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Introducción
La migración masiva es un fenómeno global. Los destinos preferidos son Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia y Reino Unido. En 2020, 280 millones de personas migraron (el 3,6 % de la población mundial): el 51,9 %, hombres y el 48,1 %, mujeres (McAuliffe & Oucho, 2024). Además, en 2022, hubo 35,3 millones de refugiados y 62,5 millones de desplazados internos (McAuliffe & Oucho, 2024).
La migración africana hacia Europa ha emergido como un fenómeno significativo en las últimas décadas, motivada por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y el escape de conflictos y pobreza. En 2020, aproximadamente 1,4 millones de africanos migraron a Europa, y en el camino enfrentaron desafíos como peligrosos cruces marítimos y estrictas políticas migratorias (UNHCR, 2021). Estos migrantes constituyen una parte notable de la población en países como Italia, España y Francia.
Asimismo, la migración turca hacia Europa, especialmente hacia Alemania, ha sido significativa. Desde los años 1960, millones de turcos han emigrado a Alemania, al principio como trabajadores invitados. Hoy, hay aproximadamente 2,5 millones de personas de origen osmanlí en Alemania, que conforman la mayor comunidad de origen extranjero en el país (Statistisches Bundesamt, 2023).
Este flujo migratorio ha tenido diversas consecuencias en términos de criminalidad y población carcelaria en Europa. En 2019, más de 1,2 millones de personas solicitaron asilo en la Unión Europea, un aumento del 12 % con respecto al año anterior, muchos de estos solicitantes procedían de países africanos y de Turquía (Eurostat, 2020).
La migración puede estar relacionada con un aumento de la criminalidad en ciertas áreas (Bianchi et al., 2017). Por ejemplo, la migración mexicana aumentaba las tasas de criminalidad en las ciudades fronterizas de Estados Unidos (Chalfin, s.f.). De manera similar, en Alemania se ha observado un aumento en la ocurrencia de delitos entre jóvenes migrantes, especialmente en categorías como agresión y robo (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2019).
La migración ha resultado en un incremento notable de la población carcelaria en Europa. En 2015, aproximadamente el 32 % de los presos en la Unión Europea estaba compuesta por extranjeros, lo que representa un aumento del 13 % con respecto a 2014. Esta tendencia se observa de manera más marcada en países como Francia, Alemania y Portugal, donde la proporción de extranjeros en las cárceles es significativamente alta (Council of Europe, 2016), lo que resalta el impacto significativo de la migración en la demografía carcelaria.
En ese sentido, la relación entre migración y criminalidad es compleja y multifacética. No es reducible a una simple causalidad (Fassin, 2013). Además, la mayoría de los migrantes no están involucrados en actividades criminales y las tasas de criminalidad entre la población autóctona suelen ser más altas que entre la población migrante (Sutherland, 2017).
En Asia, Singapur y Hong Kong son destinos clave para migrantes de países vecinos como Indonesia, Filipinas y Malasia.
En Hong Kong, los empleados extranjeros de servicios domésticos, principalmente de Filipinas e Indonesia, forman una parte vital de la fuerza laboral, al sumar alrededor de 390 000 personas (Census and Statistics Department of Hong Kong, 2023).
Singapur alberga a más de 1,4 millones de trabajadores migrantes, que representan cerca del 25 % de la población total (Department of Statistics of Singapore, 2022). Los extranjeros cubren el déficit de mano de obra en sectores clave, en un contexto donde el 47 % de los empleadores afirman tener dificultades para cubrir vacantes.
Solo una minoría de la población cree que el país no necesita trabajadores migrantes de baja calificación (25 %), que estos son una carga para la economía (30 °%) o que tienen un efecto general negativo en la economía (17 %) (Othman, 2008). Sin embargo, la mayoría cree que las tasas de criminalidad han aumentado debido a la migración. Y un porcentaje significativo afirma que los migrantes cometen una gran cantidad de delitos. Además, la mayoría de los singapurenses tiende a creer que los trabajadores extranjeros amenazan la cultura y el patrimonio del país, y una proporción considerable dice que los trabajadores migrantes tienen una mala ética de trabajo y no se puede confiar en ellos (International Labour Organization, 2020).
En el contexto regional, la migración latinoamericana a Estados Unidos es una tendencia relevante a nivel global. En 2020, aproximadamente 58 millones de personas de origen latinoamericano vivían en Estados Unidos, donde constituían el 18,7 % de la población total (U.S. Census Bureau, 2020). Los mexicanos representan el grupo más numeroso dentro de esta población migrante, que llega a los 35,9 millones. Sin embargo, también existen significativas poblaciones de otros orígenes latinoamericanos, como los puertorriqueños, los cubanos y los salvadoreños (U.S. Census Bureau, 2020).
Esta tendencia migratoria tiene implicaciones en las dimensiones social, económica y política, tanto para los países de origen como para Estados Unidos. Los factores que impulsan esta migración incluyen disparidades económicas, inestabilidad política, violencia y conflictos en las naciones latinoamericanas (Aruj, 2008).
Una de las implicaciones sociales para Estados Unidos se relaciona con la criminalidad y la población carcelaria. Estudios indican que los inmigrantes latinoamericanos, incluidos los indocumentados, tienden a tener tasas de criminalidad más bajas que la población nativa estadounidense (Martínez & Rumbaut, 2015). No obstante, algunos estudios también han señalado que la aplicación desproporcionada de la ley y las políticas de inmigración han llevado a una sobrerrepresentación de los inmigrantes latinoamericanos en el sistema penitenciario (Rumbaut, 2007; Golash-Boza, 2015). En 2022, los latinos representaban el 23 °% de la población carcelaria federal, a pesar de constituir solo el 18 % de la población total de Estados Unidos (Carson, 2023).
