Introducción

“LOS DÍAS DE LA DICTADURA DE VENEZUELA ESTÁN CONTADOS”, sentenciaba en abril de 1928, así en mayúsculas, el periódico Ruy Blas de Cúcuta, ciudad situada al nororiente de Colombia. La sentencia, contenida en una noticia reproducida desde Cartagena por el periódico Diario de la Costa, se basaba en testimonios de habitantes que cruzaban la frontera colombo-venezolana y pronosticaban el fin del régimen dictatorial establecido por Juan Vicente Gómez en Venezuela entre 1908 y 1935.¹ Durante buena parte de este periodo, exiliados, conspiradores, caudillos y militares venezolanos hicieron presencia y circularon por territorio colombiano, y desde este, orquestaron insurrecciones o dejaron testimonios en los que denunciaban la represión, la eliminación de las libertades ciudadanas y el manejo autoritario del poder por parte de Gómez y sus aliados ^{(Guerra‑Vilaboy y González‑Arana 2017, 22)}; ^{(McBeth 2008, 4)}.

Las posiciones de los gobiernos colombianos frente a la dictadura de Juan Vicente Gómez y en torno a la circulación de los mencionados opositores por la frontera colombo-venezolana han recibido poca atención tanto en la historiografía venezolana como en la colombiana. En Venezuela, donde existe una abundante literatura sobre el régimen de Gómez, los estudios han centrado sus análisis en el rol que jugó este militar en la centralización del Estado ^{(Hernández 2019)}; el ejercicio de la justicia en las décadas dominadas por el citado líder ^{(Pérez‑Perdomo 2007)}; los académicos que sirvieron de soporte intelectual al régimen ^{(Bermúdez 2007)}; los exiliados venezolanos en países latinoamericanos ^{(Cervantes‑Varela 2017)}; ^{(McBeth 2008)}; las protestas de los movimientos estudiantiles ^{(Bohórquez 2002)}, ⁽²⁰¹⁹⁾; ^{(Ortega 2008)} y las sublevaciones organizadas por caudillos regionales para derrocar a Gómez ^{(Lara 2018)}. En Colombia, por su parte, los pocos estudios que de manera simultánea han estudiado a Venezuela y Colombia en el marco de la dictadura de Gómez, entre ellos uno de ^{Guerrero‑Barón (1998)} sobre las realidades políticas de ambos países, fueron escritos en tiempos en los que la perspectiva comparativa dominaba el campo historiográfico. En efecto, Guerrero‑Barón, aunque superó la inicial insularidad que solía caracterizar a las historias nacionales, le dio mayor peso a los contrastes y escasamente exploró las conexiones. ^{Martínez (2006)}, sin abordar los temas objeto de análisis en este artículo, fue más allá de los contrastes y describió algunos de los imaginarios cruzados que surgieron entre Venezuela y Colombia durante el régimen de Gómez y la hegemonía conservadora. El desarrollo reciente de las historias conectadas —marco interpretativo que descentra la nación como escala de observación— ha relievado la centralidad de las conexiones y, al hacerlo, ha facilitado la reconstrucción de la circulación de personas, mercancías e ideas más allá de las fronteras nacionales ^{(Subrahmanyam 2022)}, ⁽¹⁹⁹⁷⁾. En este artículo, haciendo uso de esta perspectiva, pretendemos responder dos interrogantes centrales: por un lado, ¿qué factores históricos, geográficos y políticos incidieron en la presencia de caudillos y opositores venezolanos al régimen de Juan Vicente Gómez en Colombia?; y, por otro, ¿cuáles fueron las posiciones políticas y diplomáticas de estos gobiernos frente al régimen impuesto por Gómez en Venezuela durante cerca de tres décadas? Argumentamos que, en el marco de esa dictadura, Colombia —por las historias y geografías compartidas con Venezuela— se convirtió en uno de los destinos privilegiados por revolucionarios venezolanos interesados en cambiar el estado de cosas existentes en su país. Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, territorios colombianos, entre ellos los de Arauca y Norte de Santander, fueron utilizados por opositores de Gómez para organizar incursiones armadas a Venezuela, obligando a que las naciones en mención, en no pocos casos, coordinaran acciones conjuntas para repelerlos. Tal coordinación, como se evidencia en artículos de prensa y documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, fue producto no solo de la necesidad de imponer un monopolio de la violencia en sus respectivos territorios, sino que también se correspondió con formas simbólicas —culto a Bolívar— y prácticas —autoritarias— de ejercer el poder compartidas por ambos gobiernos. Estas mismas fuentes también revelan que Colombia mantuvo un trato cordial y diplomático con Juan Vicente Gómez, incluso en épocas en las que su catadura dictatorial lo llevó a arreciar la represión en contra de los opositores. Esta postura, en un contexto marcado por rumores de una nueva fragmentación del territorio nacional, también fue resultado del papel clave que Venezuela tuvo en la solución de varios problemas fronterizos afrontados para entonces por las autoridades colombianas.

Para la comprensión de estas posturas de Colombia frente al régimen de Gómez, el artículo hace uso del concepto de ansiedades fronterizas, entendiéndolo como las percepciones que gobiernos, instituciones gubernamentales y los ciudadanos se forman a partir de problemas asociados al manejo de los espacios fronterizos y las formas en que tales percepciones pueden incidir en la toma de decisiones gubernamentales, o en la definición de posiciones por parte de sus habitantes ^{(Hajdarpasic 2020)}; ^{(Wrobel 1993)}. Tras ofrecer una mirada general sobre el ascenso de Gómez al poder y los efectos de su régimen dictatorial sobre distintos sectores sociales en Venezuela, el artículo analiza las razones que hicieron de Colombia un destino natural para opositores de la dictadura; luego se detiene en las acciones —individuales y colectivas— adelantadas por varios de ellos desde territorio colombiano; y finalmente, analiza las posturas asumidas por los gobiernos colombianos frente a las formas en las que Gómez ejerció el poder en Venezuela.

