Introducción

El artículo analiza el accionar de las AUSAC y sus grupos precedentes en Santander, entre 1993 y 1999. La hipótesis principal es que la delegación de la violencia física legítima que le transfirió el Estado a particulares para generar seguridad, fortaleció la acción de grupos paramilitares como las AUSAC, lo que aumentó la violencia contra civiles, quienes sobrevivieron a través de las movilizaciones sociales y acciones judiciales contra la impunidad. Toma como perspectiva de análisis la Historia del Tiempo Presente (HTP) y la memoria histórica; y como sujeto de estudio tanto la violencia como la no violencia, desde la Investigación para la Paz.

Febvre consideró que el ser humano no conserva la memoria del pasado de una forma estática, sino que parte del presente para reinterpretar el pasado¹. De acuerdo con López, la HTP es una práctica historiográfica cuyo método de investigación es el relato de los testigos de los hechos². Traverso señaló que el pasado reciente ha sido vivido por muchos contemporáneos, con huellas en la cultura y la memoria y donde hay una subjetividad del historiador como testigo, y «este choque entre memoria e historia produce algo nuevo: una memoria histórica»³. Se entiende entonces esta última como una fuente de la Historia y una metodología. Según Sánchez es una denuncia a la guerra y a la impunidad⁴; un escenario en el que hay una pluralidad de relatos y un conflicto de narrativas sobre el pasado y sobre cómo será escrito el 'porvenir'⁵.

Y es en este porvenir, en el que cobra importancia la investigación para la paz, que de acuerdo con Checa es un área interdisciplinaria para el análisis de la paz, la violencia y los conflictos; implica la resolución pacífica de estos últimos, mediante respuestas multiculturales que impliquen cambios sociales y políticos sin el uso de la violencia⁶.

Para esta investigación, se realizaron nueve entrevistas a tres mujeres y seis hombres en Barrancabermeja, Sabana de Torres y Rionegro (municipios más afectados por las AUSAC), Bucaramanga y Medellín. Cinco de estas a víctimas, dos a representantes de organizaciones sociales y dos a excombatientes. Las entrevistas a víctimas son las voces que permanecieron silenciadas, la relación de la memoria con la resistencia pacífica y la dignificación de los nombres de las personas violentadas. La voz de los responsables de los crímenes, permite conocer detalles de los hechos desde la planeación y la ejecución de estos, que muchas veces solo saben los victimarios, y cuando estas voces son sinceras aportan al esclarecimiento de la verdad y la reconciliación. Además, fueron citados 63 documentos, entre artículos de prensa, sentencias judiciales, informes y libros, codificados a través del programa NVivo y se citó a través del gestor bibliográfico Zotero.

El texto está dividido en cinco partes: 1) una introducción esquemática y teórica; 2) Antecedentes entre 1993 y 1995; 3) Creación entre 1996 y 1997; 4) Auge y caída entre 1998 y 1999; y 5) conclusiones. Estas páginas tienen como propósito contribuir al conocimiento de los hechos, a denunciar la impunidad por más de 25 años, al análisis de las repercusiones que tuvo en la violencia posterior y en ratificar la dignidad del nombre de las víctimas, y la relación que tiene la memoria histórica con la resistencia pacífica.

1. Antecedentes de la violencia paramilitar de las AUSAC (1993-1995)

El paramilitarismo fue definido por Romero como grupos armados organizados con objetivos de exterminio político y consolidación territorial, con pretensiones expansivas⁷. Vásquez agrega entre sus objetivos la explotación de recursos ilegales, la protección de grandes propietarios y del orden legal existente⁸. Gutiérrez señala que es la delegación del monopolio de la violencia física legítima por parte del Estado a élites regionales y locales en un tipo de violencia clientelista⁹. Medina, indica que fue la adaptación de las Fuerzas Militares a una nueva forma de guerra, en la que crearon «una fuerza no convencional de combatientes»¹⁰. Restrepo y Franco concluyen que es la descentralización del monopolio de la fuerza y un tipo de intervención por parte del Estado¹¹. Y Giraldo habla de paramilitarismos en plural para resaltar su heterogeneidad, aunque en común se beneficien de la omisión y el apoyo en diferentes niveles de estructuras estatales y de la impunidad¹².

Sobre la periodización, se parte de la idea de las dos generaciones paramilitares: la primera entre 1980 y 1991 con eje en Puerto Boyacá y el Magdalena Medio, y la segunda entre 1994 y 2006, con eje en Córdoba y Urabá¹³. Los años 1992 y 1993 se señalan como de transición y se debate una posible tercera generación a partir de 2007.

En Santander, el paramilitarismo tuvo tres líneas de desarrollo. La primera es la derivada del grupo de Los Sanjuaneros creado en 1981 en San Juan Bosco de la Verde (Santa Helena del Opón) y del que se derivaron: las AUSAC desde 1996 a 1999; el Frente Isidro Carreño desde 1998 a 2004; y el Frente Ramón Danilo del Bloque Puerto Boyacá (BPB) de 2000 a 2006. Teniendo como principal zona de influencia los municipios de Santa Helena, Simacota (parte baja), El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí¹⁴.