En el caso de Venezuela, desde 2013, 7,7 millones de personas han salido de su país. De estos, más de 6,5 millones se desplazaron hacia países de Latinoamérica y el Caribe en búsqueda de protección, mejores oportunidades y una vida mejor (ACNUR, 2023). Colombia y Perú han sido los principales países de destino, con 2,86 y 1,54 millones de personas refugiadas o migrantes y solicitantes de asilo, respectivamente (R4V, 2023).
El 57,4 °% de la población refugiada y migrante de Venezuela tiene entre 20 y 49 años; el 6,4 °% corresponde a menores de 15 a 19 años; el 28,3 °% tiene de 0 a 14 años; y el 7,7 °% corresponde a venezolanos de entre 50 y 79 años (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022). Además, el 67,5 °% de los migrantes menciona que dejó Venezuela por razones económicas o laborales, seguido por un 19,8 °% que lo hizo por turismo, un 5,5 °% por reunificación familiar, un 2,8 °% por la violencia e inseguridad y un 2,2 °% por el limitado acceso a servicios básicos. Finalmente, un 2,1 °% dice que migró por otros motivos (IOM, 2017).
En Perú, cabe destacar que el crecimiento de esta población extranjera fue exponencial: incrementó 46,4 veces entre 2018 y 2024, al pasar de 33 255 personas a 1 542 004 (Figura 1).
Fuente: Elaboración propia
Figura 1 Número total de venezolanos y su porcentaje con respecto a la población total de Perú (2018-2023).
En la Figura 2, se puede apreciar la evolución del flujo de entrada de ciudadanos venezolanos al Perú. El punto más alto ocurrió en octubre de 2018, cuando 89 269 ciudadanos venezolanos entraron al país, mientras que el punto más bajo ocurrió en abril de 2020, cuando solo 12 lo hicieron, lo que se debió al cierre de frontera por la emergencia sanitaria de COVID-19.
Fuente: Elaboración propia
Figura 2 Evolución del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos a Perú (2018-2023)
En el Perú, a 2023, la población penitenciaria estuvo conformada por un total de 93 147 internos. De estos, el 5 % (4213 internos) corresponde a ciudadanos extranjeros, de los cuales los venezolanos son la población más grande, con el 69 % (2903 internos), seguidos de los colombianos, con el 16 °% (672 internos), los ecuatorianos, con el 3 °% (154 internos) (Instituto Nacional Penitenciario del Perú [INPE], 2023).
De los 2903 internos de nacionalidad venezolana, 2766 se encuentran procesados y 137 sentenciados. La distribución por sexo muestra que 1953 son hombres (1840 de los cuales están procesados), mientras que 113 son mujeres. En cuanto a los internos sentenciados, 950 son hombres y 24 son mujeres (INPE, 2023). Además, en 2022, las autoridades peruanas expulsaron del país a 17.000 ciudadanos venezolanos por diversos delitos (Ministerio del Interior, 2023).
Sin embargo, a pesar de estos números, es fundamental reconocer que la mayoría del millón y medio de ciudadanos venezolanos en Perú son personas trabajadoras y honestas que buscan un futuro mejor. Estigmatizar a toda la población venezolana por las acciones de una minoría delincuente es injusto y contraproducente (El Peruano, 2023).
Hacia 2023, el 63 % de la población peruana tiene la percepción de que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos doce meses. Un 87 % se siente insegura al transitar por la calle de noche, mientras que un 67 °% se siente insegura durante el día. Además, un 31 % se siente insegura incluso dentro de su propia vivienda (Ipsos, 2023).
Por otro lado, la falta de personal policial es un obstáculo significativo para garantizar la seguridad, pues el Perú necesita aproximadamente 35 000 efectivos adicionales para combatir eficazmente la delincuencia (Valdivia, 2023), Además, solo el 3 °% del presupuesto anual del Ministerio del Interior (PEN 337 millones) se ha destinado a gastos de capital (incluidas la construcción o remodelación de comisarías y la compra de vehículos y armamento); mientras que el 97 % se destina principalmente a pagos de planilla o nómina (personal activo y cesante) (Figura 3) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2023).
Fortalecer las capacidades institucionales y aumentar la eficiencia en el uso de recursos es crucial para enfrentar los desafíos de seguridad en contextos de alta migración (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019).
Fuente: Elaboración propia
Figura 3 Presupuesto anual asignado por el Ministerio del Interior (en millones de PEN).
En este contexto, el notable incremento de la migración venezolana hacia Perú en la última década ha planteado desafíos significativos para la seguridad ciudadana y la cohesión social del país. Aunque la mayoría de los migrantes venezolanos son personas trabajadoras y honestas que buscan mejores oportunidades, la percepción pública a menudo asocia la migración con un aumento de la criminalidad, lo que ha llevado a la estigmatización de esta población (El Peruano, 2023).
Por esta razón, es esencial determinar si la migración venezolana ha tenido un impacto real en las tasas de criminalidad en Perú o si las percepciones negativas están mayormente influenciadas por factores sociales, económicos o culturales. En ese sentido, la presente investigación se propone responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo ha impactado la migración venezolana en la seguridad ciudadana en Perú?
Marco teórico
A nivel internacional, existen discusiones sobre el término migrante (Muñoz, 2020). No obstante, se lo puede esclarecer por medio del país de nacimiento y de residencia. Por ejemplo, un extranjero será aquel que reside temporalmente en un país extranjero y no tiene su nacionalidad, mientras que un inmigrante se caracterizará por residir un tiempo considerable en una nación diferente a donde nació (Héran, 2022).
En última instancia, cabe usar la definición de migrante proporcionada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019, p. 132): "designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones".
