Introducción

La formación de los profesionales del Derecho se enfrenta a retos significativos en con la ética, la bioética y la responsabilidad social universitaria. Existe un incremento de los casos en que, los profesionales del derecho se ven involucrados en mala práxis profesional o faltas disciplinarias que muestran una inadecuada responsabilidad ética y social en cuanto a su rol como abogados (^{Calderón-Ortega et al., 2024}).

Esto puede deberse a distintas faltas en su deber profesional, que puede ir desde la falta de diligencia o cuidado, hasta la comisión de conductas punibles en el ejercicio de la profesión. Para citar un ejemplo, en relación con la negligencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia Radicación No. 410012502000202300508 01 advirtió que esta identifica en actos en los cuales un abogado deja de realizar las diligencias propias de su actuación profesional de manera oportuna, al descuidar o abandonas las responsabilidades que ha adquirido con sus representados, clientes o poderdantes. Este tipo de actuaciones señala la Corte, puede también incluir actos omisivos que atenten contra el deber objetivo de cuidado que se exige en el ejercicio profesional del abogado (Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 2024).

En este caso, la sanción disciplinaria tiene origen en una inadecuada praxis de la abogada que. La falta de la disciplinada tuvo que ver con su falta de cuidado al no cumplir con la gestión en la forma debida, falta que puede estar originada en un desconocimiento o descuido de los deberes de la gestión jurídica.

Por otro lado, como un ejemplo de mala praxis en el ejercicio profesional del abogado, se encuentra en la Sentencia 410012502000202300508 01, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Caso de un fiscal que omitió durante cinco años las gestiones necesarias dentro de un caso penal que se encontraba a su cargo, archivándolo de forma apresurada e irregular sin valorar pruebas clave dentro del proceso (Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 2023). Con su actuación dolosa y negligente el Fiscal, dejó de realizar actuaciones efectivas, afectando el derecho de las víctimas a la justicia. Razón por la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó su destitución e inhabilitación por diez años.

En este caso, el órgano sancionador resaltó cómo este tipo de conductas constituyen una falta gravísima conforme al numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 413 del Código Penal, perjudicando de forma grave a la administración de justicia, al afectar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, además de socavar la confianza pública en el sistema judicial y afectar los principios de eficiencia, transparencia y cumplimiento del deber en la administración de justicia.

Tales ejemplos muestran no solo desconocimiento de los deberes profesionales, además, develan ignorancia de los principios deontológicos de los abogados y, demuestran problemas estructurales en la formación de los profesionales en derecho que se materializan en conductas consideradas poco éticas y que constituyen faltas graves a su deber profesional (^{Eslava-Zapata & Quiroz-Leal, 2024}).

El panorama descrito se ha masificado a lo largo del Estado Colombiano y, su alcance ha permeado la realidad jurídico - social de regiones como la del Norte de Santander (marcada por la violencia y afectada por el masivo fenómeno migratorio que se ha venido presentando en los últimos cinco años), en particular, en el municipio de Cúcuta y su área metropolitana. En esta región, uno de los acontecimientos más representativos de la corrupción en la Rama Judicial, se presentó al interior del Palacio de Justicia de la Ciudad de Cúcuta y vinculó a dos magistrados de la sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, así como a algunos funcionarios y otros profesionales del derecho, entre los que destacan reconocidos abogados (^{La opinión, 2018}).

En este último caso, la falta no deriva del desconocimiento de las normas, sino, por el contrario, para la comisión de los actos delictuosos, los profesionales sancionados que eran amplios conocedores de las normas y, en su mayoría, estaban investidos de autoridad judicial, se aprovecharon de sus conocimientos y de su estatus para manipular la ley en su propio beneficio. Es decir, profesionales con amplios conocimientos jurídicos, bien formados en el campo académico, pero con una actitud moral cuestionable, abusaron de su poder y quebrantaron la Ley, faltando a su ética profesional y transgrediendo los principios del Estado Social de Derecho (^{La opinión, 2018}).

