Introducción

En marzo de 1930, los residentes del barrio Santa Rosa escribieron al Concejo solicitando que se retractara de su decisión de trasladar el Dispensario Venéreo Municipal (en adelante el DVM) a su barrio. En respuesta a la solicitud del director de la Unidad Sanitaria de Cali, Alejandro Zea Rocha, para que el Concejo trasladara el dispensario, los suscritos pidieron que permaneciera en El Calvario, donde había estado desde que la clínica abrió sus puertas en 1918.¹ Los firmantes argumentaron que la decisión del ayuntamiento de poner el dispensario entre “familias honorables y respetables” amenazaba la moralidad y el bienestar de su barrio. Según ellos, El Calvario era el barrio ideal para el dispensario porque, junto con lugares de Sucre, albergaba desde hacía ya años la zona de tolerancia.² En su carta, los que se opusieron al traslado de la clínica distinguían entre El Calvario/Sucre y Santa Rosa. El último de estos, un barrio situado entre las zonas de tolerancia decretadas y el centro de Cali.³ En los siguientes meses, el Concejo recibió varias peticiones que hacían eco de las preocupaciones plasmadas en la petición antes citada. Los autores ampliaron sus argumentos incluyendo una lista detallada de quejas, recordando al Concejo que el traslado del dispensario amenazaba los intereses económicos, morales y sociales de su barrio. Para los firmantes, si las autoridades los obligaban a relacionarse con las mujeres que solicitaban los servicios del dispensario, el Concejo violaría sus derechos y socavaría “su sentido de decencia”. Antes de perder su “honor”, un grupo de peticionarios prometió abandonar sus propiedades y marcharse de Santa Rosa, alegando que les sería imposible quedarse si se les obligaba “a vivir con indeseables”.⁴

Frente a los intentos oficiales por reglamentar la prostitución, el Concejo recogió dos tipos de peticiones. Las primeras iniciadas por los vecinos que pedían proteger la moralidad de su barrio, controlar cuidadosamente a las trabajadoras sexuales o mujeres públicas⁵ e inspeccionar cantinas y prostíbulos establecimientos asociados a la vida nocturna, los espacios de ocio y el comercio sexual de Cali.⁶ Pedían a las autoridades que restringieran la circulación de las mujeres públicas y las actividades relacionadas con el comercio sexual a zonas designadas de la ciudad, castigando cualquier “comportamiento indisciplinado y escandaloso”.⁷ Aunque para algunos miembros de la comunidad, las autoridades municipales, y los agentes de policía, las mujeres públicas eran sujetos sin derechos y sin voz, retratadas como sujetos peligrosos que amenazaban la moral y la salud ciudadana, algunas de ellas desafiaron su exclusión, denunciaron abusos por parte de las autoridades sanitarias y policiales y retaron la negación de sus derechos. Estas demandas constituyen el segundo conjunto de peticiones aquí analizadas.

En sus cartas y memoriales, las mujeres públicas respondieron a las políticas municipales que les afectaban. Utilizaban los términos “ciudadanas/derechos” en sus peticiones, en una época en la que las mujeres no poseían el derecho al voto, estaban en gran parte excluidas de la política, y eran imaginadas por la mayoría como pertenecientes a dos categorías opuestas, madre/esposa/ángeles del hogar bajo la tutela de un hombre, o “Evas pecadoras” destinadas a satisfacer los deseos masculinos ^{(Reyes-Cárdenas 2002, 219)}.⁸ Las mujeres que se dedicaban al comercio sexual utilizaban y definían sus derechos y ciudadanía de formas similares a las que explora Frederick Cooper ⁽²⁰¹⁸⁾. Para ellas, la ciudadanía era algo más que un “estatus común”; era “un marco para el debate y lucha sobre la relación de pertenencia política” ^{(Cooper 2018, 5)}. Un marco que les permitía, a ellas y a otros miembros de esta comunidad, hacer denuncias, defender sus derechos, y plantear exigencias frente al Estado.

Además de entender la ciudadanía como un marco que permite luchar por, debatir o negociar la pertenencia política, este trabajo aborda el análisis de las peticiones enviadas como ventanas que permiten rastrear, así sea de manera parcial, tanto las narrativas como los imaginarios de algunos caleños frente al tema de la prostitución. Parte de la propuesta conceptual de Charles Taylor de definir los imaginarios sociales como “las formas en que las personas imaginan su existencia social, cómo encajan con los demás, cómo suceden las cosas entre ellos y sus semejantes, las expectativas que normalmente se cumplen y las nociones normativas e imágenes más profundas que subyacen a estas expectativas” ^{(Taylor 2004, 23)}. Al hacerlo, rastrea los imaginarios que ayudaron a los caleños a determinar quién podía o no ser miembro de la comunidad y argumenta que estos crearon diferentes narrativas que les permitieron enmarcar y entender el comercio sexual, las mujeres públicas, la ciudadanía, la salud, la moralidad y el honor en su ciudad.

La socióloga Margaret Somers habla de cómo la creación de narrativas permite que los actores sociales conozcan, comprendan, y den sentido a su mundo. Las narrativas “constituyen nuestras identidades sociales”, ya que son, al menos en parte, “el resultado de muchas líneas narrativas relacionales y transversales en las que los actores sociales se encuentran o localizan a sí mismos” ^{(Somers 1994, 605-649)}. Esta definición, empleada como marco interpretativo para el caso de Cali, nos permite entender que cada grupo de peticionarios definió la ciudadanía y defendió la reivindicación de sus derechos, a veces retomando y otras retando los imaginarios sociales y las narrativas dominantes en su entorno.