Asimismo, el término migración irregular se define como ser migrante, pero estar al margen de la ley internacional que regula el traslado de un país a otro (OIM, 2019). En esa línea, el término desplazado hace referencia a toda persona que forzosamente abandona su hogar como consecuencia de conflictos o guerras, desastres naturales, crisis, entre otros; mientras que el término refugiado hace alusión a los perseguidos por razones étnicas, religiosas, políticas, de nacionalidad o de pertenencia a cierta agrupación que le impide volver a su país de origen (OIM, 2019).
Varias teorías han sido desarrolladas para explicar este fenómeno complejo. Una de las teorías más influyentes en este campo es la teoría neoclásica de la migración, formulada por Borjas (1987). Esta teoría postula que los individuos toman la decisión de migrar después de evaluar los costos y beneficios esperados de esta acción, considerando factores económicos y sociales. Los migrantes suelen moverse hacia áreas donde se prevé un aumento en la remuneración de su trabajo, y ajustan sus decisiones en función de las oportunidades disponibles y los incentivos económicos presentes en el lugar de destino.
En otras palabras, la teoría neoclásica sugiere que los migrantes responden a señales económicas y sociales, y que su decisión de migrar se basa en una evaluación racional de los costos y beneficios esperados (Borjas 1987), Además, la teoría destaca que los migrantes se autoseleccionan, es decir, aquellos con mayor capacidad productiva y mejores habilidades tienden a ser los más propensos a migrar (Borjas, 1987).
En el campo de la criminología, la teoría del control social postula que la criminalidad ocurre cuando los lazos de un individuo con la sociedad son débiles o están ausentes, lo que reduce su conformidad con las normas y lo hace más propenso a participar en conductas delictivas (Hirschi, 2002). El control social se refiere a los mecanismos que influyen en el comportamiento de los individuos y les impiden comportarse de manera delictiva.
El control social puede ser interno y se refiere entonces al autocontrol, es decir, a la capacidad del individuo de regular su propio comportamiento de acuerdo con las normas y valores sociales. Asimismo, el control social puede ser externo y refiere entonces a la su pervisión social, es decir, a la influencia de los demás en el comportamiento del individuo. De este modo, ante la ausencia de estos controles sociales, es decir, cuando los individuos carecen de lazos sociales fuertes y no están sujetos a una supervisión social efectiva, es más probable que participen en conductas delictivas (Hirschi, 2002).
En ese sentido, en términos generales, el delito puede entenderse como una conducta prohibida por la ley penal, y sancionada con penas específicas, cuya realización afecta bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la propiedad o la seguridad pública (Código Penal Peruano, 2021).
La clasificación de los delitos puede variar según diferentes criterios, tales como la gravedad (delitos graves y no graves), la acción (comisión u omisión), o el bien jurídico vulnerado (común, político, contra la humanidad, entre otros). En el Perú, delitos como homicidio, secuestro, extorsión y tráfico ilícito de drogas se consideran graves por la severidad de sus consecuencias y el daño causado a la sociedad (Código Penal Peruano, 2021).
La teoría de la disuasión plantea que el Estado puede reducir efectivamente los niveles de criminalidad mediante la aplicación firme de sanciones penales y la implementación de políticas que disuadan a los individuos de participar en actividades delictivas (Becker, 1968). Para que la disuasión sea eficaz, los costos percibidos por los individuos de cometer un delito deben superar los beneficios esperados. Esto requiere que las consecuencias penales sean vistas como ciertas, severas y rápidamente aplicables. Cuando los infractores potenciales perciben que tienen una alta probabilidad de ser detenidos, que enfrentarán sanciones severas y que estas serán impuestas con celeridad, se verán disuadidos de cometer el delito (Becker, 1968).
En esa línea, el Estado debe diseñar y aplicar un sistema de sanciones penales que haga que el costo esperado de cometer un delito sea demasiado alto en comparación con los beneficios que el infractor podría obtener (Becker, 1968). Esto implica que el Estado debe invertir recursos en fortalecer los mecanismos de detección, aumentar las penas por delitos y agilizar los procesos judiciales.
En ese sentido, en el Perú, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana (PNMSC) 2030 aborda las cinco principales causas de la inseguridad ciudadana (cinco factores clave): la insuficiente prevención del delito; el limitado acceso a los servicios de seguridad; el robo y hurto en espacios públicos; el aumento de la violencia en los delitos; y la presencia de delitos complejos.
El objetivo principal, establecido para 2030, es reducir la tasa de victimización del 26,6 % al 17 %. Para ello, se han establecido cinco objetivos prioritarios: 1) fortalecer la prevención del delito; 2) mejorar los servicios de seguridad; 3) reducir robos y hurtos; 4) disminuir los delitos violentos; y 5) combatir delitos complejos. La PNMSC también se basa en 33 lineamientos (que incluyen la prevención social, el control de armas y la investigación de delitos complejos), que son ejecutados a través de 59 servicios provistos por 14 instituciones. El Ministerio del Interior liderará el seguimiento y la evaluación del plan en colaboración con otras entidades estatales (El Peruano, 2023).
Ahora bien, para el cumplimiento de dichos objetivos prioritarios, la ejecución presupuestaria es un proceso fundamental de la gestión pública, que implica la utilización de créditos asignados para adquirir recursos, servicios y bienes, a fin de mejorar los servicios públicos y lograr resultados deseados (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).
Para una ejecución efectiva, es importante tener claridad sobre ingresos y gastos, identificar requisitos para poder cumplir con compromisos y hacer una gestión responsable (Rodríguez, 2008). La ejecución presupuestaria se rige por normas y regulaciones, como la Resolución Directoral 036, que establece la importancia de la ejecución presupuestaria en la gestión pública para solucionar problemas sociales y promover el desarrollo económico (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019).
