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Introducción
La educación en las instituciones militares constituye un componente esencial para la formación y el desarrollo integral de sus miembros, abarcando no solo habilidades técnicas y tácticas, sino también la preparación de individuos que se conviertan en ciudadanos responsables y líderes eficaces. En el contexto del Ejército Nacional de Colombia, las políticas públicas de educación están estructuradas para asegurar que los integrantes de la fuerza pública reciban la formación necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficiente y eficaz, en consonancia con las exigencias normativas y los principios consagrados en la Constitución Política.
En el marco constitucional colombiano, la función del Estado se orienta, entre otros fines esenciales, a garantizar el bienestar general y la protección de los derechos fundamentales, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de 1991. Esta directriz se materializa particularmente en el ámbito educativo; el artículo 27 consagra el respaldo del Estado a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y docencia, y el artículo 67 reconoce la educación como un derecho individual y un servicio público esencial, orientado a la formación de ciudadanos comprometidos con los valores democráticos, la paz y el respeto por los derechos humanos. En este contexto, el artículo 222 de la Carta Magna establece una relación específica entre estos principios y la formación del personal de la fuerza pública, al disponer que su desarrollo profesional, cultural y social debe estar regulado por la ley e incluir la enseñanza de los principios democráticos y los derechos humanos. Esta interrelación normativa constituye el fundamento constitucional que sustenta la necesidad de analizar y fortalecer los procesos formativos en instituciones que integran componentes educativos y de seguridad, garantizando su coherencia con los valores y propósitos del Estado social de derecho (Constitución Política, 1991).
Por otro lado, el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (PEFA), establecido mediante el Decreto 4890 de 2011, define los principios fundamentales que guían la formación de los soldados desde perspectivas filosóficas, antropológicas, pedagógicas y didácticas, en las cuales se establecen la visión y la misión del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA), delineando objetivos y enfoques en los ámbitos social, militar y cultural. En este marco, el sistema educativo del Ejército Nacional se presenta como un modelo integral, organizado de tal manera que todos los conocimientos estén interconectados. Además, cuenta con una amplia y diversa red de instituciones educativas, que incluye universidades, escuelas, institutos, centros de entrenamiento y batallones de instrucción y reentrenamiento.
No obstante, la evaluación de estas políticas educativas en el contexto militar representa un desafío significativo, pues deben adaptarse a las particularidades de la estructura y cultura militar, lo que implica enfrentar una serie de retos específicos. Estos desafíos incluyen, entre otros, la necesidad de alinear los objetivos educativos con las metas estratégicas y operativas de la institución, incorporar nuevas tecnologías y métodos pedagógicos en un entorno tradicional, así como gestionar los recursos de manera eficiente con base en un presupuesto limitado.
El marco normativo colombiano refuerza el mandato constitucional sobre la formación integral de los miembros de la fuerza pública mediante disposiciones específicas en materia de política educativa. En este sentido, la Ley 115 de 1994, que organiza el Sistema Nacional de Educación, reconoce expresamente la relevancia de la educación como un proceso permanente orientado al desarrollo integral de los individuos, incluyendo a quienes integran los cuerpos de seguridad del Estado. Esto se complementa con la Ley 1620 de 2013, por la cual se establece la política pública de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta última ley introduce un enfoque pedagógico centrado en la promoción de valores democráticos, principios de convivencia y respeto por los derechos humanos, aspectos especialmente relevantes en la formación del personal militar y policial, tanto para su desempeño en contextos civiles como en escenarios operativos.
En este marco, el análisis de las políticas educativas aplicadas en el ámbito militar no puede limitarse a los resultados en términos de conocimientos técnicos o habilidades operativas. Es indispensable considerar su incidencia en dimensiones fundamentales como la ética profesional, la cohesión institucional y el ejercicio del liderazgo. La evaluación de estas políticas debe, por tanto, incorporar un enfoque integral que examine cómo los procesos formativos impactan la preparación del personal para enfrentar los desafíos contemporáneos, incluyendo situaciones de conflicto armado, operaciones de mantenimiento de paz y acciones humanitarias, de acuerdo con los principios constitucionales y legales que orientan la función pública.
Este artículo analiza las estrategias de educación pública en el Ejército Nacional de Colombia y examina los desafíos inherentes a la implementación y revisión de dichas políticas, incluyendo las barreras para la innovación y la adaptación, la gestión de los recursos educativos y la medición de los resultados en relación con los objetivos estratégicos del Ejército Nacional. A través de una evaluación crítica y exhaustiva, se busca identificar áreas de mejora y formular recomendaciones que fortalezcan la educación militar en un entorno en constante evolución, contribuyendo así al cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza pública y al desarrollo de la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Metodológicamente, este trabajo emplea un enfoque mixto para combinar la profundidad de la investigación cualitativa con la capacidad de generalización y precisión del análisis cuantitativo. Se hace una revisión exhaustiva de la legislación vigente, las políticas públicas, las doctrinas militares y los documentos estratégicos relacionados con la educación de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Constitución Política de Colombia y leyes específicas.
Marco teórico
Introducción de las políticas públicas de educación en el Ejército Nacional
La educación representa progreso y crecimiento para las personas y la sociedad que conforman. Al ampliar sus conocimientos, promueve cambios en las sociedades, haciéndolas más justas e inclusivas. Forma líderes que ayudan a mejorar las condiciones sociales y fomentan una convivencia más abierta, empática y tolerante (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2016).
Jacques Delors (1996), en su informe para la Unesco titulado La educación encierra un tesoro, afirmó que la educación tiene el poder de transformar vidas y preparar a las personas para enfrentar el futuro con optimismo. En Colombia, la educación es considerada la base fundamental del progreso (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación [MinCiencias], 2020), lo que exige implementar nuevas pedagogías de alta calidad y accesibles que utilicen la tecnología para llegar a todas las regiones del país.
Ahora bien, la formación en el Ejército y la Policía Nacional no es un fenómeno reciente, sino una respuesta histórica a las demandas del entorno estratégico. Colombia ha demostrado un compromiso sostenido con la capacitación de su fuerza pública. Un ejemplo temprano de este esfuerzo es la creación de la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" en 1888, que evidencia la voluntad constante de estas instituciones por fortalecer la formación de sus integrantes. Asimismo, la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" se fundó mediante el Decreto 1003 de 1888 y se consolidó por el Decreto 453 de 1909. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá del Ejército Nacional se creó en 1914 con la Ley 67; la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander" se fundó en 1937 mediante el Decreto 1277, y la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada fue instituida en 1950 a través del Decreto 0446.
La formación profesional de la fuerza pública ha sido un proceso de avance continuo en las últimas décadas, con logros significativos para el país, enfocándose en la excelencia y capacidad de los uniformados encargados de la defensa y seguridad nacional. Este progreso ha permitido que las fuerzas se conviertan en un referente tanto a nivel regional como global, a pesar de los desafíos impuestos por las organizaciones armadas ilegales. Sin embargo, el panorama estratégico actual demanda que el sistema educativo de la fuerza pública se adapte a las nuevas exigencias del país, con el fin de incrementar su legitimidad y fortalecer la confianza de la sociedad en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Además, los logros alcanzados en años anteriores fueron fortalecidos a través del PEFA, el SEFA y el Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (PESE) (Ministerio de Defensa Nacional [MinDefensa], 2008), iniciativas cuyo propósito principal es establecer lineamientos rectores para la educación en el ámbito militar (MinDefensa, 2021).
Estos documentos definieron trece criterios para la educación del personal uniformado, conocidos como "políticas orientadoras". Dichos criterios sirvieron como base para la formulación de la Política de Educación para la Fuerza Pública (PEFuP) 2021-2026: Hacia una educación diferencial y de calidad.
Cabe destacar que la capacitación en la fuerza pública es esencial para que los miembros uniformados realicen sus tareas de manera efectiva. Esa formación no solo facilita el cumplimiento de sus responsabilidades, sino que también es crucial para fortalecer la paz. Mediante el fomento de la protección, la seguridad y la armonía entre la ciudadanía, la educación impulsa el progreso social y económico del país.
