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Introducción
El 8 de octubre de 2019 ocurrió uno de los sucesos más importantes de la historia reciente de Chile: Santiago vivió una revuelta popular de grandes proporciones que destruyó infraestructura estratégica, servicios públicos, edificaciones oficiales y desafió a la democracia, al amenazar la toma del palacio presidencial (La Moneda) y el derrocamiento del gobierno en funciones (Castillo & Molina Milman, 2020; Morales Quiroga, 2020; Páreja, 2023). Todo esto, se extendió hacia otras regiones del país como muestra de un supuesto descontento social contra un sistema presuntamente injusto.
El aumento de la tarifa del transporte público hizo que los estudiantes se movilizaran y alentaran a otros grupos sociales para que se sumaran a la movilización (Aranguez Muñoz & Sanhueza Huenupi, 2021; Rivera-Aguilera et al., 2021). A nivel nacional estaban ocurriendo situaciones de violencia completamente desconocidas para más de una generación.
En medio del caos, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, indicó a la prensa lo siguiente:
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable; que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas; que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia con libertad y en paz. (Presidencia de la República, 2019)
Las declaraciones del presidente suscitaron múltiples críticas, especialmente de los sectores de oposición a su gobierno (Navarro &Tromben, 2019; Osorio Lavín & Velásquez, 2021; Valenzuela-Valenzuela & Cartes-Velásquez, 2020). Entre los cuestionamientos que surgieron estaban aquellos que hacían referencia que la máxima autoridad nacional fuera capaz de "declararle la guerra a su propio pueblo" (Cortes, 2019; Garcés Durán, 2020). Otras voces, por su parte, reprochaban el uso de las fuerzas armadas en el control del orden público: conocidas autoridades legislativas y municipales, incluso, recriminaron fuertemente a los militares por estar en la calle, olvidando que estos cuerpos no son autónomos (Morales Quiroga, 2020; Osorio Lavín & Velásquez, 2021).
Hablar de una guerra y emplear a las fuerzas armadas para "reprimir" las protestas violentas hicieron que el presidente Piñera pagara un costo político bastante alto: por un lado, los partidos de izquierda, que lo acusaban de "criminalizar" la protesta social; por otro, la derecha, lo criticaba por desatender el Estado de derecho y sus mandatos constitucionales (Avendaño & Osorio Rauld, 2021; Cuevas Valenzuela & Budrovich Sáez, 2020; Dulci & Sadivia, 2021).
La situación complicó más al presidente Piñera cuando, al día siguiente, el Jefe de la Defensa Nacional, el entonces General de División Javier Iturriaga, respondió a la pregunta de un periodista sobre la supuesta tesis de que Chile estaba en "guerra" contra un "enemigo poderoso". Con elocuente serenidad, el General respondió: "mire, yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie" (CNN, 2019; Müller, 2023; Rooney Paredes, 2022).
La expresión del General Iturriaga produjo una conmoción política ya que era improcedente que un General de la República contraviniera al Presidente de la República. Para algunos sectores, las declaraciones se podrían interpretar como un desacato. Para otros, eran una muestra de debilidad del propio liderazgo presidencial, afectando tanto la autoridad como la legitimidad del jefe de Estado (Basoalto, 2019; Molina Jarpa, 2019).
Las frases del presidente Piñera y del General Iturriaga eran totalmente opuestas. Mientras que el primero señalaba categóricamente que Chile estaba en guerra, el segundo controvertía esa posibilidad. Este episodio, además de poner en evidencia una contradicción en las posturas entre la máxima autoridad nacional y su Jefe de la Defensa Nacional, la serenidad del General Iturriaga ofrecía seguridad en un ambiente de notoria conmoción política, social e institucional.
Según esta interpretación, el presidente se equivocaba, y de paso le causaba un daño significativo no solo al país, sino también a sus futuras decisiones. El haber planteado una tesis equivocada sobre el estallido social, contribuyó a la deslegitimación de su imagen, su autoridad y su proyecto político, a tal punto que ni sus extraordinarias gestiones en los tiempos de la pandemia de COVID revirtieron esta situación (Castiglioni, 2020; Godoy Echiburú & Badillo Vargas, 2021).
Pero el tiempo le dio sentido a la tesis del presidente Piñera, pues, si se examinan con atención los acontecimientos de los años recientes, se puede evidenciar que el nivel de violencia que se catalizó en los tiempos del denominado estallido social responde a una lógica de sistematicidad que solo una guerra puede producir.
El aumento de la conflictividad en la Macrozona Sur (Moya Díaz & Paillama Raimán, 2022; Nanjarí Santos & Cordero, 2024), la presencia de cárteles extranjeros y redes de crimen organizado en territorio nacional (Gómez Sánchez et al., 2021; Meersohn et al., 2024) y una serie de acontecimientos adicionales que generaron inestabilidad política y atentaron contra las bases de la nación (Toro et al., 2023) son indicios suficientes para suponer que Chile sufrió un ataque de un "enemigo poderoso", a través de mecanismos distintos a los de la guerra convencional.
La hipótesis que emerge de esta tensión es que las posturas del Presidente Piñera y del General Iturriaga no eran absolutamente opuestas, sino más bien complementarias: no es descartable la hipótesis de que Chile, desde entonces, esté siendo atacado por un "enemigo poderoso" por medio de mecanismos no convencionales, que se destacan por su carácter sigiloso, subrepticio o imperceptible, condiciones que dan la sensación de que "no estamos en guerra con nadie".
En los tiempos actuales, una de las características más significativas de las guerras es su hibridez, es decir, la combinación de lo tradicional con lo no tradicional, de lo convencional con lo no convencional (Alvarez-Calderon et al., 2022; Colom, 2012). De esta forma, es factible atacar a un enemigo de una forma completamente silenciosa, sin emplear la fuerza en forma evidente, para doblegar su voluntad de forma parcial o absoluta.
Dado el contexto anterior, este artículo sugiere que todos los fenómenos de violencia que se han vivido en Chile desde el 18 de octubre del 2019 han sido ocasionados por un "enemigo poderoso" que tiene la capacidad de atacar sin entrar en guerra con nadie. Para ello, primero, examina la hibridez de las guerras en el contexto actual y, luego, analiza los fenómenos de violencia que ha sufrido Chile durante el último quinquenio respecto al crimen organizado, la violencia en la Macrozona Sur, y los ciberataques a la institucionalidad chilena. Finalmente, ofrece algunas conclusiones para comprender el futuro de los conflictos en la región.
