Métodos territoriales para el estudio del conflicto y la paz

La mayoría de los artículos analizados aplicaron métodos y técnicas genéricas de las ciencias sociales (etnografía, entrevistas, diseños mixtos, entre otros) en sus investigaciones; sin embargo, algunos aportan ideas metodológicas novedosas para lo específico de un análisis territorial del conflicto y la paz. Existen algunos métodos y técnicas que se han posicionado tradicionalmente como idóneos para el estudio de lo territorial, como son la cartografía social (^{Vélez; Rátiva; Varela, 2012}) o la cartografía física y sonora (^{Tamayo; Navarro, 2017}), pero asociadas al tema del conflicto armado, esas técnicas suelen combinarse, por ejemplo, con líneas de tiempo que permiten indagar en la memoria individual y social de los participantes (^{CNMH, 2015}). En este último caso, se parte de la conceptualización de un sujeto colectivo directamente ligado al territorio, el campesino, lo cual implica que, para comprender sus características y las de los daños que sufrieron en medio del conflicto armado, se precisa la utilización de técnicas participativas que aborden temas como la producción económica y los circuitos de comercialización, la adjudicación y titulación de tierras, la influencia y localización de los procesos organizativos en tiempos presentes y pasados, entre otros, que brindan una propuesta metodológica potente para el trabajo de memoria desde una perspectiva territorial.

Algunos estudios presentan abordajes metodológicos que usan la cartografía para representar gráficamente los fenómenos de violencia, conflicto y paz (^{Nates; Raymond, 2006}; ^{Ocampo; Chenut; Férguson; Martínez, 2017}; ^{Pissoat; Gouëset, 2002}). Con los mapas, se busca sintetizar información a partir de indicadores y variables cualitativos y cuantitativos, son herramientas de apoyo gráfico para los análisis de los investigadores sociales y recursos pedagógicos para comunicar de forma eficiente esos análisis a distintos públicos, en un lenguaje visual que complementa al oral o escrito. En cuanto representación, el mapa siempre muestra a la vez que oculta información, lo que refleja las posiciones teóricas y políticas del investigador y de quien lo interpreta posteriormente (^{Pissoat; Gouëset, 2002}; ^{Vélez et al., 2012}). Así, por ejemplo, si se entiende la paz como ausencia de violencia o como condiciones estructurales de bienestar para la población, los indicadores y recursos gráficos de un mapa van a ser distintos.

Las representaciones del conflicto armado y las iniciativas de paz plasmadas cartográficamente en los estudios analizados en este artículo evidencian mapas temáticos, que se ocupan de una sola variable, y sintéticos, que entrecruzan varias dimensiones y correlacionan fenómenos de distintas temporalidades (^{Nates; Raymond, 2006}). Frente a los primeros, suelen ser mapas que muestran la presencia o ausencia de determinado fenómeno en el espacio, como la presencia de un grupo armado o de cultivos de coca en una zona en un momento específico. De acuerdo con el análisis de ^{Pissoat y Gouëset (2002)} , estos mapas predominaron en la producción científica nacional hasta la década de 1990, cuando se empezaron a tener mejores fuentes estadísticas y se inició el uso de mapas cada vez más complejos, incluso a escala regional y local (lo cual no indica que los mapas temáticos no se sigan utilizando). Por su parte, los mapas sintéticos son cada vez más frecuentes, y muestran la representación espacial de distintas variables que hacen evidente su correlación, como es el caso de la pobreza y un mayor índice de homicidios, o la presencia del paramilitarismo en las zonas de mayor despojo de tierras en ciertas regiones del país en distintas temporalidades (^{Pissoat; Gouëset, 2002}), solo por mencionar dos ejemplos ilustrativos. Sea cual sea el tipo de mapa, su construcción requiere rigor en el uso de fuentes y una interpretación y análisis complejos para evitar reduccionismos o el riesgo de poner en la misma categoría procesos diferentes, como los homicidios que pueden ser por causas políticas o comunes, pero si se unifican pueden generar conclusiones engañosas.

Con la ayuda de los recursos gráficos propios de la cartografía, los investigadores sociales del conflicto y la paz utilizan formas geométricas o simbólicas, colores, íconos y líneas, entre otros, para representar sus hallazgos mediante mapas. A modo de ejemplo, un fenómeno frecuentemente representado a través de esta herramienta es el desplazamiento forzado: normalmente se utilizan flechas que muestran la expulsión de la población de un lugar y su recepción en otro (^{Nates; Raymond, 2006}; ^{Ocampo et al., 2017}; ^{Pissoat; Gouëset, 2002}).

Este y otros recursos permiten ilustrar gráficamente fenómenos de desterritorialización/territorialización de las comunidades en distintos tiempos y espacios, importantes para el análisis territorial del conflicto armado y sus impactos en la sociedad civil (aspecto que se amplía en los siguientes apartados de este artículo). Desde una perspectiva participativa, ^{Vélez, Rátiva y Varela (2012)} utilizaron la cartografía social para construir mapas conjuntamente con los pobladores de un corregimiento del norte del Cauca, ejercicio que les permitió establecer fronteras que dan cuenta de procesos de alteridad que son producto de territorialidades en disputa -al identificar comunidades, actores sociales o institucionales con las cuales un grupo marca diferencias o conflictos, frente otras con las cuales sostiene solidaridades o complicidades-. Los autores señalan que la cartografía social y los productos que de ella emanan deben ser útiles para las reivindicaciones, exigencias y luchas sociales de las comunidades frente al Estado o empresas que llegan a sus territorios con interés de generar allí algún tipo de impacto.