Además, la ejecución presupuestaria efectiva también se considera crucial para la reducción de la criminalidad, ya que permite asignar recursos para programas y políticas de prevención del delito y de justicia penal, así como para el pago de personal policial, adquisición de patrulleros, implementación de comisarias, equipos policiales e informáticos y su oportuno mantenimiento (Ministerio del Interior, 2019).
Por su parte, la teoría de la incapacitación sostiene que el encarcelamiento de individuos que han cometido delitos contribuye a la reducción de la tasa de criminalidad, debido a que estos individuos quedan incapacitados para cometer nuevos delitos mientras están en prisión Por lo tanto, remover a los delincuentes de la sociedad disminuye su capacidad de continuar delinquiendo y lleva a una disminución general en la incidencia de delitos; especialmente cuando se trata de individuos que son reincidentes y tienen una alta probabilidad de cometer más delitos si no están encarcelados (Blumstein et al., 1978).
El encarcelamiento de un prisionero adicional reduce el número de delitos en aproximadamente quince por año. Sin embargo, el encarcelamiento masivo puede tener consecuencias adversas, como la desintegración de familias y comunidades, además del hacinamiento de las poblaciones carcelarias, lo que subraya la importancia de los programas de intervención temprana y de ofrecer alternativas a las prisiones tradicionales (Levitt, 1995).
Con respecto a la relación entre crimen e inmigración, en Europa, Boateng et al. (2021) toman una muestra de la población migrante de África en 21 países de la Unión Europea en 2015 y examinan su relación con tres tipos de crímenes (violación a la intimidad sexual, homicidio y acoso sexual). Su principal resultado es que no encontraron vínculo alguno entre los índices de crimen estudiados y los inmigrantes.
Por otro lado, el estudio realizado por Coccia et al. (2024) encuentra que, para 38 países, entre 2017 y 2020, si bien existe una asociación significativa directa entre la inmigración y las tasas de violencia sexual y de robo, esta se explica, según los autores, por la limitada movilidad social para los extranjeros residentes en esos países, así como por las brechas económicas, lo que puede llevar a niveles de estrés que provoquen la propensión a cometer estos delitos.
Alonso-Borrego et al. (2012) hallan una relación entre inmigración y delincuencia en España. En un contexto de fuerte inmigración, la tasa de crimen aumentó, pero en menor medida que en otros países. Concluyen que este comportamiento se debe a las características individuales de los inmigrantes, como, por ejemplo, la educación. Asimismo, comprueban que el crimen se explica por el ciclo económico expansivo (se reduce el delito porque aumenta su costo de oportunidad), la densidad de la población (aumenta el delito por la dificultad de identificación y seguimiento) y la educación (el delito se concentra en sectores con menor nivel educativo).
Zhang (2018) investiga la relación entre la inmigración y el crimen en Estados Unidos. El estudio utiliza datos a nivel estatal de 2014 y analiza tres tipos de población: inmigrantes no autorizados, población extranjera e inmigrantes no autorizados mexicanos. Utilizando una regresión multivariada, encuentran que la inmigración tiene efectos significativamente positivos en el crimen violento, siendo la influencia de la inmigración no autorizada más fuerte en comparación con la población extranjera y los inmigrantes no autorizados mexicanos. Además, concluyen que es la tasa de pobreza la que incrementa significativamente el crimen violento.
Bahar et al. (2020) examinan el impacto de la migración venezolana en Colombia, Perú y Chile, tres países que albergan a más de dos millones de ciudadanos venezolanos. los autores analizan datos de crimen, desagregados por nacionalidad, y la presencia de venezolanos a nivel subnacional en 2019. Los resultados sugieren que los migrantes venezolanos cometen significativamente menos delitos en comparación con la población nativa. Por ejemplo, en Chile, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, mientras que los venezolanos representaban el 2,4 % de la población. En Perú, el 1,3 °% de los presos en 2019 eran venezolanos, mientras que constituían el 2,9 % de la población total. Estos datos indican que las percepciones públicas sobre un aumento de la criminalidad causada por los inmigrantes son incorrectas.
En el Perú, Castro y Mejía (2020) investigan la relación entre la migración venezolana y la seguridad ciudadana en Perú, utilizando datos de tasas delictivas en cincuenta distritos de la capital, Lima Metropolitana, para los años 2017 y 2018. Los resultados indican que no existe una relación significativa entre la migración venezolana y la delincuencia para los cinco tipos de delitos analizados, lo que sugiere que la criminalidad en Lima y Callao está relacionada con otros factores no vinculados a la migración. A pesar de una disminución en la tasa de victimización, la percepción de inseguridad ha permanecido estable, lo que ha creado una brecha entre la percepción y la realidad de la seguridad.
Benavides (2020) identifica el impacto de la migración venezolana en la seguridad ciudadana de Lima Metropolitana. Examina las experiencias de los migrantes venezolanos y la respuesta de la Policía Nacional ante la inseguridad tomando como muestra a los efectivos policiales de las áreas de extranjería y criminalística, así como residentes de Lima capital. Concluye que la migración venezolana ha causado cambios demográficos que afectan las tasas de criminalidad y la percepción de inseguridad, lo que tiene un notable impacto social.
Por otro lado, en cuanto a la función del Estado en la reducción de la inseguridad ciudadana, Rojas (2024) estudia la gestión institucional del Ministerio del Interior, a partir de la ejecución presupuestal asignada a la reducción de los delitos que afectan la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana durante el periodo 2013-2022. Su investigación revela que, durante este periodo, la ejecución presupuestal no ha mostrado impacto significativo en la reducción de diversos tipos de delitos, como robo o intento de robo de dinero, cartera, celular, estafa, robo de vehículo, maltrato y ofensa sexual, amenazas e intimidación, robo de negocio, secuestro y extorsión, entre otros. A pesar de los incrementos anuales en la asignación presupuestal, la efectividad en la reducción de la delincuencia ha sido nula.