La hibridez de las guerras: algunas precisiones teóricas
Diversos autores han estudiado la naturaleza de las amenazas, conflictos y guerras (Huber, 2002; Wilkie, 2004; Esdaille, 2006; McCuen, 2008; Glenn, 2010), así como sus actores y características. No obstante, es a finales de los años noventa cuando aparece por primera vez el término guerra híbrida, para referirse a una nueva forma de conflicto que combinaba elementos tradicionales con otros no tradicionales (Walker, 1998). Pero fue solo con las experiencias de Afganistán e Irak cuando los teóricos comenzaron a reflexionar con más fuerza sobre este concepto.
Mattis y Hoffman (2005) plantearon que las amenazas híbridas integraban capacidades convencionales con otras de tipo más irregular, como, por ejemplo, el terrorismo. A diferencia de las guerras de antaño, estas formas suman la violencia deliberada e indiscriminada, la coacción y el desorden criminal (Gutiérrez, 2017), y pueden usarlas tanto Estados como otros actores (Hoffman, 2009a; 2009b). Lo singular de la obra de Mattis y Hoffman (2005), y que Gutiérrez destaca de manera bastante asertiva, es la explicación que ofrece sobre los orígenes de esta forma de combate: serían los avances tecnológicos los que permitirían a los enemigos estatales y no estatales recurrir a formas de atacar con mecanismos ventajosos, inesperados e imperceptibles o indetectables.
Los especialistas en seguridad coinciden en que las modalidades híbridas se usan en el marco de los conflictos asimétricos, donde uno de los involucrados es más poderoso que el otro (Sorabji & Rodin, 2020; Weissmann et al., 2021). Dado que el actor menos poderoso no tiene los medios políticos, económicos y militares para vencer al más poderoso, recurre a técnicas más silenciosas o furtivas, y posiblemente menos costosas, para lograrlo. Así mismo, como no tiene los recursos para iniciar una guerra convencional, ni menos para mantenerla en el tiempo, debe atacar con lo poco que tiene; ser efectivo y evitar a toda costa la alteración de su orden nacional, regional y, de paso, internacional.
En ese sentido, lo híbrido le permite a los Estados y a los "grupos subestatales" -concepto acuñado por Richardson (2007) para referirse a las asociaciones terroristas- atacar a sus adversarios de una forma tal que nunca traspasan el umbral del conflicto armado tradicional, y muchas veces de una manera silenciosa y no declarativa. En otras palabras, "hacer la guerra como si no estuvieran en guerra". En efecto, se habla de hibridez ("amenaza híbrida", "conflicto híbrido", "guerra híbrida") cuando se combinan los elementos convencionales con los no convencionales. Pero ¿qué sucede cuando hay ataques que no son combinados? Es decir, ¿qué sucede cuando un Estado ataca a otro empleando solo elementos no tradicionales?
Una declaración de guerra formal o una invasión sin previo aviso ya son acciones habituales en la historia militar. Por lo tanto, si un Estado expresa el deseo de atacar a otro, o directamente lo ataca, le da la opción de prepararse, aunque además utilice formas no convencionales. Todo lo contrario ocurre cuando un Estado es atacado de manera indiscernible. Cuando este es el caso, ya no se debe hablar de hibridez. Como aquí ya no hay dos elementos, sino solo uno, es necesario considerar otras conceptualizaciones.
El recibir ataques sin saber quién los propina, de dónde vienen e, incluso, sin saber por qué, pone a los Estados en una zona absolutamente negra, no en una zona gris (Galán, 2018). En una zona gris, existe algo de visión sobre la situación, pero, en una zona negra, es imposible apreciar las causas de todos los acontecimientos: se observan los hechos y se sufren sus consecuencias, pero sin saber quién o qué o cómo los está provocando.
La violencia y su creciente escalada (Oren, 2016); el ataque sistemático a las instituciones (Weissmann et al., 2021); la destrucción de ciertas redes de servicios (públicas y privadas) (Jordan et al., 2016); el afán de querer generar pérdidas económicas (Hoffman, 2009); la manipulación de las redes sociales (Daniel & Eberle, 2021); el uso de la desinformación y las noticias falsas para engañar y desorientar a los ciudadanos (Khosrow-Pour, 2021); el embate contra los símbolos nacionales (Sorabji & Rodin, 2020); y el socavamiento de la confianza de las personas hacia sus autoridades (Littell, 2022) son algunas de las características más importantes de estas amenazas invisibles, cuyo rasgo principal es atacar a su oponente de una manera completamente poderosa, pero con un sigilo tal que hace que la ciudadanía tenga la impresión de que todo lo que ocurre es circunstancial.
En este contexto, es plausible plantear que Chile ha sido víctima de este tipo de amenazas durante los últimos años. El aumento de la violencia a niveles sin parangones en los tiempos de democracia (Gerber et al., 2022; Toso Milos, 2021); los ataques intelectuales y materiales a las instituciones nacionales (Jaime-Godoy et al., 2024); la destrucción de servicios emblemáticos para el buen funcionamiento de las ciudades (como el metro, ENEL y Transantiago) (Cerna Carrasco, 2020); el aumento considerable de la criminalidad organizada y de la insurgencia en ciertas regiones del país (Farías et al., 2023)además de los tratados internacionales ratificados por Chile, obligan al Estado a ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes lo requieran, lo cual es especialmente relevante en el ámbito penal. Con ocasión de la revuelta o el estallido social ocurrido en Chile entre el último trimestre de 2019 y comienzos de 2020, la Defensoría Penal Pública adoptó un conjunto de medidas para ofrecer defensa jurídica a quienes eran detenidos o formalizados por los órganos de persecución penal. En esta investigación se compara el comportamiento delictual en el país entre los años 2017 y 2021, y se identifican los delitos del estallido social. Se trata de un conjunto de delitos cuyas frecuencias aumentaron considerablemente en los meses convulsionados: a; y los ciberataques sufridos por importantes instituciones del Estado (Toapanta et al., 2020; Urbanovics, 2022), hechos todos ocurridos durante y después del "estallido social" de 2019, son datos suficientes para sugerir que en Chile han ocurrido eventos, alejados del azar, que conducen al país a una condición de inestabilidad política, económica, social, institucional y cultural sin precedentes en su historia.
El "estallido social" chileno
Del "estallido social", que se comenzó a producir en Chile desde la noche del 18 de octubre del 2019, emanan algunos aspectos que merecen atención. El primero de ellos es su origen: estudiantes organizados que comenzaron a reclamar por el aumento del transporte público y comenzaron a saltarse los torniquetes del metro de Santiago (AFP, 2021; Aranguez Muñoz & Sanhueza Huenupi, 2021; Sanhueza, 2023).