También el trabajo etnográfico de ^{Espinosa, González y Ramírez (2012)} presenta elementos útiles para cualquier investigador que se enfrenta a desarrollar su trabajo de campo en contextos de conflicto armado, como contar siempre con una carta de presentación institucional -de la Defensoría del pueblo- y contar con números de contacto de personas locales. Aspectos de protección del investigador que se complementan con otros que buscan proteger a los lugareños, como saber identificar qué se puede decir y qué no se puede decir en determinados contextos socioespaciales, a lo que se le suma el saber leer los silencios y procurar rigurosidad al guardar la confidencialidad de la información que se obtenga en campo.

Otra propuesta etnográfica, con un interés explícito en el desarrollo metodológico sobre el tema que se discute en este artículo, es la etnografía territorial propuesta por Nates, Velázquez y ^{García (2017)} , la cual busca que el ejercicio etnográfico haga del lugar su foco de análisis, no entendido como un contenedor, sino como una construcción resultante de la red de relaciones sociales que le otorgan sentido y de la cual entra a hacer parte el mismo investigador. Por su parte, desde la geografía se presenta la propuesta metodológica de la geografía de performance (^{Courtheyn, 2019}), que consiste en que el investigador haga parte activa de las prácticas corporalizadas y espaciales en terreno con las comunidades, desde una perspectiva crítica y de investigación comprometida.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar, en términos generales, que, si bien se brindan algunas pistas metodológicas por parte de los investigadores, el campo de reflexión método-lógica del análisis territorial del conflicto y la paz sigue siendo un campo fértil al cual se puede seguir contribuyendo, con el fin de brindarle más y mejores herramientas a la comunidad académica interesada en el estudio del conflicto y la paz desde una perspectiva territorial.

Abordajes del conflicto y la paz desde la significación del territorio

Una parte de las investigaciones encontradas se ocupan de la dimensión simbólica del territorio para estudiar fenómenos de conflicto y de paz. En este apartado, se agruparon las investigaciones que hablan de los valores asociados al territorio, entendidos como territorialidad (^{Monnet, 2013}) o como significados, imaginarios o representaciones del territorio. Como veremos a continuación, algunos estudios enfatizan más en los significados, otros en las prácticas cotidianas asociadas a esos significados, y los demás hacen mayor énfasis en las acciones colectivas que por iniciativa de las comunidades buscan dotar de nuevos significados a sus propios territorios antes marcados por la violencia.

^{Chávez y Ramírez (2018)} abordaron el territorio como el objeto de las representaciones sociales (desde la psicología social de Moscovisci) que un grupo de mujeres del sector rural de Cundinamarca, en el centro del país, construyeron a partir de los acuerdos de paz de 2016. Encontraron que esas mujeres contaban con representaciones negativas y positivas sobre su territorio, relacionadas con aspectos como las condiciones de seguridad, las limitaciones económicas del campo y el sentido de pertenencia que tienen por su municipio. En un sentido similar, ^{Ospina, López, Burgos y Madera (2018)} indagaron en los imaginarios sobre la paz que tenían algunos niños de una ciudad del centro del país como Manizales, y otros del sector rural del departamento del Cauca, y encontraron que para los niños de la ciudad la paz está asociada a imágenes de naturaleza como bosques y playas, mientras que para los niños del campo está más asociada a ideas de desarrollo en infraestructura, porque imaginan calles y edificios en su territorio rural para representar la paz.

Para el caso de la comunidad de los Llanos del Yarí, al sur del país, el significado que le atribuyen al territorio está ligado a su historia de violencia y resistencia, a partir de la cual se han creado fronteras simbólicas adscritas a una identidad política de un nosotros-dentro que contraste con un otros-fuera, lo que refleja la cohesión e identificación de la comunidad con su territorio, al tiempo que desconfían de quienes se ubican fuera de él, sea el mismo Estado o los actores armados (^{Espinosa et al., 2012}). Este análisis coincide con el de ^{Lizarralde (2012)} en su estudio sobre los territorios del miedo en una escuela rural del Putumayo, en el sur del país, en el cual se expone cómo la forma de relacionarse con el territorio de toda la comunidad educativa ha estado mediada por el miedo y la desconfianza como consecuencias del conflicto armado.

^{Ocampo et al. (2017)} , inspirados en ^{Monnet (2013)} , entienden la territorialidad como la relación material y simbólica que se tiene con el territorio, el cual se construye a partir de las prácticas cotidianas. Con base en este precepto, indagaron cómo esa territorialidad cambió en distintas poblaciones desplazadas por el conflicto interno armado en Colombia (campesinos, mujeres y comunidades étnicas), durante la transición de pasar de vivir en el campo a construir su nuevo lugar en distintas ciudades, donde deben establecer nuevas relaciones y nuevas prácticas acordes con las condiciones de la vida citadina que van dando forma a la nueva territorialidad en el lugar de destino; y encontraron que el significado que el desplazado le otorga a la ciudad mejora en la medida en que alcanza condiciones de vida satisfactorias para él y su familia en lo relacionado, por ejemplo, con acceso a vivienda y empleo.