La segunda línea es la del grupo de Puerto Boyacá creado en 1982 en este municipio, pero que se gestó también desde Cimitarra (Santander) y se expandió en el caso de este departamento por Bolívar, Landázuri, Puerto Parra, El Peñón entre otros; y que a partir de 1994 adoptó el nombre de Autodefensas de Puerto Boyacá y el de BPB desde 2000 hasta su desmovilización en 2006¹⁵.

La tercera línea, la única exógena, es la de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) creadas por Carlos Castaño Gil, y que en 1997 lideró la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹⁶. A finales de 1999, el grupo del Sur de Bolívar ingresó a Santander y pasó a llamarse Bloque Central Bolívar (BCB) en 2000, extendiéndose por el departamento, hasta desmovilizarse en 2006¹⁷.

En 1993 el paramilitarismo en Santander estaba en crisis. El grupo de Puerto Boyacá se había desestructurado en disputas internas y contra el Cartel de Medellín, y en 1994 se recompuso bajo el nombre de Autodefensas de Puerto Boyacá¹⁸. Mientras que Los Sanjuaneros había perdido a sus comandantes y se encontraba atomizado¹⁹.

Paralelamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) realizaron fuertes ataques contra la fuerza pública y la sociedad civil, a través de tomas a poblaciones y ataques a bases militares, con un alto número de acciones de soldados y policías secuestrados o asesinados²⁰. En Barrancabermeja existía un control territorial y social por parte de frentes las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL)²¹, como lo señaló un investigador del Comité Regional para los Derechos Humanos (Credhos): «Aquí hubo una tradición insurgente y un proyecto de guerrilla urbana»²². Una barrameja describió que las guerrillas ocupaban las casas, robaban los camiones con mercancía y las repartían entre los pobladores, se llevaban a las niñas, había toque de queda y hacían grafitis: «Eran como la Ley (…) había retenes, balaceras, personas "ajusticiadas" y era ver y callar»²³.

En este contexto de crecimiento de las guerrillas, debilidad de la fuerza pública y reestructuración paramilitar, nacieron, operaron y se desintegraron las AUSAC. Es una historia que tiene varios orígenes: primero, desde el grupo Los Sanjuaneros que contaba entre sus filas con varios integrantes de la familia Cristancho Acosta como Tomás alias «Samuel», Guillermo alias «Camilo Morantes»²⁴ y Ernesto alias «Braulio»²⁵.

En segundo lugar, hacia 1993 existían por lo menos dos grupos paramilitares en la zona limítrofe entre Rionegro y El Playón (Santander), La Esperanza (Norte de Santander) y San Martín (Cesar). Los Sombra Negra o Los Motosierra, comandados a nivel general por Vicente Zabala y en lo militar por Erwin de Jesús Salazar Taborda alias «Pedro» e integrado por paramilitares provenientes de Puerto Boyacá²⁶ (lo cual constituiría un tercer origen); además, los grupos de Juan y Robert Prada en el sur del Cesar. La fachada legal del grupo en La Esperanza fue la Convivir²⁷ Cuencas del Río Cáchira, reportada en el predio El Hato de propiedad de Luis Javier Rodríguez y cuyo representante legal fue Ariel Zabal Vergel, hijo de Vicente²⁸.

Según un habitante de San Rafael de Lebrija (Rionegro), la primera vez que vieron al grupo paramilitar de Los Motosierra o Sombra Negra fue el domingo 24 de octubre de 1993, día de un Censo Nacional e iniciaron los homicidios contra civiles: «A los paramilitares los trajeron fueron los ganaderos, que fueron víctimas de la guerrilla. Eso era apoyado por el Ejército. Eso se les salió de control, fue algo que se inventó el Gobierno para quitarse el yugo de la guerrilla, pero se convirtieron en delincuentes peores»²⁹.

En 1993 se registraron 27 homicidios por parte de este grupo en Rionegro y otras localidades vecinas, varios de los cuales fueron atacados por sus liderazgos, como Álvaro Parra ex integrante del movimiento A Luchar y presidente del Movimiento Agrario Regional de Rionegro; Joaquín Orozco, presidente del Concejo Municipal por el Partido Liberal; y César Sánchez Díaz, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Venecia³⁰.

Por supuesta indisciplina, Zabala y «Pedro» en 1993, decidieron reemplazar a los paramilitares de Puerto Boyacá por integrantes de Los Sanjuaneros. Llegando a la zona el comandante Elio Pacheco «Rayo» y con él, «Camilo Morantes» y «Braulio»³¹. Según una versión, «Pedro» no quiso repartir diez millones de pesos de una extorsión a un señor Daniel Mantilla: «Los tipos lo iban a matar. A "Pedro" le tocó repartir la plata. Ahí es donde "Pedro" echa a esa gente, y empieza a recoger gente del Carmen»³².

También llegaron otros «sanjuaneros» como Elías Estrada Cáceres «William Tatareto» y Ambrosio Sánchez Amado «Samuel». Otras versiones señalan que los Cristancho llegaron primero que «Rayo» a trabajar en la finca de Zabala como administradores³³. Por diferencias con «Pedro», «Rayo» se regresó a San Vicente y esas mismas diferencias llevaron a una división del grupo entre «Pedro» y «Morantes»³⁴ en octubre de 1994, quedando el primero con el área de La Esperanza, El Playón y cabecera de Rionegro, y el segundo con Sabana de Torres, Puerto Wilches y bajo Rionegro³⁵.

