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Introducción
Este estudio tiene como propósito analizar en profundidad el fenómeno del lavado de dineros, que constituye un problema social de gran relevancia en la actualidad, y también examinar sus efectos en los ámbitos social, político y económico, en específico en el contexto ecuatoriano. Después de presentar la metodología empleada, la sección de resultados se estructurará en tres secciones principales que permitirán una comprensión profunda de la temática.
En el primer apartado se aborda en profundidad el concepto de blanqueo de activos, destacando su naturaleza compleja y su carácter global. Se describirá cómo este delito se ha convertido en un problema cada vez más extendido en el panorama internacional, con redes criminales que operan a nivel transnacional y utilizan sofisticadas técnicas para ocultar el origen ilícito de los fondos. Además, se examinarán las razones detrás del crecimiento de este fenómeno y la importancia de su combate a nivel mundial.
La segunda sección se enfoca en el fenómeno del lavado de activos a niveles global, regional y local. Se analizarán las normativas internacional y regional existentes que buscan prevenir y combatir el blanqueo de dinero, así como las principales organizaciones internacionales encargadas de coordinar los esfuerzos en este ámbito. Se examinarán los avances y desafíos en la implementación de políticas y medidas preventivas, con un énfasis principal en la situación del Ecuador en cuanto a su normativa interna, sus cifras y las principales tipologías.
En la tercera sección se explora el impacto de este delito en Ecuador desde tres perspectivas fundamentales: social, económica y política-institucional. En lo social, se describe cómo este fenómeno afecta la estabilidad y la confianza en la sociedad ecuatoriana, así como las repercusiones económicas negativas que surgen de este delito, como la distorsión de los mercados y la erosión de la competitividad. Además, se analiza su influencia en el ámbito político-institucional, incluyendo la corrupción y la debilidad del sistema judicial.
Para culminar, la sección de conclusiones resume los principales hallazgos y reflexiones obtenidos a partir de la investigación realizada, y resalta la situación contemporánea del Ecuador con respecto al delito en cuestión.
Metodología
Con el fin de alcanzar el objetivo de la investigación, se opta por emplear una metodología cualitativa que se fundamenta en un riguroso análisis documental de diversas fuentes primarias de información. Estas fuentes abarcan una amplia gama de recursos, como artículos científicos, libros, reportes y otras fuentes especializadas en el campo del lavado de dineros. Se escogió esta metodología, porque responde a la naturaleza compleja y multidimensional del fenómeno del delito mencionado. Además, este enfoque permite comprender a fondo las diferentes perspectivas y dimensiones del problema, obtener una visión holística y sólida sobre él, e identificar las mejores prácticas y recomendaciones para prevenir y combatir eficazmente este delito.
Las fuentes primarias consideradas en esta investigación brindan una amplia gama de información relevante y actualizada sobre el tema. Principalmente en lo que respecta a artículos científicos, que constituyen una valiosa fuente de conocimiento, ya que se basan en investigaciones rigurosas y aportan perspectivas teóricas y empíricas sobre el tema; a libros que proporcionan un panorama más completo y detallado de los aspectos teóricos y prácticos del blanqueo de capitales; y reportes y documentos especializados elaborados por organizaciones internacionales, entidades gubernamentales y expertos en la materia, de los cuales se han extraído datos, estadísticas y análisis actualizados sobre las tendencias, modalidades y alcances de este delito en los planos global, regional y local.
Resultados
A continuación, se presentarán los resultados del proceso investigativo. Este se dividirá en tres secciones. Primero, se presenta una breve introducción al lavado de activos como un problema mundial complejo. Luego se aborda el fenómeno en los ámbitos global, regional y local, destacando la normativa y las organizaciones internacionales involucradas. Al final se examina el impacto de este delito en Ecuador, desde las perspectivas social, económica y política-institucional.
Definición de lavado de activos
Consiste en la transformación de recursos ilícitos en lícitos, mediante un proceso que usa principalmente operaciones artificiales. Se lleva a cabo mediante el uso de diversas y creativas técnicas o procedimientos, con el objetivo de obtener ganancias, ocultar el dinero o insertarlo en la economía formal (De la Torre, 2018).
El blanqueo de dineros tiene dos objetivos básicos: primero, ocultar los delitos que dieron origen al dinero, y segundo, asegurar su disfrute por medio del consumo, inversión o ahorro en la economía legal (Ruiz, 2019). Es importante destacar que este proceso se basa en la premisa de que los activos que se blanquean provienen de beneficios ilícitos del crimen organizado, por lo que su origen delictivo es la característica fundamental a considerar (Bermejo, 2015).