Adicional a lo anterior, ^{Motta (2009)} subraya que ese proceso de transición y construcción de nuevos significados sobre el territorio urbano al cual llegan los desplazados se vive de forma distinta según el género, la etnia, la edad y el lugar de origen de cada persona. Además, estudios como los de ^{Garzón (2008)} y ^{Tamayo y Navarro (2017)} muestran cómo desde las mismas comunidades surgen iniciativas para dotar de significados diferentes a sus territorios, luego de que fueran marcados por la violencia y el miedo. En el primer caso, se muestra la experiencia de lo que los autores denominan ciudadanías comunicativas -en el sector rural de la ciudad de Medellín- y que se entienden como la capacidad colectiva de los ciudadanos para expresar sus demandas o reivindicaciones sociales a través de acciones simbólicas en la esfera pública, en contextos culturales marcados por el conflicto armado, con el fin de salvaguardar la memoria de las víctimas y denunciar las injusticias (^{Tamayo; Navarro, 2017}).

El otro caso es analizado por ^{Garzón (2008)} , con la experiencia de un cineclub itinerante en Montes de María (región Caribe), a partir de lo que la autora denomina las políticas del lugar, entendidas como la forma que tienen las comunidades para recuperar espacios que habían sido violentados o prohibidos por los grupos armados; es decir, el cineclub itinerante como una forma colectiva de territorializar produciendo lugares con un nuevo significado para la comunidad, ya no vinculado a la violencia, sino a la vida y la paz. En estos dos estudios se asume que la transformación del significado del territorio también implica la resignificación de las identidades de las mismas comunidades que lo habitan.

De acuerdo con lo anterior, el territorio se ha estudiado desde su dimensión simbólica y se establece cómo distintos sujetos o comunidades, según sus experiencias y orígenes, le otorgan un significado particular a este, como el caso de los desplazados por la violencia -las mujeres o los niños en sectores rurales o urbanos-, mientras que otros estudios abordan contextos donde las personas se resisten a las imposiciones de los violentos y disputan los significados sobre su territorio a través de acciones colectivas simbólicas y situadas.

Formas de resistencia territorial en el marco del conflicto armado

La ontología política (^{Escobar, 2015}) es un concepto que sirve para señalar que, para algunas comunidades, la concepción del territorio es radicalmente diferente a la propia de la cultura occidental moderna y capitalista, para la cual la realidad se entiende a partir de dicotomías que, por ejemplo, separan al ser humano de la naturaleza, lo que conduce a una relación instrumental con esta última (^{Courtheyn, 2019}). En contraste, para el caso de algunas comunidades indígenas, en el territorio se articulan lo cotidiano y lo sagrado, y no hay una separación tan tajante entre este y los seres humanos o no humanos (^{Cuesta, 2018}). Algo similar ocurre con algunas comunidades afro, para quienes el territorio se concibe como un ser vivo, parte indispensable de sus vidas para producir y recrearse como comunidad (^{Courtheyn, 2019}). Incluso, esto ha permitido que la misma legislación colombiana haya reconocido al territorio como víctima del conflicto armado, como sujeto de derechos (^{Ruiz, 2017}), no solo por lo relacionado con lo ambiental (como los impactos negativos de los cultivos ilícitos, minería ilegal o derrame de petróleo en los ríos), sino también porque el conflicto violentó el sentido sagrado y vital que tiene el territorio para las comunidades.

Lo anterior ha derivado en unas territorialidades en disputa entre las comunidades para quienes el territorio es un ser vivo (^{Courtheyn, 2019}) o la madre tierra (^{Cuesta, 2018}; ^{Ocampo et al., 2017}), y la visión utilitarista sobre el territorio, propia de los grupos armados o de las políticas neoliberales y extractivistas materializadas en los contextos locales a través de las políticas del Estado (^{Courtheyn, 2019}). La experiencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un ejemplo de una comunidad que resiste y territorializa de forma pacífica a través de actos conmemorativos, marchas y redes productivas y solidarias que constituyen un territorio de paz, en cuya concepción se encuentra implicada la resistencia, pues entiende la paz como “una práctica diaria de trabajo colectivo, guiada por valores anti-capitalistas y anti-individualistas” (^{Courtheyn, 2019: 302}).

Esta experiencia de resistencia territorial es retomada por un completo análisis de las territorialidades en disputa en el Urabá antioqueño (^{García de la Torre; Aramburo-Siegert, 2011}), donde se advierte que la Comunidad de Paz aportó a la construcción del territorio al tramitar y mediar las conflictividades entre las territorialidades armadas y las territorialidades socioculturales de las comunidades afectadas. Las autoras coinciden con ^{Echandía y Cabrera (2017)} en tomar la definición de territorialidad de Sacks, para referirse al sentimiento de pertenencia, es decir, a aquellos modos de comportamiento y control de un área geográfica específica que incluyen el conjunto de prácticas materiales y simbólicas mediante las cuales un determinado agente garantiza su apropiación y permanencia en un territorio específico, un proceso que delimita el territorio en divisiones espaciotemporales y, finalmente, genera una conducta por medio de la cual un actor busca influir o afectar un territorio particular.

De acuerdo con lo anterior, las territorialidades en contextos de guerra hacen referencia a que los actores armados adelantan esfuerzos de influencia y control sobre personas, recursos y relaciones sociales en un espacio delimitado, por medio del uso potencial o directo de acciones coercitivas o de violencia, con lo cual emerge la categoría de territorialidad armada, para hacer referencia a las actividades de grupos armados en los territorios⁶. De esta manera, el componente de control de un área geográfica es más restringido en las territorialidades socioculturales que en las bélicas o empresariales; sin embargo, algunas comunidades, como la de San José de Apartadó, han mostrado su capacidad de organización social para resistir a las territorialidades armadas. En un sentido muy cercano está el concepto de territorialidad contra-hegemónica, entendida como los procesos que surgen desde las mismas comunidades para enfrentar el acecho del neoliberalismo sobre sus territorios, y que pasa por reconocer los saberes y prácticas colectivas subestimadas por la ideología capitalista (^{Bautista, 2017}).