La enseñanza del Derecho en Colombia, desde su enfoque tradicional, tiene un especial énfasis en el estudio de los conceptos teóricos, las normas jurídicas, la jurisprudencia y el derecho procesal. Aun cuando, de forma más reciente, se han incorporado a estas prácticas de la formación jurídica metodologías basadas en el análisis de casos y la resolución de problemas, que dinamizan los procesos de enseñanza y aplican los conceptos teóricos a los problemas reales y actuales de la sociedad (^{Muñoz-Lira & Bruna-Gaete, 2024}). No obstante, incluso con la incorporación de este tipo de metodologías, que fomentan un aprendizaje significativo y propician un rol más activo de los estudiantes en sus procesos de formación, la enseñanza del Derecho no suele incorporar, de forma transversal en sus ejercicios de aula, el componente ético como parte integrante en el desarrollo de las asignaturas, lo que genera un vacío significativo en la formación ética y axiológica de los futuros profesionales (^{Gómez-Portuguez & Ureña-Salazar, 2024}).

Este vacío dentro de los programas de Derecho limita la capacidad de los estudiantes y los profesionales del Derecho para afrontar los problemas y dilemas éticos que pueden estar presentes en el ejercicio de la profesión y que, dada su complejidad, requieren de soluciones con adecuada fundamentación ética y jurídica, en armonía con los principios del Derecho y la justicia.

En esa medida, la bioética se configura como un valioso recurso para complementar la formación de los profesionales del Derecho, al ofrecer desde un enfoque interdisciplinario, herramientas que amplían la comprensión de los fenómenos jurídicos, sociales, políticos y éticos con los que conversa el Derecho; en especial, en contextos donde los avances tecnológicos, las transformaciones sociales, y los dilemas éticos que surgen con ellos, plantean desafíos sin precedentes para los abogados.

Pese a la importancia de la bioética como disciplina que se cuestiona los problemas éticos en la práctica, incluyendo aquellos generados en el campo de la salud, la medicina, la industria farmacéutica o las biotecnologías, así como en relación con la justicia social, la pobreza, el desarrollo sostenible, la igualdad, la interseccionalidad, la justicia epistémica y los derechos de los pueblos y comunidades, las minorías sociales y étnicas o los derechos de la naturaleza, entre muchos otros temas, su incorporación en los currículos de Derecho ha sido limitada y, con frecuencia, confusa. Lo que dificulta su apropiación por parte de los estudiantes y profesores (^{Alcedo-Salamanca et al., 2021}).

Por ello, con el propósito de explorar estas dinámicas en el contexto universitario, se realizaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes y profesores de universidades públicas y privadas en Norte de Santander, Colombia. Este ejercicio tiene como propósito identificar las percepciones sobre la enseñanza de la ética y la bioética en los programas de Derecho, explorando los vacíos existentes en dichos programas, a fin de proponer estrategias que fortalezcan la formación de los abogados de la región éticamente comprometidos y socialmente responsables (^{Miranda-Moreno & Sandoval-Obando, 2024}).

Aun cuando el presente artículo de investigación aborda la enseñanza de la bioética en los programas de derecho en Colombia, por su ubicación estratégica, por los conflictos sociales y por su particular historia como zona de frontera, la investigación tuvo como referente: 1) los programas de pregrado en derecho de las universidades del municipio de Cúcuta y su área metropolitana en el año 2024; 2) narrativas de estudiantes de Derecho que realizaron, para dicho periodo, el consultorio jurídico en la Universidad Libre Seccional Cúcuta y la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2024.

El creciente auge de las nuevas tecnologías, junto con el avance de la ciencia en áreas como la medicina o el desarrollo biotecnológico, trae consigo complejos dilemas éticos y jurídicos que demandan respuestas efectivas y ágiles, capaces de resolver de forma oportuna los problemas que surgen con las transformaciones de la sociedad (^{Arango-Restrepo & Amaya-Rojas, 2023}; ^{Aguilar et al., 2023}; ^{Blázquez-Ruiz, 2022}).