Por lo tanto, la Dirección de Desarrollo del Capital Humano de MinDefensa, en colaboración con el Departamento de Educación y Doctrina Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares y otras entidades relevantes, ha asumido la responsabilidad de supervisar la formación de la fuerza pública hasta 2026. Para ello, con base en la revisión y actualización de los documentos de orientación educativa de los años 2007 a 2019, se ha definido la PEFuP. El propósito de esta política es brindar directrices para la transformación y modernización de una educación especializada y de alta calidad para la fuerza pública que satisfaga tanto las necesidades nacionales como internacionales. La política se centra en los procesos de formación, capacitación, instrucción, entrenamiento, reentrenamiento e investigación llevados a cabo por las fuerzas, con el objetivo de desarrollar competencias específicas y cumplir con la misión constitucional.
La comunidad académica desempeña un papel esencial en la respuesta a las demandas sociales, culturales y ambientales, lo que facilita la realización de evaluaciones internas y externas de las instituciones, fomentando su transformación y el desarrollo continuo de habilidades en áreas formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.
El CEDE7 en las políticas educativas del Ejército Nacional
El Centro de Estudios de Defensa (CEDE7) juega un papel importante en la formulación y desarrollo de políticas educativas en el Ejército Nacional de Colombia. Se ha establecido como un organismo clave para la investigación y el análisis de las necesidades educativas y formativas de la fuerza pública, contribuyendo a la modernización y mejora continua de los procesos de enseñanza y capacitación. Se enmarca en un contexto normativo que busca fortalecer la educación en el ámbito militar y policial, promoviendo la implementación de lineamientos estratégicos que aseguren la calidad y pertinencia de la formación. Según el Decreto 4890 de 2011, el CEDE7 tiene la responsabilidad de proponer políticas sectoriales sobre educación, entrenamiento y formación para los miembros de la fuerza pública, así como de evaluar las competencias requeridas y definir planes educativos que permitan cubrirlas.
Asimismo, el CEDE7 se encarga de coordinar con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional los procesos de reclutamiento e incorporación del personal uniformado, asegurando que la política sectorial de desarrollo y administración del capital humano se implemente de manera efectiva. También incluye la promoción de la tecnología, la ciencia y la innovación como fundamentos para el mejoramiento de los procesos educativos de la fuerza pública.
El CEDE7 se involucra en la creación y actualización de documentos de orientación educativa. En este sentido, trabaja en colaboración con diversas entidades, incluyendo el MinDefensa y el Departamento de Educación y Doctrina Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de facilitar la transformación y modernización de la educación en la fuerza pública.
En el marco de la PEFuP 2021-2026, el CEDE7 ha definido criterios y directrices que buscan garantizar una educación de alta calidad, especializada y acorde a las necesidades tanto nacionales como internacionales. En consecuencia, el CEDE7 se erige como un pilar fundamental en la estructuración de las políticas educativas del Ejército Nacional, asegurando que la formación del personal uniformado no solo cumpla con los estándares requeridos, sino que también se adapte a las exigencias cambiantes del contexto nacional e internacional.
Resultados
Logros y orientación de la PEFuP
En el contexto de la transformación institucional de la fuerza pública y en correspondencia con los principios del Estado social de derecho, la educación militar tiene un papel estratégico en la formación de profesionales íntegros, comprometidos con los valores democráticos y el respeto por los derechos fundamentales. El PEFA se erige como el instrumento orientador de esta misión formativa, al establecer como objetivo central la formación de ciudadanos con principios éticos, sólidos valores morales y una profunda vocación de servicio público. En este marco, se promueve el desarrollo de competencias en pensamiento crítico y complejo, así como la consolidación de un criterio militar fundamentado en la legalidad, la disciplina y el respeto por la dignidad humana.
El PEFA aspira, en esencia, a formar no solo soldados técnicamente competentes, sino también ciudadanos ejemplares con una base humanística robusta, capaces de responder con responsabilidad a las exigencias de su rol institucional y social. Esta visión se inscribe en la necesidad urgente de fortalecer la legitimidad de las instituciones armadas como garantes del orden constitucional, en un contexto donde el restablecimiento y sostenimiento de la estabilidad política y democrática del país requiere de un Ejército Nacional que actúe con estricto apego a los principios de soberanía, independencia y respeto por la dignidad humana, tal como lo plantea Ruiz (2012, p. 136), al referirse a la construcción de una república cimentada en los valores de una democracia participativa y el Estado de derecho.
Asimismo, la PEFuP 2021-2026 se fundamenta en el análisis de diversos desafíos y problemas en la educación militar y policial, subrayando la necesidad de garantizar la confianza ciudadana en la fuerza pública y de fortalecer las capacidades de liderazgo y desarrollo integral de sus miembros.
Investigaciones previas han puesto de manifiesto las brechas en el conocimiento y los niveles de escolaridad insuficientes entre los soldados regulares y profesionales del Ejército Nacional, así como entre los infantes de marina, los marinos profesionales de la Armada Nacional y los soldados de la Fuerza Aérea Colombiana. Según datos del Sistema de Información para la Administración del Talento Humano (SIATH) de junio de 2020, se identificaron bajos niveles de escolaridad en estos grupos. Por ejemplo, en el Ejército Nacional, hay 2363 soldados que no saben leer ni escribir, y otros se encuentran en los primeros grados de educación básica primaria, con 16 761 soldados en quinto grado. En la Armada Nacional, los infantes de marina muestran niveles similares, aunque en menor proporción, mientras que en la Fuerza Aérea Colombiana hay una mayor concentración de soldados en grados de educación básica secundaria y media (MinDefensa, 2021, p. 24).
En este sentido, la política también busca mejorar y reorganizar los currículos educativos para abordar las deficiencias en conocimientos y los bajos niveles de escolaridad que se observan en diferentes sectores de la fuerza pública, incluyendo a los soldados regulares y profesionales del Ejército Nacional, los infantes de marina, los marinos y los soldados de la Fuerza Aérea Colombiana. Por lo tanto, se han incorporado áreas de formación en ciberseguridad, derechos humanos, derecho internacional humanitario (DIH) y liderazgo, lo que demuestra un compromiso con la profesionalización del personal y su adaptación a las demandas actuales (MinDefensa, 2021).
Por consiguiente, la PEFuP se destaca por su enfoque en modernizar y actualizar los planes de estudio, marcando una diferencia clara con los métodos tradicionales del SEFA y PEFA. Reconoce la necesidad urgente de reestructurar los currículos para cerrar las brechas de conocimiento que han sido identificadas en estudios anteriores, los cuales revelan bajos niveles de escolaridad y una formación insuficiente entre los miembros de la fuerza pública. La PEFuP 2021 se ocupa de estas deficiencias al incluir temas como ciberseguridad, derechos humanos, DIH y liderazgo, áreas que han sido poco abordadas en la formación militar previa.
Esta inclusión de nuevas áreas de conocimiento es uno de los aspectos más innovadores de la PEFuP. La ciberseguridad, por ejemplo, ha adquirido una gran relevancia debido al incremento de amenazas digitales que enfrentan las instituciones nacionales y la necesidad de proteger infraestructuras críticas. Este enfoque representa una adaptación a las nuevas formas de conflicto y a la creciente importancia del ciberespacio en la defensa y seguridad nacional. Asimismo, la integración de derechos humanos y DIH en todos los niveles de formación refuerza el compromiso de la fuerza pública con los principios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, un aspecto crucial en un país en proceso de consolidación de la paz y la reconciliación (MinDefensa, 2021).
Otro avance significativo de esta política es la creación de un plan de carrera profesional más robusto y estructurado para los miembros de las Fuerzas Armadas. A diferencia de los modelos previos, que carecían de un enfoque claro en la progresión profesional, la PEFuP establece un sistema que permite a los miembros avanzar en la formación y el desarrollo a lo largo de su carrera. Dicho plan de carrera profesional no solo mejora las competencias técnicas y tácticas, sino que también fortalece las capacidades de liderazgo y gestión, asegurando que los miembros de las Fuerzas Armadas estén mejor preparados para asumir roles de mayor responsabilidad y enfrentar desafíos más complejos. Por otro lado, promueve la educación continua y la especialización, reconociendo que el entorno de seguridad está en constante evolución y que las habilidades adquiridas durante la formación inicial deben actualizarse y adaptarse regularmente (MinDefensa, 2021).