Represión y exilio durante la dictadura de Juan Vicente Gómez

Entre 1908 y 1935, intentando poner fin a la tradición de caudillos regionales que había marcado la historia política republicana de Venezuela durante el siglo XIX, Juan Vicente Gómez dio forma a un régimen dictatorial. El ascenso de Gómez al poder obedeció, en gran medida, a la creciente importancia que adquirió la producción cafetera en Venezuela durante la segunda mitad de la mencionada centuria, que finalmente impulsó a la clase dominante regional del estado del Táchira —principal productor del grano— a competir por el poder político nacional ^{(Bergquist 1988, 250)}. Este esfuerzo por lograr el control nacional tuvo como protagonista inicial a Cipriano Castro, quien, con Gómez como su hombre de confianza, comandó las fuerzas tachirenses que —tras el vacío de poder generado por la muerte del caudillo Joaquín Crespo— se impusieron en 1899 y derrocaron al presidente Ignacio Andrade. Siguiendo la tradición golpista de la Venezuela decimonónica, Gómez aprovechó un viaje que —por motivos de salud— Castro hizo al exterior, y el 19 de diciembre de 1908 asume el poder y depone a su otrora copartidario ^{(Guerra‑Vilaboy y González‑Arana 2017, 12)}. Para garantizar su gobernabilidad en esta primera etapa de gobierno, Gómez tejió alianzas con caudillos regionales e impulsó una constitución (1909) cuyo articulado proyectó la imagen de un mandato de transición. La citada carta constitucional redujo el periodo presidencial a cuatro años, estableció la conformación de un Consejo de Gobierno integrado por antiguos caudillos, y cerró la posibilidad de la reelección presidencial. Un año más tarde, inició una reforma militar a través de la cual el ejército dejó de ser una fuerza al servicio de los caudillos regionales para transformarse en una institución que respondía a los intereses del gobierno central ^{(Pérez‑Perdomo 2007, 126)}.

Los vientos de estabilidad política que parecían soplar en Venezuela se conjugaron con un espectacular crecimiento económico jalonado por el despegue de su industria petrolera. Al igual que su antecesor, Gómez entregó masivas concesiones a compañías europeas y norteamericanas para que explotaran la riqueza petrolera. Estudios previos sobre el desarrollo del petróleo en Venezuela, estiman que, a finales de la década del veinte, el valor de las exportaciones petroleras ocupaba el primer lugar en la jerarquía de productos exportables de este país latinoamericano. Igualmente, para esta misma época, Venezuela superó a México como el mayor exportador de petróleo a nivel global y, a la vez, se convirtió —después de Estados Unidos— en el segundo productor del crudo a escala mundial ^{(Agüero 2012, 4)}; ^{(Bergquist 1988, 248)}. Este exponencial crecimiento económico permitió que Juan Vicente Gómez estableciera las bases para el proceso de modernización de Venezuela. Implementación de programas de desarrollo, fomento de la infraestructura y construcción de obras públicas y vías de comunicación fueron algunos de los frentes que impulsó a través de los recursos provenientes de las concesiones petroleras. Las riquezas generadas por las mismas, a la vez, le sirvieron para forjar una red de lealtades y bases de apoyo que salieron del ámbito tachirense y se expandieron a lo largo y ancho de la nación ^{(McBeth 2008, 16‑17)}.

Estas redes de lealtades, aunadas al peso de la tradición autoritaria en la que Gómez había forjado su liderazgo, terminaron imponiéndose sobre el relativo espíritu pactista del que había hecho gala en sus primeros años de gobierno. La proximidad del final constitucional de su primer mandato, y la prohibición que había establecido para la reelección presidencial, lo llevaron a impulsar una nueva constitución marcada por un abierto tono dictatorial. Si en la constitución de 1909 redujo el mandato presidencial a cuatro años, en la de 1914 lo extendió a siete y eliminó los límites a la reelección presidencial. El Consejo de Gobierno, inicial solución salomónica para contener a los caudillos regionales, fue eliminado; al tiempo que las libertades fundamentales desaparecieron en la práctica y las garantías ciudadanas fueron violadas sistemáticamente ^{(Pérez‑Perdomo 2007, 125‑126)}. El sello dictatorial quedó nuevamente impreso en la reforma constitucional impulsada por Gómez en 1922. Intentando asegurar la sucesión de algunos de sus familiares en el poder, creó la exótica figura de dos vicepresidentes y, en una clara muestra de nepotismo, nombró de primer vicepresidente a su hermano, mientras a su hijo le reservó la segunda vicepresidencia ^{(Guerrero‑Barón 1998, 26)}. El gendarme necesario, figura justificada por el intelectual Laureano Vallenilla Lanz ⁽¹⁹⁹⁴⁾ en las páginas de su conocido Cesarismo democrático, estaba en ejercicio.

Las voces de oposición en los contextos urbanos, compuestas, entre otros, por intelectuales, obreros y estudiantes, tardaron poco en hacerse sentir. En Maracaibo, un año después que Gómez condenara a Cipriano Castro al exilio y lo desplazara de la silla presidencial, jóvenes con inquietudes intelectuales y espíritu libertario dieron forma a la revista Alborada^{(Marinone 2007, 68‑69)}. En 1925, también desde Maracaibo, ciudad perteneciente al territorio zuliano, crearon el Grupo Seremos, cuyas acciones literarias y políticas se extendieron hasta 1928, año en que sus integrantes fueron encarcelados o se fueron al exilio en el marco de protestas estudiantiles que sacudieron Caracas ^{(Semprún 2015)}. Los estudiantes, una de las principales fuerzas opositoras a la dictadura de Gómez, venían expresando su inconformidad con el régimen desde finales de su primer mandato. En 1913, aprovechando la inestabilidad política que se produjo tras la firma del protocolo francés, los estudiantes se sumaron a las voces que criticaron sus intenciones de cambiar la constitución para mantenerse en el poder. Ocho años más tarde, el Centro de Estudiantes de Medicina —ante el alza de los costos de transporte— llamó a un boicot contra la compañía de tranvías y convocó al pueblo de Caracas a que aunaran esfuerzos en ese propósito ^{(Bohórquez 2019, 22)}.