Gruszczynska y Gruszczyñski (2023) investigan la relación entre la población encarcelada y la criminalidad en Europa central y oriental y Europa occidental. Utilizando datos de Eurostat y SPACE para el año 2018, encuentran que los países de Europa occidental tienen tasas de criminalidad más altas, mientras que los países de Europa central y oriental muestran mayores tasas de encarcelamiento. Esta disparidad sugiere que las políticas penales y penitenciarias de cada región influyen significativamente en las tasas de encarcelamiento, lo que, a su vez, afecta las tasas de criminalidad. Así, argumentan que las políticas penales más severas de los países de Europa central y oriental, reflejadas en una mayor frecuencia y duración de las sentencias de prisión, contribuyen a las diferencias observadas con los países de Europa occidental y, por ende, a la reducción de la criminalidad.
Estos hallazgos subrayan la necesidad de examinar la relación entre población encarcelada y criminalidad.
Metodología
Para el estudio, se llevaron a cabo un análisis estadístico (descriptivo) y un análisis econométrico (inferencial).
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se seleccionaron variables referentes a la relación entre la migración venezolana y la criminalidad en el Perú, así como a otros factores socioeconómicos relevantes.
El análisis se centró, entonces, en examinar la relación entre las siguientes variables cuantitativas: la variable dependiente seguridad ciudadana o criminalidad, cuyo indicador es la cantidad de denuncias por modalidad de delito específico (DEN) y la variable independiente flujo migratorio venezolano, cuyo indicador es la variable entrada de ciudadanos venezolanos (ECV).
La migración, pues, se estudió usando el total de migrantes venezolanos (ECV: l_ecv), que captura la dinámica de la población migrante en el país en datos mensualizados desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023 (720 observaciones). La criminalidad y la seguridad (DEN: l_den) se examinaron tomando las denuncias en las diferentes modalidades de delitos a nivel nacional (corrupción, extorsión, fabricación de armas y explosivos, homicidio, robo, hurto agravado, secuestro, tráfico ilícito de drogas, violación de libertad sexual, otros) registradas en el periodo de estudio.
Los indicadores de aspectos socioeconómicos incluyen la ejecución presupuestal asignada a la reducción de la criminalidad (PRE: l_pre); la cantidad de comisarias óptimas en el país (COM: l_com), que captura la dinámica de las instalaciones donde la población puede reportar las denuncias a nivel nacional; y la cantidad de personal policial (POL: l_pol), que representa al Estado y al orden interno. Además, se consideró la población encarcelada, tanto venezolana (PVP: l_pvp) como total (PNP: l_pnp), en concordancia con la hipótesis de que podría influir en la reducción de la percepción de seguridad y de denuncias de delitos.
Todos los datos analizados estadísticamente han sido recolectados exclusivamente de fuentes oficiales con amplia aceptación académica, como el INEI, la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y el INPE.
Con respecto a las denuncias de delitos (DEN) y a la entrada de ciudadanos venezolanos (ECV), la Figura 4 presenta los datos sobre la cantidad de denuncias de delitos y el total de ciudadanos venezolanos migrantes en Perú entre 2018 y 2023. La figura muestra una progresión anual de ambas variables, lo que permite comparar el número de denuncias y la población migrante venezolana.
En 2018, el punto de partida, tanto las DEN como la ECV eran relativamente bajas. A medida que avanzamos en los años, se observa un incremento constante de ambas variables. Sin embargo, el ritmo de crecimiento difiere significativamente entre ellas. Las DEN muestran un aumento más pronunciado y sostenido a lo largo de los años, hasta alcanzar cifras considerablemente más altas hacia el final del periodo. En cambio, aunque la ECV también aumenta, lo hace a un ritmo más moderado y parece estabilizarse en los últimos años del periodo analizado.
Fuente: Elaboración propia
Figura 4 Cantidad de denuncias de delitos y de migrantes venezolanos (2018-2023)
Esta figura proporciona una visión cuantitativa clara de las tendencias de estas dos variables. La lista completa de variables se presenta en la Tabla 1 y su evolución, excepto la de DEN, puede verse en la Figura 5. Para realizar el análisis estadístico y el análisis econométrico, los datos fueron transformados a su logaritmo natural a efectos de normalizar la distribución de las variables, además de buscar la estabilización de la varianza (Feng et al., 2014).
Tabla 1 Relación de variables y descripción
| Variable | Descripción |
|---|---|
| ECV (l_ecv) | Entrada de ciudadanos venezolanos: representa el número de ciudadanos venezolanos que han ingresado al país durante un periodo específico. |
| DEN (l_den) | Cantidad de denuncias: mide el número total de denuncias de delitos registradas. |
| PRE (l_pre) | Presupuesto ejecutado en categoría presupuestal 0030: indica el monto del presupuesto ejecutado destinado a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. |
| COM (l_com) | Cantidad de comisarías: refleja el número total de comisarías o estaciones de policía disponibles en el país. |
| POL (l_pol) | Cantidad de policías: se refiere al número total de efectivos policiales en servicio en el país. |
| PVP (l_pvp) | Población venezolana en penales: mide la cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en centros penitenciarios en el país. |
| PNP (l_pnp) | Población a nivel nacional en penales: indica el número total de personas de todas las nacionalidades que se encuentran en centros penitenciarios a nivel nacional. |
Fuente: Elaboración propia (2024)
La entrada de ciudadanos venezolanos (ECV) tiene un valor mínimo de 2,48 (marzo de 2020) y uno máximo de 11,39 (octubre de 2018). Se muestra una tendencia decreciente desde octubre 2018 hasta marzo 2020, que se explica probablemente por el cierre de las fronteras motivada por la pandemia de COVID-19. Asimismo, se observa una recuperación creciente y fluctuante hasta 2023.