La continuidad educativa es fundamental para mantener la eficacia operativa y para garantizar que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan responder de manera efectiva a nuevas amenazas y escenarios. No se puede desconocer que un aspecto crucial de esta política es el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la fuerza pública, mediante la incorporación de valores éticos y democráticos en su formación. El objetivo es asegurar que militares y policías actúen como servidores públicos comprometidos con el bienestar de la comunidad y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos, respaldados por una formación académica sólida que les permita desempeñar con eficacia sus funciones al servicio de la institución y de la Nación.
De este modo, tanto el SEFA como el PEFA han sido fundamentales en la educación militar en Colombia, proporcionando un marco coherente para la formación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ambos sistemas se han caracterizado por enfoques más tradicionales y menos flexibles, con una menor capacidad de adaptación a los rápidos cambios en el entorno global y tecnológico. Aunque el SEFA ha sido integral en la combinación de formación técnica, táctica y ética, no ha priorizado la educación continua, lo que ha limitado la progresión y el desarrollo a largo plazo de sus miembros (MinDefensa, 2010b). Por su parte, el PEFA (MinDefensa, 2010a) brinda un enfoque en la filosofía, pedagogía y doctrina, que ha sido esencial para inculcar valores éticos y cívicos, pero ha carecido de la flexibilidad necesaria para incorporar nuevas áreas de conocimiento cruciales en la actualidad.
Así las cosas, la PEFuP 2021-2026 representa un cambio transformador en la educación de las instituciones militares y policiales en Colombia, en pro de modernizar y optimizar los procesos educativos para enfrentar los desafíos actuales del entorno de seguridad y adaptarse a las demandas emergentes del siglo XXI. Mediante la incorporación de áreas cruciales como la ciberseguridad y el manejo de crisis digitales, la PEFuP refleja la necesidad de preparar a los integrantes de las Fuerzas Armadas para un entorno tecnológico cada vez más complejo (MinDefensa, 2021).
En el marco del ordenamiento jurídico colombiano, los procesos educativos dentro de las estructuras militares y policiales han sido objeto de un proceso de fortalecimiento normativo y conceptual, orientado a cumplir los fines esenciales del Estado definidos en el artículo 2 de la Constitución Política: garantizar el bienestar general, la dignidad humana y la consolidación del Estado social de derecho. En consonancia con estos postulados constitucionales, el PEFA, en su concepción inicial, se propuso como instrumento rector para la formación de ciudadanos íntegros, con fundamentos éticos y competencias profesionales sólidas.
En desarrollo de este marco, la PEFuP es una respuesta estratégica a los retos contemporáneos de la educación militar y policial en Colombia. Basada en un diagnóstico crítico de las brechas de conocimiento y los niveles de escolaridad en la fuerza pública, esta política se alinea con el artículo 67 constitucional, que reconoce la educación como un derecho individual y un servicio público esencial para la formación ciudadana en valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. Su implementación reafirma los compromisos del Estado consagrados en la Ley 1019 de 2006, orientada a garantizar la calidad educativa dentro del Sistema Nacional de Educación.
Adicionalmente, el componente de carrera profesional robusto y estructurado que propone la PEFuP representa un avance en la regulación del desarrollo profesional de los miembros de la fuerza pública, conforme al artículo 222 de la Constitución. Este artículo establece que la ley debe contemplar la formación de los uniformados bajo principios democráticos y en el marco de los derechos humanos, lo cual se refleja en el diseño de trayectorias formativas que trascienden la dimensión técnico-operativa, promoviendo capacidades de liderazgo y gestión institucional.
Por lo tanto, su orientación hacia la modernización curricular, la inclusión de competencias estratégicas y la estructuración de planes de carrera profesional no solo responde a las necesidades actuales, sino que también materializa los mandatos constitucionales y legales que rigen la educación pública en el país. Esta articulación normativa reafirma el compromiso del Estado con la formación integral de su fuerza pública, en el marco de la legalidad, la democracia y la protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, la PEFuP 2021-2026 establece cinco líneas estratégicas clave, que incluyen un total de 64 iniciativas para guiar su desarrollo. Estas líneas están diseñadas para asegurar que la educación y la formación dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se adapten a las necesidades y desafíos actuales del país (MinDefensa, 2021).
La primera línea estratégica se centra en el individuo como el corazón del proceso educativo. Su objetivo es formar líderes íntegros que puedan cumplir con la misión constitucional, inspirar a otros, tomar decisiones acertadas y actuar de manera ética, todo ello basado en el conocimiento, el ejemplo y el respeto. Esta línea fomenta el desarrollo del ser, el saber, el hacer y el convivir, a través de procesos de capacitación, instrucción, entrenamiento e investigación. Se busca crear un perfil de personal con pensamiento crítico, habilidades tanto cognitivas como prácticas, principios éticos sólidos y competencias sociales enfocadas en el servicio a la ciudadanía. Esto se organiza en tres dimensiones del desarrollo humano: como ser pensante, como ser ético y social, y como ser práctico, con el fin de formar uniformados comprometidos con la legalidad y la confianza pública.
La segunda línea estratégica hace énfasis en la importancia de mantener la educación militar y policial actualizada, especialmente frente a los desafíos que enfrenta el país. Para ello, promueve el fortalecimiento de habilidades a lo largo de toda la carrera, el diseño de programas educativos pertinentes y de alta calidad, el desarrollo del cuerpo docente, el cierre de brechas de conocimiento y la construcción de estructuras organizativas educativas sólidas dentro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
La tercera línea se enfoca en impulsar la investigación, tanto formativa como aplicada, así como el desarrollo tecnológico y la innovación, elementos esenciales para lograr una autosuficiencia estratégica y atender las necesidades de las instituciones y de la sociedad. Se promueve la creación de conocimiento, la colaboración con diferentes sectores y el fortalecimiento de una cultura investigativa con impacto a nivel local, nacional e internacional. Todo esto está orientado a consolidar una fuerza pública proactiva, sostenible y capaz de responder a los desafíos del entorno.
La cuarta línea estratégica se centra en mejorar las habilidades comunicativas en lenguas extranjeras de la fuerza pública, siguiendo estándares internacionales y normativas nacionales, algo fundamental para asegurar una participación efectiva en contextos de interoperabilidad y cooperación internacional. Se propone crear un sistema integrado que unifique los procesos de enseñanza, aprendizaje y certificación lingüística. De esta manera, se busca consolidar una estructura administrativa que articule los recursos humanos, tecnológicos y materiales disponibles, permitiendo una proyección estratégica tanto en el ámbito internacional como en la relación con comunidades multilingües dentro del país.
La quinta línea tiene como objetivo optimizar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la educación de militares y policías. Se busca fortalecer las competencias digitales del personal, ampliar la cobertura educativa, fomentar el autoaprendizaje y asegurar la calidad de la enseñanza. Esto se logrará mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, nuevas metodologías, infraestructura adecuada y enfoques didácticos innovadores, todo en línea con las directrices del MinDefensa y adaptado a las necesidades del contexto actual.
No obstante, para asegurar la efectividad de la PEFuP, se requiere un enfoque centrado en la evaluación y mejora continua. Así, se debe implementar mecanismos robustos para medir el impacto de las nuevas estrategias educativas y hacer ajustes basados en resultados concretos.
Discusión
Implementación y actualidad de la PEFuP
La PEFuP responde a las necesidades educativas y operativas de las Fuerzas Armadas de Colombia en un entorno cada vez más complejo y dinámico. No obstante, para asegurar su implementación exitosa, deben enfrentarse varios desafíos prácticos que afectan su ejecución y funcionamiento.
Según MinDefensa (2020), estudios realizados por las fuerzas en 2020 evidencian la necesidad de fortalecer el desarrollo profesoral, con el fin de incentivar al personal uniformado que cumple funciones como docente e instructor dentro de la oferta académica institucional. Actualmente, no existe un plan de carrera profesoral que garantice el retorno de la inversión realizada ni que contribuya de manera efectiva al fortalecimiento de las capacidades misionales de la fuerza pública.
Por esta razón, se hace necesario establecer un documento guía que defina lineamientos estratégicos para la gestión del talento docente, tanto militar como civil, en las instituciones de educación superior de la fuerza pública. Este documento debe contemplar la creación de una planta profesoral estable y promover la permanencia en los cargos de dirección asignados a uniformados, ya que la alta rotación en estos puestos dificulta la continuidad y el desarrollo sostenido de los procesos educativos.