Es importante establecer que el blanqueo de capitales como fenómeno social se debe en gran medida a la Globalización y a los medios utilizados para el blanqueo que surgen de esta condición (Castillo, 2015). La Globalización es un punto clave para que en la actualidad existan medios profesionales que desarrollan de manera constante nuevos métodos complejos y difíciles de identificar, entre ellas, las criptomonedas, el crowdfunding o financiación colectiva y las apuestas en línea. Todas estas características están interrelacionadas y se potencian mutuamente, a medida que la internacionalización del blanqueo de capitales y la mayor especialización de los blanqueadores dan lugar a la creación de mecanismos cada vez más sofisticados (De la Torre, 2018).
La dinámica del lavado de activos
Este delito mantiene un proceso continuo y sistemático que permite alcanzar el fin último de los actores involucrados. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha definido tres fases del blanqueo de capitales: colocación, transformación e integración (Schneider y Windischbauer, 2008).
La primera corresponde a la fase de colocación. Aquí, las organizaciones criminales delegan a varias personas para lavar dinero, con el fin de colocar los activos obtenidos de actividades ilegales en la economía legal, ya sea en el país donde se cometió el delito o en un tercero. Esto se logra por medio de diversos esquemas que implican el uso de terceras personas también involucradas, con personería natural o jurídica (Cisneros, 2018). En esta fase se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, sin embargo, el uso de plataformas digitales ha tomado relevancia por el anonimato que ofrecen; un caso clave es el bit-coin, que no tiene regulación estatal ni respaldo financiero, aunque se usa como un activo sujeto a transformación en efectivo; apoyándose en una laxa regulación y control de pocos ordenamientos jurídicos nacionales, ha tenido un gran crecimiento (Caraballo, 2020). No obstante, esta etapa trata de evitar los controles, por lo general mediante el fraccionamiento del dinero en pequeñas sumas para su depósito en efectivo o cambiarlos por otros instrumentos monetarios de tipo negociable (cheques, por ejemplo) (Villacreses y Herrera, 2023). Esta primera etapa se presenta como aquella en la que se intenta integrar el dinero a las transacciones financieras legales. Una vez que se concluye con esta etapa, identificar su origen ilegal es muy difícil; en efecto, Caparrós (2014) menciona que en esta fase se puede detectar el dinero sucio de mejor manera.
La segunda se llama fase de conversión. En esta etapa, el objetivo es ocultar el origen del dinero sucio. Para el efecto, las personas involucradas utilizan diversas técnicas que dificultan el seguimiento del dinero con el fin de evitar ser identificados (Blanco, 2018). Entre las técnicas destacadas se encuentran el uso de empresas ficticias o fantasmas y testaferros, quienes buscan mover el dinero en los sistemas financieros de países considerados como paraísos fiscales. El uso de este sistema es fundamental; a medida que las transacciones del dinero bancarizado sean exponenciales, se irán diluyendo los orígenes de los activos, por lo que las entidades financieras tienen una participación clave en este proceso; en este sentido, sus reportes ante las entidades de control son esenciales para la prevención, control y judicialización de los casos de lavado de activos (King, 2022).
La tercera fase del proceso es la denominada como de integración. En esta etapa, los activos ya han sido integrados a la economía legal (Barragán, 2022) y se pretende darles apariencia de legal, reinvirtiéndolos al mercado sin despertar sospechas mediante acciones que promuevan inversiones financieras o la adquisición de propiedades. Normalmente, esta etapa se realiza en países que ofrecen ventajas para este tipo de inversiones y capitales.
El lavado de activos en el marco internacional
Una vez realizada una breve introducción al blanqueo de activos y su dinámica, se constata que se ha trabajado en la implementación de diversas medidas destinadas a restringir y penalizar estas prácticas cuestionables, con instrumentos que engloban acuerdos a niveles global, regional y nacional. En el siguiente apartado se detallarán los esfuerzos llevados a cabo tanto a nivel internacional como regional, así como en el contexto específico de Ecuador.
Marco normativo internacional para el lavado de activos
La Globalización ha traído ventajas para las sociedades, pero también ha sido aprovechada para delinquir. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2017) señala que muchos países están creando leyes y estrategias para combatir el crimen organizado transfronterizo, debido a que los delincuentes, las víctimas y el producto del delito pueden encontrarse en diferentes jurisdicciones a la vez, por lo que el enfoque tradicional unilateral de la aplicación de la ley no es suficiente. Con el aumento de los delitos transnacionales y los grupos delictivos, ningún país está exento de ser afectado y los Estados deben colaborar en la lucha contra estos delitos graves.
El crimen organizado puede obtener grandes ganancias de actividades ilícitas y esconderlas de las autoridades, lo que perjudica a la comunidad internacional en muchos aspectos que se describirán más adelante. En este contexto, se han desarrollado una serie de normas internacionales relacionadas con el combate al crimen organizado y el blanqueo de capitales. A continuación, se presentan algunos de estos instrumentos.