Las que parecían simples protestas estudiantiles a comienzos de octubre rápidamente fueron escalando a otros niveles, a tal punto que, la noche del día 18, los protestantes destruyeron un número importante de estaciones estratégicas de dicho medio de transporte, así como de algunos trenes, que resultaron completamente dañados (Raúl, 2019; Poblete, 2019). De acuerdo con la información entregada por el mismo metro, 118 de las 136 estaciones distribuidas por todo Santiago presentaron daños. Además de esto, diez trenes resultaron afectados: siete fueron quemados y tres vandalizados (BBC Mundo, 2019).
Pero estos ataques no fueron azarosos, puesto que se dirigieron contra estaciones estratégicas de la red ferroviaria (DW, 2019; El Universo, 2019). No resulta extraño que allí hayan destruido precisamente elementos que protegen la seguridad del tráfico, entre ellos los sistemas de señalización y pilotaje automático de los trenes y los sistemas eléctricos de las Líneas 1, 4, 4A y 5. Tal vez, el caso más emblemático fue San Pablo.
En las estaciones menos estratégicas, destruyeron los sistemas de apoyo, atacaron las cámaras de circuito cerrado de televisión, los sistemas de sonorización de las estaciones, los sistemas de comunicaciones, los torniquetes, los dispositivos para recargar las tarjetas de pago, las pantallas de información y todo el equipamiento para personas con movilidad reducida (ascensores, escaleras mecánicas y plataformas).
Tampoco deja de llamar la atención el tipo de estaciones atacadas, entre las cuales se encuentran las más concurridas. El que hayan destruido las estaciones de Baquedano, Plaza de Maipú y Plaza de Puente Alto permite hipotetizar que los vándalos tenían un propósito claro en mente: aumentar el descontento de las personas que día a día utilizan esas estaciones y, de esta manera, agravar la tensión social, algo clave en todo proceso revolucionario (esa misma lógica se puede aplicar a la destrucción de supermercados, farmacias y buses del transporte público (Infobae, 2022).
Otro hecho que sobresalió en los tiempos del "estallido social" fue la animadversión de los protestantes contra los símbolos patrios: quemaron banderas, rayaron edificios emblemáticos de la historia nacional y vandalizaron estatuas y bustos de proceres políticos y militares (Huenchumil, 2021). La más recordada es la estatua del General Manuel Baquedano, donde, además, yacía la tumba de un soldado desconocido, muerto en la guerra del Pacífico (Montes, 2020). Pero esa situación se repitió en muchas ciudades a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, en Arica, muy cerca del morro, decapitaron los bustos de todos los oficiales que participaron en la toma de ese lugar en junio de 1880 (Heinrich Boll Stiftung, 2019).
Esa antipatía hacia la historia y sus actores tampoco fue casual: respondió a un propósito evidente de no solo deslegitimar el pasado, acusado de injusto, sino, además, con base en ese discurso, de erosionar las tradiciones e identidades nacionales y regionales. Todo esto con un objetivo último claro: eliminar los elementos cohesionadores de la sociedad, esos que hacen que los ciudadanos se sientan parte de un mismo proyecto nacional, y producir todo lo contrario, es decir, división, antagonismo y tensión. (La misma línea que mantuvieron durante el primer proceso constituyente (2020-2022), con tesis tales como la de la "plurinacionalidad").
Por todo lo anterior, el ataque a las Fuerzas Armadas y de Carabineros fue una constante durante todo este proceso: tenía sentido agredir a estas instituciones del Estado, protagonistas de esa historia que se quería debilitar. Con todo, es cierto que, cuando se produjo el "estallido social", militares y carabineros ya venían presentando una fuerte desaprobación popular, producto de algunos casos de corrupción que minaron su legitimidad. Para muchos, los cuerpos armados no tenían la autoridad moral para poner el orden que la población les exigía a sus autoridades. Eso explica por qué políticos de oposición al gobierno del presidente Piñera lo recriminaron por haber sacado a los militares a la calle y salieron a protestar por su presencia. Recordadas son las imágenes del entonces diputado Gabriel Boric en las que increpaba a miembros del Ejército en Plaza Italia (El Desconcierto, 2019), o las protestas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en las afueras del Regimiento de Infantería "Buin", en las que les exigía a los uniformados retornar a los cuarteles (Emol, 2019).
En estos contextos de gran incertidumbre, atacar a las Fuerzas Armadas y policiales tenía un sentido: debilitar aún más a aquellas instituciones que tienen el mandato de proteger interna y externamente a la nación, y dejarlas totalmente incapacitadas para cumplir sus misiones constitucionales. Porque, para las fuerzas de seguridad, no basta con tener militares y policías profesionales (que a nivel regional siempre han sido destacados de manera significativa por los chilenos, a pesar de las críticas que algunos intelectuales siempre profieren desde las trincheras académicas). También es necesario que cuenten con el apoyo popular (de conformidad con la tesis clausewitzniana): un ejército o un cuerpo policial que no tiene el respaldo ciudadano se torna totalmente inoficioso, por más profesional que sea.
Esto explica el afán permanente de refundar a Carabineros, la única fuerza legalmente destinada a la contención de las "nuevas amenazas" (y que, por lo demás, ha venido mejorando en cuanto a niveles de aprobación ciudadana, al pasar de un 34%, en los tiempos del "estallido social", a un 84%, en 2024). Entonces, debilitar a los cuerpos policiales ha sido también parte de una estrategia, sobre todo en un país donde sus instituciones de seguridad pública han gozado durante años de prestigio nacional e internacional. Con fuerzas de seguridad debilitadas por las críticas políticas y por las señales de vulnerabilidad que han entregado, se produce una combinación perfecta para que todos los enemigos de la sociedad, como narcotraficantes, guerrilleros y criminales, encuentren terreno fértil para cumplir sus objetivos.
Y, en parte, lo que se ha podido ver en Chile durante los últimos años, sobre todo después del 18 de octubre de 2019, es precisamente todo esto: instituciones militares y policiales bombardeadas por la prensa, criticadas por la opinión pública y con menos poder del que deberían tener. La consecuencia también ha sido evidente: un aumento considerable de la violencia, la delincuencia y un desdén constante contra el orden público.
Pero el hecho más complejo de aquellos días fueron los intentos de tomar el Palacio de La Moneda, la sede de la Presidencia de la República de Chile. En los tiempos de la revuelta, se rumoreó fuertemente que los protestantes estaban llamando a tomarse el palacio de gobierno. Esto fue desmentido por algunos políticos y acallado por la prensa, precisamente por las consecuencias que eso podía tener en términos democráticos.