En primer lugar, el Ejército Nacional de Colombia se ha propuesto alcanzar estándares elevados en la evaluación y ejecución de políticas educativas, particularmente aquellas orientadas al fortalecimiento institucional en el contexto del posconflicto. En este marco, la formación de oficiales y suboficiales se estructura, en términos teóricos, bajo el enfoque de educación por competencias, aplicado de manera transversal en todos los niveles y especialidades de las Fuerzas Militares. Sin embargo, en la práctica, esta filosofía pedagógica presenta serias dificultades de implementación, derivadas de condiciones históricas asociadas al prolongado conflicto interno.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentra la prevalencia de criterios de selección del personal docente que responden más a la trayectoria operativa que a la formación pedagógica. Factores como el tiempo de servicio, la experiencia en combate, el manejo de tropas, el liderazgo en terreno y el reconocimiento por acciones heroicas se imponen sobre las competencias académicas requeridas para ejercer funciones formativas. En consecuencia, el modelo pedagógico integral y holístico propuesto se ve limitado por la ausencia de perfiles institucionales definidos para la contratación de educadores, así como por la falta de lineamientos normativos que regulen la capacitación específica del cuerpo docente en el ámbito de la instrucción militar. Como lo señalan Ramírez y Ramírez (2015), esta situación evidencia una brecha significativa entre el diseño curricular formal y su aplicación efectiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de formación del Ejército Nacional.
Según Klepak (2012), la capacitación limitada de los instructores, junto con la breve duración de los escasos cursos de cualificación disponibles, no cubre adecuadamente las necesidades de los estudiantes. Aunque algunos instructores están motivados y se esfuerzan por diseñar actividades pedagógicas que respondan a las necesidades individuales y sociales de los alumnos, los procesos y resultados no alcanzan el impacto educativo deseado. La mayoría de los instructores carece de una formación académica sólida en términos conceptuales y metodológicos, lo que dificulta la implementación de actividades docentes de calidad, especialmente aquellas que abordan integralmente las responsabilidades del soldado en el contexto del posconflicto. Hay una necesidad apremiante de mejorar la capacitación profesional de los instructores, ya que, en muchos casos, su nivel educativo no va más allá de la secundaria. Esta limitación resulta en prácticas pedagógicas que son repetitivas y que se centran solo en aspectos técnicos, lo que dificulta proporcionar una formación integral, relevante y de calidad, que esté a la altura de las demandas actuales del servicio y del desarrollo humano de los uniformados.
Así las cosas, no existe una política institucional que regule la permanencia de los docentes responsables de ofrecer actividades formativas de alta calidad, lo que provoca una rotación constante del personal educativo y dificulta el desarrollo y seguimiento de proyectos educativos a largo plazo en los batallones. Esta rotación se realiza sin considerar los proyectos educativos en curso. Las demandas del conflicto armado limitan el tiempo en las aulas debido a la rapidez de los entrenamientos, lo que dificulta la implementación de actividades a mediano y largo plazo. Como resultado, la formación continua de los alumnos se enfoca principalmente en la adquisición de conocimientos y procedimientos técnicos e instrumentales, la actualización en el manejo de armas y la implementación de nuevas estrategias de combate (Ramírez & Ramírez, 2015).
Entonces, es fundamental subrayar que el conflicto armado, social y político ha tenido un impacto negativo considerable en la educación de los soldados en diversos aspectos. La violencia no solo exacerba los problemas dentro del Ejército Nacional de Colombia, sino que también genera numerosos casos de victimización, desplazamiento forzado, exilio y despojo. Además, altera la conducta y el comportamiento de los soldados, afectando su autoimagen y sus relaciones con los demás, lo que puede llevar a la adopción de actitudes autoritarias o sumisas dependiendo de la situación.
Se puede decir que la formación actual de los soldados debe ir más allá de los métodos tradicionales, mecánicos, fragmentarios, aislados y repetitivos. En lugar de ello, se debe enfocar en una educación que valore las virtudes, los principios y los valores, fomentando en el individuo una sensibilidad hacia lo social, respeto por los demás, así como habilidades como la creatividad, flexibilidad, análisis y evaluación de situaciones y solución de problemas. La educación debe proporcionar herramientas que permitan al estudiante tomar decisiones informadas sobre los problemas importantes de la vida cotidiana, especialmente cuando estas decisiones tienen repercusiones en la sociedad o en las personas con las que se interactúa (Adorno, 1998, como se citó en Ramírez Rubiano & Ramírez Bravo, 2020)
En el contexto actual del Ejército Nacional de Colombia, el rol del personal docente adquiere una dimensión estratégica en la medida en que se enfrenta a los retos impuestos por una sociedad cada vez más diversa y compleja. En este marco, resulta fundamental que quienes lideran los procesos formativos cuenten con un alto nivel de sensibilidad social y capacidad creativa, cualidades necesarias para orientar a los estudiantes en escenarios caracterizados por el cambio constante y la pluralidad de perspectivas. El ejercicio docente dentro de las instituciones de formación militar no puede limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos; requiere, además, de una disposición pedagógica que favorezca la apertura al diálogo, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento. De esta manera, el desarrollo de espacios de debate y reflexión se configura como una herramienta pedagógica clave para fomentar el respeto por la diferencia, permitiendo la resolución de conflictos desde la comprensión de las costumbres, normas y tradiciones de diversas comunidades. Dicho enfoque educativo promueve la formación de sujetos capaces de interactuar sin prejuicios asociados a la raza, la religión, la condición social o la orientación sexual, en consonancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Desde esta perspectiva, la formación y capacitación de los docentes en el Ejército es esencial para enfrentar esta nueva etapa histórica, ya que su éxito es crucial para la educación militar en un periodo de transformación. Los instructores deben ser profesionales comprometidos, capaces de desarrollar materiales didácticos prácticos y accesibles, y deben entender la dinámica educativa, así como los modelos y estrategias de enseñanza. Es vital que inspiren a los estudiantes, promuevan el respeto y sirvan como modelos a seguir. Ser docente en el Ejército Nacional implica responsabilidad, sacrificio, dedicación y formación continua, para que los alumnos los vean como guías intelectuales. Es crucial que los educadores más capacitados acepten el desafío de modernizar y reestructurar la educación para reformar las Fuerzas Armadas desde adentro (MinDefensa, 2007).
Por lo tanto, el papel del docente en el Ejército es crucial para eliminar la doble moral tanto dentro como fuera de la institución, y para consolidar valores éticos conforme a las normativas del PEFA y SEFA. Aunque el soldado pueda sentir la tentación de transgredir las normas debido a su uniforme, el docente debe desempeñar un rol orientador a través de una pedagogía que critique y rechace prácticas corruptas y deshonestas. El Ejército, como institución fundamental, se basa en la aplicación de la Constitución colombiana y se fortalece a través de la disciplina y la ética, esenciales para preservar los valores individuales y sociales. Así, el educador guía al soldado hacia un comportamiento ejemplar, mostrando los caminos adecuados para el desarrollo institucional, personal y social.
Adicionalmente, fortalecer la enseñanza en el Ejército Nacional de Colombia requiere una transformación estructural que contemple tanto la implementación de políticas institucionales como la revisión crítica de las prácticas actuales en los entornos educativos militares. Una de las principales limitaciones identificadas es la rotación constante de docentes, oficiales y suboficiales, la cual se realiza sin considerar sus perfiles profesionales, funciones específicas o los proyectos pedagógicos en curso. Esta situación afecta negativamente la continuidad de los procesos formativos y limita el impacto de las estrategias educativas a largo plazo. En consecuencia, se hace necesario incentivar la participación de soldados con vocación docente, garantizando su formación y actualización permanente en áreas pedagógicas, didácticas y disciplinares.
En esta línea, la promoción de la investigación científica desde las aulas adquiere un papel fundamental, no solo como estrategia para mejorar la calidad educativa, sino también como mecanismo para dinamizar la producción de conocimiento dentro de las unidades militares responsables de la educación, capacitación y entrenamiento del personal. Como advierten Ramírez y Ramírez (2015), los planes de estudio deben integrar técnicas didácticas que estimulen el interés de los estudiantes por la investigación, así como componentes de formación en investigación social que enriquezcan su comprensión del entorno. Asimismo, es indispensable fomentar hábitos de lectura y estudio tanto en docentes como en alumnos, así como apoyar la creación de revistas científicas, literarias y artísticas que sirvan como plataformas para la divulgación de artículos y textos derivados de las actividades investigativas desarrolladas en el ámbito institucional. Logrando esto, el Ejército podría contar con un cuerpo docente altamente capacitado y productivo, comparable a las academias que impulsan transformaciones científicas y sociales fundamentales, integrándose así al mundo académico contemporáneo.