En ese contexto, la bioética, como un campo de conocimiento dialógico, deliberativo e interdisciplinario, tiene entre sus principales objetivos analizar las implicaciones éticas, sociales, políticas y jurídicas de dichos avances, proporcionando un marco teórico y conceptual para abordar los desafíos que surgen con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de los relacionados con las transformaciones y necesidades sociales, así como con la conflictividad del ejercicio profesional.

No obstante, la integración de ética y, en consecuencia, de la bioética, en la formación de los profesionales del Derecho es actualmente uno de los desafíos más complejos dentro de la estructuración de los currículos. Existe una tendencia hacia la desaparición gradual de asignaturas de las ciencias sociales y humanas en los programas de formación profesional. Esto se observa incluso con la desaparición sistemática de ciertas profesiones que, de acuerdo con las expectativas actuales y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, carecen de un aporte significativo en relación con necesidades de las sociedades contemporáneas (^{Camacho, et al., 2023}).

De este modo, las nuevas tendencias de la educación buscan formar a los estudiantes para resolver problemas prácticos y responder a las necesidades globales del mercado, relacionadas en muchos aspectos con el desarrollo tecnológico y la información (González Moreno, 2023), relegando a segundo plano el desarrollo de otras asignaturas que no comparten una relación aparentemente directa con los temas de actualidad (^{Eslava-Zapata et al., 2024}).

El Derecho, como disciplina ubicada en el ámbito de las ciencias sociales no está exento de esas transformaciones. Por el contrario, los programas se han ido adaptando a las nuevas exigencias del mercado, centrando sus esfuerzos en la formación de profesionales que respondan a esas expectativas y cuenten con capacidades para adaptarse a las exigencias de la tecnología, el desarrollo y la innovación (^{Parra-Sepúlveda & Concha-Machuca, 2021}). Esto ha fomentado la integración en los currículos de asignaturas relacionadas, entre otros aspectos, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el desarrollo empresarial y la neurociencia, muchas veces desde una perspectiva enfocada en lo comercial.

Empero, la incorporación de estas temáticas en la formación de los programas de derecho desplaza a otras áreas que, desde este enfoque, no cuentan con una relación directa con dichos campos de interés. Esto puede también incidir en la disminución de los créditos destinados a la formación en ética, ética profesional o bioética, lo que deja a muchos profesionales sin las herramientas necesarias para enfrentar los dilemas éticos que surgen en su práctica diaria (^{Ormart, 2012}).

Así, la incorporación de estos nuevos temas en la formación de los profesionales del Derecho muestra también el surgimiento de problemáticas adicionales en relación con la praxis profesional y la responsabilidad social. Por ello, la importancia de la ética en la formación jurídica es aún más significativa. Por un lado, porque como expone la Corte Constitucional en la Sentencia C-138 de 2019, la responsabilidad social y moral de los abogados es parte esencial del Derecho como profesión (Corte Constitucional, 2019); por otro, porque el Derecho participa en diferentes momentos de la vida humana, tanto en lo público como en lo privado, y porque dicha participación también se conecta con la vida en general, la supervivencia de las otras especies, la protección de los recursos naturales, la sostenibilidad del medio ambiente y los derechos de las generaciones futuras (^{Vargas-Chaves et al., 2024}).

A modo de ilustración, se puede mencionar, por ejemplo, cómo las nuevas tecnologías suponen, entre otras cuestiones, la necesidad de considerarlas en términos de la responsabilidad ética y jurídica. En este marco, es imprescindible que las universidades asuman el desafío de formar profesionales con competencias éticas, reflexivas y críticas (^{Nussbaum, 2010}), capaces de enfrentar los problemas y dilemas complejos que emergen en un entorno globalizado y tecnológicamente dinámico, comprendiendo las convergencias entre el desarrollo social y humano (^{Saza-Quintero et al., 2023}).

En este orden, a los desafíos en el ejercicio de la profesión se suman los problemas de siempre: la falta de honradez, la comisión de faltas disciplinarias y, por supuesto, la capacidad de discernir entre lo jurídicamente permitido o prohibido y lo éticamente correcto. Es preciso advertir que, en ocasiones, los profesionales del Derecho, formados con una mirada positivista-formalista, tienden a asumir que lo éticamente correcto converge necesariamente con lo legalmente permitido (^{Santana-Ramos, 2018}).