Declaración de Basilea
La Declaración de Basilea fue elaborada en 1988 con la finalidad de prevenir el uso de instituciones financieras para el depósito o la transferencia de fondos ilícitos. Cabe destacar que esta Declaración no posee un carácter vinculante, sin embargo, se plantea como un primer paso en el ámbito comunitario con un potencial de alcance a nivel internacional.
Convención de Viena
La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representa un destacado instrumento de alcance internacional que establece medidas destinadas a prevenir y sancionar el lavado de dinero. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988 y entró en vigor en 1991.
Su importancia radica en que en su Preámbulo por primera vez se proporciona una definición de lo que hoy conocemos como lavado de activos. Este es el primer instrumento internacional en el cual los Estados se comprometieron legalmente a crear leyes dentro de sus sistemas jurídicos para sancionar a aquellos capitales ilícitos que mantengan apariencia de legalidad. La Convención procura homogeneizar las leyes que penalicen este delito, incluyendo la confiscación de bienes, el levantamiento del sigilo bancario y otros mecanismos de asistencia judicial.
Además, se determina que el tráfico de drogas es una actividad propia del crimen organizado que perjudica las economías estatales y, por lo tanto, pone en peligro la seguridad y la soberanía de los Estados. En definitiva, esta Convención de Viena marca un punto de partida para el tratamiento del blanqueo de dineros (Caparrós, 2014).
Convención de Palermo
La Convención de Palermo es un acuerdo internacional que fue adoptado por las Naciones Unidas en el año 2000 con el objetivo de combatir la delincuencia organizada transnacional. Esta Convención establece medidas para prevenir y sancionar delitos como el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, y en su artículo siete establece la obligatoriedad de que los Estados miembros aprueben normas internas para tipificar el blanqueo de dinero y promover medidas para prevenir esta práctica ilícita.
Además, la Convención tiene dos objetivos fundamentales. Primero, eliminar las diferencias normativas entre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales respecto del blanqueo; para esto se centró en los mecanismos de cooperación internacional para detener el fortalecimiento económico de los grupos criminales. Segundo, enfatizar en la lucha contra la corrupción interna de los Estados para evitar el lavado de capitales.
Convención de Mérida
La Convención de Mérida, más conocida como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, establece de manera específica que los Estados parte deben ser activos en la creación de normativas internas necesarias para prevenir, controlar y sancionar el blanqueo de dinero.
En su artículo 14 establece la necesidad del Estado de controlar tanto a entidades financieras públicas como privadas, siempre que estas presten servicios de transferencia de dinero o bienes. Además, plantea que las autoridades financieras de cada país cooperen mancomunadamente en la recopilación de información y en la investigación del blanqueo de dinero. Esta iniciativa previó buenos resultados, debido a que dio mayor relevancia a los trabajos de cooperación internacional (Angulo, 2017).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
En cuanto a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, destaca la importancia del Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito radica en promover medidas para combatir el blanqueo de capitales. Este organismo fue fundado en París en 1989, y en 1990 presentó una serie de recomendaciones que después dieron lugar a un programa de asistencia multilateral para la lucha contra este delito.
Las medidas desarrolladas por el GAFI buscan impedir que los capitales resultantes del blanqueo se utilicen en actividades ilícitas futuras como base económica o capital para financiamiento (Hinojal, 2023).
La importancia de esta organización radica en su sobresaliente influencia para el desarrollo y la adaptación de las normas que evolucionan y se adaptan a las realidades contemporáneas. Las 40 recomendaciones establecidas por el GAFI se consideran actualmente como medio de aplicación universal y abarcan aspectos como el sistema jurídico, el sistema de seguridad interna (policía), el sistema financiero y la cooperación internacional (Solano, 2019).
Datos del lavado de activos
Se ha decidido demostrar una cifra que permita entender la gravedad que representa este delito en el contexto global. Se presenta como una de las prioridades en las agendas globales desde hace más de dos decenios.
En octubre de 2001, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley Patriótica (USA Patriot Act), la cual citaba en el artículo 302 a fuentes del Fondo Monetario Internacional y mencionaba que el monto de lavado de dinero superaba los USD 600 000 millones. En ese momento, esta cifra se refería a entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial. Si actualizamos esta relación manteniendo la cifra más conservadora del porcentaje (2 %) y considerando que el PIB mundial en 2022 fue de USD 102 404 010 millones, entonces tendríamos que más de USD 2,048 billones de dólares serían objeto de blanqueo de capitales. Esto no tiene en cuenta que desde el 2001 se ha profundizado el problema (De la Torre, 2018).
Normativa regional
En lo que respecta a América Latina, se evidencian diversos esfuerzos que procuran prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos. Estas disposiciones tienen como objetivo principal impedir que proliferen actividades criminales como el tráfico de drogas, la corrupción y el crimen organizado. Por lo tanto, establecen medidas para identificar a los clientes, supervisar las transacciones financieras, obligar a reportar actividades sospechosas y fomentar la cooperación internacional para investigar y procesar los delitos relacionados con el blanqueo de capitales.