A su vez, las comunidades indígenas del norte del departamento del Cauca han realizado procesos pacíficos de defensa de su territorio frente a los actores armados (legales e ilegales), pues consideran que su presencia, incluida la fuerza pública, les trae inseguridad y desarmoniza su territorio ancestral (^{Peña, 2019}; ^{Uribe; Ramírez, 2014}). Otra experiencia de resistencia territorial se registra en los Montes de María, al norte del país, por medio del cineclub itinerante. En el apartado anterior se mostró cómo esta iniciativa buscó dotar al territorio de significados distintos a los de la violencia, acá interesa resaltar la estrategia territorial que se constituye como resistencia, pues el carácter itinerante del cineclub fue un recurso que deslocalizó la iniciativa, al tiempo que rescató los espacios públicos como lugares de encuentro legítimo entre los pobladores. Ese recuperar el sentido del territorio es un tipo de resistencia que la autora denomina política del lugar, entendida como “acciones movilizadas desde prácticas culturales que interpelan, retan y controvierten lógicas homogeneizantes respecto al lugar” (^{Garzón, 2008: 186}).

Tal como lo muestra ^{Oslender (2008)} con el concepto de geografía del terror, la violencia se ha inscrito en los lugares, de ahí que algunos autores plantean la necesidad de construir una geografía de la civilidad, de las formas individuales y colectivas, para superar la barbarie de la guerra (^{Nates, 2016}). Una muestra de esto es lo que describen ^{Nates et al. (2017)} en su investigación en cuatro municipios de Caldas, donde evidencian que las personas usan la palabra frentear para expresar las estrategias con las cuales le hacen frente al conflicto, pero que esa acción se realiza desde el lugar mismo de los acontecimientos, a diferencia de la categoría de resistencia, que remite más a una iniciativa política y colectiva no necesariamente llevada a cabo desde el lugar.

En suma, las investigaciones expuestas en este apartado dan cuenta de iniciativas de distintas comunidades organizadas que resisten a la violencia y construyen paz, dándole un lugar central al territorio en sus estrategias de lucha, sea porque buscan defenderlo, darle un significado distinto al de la violencia o porque lo quieren salvaguardar por considerar que en él se encuentran elementos de la naturaleza que el Estado, las multinacionales o los grupos armados no abordan en beneficio de todos.

Impactos y transformaciones territoriales a causa del conflicto armado

El conflicto armado impone diferentes transformaciones en el territorio -tanto en su dimensión física como simbólica- que se ven reflejadas en cambios en las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas del grupo humano afectado por dicha situación (^{Aunta; Barrera, 2016}; ^{Rico; López, 2017}). De esta manera, algunos de los impactos del conflicto en el territorio se derivan directamente del control que ejercen los grupos armados sobre la propiedad de la tierra, sobre lo que se cultiva y lo que no, sobre lo que se permite transportar o a quiénes se les prohíbe transitar, sobre quienes se aceptan en él y quiénes son rechazados (^{Martín, 2017}). Varias de las investigaciones analizadas para este artículo indagaron sobre esas transformaciones en el territorio a causa del conflicto armado, como se puede ver a continuación.

^{Salas (2016)}, en su artículo “Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia”, señala la persistencia e intensidad de la violencia (acciones bélicas por actores armados) por departamentos, municipios y regiones del país en las últimas décadas. Asimismo, ^{Salas, Wolff y Camelo (2018)}, en su investigación “Dinámicas territoriales de la violencia y del conflicto armado antes y después del acuerdo de paz con las Farc-Ep”, analizan las variaciones de la intensidad del conflicto (comportamiento) en diferentes períodos y espacialidades. Sin embargo, interesa resaltar que más que una configuración territorial, su abordaje se centra en la ubicación geográfica de los actores armados y los hechos violentos por regiones y períodos, con la ayuda de mapas que lo ilustran.

Los análisis de ^{González, Vásquez y Aponte (2017: 1)} muestran que “el conflicto armado colombiano no se distribuyó homogéneamente espacial y temporalmente; [y] la inserción, asentamiento y expansión de los actores armados no sucede en territorios y espacios vacíos sino que depende de las situaciones específicas de las regiones”. Esto, en parte, se explica porque nunca ha habido un control territorial por parte del Estado en varias regiones del país, sino una “presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas” (^{González, 2009: 199}), y, además, porque algunas zonas de la geografía nacional son selvas o montañas llenas de bosques que fueron origen y refugio de los grupos armados insurgentes durante décadas. Estos autores tratan de explicar que en cada región las relaciones entre actores armados, pobladores, élites e institucionalidad son diversas y que también sufren sus transformaciones en el tiempo y en el espacio.

Por su parte, ^{Mahecha (2016)} , en su estudio hecho en el departamento del Putumayo, entiende las transformaciones territoriales como los cambios en la estructura socioespacial derivados del modelo de desarrollo capitalista extractivista, y, para entender dichas transformaciones, aborda la forma en la que se relacionan distintos actores: las comunidades (indígenas, campesinos y afrodescendientes), el Estado, las empresas transnacionales y los grupos armados ilegales (insurgentes y paraestatales). Es en este entramado, según Mahecha, que se da la producción del espacio en esa dinámica de transformaciones territoriales provocadas por el conflicto armado y la disputa por los recursos naturales.