En la era digital, las TIC se han vuelto cruciales para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas tecnologías ofrecen métodos de enseñanza más personalizados e interactivos, facilitando el acceso a una amplia variedad de recursos y contenido educativo. Su integración promueve la colaboración y el pensamiento crítico, preparando a los estudiantes para los retos de un mundo cada vez más interconectado. En esencia, las TIC están revolucionando la educación al brindar nuevas oportunidades para la innovación y la mejora continua en la formación académica.
Por ello, la formación militar debe incorporar herramientas digitales para optimizar la organización, la comunicación y la colaboración. La capacitación debe enfocarse en el uso de nuevas tecnologías para que los estudiantes desarrollen habilidades especializadas que les permitan enfrentar los retos académicos actuales. Los instructores militares, mediante el uso de las TIC, deben crear entornos que fomenten el desarrollo del conocimiento, compartir información que facilite el logro de objetivos comunes, formar líderes que valoren el trabajo en equipo como una parte esencial de su vida académica y promover hábitos de lectura y escritura que impulsen el crecimiento intelectual. Además, es importante que se incentive el uso de redes sociales e internet para la resolución de conflictos y otros propósitos relevantes (Ramírez y Ramírez, 2015).
A partir de ello, la evaluación en la educación militar demanda una transformación en la doctrina actual, que implique un cambio en las actitudes y prácticas establecidas. La realización de seminarios, foros y encuentros centrados en la evaluación de docentes, estudiantes y contenidos indica la necesidad de modificaciones esenciales para la evolución educativa en el Ejército Nacional. Sin embargo, aún no hay consenso respecto al método más efectivo para evaluar todos los componentes de la formación impartida. Aunque existe un acuerdo teórico sobre la importancia de la evaluación, la principal disputa radica en la implementación práctica de estos procesos evaluativos.
Por otro lado, una de las áreas de evaluación para implementar esta política es la línea investigativa, centrada en la modernización y optimización de la formación en la fuerza pública en Colombia, y la adaptación a los desafíos contemporáneos. Este enfoque investigativo ha sido fundamental para identificar y abordar las brechas en la educación de los miembros de la fuerza pública, como los bajos niveles de escolaridad y las deficiencias en áreas clave como derechos humanos, ciberseguridad y nuevas tecnologías.
Además, el fortalecimiento de la enseñanza en el Ejército Nacional de Colombia exige una transformación estructural que contemple tanto el diseño e implementación de políticas institucionales como la revisión crítica de las prácticas pedagógicas existentes. Como se ha dicho, la rotación frecuente de docentes, oficiales y suboficiales, sin tener en cuenta sus perfiles profesionales, funciones asignadas o la continuidad de los proyectos educativos en curso, es una de las principales limitaciones. Por ello es indispensable identificar y motivar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas con verdadera vocación para la enseñanza, asegurando su permanencia mediante oportunidades de formación y actualización constante en áreas pedagógicas, didácticas y disciplinares.
A la par, la promoción de la investigación científica constituye un eje esencial para consolidar una educación militar de calidad. La investigación no solo potencia el pensamiento crítico y la reflexión académica, sino que también contribuye a la generación de conocimiento contextualizado a las realidades operativas y sociales del Ejército. De acuerdo con Ramírez y Ramírez (2015), los planes de estudio deben incorporar técnicas didácticas que fomenten el interés investigativo en los estudiantes, así como elementos de formación en investigación social que les permitan comprender su entorno de manera crítica. La implementación de metodologías activas y participativas, orientadas a resolver problemas reales, fortalece el vínculo entre teoría y práctica, generando aprendizajes más significativos y duraderos.
Se puede decir, entonces, que es prioritario fomentar una cultura institucional centrada en la lectura, el estudio y la producción académica. No solo se deben promover estos hábitos entre estudiantes y docentes, sino también respaldar la creación y sostenibilidad de espacios de divulgación y publicación, que permitan socializar los resultados de las investigaciones desarrolladas en el entorno educativo militar. Tales iniciativas, además de estimular la reflexión académica, posicionan al Ejército como una institución comprometida con el conocimiento, el pensamiento crítico y la formación integral de sus miembros, en concordancia con los principios constitucionales de calidad educativa y profesionalización de la fuerza pública.
Programa Matrícula Cero: promoviendo la inclusión y el acceso
La educación militar comprende una serie de prácticas y métodos diseñados para formar líderes en distintos niveles de mando. Esta preparación busca fortalecer el conocimiento en ciencias militares y en áreas complementarias como las humanidades, además de inculcar principios esenciales de la profesión: patriotismo, honor, ética, disciplina y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente. Estos valores y habilidades brindan a los militares la capacidad de liderar y administrar eficazmente los recursos tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto (Gantiva, 2008).
Para esto, el programa Matrícula Cero ha representado un avance en la democratización del acceso a la educación superior, al proporcionar matrículas gratuitas a estudiantes que, de otro modo, enfrentarían barreras económicas. Este esfuerzo tiene como objetivo nivelar el acceso académico, ofreciendo oportunidades de educación y desarrollo a sectores más amplios de la sociedad. Al abordar la desigualdad económica en el ámbito educativo, el programa no solo facilita el ingreso a estudios superiores, sino que también fortalece el desarrollo social y profesional a largo plazo.
En este marco, el 10 de noviembre de 2023 se estableció el acceso gratuito a programas académicos de pregrado para jóvenes de escasos recursos en escuelas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mediante el Decreto 1907, firmado por el presidente Gustavo Petro. Este decreto garantiza la exoneración total de matrículas en programas de formación técnica, tecnológica y profesional para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La medida se enmarca en la Ley 2155 de Inversión Social de 2021, que promueve el acceso a la educación superior como un derecho fundamental para la construcción de proyectos de vida y el cumplimiento de metas educativas.
Conforme al artículo 2.2.11.3 del Decreto 1907 de 2023, la gratuidad en la matrícula académica será financiada principalmente con el presupuesto asignado a cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. No obstante, podrán considerarse fondos adicionales provenientes de otras fuentes de financiamiento, como programas del Gobierno nacional, entidades territoriales o iniciativas de cooperación internacional, siempre que estos recursos actúen como complemento y no sustituyan la fuente principal. Se financia la totalidad de la matrícula por el tiempo de duración completa de los programas técnicos, tecnológicos y profesionales en las instituciones de educación superior de la Fuerza Pública y la Policía Nacional, según lo establecido en el artículo 2.2.11.5 del decreto. Este beneficio será válido únicamente por el tiempo programado inicialmente en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y no cubrirá periodos adicionales. Asimismo, los estudiantes que ya se encuentren cursando sus estudios y sean seleccionados para este beneficio lo recibirán únicamente por los periodos restantes de su programa académico.
Es relevante señalar que la implementación de medidas como el Decreto 1907 de 2023 y el programa Matrícula Cero constituye un avance significativo hacia la democratización de la educación militar y superior en Colombia, especialmente para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Al combinar la enseñanza de valores fundamentales con la reducción de barreras económicas, estas iniciativas contribuyen a la consolidación de una fuerza pública más capacitada, ética y comprometida con la sociedad. Además, al estar financiados mediante presupuestos institucionales y potenciales fuentes de cooperación, estos programas aseguran una sostenibilidad que permite a los estudiantes construir proyectos de vida estables y aportar al desarrollo social y profesional del país a largo plazo.
PEFuP 2021-2026: comparación internacional y su articulación con el sistema colombiano
La PEFuP ha demostrado ser un instrumento clave para el fortalecimiento de la educación militar y policial en Colombia; sin embargo, no se trata de una iniciativa aislada. A nivel internacional, diversos países han implementado iniciativas similares orientadas a mejorar la formación de sus fuerzas armadas y cuerpos de seguridad. A continuación se ofrece una comparación internacional, que permite no solo comprender cómo han sido diseñados y ejecutados estos programas en otros contextos, sino también identificar buenas prácticas y posibles áreas de mejora para la implementación y articulación de la PEFuP en Colombia. En este sentido, se analizan las características, logros y desafíos de dichas políticas en otros países, así como su relevancia para el fortalecimiento de las políticas educativas y de seguridad en el país.