Estos grupos continuaron violentando los liderazgos de la zona: en 1994 fue asesinado Álvaro Sanabria, de la Federación Agraria Nacional en Rionegro³⁶; y en 1995 Carlos Prado Pinzón de la Unión Sindical Obrera (USO); el concejal Wilson Cáceres, aspirante a la Alcaldía de Sabana de Torres; Orlando Amata del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Sabana de Torres; y el comerciante Eunice Cardona por resistirse al grupo paramilitar³⁷. En octubre de 1995 las AUSAC intentaron expandirse a Las Montoyas (Puerto Parra), pero diez de sus integrantes fueron capturados³⁸.

El 26 de diciembre de 1995 en El Pedral (Puerto Wilches), perpetraron una masacre con cuatro víctimas de una misma familia incluidas dos niñas³⁹. Un líder de San Rafael recordó por qué los llamaban Los Motosierra: «Uno de apellido Samacá que desmembraron, otro de apellido Pimiento, y otro señor de Papayal (…) esos fueron los tres que descuartizaron cruelmente con motosierra»⁴⁰.

En contraposición a esta violencia, se creó en 1995 en Barrancabermeja el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), para responder al conflicto armado y a la pobreza: «se propuso luchar contra la pobreza y trabajar por la democracia, la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz»⁴¹.

2. La creación de las AUSAC (1996-1997)

En enero de 1996 fueron capturados Vicente Zabala y Ernesto Cristancho⁴²: «En la noche capturaron a Ernesto en el barrio Los Guaduales de Bucaramanga»⁴³. El 9 de abril de 1996, el grupo repelió una acción armada del ELN en San Rafael de Lebrija (Rionegro)⁴⁴, y ese mismo año adquirieron el nombre de Autodefensas Unidas de Santander (AUS), pero al poco tiempo se confederaron con la estructura de Juan Francisco Prada Márquez en el Sur del Cesar, renombrándose como AUSAC. En Santander, estas operaron en Rionegro, El Playón, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja; y marginalmente en Matanza y Lebrija ⁴⁵.

José Eduardo González Sánchez, quien fue capitán del Ejército y subjefe de seguridad de la Refinería en Barrancabermeja, manifestó que él se reunió con directivos de Ecopetrol en 1996, para infiltrar a la USO con soldados retirados que luego se convirtieron en paramilitares⁴⁶.

Un hombre víctima en Sabana de Torres, recordó cómo siendo un niño, de camino a la escuela era común encontrar cadáveres en la vía: «tocaba que bajarnos a recogerlos porque el bus no podía pasar, porque había cuatro, cinco, seis, siete, ocho muertos»⁴⁷. Una mujer víctima recordó: «todos los días mataban cinco, seis, mataban hasta en la calle»⁴⁸. En 1997, por ejemplo, fue asesinado Abel Infante, integrante del Sindicato de Trabajadores de Santander; y fue desaparecido el líder agrario Isaías Vargas⁴⁹.

«Morantes» acumuló un gran poder en poco tiempo, tanto por las donaciones de ganaderos y palmicultores, así como por las extorsiones de todo tipo, y el despojo de tierras; pero en especial por el hurto de combustible. Sobre el inicio de este crimen en San Rafael señaló un poblador que el grupo asesinó a los pimpineros para apoderarse del negocio: «era una renta grande, (…) sacaban la gasolina para venderla en las bombas, pero también para llevarlas hasta el Sur de Bolívar para procesar la coca»⁵⁰.

Otro método de financiación fue el robo de mercancías y de automóviles por la troncal del Magdalena Medio, en ocasiones asesinando a los conductores. Según testigos, algunas autoridades en lugar de perseguir a los delincuentes celebraban con ellos: «Estaba tan involucrado el Ejército con eso, que luego de uno de esos viajes [hurtos], el comandante del puesto del Ejército de Sabana de Torres se vino a tomar trago un sábado en la noche con "Camilo"»⁵¹.

Otro de los objetivos de la violencia paramilitar fue el despojo de tierras. En el corregimiento de Payoa (Sabana de Torres), la familia Vargas perdió su finca porque las AUSAC asesinaron a uno de sus integrantes y abandonaron el predio, que fue vendido sin su conocimiento hasta en tres ocasiones. Mientras que a la familia Méndez les asesinaron dos miembros y debieron salir desplazados de su finca⁵².

«Morantes» además utilizó la desaparición forzada y el uso de animales como arma de guerra, para encubrir sus crímenes y generar terror en la población: «Aquí era muy temible, el que entraba desconocido que no tuviera algún familiar no salía vivo»⁵³. En su finca La Gorgona se ha denunciado la existencia de un lago con caimanes a los que el jefe paramilitar arrojaba a las víctimas. Una versión da cuenta de caimanes nativos en la quebrada La Musanda⁵⁴.