El presupuesto ejecutado en categoría presupuestal 0030 (reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana) (PRE) tiene un valor mínimo de 14,28 (julio de 2023) y uno máximo de 18,97 (diciembre de 2023). La serie muestra variaciones durante toda su evolución, lo que posiblemente refleja los cambios en la asignación de recursos. En general, se observa una tendencia creciente hasta finales de 2023.
La cantidad de comisarías (COM) tiene un valor mínimo de 4,1 (mayo de 2019) y uno máximo de 4,77 (octubre de 2020). La cantidad de comisarías tiene un incremento gradual hasta llegar a su máximo, en octubre de 2020. Posteriormente, se mantiene estable en términos relativos.
Cantidad de policías (POL) tiene un valor mínimo de 8,255 (enero de 2019) y uno máximo de 8,46 (diciembre de 2023). La cantidad de policías presenta variaciones pequeñas a lo largo de evolución, pero con una tendencia creciente.
La población venezolana en penales (PVP) tiene un valor mínimo de 3,87 (enero de 2018) y uno máximo de 8,08 (diciembre de 2023). La variable muestra un crecimiento constante hasta alcanzar su máximo en diciembre de 2023.
La población a nivel nacional en penales (PNP) tiene un valor mínimo de 12,04 (febrero de 2018) y uno máximo de 12,17 (enero de 2019). La serie muestra leves variaciones a lo largo de su evolución. En términos generales, se mantuvo constante luego de alcanzar su máximo en 2019.
La Tabla 2 presenta la matriz de correlación. Se observa que la ECV tiene un valor de correlación con la variable DEN de 0,0163, o sea, una correlación débil. Esto sugiere que la entrada de ciudadanos venezolanos no tendría un impacto fuerte en la cantidad de denuncias.
Tabla 2 Correlación de variables (en logaritmo natural)
| Variable | l_den | l_ecv | l_pre | l_com | l_pol | l_pvp | l_pnp |
| l_den | 1,0000 | ||||||
| l_ecv | 0,0163 | 1,0000 | |||||
| l_pre | 0,0417 | 0,1804 | 1,0000 | ||||
| l_com | 0,0422 | -0,6955 | -0,1130 | 1,0000 | |||
| l_pol | 0,0796 | -0,5609 | 0,1682 | 0,6549 | 1,0000 | ||
| l_pvp | 0,0923 | -0,6041 | 0,0761 | 0,5875 | 0,8254 | 1,0000 | |
| l_pnp | 0,0132 | -0,0373 | 0,1197 | -0,3746 | 0,2577 | 0,2520 | 1,0000 |
Fuente: Elaboración propia
La variable PRE tiene un valor de correlación con la variable DEN de 0,0417, es decir, ambas tienen una correlación baja y positiva, lo que indica que el presupuesto ejecutado no se estaría reflejando en una reducción de la cantidad de denuncias de delitos.
La variable COM, por su parte, tiene un valor de correlación con la variable DEN de 0,0422, o sea, una correlación débil. Esto significa que, posiblemente, la cantidad de comisarías tiene una relación baja con la cantidad de delitos denunciados.
La variable POL tiene un valor de correlación con la variable DEN de 0,0796, es decir, una correlación positiva, pero débil. El valor positivo indica que, en general, cuando aumenta la cantidad de policías, también tiende a aumentar ligeramente la cantidad de denuncias. Sin embargo, debido a la baja magnitud de la correlación, este aumento no es significativo ni consistente.
La PVP tiene un valor de correlación de 0,0923 con la variable DEN, lo que muestra una relación baja pero positiva. Esto indica que, aunque la correlación es débil, hay una ligera tendencia a que un aumento de la población venezolana en penales esté asociada a un aumento de la cantidad de denuncias. La baja magnitud de esta correlación sugiere que otros factores más significativos podrían estar influyendo en la cantidad de denuncias. Por ejemplo, la continua llegada de migrantes puede estar contribuyendo al aumento de las denuncias, particularmente si una fracción de los nuevos migrantes tiene antecedentes o está vinculada con actividades delictivas en su país de origen.
La (PNP), por su parte, tiene un valor de correlación de 0,0132 con la variable DEN, lo que indica una correlación muy baja aunque positiva. Esto significa que hay una relación prácticamente inexistente entre la población total en penales a nivel nacional y la cantidad de denuncias. La correlación positiva, pero muy baja, sugiere que cualquier variación en la población total en penales tiene un impacto mínimo en la cantidad de denuncias registradas. Es probable que otros factores no relacionados con la población en penales, tales como la eficacia del sistema judicial, las políticas de seguridad, los programas de rehabilitación y los contextos socioeconómicos tengan un papel más relevante en la determinación de la cantidad de denuncias.
Análisis econométrico
Para el análisis econométrico, se utilizó un modelo de efectos fijos, el cual captura la relación de las variables del estudio:
Donde...
DEN i,t : cantidad de denuncias por delito (variable dependiente)
ECV j,t : entrada de ciudadanos venezolanos a Perú (variable independiente)
αX j,t : intercepto específico para cada unidad de observación (modalidad de delito)
POL j,t : cantidad de personal policial (variable de control)
COM j,t : cantidad de comisarías con adecuados servicios e infraestructura (variable de control)
PVP j,t : población venezolana en penales (variable de control)
PNP j,t : población a nivel nacional en penales (variable de control)
PRE j,t : presupuesto ejecutado en categoría presupuestal 0030: reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana (variable de control)
Para estimar el modelo, se usó una regresión Prais-Winsten, corregida por heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden (AR (1)). Los resultados de la estimación se presentan a continuación y se resumen en la Tabla 3. (Como ya se mencionó, los datos fueron transformados a su logaritmo natural).