Perú
En Perú, la educación de las Fuerzas Armadas se orienta según una Política de Seguridad y Defensa Nacional que contempla objetivos fundamentales como la protección de la soberanía, el mantenimiento del orden interno y la promoción del desarrollo sostenible. La formación militar se lleva a cabo a través de instituciones como la Escuela Superior de Guerra del Ejército, la cual se enfoca en la capacitación en defensa, derechos humanos y DIH. Desde 2010, el Comando Sur de los Estados Unidos ha colaborado con Perú en la formación en derechos humanos, lo que ha fortalecido el conocimiento del personal militar sobre el uso de la fuerza y la normativa internacional en contextos de violencia.
Además, el Centro de Derechos Humanos y DIH organiza cursos que abarcan tanto aspectos doctrinarios como prácticos, con la participación de representantes de otros países de América Latina, fomentando el intercambio de experiencias en operaciones militares y derechos humanos. Las políticas educativas se centran en una formación integral, que articula el conocimiento técnico-militar con la instrucción en derechos humanos, DIH y ética profesional. Esta estructura formativa no solo busca preparar a los militares para defender la soberanía y el orden interno, sino también garantizar que sus acciones se desarrollen en conformidad con los derechos fundamentales y los principios democráticos.
El sistema educativo se organiza a través de instituciones como la Escuela Superior de Guerra del Ejército y la Universidad Nacional de Defensa, las cuales supervisan y gestionan la capacitación militar. Los programas de formación incluyen contenidos teóricos y actividades prácticas, con énfasis en el liderazgo, el uso racional de la fuerza y el respeto al DIH. Los cursos básicos y superiores abarcan desde el entrenamiento en manejo de armas hasta simulaciones de casos reales que permiten aplicar conocimientos en derechos humanos.
Gracias a esta formación, el personal militar adquiere una comprensión sólida del marco legal y ético en el que debe operar, aspecto fundamental en contextos de conflicto o situaciones de orden público.
Perú cuenta con el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (CDIH-DDHH), el cual ofrece programas educativos no solo dirigidos a las Fuerzas Armadas peruanas, sino también a miembros de otros países de América Latina, como México, Colombia y Brasil. Este centro ha participado en programas internacionales con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), fortaleciendo la formación en derechos humanos y promoviendo la práctica conjunta en normas de DIH. Las capacitaciones también incluyen la participación de la Policía Nacional y de autoridades civiles, lo que favorece un enfoque de seguridad interinstitucional en el que tanto las Fuerzas Armadas como los cuerpos policiales y civiles pueden compartir conocimientos y experiencias sobre el marco legal y la ética en situaciones de violencia y conflicto.
México
En México, la educación de las Fuerzas Armadas ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, en busca de profesionalizar al personal militar y adaptarlo a las exigencias contemporáneas en materia de derechos humanos, ética y uso proporcional de la fuerza. Esta evolución responde a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, particularmente a través de la Guardia Nacional, que opera en conjunto con la policía y desempeña labores de seguridad en zonas marcadas por altos índices de criminalidad y narcotráfico.
Las principales instituciones encargadas de la formación militar en el país son la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (UDEFA), el Colegio de Defensa Nacional y otras academias militares especializadas. La formación impartida en estas instituciones combina conocimientos tácticos y operativos con una sólida base ética y jurídica, incorporando asignaturas que abarcan desde doctrina militar y estrategia hasta derechos humanos, derecho internacional y protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza.
Un componente esencial en la educación militar mexicana es la capacitación en derechos humanos. El personal militar recibe formación intensiva sobre el uso adecuado de la fuerza, los protocolos de actuación en contextos de conflicto y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estas medidas responden tanto a demandas internas como a preocupaciones internacionales, orientadas a garantizar que la intervención militar en tareas de seguridad pública se realice en conformidad con los principios de proporcionalidad y no violencia. En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha fortalecido los programas de formación en responsabilidad social y ética profesional, con el propósito de prevenir abusos en operativos de seguridad y consolidar la imagen del ejército como garante de la seguridad y el bienestar social. Los programas educativos buscan asegurar que el personal actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional, y que respete los derechos ciudadanos en todas sus intervenciones.
Por otro lado, México ha intensificado la cooperación con organismos internacionales para la formación en derechos humanos. En colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se desarrollan seminarios y cursos especializados en DIH y derechos humanos. Estas alianzas no solo actualizan los conocimientos del personal militar, sino que también refuerzan las buenas prácticas en las operaciones de seguridad pública, especialmente en contextos de alta conflictividad y violencia.
Las Fuerzas Armadas mexicanas disponen de una estructura educativa sólida que abarca desde la formación básica de cadetes hasta niveles superiores de mando. La UDEFA, por ejemplo, ofrece programas de pregrado, posgrado y especialización en áreas como estrategia, administración militar y gestión de crisis. Asimismo, instituciones como el Colegio de Defensa Nacional y el Heroico Colegio Militar forman a los oficiales en liderazgo, estrategia y ética profesional, asegurando que su preparación responda a las exigencias actuales en materia de seguridad y defensa nacional.
Argentina
En Argentina, la educación de las Fuerzas Armadas se ha transformado en las últimas décadas con el objetivo de alinear la formación militar con los principios democráticos, los derechos humanos y una orientación pacifista. Este cambio responde a las experiencias históricas del país, marcadas por períodos de gobiernos militares y conflictos internos. Actualmente, las Fuerzas Armadas priorizan la defensa nacional y la cooperación internacional en misiones de paz, desvinculándose de funciones de seguridad interna, salvo en situaciones de emergencia nacional y bajo estricta regulación.
La educación militar es impartida principalmente a través del Instituto Universitario del Ejército (IUE), el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y el Colegio Militar de la Nación. Estas instituciones ofrecen programas académicos de pregrado y posgrado en áreas como estrategia, ingeniería, logística y administración de defensa. Los programas están orientados a desarrollar habilidades técnicas y estratégicas, al tiempo que promueven un enfoque humanista en la práctica militar.
Las Fuerzas Armadas argentinas también impulsan la investigación en defensa, tecnología y ciencias sociales. En el IUE y el IUA se desarrollan proyectos que abordan temas como logística, tecnologías de defensa y ética militar. Estos trabajos se encuentran alineados con los desafíos actuales de seguridad nacional y permiten a los estudiantes adquirir una comprensión integral del rol del Ejército en un contexto democrático y pacífico.
Desde la restauración democrática, la educación militar ha incorporado el estudio sistemático de los derechos humanos y el DIH. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa supervisa la implementación de estas políticas, incluyendo la integración de módulos obligatorios sobre respeto a los derechos civiles, las leyes del conflicto armado y los límites de actuación en el ámbito civil. Esta formación se imparte en todos los niveles de la carrera militar y se refuerza mediante talleres prácticos y simulaciones que exigen la aplicación estricta de las normas éticas.
Por otro lado, la enseñanza de los derechos humanos combina un enfoque teórico y práctico, enriquecido por la colaboración con organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU. Esta cooperación no solo facilita una comprensión más profunda de los estándares internacionales, sino que también prepara al personal militar para participar en intervenciones internacionales bajo el mandato de la ONU, especialmente en misiones de paz.
La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) fomenta una sólida cultura de investigación, promoviendo estudios en defensa, desarrollo tecnológico y ciencias sociales aplicadas a la estrategia militar. Los estudiantes de las Fuerzas Armadas participan en proyectos de investigación que contribuyen al desarrollo de políticas de defensa y seguridad nacional. Asimismo, mediante convenios con universidades civiles y centros de investigación, la UNDEF fortalece el conocimiento científico en temas de seguridad y defensa, generando sinergias entre la educación militar y la sociedad civil argentina.
El sistema educativo argentino se rige por un conjunto de normativas fundamentales, entre las que se incluyen la Ley Federal de Educación (24.195/1993), la Ley de Educación Superior (24.521/1995), la Ley de Educación Nacional (26.206/2006) y la Ley de Educación Técnico-Profesional (26.058/2005). Estas leyes constituyen la base normativa para la planificación y supervisión del sistema educativo, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Educación. Como resultado, Argentina dispone de un sistema educativo unificado, reconocido y respetado tanto en el ámbito civil como en el militar.