Un primer vestigio de estas iniciativas surgió en 1986, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) creó la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (Cicad) para promover la cooperación entre los Estados miembros para el control de la producción, comercialización y consumo de sustancias estupefacientes. Este fue el primer instrumento internacional que abordó directamente la lucha contra la delincuencia transnacional y sus posibles consecuencias en Latinoamérica.
Cuatro años más tarde, en 1990, la Asamblea General de la OEA creó la Declaración y Programa de Acción de Ixtapa, en la que se estableció la necesidad de que las legislaciones internas de los países tipificaran el lavado de dineros y su relación con el tráfico de estupefacientes (Angulo, 2017).
Asimismo, es importante mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues se presenta como un instrumento importante en el plano continental que tiene como objetivo prevenir, detectar y sancionar la corrupción en América Latina y el Caribe, incluyendo medidas para prevenir y sancionar el blanqueo de capitales fruto de un acto de corrupción (Henao, 2019).
El Gafilaty su rol en la región
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es uno de los ocho organismos regionales creados para ampliar el alcance del GAFI y establecer una armonización y estandarización global del cumplimiento de sus recomendaciones. El propósito de estos organismos es legitimar las decisiones y acciones del GAFI en cada región del mundo y garantizar que los países no miembros también se sientan incluidos en estas decisiones (Solano, 2019).
Inicialmente, el grupo se denominó Grupo de Acción Financiera de América del Sur y estaba compuesto por nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Con la vinculación de países como México, Costa Rica y Panamá se cambió su nombre a Grupo de Acción Financiera de América Latina. El objetivo del Gafilat es fomentar la promulgación y aplicación de normas administrativas y penales contra el lavado de activos en la región.
Las 40 recomendaciones planteadas por el GAFI son los criterios de referencia más respetados a nivel mundial para prevenir este delito y la financiación del terrorismo. Son los que promueve el Gafilat. Contienen una serie de disposiciones financieras, legales y de conducta que los países deben implementar, en su mayoría basadas en tratados internacionales (propios de las convenciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales). Asimismo, se establecen medidas de cumplimiento tanto para el sector público como para el privado. El objetivo de estas recomendaciones es mejorar la transparencia y permitir a los países tomar medidas contra el uso indebido del sistema financiero (Gafilat, 2023).
En los últimos años, el objetivo principal del Gafilat ha sido estrechar los lazos entre gobiernos, sociedad civil y sector privado para combatir los delitos y costos sociales, políticos y económicos que resultan de la entrada de capitales ilícitos en las economías de la región (Angulo, 2017). Además, según Solano (2019), es importante destacar que el Gafilat no se limita a ser un simple transmisor de modelos impuestos por estándares globales, sino que fomenta debates técnicos, plantea adaptaciones y consideraciones en función de la realidad nacional de los países participantes, para implementar efectivamente las recomendaciones internacionales.
Estas discusiones son exclusivas del ámbito regional y no podrían tener lugar en otro escenario. Además, el Gafilat ofrece asistencia técnica y capacitación, algo que la mayoría de los organismos similares al GAFI no brindan. Por lo tanto, el Gafilat ha seguido una ruta propia, definida por sus países miembros y sus coordinadores nacionales, lo que ha ocasionado una valoración y un prestigio internacional que trasciende el ámbito del GAFI.
Principales actores y tipologías del lavado de activos a nivel regional
El Gafilat presenta un informe de tipologías regionales cada dos años, en el que muestra por medio de casos las formas en que se lavan activos y se financia el terrorismo (LA / FT) en la región, así como las tipologías, productos y sectores utilizados. El enfoque del informe se centra en una serie de categorías temáticas, incluyendo delitos de corrupción y soborno, delitos ambientales, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, participación en grupos delictivos organizados, transporte ilícito de dinero por la frontera, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, delitos fiscales, contrabando, uso de juegos de azar y organizaciones sin fines de lucro (Gafilat, 2021).
A continuación, se mencionan algunos casos de lavado de activos destacados: por corrupción en una casa de bingo, por narcotráfico mediante loterías, por medio de casinos, en actividades agrícolas o la compra de terrenos, por defraudación de fondos públicos, por narcotráfico por intermedio de contratos de arrendamiento, en el sector de la construcción, con la compraventa de arte, por la simulación de exportación de oro, por estudios de abogados o contadores públicos ficticios y por narcotráfico utilizando servicios legales (Gafisud, 2010).
A partir de estos casos, el Gafilat pudo identificar que los delitos con mayor cantidad de casos y, por lo tanto, de perjuicios para los Estados de la región, son la corrupción y el soborno, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y los delitos ambientales (Gafilat, 2018).