Tabla 3 Resultados del modelo de datos de panel para efectos fijos
Fuente: Elaboración propia (2024)
Resultados
Entrada de ciudadanos venezolanos (l_ecv): coeficiente: 0,1443; error estándar: 0,0098; valor p: 0,000 (muy significativo). Un aumento del 1 % en la entrada de ciudadanos venezolanos se asocia con un aumento del 0,144 % en la cantidad de denuncias de delitos (DEN), manteniendo constantes otras variables.
Dado que las variables están transformadas en su logaritmo natural, los coeficientes representan el cambio porcentual en la variable dependiente (DEN) ante un cambio del 1 % en la variable independiente (o sea, en ECV). Es decir, si en una situación inicial tenemos 1000 ciudadanos venezolanos y 10 000 denuncias. Un aumento de 10 ciudadanos venezolanos (1 %) se asocia con un incremento de 14 denuncias (0,144 %).
En ese mismo sentido, se interpretan las demás variables.
Presupuesto ejecutado en reducción de delitos (l_pre): coeficiente: 0,0140; error estándar: 0,0096; valor p: 0,146 (no significativo). No se puede concluir que el presupuesto ejecutado en reducción de delitos tenga un efecto significativo sobre la cantidad de denuncias de delitos.
Cantidad de comisarías (l_com): coeficiente: 0,7116; error estándar: 0,1972; valor p: 0,000 (muy significativo). Un aumento del 1 % en la cantidad de comisarías se asocia con un aumento del 0,712 % en la cantidad de denuncias de delitos, manteniendo constantes otras variables.
Cantidad de personal policial (l_pol): coeficiente: -0,4126; error estándar: 0,8063; valor p: 0,609 (no significativo). No se puede concluir que la cantidad de personal policial tenga un efecto significativo sobre la cantidad de denuncias de delitos.
Población venezolana en penales (l_pvp): coeficiente: 0,2506; error estándar: 0,0337; valor p: 0,000 (muy significativo). Un aumento del 1 % en la población venezolana en penales se asocia con un aumento del 0,251 % en la cantidad de denuncias de delitos, manteniendo constantes otras variables.
Población a nivel nacional en penales (l_pnp): coeficiente: 0,6820; error estándar: 0,6020; valor p: 0,257 (no significativo). No se puede concluir que la población a nivel nacional en penales tenga un efecto significativo sobre la cantidad de denuncias de delitos.
Pruebas de validez del modelo
Para verificar la validez del modelo, se realizó el test de factor de inflación de la varianza (VIF). Es resultado es una multicolinealidad moderada. En seguida, se realizó el test de Lagrange, para verificar la pertinencia de utilizar un modelo de datos de panel sobre un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. El test permite concluir que el primero es más apropiado para la base de datos. También se realizó la prueba de diagnóstico SarganHansen, que confirmó la idoneidad del modelo de efectos fijos sobre el de efectos aleatorios. Además, se realizaron pruebas de robustez para detectar heterocedasticidad (test de Wald) y autocorrelación (test de Wooldridge). Se detectaron ambas. En consecuencia, se corrigieron las dos (autocorrelación y heterocedasticidad) utilizando efectos fijos.
Discusión
Los resultados econométricos revelan que un incremento del 1 % en la entrada de ciudadanos venezolanos se correlaciona con un aumento del 0,144 % en la cantidad de denuncias de delitos (valor p: 0,000). Este hallazgo confirma un impacto significativo del flujo migratorio en la seguridad ciudadana, aunque la magnitud del impacto es relativamente modesta.
El resultado puede interpretarse a la luz de la teoría neoclásica de la migración, que sostiene que los individuos migran buscando mejores oportunidades económicas y sociales (Borjas, 1987). En el contexto de Lima Metropolitana, la llegada de migrantes venezolanos podría estar asociada a un aumento en la competencia por recursos limitados, lo que podría incrementar las tensiones y, en algunos casos, derivar en delitos. No obstante, estudios previos, como el de Castro y Mejía (2020), no encontraron una relación significativa entre la migración venezolana y la delincuencia en Lima, lo que sugiere que otros factores podrían tener una influencia más determinante en la seguridad ciudadana.
En cuanto al presupuesto ejecutado para la reducción del delito, los resultados muestran que no tiene significancia estadística (valor p: 0,146). Esto podría deberse a una asignación ineficiente de recursos o a una gestión deficiente, tal como lo señala Rojas (2024), que encontró que la ejecución presupuestal no ha mostrado un impacto significativo en la reducción de diversos tipos de delitos en Lima Metropolitana.
La teoría de la disuasión de Becker (1968) sugiere que, para que las políticas de seguridad sean efectivas, las sanciones penales deben ser vistas como ciertas, severas y rápidamente aplicables. La falta de impacto significativo podría indicar que estas condiciones no se están cumpliendo adecuadamente, lo que resalta la necesidad de revisar y mejorar las estrategias y la gestión de los recursos asignados para la seguridad ciudadana.
Un aumento del 1 % en la cantidad de comisarías se asocia con un incremento del 0,712 % en las denuncias de delitos (valor p: 0,000). Este resultado puede interpretarse como un indicio de que un mayor número de comisarías facilita el reporte de delitos por parte de la población, en lugar de reflejar un aumento real en la criminalidad.
Esto es congruente con la teoría del control social de Hirschi (2002), que postula que la presencia de instituciones de control social (como las comisarías) puede fortalecer los lazos entre los individuos y la sociedad, lo que aumenta la confianza en las autoridades y la disposición a denunciar delitos.