La inconformidad de los estudiantes con la dictadura de Gómez, en un contexto internacional marcado por los éxitos de la Revolución mexicana (1910), el movimiento estudiantil de Córdoba (Argentina‑1918) y la lucha de los estudiantes cubanos en contra del régimen de Gerardo Machado, emergió con mayor fuerza en un conjunto de actividades culturales organizadas en enero de 1928 por el Consejo Supremo de la Federación de Estudiantes. Durante las actividades realizadas, entre ellas la elección y coronación de una reina estudiantil, algunos participantes evocaron a Simón Bolívar y al cubano José Martí como símbolos de libertad, al tiempo que pronunciaron discursos o recitaron poemas en los que se condenaron las tiranías y se expresaron las ansias de democracia ^{(Bohórquez 2019, 23‑25)}. El Benemérito —como llamaban al dictador— ordenó la detención de los líderes del movimiento estudiantil. Personajes que se destacaron posteriormente en la vida literaria y política de Venezuela, entre ellos Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Prince Lara, fueron enviados a la cárcel. Isidro Valles, miembro del grupo literario Seremos, por realizar una charla sobre analfabetismo en Venezuela, también corrió un destino similar en la ciudad de Maracaibo ^{(Bohórquez 2019, 27)}. Pese a la represión o quizás por ella, los estudiantes aumentaron su beligerancia a la hora de exigir la dimisión de Gómez. Por ejemplo, en este contexto, un grupo de estudiantes “resolvieron confeccionar miles de ramos de flores, entre los cuales escondían una pequeña tarjeta que decía “abajo la tiranía de Gómez”.² Estudiantes, en asocio con jóvenes militares, bajo el liderazgo del capitán Rafael Alvarado Franco, adelantaron el 7 de abril un golpe cívico‑militar para derrocar a Gómez. El golpe, descubierto tempranamente por militares fieles a Gómez, fue fácilmente derrotado y sus promotores enviados a la cárcel o a las colonias de trabajos forzados ^{(Bohórquez 2002, 144‑146)}. El Diario de la Costa, periódico que desde Cartagena siguió de cerca el régimen de Juan Vicente Gómez, permite acercarnos a otros de los protagonistas del fallido golpe. Este diario, el 11 de abril de 1928, publicó un listado con varios de los detenidos por parte del régimen de Gómez; en el mismo aparecían estudiantes como Jesús Miralles (Medicina), Fidel Retendado y German Tortosa (Derecho), Francisco Rivas Lazo (Ingeniería) y Juan José Palacio (representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central). El listado también incluía periodistas (Antonio Arraíz), empleados públicos (Carlos Robalí), comerciantes (Julio Naranjo y Francisco Betancourt) y miembros de las fuerzas militares como los subtenientes Agustín Fernández, Faustino Valero y Leonardo Lenmann, así como el capitán al mando del golpe, Rafael Alvarado.³

Las condenas al régimen dictatorial de Gómez por parte de los estudiantes siguieron en los días posteriores al fallido golpe y al envío de sus protagonistas a la cárcel. Beatriz I, nombre que recibió la estudiante que fue coronada en el reinado, pronunció un discurso en el que, dirigiéndose al pueblo de Caracas, le preguntaba hasta cuándo iban a soportar “tiranía, opresión, hambre, temores y vejación de todos géneros...!”. En otro de sus apartes, señaló que todos sabían que “las arcas de los tiranos están repletas de pedrerías y de oro y las tierras venezolanas no son suficientes para levantar las majestuosas moradas de los tiranos”. Insistía en que era de conocimiento público que “las propiedades agrícolas, vacunas mercantiles, todas son exclusivas del grupo opresor que nos asfixia”. Era imperativo, entonces, que “la juventud, la moral, la protesta viril, la religión, todo lo que asome un poco de humanidad a esta vida, se levante en una sola masa contra ya no la obra de un solo hombre, sino por instinto de conservación de todo ser”.⁴ La vehemencia con la que los estudiantes seguían reclamando el fin de la dictadura llevó a periodistas colombianos a plantear escenarios que contemplaban la posible salida de Gómez del poder. Un análisis realizado desde Bogotá por El Nuevo Tiempo, reproducido por el Diario de la Costa, presagiaba que Gómez podría enfrentar el mismo destino que había tenido el dictador mexicano Porfirio Díaz, a quien la revolución mexicana de 1910 —con los estudiantes como protagonistas— sacó del poder. “Ellos derribaron a Porfirio Díaz, el hombre que resistió durante largos lustros el empuje de grandes caudillos”, recordaban desde el citado diario.⁵ Juan Vicente Gómez —amparado en el modernizado ejército de alcance nacional que venía forjando desde 1910— superó las protestas lideradas por los estudiantes y evitó el destino que Díaz tuvo en México. El recetario represor utilizado por El Benemérito para mantenerse en el poder, adobado con prolongados estados de sitios, incluyó asesinatos clandestinos, encarcelamientos a opositores sin que se les hubiera seguido juicio alguno o se les hubiera comprobado la ejecución de un delito, torturas e imposición de censura a revistas y periódicos ^{(Pérez‑Perdomo 2007, 131‑133)}. En este contexto, estudiantes, intelectuales, militares desafectos y líderes políticos salieron de Venezuela y se ubicaron en varios países latinoamericanos, siendo Colombia uno de ellos.

Colombia, un destino natural

Colombia, por su historia y geografía compartida con Venezuela, se convirtió en el destino privilegiado para opositores, exiliados, revolucionarios y conspiradores que salieron en el marco de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Los lazos históricos que unían a estos territorios hundían sus raíces en el periodo colonial, época en la que los habitantes de los entonces territorios pertenecientes a los dominios españoles aprovecharon los niveles de autonomía de que gozaban y tejieron perdurables circuitos económicos y comerciales ^{(Cardozo 2002)}. La creación del Virreinato de la Nueva Granada, en 1717, y su establecimiento definitivo en 1739, cuya jurisdicción se extendía sobre los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, revistió de formalidad administrativa vínculos tejidos a partir de consuetudinarios intercambios comerciales ^{(Eissa‑Barroso 2016)}. Los históricos vínculos entre habitantes de los citados espacios se fortalecieron al calor de las guerras por la independencia que libraron ambos espacios para separarse de la corona española. Tropas lideradas por militares venezolanos y colombianos, a través de batallas como la de San Juan en Cartagena (1821) y la del Lago de Maracaibo (1823), expulsaron de manera definitiva a las fuerzas españolas y, al hacerlo, abrieron paso para que se empezaran a vivir las primeras experiencias republicanas y se contemplaran proyectos de nación ^{(Múnera 2021)}. El más ambicioso de estos iniciales proyectos —conocido historiográficamente como la Gran Colombia— volvió a interconectar los caminos administrativos, económicos y políticos de los hoy territorios de Venezuela y Colombia. En 1819, a través de la Ley Fundamental de la República de Colombia, Simón Bolívar propuso la unión de los territorios del antiguo Virreinato de la Nueva Granada y los de la Capitanía General de Venezuela. Dos años más tarde, a través de la Constitución de 1821, se ratificó la mencionada ley y se dividió político‑administrativamente a la República de Colombia en los departamentos del Orinoco, Venezuela, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. En los tres años siguientes, territorios que también habían declarado su independencia, entre ellos Panamá, Quito y las Islas de San Andrés, se sumaron al sueño bolivariano ^{(Domínguez 2018, 167‑172)}. La fragmentación del experimento Grancolombiano en 1830, producto de las pretensiones dictatoriales de Simón Bolívar y de las acentuadas autonomías regionales provenientes del mundo colonial, dieron forma a Colombia, Ecuador y Venezuela como repúblicas independientes, con unas largas y compartidas fronteras nacionales ^{(Martínez‑Garnica 2019)}. En el caso de Venezuela y Colombia, la citada frontera —a día de hoy— tiene una longitud de 2.260 km, y cubre un territorio cuyos límites, de oeste a este, van desde las ciudades de Santa Marta (Colombia) hasta Maracaibo (Zulia, Venezuela), mientras que hacia el sur —teniendo en cuenta las actuales divisiones políticas— intercomunica los departamentos de Norte de Santander y Santander — Colombia— y los estados Táchira y Barinas —Venezuela— ^{(Andrade 2017)}.