En este contexto, la defensa nacional se sustenta en un marco normativo amplio que va más allá de la Ley de Defensa Nacional, expresando la participación activa de la sociedad y sus representantes en el diseño de esta política pública. Entre los documentos jurídicos fundamentales se encuentran la Ley de Defensa Nacional (23.554/1988), la Ley de Seguridad Interior (24.059/1991), la Ley de Servicio Militar Voluntario (24.429/1994), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948/1998), la Ley de Inteligencia Nacional (25.520/2001) y la Ley 26.394/2008, que regula los sistemas de justicia y disciplina militar. Estas normativas fueron ampliadas y reglamentadas entre 2006 y 2010, lo cual evidenció un rol más protagónico del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Defensa, en contraste con la preeminencia del Poder Legislativo durante las reformas iniciales (Lafferriere & Soprano, 2015).
Brasil
La educación en Brasil se fundamenta en la Constitución de 1988, cuyo artículo 6 consagra la educación como un derecho fundamental, siendo responsabilidad del Estado y de las familias garantizar su cumplimiento. El artículo 205 precisa:
La educación es un derecho de todos y deber del Estado y de la familia, se promoverá e incentivará con la colaboración de la sociedad, y tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su capacitación para el trabajo. (Supremo Tribunal Federal, 2024)
Para reglamentar este derecho, y tras ocho años de debate, se promulgó en 1996 la Ley 9394 de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB), que estructuró el sistema educativo brasileño y estableció normas específicas para cada nivel y modalidad de enseñanza. En su artículo 83, la LDB estipula que "la educación militar es regulada por ley específica, permitiendo la equivalencia de estudios, de acuerdo con las normas de los sistemas educativos".
La LDB establece la existencia de distintos sistemas educativos en Brasil, reconociendo una situación preexistente y eximiendo al legislador de la responsabilidad en la formación de los futuros oficiales militares. La ley formaliza esta división, definiendo un sistema civil y varios sistemas militares. Actualmente, Brasil cuenta con cuatro sistemas educativos: el sistema de educación nacional (destinado a la formación de ciudadanos no militares, incluyendo profesiones estatales como la diplomacia), el sistema educativo de la Armada (para los profesionales de la Marina), el sistema educativo del Ejército (para los profesionales del Ejército) y el sistema educativo de la Aeronáutica (para los profesionales de la Fuerza Aérea). Al establecer esta división en cuatro sistemas, la LDB determinó que cada uno estuviera bajo una autoridad distinta. El Ministerio de Educación supervisa el sistema civil, mientras que los sistemas militares están bajo la responsabilidad de las respectivas direcciones educativas de cada fuerza. Esto implica la inexistencia de un control externo sobre la educación pública dirigida a las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la autonomía militar, según lo estipulado en el artículo 83 de la LDB.
Desde la publicación de la Política de Defensa Nacional (PDN) en 1996 hasta las actualizaciones más recientes, como el Decreto 5484/2005 y la Estrategia Nacional de Defensa (END) en 2008, Brasil ha adoptado una visión del mundo basada en la multipolaridad, en reemplazo de la perspectiva bipolar que predominaba durante la Guerra Fría. Esta nueva concepción reconoce que los desafíos en materia de defensa y seguridad han cambiado, alejándose de la previsibilidad estratégica de los conflictos globales del pasado y considerando poco probable la ocurrencia de grandes guerras mundiales en el futuro.
La educación militar en Colombia y su relación con México, Perú, Argentina y Brasil
En Colombia, la educación militar sienta las bases para la formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. El sistema educativo es supervisado principalmente por las Fuerzas Militares, las cuales cuentan con academias y escuelas especializadas para cada una de sus ramas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Esta estructura se organiza en distintos niveles, desde la formación básica hasta la educación superior, lo que posibilita la interacción con el sistema educativo civil y facilita la obtención de títulos universitarios.
En cuanto a las similitudes, al igual que en México, Perú y Argentina, Colombia cuenta con una estructura autónoma para la formación militar. Sin embargo, se diferencia de países como Brasil, donde existen sistemas educativos completamente separados para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, dado que en Colombia las academias y centros de formación operan bajo una estructura común que integra las tres ramas. Esta integración no solo fortalece la conexión entre la educación civil y militar, sino que también permite a los militares acceder a títulos civiles, promoviendo un enfoque más inclusivo dentro del sistema educativo nacional.
En el caso de Brasil, el sistema educativo militar se caracteriza por una separación más rigurosa respecto del sistema educativo nacional, operando con mayor independencia curricular y administrativa. Esta configuración favorece la preservación de una identidad institucional sólida, pero limita los mecanismos de convalidación y movilidad entre los sectores militar y civil. Por el contrario, en países como Colombia, México y Argentina, se observa una mayor centralización e integración con el sistema educativo civil, lo que ha permitido establecer vínculos más estrechos entre la formación militar y los lineamientos nacionales de educación superior. Esta interacción facilita procesos de homologación académica, cooperación interinstitucional y enriquecimiento mutuo de contenidos pedagógicos, especialmente en áreas como los derechos humanos, el liderazgo democrático y la gestión pública.
Asimismo, en México, la educación militar está regulada por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por la Ley de la Armada de México. El sistema educativo de las Fuerzas Armadas supervisa los programas de formación tanto en los niveles básicos como superiores. A diferencia de Brasil, México no cuenta con sistemas completamente separados para cada rama, sino que las Fuerzas Armadas comparten una estructura educativa centralizada, lo que facilita una gestión más coherente a nivel nacional.
En comparación con Colombia, México también permite que los oficiales obtengan títulos universitarios en sus academias militares, promoviendo así la integración entre la educación civil y militar. No obstante, mientras en Brasil dicha integración es más estricta y segregada, en México la centralización y la cooperación entre las Fuerzas Armadas y el sistema educativo civil son más fluidas.
Por su parte, en Perú, la educación militar está regulada por la Ley de las Fuerzas Armadas y se organiza en diversas academias y centros de formación especializados para cada una de sus ramas. El Sistema de Educación Militar es supervisado por el Ministerio de Defensa, en colaboración con las Fuerzas Armadas. Si bien las academias permiten a los oficiales obtener títulos universitarios, la interacción con el sistema educativo civil no es tan fluida como en el caso colombiano. En consecuencia, el enfoque en Perú tiende a estar más orientado hacia una formación estrictamente militar, con menor énfasis en la integración con el sistema educativo nacional.
De igual forma, en Argentina la educación militar está regulada por la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y otras normativas específicas. Las Fuerzas Armadas argentinas también cuentan con academias y centros de formación especializados para cada rama. Aunque el sistema educativo militar no está completamente segregado como en el caso de Brasil, las Fuerzas Armadas mantienen un cierto grado de autonomía en la formación de sus oficiales. No obstante, el personal militar puede integrarse al sistema educativo nacional y acceder a títulos civiles, lo que fortalece la conexión entre la educación civil y militar, al igual que sucede en Colombia.
En comparación con Brasil, Argentina presenta un enfoque más integrado con el sistema educativo civil, similar al modelo colombiano, aunque con un menor grado de autonomía respecto del sistema brasileño, donde cada rama gestiona de manera independiente su propio sistema educativo.
Así las cosas, el caso de Perú representa un modelo intermedio: si bien las escuelas de formación castrense gozan de una autonomía considerable, también se promueve la articulación con los estándares académicos nacionales. Estas variaciones reflejan diferentes concepciones sobre el rol de las Fuerzas Armadas en contextos democráticos, así como sobre el equilibrio entre la especificidad de la formación militar y la necesidad de alineación con estándares educativos civiles, particularmente en escenarios de posconflicto, seguridad multidimensional y cooperación internacional.
Desde una perspectiva comparativa regional, los sistemas educativos militares en países como Colombia, Brasil, México, Perú y Argentina comparten un marco conceptual centrado en la formación integral del personal militar. Este enfoque se sustenta en principios de disciplina, observancia de normas y una preparación ética, técnica y profesional. Sin embargo, el análisis de sus características estructurales revela diferencias notables en cuanto al grado de autonomía institucional, la relación con los sistemas educativos civiles y el nivel de centralización en la elaboración e implementación de las políticas de formación.