No obstante, en la praxis, y tal como lo muestra la historia del siglo XX, lo lícito y lo ético pueden diferir. Por ello, es importante que los profesionales cuenten con competencias y capacidades que les permitan tomar decisiones correctas y razonablemente fundadas en aquellos contextos en que lo legal y lo ético, aunque corresponden a áreas complementarias, no siempre convergen en la praxis (^{Rodríguez, 2014}).

Al respecto, diversos estudios destacan la importancia de la bioética en el ámbito jurídico, definiéndola como una disciplina que contribuye al establecimiento de valores comunes y universales que sirvan de base para la construcción de normas jurídicas y el diseño de políticas públicas (^{García-Del-Río et al., 2024}; ^{Marcano-Salazar, 2024}; ^{Del-Valle-Taboada, 2022}; ^{Casado & López-Baroni, 2018}).

En ese mismo orden, ^{Marín-Castán (2020)} advierte la importancia de la formación bioética en otros campos distintos del ámbito médico, puesto que los dilemas éticos, están presentes también en aspectos relacionados con el derecho y la justicia, lo que plantea desafíos en áreas como el derecho, penal, el derecho ambiental o la propiedad intelectual.

De este modo, el presente artículo de investigación subraya la relevancia de la bioética como un campo interdisciplinario que proporciona herramientas para que los estudiantes y profesionales del Derecho analicen las implicaciones éticas, sociales, políticas y jurídicas de las transformaciones tecnológicas y científicas de la sociedad contemporánea, así como para aportar a la solución de problemas locales, regionales y globales, integrando los conocimientos jurídicos desde una perspectiva ética, reflexiva y crítica (^{Gutiérrez-Ochoa & Díaz-Torres, 2021}).

El principal aporte de esta investigación radica en la identificación de un vacío crítico en la formación de los profesionales del derecho: la disminución del interés y preparación en asignaturas de ciencias sociales y humanas dentro del currículo de los programas de Derecho, y el riesgo de que la formación jurídica cuente con menos herramientas para que los profesionales se enfrenten a los desafíos éticos de la praxis profesional, que requieren respuestas con adecuada fundamentación ética y jurídica.

Por lo anterior, se propone analizar las percepciones de estudiantes y docentes de programas de Derecho de la Ciudad de Cúcuta en relación con la enseñanza de la bioética, identificando barreras, vacíos y oportunidades para el fortalecimiento de la formación ética, reflexiva y crítica de los abogados, integrando competencias bioéticas que respondan a los desafíos éticos y jurídicos de la sociedad contemporánea, en el marco de los principios del Estado Social de Derecho.

Frente a este tema, resulta necesario preguntar, ¿Están preparados los profesionales para enfrentarse a problemas y dilemas que ponen en tensión lo legal con lo ético? ¿Cómo pueden las universidades contribuir a la formación de profesionales éticos capaces de enfrentar los desafíos que plantean las nuevas tendencias de la sociedad, el Derecho, la política y el mercado? Y, en esa medida, ¿Cuáles son las percepciones de estudiantes y docentes de programas de Derecho de la Ciudad de Cúcuta en relación con la enseñanza de la bioética, identificando barreras, vacíos y oportunidades para el fortalecimiento de la formación ética, reflexiva y crítica de los abogados, integrando competencias bioéticas que respondan a los desafíos éticos y jurídicos de la sociedad contemporánea, en el marco de los principios del Estado Social de Derecho?

Metodología

Es el estudio es de tipo cualitativo. Los informantes clave fueron estudiantes y docentes del ámbito del derecho que pudieran brindar sus experiencias y testimonios con el propósito de identificar sus percepciones y valoraciones en relación con la enseñanza de la ética y la bioética en los programas de Derecho, así como respecto de la vinculación de los problemas contemporáneos dentro de los contenidos curriculares y desarrollo de las asignaturas en dichos programas. En este sentido, los informantes clave fueron discriminados de la siguiente manera:

La elección de los informantes clave respondió a los siguientes criterios:

Para las entrevistas se seleccionó la técnica de entrevista semiestructurada, en la medida que este tipo de entrevista facilita la obtención de información profunda desde la perspectiva de los testimonios, narrativas, experiencias y percepciones de los entrevistados, lo que permitió obtener información cualitativa relevante en relación con cómo perciben los participantes la integración de la bioética en la enseñanza del Derecho.