Normativa interna para la prevención y sanción del lavado de activos
La legislación ecuatoriana con respecto a este delito mantiene una historia interesante a ser considerada. Hace algunos años, esta legislación sobre este y otros delitos relacionados era inconsistente, lo que se hizo evidente después de que el GAFI incluyera a Ecuador en su lista de países de alto riesgo que no cooperan en la lucha contra él. A raíz de esto, la Fiscalía y la Procuraduría presentaron proyectos para combatir estas conductas, fortaleciendo las penas, mejorando los procesos investigativos y creando una unidad especializada para manejar los bienes incautados derivados de estas conductas (Angulo, 2017).
En 2005, Ecuador promulgó la Ley para reprimir el lavado de activos, la cual, en su momento, fue criticada, pues establecía un campo de acción demasiado amplio. Sin embargo, es destacable que esta Ley introdujera el carácter autónomo de este crimen como delito y el daño que causa en el orden socioeconómico de un Estado. Asimismo, el reglamento de esta Ley se presentó como el marco jurídico para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (Angulo, 2017).
Posteriormente, Ecuador se comprometió a aplicar estrategias integrales para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y fortalecer la normativa interna del país, por lo que en 2011, la Asamblea Nacional fortaleció las penas impuestas por la Ley de Lavado de Activos, incrementando la consecuencia penal a nueve años de prisión (Angulo, 2017).
El cambio sustancial en la normativa ecuatoriana ocurrió con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, resultado de las valoraciones del GAFI y de una posible sanción, como ocurrió años atrás. Dentro de la sección séptima del COIP se encuentra la normativa correspondiente al delito de blanqueo de capitales. Desde la perspectiva del derecho penal, protege el bien jurídico denominado "orden económico" (Angulo, 2017.)
En el artículo 317 se especifica que se considera lavado de activos cuando una persona, directa o indirectamente: 1) tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito; 2) oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito; 3) preste su nombre o el de su empresa para la comisión de este delito; 4) organice, gestione, asesore, participe o financie su comisión; 5) realice operaciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de blanqueo de dineros; 6) ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país (De la Torre, 2018), y 7) declare valores de mercancías superiores a los reales, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos (COIP, 2023).
Con la entrada en vigor del COIP, la Ley de 2005 fue derogada, puesto que se tipificó este delito en este nuevo cuerpo legal. Además, las penas por este delito aumentaron, pudiendo imponerse hasta 13 años de prisión. También se hicieron efectivas las recomendaciones del GAFI, pues en el artículo 522 se permitió el decomiso de bienes adquiridos con el blanqueo de dinero, sin necesidad de una sentencia condenatoria (Angulo, 2017).
En resumen, durante la última década, Ecuador ha llevado a cabo diversos esfuerzos para fortalecer la lucha contra este delito. No obstante, de acuerdo con el GAFI, se han identificado deficiencias persistentes en las estrategias implementadas por este país para combatir este fenómeno.
Es importante destacar que, adicionalmente, en el 2016 se publicó la Ley Orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, con la cual se estableció la obligación de reportar las operaciones y transacciones económicas cuyo valor sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10 000) o su equivalente en otras monedas; así como, la obligación de transmitir al ente regulador, reportes de operaciones inusuales e injustificadas (denominados ROII en la nomenclatura ecuatoriana), dentro del término de cuatro días. Asimismo, se cambió la denominación de la entidad reguladora de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) (De la Torre, 2018).
Cifras de ingreso y egreso de capitales ilícitos
En 2019 se estableció la necesidad de que Ecuador tenga una cifra clara sobre el blanqueo de activos. Hasta ese momento solo existía una estimación del Foro Económico Mundial, que determinó que alrededor de USD 4000 millones anuales de dinero ilícito podrían estar circulando en la economía ecuatoriana. En términos comparativos, el monto representa más de ocho veces los USD 500 millones que cada día pasan por el sistema de pagos del Banco Central del Ecuador (BCE), o casi tres veces los USD 1400 millones en dinero físico que importa el país desde la Reserva Federal de los Estados Unidos (La Hora, 2019). Esto estableció la necesidad de cuantificar el blanqueo de dinero y la prioridad de que Ecuador sea el segundo país de la región, solo después de Colombia, en tener una cifra real del impacto de este fenómeno.
En septiembre de 2012, el Ejecutivo señaló la cifra de USD 3458 millones de dólares como estimación del monto de dinero que se lava cada año en el país. Este cálculo responde al uso de la fórmula de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la cual sostiene que anualmente se lava una cantidad que se encuentra entre el 2 % y el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. La presidencia ecuatoriana usó ese rango para establecer una cifra. Utilizó el PIB del Ecuador, que en 2020 fue de USD 98 810 millones, para calcular el 2 % y el 5 %, y dijo que esos porcentajes corresponden a entre USD 197 620 millones y USD 494 050 millones, respectivamente. Es decir, en Ecuador, en el 2020, se lavaron, en promedio, USD 3458 millones (Plan V, 2022).