Lo propio hacen ^{García y Aramburo (2011)} en dos regiones del departamento de Antioquia (Urabá y Oriente), donde describen y analizan con profundidad y amplitud las configuraciones territoriales producto de la interacción entre las territorialidades bélicas, las empresariales y las socioculturales, las cuales se superponen con frecuencia (^{Agnew; Oslender, 2010}) y dan cuenta de la realidad dinámica y compleja en la que lo espacial está estrechamente ligado a lo social, poniendo en evidencia la relación permanente entre lo local, lo regional y lo nacional (e incluso lo global). Destacamos aquí el capítulo que, en su libro, las autoras dedican a las reconfiguraciones territoriales derivadas de la expansión paramilitar en el Urabá a finales de la década de 1980, las cuales transformaron las territorialidades establecidas previamente (guerrilleras, empresariales y comunitarias), pues es un nuevo actor que entró a ejercer control militar y social y, con eso, imponer nuevas lógicas de configuración territorial en la región.

En modo similar, ^{González, Gutiérrez, Nieto, Aponte y Rodríguez (2012)} explican el fenómeno de la parapolítica a partir del concepto de arena de acción de Ostrom, en donde grupos paramilitares y clase política en el oriente colombiano (Meta y Casanare) intercambian bienes y servicios, cooperan entre sí para alcanzar objetivos comunes y particulares, y se disputan sus posiciones de poder, lo cual impacta las configuraciones territoriales y afecta a las instituciones, las poblaciones e incluso el medio ambiente.

También llama la atención, en el estudio de ^{García y Aramburo (2011)}, el impacto de los proyectos agroindustriales en la configuración territorial del Urabá antioqueño (plantación extensiva de banano y palma de aceite), que las autoras denominan territorialidades empresariales y que se caracterizaron por una baja regulación del Estado, así como por tener relaciones con los paramilitares que terminaron afectando a líderes sindicales y sociales, además del destierro de una gran parte de la población que terminó desplazada hacia los centros urbanos de la región (territorialidades del acaparamiento), entre otros impactos que, según las autoras, tuvieron su pico más alto de afectación hasta el año 2007. En suma, el trabajo de ^{García y Aramburo (2011)} es un análisis territorial con un completo fundamento histórico y cartográfico, uno de los más completos para describir las transformaciones territoriales vinculadas al conflicto armado y la paz en la literatura analizada para este artículo.

En un sentido similar, ^{Narváez (2018)} encontró que los cultivos de coca y las consecuentes economías ilegales, el desplazamiento forzado masivo y la concentración en la propiedad de la tierra son factores que dan cuenta del impacto del conflicto armado en la región del oriente de Caldas y, para explicar esto, señala que uno de los factores que agudizaron las confrontaciones entre guerrilla y paramilitares fue la creación de un proyecto hidroenergético en la región, lo cual vuelve a vincular el conflicto armado con el actuar de la empresa privada en las transformaciones territoriales y ambientales, como ocurre en otras partes del país (^{Cuesta, 2018}; ^{Mahecha, 2016}) y que, incluso, se ha señalado como parte del origen y auge del paramilitarismo en distintas regiones de Colombia (^{CNMH, 2018; 2020}).

Un estudio reveló que las dinámicas del conflicto armado -tipo y presencia de actores armados, de las formas de victimización y de la intensidad del enfrentamiento- tomaron formas distintas en función de los recursos naturales de uso lícito que predominaban en cada región, analizando casos como el café, las flores, el banano, el petróleo y la minería (^{Rettberg; Leiteritz; Nasi; Prieto, 2018}). Se encontró que, en algunos casos,

el control de las rentas generadas por el recurso constituye un motivo principal para explicar la presencia de actores armados en la región (…) [en otros casos] el control del recurso estudiado o de sus rentas no es un motivo principal de la presencia de tales actores, pero la oportunidad de obtener rentas de los recursos los involucra en las dinámicas de la guerra (…) [y en los demás casos] los recursos se mantienen aislados o “blindados” de las dinámicas de guerra. (^{Rettberg et al., 2018: 8})

Las zonas más propensas para que su economía legal sea afectada por el conflicto armado suelen ser aquellas que cuentan con una estructura institucional débil, ubicadas en las periferias del país, con informalidad en la propiedad de la tierra y con preexistencia de grupos armados ilegales y presencia histórica del narcotráfico. Este análisis ayuda a comprender las dinámicas territoriales del conflicto armado yendo más allá del narcotráfico y otras economías ilegales que predominan en los estudios sobre este conflicto en las regiones del país (^{Ulloa; Coronado, 2016}).

Otros impactos del conflicto armado que tienen que ver con aspectos como lo económico y ambiental son la deforestación y la minería ilegal en la Amazonia (^{Cuesta, 2018}), y el cultivo de coca en regiones donde las posibilidades de comercializar otro producto son escasas (^{Narváez, 2018}), lo cual se da en contextos donde la guerrilla logró posicionar su poder en el territorio a nivel social, económico y político (^{Vázquez, 2014}). Al imponerle al campesino la siembre de coca, se altera su relación con la tierra, pasa de unas prácticas territoriales asociadas al cultivo de distintos alimentos que implicaban un estilo de vida, a una relación instrumental con el de este producto (^{Ocampo et al., 2017}), por eso se habla de una desterritorialización sin desplazamiento, pues se les imponen a los campesinos unas nuevas lógicas territoriales sin la necesidad de que se desplacen. Muchos de estos elementos siguen vigentes en varias regiones del país donde la violencia no desapareció después del acuerdo de paz con las FARC-EP, en la medida en que actores armados al margen de la ley, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)⁷, grupos disidentes de las FARC y de las estructuras organizadas como el Clan del Golfo⁸, han copado los espacios dejados por la extinta guerrilla de las FARC-EP (^{Salas; Wolff; Camelo, 2018}).