El ex paramilitar Giovanni Franco, alias «Picúa», señaló que fueron quince cocodrilos traídos desde El Congo, para no dejar ninguna huella de sus crímenes: «A "Camilo Morantes" un zootecnista le explicó que esos animales se comían hasta los huesos y que no dejaban rastro de nada (…) fueron más de 800 personas»⁵⁵. El ex paramilitar Hermes Anaya Gutiérrez alias «Chicalá» indicó que sí tenía un caimán, pero que eran amenazas que jamás se cumplieron, mientras los pobladores señalan caimanes con nombres propios y collar: «(…) les decía a sus víctimas refiriéndose a la poza donde los tenía: 'si usted llega al otro lado, se salva'»⁵⁶. Otros testimonios de ex paramilitares, aseguran que «Morantes»: «(…) acusaba un deleite morboso cuando él mismo amarraba a las víctimas, para lanzarlas a un estanque infestado de cocodrilos …»⁵⁷.

3. Auge y caída de las AUSAC (1998-1999)

El 23 de marzo de 1998, «Pedro» fue asesinado y reemplazado por Nelson Zabala Vergel alias «Mario» sobrino de Vicente. Una primera versión señala a «Morantes» como autor del homicidio, una segunda a Luis Javier Rodríguez y a Ariel Zabala y una tercera, que fue ejecutado por Gonzalo Camacho Salazar alias «Ricardo» por orden de «Mario»⁵⁸.

En este período «Morantes» utilizó las masacres en complicidad con integrantes de la Fuerza Pública, para generar pánico en la población, y por ende, desplazamientos forzados y control territorial, social y de los enclaves de economía ilegal alrededor del petróleo. De acuerdo con Echandía, las masacres como método de guerra por parte del paramilitarismo tienen múltiples objetivos y no solo golpear las redes de apoyo, siendo en muy pocos casos crímenes selectivos y la mayoría de veces indiscriminados, con el: «propósito de demostrar a la población la incapacidad de la contraparte, con la que ha convivido, para defenderla y que, en consecuencia, puede ser mejor plegarse al actor que da muestras de contar con un mayor poderío»⁵⁹.

En el mismo sentido señalan desde Credhos: «La gente dice: "durante décadas nos los aguantamos, les dimos de tragar, les creímos por necesidad, por obligación, por convicción o por lo que fuera, pero cuando se metió la paraquera ustedes no combatieron"»⁶⁰. Y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), coincide señalando que en el caso de Barrancabermeja las masacres: «fueron la estrategia para romper el tejido social de la ciudad a través del uso del terror. También demostraron la incapacidad de las guerrillas para cuidar a la gente en los lugares que controlaban»⁶¹.

Para inicios de 1998, en Barrancabermeja había un control guerrillero, pero se encontraba cercada por los paramilitares de las Autodefensas de Ramón Isaza, las de Puerto Boyacá, los grupos derivados de Los Sanjuaneros, de las AUSAC y el grupo de las ACCU que estaba ingresando al Sur de Bolívar⁶². Según Carlos Castaño era «cerrar el candado y apretar la tenaza» para lograr el control de la ciudad⁶³. De acuerdo con un investigador de Credhos la toma fue: «el resultado del esfuerzo regional paramilitar de tomarse el Magdalena Medio hasta llegar a Barranca, que era el último objetivo»⁶⁴.

González Sánchez señaló que la incursión paramilitar a Barrancabermeja, se planeó a través de reuniones entre paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de Ecopetrol, entre quienes se destacan Marco Tulio Restrepo, Director Corporativo de Seguridad de Ecopetrol, el coronel Óscar Virgüez, jefe de seguridad de la Refinería, el mayor Jaime Darío Vargas González, jefe de seguridad de oleoductos, el mayor Jesús Herrera y el capitán Oswaldo Prada. Estas reuniones habrían tenido lugar en las instalaciones de los batallones con los paramilitares de las AUSAC Mario Jaimes alias «El Panadero» y Fremio Sánchez alias «Esteban». Ecopetrol hizo entonces aportes en dinero a los paramilitares, «maquillando» estos gastos con aumento de personal⁶⁵.

Según «Panadero» y «Esteban» la incursión: «fue planificada desde 1997 en reuniones facilitadas por personal de seguridad de Ecopetrol y se coordinó con organismos de inteligencia del Estado como el DAS y miembros del Ejército Nacional»⁶⁶.

Parte de la estrategia paramilitar fue la cooptación de guerrilleros, lo que permitió el señalamiento de presuntos aliados y que los enclaves de economía ilegales pasaran de uno a otro grupo, pero además propició las falsas acusaciones contra civiles y purgas internas entre las guerrillas, como se lo relató un ex paramilitar a la CEV: «la guerrilla entra en pánico y empieza a depurarse porque empiezan los rumores de que entre ellos mismos se están volteando»⁶⁷. Un investigador afirmó que paramilitares y militares infiltraron los movimientos sociales y las guerrillas: «cuando ingresan no les fue difícil porque parte importante de su gente había sido de la guerrilla»⁶⁸. Según una de las víctimas el miedo aumentó porque de un momento a otro vieron: «que los que ejercían el poder por parte de las FARC y el ELN, ya se habían convertido en paramilitares»⁶⁹.

El 22 de febrero de 1998, este grupo habría masacrado a cuatro personas en la vereda Peroles del corregimiento La Fortuna (Barrancabermeja), cuando se encontraban en un estadero, que luego fue incinerado. Y el 9 de mayo, habrían asesinado al dirigente sindical de la USO Jorge Duarte Chávez en Barrancabermeja⁷⁰.