Por otro lado, la cantidad de personal policial no mostró un efecto significativo sobre las denuncias de delitos (valor p: 0,609). Esto podría estar relacionado con problemas de capacitación o con la percepción pública de la efectividad policial; lo que destaca el hecho de que no hay suficiente personal policial para las estrategias de aplicación de la ley (Valdivia, 2023).
Además, el modelo econométrico revela que un aumento del 1 %% en la población venezolana en las cárceles se asocia con un incremento del 0,25 %% en las denuncias de delitos (valor p: 0,000). Sin embargo, la población peruana en centros penales a nivel nacional no mostró significancia estadística (valor p: 0,257).
Este hallazgo puede interpretarse a partir de varias perspectivas teóricas relevantes, principalmente de la teoría del vacío de poder, también denominada teoría del vacío de autoridad. Esta se refiere a una situación caracterizada por la ausencia o debilitamiento significativo de las estructuras de autoridad y control de la sociedad o de segmentos específicos de esta y que sucede frecuentemente en contextos de cambios sociales acelerados, como los que pueden surgir durante periodos de migración masiva, transiciones políticas o en el periodo posterior a conflictos (Arias, 2006).
En esencia, esta teoría postula que, cuando las instituciones estatales o las estructuras de poder tradicionales se debilitan o se vuelven ineficaces en ciertas áreas o situaciones, se crea un vacío que puede ser aprovechado por diversos actores; de modo que no solo presenta oportunidades para que nuevos grupos o individuos establezcan su propia autoridad o influencia, sino que también puede conducir a un aumento de la inestabilidad social y, potencialmente, a un incremento de las actividades delictivas (Dijk et al., 2022).
En el contexto específico de la migración, la teoría del vacío de poder sugiere que la llegada rápida y masiva de migrantes puede generar situaciones en las que las estructuras de autoridad existentes resultan inadecuadas o insuficientemente capaces para manejar los nuevos desafíos sociales y económicos. Esto puede dar lugar a áreas donde el cumplimiento de la ley y del orden se vuelve más difícil de garantizar, lo que potencialmente conduce a un aumento de las actividades delictivas (Kassab, 2023).
Además, el aumento de la criminalidad podría indicar que ciertos segmentos de la población migrante venezolana tienen la percepción de que la actividad criminal tiene bajos costos asociados (Becker, 1968) y que, al encontrarse en un nuevo entorno social, podrían estar experimentando una disminución temporal de los lazos sociales que normalmente actuarían como inhibidores del comportamiento delictivo (Hirschi, 2002). Desde la perspectiva neoclásica de la migración, Borjas (1987) permite interpretar este fenómeno como una posible respuesta a la escasez de oportunidades económicas legales.
Estos resultados subrayan la complejidad de la relación entre migración y criminalidad. Indican que factores como la integración económica, los lazos sociales y la eficacia de las instituciones de justicia desempeñan papeles cruciales en la determinación de los patrones de criminalidad en contextos de migración masiva.
Para ser efectivas, las políticas públicas dirigidas a abordar este fenómeno deberían considerar todos estos factores: en lugar de enfocarse solo en medidas punitivas, deberían también plantear estrategias de integración social y económica para los migrantes.
Conclusiones
El objetivo principal de esta investigación era analizar el impacto de la migración venezolana en la seguridad ciudadana en el Perú utilizando un análisis econométrico de datos de panel. En particular, se indagó sobre si existía una relación significativa entre la llegada de migrantes venezolanos y el aumento de denuncias de delitos, y cómo otros factores afectan dicha relación (como el presupuesto público para la reducción del delito, la cantidad de comisarías y el personal policial).
Los resultados obtenidos han permitido responder estas preguntas de manera adecuada y proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.
La interpretación de los resultados sugiere que la llegada masiva de migrantes venezolanos, sobre todo en un corto periodo de tiempo, ha tenido implicaciones negativas para la seguridad ciudadana. Los resultados también sugieren que mejorar la infraestructura policial y fomentar la confianza pública en las autoridades podría incentivar la denuncia. Sin embargo, esta estrategia debe complementarse con otras medidas de disuasión, como la capacitación adecuada del personal policial y su adecuada y eficaz distribución.
Otro hallazgo importante de este estudio es que, a pesar de las detenciones de individuos relacionados con el crimen, la criminalidad no disminuye. Esto puede explicarse mediante la teoría del vacío de poder, que sugiere que, cuando el Estado no tiene una presencia efectiva o existe impunidad, el control es tomado por bandas organizadas. A medida que individuos son retirados de la sociedad y encarcelados, el vacío de poder resultante es llenado por otros individuos o grupos criminales. En ese sentido, la migración puede estar contribuyendo a este fenómeno, con la llegada de nuevos individuos dispuestos a ocupar ese vacío.
A pesar de que la investigación confirma un impacto significativo del flujo migratorio en la seguridad ciudadana, la magnitud es relativamente modesta, habida cuenta de que los ciudadanos venezolanos que han llegado a Perú suman cerca de 1,2 millones de migrantes.
Además, el modelo utilizado no consideró factores clave como la situación económica de los migrantes, las políticas de integración y la cohesión social, los cuales podrían haber afectado los resultados sobre la relación entre migración y criminalidad. Además, el periodo del estudio fue limitado y no refleja posibles cambios a largo plazo en las políticas de seguridad y migración.
En futuros estudios, es necesario optimizar la recolección de datos, expandir el análisis a otras regiones del Perú e incorporar variables como la situación laboral y la cohesión social de los migrantes. Asimismo, es indispensable la colaboración entre disciplinas como la sociología, la economía y la criminología para profundizar en la comprensión del impacto de la migración en la criminalidad. Estas recomendaciones ayudarán a diseñar políticas públicas más efectivas para gestionar mejor la migración y la seguridad en el Perú y en otros países de la región.
