Introducción

La obesidad es un problema de salud pública que afecta la calidad de vida y el bienestar de las personas a partir de sus efectos médicos, psicológicos y sociales. La Organización Mundial de la Salud considera a la obesidad como una epidemia global que no es exclusiva de los países de altos ingresos y que impacta a todos los grupos de edad, además, el GBD Obesity Collaborators estima que la prevalencia de la obesidad entre los niños y los adultos se ha duplicado en 73 países desde 1980 (^{Organización Mundial de la Salud 2020}; ^{The GBD Obesity Collaborators 2017}). Para Latinoamérica, la obesidad representa un gran problema de salud, sobre todo en Uruguay, Belice, Chile, Costa Rica y México. En este último, el sobrepeso y la obesidad en adultos con 20 años y más, aumentó en prevalencia combinada de 71,3 % registrado en 2012 a 75,2 % en 2018 (^{Rivera et al. 2018}; ^{ENSANut 2018}; ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2017}; ^{Organización Mundial de la Salud 2020}).

Tener obesidad a edades tempranas genera un mayor riesgo de enfermedades prematuras como enfermedades cardiovasculares (^{Organización Mundial de la Salud 2016}). En adultos, se eleva el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovas-culares (isquémicos y hemorrágicos), hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que puede entrañar un deterioro significativo en la salud, disminuye años de vida saludable y provoca muertes prematuras, además de un representativo gasto para los Sistemas de Salud (^{Organización Mundial de la Salud 2016}; ^{The GBD Obesity Collaborators 2017}).

La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) surge como una política sexenal mexicana para el periodo 20122018, con el fin de atender el complicado panorama epidemiológico nacional de obesidad. Entre sus objetivos se encontraba la promoción de la salud:

A través de la promoción de estilos de vida saludables, campañas de educación; así como el monitoreo del comportamiento de las enfermedades no transmisibles y algunos de sus principales determinantes, además de acciones preventivas como la búsqueda activa de personas que presentan factores de riesgo (^{Secretaría de Salud 2013}).

La promoción de la salud, por sus características comunicativas y de persuasión, requiere sumo cuidado de su contenido y la calidad de sus mensajes, las emociones y los valores que transmite, ya que son esenciales para generar cambios positivos y cuidar de que no se convierta en un instrumento pernicioso para los receptores.

La estrategia fue duramente criticada por simulaciones y conflictos de interés (^{Alianza por la Salud Alimentaria 2015}; ^{Bueno Hernández 2018}; ^{Calvillo y Székely 2018}) que evidenciaron organismos no gubernamentales y organismos académicos (^{Hernández et al. 2018}), también recibió críticas de instituciones gubernamentales que la consideraron no adecuada para ser medida, desvinculada de acciones, propósitos y componentes (^{Consejo Nacional de Evaluación, 2018}).

En medio de las diversas críticas y señalamientos de agentes sociales diversos, se vislumbran discursos de tres agentes sociales que, a través de los medios de comunicación digital, pudieron afectar el funcionamiento de la política pública y que tienen implicaciones bioéticas para la toma de decisiones, el bienestar y la salud de la población.

Metodología

Estudio cualitativo, interpretativo, de reflexión bioética con énfasis en el principio de responsabilidad de Hans Jonas y con aproximación hermenéutica analógica, donde se analizaron fuentes secundarias relacionadas directa o indirectamente con la promoción de la salud en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en México, emitidas por el Gobierno, las academias, las asociaciones y las industrias, publicadas en revistas y periódicos digitales durante el periodo 2012-2018.

