Objetivo/contexto:

se analiza el tratamiento que Chile ha dado al otorgamiento del refugio desde 2010 a la actualidad, al transformarlo en una excepcionalidad. Dicho panorama se agudiza en el contexto de incremento de la movilidad forzada regional, por las diversas barreras para acceder al procedimiento de solicitud de refugio y los requerimientos impuestos por las modificaciones normativas a tono con las políticas de gobernanza migratoria. Al sustentarse en la noción de frontera humanitaria, se analizan los procesos de selectividad y diferenciación, marcados por la pertenencia a ciertas nacionalidades.

Metodología:

se realizó un análisis cualitativo mixto, de revisión estadística, documental y de las prácticas de gestión relativas a desplazamientos forzados, para explorar dos casos que exponen cómo el Estado ha restringido el reconocimiento de refugio.

Conclusiones:

en Chile se devela una gestión estatal selectiva, diferenciada según nacionalidades, que prioriza el resguardo de determinados colectivos migrantes que coinciden con la definición clásica de refugiado, lo que se articula con el no reconocimiento de otras diásporas en movilidad forzada.

Originalidad:

se examina el estado del refugio en Chile, vinculándolo al concepto de frontera humanitaria, para revelar cómo la protección estatal se imbrica con el control de la movilidad.