El mismo día de la adhesión de las AUSAC a las AUC, fue perpetrada la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, en la que fueron asesinadas siete personas y 25 desaparecidas⁷¹. Según el CINEP, las AUSAC con el apoyo de la fuerza pública y autoridades civiles, arribaron en la noche a diferentes barrios y asesinaron a siete jóvenes acusándolos de pertenecer al ELN y al EPL. Secuestraron a cuarenta personas más, posteriormente liberaron a quince de ellos y desaparecieron a los veinticinco restantes. Cinco víctimas fueron halladas al día siguiente en el sector de Patio Bonito. Una de las víctimas incluso fue un suboficial de Infantería de Marina⁷².

Los retenidos fueron asesinados y desaparecidos durante las dos semanas siguientes. Según ex paramilitares el objetivo era demostrar poder y quitarles las finanzas a las guerrillas: «en los días siguientes las repartieron en varios grupos, para luego asesinarlas, a pesar de que tenían la certeza de que no eran guerrilleros»⁷³.

Pese a que los familiares y organizaciones sociales exigieron el regreso con vida de los secuestrados, Carlos Castaño anunció que habían sido asesinadas y sus cuerpos incinerados⁷⁴. Alias «Picúa» señaló que algunos fueron arrojados a los caimanes⁷⁵ y que dos días después de la incursión, por orden de alias «Macarrón», él mismo asesinó a dos de las víctimas a machete siendo inhumadas en área rural de San Rafael de Lebrija; y que días después otras cuatro víctimas fueron asesinadas por «Macarrón» y dos más fueron asesinadas y desaparecidas por otros paramilitares: «Caminé con el hombre hasta la fosa y le dije que se arrodillara y cumplí la orden de matarlo»⁷⁶.

Un habitante de San Rafael de Lebrija (Rionegro), describió la difícil labor de hallar los cuerpos: «ya se han conseguido algunos, pero son poquitos los que se puedan encontrar porque a la mayoría los descuartizaban y los echaban al río Lebrija»⁷⁷. «Morantes» se justificó ante los medios señalando a las víctimas, sin prueba alguna, de aliados de las guerrillas y asegurando que unos de los cadáveres fueron incinerados mientras otros fueron arrojados al río Magdalena⁷⁸.

En contraste Rodrigo Pérez Alzate alias «Julián Bolívar», comandante del BCB, manifestó que la irracionalidad de la masacre perpetrada por «Morantes» habría sido la principal razón para luego asesinarlo: «Morantes llevó su desenfreno moral y ético a niveles de degradación inimaginables⁷⁹. Los familiares y autoridades civiles también rechazaron los señalamientos a las víctimas. Mientras que el ELN y las FARC respondieron con un paro armado: «'Dios sabe que mi hijo era inocente, era un humilde obrero que nunca le hizo mal a nadie. El único pecado que cometió fue encontrarse en una de las calles del barrio cuando entraron esos señores»⁸⁰. Es decir, no cabe duda de que, el objetivo fue generar terror en territorios controlados por las guerrillas, atacando de manera indiscriminada a la población civil y no a guerrilleros.

La masacre generó diferentes manifestaciones de resistencia civil. La Organización Femenina Popular (OFP) a partir de la masacre creó uno de sus más importantes símbolos: la bata negra. Según una de sus lideresas: «La bata es un símbolo de resistencia que empieza desde el 98, a través de la marcha por la masacre del 16 de mayo, y se posiciona como una resistencia y rechazo a todo lo que es la muerte, pero también un llamado por la vida»⁸¹. Otra de las organizaciones denunciantes fue el PDPMM. Uno de sus integrantes señaló que el mensaje paramilitar fue claro, anunciar que tenían el control de la ciudad y del petróleo: «Incluso Ecopetrol S.A., es el inicio de la privatización de la empresa [2003], pasa a ser sociedad anónima y no una empresa 100% estatal coincidiendo con el control total paramilitar»⁸².

Por dos días se declaró un paro cívico en Barrancabermeja y manifestaciones con nutrida asistencia. Un sobreviviente habría sido liberado para que llevara el mensaje que el grupo paramilitar haría un segundo ingreso violento al municipio⁸³. En búsqueda de justicia y verdad, las familias de las víctimas crearon el Colectivo 16 de mayo y ese día fue instaurado como el día municipal de las víctimas: «[…] es un conjunto de 32 familias que ha luchado contra la impunidad (…) por un crimen cometido con la complicidad de funcionarios del Estado y estructuras paramilitares»⁸⁴.

En 2011, la Fiscalía halló seis cuerpos de víctimas de la masacre. Al año siguiente en Sabana de Torres fueron hallados cuatro cuerpos más. En 2022, se identificó el cadáver de la «víctima once» de la masacre pese a irregularidades en el proceso de exhumación⁸⁵, siendo entregado a su familia en octubre de ese año⁸⁶.