Sin embargo, el entonces director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, ratificó que el rumor era cierto (Ex-ante, 2022). En casi todas las entrevistas que este académico ha dado desde entonces, ha reconocido que los manifestantes querían tomarse La Moneda y derrocar al Gobierno democrático del presidente Piñera. Ante esto, las primeras reacciones fueron sumamente cuestionadas por algunos sectores, hasta que los más radicales terminaron reconociendo, a través de la prensa, que todo era verdad.
Esta situación evidencia las verdaderas intenciones de quienes lideraban el movimiento social, que no dudaron en aprovecharse de las legítimas demandas ciudadanas para alcanzar sus metas ideológicas. El objetivo político de derrumbar la democracia chilena no era una fantasía (Crespo, 2024).
El "estallido social" de 2019 no fue un proceso espontáneo, como no lo ha sido ninguna revolución a través de la historia: desde la revolución francesa, en 1789, pasando por la rusa, de 1917, hasta llegar a la cubana, de 1959, se observan intereses partidistas o sectoriales, poderes fácticos que operan en la clandestinidad e injerencias extranjeras, que son algunos de los factores más recurrentes dentro de las historias revolucionarias más importantes de los últimos siglos.
Así las cosas, esta hipótesis encuentra sustento en todos los elementos ya mencionados: destrucción de lugares emblemáticos, ataques sistemáticos a las fuerzas de seguridad y los intentos de derrocar un Gobierno democráticamente elegido. Si se miran estos factores por separado posiblemente no transmitan nada. Pero, si se hace en perspectiva de conjunto, todos apuntan a comprobar la hipótesis aquí defendida. Cabe recalcarlo: no es azaroso que la violencia comenzara a germinar y a propagarse desde aquel entonces en el seno de la sociedad chilena, y a un nivel que pocas generaciones recuerdan o conocían.
Crimen organizado
Todos los números asociados a la criminalidad organizada en Chile han aumentado considerablemente durante los últimos años (Meersohn et al., 2024). El tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, el contrabando de múltiples productos, la extorsión, los negocios ilícitos que están detrás de la inmigración ilegal, la violencia y sus novedosas manifestaciones, entre otras tantas expresiones del crimen organizado, hacen patente cómo ha evolucionado este fenómeno en un país que, hasta hace unos pocos años atrás, se caracterizaba por tener bajos todos sus niveles de inseguridad, en comparación con sus vecinos de la región (Bravo Acevedo, 2024; Humberto et al., 2023).
El consumo de drogas siempre ha sido alto. Lo que es completamente novedoso son los modus operandi de las bandas que las trafican, las cuales han comenzado a practicar en Chile las mismas acciones que, por años, han desarrollado en otros países del continente americano. Tal vez, las dos muestras más fehacientes de todo esto son la extorsión y el sicariato, cuyo aumento ha sido significativo desde 2018 (La Tercera, 2022).
Pero, más allá de su intensificación, el crimen organizado se constituye hoy en una nueva amenaza de diferente índole: en un factor cada vez más desestabilizador de los sistemas políticos, en general, y de las democracias, en particular. No es sorpresa para nadie que el crimen organizado tiene la capacidad bélica y económica de cooptar todas las estructuras del Estado. Basta con recordar los casos de Miguel Ángel Félix Gallardo, en México, y de Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, para demostrar esa realidad. Y, cuando un país llega a esos niveles de penetración e influencia del crimen organizado, los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones, en la probidad de sus autoridades y en la efectividad del Estado, que se comienza a desmoronar, a veces, de manera imperceptible. A partir de entonces, la democracia entra en un estado crítico y el país emprende su proceso de autodestrucción, con las consecuencias internas que todo este proceso entraña.
Gracias a su poder de fuego, los criminales organizados desestabilizan al país en todas sus dimensiones: en lo económico, el lavado de dinero, por ejemplo, daña las estructuras fiscales, al evadir enormes sumas que dejan de entrar al erario; en lo político, las autoridades y las instituciones abandonan su misión más prístina, que es brindarle seguridad a los ciudadanos, para dársela a los criminales; en lo social, unos se sienten vulnerables, mientras que otros caen en el flagelo de las drogas, lo que deteriora la salud pública; en lo internacional, se llegan a producir tensiones diplomáticas por la falta de control de las fronteras nacionales, como también se puede deteriorar la imagen del país, lo que afecta la inversión extranjera.
De esta manera, estos grupos ponen en jaque al Estado de derecho. Las personas ven impávidas cómo crecen los niveles de violencia y cómo el Estado es superado por quienes la perpetran. Y esta situación se manifiesta no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos.
En término cuantitativos, las tasas de homicidio en Chile se han disparado en los últimos años a niveles desconocidos hasta ahora. A 2023, el crecimiento bordeaba el 30% con respecto al año anterior. Solo Santiago tuvo, durante el año 2021, 314 asesinatos, mientras que, en Tarapacá, estos aumentaron, ese mismo año, en un 280% en comparación con el año anterior. El análisis del Ministerio Público entregó una cifra inédita: Chile ya supera la tasa de los 14 asesinatos por cada 100000 habitantes, cifra que lo sitúa al mismo nivel de otros países latinoamericanos, con trayectorias históricas mucho más inseguras y peligrosas. Solo para tener como punto de referencia, El Salvador, en su momento más complejo, entre 2015 y 2016, llegó a tener una tasa de poco más de 18 muertes por cada 100000 habitantes. En 2021, cerró con una tasa que supera levemente los tres muertes, mientras que en 2024 la tasa es cercana a uno, lo que evidencia una drástica disminución en los últimos años (Prensa Latina, 2024).
En términos cualitativos, el tipo de violencia asociado al crimen organizado no solo se ha diversificado, sino también brutalizado.
Los asesinatos y las formas de materializarlos no son los mismos que antaño. Ya se ha vuelto común encontrar a personas acribilladas, torturadas o incineradas, y abandonadas en la vía pública para infundir temor. Esta condición, propia de los criminales que han operado en otros países de América Latina, se ha multiplicado sobre todo en las regiones de alto riesgo, como lo son Arica, Tarapacá y Antofagasta.
Lo mismo sucede con los ajustes de cuentas, que, poco a poco, se han ido incrementando en todo el territorio. En resumen, hechos que hasta hace unos pocos años eran prácticamente inexistentes en el país hoy se han vuelto cotidianos, lo que incide en los índices de victimización de los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las personas que perciben que la delincuencia aumentó en el país llega al 90,6%. Se trata de la cifra histórica más alta: en 2021, llegó al 86,9% y, en 2015, al 86,8% (La Tercera, 2022).