Una de las transformaciones del territorio a partir del conflicto es la desterritorialización impuesta (^{Haesbaert, 2013}; ^{Nates, 2011}) que se ha dado principalmente hacia campesinos, afrodescendientes e indígenas (^{Ocampo et al., 2017}), pues las confrontaciones entre grupos armados se han hecho principalmente en el campo y en la selva, trayendo como consecuencia el abandono de tierras y acumulación de la propiedad en algunos casos (^{Narváez, 2018}). En este sentido, se transforma el territorio abandonado por sus habitantes a causa de la violencia, pero también cambia el territorio urbano al cual llegan los desplazados, pues allí deben territorializar ese espacio nuevo para ellos, la mayoría de las veces mediado por experiencias de marginación y pobreza; empero, también por redes de apoyo y solidaridad que en ocasiones facilitan esa territorialización del espacio urbano de destino (^{Motta, 2009}).

Por su parte, el estudio de ^{Garzón (2011)} aborda el proceso de retorno de una comunidad que fue desarraigada⁹ de su territorio algunos años antes, lo que implica reterritorializar en medio de los fantasmas de la violencia vivida en ese mismo espacio y de la memoria de la vida previa construida allí, sumado a nuevas dinámicas económicas, sociales e institucionales que produce el territorio luego del retorno. De este modo, se puede ver cómo la guerra transforma al territorio, cuando obliga a sus pobladores a abandonar sus tierras, lo cual implica un proceso de desterritorialización que, simultáneamente, conlleva otro de territorialización en los distintos lugares de destino (^{Haesbaert, 2013}), pero las transformaciones territoriales también se dan cuando las poblaciones tienen la oportunidad de regresar a sus tierras. En otras palabras, ni las personas ni el lugar de origen son los mismos luego de la experiencia violenta de desplazamiento, por eso el proceso de territorializar su antiguo espacio implica un vínculo con lo vivido allí anteriormente, pero involucra nuevas dinámicas sociales para reapropiarlo o reterritorializarlo.

^{Rico y Escobar (2020)} describen la reconfiguración social del territorio como el producto de la experiencia de reincorporación de excombatientes de la guerrilla en la región del Caribe colombiano. En el pasado, transitaban como guerrilleros, ejerciendo control territorial y abasteciéndose de insumos para regresar a las zonas de refugio y confrontación armada, pero en la actualidad habitan el mismo espacio como personas desarmadas, sin camuflados, lo cual implica una relación diferente con los pobladores locales, ya no desde la distancia y verticalidad que implicaba ser parte de un ejército que imponía un control desde las armas, sino desde la horizontalidad de pertenecer y proyectarse con otros en un mismo territorio.

Al disponer de un espacio físico en el cual los exguerrilleros iniciaron sus proyectos en la vida civil, se desarrollaron procesos de organización social, de infraestructura física y de productividad económica por parte de los excombatientes con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional y del Estado, para configurar el territorio en la nueva realidad de la reincorporación en el posacuerdo. ^{Rico y Escobar (2020)} plantean que la experiencia previa de organización social y trabajo cooperativo de los exguerrilleros han permitido converger en procesos de resistencia territorial con otros pobladores de la región, para oponerse, por las vías legales y pacíficas, a iniciativas de minería a gran escala que consideran nocivas para el ambiente y su población. Estos son reconocidos como iniciativas para construir territorialidades a favor de la reconciliación social, y aportan nuevos sentidos de pertenencia compartidos entre quienes en el pasado tuvieron una relación enmarcada en el conflicto armado. No obstante, estos procesos están amenazados por las dificultades e incumplimientos del Gobierno nacional en la implementación de los acuerdos de paz, y por el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz que no ha cesado hasta el momento, a más de dos años de la firma.

En este orden de ideas, los impactos y las transformaciones territoriales derivadas del conflicto armado descritas aquí muestran que la guerra tiene expresiones diversas según las características geográficas, históricas, políticas, económicas y sociales de cada región; al tiempo que se evidencia que los grupos armados, las élites o grupos empresariales, la institucionalidad estatal y las comunidades locales cuentan con sus respectivas territorialidades que han entrado en conflicto, siendo estas últimas las más afectadas.

Pese a ser las más vulnerables, se han documentado experiencias en las que algunas comunidades han logrado incidir en la construcción del territorio con procesos de organización social, resistencia y dignidad que les han permitido salvaguardar sus estilos de vida, sus saberes y formas de territorializar que la guerra les ha querido arrebatar durante años. Las iniciativas de paz y reconciliación han transformado territorios en el país, pero han sido poco visibles, por lo cual es un deber de la ciudadanía y de la academia potencializar las territorialidades no violentas que se están dando como parte del conjunto de medidas necesarias para dejar la guerra en el pasado.

