegas… frente a estos problemas, se empezó a trabajar para establecer unos procesos más rigurosos frente a las publicaciones que nos permitieran normalizarlas en la Facultad… una política editorial que apuntara paralelamente a la cualificación de autores que publican en el Fondo (Carmona, D. P. Comunicación personal 11 de noviembre de 2020).
Estas problemáticas, en términos generales, fueron una constante en la mayoría de las unidades editoriales universitarias entrevistadas, no obstante, fue el reconocimiento de estas dificultades el mecanismo que permitió reconfigurar las prácticas editoriales y exponer que, por medio de la constitución de políticas editoriales, se podría direccionar estos procesos de cualificación no solo a nivel organizacional y editorial, sino también en el aspecto formativo con los autores que presentan sus propuestas.
Un ejemplo que permite ejemplificar este escenario de cualificación es la creación en 2008 de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Según Gustavo Adolfo Silva Carrero:
El 2008 fue el punto de quiebre, se dejó de ser una imprenta con Unilibros y se pasó a configurar en una editorial profesional. El objetivo de crear la Editorial consistía en que, de manera mucho más profesional, con un comité directivo y editorial se pudiese generar políticas editoriales en la universidad. Esta necesitaba una dependencia organizada y calificada que le brindara lineamientos a la institución, que desde su organización misma desarrollara actividades más profesionales en edición, promoción y comercialización (…) es así como con el Acuerdo 26 del 2008 se crea la Editorial. (Silva, G. A. Comunicación personal 16 de febrero de 2021)
Según Silva, la Resolución 1053 de 2010 de Rectoría es el documento que se considera como la política editorial para todos los centros editoriales de la Universidad Nacional. Allí se utiliza un modelo federal en el cual cada Facultad tiene la autonomía de producir libros, pero deben cumplir con los lineamientos que se establecen en la resolución. Esto permite consolidar una política que adopte criterios de calidad para fortalecer en todas las sedes del territorio nacional el sello de la Universidad y no solo de la Editorial.
Si bien se ha venido mencionando la existencia de políticas editoriales que tienen mayor o menor alcance de acción respecto a las unidades editoriales que cubren, es decir, desde una Facultad hasta un órgano editorial independiente, todas son de carácter universitario y, por lo tanto, se dirigen a un público mayoritariamente académico. Al respecto, el editor Nicolás Morales Thomas señala que “la editorial universitaria se encuentra en dos mundos distintos, en nichos muy segmentados de investigadores y grupos de investigación y, por otra parte, lectores potenciales muy minoritarios con libros de mayor alcance al tratar temas más universales” (Morales, N. Comunicación personal 3 de noviembre de 2020).
En este sentido, que los centros editoriales universitarios se enfrenten principalmente al mundo académico y científico ha llevado a que sus procesos y publicaciones sean sometidos a procesos de evaluación —en el caso colombiano— por entidades reguladoras como lo es actualmente Minciencias. Estos procesos en el país se empezaron a adoptar desde 1996, en ese entonces Colciencias, estableció un sistema de indexación para las revistas científicas colombianas — Publindex—, endureciendo los criterios de evaluación en concordancia con la internacionalización, “las revistas en categorías superiores ya no eran las mejores a nivel nacional, sino aquellas que habían ingresado a sistemas de indexación (Sires) extranjeros como Web of Science, Medline, Econlit y PsyINFO” (Uribe, 2016).
Las editoriales universitarias no fueron ajenas a estos procesos de medición, en la primera década del 2000 tuvieron su propia indexación, en este sentido, aquel investigador que publicase su libro o capítulo en alguna de las casas editoriales que se encontraban en estas categorías reconocidas, tendría garantizado su reconocimiento y certificación (Uribe, 2016). Esto, como lo señala Carolina Esguerra, implicó que los centros editoriales tuviesen que crear o en su defecto ajustar políticas y reglamentos en concordancia con las exigencias de Colciencias (Esguerra, C. Comunicación personal, 20 de noviembre de 2020).
Desde entonces los centros de publicación en muchas ocasiones se han visto en la necesidad de ajustar sus reglamentos, pues, si bien desde 2014 se dejó de certificar directamente a las editoriales universitarias, cada producto publicado por los académicos pasó a formar parte de las convocatorias de medición de los grupos de investigación, para lo cual estos tienen el deber de informar ante el sistema de evaluación el proceso editorial al cual fue sometido la publicación, por lo cual el trabajo y la rigurosidad de estos organismos editoriales sigue siendo fundamental.