Otro fenómeno que se ha multiplicado en Chile durante el último quinquenio es el sicariato: asesinos a sueldo que matan a otras personas por encargo. Solo como botón de muestra, durante 2023 murieron 38 niños y adolescentes asociados al sicariato; a comienzos de 2024, han muerto seis (24 Horas, 2024). Uno de los casos más recordados fue el asesinato del empresario Alejandro Correa, en la ciudad de Concón, en mayo de 2020. El criminal, un ciudadano colombiano en situación migratoria ilegal, fue detenido y enjuiciado en poco tiempo gracias a la labor realizada por las policías nacionales.
Las autoridades nacionales han tomado conciencia de esta nueva realidad y han impulsado una agenda legislativa que intenta enfrentar este tipo de acciones. Durante 2020 y 2021, un grupo de diputados promovió una reforma al Código Penal, con el propósito de endurecer las penas para quienes cometen estos delitos. Hasta ese momento, el artículo 391 de dicha normativa establecía que los sicarios serían penados con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si el homicidio se producía por premio o promesa remuneratoria. La nueva reforma instituyó penas mucho más duras: presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
Sin embargo, todo lo anterior queda opacado por una variable más de la criminalidad organizada que ya está instalada en Chile (y que en América Latina ha sido una constante, desde hace décadas, entre los distintos grupos delincuenciales, desde las guerrillas, pasando por los cárteles, hasta llegar a las maras que han operado en Centroamérica): la extorsión.
Este delito consiste en robarle dinero a las personas a cambio de una supuesta protección, y bajo la amenaza de ser asesinadas ellas mismas o los miembros de su familia si no acceden. No pocas veces las personas consienten, pero, si no cumplen con los compromisos así adquiridos, los delincuentes se manifiestan con vehemencia contra ellos. Cuando se instalan estos delitos, el Estado de derecho comienza una erosión de la cual es muy difícil sustraerse. Si en Chile, hasta el año 2018, se producían alrededor de cinco secuestros narcoextorsivos al año, desde 2019 esa cifra prácticamente se ha duplicado: de 2021 a 2022, la tasa creció un 70% (Ex-ante, 2023).
Pero la aparición y posterior crecimiento de estos delitos no ha sido algo azaroso. Ha sido más bien el efecto de un problema que combina dos variables importantes: por un lado, la llegada y arraigo de algunos cárteles extranjeros de suma peligrosidad; por otro, el nivel de complejidad que los mismos grupos locales han alcanzado, en parte, gracias a imitar a sus exitosos pares provenientes de otras naciones de la región. En otras palabras, la criminalidad organizada nacional ya no es la misma de antaño: si antes operaban sigilosamente, por temor a ser descubiertos, hoy no tienen miedo ni resquemores a mostrarse en público y exhibir todo su poder.
La evidencia más concreta de esto son los "narcofunerales", que se han propagado por todas las regiones del país en los últimos años. El poder de fuego de estas bandas está a la vista: subametralladoras y pistolas con cargadores extensivos, así como armas de guerra.
La presencia de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Valencianos y el Cartel de Jalisco de Nueva Generación, entre otras, cambió cualitativamente la situación de seguridad en Chile. Es cierto que el narcotráfico no era un problema novedoso, pero las organizaciones locales no tenían las mismas prácticas de otros cárteles: ejercían violencia y se venían mostrando cada vez con más atrevimiento u osadía, pero no empleaban las técnicas que durante años han utilizado las asociaciones mexicanas, colombianas y venezolanas, por mencionar algunas.
Ejemplos de esta transformación no solo se hallan en los sicarios y en los ajustes de cuentas. Se hallan también en los mecanismos que ahora emplean para controlar sus territorios, donde ejercen presiones contra la población civil para luego comenzar a carcomer las estructuras del Estado, por medio de la corrupción y la violencia. El aumento de muertes dolosas y de inmigrantes ilegales en la Macrozona Norte se debe en parte al poder que ha ido adquiriendo el Tren de Aragua en ciudades como Arica e Iquique. Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), en Arica hubo 8 asesinatos durante 2020, mientras que al año siguiente esa cantidad ascendió a 16; en Tarapacá, en el mismo período, se pasó de 10 a 38 homicidios. Hasta septiembre del 2022, según reportes de la Policía de Investigaciones (PDI), esas cifras ascendieron a 18 y 28, respectivamente.
En tiempos de globalización, las distintas amenazas han experimentado una suerte de convergencia (Realuyo, 2019) y complementación en términos económicos, logísticos y, por tanto, funcionales y operativos: los terroristas necesitan el dinero del que disponen los cárteles, y los cárteles necesitan la violencia y las armas que proveen los terroristas.
Lo anterior en el nivel de grupos "subestatales", según la definición de Richardson (2007). Pero ¿qué sucede cuando una de estas asociaciones entra en contacto, negocia y colabora con un Estado no solo para asegurar el funcionamiento del negocio y, por tanto, el enriquecimiento ilícito de ambas partes, sino también para atacar a otro Estado (considerado enemigo)? Tal como, por ejemplo, sucedió en Colombia, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez trabajó en conjunto con las FARC para debilitar al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, hecho que concitó fuertes tensiones diplomáticas (International Institute for Strategic Studies, 2011).
Reemplazar el hard power por el criminal power parece no solo rentable, sino también eficiente, porque con pocos recursos se puede propinar un ataque devastador sin producir tensiones diplomáticas ni violaciones al derecho internacional (no hay "responsables estatales" detrás de los hechos, lo que genera la "sensación" de que "no se está en guerra con nadie").
Países como México, El Salvador y Colombia, por mencionar algunos, han demostrado que la presencia de la criminalidad organizada debilita la democracia, el Estado de derecho, la estabilidad interna, el desarrollo material y moral, así como la imagen del país a nivel internacional. Por tanto, introducirle a un país enemigo un problema de esta naturaleza le provoca daños irreversibles en todas sus dimensiones: el asesinato indiscriminado de personas; el miedo generalizado entre la población; la destrucción y deslegitimación de las instituciones, sobre todo las de seguridad; los efectos económicos de las actividades ilícitas; y el socavamiento del bien común, lo que mina la cohesión social y la confianza entre las personas; por mencionar algunos de sus efectos más palpables.
Así las cosas, atacar de esta manera a un país considerado enemigo resulta ser atractivo para cualquier Estado que busca doblegar a otro sin dejar mayores rastros comprobables.
Violencia en la Macrozona Sur
Otro de los factores que ha incidido en la inestabilidad interna de Chile en los últimos años ha sido el aumento considerable de la violencia en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Al igual que en el caso del crimen organizado, la violencia ha crecido en términos cuantitativos y cualitativos.