La gestión territorial en los estudios sobre conflicto y paz

En este apartado, se analizan las investigaciones que abordan la gestión territorial con relación al conflicto armado y la paz en Colombia. En este sentido, investigadores como ^{González (2009)} y ^{Posada, Campuzano y Berrocal (2017)} entienden la gestión territorial como la suma del trabajo desarrollado por diversos actores sociales, mediados por interacciones en un espacio determinado, con el fin de dinamizar un futuro más prometedor de sus interesados a través de proyectos, programas y estrategias de acción; es decir, estos autores consideran que la gestión territorial debe ser mediada por la asociatividad y procesos de gobernanza territorial¹⁰. También se entiende que la gestión territorial, además de los elementos anteriormente expuestos, debe centrarse en actividades de planificación y ordenamiento territorial como la organización y división del territorio (^{Massiris, 1999}; ^{Posada et al., 2017}).

Interesa resaltar aquí los estudios que abordan reflexiones sobre la gestión territorial en contextos del conflicto armado y el posconflicto. Algunos autores consideran que, en la actualidad, la gestión territorial en Colombia debe estar orientada a los desafíos que representa la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP (^{Calderón; Garzón, 2018}; ^{Tuirán; Trejos 2017}; ^{Vásquez, 2014}; ^{Villegas; Díaz; Nieto, 2017}), al tiempo que señalan que la estructura institucional actual del país no está preparada para esos nuevos desafíos. Por lo tanto, se hace necesario realizar algunas reformas en sus diferentes escalas, teniendo en cuenta la territorialización de las acciones del Estado y la comprensión de las formas de territorialización de las víctimas del conflicto armado.

Es importante resaltar la manera como el conflicto armado ha sido históricamente una de las principales barreras para la consolidación de una gestión territorial como herramienta para el adecuado diseño de las políticas públicas en Colombia. Una de las causas históricas del conflicto armado es la desterritorialización, a partir de prácticas violentas como el despojo que deriva en la concentración de la propiedad de las tierras¹¹ por parte de algunas élites regionales y nacionales que, además, controlan las políticas del Estado para su propio beneficio (^{Ávila, 2019}), lo cual dificulta que la gestión territorial cumpla su propósito como herramienta para la construcción de bienestar colectivo y justicia social en los territorios, incluso ahora, en el marco del posacuerdo (^{CNMH, 2016}; ^{Vallejo; Zamora; Sacher, 2019}).

Para la época que estuvo abierta la mesa de negociación en La Habana, entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012-2016), se pudo evidenciar, en algunas publicaciones, un tono de expectativa frente a lo que sería la implementación en términos de reformas y adecuación del modelo de ordenamiento territorial, así como la organización territorial vigente en ese momento, lo cual implicaba la necesaria participación activa de las distintas expresiones sociales y comunitarias (^{Barrera, 2015}; ^{Flórez; Rodríguez, 2016}; ^{Maldonado, 2016}; ^{Rojas, 2016}; ^{Salcedo, 2015}). Así, la mayoría alerta sobre los desafíos de la implementación de los acuerdos, frente a la necesidad de saldar deudas históricas referidas a la falta de confianza en las instituciones del Estado (^{Barrera, 2015}) y la importancia de reducir la desigualdad entre el campo y la ciudad (^{Pfeiffer, 2015}), para que la paz logre ser una realidad tangible. Una vez firmados los acuerdos de paz, en el año 2016, los académicos pasaron a un discurso crítico frente a lo que fueron descubriendo sobre su implementación en los diferentes puntos: una gran distancia entre lo acordado y las realidades de las comunidades en las regiones del país (^{Bedoya, 2019}; ^{Cairo et al., 2018}; ^{García; López; Montealegre; Ocampo; Vargas, 2017}; ^{Marín; Espinosa, 2017}).

En este sentido, ^{García et al. (2017)} analizaron el componente rural y agrario de los acuerdos de paz (con base en informes de la Fundación Paz y Reconciliación) y establecieron que, a un año de su firma, los avances en términos de implementación presentaban importantes limitaciones. En el mismo sentido, ^{Bedoya (2019)} realizó un análisis histórico del desarrollo normativo que ha tenido el país para atender los requerimientos del sector rural y agrario, y volvió a indicar las falencias de la implementación del primer punto de los acuerdos de paz (reforma rural integral), esta vez a tres años de su firma. Este mismo autor extendió su crítica a la ley que promovía las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), pues señalaba que esta ley contenía acciones como el arriendo de baldíos para actividades de agroindustria, situación que ponía en desventaja a los campesinos que no contaban con el capital económico para competir con las grandes empresas, por lo cual, aunque la ley promoviera la incorporación de pequeños campesinos a través de algunos incentivos, la propuesta se desarrollaba en un escenario de asimetría.

De acuerdo con lo anterior, se establece que uno de los principales retos para consolidar una política agraria en Colombia, en perspectiva del posconflicto, debe pasar por tres líneas de acción: 1) reconfigurar el modelo que ponga en el centro de atención a los campesinos, jóvenes y mujeres rurales; 2) repensar la ocupación y el uso del territorio a partir de un nuevo reordenamiento del mismo; y 3) revisar la estructura de la tenencia de la tierra desde un enfoque de desarrollo humano y equidad. En este sentido, la gestión territorial deberá jugar un papel preponderante en la territorialización de los acuerdos de paz y el fortalecimiento de las capacidades locales de las entidades territoriales como los municipios y departamentos (^{Borja, 2017}; ^{Tuirán; Trejos, 2017}). Además, se destaca, cada vez con mayor fuerza, la idea de que las políticas públicas para la gestión territorial deben construirse desde las bases sociales, especialmente con la participación de las comunidades campesinas y minorías étnicas, quienes han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado (^{Barrera, 2015}; ^{Calderón; Garzón, 2018}; ^{Madridejos; Salinas, 2018}; ^{Maldonado, 2016}; ^{Villegas, 2017}; ^{Villegas et al., 2017}).