Norte de Santander está ubicado en la zona nororiental de Colombia y tiene como capital a Cúcuta, lugar donde se reunió la convención constituyente que aprobó la Constitución de 1821. Limita al norte y al este con Venezuela, y posee múltiples conexiones con otras provincias que le facilitan su salida natural al lago de Maracaibo, al tiempo que se encuentra interconectado, por vía terrestre, con el interior del país y con la misma Venezuela. Las conexiones terrestres y acuáticas se extienden hasta poblaciones como Pamplona, y Saravena en Arauca, departamento que también hace parte del espacio fronterizo ^{(Labrador 2017)}. Norte de Santander, precisamente, fue uno de los escenarios en los que los nacientes estados desplegaron sus esfuerzos para asegurar sus respectivos territorios a lo largo del siglo XIX. En la segunda mitad de esa centuria, cuando el progreso de las naciones se medía en función de los kilómetros de vías férreas que poseían ^{(Ortiz‑Cassiani 2018, 21)}, la construcción de ferrocarriles fue una de las herramientas utilizadas para la consecución de las citadas pretensiones nacionalistas. A propósito de esta estrategia estatal, en un bien pensado artículo sobre región, frontera y nación, ^{Andrade (2017)} demuestra que los trazados de los ferrocarriles de Cúcuta (1864) y Táchira (1865) pueden leerse como una de las cartas que se jugaron los gobernantes de Colombia y Venezuela, respectivamente, para lograr el dominio sobre un espacio fronterizo que se mantuvo en disputa. Refiriéndose al ferrocarril tachirense, por ejemplo, Andrade señala que su construcción buscó aproximar las poblaciones del norte del Táchira con el Sur del Zulia y, al hacerlo, romper los tradicionales lazos de comercio que mantenían con provincias de Norte de Santander. Sin embargo, la proximidad geográfica existente entre las poblaciones del sur del Táchira con las de Colombia obligaban a las primeras a usar el territorio colombiano, pese a la puesta en marcha del ferrocarril nacional. El peso de los consuetudinarios y cotidianos intercambios y movimientos, concluye la citada autora, terminaron por imponerse sobre las siempre ficticias líneas fronterizas y seguían facilitando el paso de habitantes a uno y otro lado de las fronteras ^{(Andrade 2017, 38)}.

Fuente: Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá‑Colombia, Sección Mapas y Planos, Fondo Mapoteca: SMP.6, CO.AGN.SMP.6, REF.231, Departamento del Norte de Santander, 1927.

Figura 1. Mapa del Departamento de Norte de Santander en 1927 

Las experiencias previas de caudillos venezolanos que ascendieron al poder tras realizar incursiones desde la frontera compartida por Colombia y Venezuela, precisamente, fueron definitivas para que opositores de Gómez escogieran el territorio colombiano como destino. El levantamiento liderado en 1899 por Cipriano Castro y que allanó el camino al poder nacional de Juan Vicente Gómez era uno de los que permanecía en la memoria de quienes se refugiaron en Colombia en las primeras décadas del siglo XX. Tras siete años (1892‑1899) de obligado exilio en Colombia, Castro organizó un grupo de no menos de sesenta hombres, quienes partieron desde Cúcuta, adelantaron campañas militares victoriosas en varios estados venezolanos, y finalmente, con un número mayor de adeptos y apoyos de otros caudillos regionales, entraron triunfantes a Caracas el 23 de octubre de 1899 ^{(Lara 2005, 22)}. Ese día, a través de un decreto, Castro declaró que asumía “el Poder Ejecutivo de la República, mientras ésta se reconstituye bajo la forma estrictamente constitucional”.⁶ El triunfo del movimiento encabezado por Castro, conocido en la historiografía venezolana como la Revolución Restauradora, no solo significó el fin del mandato presidencial de Ignacio Andrade, sino también la primera participación masiva de los andinos en la política nacional. Uno de los que ascendió, precisamente, fue Juan Vicente Gómez, quien, por su destacada participación en la mencionada revolución, fue nombrado gobernador de Caracas ese año y en 1901 designado vicepresidente y jefe Militar de Venezuela ^{(Lara 2005, 23)}. Fue desde esa posición que Gómez, siete años más tarde, le quitó el poder a Cipriano Castro y configuró el régimen dictatorial al que varios venezolanos se enfrentarían desde territorio colombiano.