Como primera etapa, para identificar la responsabilidad ética del Estado mexicano, se realizó el análisis de contenido de 14 documentos que conforman el marco legal de la Enpcsod y sus líneas de acción, con lo cual se esbozaron tres acciones vinculadas con el principio de responsabilidad y los deberes esperados en el ejercicio gubernamental en materia de promoción de la salud¹. En una segunda etapa se analizó el contenido de 46 materiales (evaluaciones, informes de divulgación científica, entrevistas, opiniones, artículos periodísticos y declaraciones) de los tres agentes sociales, para realizar la interpretación hermenéutica desde la interacción entre los diversos discursos y los roles sociales que responden, en primer lugar, al rol político, desde instituciones gubernamentales, en segundo lugar, al rol comercial y desde las industrias refresqueras, de alimentos ultra procesados o industria de la moda, finalmente, al rol profesional o científico, como organizaciones de la sociedad civil o comunidades científicas. Se puso especial atención en las emociones, los ideales, los bienes y los valores transmitidos y se ordenaron por agente social para observar sus diferencias, se identificaron las cargas axiológicas y las narrativas más representativas, las cuales se trataron con el software para análisis cualitativo de textos: Maxqda Analytics ProVersión 2018.2. A partir de dicho contenido, se compararon los hallazgos de los tres agentes sociales, se identificaron de cada uno los discursos unívocos, los discursos equívocos y se realizó una interpretación hermenéutica analógica retomando la propuesta de interpretación de Mauricio ^{Beuchot (Beuchot y Arena-Dolz 2008}).

Resultados

Discusión

Bajo el discurso gubernamental puede entenderse que la responsabilidad del Estado no fue cumplida debido a las omisiones en la política pública, el diseño y la incongruencia expuesta en las evaluaciones de resultados y en la falta de evidencias cuantitativas de la disminución de personas con obesidad (Secretaría de Salud 2013; ^{Bueno Hernández 2018}). Así, se hizo evidente en los informes revisados que la política pública mexicana mostró pocas evidencias de su eficacia, ya que desde instituciones gubernamentales como la Secretaría de Salud Federal se realizaron evaluaciones por consultorías privadas y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo Nacional de Evaluación 2015), los cuales identificaron problemas directamente relacionados con su fin o propósito, diseño y características, así como una desvinculación importante entre el propósito y los componentes y que las metas establecidas estaban imposibilitadas a medirse (Senado de la República 2016). Lo anterior evidenció que las acciones implementadas para este objetivo durante el periodo gubernamental 2012-2018 fueron inadecuadas para la evaluación y no lograron cumplir con los objetivos proyectados.

También se hicieron evidentes los conflictos de interés, ya que en eventos deportivos y de convivencia organizados por organizaciones gubernamentales desde el 2013, hubo patrocinio de la industria refresquera y de alimentos y no se declararon los conflictos de interés de las empresas patrocinadoras. Ello sugiere un comportamiento gubernamental permisivo e incongruente que muestra la colaboración cercana con las industrias, mostrándolas públicamente como representantes del bienestar y de responsabilidad social.

La sociedad informada es el agente que ha tomado el rol de interventor de las políticas públicas y su impacto en la población. A esta la conforman comunidades de padres de familia, investigadores, periodistas y académicos, que como agentes morales tienen un gran peso en la vida y la opinión pública. En la mayoría de las ocasiones, estos actúan a través de organizaciones de la sociedad civil, se pronuncian desde una institución académica o no gubernamental que les permite expresar posiciones ante un problema público relevante, como en el caso de la obesidad. Así fue que estos agentes destacaron que la estrategia fue insuficiente para atacar y contrarrestar el multifactorial problema del sobrepeso y la obesidad y señalaron conflictos de interés e incluso redes de corrupción con el sector gubernamental (Alianza por la Salud Alimentaria 2015; Instituto Mexicano para la Competitividad 2012).

Su recolección de evidencia sobre los problemas de la ENPCSOD y su posterior exposición en medios de comunicación fue destacable, aunque su énfasis estuvo en el impulso del etiquetado de advertencia, así como en la transparencia del ejercicio del gasto, por lo que no se identificaron propuestas de promoción de la salud que permitieran movilización de la población a favor de los estilos de vida saludables o la mejora de la alimentación.

El discurso de la sociedad informada tiende a la dirigir mensajes con importantes juicios de valor, evidenciando corrupción, conflictos de interés, malos manejos de información, opacidad, entre otros. Aseveraciones como: "atacaron los problemas de manera muy superficial", "es incongruente" o "poco efectiva" son expresiones constantes y fueron expuestas en repetidas ocasiones por las publicaciones analizadas (Hernández et al. 2018). La sociedad informada hizo evidentes las fallas del Gobierno mexicano para cumplir con la responsabilidad ética para proteger la salud de la población, pero contribuye a la generación de ruido en las comunicaciones, no cuida que el lenguaje sea legible y comprensible para la población en general y esto limita el impacto positivo en las audiencias.