Las AUSAC continuaron la toma de la ciudad a través de la violencia indiscriminada y la generación de medio, «Tras la masacre de 16 de mayo de 1998, el ingreso al puerto petrolero, se desarrolló durante dos años a través de incursiones, masacres y homicidios selectivos»⁸⁷. Algunas de estas matanzas fueron las de Puerto Wilches el 1 de junio de 1998; y también en Barrancabermeja las de 1, 2 y 3 de agosto y 4 de septiembre de 1998. En este último hecho fueron asesinados Jairo Jiménez, Édgar Jiménez, Gonzalo González y Luz Dary Sierra: «Entre los meses de agosto y septiembre de 1998, los paramilitares mataron a cerca de 20 personas en Barrancabermeja»⁸⁸.

En medio de la confrontación con las guerrillas, «Panadero» sobrevivió a dos atentados de las FARC los días 14 y 29 de septiembre de 1998 resultando herido en una pierna⁸⁹. En retaliación, días después fueron perpetradas las masacres del 16 de octubre y 11 de noviembre de 1998⁹⁰ en Barrancabermeja y continuaron los homicidios y desapariciones en los demás municipios contra objetivos políticos y los movimientos que los denunciaban. Uno de los sindicalistas asesinados en 1998 en Sabana de Torres, fue Diofanor Alfonso Infante y otros cuatro de sus compañeros: «Le propinan ocho disparos por detrás (...) el comandante "Setenta" lo mandó a matar. Porque mi tío era del sindicato»⁹¹. Ese año además desaparecieron al integrante de la USO Alexander Cardona Padilla⁹²; asesinaron a Jairo Pimiento del Sindicato de Trabajadores de Sabana de Torres⁹³; y a Jorge Centeno Parra, exalcalde de Sabana de Torres⁹⁴.

El 28 de febrero estos paramilitares asesinaron ocho personas y desaparecieron a dos más en sectores del barrio y la Esperanza y el Club Náutico de Ecopetrol en Barrancabermeja⁹⁵. Desaparecieron a Edgar Sierra Sidray de 17 años de edad [integrante de la OFP] y a Luis Miguel Cifuentes; y asesinaron al taxista José Darío Sánchez Aguirre, al vendedor de rifa Jesús Daniel Gil Mosquera a los comerciantes César Manuel Barroso y William Rojas Zuleta, y al subgerente bancario Leonardo Guzmán Martínez⁹⁶.

La viuda de este último, tenía 21 años y un hijo de dos, y cuenta que Leonardo ingresó como vigilante a una entidad bancaria y en poco tiempo, llegó a ser subgerente:

[…] lo asesinan, sin más ni más, la orden que ellos tenían eran entrar y sembrar el terror (…). Era una guerra absurda, los paramilitares ni conocían a las personas que mataron (…). "Panadero" en una versión libre dijo que, Leonardo estaba en el lugar equivocado⁹⁷.

Según el testimonio de Alix, ese día su esposo Miguel de oficio taxista trabajó más tarde de lo habitual para comprarle una máquina de escribir a su hija. Hacia las seis de la tarde sus vecinos la alertaron porque a su esposo se lo habían llevado los paramilitares. Lo buscó por toda la ciudad, pasada una semana un hombre de similar descripción fue hallado muerto en Sabana de Torres y hasta allá fue a reconocerlo, pero no era él: «'El Panadero' dijo que menos mal ese día "Camilo" no estaba borracho, porque si no, lo hubiera mandado a torturar antes de matarlo»⁹⁸.

Otra de las víctimas fue Orlando Forero, su vecino Elio Mejía al tratar de interceder por él también fue asesinado y Rubi, la esposa del primero, sobrevivió porque su hijo de 10 años les pidió a los asesinos que no la asesinara⁹⁹. Pedro Vicente Palacios resultó herido, pero: «se levantó, literalmente, de entre los muertos (…) Él despertó y estaba en la funeraria tirado junto a todas las personas que habían asesinado»¹⁰⁰.

Los familiares de estas víctimas, también se organizaron para reclamar por sus derechos en el Colectivo 28 de febrero: «las familias de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas, nos reunimos para indagar sobre los hechos y comenzar el proceso de reclamar por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de estos hechos»¹⁰¹.

Al año siguiente, la esposa de una de las víctimas, fue secuestrada por las AUSAC junto a su hija de unos cuatro años, siendo desaparecida y la niña recuperada por su abuela: «A Lady la rescata la abuela tiempo después, pero a Yesenia nunca la encuentran»¹⁰². En 2003 ya las AUSAC no existían, pero su reemplazo, el BCB, tomó represalias contra los familiares de las víctimas Rubi Vélez, Lucía Mejía, Paola Galvis, Ligia Ramírez y el sobreviviente Pedro Vicente Palacios con el objetivo que dieran un testimonio a favor del paramilitar Fremio Sánchez o de lo contrario los asesinarían¹⁰³. Los paramilitares los retuvieron en el lugar conocido como La Punta del Palo en el barrio Miraflores:

«En esa casa estaba Bolman que era el comandante paramilitar, Carlos Mora el abogado de ellos, una persona del DAS, una del Ejército, una de la Policía (…) Nosotros sentíamos que ese día nos iban a matar»¹⁰⁴.

Esta víctima, fue llamada a declarar y en la diligencia judicial, se encontró con un joven, quien le contó que se salvó porque cuando era llevado junto a otras personas en una camioneta a alta velocidad, los paramilitares les dijeron que el que se quisiera ir se lanzara del vehículo en movimiento y así lo hizo, pese a las consecuencias de la caída¹⁰⁵.