Cifras sobre la judicialización del delito de lavado de activos en Ecuador
La Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador ha judicializado cerca de 806 delitos de lavado de activos desde el 2014 hasta el 2023. La provincia Pichincha, en donde se encuentra la ciudad de Quito, capital del país, concentra cerca del 90 % de estos casos, seguida por las provincias de Esmeraldas, El Oro, Manabí y Sucumbíos. Además, se observa un crecimiento de este delito desde el año 2017. Los grados de intervención en el delito, en su mayoría, han sido de autoría directa e indirecta. La tabla 1 presenta con mayor detalle lo reportado por la Fiscalía General del Estado.
Tabla 1 Información estadística sobre el delito de lavado de activos, artículo 317 del COIP
Fuente: Fiscalía General del Estado del Ecuador (FGE) (2023).
Ecuador en las redes internacionales del lavado de activos
En Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha identificado una serie de casos que sirven como modelos para detectar posibles modalidades y prevenir su replicación. En su documento Tipologías de Lavado de Activos de 2020 expuso diversos casos relacionados con el uso de documentos adulterados para adquirir vehículos de alto valor, la utilización inapropiada de productos financieros en cuentas de personas políticamente expuestas, el blanqueo de capitales mediante exportaciones sobrevaloradas, la utilización de exportaciones de oro para canalizar dinero ilícito, el transporte y la comercialización de productos agrícolas ingresados al país de forma irregular, el desvío de recursos públicos mediante la prestación de servicios y adquisición de suministros y materiales, la comercialización de vehículos con dinero de origen ilícito, las empresas que otorgan créditos con fondos ilícitos y contratos de pago de intereses mayores a los permitidos por la ley, la utilización de empresas fantasma para la defraudación tributaria por medio del sistema financiero nacional, el empleo de empresas fachada para dar apariencia de legalidad a fondos y bienes obtenidos de forma ilícita, y el uso de cuentas de embudo para ocultar fondos ilícitos (UAFE, 2020).
Para ilustrar la diversidad de delitos relacionados con el lavado de dinero en Ecuador, es fundamental mencionar algunos casos que han adquirido notoriedad en el plano nacional e implicaciones internacionales. Entre ellos se encuentran los siguientes:
Lavado de activos relacionados con el tráfico de especies en peligro de extinción con destino a Hong Kong, por un monto de USD 4 337 920,53.
Blanqueo de capitales provenientes de la exportación de madera de balsa, en la que se ven involucrados países asiáticos, por un monto de USD 15 076 371,58.
Uso de testaferros y empresas para adquirir bienes con fondos provenientes del tráfico de drogas (Gafilat, 2021).
Blanqueo de dinero mediante exportaciones sobrevaloradas de empresas recientemente constituidas y sin actividad en el país, que reciben grandes sumas de dinero y luego las transfieren a jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Uso de exportaciones de oro para canalizar dinero ilícito, en el que las empresas nacionales reciben un pago muy superior al valor real del producto exportado, y muchas veces dichas empresas registran actividades diferentes a la producción, explotación o comercialización de oro (UAFE, 2020).
El lavado de activos en el marco internacional
Finalmente, resulta crucial establecer el impacto que el blanqueo de capitales ha generado en Ecuador, tomando en cuenta tres áreas que han sido particularmente afectadas. A continuación, se presentarán los impactos social, económico y político-institucional.
Impacto social
La cultura y la ética de las personas están siendo afectadas de manera grave, lo que está causando un cambio en los valores éticos. La idea de unirse a pandillas peligrosas se está volviendo aceptable y está teniendo un fuerte impacto en la moral de los jóvenes. Los medios de comunicación también están contribuyendo a este problema al mostrar la riqueza, astucia, poder e impunidad de los delincuentes, y al promover el consumo de drogas. Todo esto está resultando en un aumento de la criminalidad, incluso entre personas cada vez más jóvenes (Castro, 2018).
La "viveza criolla" o la "cultura de los vivos" se ha vuelto común en Ecuador y en muchos lugares. Se estigmatiza a aquellos que optan por no involucrarse en prácticas ilícitas en los ámbitos público o privado, o que se niegan a aceptar sobornos. En la actualidad, la corrupción ha adquirido una mayor legitimidad que la integridad, y se ha llegado al punto en el que se considera legal lo que antes se consideraba inmoral. Se denomina de forma despectiva como "pendejos" a aquellos individuos que eligen mantenerse en empleos con bajos salarios en lugar de aceptar actos de corrupción (Adoum y Aguilar, 2021).