La frontera colombo-venezolana como escenario de levantamientos y proclamas antigomecistas

Territorios de la frontera colombo-venezolana, particularmente los pertenecientes a Arauca y Norte de Santander, se convirtieron en escenarios propicios para organizar incursiones a Venezuela y manifestarse en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez. El primero, ubicado en la Orinoquía, era puerta de entrada a los Llanos de Apure, Guárico, Barinas, Portuguesa, Anzoátegui y Monagas, así como a los de Amazonas y Bolívar; mientras el segundo —vía ciudad de Cúcuta— facilitaba el acceso al Estado de los Andes, integrado en ese entonces por Táchira, Trujillo y Mérida ^{(Botello 1997)}. Las condiciones geoestratégicas de estos espacios fueron aprovechadas por varios de los caudillos venezolanos para intentar derrocar a Juan Vicente Gómez. Fue el caso de Emilio Arévalo Cedeño, oriundo de Guárico, quien hizo de Arauca su teatro de operaciones. El 19 de mayo de 1914, Arévalo Cedeño, al mando de no menos de 40 hombres, lideró un levantamiento fácilmente derrotado por la dictadura de Gómez, viéndose obligado a huir, primero, a Trinidad y, luego, hacia Colombia. Entre 1915 y 1933, también desde Arauca, Arévalo Cedeño organizó siete invasiones más, siendo la toma de San Fernando de Atabapo —capital del territorio federal Amazonas— en 1921, en la que fusiló públicamente al general gomecista que comandaba en la zona, una de sus más sonadas victorias ^{(Botello 1997, 210)}; ^{(Lara 2018, 55)}. Si Emilio Arévalo Cedeño fue el rostro visible de las insurrecciones organizadas desde Arauca, el caudillo Juan Pablo Peñaloza ostentó ese estatus en Norte de Santander. Peñaloza, oriundo de San Cristóbal y miembro del Partido Liberal Amarillo del Táchira, ocupó el cargo de gobernador del Táchira y en esa condición enfrentó a las tropas de Cipriano Castro durante la Revolución Restauradora. En el marco de la apertura promovida por Juan Vicente Gómez hacia aquellos caudillos que se levantaron en contra de Castro, Peñaloza fue uno de los incorporados al círculo de aliados de El Benemérito e hizo parte de su Consejo de Gobierno. Sin embargo, en 1912, ad portas de culminar el primer periodo de Gómez como presidente, Peñaloza se sumó a un grupo de conspiradores que estaban en desacuerdo con la ampliación del periodo presidencial. Tras caer en desgracia entre los miembros del sanedrín gomecista y ser declarado enemigo del régimen, Peñalosa sufre un atentado en 1915, y al año siguiente adelanta una invasión exploratoria desde Norte de Santander, fácilmente controlada ^{(Lara 2018, 69)}.

Las incursiones armadas de Juan Pablo Peñaloza a Venezuela desde territorio colombiano continuaron en la década del veinte, siendo el levantamiento de 1920 el movimiento por el que más se le recuerda como opositor de su otrora aliado. En septiembre de ese año, desde Cúcuta, Peñaloza lanzó una proclama revolucionaria, reproducida posteriormente por varios periódicos colombianos. En la misma, inició recordando las estratagemas utilizadas por Juan Vicente Gómez para perpetuarse en el poder. “Gómez declaró alterado el orden público, organizó un formidable ejército, suspendió las garantías individuales, despedazó la constitución, y secundado por un Congreso ad hoc, hizo votar una reforma constitucional, que le permitiera ser reelegido indefinidamente”,⁷ señaló. Acto seguido, en clara alusión al carácter dictatorial que le adjudicaba al orden gomecista, mencionó las víctimas, torturas y encarcelamientos que se habían producido hasta entonces. “Vosotros habéis contado cuántas nobles víctimas cayeron para no levantarse jamás; guardáis la estadística de los que gimen en las cárceles; de los que han sido sacrificados a mansalva; de los que padecen torturas horripilantes en los calabozos del dictador...”,⁸ se lee en uno de los apartados de la proclama. Y finalmente, aparte de acudir a las repercusiones de la Primera Guerra Mundial para explicar la ausencia de acciones de su parte entre 1917 y 1920, justificó el uso de las armas en nombre de la recuperación del orden republicano: “nunca es tarde para la obra reivindicadora, y hoy venimos aquí, con el arma en brazo, a exteriorizar a sangre y fuego nuestra protesta, ya que las vías pacíficas resultaron inútiles”,⁹ sentenció. El accionar de los alzados en armas en territorio colombo‑venezolano captó la atención de periódicos colombianos. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1924, en referencia a uno de esos múltiples levantamientos armados, el Diario de la Costa informó que fuerzas revolucionarias avanzaron a tal punto que vencieron en lugares como en las provincias de Barinas y Orinoco, donde se encontraba el foco principal de la insurrección;¹⁰ mientras que los primeros días de diciembre se registró que tales fuerzas seguían su paso triunfante por varios puntos de la frontera colombo‑venezolana.¹¹ Periódicos editados en los espacios fronterizos, al igual que los de otras regiones colombianas, también se convirtieron en trinchera para denunciar el orden dictatorial impuesto por Juan Vicente Gómez en Venezuela. En algunos casos, a través de los testimonios que entregaban a su llegada al país, hablaban de una Caracas en la que los agentes del gobierno de Gómez disparaban indiscriminadamente y sometían a latigazos a hombres y mujeres. “He visto las tropas en las calles de Caracas en actitud alarmante, que los guardias que recorren todas las calles de la ciudad andan con un machete sin funda en una mano y un fuete en la otra”,¹² decía un habitante al llegar a Colombia. Era, en sus propias palabras, el “cuadro indigno de un país civilizado”.¹³ En contraste con las noticias que compartían sus conciudadanos sobre las consecuencias del ambiente dictatorial que se vivía en Venezuela, Gómez negaba la existencia de cualquier tipo de represión. Por ejemplo, en 1928, en un mensaje dirigido al congreso, expresó que durante su mandato “nunca se han levantado patíbulos; he podido hacerlo cuando los estudiantes se sublevaron contra el gobierno, y, sin embargo, los referidos estudiantes sólo estuvieron detenidos en cárceles durante diez días”.¹⁴ Adicionalmente, señaló que “en los años pasados a 1928 se puso en libertad a todos los presos políticos”, y que “unos cuantos venezolanos vagan por Méjico y otros países de América, prefiriendo quedarse en el extranjero, labrando la ruina de la tierra que lo vio nacer”.¹⁵ Las afirmaciones que hacían sus opositores —concluía— eran producto de propagandistas comunistas que buscaban restarle legitimidad a su gobierno.¹⁶ Exiliados —a partir de sus propias experiencias o las de sus compatriotas— se encargaban de contradecir el cuadro de respeto a la vida, reconocimiento de las garantías ciudadanas y no violación de los derechos fundamentales que intentaba pintar Juan Vicente Gómez. Uno de ellos fue Luciano Mendible, abogado, militar y político, que, siendo diputado por el Estado de Guárico, se opuso al régimen iniciado por Gómez en 1908, oposición que lo llevó, primero, a la cárcel y, luego, al exilio en Colombia. En abril de 1928, días después del mensaje en el congreso, Mendible publicó una carta en diarios colombianos en la que, al tiempo que habló de innumerables ejecuciones clandestinas, sin dudarlo, caracterizó lo que se estaba viviendo en Venezuela como una “dictadura nefanda”. Igualmente, el exdiputado venezolano, intentando restarle peso a la etiqueta de comunista que Gómez le adjudicó a las protestas de 1928, aclaró la naturaleza del movimiento opositor y los variados grupos sociales que lo integraban: “No satisfecho haber aniquilado vida, intereses, libertad venezolanos, ahora los calumnia, llamando comunismo al movimiento de la sociedad entera, damas, estudiantes, foro, empleados de comercio, pueblo sacrificado que por instinto ya de conservación protesta”,¹⁷ señaló en un telegrama que envió desde Colombia. Pese a las constantes denuncias realizadas por los exiliados venezolanos y los reiterados levantamientos orquestados por figuras como Emilio Arévalo Cedeño y Juan Pablo Peñaloza desde territorios colombianos, Juan Vicente Gómez se mantuvo en el poder hasta su muerte —por problemas de salud—, en 1935. Durante ese largo período, —como detallaremos a continuación— los gobiernos colombianos debieron lidiar no solo con la presencia de conspiradores y caudillos venezolanos en espacios como Arauca y Norte de Santander, sino también manejar con suficiente tacto las relaciones diplomáticas con un actor clave en el mantenimiento de la unidad territorial colombiana: Juan Vicente Gómez.