La decisión de regular el comercio sexual en Cali fue fundamental para los procesos de formación del estado local, para la implementación de políticas de salud pública relacionadas con el control de la propagación de enfermedades venéreas, la estigmatización de las mujeres que se dedicaban al comercio sexual, así como a la reproducción de discursos de honor, respetabilidad y moralidad. La reglamentación en las ciudades latinoamericanas siguió el modelo de las ciudades europeas del siglo XIX. Este modelo se basó en el uso de dispensarios médicos, zonas de tolerancia obligatorias y sanciones legales a las mujeres que no se adhirieran a los intentos reguladores del gobierno contribuyeron a crear una cartografía simbólica y literal del espacio de la ciudad, que distinguía entre los barrios y las calles de la ciudad etiquetados como lugares naturales para el vicio, y los espacios higiénicos y morales donde vivían las familias “honorables y decentes” ^{(Bliss 2001)}; ^{(Fierros 2023, 95-129)}. La preocupación oficial por alcanzar la modernización a través de la implementación de programas de higiene y legislación sanitaria y los debates sobre los efectos del comercio sexual sobre sociedad desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX fueron lugares comunes en las discusiones oficiales a nivel local, regional, y nacional. Varias ciudades colombianas optaron por regular la prostitución, estableciendo mecanismos para frenar o disminuir la incidencia de las enfermedades venéreas durante las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX ^{(Hering 2018)}.⁹

Desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del XX, otras ciudades latinoamericanas igualmente se esforzaron por reducir las tasas de infecciones venéreas. Esta cuestión se convirtió en un punto de controversia, ya que los funcionarios intentaron abordar lo que consideraban eran las consecuencias morales y sociales del comercio sexual. Para el Perú, el historiador Paulo Drinot ha analizado los debates y los esfuerzos por regular o abolir la prostitución en Lima. Demuestra que, a principios del siglo XX, aquellos que apoyaron la regulación hacían hincapié en la importancia de controlar la propagación de enfermedades venéreas mediante la vigilancia médica de las prostitutas. La regulación condujo al establecimiento de una zona de tolerancia en Lima y a lo que Drinot llama la “medicalización del pecado” ^{(2020, 37)}. En esta ciudad, como en otras urbes Latinoamericanas de la época, la prostitución se convirtió en una preocupación para médicos, abogados y políticos, quienes aspiraban a regular los comportamientos y proteger la salud de los individuos y de la nación.

Para el caso de la ciudad de México, las investigadoras Katherine Bliss ⁽²⁰⁰¹⁾, Pamela Fuentes ⁽²⁰¹⁵⁾ y Odette Rojas ⁽²⁰¹⁶⁾ han investigado los debates en torno a la prostitución, el control del contagio venéreo, la vida nocturna, los espacios de ocio, y los diferentes actores sociales que participaron en el comercio sexual en la capital mexicana. Por ejemplo, Rojas rastrea los discursos médicos, legales, criminológicos, y “profanos” ---aquellos que no tuvieron fines científicos y que circularon de forma masiva--^{(2016, 51)}. Estos discursos vincularon el consumo de alcohol con lugares de ocio nocturno, la prostitución, y el crimen, denominando estos espacios, así como aquellos que los frecuentaban como moralmente peligrosos.

Para Argentina, se encuentran varios trabajos que han indagado sobre el trabajo sexual como problema histórico, el control de las enfermedades venéreas, la criminalización del contagio venéreo como política pública, la reglamentación de este oficio, y los debates médicos y legales que ayudaron a enmarcar estas políticas ^{(Guy 1991)}. Recientemente, Patricio Simonetto ⁽²⁰¹⁹⁾, examinó el comercio sexual en Argentina durante el siglo XX, visto desde las diversas formas de “vender, comprar, y mediar sexo”. Rastreó este comercio siguiendo las trayectorias y perfiles sociales de quienes participaron en este negocio después de que el estado argentino abolió “el régimen de burdeles patentados” ^{(Simonetto 2019, 17)}. Cristiana Schettini explora los conflictos y tensiones que se gestaron entre las autoridades en Buenos Aires y los dueños de diversos establecimientos como cigarrerías, cafés, fondas y bodegones a partir de la ordenanza municipal de 1875, la cual intentó regular las casas de prostitución en la cuidad ⁽²⁰¹⁶⁾. Carolina Biernat, por otro lado, investiga el marco jurídico-legal bajo el cual hombres que padecieron de enfermedades de transmisión sexual apelaron a la justicia a partir de la ley que criminalizó en la provincia de Buenos Aires el contagio venéreo. A partir del uso y análisis de expedientes judiciales, indaga como estos enfermos y ciudadanos entendieron las ideas de salud y justicia, logrando una mirada en la que el enfoque son los pacientes y sus saberes y no los médicos, funcionarios, o agentes estatales ⁽²⁰¹⁸⁾.

Para Cali, el trabajo de Laura Ávila ⁽²⁰¹²⁾ demostró que la decisión del municipio de regular el comercio sexual llevó a la implementación de múltiples mecanismos de control.¹⁰ La decisión del municipio de regular la prostitución y crear el dispensario en 1918 fue parte de las tendencias hemisféricas que buscaron la medicalización de las sociedades latinoamericanas, o el uso generalizado de metáforas biológicas y médicas para “organizar la forma en que se imaginaban las naciones y los estados modernos”, como proponen los historiadores de la medicina y de la enfermedad Marcos Cueto y Steven Palmer ^{(2014, 2)}.