Según el Barómetro de Conflictos, de la Multigremial Araucanía, los ataques incendiarios aumentaron de 2020 a 2021 en un 137% (Multigremial Araucanía, 2021). Y, según el diario La Tercera (2021), entre 2015 y 2020 se registraron más de 770 atentados. Pero estas cifras se han incrementado, en parte, por el empleo de nuevas formas de violencia que, al menos en el comienzo de la lucha mapuche, a fines de los 1990 y comienzo de los 2000, prácticamente no existían. Si por entonces los "weichafe" o guerreros peleaban con palines y boleadoras, durante el último tiempo lo han estado haciendo con poderosas armas de fuego, como fusiles AK-47 y M-16. Como resultado, durante el 2023, hubo 358 hechos de violencia, más de 800 víctimas y dos fallecidos (El Libero, 2024).
Grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichan Auka Mapu (WAM), la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), entre otros, han perpetrado una serie de atentados incendiarios en distintas localidades de estas regiones, particularmente contra empresas forestales, hidroeléctricas y de construcción, así como contra plantaciones, viviendas, caballerizas, iglesias cristianas, escuelas rurales y centros de salud primaria.
Cabe destacar que, entre 2015 y 2021, quince establecimientos educacionales fueron quemados, lo que afectó a más de 600 niños y niñas, y que, entre 2021 y 2023, esa cifra aumentó a veinticinco (El Libero, 2023). A todos estos hechos es necesario añadirles los ataques a comisarias, a puestos militares y a oficinas públicas, tanto municipales como judiciales. Como resultado de estas acciones, han muerto personas de distintos orígenes, entre ellas trabajadores, carabineros y habitantes mapuche y chilenos residentes en distintas localidades de la Macrozona Sur. Al respecto, el 27 de abril del 2024, en Cañete, tuvo lugar un evento sin precedentes hasta entonces: una patrulla en la que se movilizaban tres carabineros fue emboscada, los tres fueron asesinados con fusiles de guerra y sus cadáveres fueron quemados dentro del vehículo policial (BBC Mundo, 2024).
Dado el tipo de acciones que han realizado, es posible sostener que las organizaciones mapuches ya mencionadas son guerrillas en el sentido clásico de la palabra, similares a las que han operado en otros países de América Latina durante el siglo XX. Esta forma de organización combativa se ha caracterizado por su alta efectividad, gracias, en parte, a las acciones, tácticas y métodos irregulares que han empleado contra Estados y sociedades inermes.
Si se hace una síntesis de las principales obras que han teorizado sobre la guerra de guerrillas, entre las cuales se destacan las de Ernesto Guevara (1960), Mao Zedong (1937; 1964; 1966) y Vo Nguyen Giap (1971), por mencionar algunas, es posible identificar algunas características que se constatan totalmente en el sur de Chile, a saber: ataques menores, pero desarrollados en serie, que buscan debilitar al Estado de Chile, al cual le han declarado la guerra en reiteradas ocasiones y es, pues, su enemigo; operaciones cometidas por pequeños grupos, que atacan selectivamente objetivos que ponen en evidencia la debilidad de su enemigo; tácticas basadas en ataques rápidos y retiradas ágiles; aprovechamiento absoluto del entorno, no solo para huir y ocultarse, sino también para atacar sin ser descubiertos; aplicación de presiones psicológicas, con mecanismos sorpresivos y ataques contra blancos vulnerables.
El hostigamiento hacia el Estado y las comunidades que viven incluso más allá de los límites de la Macrozona Sur se puede apreciar de múltiples maneras. Ya se mencionaron los ataques contra las empresas y la propiedad privada, pero es menester mencionar también que sus ataques rápidos y sorpresivos se han materializado en emboscadas a los cuerpos policiales, a trabajadores forestales e incluso a autoridades políticas. El ejemplo más revelador de todo esta situación ocurrió cuando una ministra de Estado se dirigió a la zona de Temucuicui y fue recibida a tiros por miembros de estos grupos. Horas después, voceros del grupo que perpetró este ataque argüyeron que eso pasó porque nadie les había solicitado permiso para entrar a sus tierras. Por el momento, no se han registrado voladuras de puentes, pero sí interrupciones de caminos y accesos, para lo cual derriban árboles que impiden el libre tránsito de vehículos públicos y privados.
Como lo han planteado sus militantes y teóricos, especialmente Ernesto Guevara, la guerra de guerrillas debe ser asumida como un medio con el cual se busca alcanzar el poder político: sin esta forma de combate, no puede lograrse la revolución, la cual allana el camino para cambiar el orden vigente que, según estos grupos, es injusto. Y, si las condiciones políticas, sociales y económicas no justifican hacer la revolución -como sería en el caso chileno-, los líderes guerrilleros postulan que el grupo insurreccional puede crearlas.
Por eso, no es extraño que todos los grupos que operan en la Macrozona Sur apuntan contra el Estado chileno, la propiedad privada, el capitalismo, el "neoliberalismo" y, de paso, el "sistema colonial". De hecho, en las bases de la WAM, la idea es patente: la lucha que están llevando a cabo busca eliminar todo tipo de elementos occidentales; se declaran "anticapitalistas y anticolonialistas", y reivindican la "reconstrucción del Wallmapu, la autodefensa, la lucha armada y las acciones incendiarias contra las infraestructuras del capitalismo" (Ex-ante, 2021).
Según sus militantes y teóricos, la guerra de guerrillas es una guerra popular. Por eso, sostienen que, sin el apoyo de la población, es muy difícil alcanzar los objetivos que se han propuesto. Sin ir más lejos, el mismo Guevara afirmaba que esta modalidad "es la vanguardia combativa del pueblo, situada en un lugar determinado de algún territorio dado, armada y dispuesta a desarrollar una serie de acciones bélicas, tendientes al único fin estratégico posible: la toma del poder". Y, para lograr esta meta, es necesario contar con el apoyo, no solo de los campesinos, sino también de los obreros de las zonas y territorios que estén en disputa. "Sin esas premisas no se puede admitir una guerra de guerrillas", añadía.
Sus militantes y teóricos creen, entonces, que la población, debe darles apoyo moral y material: debe proveerles los recursos necesarios para la causa revolucionaria (como armamento, municiones, suministros médicos, alimentación y apoyo logístico en general). Y ¿por qué creen que la población debe apoyarlos? Porque están convencidos -y, de paso, convencen o, al menos, intentan convencer a los demás- de que su causa es justa y es en beneficio de los más necesitados, que son la mayoría de esa población campesina que dicen representar.
Y, como la finalidad es alcanzar el poder, la desmoralización del enemigo cumple una tarea crítica: no se puede llegar a ese objetivo sin doblegar al enemigo material y moralmente.