Por último, en este proceso de cualificación en el país no se puede omitir el papel de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC) que, con más de 65 afiliados, desde 1990 agremia a las editoriales universitarias para fomentar la producción y distribución del libro universitario, mediante actividades de formación y capacitación relacionadas con el quehacer editorial abogando por el perfeccionamiento editorial, técnico y administrativo de sus asociados.
2.2 Rastreando algunas políticas editoriales universitarias colombianas
Si bien las publicaciones científicas y las editoriales universitarias han venido en ascenso, son pocas las universidades que cuentan con una verdadera política editorial. La mayoría han creado reglamentos que se ocupan de aspectos procedimentales, dejando de lado factores de proyección e identidad que sustentan el papel de la política como una carta de navegación a partir de una misión y visión, lineamientos de trabajo y delimitación en las funciones de sus equipos (Moyano Grimaldo, 2007, p.15).
De esta manera, luego de analizar las particularidades del origen de las políticas editoriales universitarias, uno de los objetivos de la investigación fue rastrear las características comunes que debería contener una política editorial universitaria, a partir de la propuesta de Moyano (2007). Esta referencia fue complementada con otros factores identificados en la revisión de las políticas editoriales mencionadas en la metodología.
A continuación, se presenta un ejercicio a manera de lista de chequeo para identificar la existencia o no de los 10 elementos característicos que una política editorial universitaria debería contemplar. Estos elementos estructurales son claves para construir una política con proyección en el tiempo y se pueden reunir en tres grandes grupos: el primero, enfocado en las apuestas propias de la unidad editorial, es decir, su ADN: misión y visión, objetivos generales y específicos; el segundo, orientado a describir el proceso a seguir para publicar: tipología de autores, tipología de publicaciones, reglamento procedimental para autores y declaración ética; el tercero relacionado con los asuntos organizacionales, administrativos: comité editorial o de publicaciones, financiación, estrategias de visibilidad y seguimiento a las publicaciones y normativas retomadas. Vale aclarar que el comité editorial o de publicaciones también desarrolla funciones académicas en el proceso de evaluación de la calidad de los productos a publicar.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos:
Misión y visión. De las diez políticas analizadas, el 90% carece de misión y visión. Solo el Fondo Editorial de la Universidad Católica Luis Amigó, la nombra de manera explícita. Otras editoriales, como la Editorial de la Universidad del Rosario consagran unos “principios generales y específicos”, sin embargo, omite el factor visión; otras tienen unas consideraciones preliminares como la Universidad Externado, la Pontificia Javeriana y la Universidad de los Andes y otras han desarrollado una serie de documentos complementarios orientados a desarrollar la política, como la Universidad Nacional. Aunque podría parecer que la ausencia de estos dos elementos no afecta al resto del contenido de las políticas, su presencia es vital, ya que a través de misión y la visión se establece la razón de ser y los objetivos que delinearan la actividad editorial. Su ausencia hace que estos documentos se limiten a describir procedimientos sin señalar un horizonte claro, acercándolos más a la definición de un reglamento.
Objetivos generales y específicos. Estos dos aspectos son otros de los vacíos identificados en las políticas editoriales revisadas, ya que solo el 20 % los incluye de manera explícita. En la mayoría de los casos, se encuentran implícitos en la presentación o en las funciones, pero su omisión de manera expresa dentro de la política genera una desorientación en el proceso editorial. Los objetivos claros tienden a disminuir la falta de claridad en la planificación y ejecución de las tareas editoriales, permiten delimitar metas, estrategias y acciones de mejora continua, lo que contribuye a procesos de cualificación interna más sólidos.
Autores. Estos documentos, al tener más la estructura de un reglamento que de una política, suelen describir este tipo de variables con mucho más detalle. Quién puede publicar varía según la magnitud del centro editorial. Algunos privilegian —y en algunos casos limitan— la gestión de productos a autores internos de la institución, como profesores, grupos de investigación y, en ocasiones, estudiantes; sin embargo, algunas editoriales también aceptan propuestas de autores externos, buscando un equilibrio entre ambos. Tal es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, el Sello Editorial Utadeo y la Editorial de la Universidad de Antioquia, que distinguen claramente entre autores internos y externos, especificando las características de cada uno.