De los problemas fronterizos y el sello oligárquico común

Los gobiernos que estuvieron al frente de la presidencia de Colombia durante gran parte de la dictadura de Juan Vicente Gómez fueron —en su mayoría— de orientación conservadora y compartieron con este político venezolano algunas formas de ejercer el poder. Desde el punto de vista simbólico, aunque no en la misma dimensión de Gómez, cuyo culto a Simón Bolívar fue constante durante sus veintisiete años en el poder ^{(Carrera 1983, 138)}, los gobiernos conservadores promovieron la imagen de Bolívar para reforzar una narrativa de retorno a la institucionalidad. Realmente, desde el ascenso de Rafael Núñez al poder, en 1880, se multiplicaron las publicaciones y celebraciones bolivarianas y la figura de Bolívar aparece una y otra vez en la prensa. Durante los gobiernos de la llamada Regeneración, la recuperación de la imagen de El libertador buscaba reafirmar la importancia del orden, el respeto a la religión católica, y, sobre todo, la imperiosa necesidad de una organización centralista del estado ^{(Melo 2008, 16)}. En nombre de la mística republicana, miembros de la generación del Centenario —un grupo de jóvenes con aspiraciones políticas y periodísticas que irrumpieron en la vida pública durante la conmemoración del primer centenario de la independencia— también hicieron de Venezuela un modelo a seguir en cuanto al culto a Bolívar ^{(Martínez 2006)}. Algunos de los intelectuales pertenecientes a esta generación, entre ellos Carlos Arturo Torres, consideraron que el culto a los héroes era “la más positiva forma de la religión de la Patria”, siendo El Libertador la figura más idónea “para los propósitos de la ejemplaridad y de la rememoración”. Desde esa perspectiva, veía con admiración las “brillantes iniciativos de Venezuela” de proyectar en la literatura histórica las acciones de los padres fundadores en las luchas por la independencia de la corona española ^{(Cobo‑Borda 1997, 185)}.

Los rasgos compartidos entre los gobiernos conservadores y algunas visiones políticas presentes en Juan Vicente Gómez fueron más allá de lo simbólico y se expresaron también en el uso desmedido de la violencia estatal. Al igual que buena parte de los regímenes oligárquicos que dominaron en Latinoamérica entre 1880 y 1930, varios de los gobiernos conservadores que dominaban a Colombia en las primeras décadas del siglo XX acudieron a la declaratoria de estados de sitio y la represión para frenar protestas y huelgas. En efecto, en enero de 1918, durante el mandato de Marco Fidel Suarez (1918‑1921), en nombre de la defensa de la propiedad privada, fuerzas del ejército dispararon de manera indiscriminada contra cientos de manifestantes que recorrieron las calles de Cartagena para reclamar viviendas y mejores condiciones laborales ^{(Flórez‑Bolívar 2015, 307)}. Diez años más tarde, en el marco de protestas de trabajadores en contra de la United Fruit Company en Ciénaga (Magdalena), el libreto seguido por el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926‑1930) sería el mismo: declaratoria del estado de sitio y disparos indiscriminados de las fuerzas armadas contra una multitud reclamando derechos laborales ^{(Archila y Torres 2009)}. Al igual que lo hiciera Juan Vicente Gómez, los gobiernos colombianos también visualizaron estas reclamaciones de derechos civiles y laborales como expresiones lideradas por agitadores socialistas y comunistas. De hecho, en 1928, antes de la Masacre de las bananeras, Miguel Abadía Méndez y sus ministros impulsaron la Ley de Defensa Social en la que, aparte de censuras a la prensa, tipificaron como delitos tanto las manifestaciones públicas de protesta como “el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad y la familia” ^{(Cajas 2020, 429)}. En uno de sus apartados, como lo recordó recientemente Maryluz Vallejo, también “decretó la expulsión de los extranjeros que difundieran doctrinas subversivas del orden público o interfirieran en los asuntos de política interna” ^{(2022, 43)}.