Justamente, el componente de participación social en la implementación de los acuerdos de paz fue lo que suscitó un debate en el mundo académico frente al concepto de paz territorial. Este concepto se comenzó a difundir a partir del año 2014, desde los documentos oficiales del Gobierno colombiano y a través de los discursos del alto comisionado para la paz (^{Jaramillo, 2014}), en medio de las negociaciones con la guerrilla de las FARC-EP. El concepto de paz territorial, si bien es ampliamente difundido y acogido por algunas organizaciones y académicos (^{Barrera, 2015}; ^{Maldonado, 2016}; ^{Ríos; Gago, 2018}), es difuso, impreciso y polisémico (^{Cairo et al., 2018}; ^{Cairo; Ríos, 2019}), y tiende a relacionarse con un enfoque que aboga por la consolidación de la democracia -legitimidad de las instituciones del Estado y mecanismos de participación ciudadana- en regiones periféricas, donde tradicionalmente no ha existido nunca o no existe, como consecuencia de la guerra.

Sin embargo, la idea de paz territorial es criticada porque se limita a asumir el territorio como un contenedor que hay que llenar, un escenario, un contexto o una unidad administrativa con límites determinados; reduce la paz a la presencia de las instituciones del Estado y del mercado en las regiones que han sido afectadas por el conflicto (^{Cairo et al., 2018}); privilegia lo externo sobre los intereses de los locales, es decir, es vertical porque asume la participación de las comunidades solo como forma de legitimar lo que se les impone, y considera que solo hay unos actores violentos que han vulnerado los derechos de las comunidades, los actores ilegales, dejando de lado que, no en pocos casos, hay regiones en donde el mismo Estado o miembros del sector productivo han sido actores del conflicto involucrados en casos de violación de derechos humanos (^{Bautista, 2017}).

Por lo anterior, algunos autores abogan por pensar tanto el conflicto como la paz -desde lo territorial- como una construcción geosociohistórica (no como contenedor), es decir que para construir paz hay que entender primero cómo el conflicto creó territorio, dejar de verlo como un agente pasivo que hay que vaciar de una cosa para llenarlo con otra (^{Bautista, 2017}; ^{Courtheyn, 2019}; ^{Peña, 2019}); esto es, reconocer las territorialidades del conflicto en un complejo entramado de relaciones de poder entre distintos actores, a partir de una lectura multiescalar y multidimensional del territorio, poniendo en el centro las importantes experiencias y sentidos de paz que han tenido las comunidades, y de las cuales hay que aprender para territorializar la paz (^{Peña, 2019}), pues solo así se pueden llegar a promover nuevas territorialidades no violentas. Las estrategias para la paz territorial deben partir de reconocer que la guerrilla tuvo una legitimidad social en zonas donde actuó históricamente, pero en otras, donde actuó por un tiempo más corto y su presencia fue principalmente coercitiva, probablemente cuentan con un rechazo social que es un obstáculo adicional a la construcción de paz (^{González et al., 2017}; ^{Cairo et al., 2018}).

Lo anterior plantea una discusión sobre la paz territorial desde la justicia social y espacial (^{Jiménez-Martín, 2016}), que implica un ordenamiento del territorio culturalmente inclusivo, socialmente equitativo y ambientalmente justo (^{Cairo et al., 2018}). Esto supone reconocer las formas en que el conflicto afectó a cada región, y hace visible el papel de los actores no armados en las distintas escalas, tanto en el conflicto como en las posibilidades de construir la paz. Es por esto que ^{Nates et al. (2017)} llaman la atención sobre la necesidad de pensar lo local en lo rural, desde el sentido de lugar (de la casa, la finca y la vereda) para las víctimas del campo, con el objetivo de lograr una real reparación y justicia territorial, esto sería “la territorialización más eficaz al momento de hablar de instaurar en el campo los posacuerdos” (^{Nates et al., 2017: 76}).

De una forma ciertamente irónica, las organizaciones sociales que fueron críticas de la noción inicial de paz territorial, luego han sido las que más han defendido y exigido la implementación de los acuerdos de paz, ante los incumplimientos de los dos gobiernos que la han tenido a cargo desde la firma hasta la actualidad¹², entendiendo que, si bien no comparten su concepción totalmente, sería un avance en sus luchas históricas y los acercaría a su idea de paz con justicia social y territorial mucho más de lo que lo hace la institucionalidad del país sin el acuerdo de paz. Por lo anterior, en un análisis crítico de la noción de paz territorial realizado por destacados expertos en el tema (^{Cairo et al., 2018}), se concluye que “es importante abordar lo territorial de manera que reconozca las relaciones multi-direccionales entre espacio, política y sociedad, para que las estrategias definidas en los Acuerdos de Paz se implementen en un contexto de procesos geo-históricos concretos” (^{Cairo et al., 2018: 485}).

Según esto, el conflicto armado a lo largo de cinco décadas obstaculizó el diseño y desarrollo de políticas públicas para la gestión territorial, principalmente en la zona rural del país, donde el conflicto se ha sentido con mayor rigor; sin embargo, en el período de posconflicto, la gestión territorial emerge como una herramienta clave para el proceso de territorialización de la paz, poniendo en el centro la participación amplia de toda la ciudadanía, en especial aquella mayormente afectada por el conflicto armado.