En el caso de la Macrozona Sur, esta tarea se puede evidenciar en la destrucción de diferentes elementos: puestos de trabajo (maquinarias, predios, sembradíos); iglesias cristianas; escuelas rurales; propiedad privada; lugares simbólicos (como el incendio del Molino Grollmus, en agosto de 2022). Asimismo, se constata en las prácticas de amenazar, extorsionar y atacar a la población civil, pues son los civiles las víctimas predilectas de estos grupos.
Si bien estos grupos todavía no aniquilan de forma sistemática a la población civil, como ha sucedido en otros casos históricos, lo cierto es que nada impide que eso pueda ocurrir en el futuro. Si no sucede hoy, no es por razones morales o humanitarias, sino simplemente por razones estratégicas. Estos grupos saben perfectamente bien que, atacando sistemáticamente a la población indefensa, perderían completamente el apoyo ciudadano que han alcanzado en los últimos años (esta tesis la han defendido explícitamente varios grupos a nivel regional, como, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de México).1
Todos los ataques que han perpetrado en el sur de Chile tienen un carácter fundamentalmente estratégico: ninguno ha sido azaroso ni mucho menos espontáneo (el asesinato de tres carabineros en Cañetes, el 27 de abril de 2024, tuvo lugar el mismo día en el que la institución estaba de aniversario).
La guerra de guerrillas se caracteriza por atacar poco a poco, de manera paulatina. Pero, cuando las condiciones están dadas, desata una oleada de grandes ofensivas que buscan diezmar y, de paso, desmoralizar a quienes consideran sus enemigos principales, los cuales, en el caso de la Macrozona Sur, son los grandes capitales, los colonos, las fuerzas del Estado, las escuelas y las iglesias cristianas.
Los militantes y teóricos están convencidos de que, cuando esto ocurre, las fuerzas enemigas -en este caso, el Estado chileno- se desmoronan y optan por retirarse y rendirse. Por el momento, en Chile esto no ha sucedido, pero la escalada de violencia que han ido desatando permite suponer que todos los esfuerzos van encaminados hacia ese objetivo.
La actividad de estos grupos representa un desafío notorio para el Estado chileno en términos geográficos, políticos y jurídicos. No solo por sus intenciones de escindir y fragmentar el territorio nacional en un "Wallmapu" (en lengua mapudungún, o un "territorio circundante" completamente autónomo de la soberanía nacional), sino también por toda la violencia que emplean para alcanzar este y otros objetivos, como la consecución de tierras y la erradicación tanto del capitalismo como del "colonialismo", a los que ellos consideran fuentes de todo mal.
Sus acciones ponen en riesgo la integridad territorial, pero también el Estado de derecho, la democracia y el bien común, y no solo en las zonas en conflicto, sino, en realidad, en todo el territorio nacional. Al respecto, según el Global Terrorism Index (Institute for Economics & Peace, 2022), Chile pasó a estar entre los primeros veinte países más peligrosos del mundo en 2022, en parte como resultado de la violencia que se ha venido desatando en las cuatro regiones del sur del país que componen la Macrozona Sur. Países como México y Colombia han puesto en evidencia las consecuencias de tener grupos separatistas, antisistema y altamente violentos dentro de sus territorios: miles de muertos, desplazados y una cantidad indeterminada de desaparecidos dan cuenta de esta situación. En Chile, esto está recién comenzando.
Ciberataques a la institucionalidad chilena
El ciberataque perpetrado por el grupo de hackers informáticos denominado Guacamaya contra el Estado Mayor Conjunto de Chile, durante septiembre de 2022, y que filtró cientos de miles de correos electrónicos correspondientes a la defensa nacional, no debe ser visto como una simple intromisión cibernética.
Si bien algunas autoridades y especialistas han coincidido en que estos ataques no revisten un mayor peligro para la seguridad nacional, por cuanto no revelarían información vital, lo cierto es que la publicación de correos institucionales, que abordan temas de seguridad interna, debe ser materia de reflexión y de alerta (BioBioChile, 2022). (Y más aún si se tiene en cuenta que nunca se identificó ni procesó a sus responsables).
Y no simplemente porque evidencian cierto grado de debilidad o vulnerabilidad institucional -sobre todo ante los enemigos o potenciales enemigos del Estado-, sino es especial porque expusieron detalles que podrían ser usados en contra de la seguridad nacional o que podrían repercutir negativamente en la opinión pública (o en la imagen internacional del país).
Uno de esos temas sensibles tuvo que ver con la inteligencia nacional. Algunos de los correos filtrados contenían información relativa a evaluación o diagnóstico crítico de las operaciones de las Fuerzas Armadas, lo que muestra que los sistemas de inteligencia eran verdaderos puntos débiles de la seguridad nacional.
Según uno de esos mensajes de correo (una minuta del 30 de junio de 2020), los altos mandos militares les habrían manifestado a las autoridades políticas su preocupación por la situación de seguridad en Araucanía y Biobío en los siguientes términos: "pese a los esfuerzos realizados por recabar información y producir una inteligencia lo más adelantada posible, el dónde y cuándo no existe [sic], en cuanto a poder establecer la ocurrencia de actos terroristas y delictuales".
Además, mostraba que algunos funcionarios militares ponían en cuestión la efectividad de las reglas del uso de la fuerza (RUF) aduciendo que no aportaban tanto a la solución de los problemas de seguridad, dado su carácter "limitante [sic]". Asimismo, dejaba ver que consideraban que existían problemas relativos a la distribución territorial entre las mismas fuerzas de seguridad (armadas y policiales), lo que generaba un desequilibrio importante en materia de resguardo entre las distintas provincias de la Macrozona Sur.
Si se examina con atención, toda esta información ponía en riesgo la seguridad del país, por cuanto avisaba a los enemigos del Estado sobre las posibles ventajas que tenían sobre este.
Este mismo documento informaba sobre la desproporción o asimetría que había entre las fuerzas guerrilleras y las de seguridad. Así, reconocía que "una de las problemáticas más importante es la falta de movilidad y protección de Carabineros, al contar con un número reducido y vulnerable de vehículos y el hecho de solo contar con armamento disuasivo (escopetas) para repeler y enfrentar ataques con armamento de guerra por parte de subversivos y delincuentes".
En ese mismo sentido, según reportaje del diario El Mostrador (2022), otro documento establecía lo siguiente: "Pese a los altos gastos, los jefes de la Defensa Nacional también informaron de la falta de equipamiento en medio del estado de excepción en el sur, principalmente en la Región del Biobío". Dicha situación se traducía en "falta de blindaje en vehículos militares", de "chalecos antibalas" y de medios eficientes para "retirar barricadas en la ruta", así como en "transporte de personal y carga sin protección balística". (El caso de los tres carabineros asesinados en Cañete, en abril de 2024, evidencia que esta información no estaba alejada de la realidad).