Este artículo reconoce las deudas, tanto conceptuales como metodológicas, con quienes trabajan la historia de la prostitución en otros países y reconoce en el ámbito local la deuda con el trabajo de Laura Ávila ⁽²⁰¹²⁾, Luz Nañez-Muñoz y Paola Lenis-Castillo ⁽²⁰⁰⁹⁾ y Andrés Felipe Castañeda-Morales ⁽²⁰¹⁵⁾ sobre la prostitución y la vida nocturna en Cali. Aporta al debate rastreando las tensiones y negociaciones que se dieron entre residentes y mujeres que ejercieron la prostitución en las peticiones enviadas al Concejo, como también las demandas hechas por estos grupos antes las autoridades en contextos de reglamentación.

Todos los grupos sociales que enviaron peticiones coincidían en el papel que atribuían al Estado. Para ellos, estaba claro que el Estado tenía la responsabilidad de considerar sus quejas y tratar de resolver sus problemas. Al replantear el análisis del comercio sexual en Cali, alejándolo de las políticas, los debates médicos y legales, y los decretos relativos a la regulación de la prostitución, esta investigación centra las voces de la comunidad mientras debatían sobre cómo las políticas locales impactaban sus vidas.

Las tensiones comunitarias que surgieron bajo el paradigma de la reglamentación se tramitaron en varios escenarios. Estos incluyeron debates legales y médicos, decretos aprobados por el gobierno de la ciudad, políticas para contrarrestar la propagación de enfermedades venéreas, artículos periodísticos y peticiones enviadas por varios miembros de la comunidad al Concejo. Este último escenario el de las peticiones locales ha sido objeto de renovados análisis históricos por parte de historiadores sociales y de la América Latina urbana de los siglos XIX y XX.¹¹ Los privilegios y beneficios que los caleños reclamaron en sus peticiones dan fe de negociaciones cotidianas, lo que la historiadora Christina Jiménez denomina “politiquería del día a día” ^{(2019, 23)}.

Este artículo plantea el análisis en cuatro partes. La primera presenta el contexto histórico de Cali, una ciudad en proceso de expansión demográfica y modernización a mediados del siglo veinte. La segunda y tercera analiza el lenguaje en peticiones enviadas por mujeres públicas y residentes de la ciudad en respuesta a cambios en el ordenamiento de las zonas de tolerancia, como también las quejas y los reclamos de diferentes actores involucrados en la regulación del oficio. En la cuarta, concluye con una invitación a reflexionar sobre el papel de los imaginarios locales, los discursos sobre ciudadanía, y las narrativas que se produjeron en torno a la reglamentación de la prostitución en Cali.

Cali: impulso modernizante, higiene y la reglamentación de la prostitución

A lo largo del siglo XX, Cali se convirtió en una de las ciudades más grandes e importantes de Colombia. Fundada en 1536, durante la mayor parte de su historia fue una ciudad de paso para los viajeros y el comercio entre Bogotá y Popayán. Esto cambió durante las primeras décadas del siglo XX, en gran parte debido a la proximidad de la ciudad a Buenaventura y a una nueva conexión ferroviaria con este puerto. Con la apertura del Canal de Panamá, la consolidación de una élite política y económica que aspiraba a modernizar su ciudad, la industrialización y expansión de la producción de caña de azúcar y la participación de Cali en el procesamiento y comercialización del café, influyeron en el rápido crecimiento de la ciudad entre 1900 y 1950 ^{(Cagüeñas-Rozo et al. 2013, 45-90)}.

La expansión de la ciudad coincidió con el ascenso de una nueva élite agrícola y comercial que rápidamente adquirió poder político. Esta buscó afirmar su autonomía frente a Popayán promoviendo la creación de un nuevo departamento político administrativo en 1910 ^{(Sáenz y Rodríguez-Caporalli 2018)}. A medida que Cali se expandía, atraía inmigrantes de las zonas rurales circundantes, de otros departamentos como Cauca, Nariño y Caldas, y de algunas naciones extranjeras. Cali era, por tanto, una ciudad con una composición demográfica diversa ^{(UrreaGiraldo 2012)}. Las transformaciones sociales, políticas y económicas que acompañaron el crecimiento demográfico y físico de la ciudad incluyeron la formación y consolidación de una élite agrícola y comercial cuyo propósito era modernizar la ciudad; la expansión y el abandono gradual del trazado colonial tradicional de Cali; y la expansión de obras y servicios públicos, como la construcción de un acueducto municipal en 1928 y una planta de tratamiento de aguas en 1930.¹²

De manera similar a otras ciudades colombianas, la higiene y el saneamiento se convirtieron en una preocupación central entre las élites Caleñas.¹³ La idea de que los programas de higiene y saneamiento redundarían en la mejora del elemento humano, tanto para la ciudad como para la nación, fue ampliamente mencionada en los debates de la época ^{(Jalil 2015)}; ^{(Muñoz 2022)}. Los funcionarios de salud y saneamiento de Cali elaboraron sobre la necesidad de redimir y defender a la población obrera y pobre de la ciudad, señalando en un informe que “la higiene como la nueva ciencia experimental con resultados prácticos... debe prevenir las enfermedades y tener como objetivo principal la defensa del capital humano”.¹⁴