Se empleó una guía de preguntas abiertas, las cuales fueron estructurados de conformidad con los ejes temáticos que incluyeron la percepción de los contenidos curriculares, la integración de la ética en los programad de Derecho, así como las capacidades y competencias para abordar problemas sociales contemporáneos como las tecnologías emergentes y la sostenibilidad, además de los problemas de la ética profesional en la praxis. La duración de las entrevistas tuvo un promedio de duración entre 30 a 45 minutos.

Para garantizas la disponibilidad de tiempo de los participantes, las entrevistas se realizaron en entornos académicos, esto es, en el contexto de las Universidades a las que estaban vinculados los estudiantes y docentes entrevistados. Se buscaron espacios tranquilos dentro de las instituciones para garantizar la fluidez de la entrevista y evitar interrupciones que pudieran afectar los relatos.

En cuanto al análisis de datos, se organizó la información en categorías temáticas para su análisis cualitativo, empleando como técnica el análisis de contenido y la hermenéutica. Dicho enfoque permitió a los investigadores identificar patrones recurrentes en las respuestas de los participantes y, en esa medida, identificar las principales percepciones de los docentes y estudiantes en relación con los objetivos de la investigación.

La información recolectada se organizó en categorías temáticas para su análisis cualitativo. Este enfoque permitió identificar patrones recurrentes en las respuestas y establecer las principales percepciones de estudiantes y docentes en relación con los objetivos del estudio. Por lo expuesto, la metodología empleada asegura que la información recolectada sea relevante, profunda y específica al contexto educativo, con una muestra intencional que, aunque no probabilista, representa adecuadamente la diversidad de experiencias dentro del entorno académico del Derecho.

Resultados

Discusión

En la formación del abogado, la bioética participa en tres niveles. El primero, en relación con una praxis adecuada que garantice y defienda el Estado Social de Derecho; de ese primer nivel se desprende el segundo, en el que la bioética hace presencia con más fuerza, al cuestionarse por el rol de los abogados en la discusión sobre los problemas bioéticos que alcanzan el derecho y deben ser abordados desde esta profesión; finalmente, un tercer nivel implica preguntarse sobre cómo garantizar la formación de abogados que fomente una ética basada en las virtudes, formando un sujeto sensible ante la desigualdad, con una praxis política (^{Guzmán, Gómez & Sánchez, 2023}) y que represente en su actuar profesional, los principios y valores del Estado Social de Derecho, en armonía con el neoconstitucionalismo ideológico y el constitucionalismo garantista (^{Ahumada, 2009}).

Las universidades, en su deber ser, desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria, deben por lo menos garantizar el primer nivel, en otras palabras, deben formar profesionales que estén en capacidad de ejercer una adecuada praxis en lo jurídico y en lo deontológico y, en el caso del Estado Colombiano estructurado jurídicamente como un Estado Social de Derecho (Constitución Política, 1991) esta buena praxis se soporta sobre los principios y valores constitucionales, el respeto de los derechos humanos y la garantía de la dignidad humana, como principios rectores (^{Villar-borda, 2007}).

El segundo nivel, es también importante, pues el profesional del derecho no puede ser ajeno a los fenómenos con implicaciones bioéticas y, por lo tanto, debe tener la capacidad de entender la bioética y comprender los problemas que han llegado de la bioética a la discusión del derecho. La violencia, la guerra, la desigualdad social y cultural, la exclusión de pueblos y naciones, las constantes vulneraciones de derechos humanos, así como el dinamismo de los avances tecnológicos y la biotecnología, entre otros hechos y fenómenos de interés para la bioética, lo son también para el derecho (^{Méndez-Baiges, 2006}). Por ello, quienes se forman para ejercer la abogacía como profesión, no pueden desconocer los problemas que aquejan al mundo contemporáneo, cuyos cuestionamientos se abordan desde la bioética y trascienden al mundo del derecho.