Estas formas simbólicas y prácticas de ejercer el poder se tradujeron en expresiones de admiración por parte de autoridades colombianas hacia Juan Vicente Gómez. El presidente Pedro Nel Ospina Vásquez, quien ejerció el poder entre 1922 y 1926, fue uno de los que ponderó en buenos términos la obra que el mandatario venezolano adelantaba en su país. En 1925, en un mensaje dirigido al gobierno y a los habitantes de Venezuela, aparte de enunciar la identidad de aspiraciones, la historia y los sacrificios compartidos por ambos países en el pasado, caracterizó a Gómez como el “conductor prestigioso de los destinos de ese pueblo”.¹⁸ Las expresiones de admiración allanaron el camino para la coordinación de acciones conjuntas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela con miras a controlar las situaciones de orden público que enfrentaban en su extensa frontera. Estas acciones se presentaron no solo a comienzos del gobierno de Gómez, cuando su mandato dio muestras de apertura política, sino también en la década del veinte, época en que ya era evidente el vestido dictatorial con el que este autócrata había arropado a Venezuela. En efecto, durante la administración del mencionado Pedro Nel Ospina, el Gobierno colombiano concedió permisos a las tropas venezolanas para que ingresaran a Cúcuta y Arauca y capturaran a quienes desde Colombia organizaban levantamientos e incursiones con pretensiones revolucionarias.¹⁹ Medios liberales —en su rol de defensores del ideario del partido opositor— cuestionaron estas acciones del gobierno colombiano. Al respecto, en 1920, El Liberal de Cartagena, tildaba de “lacayos” a varios presidentes colombianos por ceder ante la “vanidad de tiranos”, y mencionaba que varios generales, entre ellos uno de apellido Olivares, “fue apresado en Boyacá con el propósito siniestro de entregarlo maniatado a los esbirros de Juan Vicente Gómez”²⁰. El citado diario también rememoraba que Juan Pablo Peñaloza, “por órdenes de Bogotá, fue detenido y vejado aquí en Cartagena por el mismo delito de Olivares”.²¹ El mismo Peñaloza, en 1923, fue apresado nuevamente por la policía colombiana en la ciudad de Cúcuta, generando manifestaciones y voces de protesta entre los círculos liberales cucuteños ^{(Lara 2018, 81)}. Amparado en los movimientos políticos de países como Argentina, en los que el radicalismo estaba a la cabeza del gobierno, El Liberal consideraba que Colombia debía apoyar al pueblo venezolano en su lucha contra un “tirano que so pretexto de un progreso material inequívoco, estrangula todas las libertades individuales”.²² En el ajedrez geopolítico de este diario liberal, ‘salvada Venezuela’”, solo hacía falta que el Partido Conservador perdiera el poder en Colombia.²³ Al tiempo que estos diarios liberales imaginaban una Venezuela libre de dictadura, los gobiernos colombianos lidiaban con cuestiones fronterizas que ataron el destino de la unidad territorial de Colombia a un trato aún más diplomático con Juan Vicente Gómez. La primera de ellas guardaba relación con la definición de límites fronterizos entre Venezuela y Colombia en la Península de la Guajira, por un lado, y en el Orinoco, por el otro. En cuanto al territorio guajiro, según se deduce de los documentos de la legación colombiana en Caracas, ambas naciones se estaban disputando la jurisdicción de los caseríos de Puerto Libre y Miraflores, mientras en la Orinoquía los territorios en juego eran los correspondientes a las Islas de Ratón y Tiro.²⁴ En ambos casos, siguiendo la documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se evidencia el malestar de autoridades de este último país por el cruce de militares a territorio colombiano, el incontrolable contrabando y, en general, la violación de la soberanía por parte de Venezuela.²⁵ La segunda cuestión fronteriza en juego tenía que ver con la circulación de rumores separatistas en territorios santandereanos. En 1926, según informaron diarios colombianos, habitantes de este territorio, aupados por empresas petroleras estadounidenses, hablaron de la creación de la República del Zulia, la cual abarcaría la región de Maracaibo y el departamento del Santander del Norte.²⁶ Un discurso pronunciado por un simpatizante de esta idea de nombre José Rafael Anda, ante el Ministro de Guerra, revela que una de las motivaciones de los “separatistas” tenía que ver con la necesidad de mejorar la carretera central del norte y, al hacerlo, facilitar las conexiones de los territorios de ambas naciones. En su discurso, pronunciado el 26 de abril del año en mención, Anda conminó al ministro a que manifestara “ante el alto gobierno de que formáis parte dignamente que del superávit de las rentas debe dedicar la nación un millón de pesos para terminación de la vía”.²⁷ Aunque medios bogotanos desestimaron la aventura separatista nortesantandereana, en los círculos gubernamentales el trauma de la fragmentación territorial por la separación de Panamá seguía generando ansiedades. En efecto, para entonces, apenas cuatro años atrás Estados Unidos había empezado a desembolsar a Colombia parte de los 22 millones de dólares que se comprometió a pagar como indemnización por su participación en la separación de Panamá ^{(Lasso 2021)}. Y como se deducía de la ocupación que por estos años ejercía en Haití, el Gobierno estadounidense, en nombre del acceso a recursos o alegando protección de los intereses de sus ciudadanos, no dudaba a la hora de dar muestras de su voraz apetito imperial ^{(Casey 2017)}. Precisamente, desde la perspectiva de garantizar el acceso a recursos, particularmente petroleros, unir Maracaibo y Norte de Santander resultaba atractivo para los intereses norteamericanos; en el primer territorio, la Tropical Oil Company explotaba sus inmensas riquezas ^{(Vega‑Cantor, Núñez y Pereira 2009)}, mientras que en el segundo —desde 1919— la American Oil —compañía constituida por la Doherty de Pittsburgh, Pensilvania—, había obtenido los derechos de la Concesión Barco, la cual ocupaba la totalidad de la franja norte del citado departamento, al noroccidente de Cúcuta, precisamente, frente a los pozos de Maracaibo ^{(Bell [1921] 2012)}. A la definición de límites fronterizos con Venezuela y las ansiedades producidas por rumores separatistas con intereses estadounidenses de por medio, se le sumaban tensiones diplomáticas con Ecuador. El origen de las mismas fue la celebración del Tratado Salomón‑Lozano de límites y navegación fluvial entre Colombia y Perú el 24 de marzo de 1922. A través del citado tratado, firmado en un contexto marcado por el auge de las caucherías en el Amazonas, el Gobierno peruano cedió a Colombia la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas conocida como el Trapecio de Leticia, mientras que Colombia cedió al Perú el Triángulo San Miguel de Sucumbíos ^{(Ojeda‑Pérez, Aldana‑Padilla y Bohórquez 2022)}. Este tratado, ratificado por Colombia en 1925 y por Perú dos años más tarde, fue considerado por Ecuador como una traición, porque este último país, a través del tratado Muñoz Vernaza‑Suárez, había cedido el Triángulo de Sucumbíos a Colombia en 1916. El gobierno ecuatoriano, apenas se hizo público el contenido del Tratado Salomón‑Lozano, manifestó su oposición a lo acordado y declaró la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia ^{(Guhl [1991] 2020, 278)}.