Otros crímenes de las AUSAC ocurridos en 1999 en Barrancabermeja fueron el homicidio de Manuel Ávila, presidente de Sintrainagro; el de Antonio Rincón quien fue confundido con un sindicalista¹⁰⁶; el del ex concejal de Matanza, Anselmo Caballero en Rionegro; y el de José Gelves luego del secuestro y tortura de 14 personas en El Playón¹⁰⁷. Sobre este hecho un exguerrillero, señaló que, en un secuestro masivo, fue retenido Olinto Camargo, exalcalde Sabana de Torres. Al llevarlos a El Playón, se presentó un fuerte combate contra las AUSAC: «[…]los paramilitares ofendidos se trajeron un exconcejal de nombre José Serafín Gélvez Pabón, alias Chepo […] lo bajaron a la central (…) ahí lo degollaron (…) y lo tiraron al río»¹⁰⁸.

En medio de esta violencia, en 1999 en Puerto Wilches, la OFP organizó un acto de resistencia civil contra las AUSAC, que pretendían que la población hiciera parte del Movimiento «No Al Despeje»¹⁰⁹, y de allí surgió otro de sus símbolos de resistencia: «[los paramilitares] exigieron que se les entregaran las ollas del comedor [comunitario] (…) porque estaban haciendo una movilización donde obligaban a la gente a salir. Igual nos negamos a entregar nuestras ollas al proyecto paramilitar y a la guerra»¹¹⁰.

Por estos crímenes en 1998 fue detenido un cabo del Ejército que la fuente no identifica, por haber participado directamente en la masacre del 16 de mayo¹¹¹. «Esteban» fue capturado primero en 2001¹¹² y luego en 2009¹¹³. En 2003, el caso de la masacre del 16 de mayo de 1999 fue admitido por la CIDH¹¹⁴. Después de las desmovilizaciones de 2006, varios ex paramilitares fueron capturados en el marco del proceso de Justicia y Paz y fueron condenados. En 2014, fue detenido el ya citado José Eduardo González Sánchez¹¹⁵. En 2016 «Panadero» fue condenado por la tortura, secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya¹¹⁶, antes había sido condenado por una de las masacres¹¹⁷. En 2018 fueron llamados a indagatoria el subintendente de la Policía Nilson Durán Durán¹¹⁸, y los integrantes del Ejército: el mayor Antonio Enrique Daza Camargo, el capitán Oswaldo Prada Escobar y el mayor Jesús Herrera García. La JEP viene recibiendo la versión libre de estos policías y militares¹¹⁹. Los comandantes de dos batallones del Ejército, de la Policía y del DAS no han sido investigados.

Las bajas por parte de las AUSAC fueron pocas en la confrontación con las guerrillas. En mayo de 1999, un mando medio llamado Alfredo Socarrás fue dado de baja en un operativo, pero del Ejército en Lebrija¹²⁰. Mayores afectaciones les causaron otros paramilitares, porque si bien las AUSAC apoyaron a las ACCU en su ingreso al Sur de Bolívar en 1998, el 11 de noviembre de 1999 «Morantes» fue citado bajo engaños por sus supuestos aliados para entregarle un armamento en San Blas, allí fue capturado junto a sus dos escoltas y luego asesinados en una finca. La orden la dio Carlos Castaño Gil¹²¹ y según Óscar Montealegre alias «Piraña» fue coordinada por «Julián Bolívar»:

[…] lo llevamos a la finca La Uno (…) y "Gustavo Alarcón" los asesinó. En una hamaca pusieron el cuerpo y se lo llevaron cargado hasta Santander. (…) "Niño Escobar", lo lleva a Vijagual, a Los Chorros [Puerto Wilches]¹²².

Aunque la estrategia de «Julián Bolívar» fue cooptar antes que enfrentar a las AUSAC, varios aliados de «Morantes» fueron atacados por parte de Juan Felipe Moncada «Niño Escobar» y Fernando Pérez Alzate alias «Charly»: en los días siguientes Jaime Castellanos fue secuestrado y liberado, y fueron asesinados Miguel Vargas, Libardo Figueroa, Ciro Vargas¹²³, Leonardo Fabio Anaya Delgado alias «Mano Picha»; Lexor Villalobos Suárez alias «Pedro»; y Osman Baos Santamaría alias «Barbas»¹²⁴. «William Tatarero» fue asesinado meses después¹²⁵ y «Babys», sobrino de «Morantes», huyó, pero a los cinco años fue asesinado por este grupo paramilitar¹²⁶.

Los grupos de «Morantes» y «Mario» fueron cooptados en el año 2000 por lo que luego fue el BCB, mientras el de «Juancho» Prada, se unió al Bloque Norte¹²⁷.

El balance cuantitativo de la victimización por parte de Los Motosierra, Sombra Negra y AUSAC entre 1994 y 1999 en Santander, de acuerdo con los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), sería de 120 víctimas de desaparición forzada y 326 de homicidio, siendo Barrancabermeja el municipio más afectado.

Fuente: Base de datos de Observatorio de Memoria y Conflicto, 2022.

Gráfico 1 Homicidios y desapariciones de paramilitares en área de influencia de las AUSAC 1994-1999. 