El asunto resulta mucho más preocupante, si se considera el tipo de enemigo al cual se están enfrentando las fuerzas de seguridad: contrabandistas de madera, narcotraficantes y delincuencia organizada, como lo revelaba otro documento: "implica no solo a los delincuentes, sino también a la población beneficiada, y en este caso pareciera que también a la industria maderera, que coopera para no verse afectada" (El Mostrador, 2022). Cabe recordar que el mismo líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, reconoció públicamente que su grupo participaba en el robo de madera con el propósito de "comprar fierros [armas]" para la "causa" (BioBioChile, 2022).
Y, de nuevo, el problema es tanto cualitativo como cuantitativo. Una de las mayores preocupaciones de los militares, según otro documento, era la escasa cantidad de policías que los Gobiernos destinan a la Macrozona Sur: "la mayor dificultad con la que se contó y que influyó [...] era la falta de personal de Carabineros de Chile para la ejecución de tareas de control de los check point y ejes de operaciones determinados por la JDN [Jefatura de la Defensa Nacional]".
Las consecuencias de esto han sido múltiples: pocos patrullajes, que solo se han podido realizar con medios de transporte militar, con los problemas que esto conlleva (lentitud a causa del tipo de vehículos que posee el Ejército; baja cobertura y protección del territorio, que queda en gran medida desamparado ante las acciones de los grupos que allí operan; y desatención de las otras labores policiales y comunitarias que deben cumplir los carabineros, pero que ya no pueden cumplir por ser destinados a otras funciones).
Las fuerzas de seguridad saben que los enemigos son poderosos, y que los errores pueden afectar el logro de su misión, que es garantizarles seguridad a los ciudadanos. En ese sentido, una de las preocupaciones más recurrentes en los correos filtrados refiere a las consecuencias de generar bajas entre los insurgentes.
Los militares son conscientes de que esto afectaría el despliegue militar, el prestigio de las fuerzas y, de paso, fortalecería la causa mapuche, pues rápidamente emergerían los "mártires". De hecho, una de las tantas lecciones que han dejado las "nuevas guerras" (específicamente Afganistán e Irak) es que las bajas del enemigo son complejas, toda vez que crean nuevos héroes, aumentan el deseo de resistencia contra el invasor e incrementan el número de sus integrantes, que comienzan a sentir simpatía con la causa que encarnan (Rubin, 2002; Gall, 2007; Ricks, 2007; Filkins, 2009; Kilcullen, 2009; West, 2014; Smith, 2017). Por eso, otro documento reza de la siguiente forma: "se debe tener un especial cuidado en la posible búsqueda de la victimización de un delincuente por acción de las FF. AA., produciendo un segundo [Camilo] Catrillanca [líder mapuche], lo que dejaría en muy mal pie las acciones desarrolladas, a los jefes de la Defensa Nacional y al Gobierno".
Estos ciberataques han revelado, no solo la vulnerabilidad de los sistemas computadonales de la Defensa Nacional, sino también detalles sobre la situación de las fuerzas de seguridad que operan en la Macrozona Sur. Una inteligencia debilitada después del operativo policial conocido como caso Huracán, pocos recursos materiales y humanos desplegados en la zona y temores por las posibles consecuencias que podrían arrojar las bajas insurgentes son algunos de los temas que hasta el momento se han desclasificado.
Los efectos de estas filtraciones son variados. Por una parte, debilitan la confianza de la opinión pública en sus instituciones armadas, que tienen la responsabilidad de proteger al Estado, a los ciudadanos y a su soberanía. Por otra, suscitan entre los ciudadanos la percepción de vulnerabilidad e indefensión ante amenazas criminales, que han ido creciendo sistemáticamente en el tiempo.
Conclusiones
Los teóricos han sido categóricos al plantear que los conflictos posteriores a la Guerra Fría desdibujan los límites entre la guerra y la paz. Es decir, un país puede ser atacado por otro, pero también puede serlo por una amenaza no estatal, incluso sin que exista una declaración formal de guerra, como solían ser las guerras de antaño.
Si se siguen los patrones convencionales, Chile ha gozado de una paz excepcional a nivel regional: prácticamente no ha estado en guerra desde 1884, año en el cual terminaron las hostilidades con Perú. Durante el siglo XX, sus problemas han sido internos, y aquellos que tuvieron naturaleza externa, como el conflicto con Perú, en 1975, y con Argentina, en 1978, fueron oportunamente resueltos. Luego, una vez terminado el régimen militar, Chile inició un proceso de ordenamiento, desarrollo y estabilidad único en la región. Si el país figuraba entre los más pujantes y estables de América Latina, con indicadores económicos, sociales y de seguridad de primer orden, no fue producto del azar.
Pero todo cambió el 18 de octubre del 2019, cuando se inició la revuelta popular que ocasionó una serie de desmanes violentos en todo el territorio nacional. Incendios, destrucciones y agresiones a la autoridad policial y militar han sido la tónica desde entonces.
Fue en ese contexto como el entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció, con escasa prolijidad, que el país se encontraba en "guerra contra un enemigo poderoso" y suscitó una gran conmoción entre los chilenos. Al día siguiente, una de las principales autoridades militares del país contradijo al presidente al afirmar que él "no estaba en guerra con nadie". Las respuestas a estas dos declaraciones fueron inmediatas: unos criticaron al funcionario militar por haber deslegitimado al Gobierno; otros criticaron el liderazgo presidencial; para la mayoría de los ciudadanos, en cambio, la mesura y parsimonia del experimentado militar tranquilizaba el ambiente (mal que mal, él decía que Chile no estaba en guerra con nadie).
El punto central, en cualquier caso, es que, en el contexto actual, ambas tesis son más bien complementarias, no radicalmente excluyentes. El principal argumento para sostener que Chile está siendo atacado por un enemigo poderoso, aunque no esté abiertamente en guerra con nadie, es el nivel de violencia que el país ha venido experimentando durante los últimos años y que, todo indica, está concatenada en todas sus dimensiones. Pareciera que todos los problemas que ha enfrentado Chile son aislados, pero esa sensación de que todo está disgregado es parte de las estrategias asociadas a las nuevas formas de agresión. Por eso, los ciudadanos tienen la impresión de que la violencia ocurrida es algo prácticamente fortuito, cuando, en realidad, es perpetrada por agentes cuyo afán es el de debilitar la democracia, el Estado de derecho y el bien común.