Los datos demográficos disponibles en los censos de 1918, 1928 y 1938 proporcionan pistas sobre la composición racial y étnica de Cali ^{(Urrea-Giraldo 2012)}.¹⁵ Históricamente, el perfil étnico y racial de la ciudad ha estado estrechamente ligado a la presencia de pueblos afrodescendientes y mestizos desde la época colonial hasta el siglo XX.¹⁶ En el censo de 1918, el último en el que se registraron datos etnorraciales, las categorías de negro, indígena, mestizo y “sin especificar” incluían aproximadamente el 70 % de la población total de la ciudad; los negros y mestizos representaban algo más del 60 %.¹⁷ A pesar de un proceso gradual de “blanqueamiento” que se produjo con la llegada de migrantes del norte del Valle del Cauca durante las décadas de 1940 y 1950, Cali siguió siendo una ciudad diversa, como se señala en la obra del sociólogo Fernando Urrea-Giraldo ⁽²⁰¹²⁾.

Entre 1918 y 1951, los datos del censo muestran un aumento de la población de la ciudad de 45 525 habitantes en 1918 a 284 186 en 1951. La afluencia de inmigrantes procedentes del campo y de ciudades más pequeñas a centros regionales como Cali, junto con un descenso moderado de las tasas de mortalidad de la ciudad, ligado a la creación del acueducto municipal y a la extensión gradual de los servicios de alcantarillado a los diferentes barrios, ayudan a explicar el aumento poblacional.

Desde las primeras décadas del siglo XX, las autoridades municipales preocupadas por la organización de la ciudad desarrollaron un aparato burocrático para modernizar y ampliar las administraciones sanitarias y de higiene. A medida que Cali cambiaba y crecía, los habitantes se enfrentaban a los efectos de estas transformaciones expresando algunas de sus quejas, opiniones y deseos mediante la presentación de peticiones que enviaban al Concejo.¹⁸

En 1917, el Dr. Carlos Borrero Sinisterra, uno de los médicos más notables de la cuidad, argumentó que la regulación de la prostitución era un asunto estrechamente ligado a la protección de la salud ciudadana. Apeló a los crecientes casos de infecciones venéreas, haciendo hincapié en la urgente necesidad de regular el comercio sexual y uniéndose a una multitud de médicos, intelectuales, y pensadores que señalaron a las prostitutas como la principal fuente de enfermedades venéreas y el peligro moral. Dirigiéndose al Concejo, el Dr. Borrero Sinisterra preguntó si la sociedad tenía derecho a regular la prostitución, respondiendo con un sí rotundo.¹⁹ Sinisterra y otros reformistas que se adhirieron a un enfoque regulador reconocieron que la prohibición era imposible.

Tras la creación del DVM en 1918, las mujeres que ejercían la prostitución tenían que registrarse en la junta local de saneamiento, someterse a exámenes semanales y llevar cartillas de salud o certificados sanitarios ^{(Ávila 2012)}. En Cali, en las tres primeras décadas del siglo XX, las autoridades crearon un marco médico y legal que formaba parte de lo que los historiadores Steven Palmer y Marcos Cueto han llamado el “estado sanitario” ^{(Cueto y Palmer 2014)}.²⁰ Bajo este, se buscó regular el trabajo sexual, registrar a las mujeres públicas y los burdeles, otorgar certificados médicos, establecer zonas de tolerancia e inspeccionar médicamente los cuerpos de las prostitutas. En sus nuevas funciones reguladoras, los médicos municipales, los inspectores sanitarios, los agentes de policía y los funcionarios públicos intentaron controlar el sexo comercial, aunque en realidad la capacidad oficial fuera limitada. La regulación efectiva fue una quimera, ya que esta regulación no daba ni podía dar cuenta del trabajo sexual clandestino ni de las mujeres que veían en el trabajo sexual ocasional un complemento a otras actividades económicas.

Los debates públicos y la implementación de medidas para regular la prostitución en Cali fueron parte de discusiones más amplias sobre la regulación, la politización del ocio, el placer y la enfermedad. Debates con dimensiones transnacionales en las que se gestaron redes de intercambio de conocimientos entre médicos, higienistas, activistas y funcionarios públicos. En Colombia, las juntas nacionales y regionales de higiene enviaron delegados a las conferencias sanitarias internacionales, como las organizadas por la Oficina Sanitaria Panamericana. Su participación en estas conferencias ilustra la creciente importancia de las iniciativas internacionales de higiene y la preocupación unificada de las naciones latinoamericanas por frenar la propagación de enfermedades contagiosas. Ejemplo de esta preocupación fue la aprobación, firma y ratificación del Código Sanitario Panamericano de 1924 por todas las repúblicas latinoamericanas ^{(Cueto y Palmer 2014, 126-128)}. La aplicación eficaz de las campañas de higiene y control de epidemias demostraba la capacidad estatal para garantizar la salud de la población y mostrar sus esfuerzos de modernización; por el contrario, los fracasos manchaban las imágenes de modernidad que los estados pretendían transmitir.