Circunscribir la capacidad de estos agentes sociales a la crítica no es perseguir el bien de la población.

Los discursos de los agentes sociales retransmitidos a través de los medios de comunicación digital ayudaron a entender que la ENPCSOD tenía consideradas acciones a favor de la salud que, en el camino se diluyeron o nunca fueron implementadas. La procuración del bien para la población, a través de garantizar la protección de la salud y evitar o sancionar a quienes la afecten, es una responsabilidad que, en el discurso, está reconocida y que en la ley está permitida, pero en la operación estuvo trastocada por incongruencias, omisiones y permisividad. Las acciones que se iniciaron y que no demostraron resultados significan el desperdicio de recursos humanos y económicos, por lo tanto, un abuso de confianza hacia los ciudadanos y sus recursos, una simulación de interés y deber.

El discurso apunta que las instituciones mexicanas de salud fueron condescendientes con la industria para utilizar los huecos operativos y beneficiarse comercialmente; que promovió la imagen filantrópica de algunas empresas, posibilitó el bombardeo publicitario y la apertura de nuevos mercados a razón de la obesidad; que realizó bloqueos políticos a la regulación sanitaria y el etiquetado de alimentos promovido por la sociedad informada y, con todo lo anterior, se causó un profundo daño al bienestar social, ya que se normalizó entre la población el problema de salud pública y se reinterpretaron los valores humanos vinculados con la salud, la calidad de vida, la belleza, la felicidad, la seguridad social y la protección.

El reconocimiento del deber se observa en las reiteradas formas de expresar el valor de la salud, de la vida y el derecho a la seguridad social, en la necesidad de la regulación de productos riesgosos, el énfasis en el problema epidemiológico y las consecuencias de la enfermedad, representada en la pérdida de años de vida saludables y en las complicaciones médicas. Control y advertencia son los dos grandes conceptos en el discurso del gobierno de México que están sustentados en la generación de miedo a las consecuencias de la enfermedad. No hay una heurística del temor, la cual planteaba conveniente ^{Jonas (1995)} para que los mensajes fuesen lo suficientemente potentes para impulsar la movilización social. El miedo paraliza, el temor por el contrario hace evidente un riesgo que moviliza e invita al sujeto a concientizarse y tomar acción para evitar repercusiones a mediano y largo plazo.

Para el gobierno mexicano no es sencillo determinar quiénes pierden o ganan derechos. Las industrias tienen un rol social que se ha caracterizado por la transparencia de sus intereses económicos y su valor social como generadoras de empleos, además, parecería retrógrado considerar que a los medios de comunicación se les debería controlar o bloquear los derechos ganados sobre la libre expresión, sin embargo, al atender a la responsabilidad autoelegida, le corresponde al gobierno establecer límites y no solo multas económicas para el ejercicio de los derechos de comercialización, transmisión y libre competencia.

Para la industria, la obesidad es atribuible a los hábitos y a la educación, por lo que es congruente con su discurso la idea de fortalecer la autonomía y la libertad de elección y es lógico que consideren como solución la responsabilidad personal para lograr una buena vida y salud, basada en la responsabilidad voluntaria y en un sentido de cuidado profundo con la alteridad, sin embargo, esta libertad no puede ser accesible para una población con grandes desigualdades y con brechas sociales que harían más vulnerables a los más pobres. La industria no se enfrenta a una población autónoma, educada y libre, por lo que esta relación no es recíproca, sino por el contrario, es notablemente asimétrica, ya que desde el principio de responsabilidad es inaceptable pretender una responsabilidad equitativa entre las partes, sin embargo, en la actualidad, donde la autonomía es un principio preponderante en sociedades democráticas, es importante trabajar en la generación de herramientas sociales y personales para ejercer el autocuidado.

La industria refresquera relaciona con éxito en las marcas, los valores como la convivencia familiar, la armonía, la tolerancia, la unión y el perdón y mantiene intrínseca la asociación con valores humanos aspiracionales, siempre con mayor claridad que los definidos en la promoción de la salud, por lo tanto, modifica el comportamiento, el entorno y el pensamiento humano sobre su realidad, sus intereses, sus valores y lo que significa el bien en sí mismo. ^{Jonas (1995)} planteaba que vivimos en una revolución, primero, del mundo en el que vivimos, en consecuencia, con las formas en las que vivimos y, finalmente, en cómo pensamos que vivimos. Por ello es riesgosa la alteración de valores como la belleza y la salud bajo un contexto comercial y con grandes desigualdades sociales, ya que esa condición nos transforma, nos expone y nos confunde con los valores que apreciamos y los bienes que poseemos y deseamos.