Por qué comparar la PEFuP con el sistema de países latinoamericanos
La comparación de la PEFuP con las políticas educativas de otros países latinoamericanos se fundamenta en una serie de razones técnicas, históricas y contextuales que reflejan las características compartidas por las distintas fuerzas armadas de la región. América Latina tiene una historia común marcada por procesos de independencia, la consolidación de regímenes republicanos, enfrentamientos internos y la implementación de reformas democráticas en distintos momentos históricos. Este trasfondo ha generado estructuras institucionales similares para la fuerza pública en la región, que desempeñan un doble rol: la defensa nacional y la seguridad interna. Países como México, Argentina, Perú y Chile enfrentan contextos políticos, económicos y sociales comparables con el de Colombia.
Uno de los puntos clave para llevar a cabo esta comparación es la similitud en los sistemas legales de América Latina, que se fundamentan principalmente en el derecho romano-germánico. El marco normativo compartido facilita la evaluación de las legislaciones educativas en los países seleccionados, permitiendo identificar tanto las convergencias como las divergencias. Por ejemplo, tanto Argentina como México tienen leyes específicas que regulan la formación educativa de sus fuerzas armadas y policiales. Estas normativas incluyen un fuerte énfasis en los derechos humanos, la modernización institucional y la capacitación técnico-profesional, lo que se alinea con los objetivos de la PEFuP en Colombia.
La elección de estos países no es casual. Todos han atravesado procesos significativos de transformación institucional, como transiciones hacia la democracia, reformas profundas o etapas de postconflicto. Estas experiencias han impulsado la profesionalización de sus fuerzas armadas mediante políticas educativas que fomentan una doctrina más moderna, ética y centrada en el respeto a los derechos fundamentales. La PEFuP comparte objetivos similares al enfocarse en la formación integral de los miembros de la fuerza pública, ajustando sus currículos y doctrinas a las necesidades de un país que también se encuentra en un proceso de transición y reconciliación nacional.
El análisis revela que las políticas educativas en países como Chile y Argentina integran componentes técnico-profesionales orientados a dotar de habilidades aplicables tanto al ámbito de la seguridad como al del desarrollo social. Esto coincide con el propósito de la PEFuP de ofrecer una formación que no solo atienda los requerimientos operativos, sino que también fortalezca su compromiso con las necesidades sociales del país. Entre las similitudes más destacadas está el énfasis en los derechos humanos como pilar de la educación, la diferenciación de los programas formativos según cada rama de la fuerza pública y un modelo de gestión educativa centralizado, en el que el Estado asume un papel predominante para garantizar la calidad y uniformidad del sistema.
En este contexto, no es del todo adecuado comparar el PEFuP con modelos de otras regiones, como Europa o Asia, debido a las marcadas diferencias en los contextos institucionales y en las misiones asignadas a la fuerza pública. En Europa, por ejemplo, las fuerzas armadas suelen cumplir funciones predominantemente externas, centradas en la estrategia militar y en la participación en alianzas internacionales. En cambio, en América Latina, estas instituciones desarrollan un papel híbrido, que combina la defensa de la soberanía con funciones de seguridad interna. Además, los sistemas educativos militares de países desarrollados, como Estados Unidos o Alemania, están diseñados para responder a necesidades tecnológicas avanzadas y objetivos estratégicos globales, lo que dificulta una comparación directa con los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos, donde persisten problemáticas sociales, desigualdades estructurales y conflictos internos.
Se puede afirmar, entonces, que la comparación de la PEFuP con las políticas educativas de países latinoamericanos es una estrategia metodológica pertinente para evaluar su diseño e implementación en función de contextos compartidos. Las similitudes históricas, normativas e institucionales entre estos países facilitan el intercambio de aprendizajes y la identificación de buenas prácticas adaptables al caso colombiano. Lejos de representar un ejercicio aislado, esta comparación fortalece la capacidad de la PEFuP para responder de manera eficaz a las complejidades del entorno regional, garantizando una formación de calidad para la fuerza pública de Colombia en el marco de los retos sociales y políticos del país.
Conclusiones
La educación en las Fuerzas Armadas de Colombia ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del Estado, cumplir las expectativas de los estudiantes y fortalecer valores esenciales como la convivencia y la paz. El análisis realizado subraya lo crucial que es centrar la educación militar en los principios democráticos, resaltando el papel de los militares y policías como servidores de la sociedad.
Para equilibrar las demandas sociales e institucionales, la educación en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional necesita evolucionar hacia un enfoque más flexible y abierto. Esto implica integrar tanto competencias adaptativas como los valores fundamentales del servicio militar. Los objetivos educativos deben estar en sintonía con las metas estratégicas de la fuerza pública, asegurando que las políticas educativas no solo se implementen de manera eficiente, sino que también preparen al personal militar para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Además, los procesos de formación deben ajustarse constantemente a los avances científicos y tecnológicos, para que los militares y policías respondan efectivamente a las necesidades de la sociedad colombiana, especialmente en el contexto de un conflicto prolongado. Esta capacidad de adaptación es esencial para que la fuerza pública siga cumpliendo su papel de garantizar la seguridad y la paz en Colombia en un entorno dinámico y complejo.
La formación basada en competencias, que se implementa a medida que los uniformados reciben una capacitación especializada, es uno de los enfoques principales para la profesionalización de la fuerza pública. Este enfoque ha sido integrado con éxito en los procesos educativos a lo largo del tiempo. Tanto el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (PEFA) como el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA) han adoptado métodos educativos dinámicos que cumplen con los estándares fijados por el Ministerio de Educación Nacional solo hasta 2019 (MinEducación, 2019).
En lo que respecta a la implementación de la PEFuP 2021-2026, esta busca establecer un perfil específico para los militares y policías durante el proceso de transición, diferenciándolos de los programas educativos de otras instituciones de educación superior. El objetivo es mejorar la formación y capacitación profesional de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, asegurando una mayor equidad en las evaluaciones de calidad educativa que realiza MinEducación, considerando las particularidades de la vida de los uniformados en comparación con otras profesiones y universidades. En este sentido, puede afirmarse que la PEFuP 2021-2026 constituye un hito normativo y político en la transformación de la educación militar y policial en Colombia.
Para garantizar la efectividad de la PEFuP, es esencial la evaluación y mejora continua, implementando mecanismos sólidos para medir el impacto de las nuevas estrategias educativas y realizar ajustes con base en los resultados obtenidos. La evaluación debe ser integral, abarcando tanto los aspectos técnicos como los sociales y éticos de la formación.
Desde una perspectiva legal, es fundamental que la PEFuP se aplique de manera equitativa en todo el país, conforme al principio de igualdad estipulado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Asimismo, la política debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los miembros de la fuerza pública, en particular el derecho a la educación y al desarrollo profesional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 222 de la Constitución.
En este contexto, la PEFuP ha logrado avances significativos en la modernización de la educación, atendiendo las necesidades actuales y preparándose para los desafíos del futuro. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad para enfrentar los retos operacionales y garantizar una formación equitativa que se ajuste a las particularidades locales. La evaluación de esta política debería centrarse en la integración continua de mejoras, la adaptación flexible a las circunstancias cambiantes y el fortalecimiento de la confianza pública mediante prácticas efectivas.
La formación, capacitación, entrenamiento, reentrenamiento, instrucción e investigación constituyen pilares esenciales para el desarrollo integral de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía. El perfil de estos profesionales no debe limitarse a conocimientos y habilidades técnicas, sino que debe incorporar actitudes, valores y competencias laborales fundamentales para el cumplimiento de su misión, entendida como un compromiso con la sociedad. En este sentido, la investigación impulsa el avance del conocimiento, promueve el cambio hacia sociedades más inclusivas y justas, y contribuye a la formación de líderes capaces de transformar la realidad. De esta manera, se garantiza que la fuerza pública continúe evolucionando y adaptándose a los desafíos del entorno.
Así, documentos como la PEFuP y otros similares deben ser revisados y actualizados de forma permanente para asegurar su alineación con las necesidades cambiantes del contexto nacional e internacional. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estos principios, lo que a su vez asegura que la formación profesional y académica de sus miembros responda a los estándares requeridos. Solo así será posible mantener el nivel de preparación necesario para que la Fuerza Pública continúe desempeñando su papel de manera efectiva en la sociedad y responda adecuadamente a los desafíos del país.