La mayoría de las mujeres que ejercían la prostitución en Cali llegaban de otros municipios del Valle del Cauca, de otros departamentos como Cauca, Tolima, Caldas o Antioquia, y algunas eran extranjeras.²¹ Los informes mensuales presentados por los directores médicos del dispensario confirman estos patrones. Además, algunos de estos informes proporcionan estadísticas sobre el número de mujeres públicas que se registraron a través del dispensario, recibieron certificados médicos de salud, fueron diagnosticadas con infecciones venéreas y recibieron tratamiento.²²

Algunas podían entrar y salir del registro municipal de mujeres públicas, si demostraban ante la alcaldía y la inspección de policía que ya no ejercían la prostitución y aportaban declaraciones juradas firmadas por tres testigos que dieran fe de su condición de mujeres honorables ^{(Ávila 2012, 186)}.²³ Además del establecimiento del DVM de la ciudad, creado principalmente para contrarrestar el aumento de las infecciones venéreas, los funcionarios crearon zonas oficiales de tolerancia. Entre 1928 y 1931, los concejales debatieron sobre dónde establecer estas zonas para mujeres públicas, burdeles y cantinas. Sin embargo, a pesar de los intentos oficiales de circunscribir el comercio sexual a ciertas áreas, éste existía más allá de las zonas asignadas y funcionaba en todo el centro de Cali ^{(Ávila 2012, 184)}.²⁴

“Frente a una avalancha de inmoralidad”: la definición y la disputa de los derechos y la pertenencia social

Las peticiones enviadas por los residentes de la ciudad al Concejo adoptaron diversas posturas frente al comercio sexual, que podían vincular intereses individuales o comunitarios. Algunos pretendían excluir a las mujeres públicas de sus barrios, utilizando un lenguaje que reflejaba juicios basados en la reivindicación de su honor y en el peligro moral que estas representaban. Aunque estas peticiones pretendían reafirmar el control de la comunidad sobre las mujeres públicas, algunas de ellas se opusieron. Haciendo uso de su derecho a presentar peticiones a las autoridades locales, escribieron al Concejo cuestionando las definiciones de ciudadanía y pertenencia que justificaban su exclusión. Estas mujeres entendían que su derecho de petición estaba vinculado a su condición de ciudadanas, y que por ello pertenecían intrínsecamente a la nación. Aunque ellas reconocían su posición precaria en una sociedad en la que las definiciones de moralidad, honorabilidad y las normas sexuales ampliamente aceptadas las excluían, afirmaban en sus peticiones que tenían derecho a interpelar las autoridades locales y buscar reparación. Algunas de ellas definieron la ciudadanía como algo que nadie podía quitarles o negarles basándose en juicios morales o reclamaciones de honorabilidad. El siguiente conjunto de peticiones ilustra este último punto.

En julio de 1928, el alcalde de Cali decretó nuevas medidas para “preservar la moralidad pública”. Este decreto redibujó los límites espaciales de la antigua zona de tolerancia, incluyendo nuevas calles a la misma, e impulsó la reubicación de algunos burdeles, cantinas y residencias que quedarían fuera de las zonas ordenadas por el decreto.²⁵ Al cabo de unos meses, los concejales empezaron a recibir peticiones que reflejaban las distintas respuestas de parte de la comunidad al decreto. En noviembre de 1929, un grupo de residentes de Santa Rosa escribió para quejarse de lo que describían como una situación “insoportable”. Según ellos, desde la aprobación del decreto, los “vecinos honrados” habían sido “abandonados por las autoridades”.²⁶ Se quejaban de que la policía ofrecía poca ayuda para hacer frente a “la avalancha de inmoralidad” que se enfrentaba a “todos los sentimientos morales o cristianos”. Los firmantes se presentaban como víctimas de la “indiferencia criminal” del Concejo. Para ellos, era deber de éste defender su honor, algo que, según argumentaban, se veía perjudicado por su proximidad espacial a mujeres públicas “de mala reputación”. Argumentaban que su pobreza no disminuía su honor ni su decencia, pues, aunque carecieran de riqueza material, su mérito y honorabilidad no se podría “poner en duda”.²⁷

Meses después, el Concejo recibió una petición similar, expresando su preocupación por la creación de una zona de tolerancia. Esta vez enviada por la junta de vecinos del barrio San Fernando. A diferencia de los residentes de Santa Rosa, que se quejaban de que se les obligaba a vivir cerca del vicio y la inmoralidad, los residentes de San Fernando, cuyo barrio estaba a varios kilómetros del centro de la ciudad, donde se encontraba la zona de tolerancia, presentaron otras quejas. Argumentando que sus hijos se veían obligados a ver actos “inmorales y depravados” rumbo a la escuela, se quejaban de que la “presencia de mujeres públicas en la ruta escolar de sus hijos los exponía a los elementos corrosivos del vicio”. Según estos escritores, la exposición a actos inmorales y la presencia estas mujeres en el espacio público corrompería las mentes “jóvenes e impresionables” de sus hijos.²⁸ Tanto para los residentes de Santa Rosa como para los de San Fernando, las mujeres públicas, los burdeles y la sanción gubernamental de la prostitución les dejaban expuestos a la corrupción moral, amenazando a familias honorables y a niños inocentes. Las peticiones que denunciaban los “elementos corruptores del vicio” tenían en común expresiones de indignación moral y peligro, así como el uso de narrativas que excluían a las mujeres que ejercían este oficio.