Por otro lado, la industria de la moda ha tenido un vertiginoso crecimiento a causa del sobrepeso y la obesidad, sobre todo ha mantenido un constante debate con las organizaciones de la sociedad civil, las academias y algunas instituciones públicas para argumentar su valor social. Invierten importantes sumas de dinero para seguir comercializando sus productos, incrementando sus áreas de distribución, innovando en sus métodos de venta y recreando nuevos y mejores argumentos para justificar su existencia (la creación de empleos, el desarrollo económico, su responsabilidad social, la libre competencia). Así, el razonamiento utilizado en su publicidad es más elaborado, atractivo y por lo tanto efectivo para las audiencias, ya que su contenido moral se proyecta en emociones positivas, en la unidad familiar o la convivencia con amigos, lo que potencialmente reconstruye una asociación entre el consumo y el sentimiento de bienestar, pertenencia y felicidad, alejándose del problema de salud y utiliza y contrata a personajes con claros conflictos de interés para defender sus intervenciones.

El mensaje clave que resume cómo se ha llevado a cabo la mediatización de la obesidad es la "confusión", la falta de coherencia discursiva y de acción política, la transgresión de las industrias y el impulso de los medios de comunicación con su libertad absoluta. El ambiente de riesgo dejó de estar limitado a la comercialización de productos ultra procesados, libertad comercial, falta de regulación sanitaria y ausencia de espacios públicos seguros para realizar actividad física. En la actualidad, ese ambiente riesgoso se construye con ideas erradas de salud, bienestar, belleza, inclusión y pertenencia, configuradas y reinterpretadas desde la publicidad y potenciadas por la mediatización. La salud es cada vez más un concepto intangible, lejano y subjetivo para una sociedad que prefiere la inmediatez de las emociones positivas, donde el sentido de bienestar se convierte en una interpretación personal, resignificada por el interés inmediato y donde se incrementa el riesgo de ser manipulados por la mentira, el engaño y la intención de cada agente social.

Por un lado, podríamos asegurar que los medios no están mediatizando el problema de la obesidad, sino mediando entre las distintas opiniones, sin otra pretensión excepto a informar, lo que indicaría que cumplen con su función social con objetividad e imparcialidad, ya que parecen ser pasivos ante las posturas y versiones de los distintos agentes sociales, siendo que se limitan a la repetición de declaraciones, tanto de miembros de las corporaciones defendiendo sus intereses, como de representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) o funcionarios del gobierno. Por otro lado, al no localizar a un narrador claro, no hay agente moral y, por lo tanto, podemos reconocer que los medios se sustraen de obligaciones morales y éticas propias de un agente social, porque simplemente no asumen responsabilidad alguna. Así, no construyen bajo este esquema ningún acto intencional, ni se esfuerzan por reconocer, minimizar o evitar daños a la salud; simplemente no lo meditan, no les interesa y no necesitan justificarlos, ya que pretenden ser canales de transmisión, aunque con la información cruzada que transmiten, contribuyen a la distorsión de intereses, valores y nuevas representaciones de la realidad social.

Los valores de la credibilidad y la confianza siempre han sido necesarios pero endebles entre la sociedad y los medios de comunicación, en la creciente cobertura y la multiplicidad de canales de comunicación, a los que no pocos han cuestionado sus límites. Asimismo, su poder y omnipresencia logran sembrar la suficiente duda para inquietar y confundir a las audiencias, amparados en una desmedida libertad de expresión, en la cual, paradójicamente, reside su principal derecho y fortaleza.

Conclusiones

Al Estado le compete mantener y fortalecer su responsabilidad ética para procurar la protección de la salud de la población, la mayoría de las veces no se podrá evitar el control y la regulación para ejercerla, pero también le compete fortalecer a las poblaciones con educación para que ejerzan su libertad y autonomía ante los riesgos que se les presentan a diario por el bombardeo publicitario de productos no saludables. Sin educación para la toma de decisiones no se logrará la anhelada responsabilidad de todos los agentes morales, atendiendo como salvaguardas de su propio fin intrínseco.