Un tercer nivel de participación de la bioética en la enseñanza del derecho sólo sería posible a partir de la consecución de los niveles precedentes. Este tercer nivel, supondría que la formación de los profesionales en derecho no se limita a la enseñanza de las normas y de sus posibilidades de interpretación y aplicación (^{Yañez-Meza, 2018}), pues, teniendo como base la función social de la educación y de la profesión del abogado, quienes se instruyen para el ejercicio de la labor jurídica no pueden ver excluido de su formación ni el componente axiológico, ni el compromiso social, ni la necesidad de fomentar unas determinadas virtudes como lo son, a modo de ejemplo, el discernimiento, la integridad y la honestidad. Esto incluye también, un conocimiento de la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental (^{Burgos-Claros, 2020}), los Derechos Humanos, los deberes constitucionales y convencionales (^{Sanabria Moyano & Bedoya Cerquera, 2020}), la verdad o la justicia.

Sobre el papel de la universidad, el maestro Carlos Gaviria Diaz expone: "La tarea de la universidad no es la de formar profesionales (...) la tarea de la universidad es formar buenos ciudadanos" (Redacción ELHERALDO.CO, 2015). Para complementar dicha tesis, resalta que la tarea de formar profesionales, entendidos como personas hábiles en su profesión, puede ser realizada por otro tipo de instituciones distintas de la universidad, pero el formar buenos ciudadanos, esa es una tarea que la universidad no debe olvidar ni puede delegar. Sobre esta reflexión, conviene preguntarse ¿la enseñanza del derecho en Colombia se orienta hacia a formación de buenos ciudadanos, o si simplemente está direccionada a la formación de abogados habilidosos y conocedores de la ley, pero con escaso contenido axiológico y poco compromiso social?

Cómo se mostró en este artículo, sobre este tema, los tabloides de periódicos y los canales de noticias muestran de manera reiterada casos en los que profesionales del derecho incurren en mala praxis, bien por un desconocimiento general de sus deberes profesionales que derivan en negligencia, bien por un gestionar deshonesto que se muestra en actos de corrupción y abuso de poder. Estos hechos muestran un número de profesionales del derecho que incurren en negligencia asociada a deficiencias en su formación académica y, también, es posible encontrar casos en los que abogados, jueces y fiscales se ven involucrados en actos de corrupción que incluyen el abuso de poder, la desviación de recursos, la falsificación de documentos, los litigios engañosos, entre otras prácticas contrarias a la lex artis del abogado y a la ética profesional, con considerables consecuencias sociales y generadoras de responsabilidad civil y penal. Al respecto conviene precisar que La lex artis del abogado supone:

la correcta fundamentación fáctica y jurídica de los escritos de alegaciones, la diligente proposición de pruebas y la cuidadosa atención de la práctica de las mismas, la estricta observancia de los plazos y términos legales y demás actuaciones que debería utilizar el abogado para que, en principio, pueda vencer en el proceso. (^{Martí, 2003}, p. 5).

La mecánica del proceso de enseñanza aprendizaje tradicional parece apuntar a la extrema problematización del ámbito jurídico en términos positivos y formales, con una aparejada desproblematización del ámbito social dilemático. El problema jurídico es elevado a la sacralización cuasi incuestionable, como una forma de legitimación impuesta, y en ocasiones abstrusa, desde los niveles de autoridad de la ley, desconectando a esta de su origen de comprensión-regulación del fenómeno social que le da origen y del abordaje de las cuestiones éticas y bioéticas que este suscita.

Según se infiere de la existencia de este problema, la incorporación de un modelo de enseñanza aprendizaje acorde con las corrientes que incorporan los principios y valores como necesidades en la construcción, aplicación e interpretación de la norma y del derecho, repercutiría en el tipo de conocimientos o capital cultural incorporado, en el qué y el cómo se adquiere ese capital, en la amplitud de la discusión y cuestionamientos a la realidad social, en los esquemas de percepción y apreciación que constituyen el habitus del estudiante y profesional del derecho, en el modo en que el operador posibilita los acuerdos que son propios de la bioética, y en conjunto, en la praxis del estudiante y el profesional del derecho.