En respuesta, a las peticiones de los vecinos del barrio San Fernando, un grupo de siete mujeres se dirigió al Concejo. En el documento enviado pedían que este detuviera el traslado de sus residencias y citaban las peticiones anteriores que apoyaban el traslado obligatorio de sus viviendas como actos de injusticia social. Se identificaron como “mujeres solteras, mayores de edad, y vecinas de esta ciudad”, quienes se dirigían a la corporación “en ejercicio del derecho de petición y en demanda de un poco de justicia social”. Decían que, aunque los vecinos del barrio San Fernando alegaban “razones de moral” frente a los escándalos que sus hijos debían enfrentar, ellas no entendían a que se referían los residentes de este barrio ya que, “vosotros sabéis bien que todo escandalo es aquí castigado severamente y si nosotros causáramos alguno, el seria castigado con mayor severidad, tal es el fin de las autoridades de policía en defensa de la sociedad”. No podían entonces acusárseles de propiciar escándalos ya que, aparte de no ser cierto, si lo fuera serian castigadas por la policía.

Afirmaban ser víctimas de un odio injustificado. Añadían a su lista de agravios que si bien vivían en “condición de parias” no era razón para que se les tratase como “bestias o seres inferiores” a quienes se les violaba y negaban los “derechos y garantías establecidos en la constitución nacional”.²⁹ Aunque eran conscientes de su estatus en una sociedad que las trataba como seres proscritos, les negaban el acceso a ciertos privilegios, las trataban como una amenaza para la moralidad pública y, en ocasiones, desconocían su humanidad, ellas afirmaban su derecho a ser tratadas con justicia, y a reclamar sus derechos frente a las autoridades. Acusaron al alcalde, quien decretó el traslado de sus viviendas, de ignorar sus peticiones, argumentando que, “en la alcaldía no somos oídas de forma alguna [...] solo obtenemos una risa sarcástica o inhumana del alcalde propio de quien tiene de la vida un concepto que no está acorde con el momento que vivimos a estas alturas del siglo XX y quien tiene de la moralidad una idea excesivamente medieval”.³⁰ Concluyeron pidiendo al Concejo que suspendiera los efectos de la resolución que decreto su traslado, evitando así “injusticias, amenazas e ilegalidades”. Estas mujeres desafiaron los discursos que las excluían como sujetos de derecho, argumentaron que los funcionarios municipales tenían la obligación de escuchar sus peticiones y reconocer su humanidad intrínseca, y apelaron a valores cristianos que deberían ser contrarios a “tanta injusticia e inequidad”.

En desacuerdo con otros grupos que reclamaban superioridad moral y social sobre ellas, estas mujeres intentaron mejorar su situación y contrarrestar los discursos públicos que las excluían y les negaban el acceso a sus derechos. Para las peticionarias, aunque su trabajo supusiera un mayor escrutinio oficial, o las sometiera al estigma y el rechazo de otros residentes, esto no negaba su humanidad, ni les quitaba sus derechos, o sus valores cristianos, que trascendían los juicios morales o el escrutinio legal y médico del Estado.

Al año siguiente, en marzo de 1931, el Concejo de Cali aprobó una nueva ley que ampliaba la zona de tolerancia de la ciudad con respecto a los límites establecidos en 1928.³¹ En los meses previos a la aprobación de la nueva ley, mientras los concejales debatían cómo seguir adelante, un grupo de residentes envió una carta felicitando al Concejo por su decisión de seguir regulando el comercio sexual.³² En esta carta, los suscritos celebraban la decisión de redibujar los límites de la zona de tolerancia de la ciudad, ya que al hacerlo se librarían “de presenciar los escándalos que cometen las mujeres sin pudor y con demasiada libertad”. Cerraron instando al Concejo que reorganizara cuidadosamente las zonas de tolerancia de la ciudad, ofreciendo una lista de las calles que se deberían excluir del decreto. La carta dice “consideraciones de gran fuerza para las familias que habitan cerca de estos sectores, nos mueven a rogar que marquen como no habitable el trayecto comprendido de la Carrera 11 hasta la pila de Belalcázar...en beneficio de la moral pública”.³³

Otros residentes también enviaron peticiones al Concejo. En esta nueva ola de peticiones, los autores esperaban disuadir o animar a los funcionarios a seguir adelante con la reorganización de la zona de tolerancia de Cali. Aquellos que esperaban disuadir a las autoridades de aplicar la ley ganaron momentáneamente, ya que el Concejo decidió suspender la ampliación de la zona de tolerancia. Poco después, un grupo de trabajadoras sexuales escribió dando las gracias al Concejo, pero también quejándose del acoso del inspector de policía. En su carta, explicaban que el inspector las molestaba continuamente a pesar de la decisión del Concejo de suspender el traslado de sus viviendas. Comenzaban citando la virtuosa decisión del Concejo, el alcalde y el gobernador de escuchar a quienes habían pedido la suspensión del decreto. Señalaron que, incluso cuando el Concejo y otros órganos de gobierno habían escuchado su petición, ellas seguían sufriendo el acoso de empleados municipales sin escrúpulos. Durante varios días, “quizás ignorando la decisión oficial”, Ernesto Orejuela, inspector de policía de la ciudad, las había amenazado con multas si no obedecían sus órdenes, ordenando a estas mujeres que se trasladaran a “viviendas insalubres”, ignorando los efectos que esto tendría en su “salud y bienestar”. Pidieron que el Concejo considerara las difíciles circunstancias en las que se encontraban, “dada la grave crisis económica del país”, y que hiciera todo lo posible por aclarar este asunto, así como por reprender al inspector de policía y hacer valer sus derechos, tanto económicos como sanitarios.³⁴