En el marco de este conjunto de diferendos fronterizos, Venezuela se convirtió en un actor esencial para el gobierno colombiano y, por extensión, para los intereses territoriales de la nación. La situación de la Península de la Guajira y la Orinoquía, al estar en juego también su soberanía fronteriza, lo involucraba directamente, al tiempo que, en el tema de la República del Zulia, Venezuela era un gran aliado: la proyectada república, al incorporar a Maracaibo en su territorio, privaba a Venezuela de los cuantiosos recursos petroleros de esa región. Y, en el contexto de los problemas con Ecuador por la firma y ratificación del Tratado Salomón‑Lozano, Venezuela —en nombre del ideal de unión de los tres países que otrora dieron forma a la Gran Colombia— fungía como indiscutible mediador. El pragmatismo diplomático al que acudieron los gobiernos conservadores frente a la dictadura de Juan Vicente Gómez, a juzgar por los resultados obtenidos en medio de los convulsos problemas fronterizos mencionados, resultó ser una carta bien jugada. De hecho, ante la definición de los límites fronterizos en la Península de la Guajira y en la Orinoquía, Colombia y Venezuela acordaron en 1927 la conformación de una comisión mixta a la que se le encargó amojonar sobre el terreno las demarcaciones que pusieron fin a las desavenencias limítrofes existentes. Frente a las iniciativas separatistas alimentadas por las dificultades de comunicación entre Norte de Santander y territorio venezolano, los ingentes recursos petroleros administrados a sus anchas por el régimen de Gómez fueron útiles para acelerar la finalización e inauguración del Puente Unión (1926) y el Puente Internacional Bolívar (1927). Gómez, a petición del Gobierno colombiano y en nombre del desarrollo comercial, a través del primer puente, logró la unión de las dos vías férreas nacionales entre Puerto Santander y Orope. Bajo esta misma premisa de pragmatismo binacional, la entrada en operación del Puente Bolívar sobre el río Táchira fue crucial para facilitar la comunicación entre las ciudades de San Antonio y San Cristóbal —Venezuela— y las de San José de Cúcuta y Villa del Rosario —Colombia— ^{(Andrade 2017, 34)}. La inauguración de ambos puentes en la década del veinte, entonces, dotó de mayor vitalidad la movilidad de personas y, por extensión, los históricos intercambios comerciales entre los territorios de ambos países.

Fuente: República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Legación de Colombia en Venezuela, Caracas, 1 de julio de 1927.

Figura 2. Puente Internacional Bolívar 

La reanudación de las relaciones entre Colombia y Ecuador, a través de la mediación de Venezuela, precisamente, estaban proyectadas para retomarse en el marco de la inauguración del Puente Internacional Bolívar en julio de 1927. Funcionarios venezolanos lo consideraron como el momento oportuno porque, aparte de coincidir con el aniversario del natalicio de Simón Bolívar —24 de julio—, era una forma de proyectar la unión entre tres países que hicieron parte del sueño grancolombiano del Libertador.²⁸ Sin embargo, a la luz de trabajos previos, se sabe que tal reanudación no tuvo lugar en esa fecha ^{(Guhl [1991] 2020, 279)}. Cinco años más tarde, un grupo de peruanos —inconformes también con las repercusiones del Tratado Salomón‑Lozano para su país— ocupó por la fuerza las dependencias de la representación colombiana en Leticia, retiraron la bandera de Colombia y en su lugar ondearon la del Perú ^{(Niño 2013, 75)}. El gobierno colombiano, liderado ahora por el liberal Enrique Olaya Herrera, concentró sus esfuerzos militares y diplomáticos en superar el conflicto colombo‑peruano. Tras el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro a manos de un militante aprista, ambas naciones firmaron un armisticio en el que se acordó que una comisión de la Sociedad de Naciones ejerciera tutelaje sobre Leticia. El citado tutelaje inició el 25 de junio de 1933 y se extendió hasta el 18 de mayo de 1934, año en el que —con la mediación de Brasil— se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, acuerdo que reconoció la soberanía colombiana sobre Leticia y el respeto de los límites establecidos en el Tratado Salomón‑Lozano ^{(Niño 2013, 75)}. Un año y medio después, concretamente el 17 de diciembre de 1935, murió Juan Vicente Gómez e inició en Venezuela lo que se conoce como la República Liberal Autocrática (1935‑1945).

Conclusión

El estudio de las posiciones asumidas por los gobiernos colombianos frente a la dictadura de Juan Vicente Gómez, a través de la perspectiva de historias conectadas, nos ha permitido mostrar procesos políticos y fronterizos compartidos por Venezuela y Colombia durante las cuatro primeras décadas del siglo XX. Los históricos vínculos existentes entre ambas naciones, así como la extensa frontera que los divide y une a la vez, fueron definitivos para que opositores, caudillos y revolucionarios venezolanos se ubicaran en territorios de Arauca y Norte de Santander. Desde estos espacios, al tiempo que lanzaron proclamas y dejaron testimonios denunciando el carácter dictatorial que Gómez le imprimió a su mandato, integrantes de las fuerzas antigomecistas orquestaron insurrecciones armadas con miras a ponerle fin y encauzar el país por el sendero republicano. Los gobiernos colombianos, en este contexto, coordinaron acciones con las autoridades venezolanas para capturar a los líderes de los alzados en armas y, al hacerlo, contribuyeron a reprimir las insurrecciones. Además, durante los mandatos de José Vicente Concha, Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez, ambas naciones aunaron esfuerzos para llevar a cabo obras de infraestructuras — construcción de puentes, por ejemplo— claves para la movilidad y el comercio en la frontera colombo‑venezolana. El sello oligárquico de los gobiernos conservadores que dominaron en Colombia durante buena parte de la dictadura de Juan Vicente Gómez es clave para comprender esta actitud de los mandatarios colombianos. En nombre del establecimiento del orden, marca registrada de los regímenes oligárquicos presentes en Latinoamérica durante el tránsito del siglo XIX al XX, toleraban el uso desmedido de la violencia por parte de los Estados. Bajo este lente, las acciones de los antigomecistas, en vez de ser visualizadas como estrategias destinadas a defender los principios republicanos, eran reducidas a intentos de propagandistas, bandoleros o malhechores interesados en implantar el comunismo en Venezuela. Problemas fronterizos afrontados por Colombia en los años veinte también fueron definitivos en las relaciones diplomáticas cordiales que el gobierno colombiano mantuvo con Juan Vicente Gómez en la fase más represiva de su dictadura. En medio de las ansiedades fronterizas generadas por rumores separatistas en Norte de Santander, ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador y definición de límites con la misma Venezuela en la Península de la Guajira y la Orinoquía, el Gobierno colombiano vio en Gómez un aliado diplomático para evitar una nueva fragmentación de la unidad territorial de la nación.