Conclusiones

En el contexto de la formación académica y profesional, cada nueva experiencia se construye sobre otras experiencias que la precedieron, reorganizándolas y reconstruyéndolas para dotar al individuo de la capacidad para enfrentarse a nuevos retos y circunstancias a lo largo de su vida. Se trata de un proceso que integra las habilidades, conocimientos y destrezas de forma flexible y permite que las personas puedan adaptarse y crecer a partir de la reorganización y reconstrucción de sus propios conocimientos y experiencias. Dicho proceso es fundamental para el desarrollo intelectual y moral de las personas a lo largo de su vida, ya que les permite aplicar lo aprendido en diferentes situaciones, dotándolos de una capacidad para comprender de forma más profunda tanto a sí mismos como a su entorno. Este modelo puede ser empleado a partir de la integración de la bioética en la formación de los profesionales del Derecho.

Ahora bien, correlacionando lo anterior en relación con las preocupaciones actuales que permean al Derecho y la bioética, como en el caso de la Inteligencia artificial, es importante tener en cuenta que, como afirma ^{Coeckelbergh (2021)}, si bien la IA plantea múltiples oportunidades (como cualquier desarrollo tecnológico o innovación), como es el caso de la eficiencia y la productividad, la innovación, o la mejora de los servicios a través de experiencias personalizadas, también plantea riesgos importantes que son cada vez más reales, como el desempleo provocado por la automatización, así como el sesgo y la discriminación que pueden ser perpetuados, e incluso, amplificadas mediante la inteligencia artificial desde su diseño y programación. Así como aquellos desafíos que presentan los problemas relacionados con la recopilación masiva de datos de las personas y el potencial de vigilancia de estas tecnologías, máxime cuando se trata del uso de la IA en las redes sociales, motores de búsqueda o similares.

Sobre estos asuntos, la integración de la bioética en el Derecho puede dotar de herramientas para que frente a este y otros temas complejos, los profesionales del derecho puedan considerar la mejor manera de abordarlos, teniendo como base su impacto y potencial, ello, con el objetivo de maximizar sus beneficios y mitigar los riesgos de estas tecnologías. De este modo, desde la formación y también desde el ejercicio de la profesión, los abogados podrían contribuir con responsabilidad social, política y jurídica, en el desarrollo de políticas y sistemas éticos que orienten el desarrollo, uso y aplicación de la inteligencia artificial, u otros desarrollos tecnológicos.

Finalmente, de las entrevistas es posible concluir que existe un consenso sobre la insuficiente presencia de la bioética en los currículos de Derecho, tanto desde la perspectiva de estudiantes como de profesores, esto se puede apreciar en las declaraciones compartidas por los entrevistados desde cada uno de los roles que ocupan en el contexto universitario. Por otro lado, tanto en la Universidad Pública como en la Universidad Privada a las que pertenecían los participantes clave de las entrevistas, se observa una desconexión práctica entre la formación teórico conceptual y las necesidades reales tanto en relación con los problemas locales como en el contexto global. Las asignaturas éticas que se desarrollan en los programas no abordan suficientemente los dilemas contemporáneos desde un enfoque práctico, reflexivo, analítico y crítico, dejando a los estudiantes con una preparación limitada para enfrentar problemas éticos y jurídicos que pueden estar presentes en el ejercicio profesional.

En ese mismo orden, existe un reconocimiento general tanto por los docentes como por los estudiantes de que la formación jurídica debe adaptarse para abordar los desafíos éticos que surgen con las transformaciones sociales y tecnológicas. Esto requiere incorporar ejercicios en el aula que fomenten el trabajo en equipo, la conexión entre las asignaturas, la solución de problemas, los análisis profundos de casos, el uso de narrativas y otras estrategias que permitan incorporar los problemas éticos, bioético y jurídicos como parte esencial de la formación profesional.