Tipología de publicaciones. Las políticas revisadas cuentan con clara categorización de sus productos editoriales, estructurados principalmente por medio de colecciones y series debidamente planificadas. Las tipologías más comunes suelen ser: libros de investigación, libros de texto, libros de ensayo, libros resultado de procesos de extensión, memorias y traducciones. Si bien esta tipología suele estar relacionada con los lineamientos brindados por los sistemas de evaluación, los editores entrevistados fueron claros en señalar que también publican productos que se encuentran por fuera de estas categorías, como los manuales, cartillas y guía, que aunque son menos valorados por estos sistemas son igual de importantes. Un ejemplo de ello es el Fondo Editorial de la FCSH de la Universidad de Antioquia, donde Diana Patricia Carmona explicó: “al momento de pensar la política editorial, pensamos los tipos de publicaciones que pueden realizar los profesores, investigadores y egresados, lo pensamos más desde lo que ellos podían ofrecer” (Carmona, D. P. Comunicación personal 11 de noviembre de 2021).
En este punto, lo que debe de primar en las universidades es la función social que puede tener la producción del nuevo conocimiento, siempre y cuando este hubiese pasado por todos los filtros del proceso editorial. Como lo indica Gustavo Silva, “como editoriales universitarias, uno de los principales objetivos es que el conocimiento que se publica sea usado por la sociedad” (Silva, G. A. Comunicación personal, 16 de febrero de 2021).
Por su parte las revistas científicas, divulgativas y de estudiantes mantienen la tendencia a manejar independencia, pues cada una de ellas debe de apuntar de forma individual a cumplir con los criterios solicitados por sistemas de indexación nacionales e internacionales.
Estrategias de visibilidad y seguimiento de las publicaciones. La mayoría de las políticas han empezado a implementar este ítem con mucha más consistencia. La revisión permitió observar que esta es una labor compartida en tanto la distribución de los productos publicados los centros editoriales suelen delegarlos en un tercero experto, siendo Siglo del Hombre Editores el más recurrente; por su parte, los mismos centros suelen llevar a cabo actividades encaminadas a visibilizar sus productos mediante eventos de presentación de los mismos, presencia en ferias, elaboración de reseñas y difusión por redes sociales, para lo cual, se han empezado a destinar grupos especializados en difusión y visibilidad.
Respecto al seguimiento de las publicaciones, algunos se limitan a observar el número de consultas o descargas de las versiones online, sin embargo, se presenta un vacío respecto a la elaboración de indicadores para cada publicación que permita rastrear su impacto a través de la citación en otras publicaciones académicas. Respecto a esto, el editor Nicolás Morales, sostiene que: “La editorial universitaria se cuida del indicador de éxito bajo indicación de venta; si solo se basara en eso, se cerraría. El libro es exitoso en relación con la citación, es algo que apenas lo estamos empezando a hacer” (Morales, N. Comunicación personal, 3 de noviembre de 2020).
Reglamento. En tanto las políticas editoriales se han construido bajo la estructura de un reglamento, su contenido al respecto es basto y muy detallado. Aquellas políticas que no lo incluyen en su política editorial suelen desarrollarlo en un documento anexo, como es el caso del Fondo Editorial de la FCSH de la Universidad de Antioquia y la Editorial de la Universidad del Rosario, para los cuales la política y el reglamento se encuentran en documentos diferentes.
Declaración ética. El 80% de las políticas revisadas no contiene algún apartado que haga referencia a una declaración o manual ético para dar manejo a los asuntos que así lo requieran. Algunos, como el Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, según Carolina Esguerra, se apoyan en el Departamento de propiedad intelectual de su institución, sin embargo, este tipo de vínculos suelen quedar muy cortos, eventualidades como conflictos de interés o la necesidad de implementar una fe de erratas son circunstancia que requieren un manejo especial y orientado con las predisposiciones que adopte el mismo centro editorial para dar trámite a estas contingencias.
Comité editorial o de publicaciones. La descripción de las funciones y conformación de los comités de cada centro editorial se presenta en cada política. La intensidad de trabajo de cada comité es cambiante dado que el volumen de propuestas que reciben es diferente. En este punto, además, las entrevistas realizadas permitieron evidenciar una cualificación de las personas que manejan este tipo de órganos.
Financiación. La financiación en las universidades grandes suele ser mucho más estable, pues la asignación presupuestal es anual; esto les permite planificar con mucha más claridad convocatorias y cronogramas de trabajo. Centros editoriales más pequeños —generalmente los que pertenecen a Facultades, como el Fondo Editorial de la FCSH de la Universidad de Antioquia— presentan más dificultades por la inestabilidad en la financiación de la Universidad —sobre todo en las públicas— los eventuales cambios en los gobiernos de turno de la respectiva universidad y las apuestas sobre la materia que estos intenten impulsar en la dependencia.