Ideas como estas se convierten en algo normal en la sociedad, por lo que el dinero fácil parece más atractivo que seguir las normas éticas. Incluso, algunos actores de este fenómeno consideran que no importa ir a la cárcel por un corto tiempo si se puede disfrutar de los beneficios obtenidos por medios ilegales. La filosofía del éxito pone más valor en lo que se tiene en lugar de quién se es, lo que va en contra de la moral y la ética. En este sentido, ser exitoso se trata de acumular riquezas, aunque sean mal habidas, y mostrarlas de forma ostentosa para impresionar a los demás.
Además, se evidencia una gran inseguridad en todas partes, la criminalidad ha aumentado y se ha expandido por todas las zonas urbanas y rurales, incluso en lugares como escuelas, colegios y hasta iglesias. Esto se debe al interés de conseguir medios para consumir y a la posibilidad de utilizar dinero ilícito, lo que lleva a jóvenes a realizar delitos menores o unirse a pandillas que cometen delitos más graves como secuestros, sicariato y extorsión, entre otros (Castro, 2018).
Esta inseguridad también está acompañada de violencia y del comercio ilegal de armas, lo que genera asesinatos casuales o provocados por la delincuencia organizada. Esta situación se ha extendido a la vida familiar, grupal y barrial, y no hay ningún sector social que no pueda verse afectado. Lo más preocupante es que las organizaciones criminales buscan reclutar a jóvenes y personas vulnerables de sectores pauperizados, convenciéndolos de que el enriquecimiento fácil y el consumo de drogas son formas de vida aceptables. En las sociedades menos desarrolladas, este problema es aún mayor, debido a la cantidad proporcionalmente mayor de personas afectadas o influenciadas por estas prácticas delictivas (Guerrero, 2013).
Es importante mencionar que estas nuevas formas de delinquir se extienden cada vez más en la sociedad a causa de las condiciones socioeconómicas de pobreza, en la que el crimen organizado se presenta como una oportunidad o medio de salvación para satisfacer las necesidades inmediatas de las personas, aunque sea por medios ilícitos.
Impacto económico
La introducción de grandes cantidades de dinero ilícito en la economía mediante el lavado de activos puede acarrear diversos efectos negativos, como la inflación, los problemas en el intercambio de divisas y el comercio, así como la competencia desleal, entre otros (Gómez, 2020). Este delito tiene la capacidad de generar la aparición de empresas ficticias que ofrecen productos a precios bajos, pero que carecen de rentabilidad real, ya que se financian con fondos ilícitos. Estas prácticas distorsionan los mercados y contribuyen al aumento del desempleo (Castro, 2018). Ecuador ha experimentado los impactos perniciosos de tales acciones.
Los lavadores de dinero no siguen las reglas normales de inversión y acumulación de ganancias. Ellos contaminan las actividades legales, compiten de manera desleal, provocan pérdidas y pueden crear monopolios. Por ende, el blanqueo de dinero puede afectar la competitividad, provocar desempleo y pobreza (Castro, 2018). Esto se realiza en el sector privado con empresas "fachada", las cuales mezclan ganancias ilegales con dinero legítimo, lo que les permite ofrecer productos a precios muy bajos, con lo que perjudican a las empresas legales, en especial a las pequeñas y medianas empresas. Esto les da una ventaja injusta en el mercado (Huallata, 2019).
Otro de los problemas que genera el blanqueo de activos es la reducción de los ingresos fiscales del Gobierno, ya que es imposible gravar las transacciones ilegales de manera adecuada. Además, puede provocar señales engañosas sobre el comportamiento del mercado, lo que lleva a la aplicación de políticas fiscales ineficientes y al desvío de fondos públicos de gastos prioritarios como la salud y la educación (Huallata, 2019).
Es relevante destacar que el blanqueo de activos tiene la capacidad de desestabilizar el sistema financiero al introducir en él grandes sumas de dinero ilícito, lo cual puede generar una burbuja financiera perjudicial para la economía en su totalidad. Además, puede minar la confianza del público en el sistema financiero si se percibe que este es corrupto y que los delincuentes pueden blanquear dinero sin enfrentar consecuencias (La Hora, 2021).
De acuerdo con Carrión (2014), la estructura de la economía ilegal se concentra en tres ubicaciones fundamentales: las fronteras, las ciudades y los paraísos fiscales. Las fronteras representan espacios donde la economía ilegal experimenta un crecimiento acelerado, mientras que las ciudades son entornos propicios para realizar negocios e incentivar la inversión. Por último, los paraísos fiscales son lugares donde convergen los mercados legales e ilegales.
A pesar de todos los efectos presentados, algunos especialistas ven como positiva la circulación del dinero de origen ilícito, y mencionan que el retorno de las rentas generadas por el narcotráfico podría posibilitar el desarrollo industrial, reducir el desempleo y hacer crecer las economías nacionales (Castro, 2018).