Bajo la lógica de la autonomía, se debe encontrar un rol social positivo y diferenciar los deberes de todos los agentes morales, para asumir en su medida la corresponsabilidad con el bienestar y la salud. Cada agente social debe considerar su alcance, reconocer sus deberes y obligaciones, iniciando desde los padres a sus hijos, donde la relación asimétrica de poder y el reconocimiento del deber por su cuidado debe avivar el principio natural de la responsabilidad. Incluir este principio para la implementación de políticas públicas de promoción de la salud coadyuvaría a proteger y fortalecer el valor de la salud, para incitar la movilización social a favor del bienestar general.

Entender el poder de la mediatización es fundamental para la promoción de la salud, ignorar su poder seguirá alentando la mala información, las prácticas riesgosas para la salud de las personas con menor educación, menor seguridad alimentaria y ampliará, sin duda, las brechas de justicia y oportunidad de desarrollo social. El cuestionar la capacidad de los medios de comunicación digital para influir en las decisiones de los receptores, transmitir, recomendar y promover productos, actitudes, modas y transformar la percepción de la realidad es iniciar la identificación de la responsabilidad de los medios de comunicación para lograr su refinamiento técnico y en su configuración como agente social y moral, por lo que debe ampliarse el debate sobre cuáles son los nuevos retos de los medios de comunicación en la salud pública y los deberes morales y éticos de los líderes de opinión, así como los retos del periodismo actual ante los valores predominantes del periodismo profesional, como la imparcialidad y la veracidad. Pese a la dificultad de este para elegir las alternativas menos perjudiciales, el mal menor es impedir y restringir derechos a los medios de comunicación que evadan su responsabilidad con la opinión pública, mientan o tergiversen la información, ya que la salud de la población está en riesgo.

Otro de los retos es la ampliación del objeto y el conocimiento disciplinar de la promoción de la salud que debe ser entendida y construida con la misma claridad que demuestran las estrategias de promoción mercantil, por lo que habrá que trabajar más allá de un contundente concepto y una línea de acción clara que logre hacer más justa la competencia entre los productos y las prácticas que incentivan la obesidad y la promoción de la salud contra la obesidad. La diferencia entre los recursos financieros con los cuales se promueven los productos ultra procesados y la promoción de la salud no puede compararse, pero de algún modo la promoción de la salud tiene la posibilidad de utilizar los mismos vehículos, instrumentos y canales para comunicar con mayor efectividad sus mensajes. No es el objetivo lograr una competencia entre las industrias y los gobiernos, sino una entre los productos que incentivan la obesidad y los beneficios de las prácticas saludables a través de emociones y valores positivos. Así, debe trabajarse en fortalecer el concepto de salud y materializarlo como un "bien en sí mismo", un concepto potente y difundido con eficiencia.

La promoción de la salud en política en salud es un reto de motivación social que será resultado de la interpretación de la gente ante la información que obtiene desde distintas fuentes, por lo tanto, al ampliar el estudio en los impactos de la mediatización de la obesidad, podrán encontrarse caminos para que los intereses populares sean basados en valores positivos y no en mentiras, compartirlos e invitar a la acción social, para lo cual será necesario generar confianza y credibilidad institucional, utilizar plataformas útiles y persuadir con efectividad sobre los beneficios de mantener un estado personal saludable. En salud pública queda pendiente indagar hasta qué punto las plataformas y los medios sociales pueden influir en los estilos de vida de las personas, en un ambiente en que todo es cuestionable e indigno de confianza y donde ninguna realidad está exenta de ser mejorada con filtros y realidades virtuales. La población tiene al alcance demasiada información que aturde y no comunica, lo que representa un gran riesgo si no se trabaja desde un principio de responsabilidad y desde la educación. Que la humanidad y el bien sean posibles, como alude Jonas, requiere del trabajo del hombre por trazar un puente entre el deber y el ser, por lo tanto, las políticas públicas que se surgieran en adelante para disminuir la obesidad deben ser integrales entre los sectores involucrados, evaluables y congruentes para su seguimiento en el tiempo y diferenciadoras entre los ámbitos y grupos sociales.