“Mi palabra contra la suya”: rumores, quejas y delimitación de fronteras sociales

Aunque la mayoría de los discursos públicos tendían a excluir a estas mujeres, etiquetarlas como elementos peligrosos y someterlas a formas de control legal y médico, en ocasiones, las autoridades tomaron en consideración las preocupaciones expresadas por algunas trabajadoras sexuales. Este fue el caso cuando el director médico del DVM, el Dr. Alejandro Zea Rocha, despidió a uno de sus asistentes, Salomón Avenia, por mala conducta. Según el testimonio de Avenia, incluido en una carta que envió al Concejo, Rocha lo despidió porque varias mujeres que acudían a sus exámenes semanales lo acusaron de malversar los fondos del dispensario y de maltratarlas. En su petición, Avenia se quejaba de que el director le había despedido sin “causa justificada”.³⁵ Los rumores de la calle, escribió Avenia, sugerían que un grupo de mujeres públicas se habían quejado de su comportamiento al director y habían persuadido a Rocha para que le despidiera. Le acusaban de robarles el dinero, de “expedirles certificados sin sello oficial”, y de tratarlas “muy mal” cuando acudían al dispensario. Avenia escribió su petición con la esperanza de que el Concejo creara una comisión para investigar el caso y destapar la “infamia” que había detrás de “estas acusaciones”. En su opinión, era impensable que el director del dispensario hubiera optado por creer los rumores iniciados por un grupo de mujeres de “mala reputación, sin honor ni mérito” y que estos rumores pudieran provocar su despido.

Argumentó que era víctima de su odio porque les ponía multas cuando llegaban tarde a sus exámenes médicos o cuando no acudían a sus citas. Para él, estaba claro que su despido era consecuencia de medidas de represalia, puestas en marcha a través de denuncias y rumores callejeros que llegaron a oídos del director. Avenia cerraba señalando lo mucho que le sorprendía que el director no viera como estas mujeres mentían. Para este empleado, la decisión de Rocha de despedirlo fue “un acto ilegal, infame y delictivo”. Al evaluar la decisión de Rocha de despedir a Avenia, el Concejo, según Avenia, debería tener en cuenta su conocida pobreza y sus obligaciones familiares. Esta corporación, no debía creer los rumores difundidos por un grupo de “mujeres infames”. Debería también considerar que, al despedirlo, Rocha le habría quitado la capacidad de “mantener a su familia y asegurar su bienestar”.³⁶

El Concejo no asignó una comisión especial de investigación como lo había pedido Avenia; sin embargo, remitió su carta a la oficina del alcalde, que a su vez pidió al director de la clínica que presentara un informe explicando su decisión de despedir a su ayudante. En su informe, Rocha citó la mala gestión de los fondos del dispensario por parte de Avenia. Se centró en las irregularidades cometidas por Avenia como empleado del dispensario. Según el director médico, varios compañeros de trabajo de Avenia habían confirmado que este entregaba “certificados sanitarios a las mujeres que frecuentaban la clínica sin los sellos correspondientes, a pesar de que les cobraba por ellos”. Además, Rocha afirmó que Avenia se emborrachaba “a menudo” en el trabajo y que, “aunque el alcalde le multó en varias ocasiones”, seguía acudiendo regularmente al trabajo en estado de embriaguez. El Concejo siguió el protocolo y, tras recibir el informe de Rocha, confirmó su decisión de despedir a Avenia. A pesar de las quejas y los argumentos de Avenia de que su honor debería situarle por encima de los rumores difundidos maliciosamente por un grupo de mujeres de mala reputación, o de que su despido le impediría cumplir con su responsabilidad como proveedor de su familia, no volvió a trabajar para el DVM.³⁷

La denuncia de Avenia y el informe del doctor Rocha al Concejo son los únicos documentos que tenemos que dan cuenta de esta historia. Aunque Rocha hace referencia a la bebida y la mala conducta de su ayudante, no menciona explícitamente los rumores callejeros ni las quejas que, según Avenia, algunas mujeres presentaron contra él como motivo principal para despedir a su ayudante. Sin embargo, Avenia nos cuenta que fueron estas denuncias las que le llevaron a la ruina. Es difícil decir con certeza si fueron estas quejas las que llevaron al despido de este empleado de la clínica. No obstante, el informe de Rocha acusa a Avenia de cobrar los certificados sanitarios a las mujeres que acudían a sus exámenes semanales y de expedirlos sin sellos oficiales, algo que sabemos contribuyó, al menos en parte, a la decisión de Rocha de despedir a su ayudante.

La historia de Avenia pone en relieve varios temas analizados en este artículo. En primer lugar, demuestra que algunos caleños utilizaron su derecho de petición para negociar con las autoridades locales, escribiendo peticiones con la esperanza de que esta corporación escuchara sus quejas y dieran soluciones que abordaran las preocupaciones ahí planteadas. Además de reivindicar sus derechos como ciudadanos, a menudo destacaban que eran merecedores del favor del Concejo, citando su honor, su condición de miembros respetables de sus comunidades, su pobreza o sus deberes familiares para apoyar sus argumentos. A veces, como en la petición de Avenia, se basaban en la exclusión de otros miembros de sus comunidades para resaltar su propio mérito y desacreditar las pretensiones de estos últimos. En las peticiones, algunos caleños reivindicaron sus derechos tratando de definir quiénes creían que debían ser incluidos y reconocidos como miembros de la comunidad y quienes no. Cuando sus reclamaciones confrontaron sus intereses con los de otros residentes, trazaron claras distinciones entre grupos, ayudando a definir los límites de la inclusión en la ciudad.