Impacto político-institucional
Como consecuencia del lavado de activos, se evidencia que algunas personas están tratando de obtener el poder y controlar el gobierno. Esto significa que están tomando decisiones fundamentales, aprobando leyes y usando el dinero público para sus propios intereses. Como resultado, hay un aumento en los casos de corrupción en el Estado (Tokatlian, 1995).
Este delito permite que los delincuentes obtengan el control económico en lugar del mercado, el gobierno y los ciudadanos. Esto significa que el crimen organizado puede tener más poder que el gobierno legítimo y, por lo tanto, amenaza al sistema democrático y la estabilidad de un país. Los delincuentes pueden intimidar, cometer actos de terrorismo, financiar ejércitos privados e infiltrarse en actividades políticas y sociales, lo que socava la organización del Estado y pone en peligro su estabilidad (Barras, 2014).
Algunos estudios muestran que las organizaciones criminales transnacionales operan en espacios desamparados por el Estado. Sus agentes son capaces de crear estructuras paralelas al Estado y sustituyen las estructuras de poder tradicionales. Cuando esto acontece, se determina que los grupos criminales no actúan en contra del Estado, sino que pretenden controlar la institucionalidad mediante la corrupción o la penetración de las funciones gubernamentales (Rivera, 2011).
En términos simples, hay una relación entre las bandas organizadas y el poder estatal. Las bandas necesitan el poder para protegerse de las consecuencias de sus actividades criminales, y el poder estatal requiere tomar decisiones y controlar a la sociedad por medio de leyes y políticas públicas. La acumulación de bienes y riqueza es uno de los motivos por los que la criminalidad organizada compite por el poder estatal y busca controlar a los máximos representantes del gobierno y la justicia. Incluso se sabe que estas bandas financian a jóvenes para que se capaciten y ocupen puestos importantes dentro de la organización criminal. Esto afecta la democracia y la legitimidad del Estado, ya que la población pierde la confianza en la acción estatal y en su capacidad para combatir el delito (Castro, 2018).
En resumen, la presencia de delincuentes en el Estado no es casualidad y se debe a la orientación de la política económica y de las políticas públicas en general. Los criminales han logrado apropiarse de importantes segmentos de la economía y de la propiedad. También influyen en los sectores más poderosos de la banca y promueven de manera indirecta la emisión de normativa que les beneficie.
Discusión y conclusiones
A continuación, se presenta una breve discusión y una serie de conclusiones resultado del trabajo de investigación:
En la primera sección se analizó el concepto de lavado de activos, destacando su dinámica, sus fases y la Globalización como uno de los factores que promueve su expansión y complejidad, dificultando su control en diferentes partes del mundo. La segunda sección abordó los diferentes esfuerzos llevados a cabo para frenar el blanqueo de capitales, incluyendo declaraciones y convenios internacionales y regionales que buscan la confiscación de bienes y el levantamiento del secreto bancario, entre otros. También se planteó la necesidad de homogeneizar las leyes y fortalecer la cooperación internacional como medidas para frenar el blanqueo de dineros. En cuanto al caso ecuatoriano, se evidenció que durante la última década se ha procurado generar una normativa específica para prevenir y sancionar este delito. Las leyes ecuatorianas lo han tipificado como delito, han aumentado las penas, han procurado acciones como la incautación de bienes sin sentencia condenatoria y un control de las operaciones y transacciones económicas bancarias.
La sección final establece que el blanqueo de activos genera una serie de problemas en Ecuador. En el ámbito social se ha observado una afectación en la cultura y ética de las personas, lo que ha ocasionado un cambio en sus valores y principios. Además, se ha incrementado la criminalidad y la inseguridad en todas las áreas, incluso afectando la vida familiar de las personas. Estas nuevas formas de delinquir permean cada vez más a la sociedad, debido a las condiciones socioeconómicas de pobreza que no han podido ser satisfechas por el Estado. En este contexto de ausencia de políticas públicas es más fácil que el crimen organizado se presente como una oportunidad "o medio de salvación" para solventar las necesidades inmediatas de las personas, aunque sea por medios ilícitos.
En el ámbito económico se reconoce que el lavado de activos ha generado problemas para el comercio y atiza una competencia desleal, además de distorsionar los mercados, aumenta el desempleo y la pobreza, con lo que afecta el bienestar de los ecuatorianos. Por último, en el ámbito político-institucional se ha originado un descontento generalizado ante las instituciones, algunas de las cuales han sido tomadas por la corrupción, debilitando el sistema democrático y generando una percepción de impunidad. En conjunto, se concluye que el blanqueo de capitales sigue teniendo un impacto negativo en la sociedad ecuatoriana, porque causa problemas sociales, económicos y políticos que deben ser abordados de manera efectiva para prevenir y combatir esta actividad ilícita.