Para esta investigación se amplió la base del OMC, y las víctimas de masacres fueron incluidas en las homicidio y desaparición según fuera el caso. Como resultado, el número de víctimas de las AUSAC entre 1994-1999, supera las de Autodefensas/Bloque Puerto Boyacá entre 1994 y 2006, lo que es un indicador alto. Y las del BCB entre 2000-2006 quintuplica a las demás, que implica un impacto mucho mayor que las AUSAC.

Fuente: Ampliación propia del Observatorio de Memoria y Conflicto, 2022

Gráfico 2 Desapariciones y homicidios en Santander por presunto responsable entre 1994 y 2006. 

Para un investigador de Credhos, el principal logro de las organizaciones sociales en Barrancabermeja y el Magdalena Medio ha sido sobrevivir a la represión paramilitar representada en una persecución sistemática a través de homicidios y desapariciones:

Hubo tres organizaciones además de la Diócesis, que fueron muy fuertes en la lucha contra el paramilitarismo, que no cesaron en su resistencia, entre estas está la USO (…) la segunda fue la OFP (…) y el otro fue Credhos, son las tres organizaciones sobre las cuales recae el peso de denunciar el paramilitarismo (…) pero además la conciencia social y la movilización de este pueblo, que es un pueblo rebelde¹²⁸.

Conclusiones

El paramilitarismo fue posibilitado por la normatividad jurídica de la época, así como la creación, promoción y apoyo por parte de diferentes entes estatales, en especial, para el caso de las AUSAC, del Comando de Policía de Magdalena Medio, y los batallones Nueva Granada y Héroes de Majagual de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Las AUSAC ejercieron violencia contra civiles con tres patrones macro criminales: 1) homicidios y desapariciones con justificaciones contrainsurgentes contra opositores y líderes considerados de izquierda; 2) homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados por intereses de lucro, en contra de quienes se negaran a pagar extorsiones, delincuentes menores como ladrones de combustible y propietarios de tierras a quienes se quiso despojar; 3) la comisión de masacres y uso de caimanes para generar terror y por ende, desplazamientos forzados, control social, territorial y económico.

Las AUSAC y sus grupos precedentes fueron responsables de por lo menos 446 víctimas de homicidio y desaparición forzada entre 1994 y 1999, que corresponde al 13,6% de estos crímenes causados por paramilitares entre 1981 y 2006 en Santander.

Se financió a través de las exacciones y aportes voluntarios de ganaderos, palmicultores y comerciantes, así como incursionó en el narcotráfico, pero logró un gran poder militar y económico por el hurto de combustible. La violencia generada implicó el desplazamiento, el abandono forzado de tierras y por ende, el despojo de las mismas.

Bajo la justificación que Ecopetrol iba a entrar en quiebra por las cuotas de contratación y el hurto de combustibles de las guerrillas y las movilizaciones sindicales; funcionarios de esta empresa, integrantes de la fuerza pública y paramilitares constituyeron un entramado criminal, que lo único que cambió fue a un agresor (las guerrillas) por otro (los paramilitares), estigmatizando y victimizando las organizaciones sociales.

Su accionar contra la población civil en los primeros años implicó en su mayoría homicidios y desapariciones forzadas, las víctimas de estas últimas generalmente arrojadas a los ríos Lebrija y Magdalena, incineradas, inhumadas en fosas clandestinas o arrojadas a caimanes, bajo la justificación de una contrainsurgencia ampliada que incluía como objetivo militar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el proyecto paramilitar y con el objetivo a su vez de financiar la estructura armada y el enriquecimiento ilícito de sus comandantes. A partir de 1998, este grupo usó las masacres para generar terror en la población, generar vaciamiento poblacional y disputarle el control territorial de las economías ilícitas a las guerrillas.

El ingreso de las ACCU al Sur de Bolívar con el apoyo de las AUSAC, generó un conflicto de poderes entre los dos grupos paramilitares, que terminó con el homicidio de «Camilo Morantes» cuya estructura fue cooptada por la facción vencedora, que ingresó a Santander a finales de 199 y desde el año 2000 se denominó Bloque Central Bolívar.

Salvo condenas de justicia ordinaria a algunos paramilitares y las sentencias de Justicia y Paz contra ex integrantes de este grupo, los crímenes de las AUSAC contra la población civil presentan altos niveles de impunidad con relación a integrantes de la Fuerza Pública y civiles. Los familiares de las víctimas guardan expectativas en los procesos en la JEP y en la CIDH, para obtener verdad, justicia y reparación.

Ante la violencia paramilitar contra la población civil, organizaciones sociales como la USO, la OFP, Credhos, el PDPMM y la Diócesis, así como los colectivos surgidos de la victimización como los del 16 de mayo y el 28 de febrero, generaron acciones de resistencia civil pacífica, a través de movilizaciones, la confrontación directa y la denuncia de los crímenes, en una lucha contra la impunidad que todavía continúa.

En esa reivindicación de los nombres de nuestros seres queridos que fueron asesinados en esta guerra absurda, la construcción de memoria es esa resistencia pacífica, es esa lucha que nos lleva a exigir que no queremos más guerra, que estamos trabajando por la construcción de paz¹²⁹.