La financiación de los trabajos se suele presentar en los centros editoriales revisados desde tres formas: por medio de convocatorias previamente establecidas, que al ser planificadas cuentan con un presupuesto predeterminado; la segunda alternativa hace referencia a un modelo mixto, pues en muchas circunstancias los productos a publicar ya cuentan con un presupuesto que se derivaba de un rubro que algunos proyectos investigativos suelen destinar para la actividad editorial; por último, se encuentran las editoriales grandes, que se concentran en prestar sus servicios y las unidades académicas se encargan de pagarles, es el caso por mencionar, del Departamento de Publicaciones y la Editorial de la Universidad Externado de Colombia.
Normatividades institucionales, nacionales o internacionales retomadas. La normatividad que recogen las políticas editoriales es principalmente institucional, relacionada con predisposiciones institucionales como planes de desarrollo y, en ocasiones, las posturas a tomar con relación al tema de derechos de autor y propiedad intelectual. Sin embargo, la normatividad nacional y las directrices internacionales también juegan un papel crucial en el fortalecimiento del proceso editorial dentro de las universidades. Cumplir con estas normativas no solo asegura que las publicaciones se adhieran a los estándares de calidad, sino que también facilita la proyección internacional de las mismas, aumentando su visibilidad y credibilidad en el ámbito académico global.
A modo de conclusión
Luego de la revisión de las políticas editoriales bajo los criterios propuestos por Moyano para la estructuración de una política editorial universitaria, queda en evidencia que, si bien se ha avanzado en la estructuración de políticas robustas, estos documentos aún están sujetos a modificaciones para ajustarse plenamente a lo que requiere una política editorial en estricto sentido. Hay puntos que no pueden obviarse en una actividad editorial y en la definición de los criterios que la guían. La ausencia de una misión, una visión, unos objetivos y una declaración ética influyen en la obstaculización de los procesos en cada uno de los centros editoriales. La falta de una carta de navegación clara con apuestas definidas conlleva que el asunto editorial esté supeditado a las administraciones de turno, y los lineamientos no sean lo suficientemente completos para orientar la actividad editorial en sus respectivas dependencias.
Asimismo, si bien una política editorial cuenta con sus propias particularidades, es necesario que las instituciones que formulan estas políticas no solo establezcan un documento guía con los criterios mencionados, sino también construyan paralelamente instrumentos complementarios como un reglamento y un plan estratégico. Estos instrumentos, atendiendo a las líneas estratégicas formuladas en la política, permitirán formular acciones concretas en cada uno de los momentos que comprende un proceso editorial, por ello mismo, la construcción de indicadores de seguimiento se hace vital para la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones permanentes a cada uno de los procesos internos. Esto tiene como objetivo identificar oportunamente acciones de mejora.
Por su parte, los puntos que detallan el proceso de publicación, como la tipología de autores, la tipología de publicaciones y el reglamento procedimental para la publicación, son los más desarrollados en las políticas revisadas. Este es uno de los principales avances, consecuencia de los procesos de evaluación y medición externa realizados sobre las mismas instituciones universitarias. En este aspecto, la principal discusión sigue girando en torno a las posiciones que las dependencias establezcan frente a los productos que quieren priorizar y hacia cuáles podrían abrirse, aunque no tengan tanto peso en un proceso de medición para los investigadores.
Por último, en cuanto a los asuntos organizacionales y administrativos que integran una política editorial, si bien debe de partirse de la premisa de que cada institución cuenta con particularidades y realidades muy distintas en términos de financiación, equipo editorial, profesionalización del mismo y redistribución de la carga laboral de los editores, estos aspectos son en sí mismos retos que deben seguir desarrollándose a más profundidad aunque ya se hayan presentado avances, pues estos a nivel nacional son muy asimétricos entre instituciones.
La necesidad de continuar trabajando en estos aspectos es crucial para asegurar la sostenibilidad, calidad y eficiencia de las políticas editoriales en cada institución. Esto no solo contribuye a la mejora de la producción editorial, sino que también fortalece la reputación académica de la institución y su capacidad para atraer colaboraciones y financiamiento externo. La evolución constante y la adaptación a las necesidades cambiantes del entorno académico y editorial son esenciales para mantener la relevancia y el impacto de las políticas editoriales universitarias.