A manera de cierre: narrativas, ciudadanía e imaginarios sociales

En Cali, el debate público, enmarcó la propagación de las infecciones venéreas y la prostitución como problemas sociales que necesitaban ser regulados. Médicos y funcionarios públicos pusieron en marcha varias normativas municipales e instituyeron un marco burocrático que intentó someter a las mujeres que ejercían el oficio de la prostitución y los espacios que habitaban al escrutinio médico y legal. Estas narrativas enfatizaron la necesidad de organizar el espacio urbano y diseñar medidas que trajeran progreso y modernidad a la ciudad. El establecimiento del DVM en 1918 y la creación de las zonas de tolerancia como medidas que buscaron regular la prostitución, podrían interpretarse como expresiones medicalizadas del poder estatal. Sin embargo, es en el rastreo de debates a nivel comunitario, vistos a través de las peticiones enviadas al Concejo cuestionando la proximidad o la reubicación del DVM, y apoyando o desafiando los decretos locales que modificaron las zonas de tolerancia de la ciudad, que se logra centrar las voces comunitarias, los imaginarios y las narrativas expuestas por algunos residentes y algunas mujeres que ejercieron la prostitución en Cali en la década del treinta. Estas peticiones revelan cómo algunos miembros de la comunidad establecieron límites a la inclusión de grupos estigmatizados y, como en ocasiones, estos grupos excluidos retaron dichos límites. Sugieren que la forma en que los caleños definían la ciudadanía, y quienes merecían ser incluidos dentro de la comunidad variaba, dependiendo en muchos casos de la posición que estos ocupaban en la jerarquía social y moral de la ciudad y de cómo cada uno de ellos construía su identidad en relación con los demás residentes. Para las mujeres públicas que enviaron peticiones, su condición como ciudadanas era inmutable a pesar de los argumentos propuestos por vecinos y otros residentes que se centraban en su posición social, su falta de honor o su inmoralidad. Sin embargo, para peticionarios como el Sr. Avenia, así como para varios residentes de los barrios Santa Rosa y San Fernando, la ciudadanía era algo que también debería incluir cualidades como el honor, la respetabilidad, la rectitud moral y la decencia, las mismas cualidades de las que, según ellos, carecían las mujeres que ejercía la prostitución. Así pues, las pugnas identitarias, las negociaciones entre residentes y mujeres públicas, y las demandas que cada grupo hizo ante el estado local, construidas desde la movilización de imaginarios sociales sobre la salud, la higiene, los derechos, el honor, y la decencia, desempeñó un papel importante en la definición de diferentes tipos de ciudadanía en Cali.

Las peticiones también ayudan a comprender cómo las prostitutas ejercieron su poder y se opusieron a las narrativas que justificaban su exclusión y les negaban sus derechos como ciudadanas. En estos ejemplos, las mujeres reivindicaron la propiedad sobre sus cuerpos, exigieron el derecho a decidir dónde vivir, denunciaron los abusos de los inspectores de policía o enmarcaron su decisión de dedicarse al comercio sexual como una decisión motivada por la falta de oportunidades económicas y la necesidad de cumplir con su papel de hijas y madres abnegadas. La participación de estas mujeres, en tanto escritoras de peticiones al Concejo, estuvo vinculada a la defensa de sus derechos, pero también a frenar varios tipos de abusos del que fueron víctimas por parte de médicos, inspectores sanitarios, policías, y miembros de su comunidad. Buscaron defenderse institucionalmente frente al ejercicio de estos poderes sociales y estatales. Sin embargo, las peticiones también muestran que su capacidad de negociación fue a menudo limitada. Especialmente cuando sus intereses competían con los mandatos oficiales o con miembros de la comunidad que podían alegar con éxito una especie de superioridad moral sobre ellas.

En Cali, varios residentes formularon sus propias definiciones de ciudadanía y pertenencia a la ciudad, lo que demuestra que algunos de ellos conocían bien las narrativas oficiales y públicas sobre ciudadanía, la moralidad, la salud, y los derechos, así que las usaron de diversas formas. En algunas ocasiones, los residentes reafirmaron estas narrativas, utilizándolas para promover sus intereses, en otras crearon contra narrativas en su intento de negociar con las autoridades. En las peticiones enviadas, vemos como los caleños pudieron a veces recurrir a los imaginarios sociales existentes, y en otras ocasiones retarlos para determinar quién podía o no pertenecer a su comunidad.

Futuros trabajos en torno a la historia de la prostitución en Cali, podrían indagar sobre otros repertorios de negociación utilizados por residentes de la ciudad y los diversos actores que participaron en el comercio sexual, mujeres, hombres, y sujetos de identidades sexuales diversas. Más allá de los canales oficiales que proporciono el municipio a través del derecho de petición encarnado en el artículo 45 de la constitución colombiana de 1886. A futuro los historiadores podrían investigar las diferentes tensiones, negociaciones, y pugnas que se dieron dentro y fuera de los espacios tradicionalmente asociados con el ejercicio del trabajo sexual, a través del análisis de expedientes judiciales, prensa, y otras fuentes que este trabajo no examina.