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Revista Colombiana de Psiquiatría

Print version ISSN 0034-7450

rev.colomb.psiquiatr. vol.31 no.4 Bogotá Oct./Dec. 2002

 

ARTÍCULO ORIGINAL

 

La confianza frente a la desconfianza
Un enfoque de salud mental para la construcción de la paz en Colombia

 

Luis Carlos Restrepo, M.D.1

(1) Médico psiquiatra, mágister en Filosofía. Escritor. Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia.


En su clasificación de las crisis por las que pasa el individuo en su ciclo vital, Erik Erikson hace referencia al dilema confianza-desconfianza, como característica de la primera de estas crisis que vive el niño a los tres años de edad. Las consecuencias se harán sentir durante el resto de la vida. Si el niño opta por la confianza, se abrirá a la reciprocidad interpersonal y podrá concitar a su alrededor las fuerzas de la solidaridad y de la construcción grupal. Al contrario, si su equívoca relación con los adultos que lo rodean, en especial la madre, lo lanzan hacia la desconfianza, primará un estilo de pensamiento esquizoparanoide, que escinde el mundo de manera radical entre buenos y malos y se dificultará la percepción integral del objeto.

Además, este estilo de pensamiento se caracteriza por colocar todo lo malo en el mundo exterior, mientras el sujeto se percibe a sí mismo como depositario de lo bueno, por lo cual proyecta de manera persistente hacia el afuera todo lo que percibe como sucio o desintegrado. Estas representaciones proyectadas hacia el mundo externo retornan a su vez como presencias persecutorias que amenazan la integración, de por sí frágil, de este sujeto escindido. He aquí, en pocas palabras, la esencia de la vivencia psicótica, que nace de la imposibilidad de construir con los demás una relación de recíproca confianza que permita los intercambios afectivos.

Este modelo de crisis vital constitutiva del sujeto puede ser aplicado también a grupos y a sociedades. El primer gran dilema de un grupo o sociedad es precisamente si se logran construir canales de confianza que permitan la acción mancomunada o si prima la desconfianza, desde donde se establecen relaciones de amigo-enemigo que nos condenan a una eterna pugnacidad. Como bien señaló W. Bion en su teoría de grupos, formulada mientras atendía combatientes durante la Segunda Guerra Mundial, lo usual hasta ahora en la dinámica grupal ha sido constituir lazos de solidaridad dentro del grupo a costa de definir un enemigo exterior que actúa de contragolpe como factor unificador. Gran parte de las guerras que ha vivido la humanidad pueden explicarse por este artificio que permite convocar los lazos amorosos dentro del grupo, a la vez que define en el exterior un objeto persecutorio sobre el que debe caer la agresión colectiva. Sin embargo, incluso en este caso, es necesario que en el interior del grupo, de la etnia o de la nación se genere un clima de confianza básico que permita convocar la dinámica de la construcción grupal, pues ninguna sociedad puede vivir en medio de una disputa sangrienta e interminable.

Precisamente, tal es el drama de Colombia. Somos una nación dividida, donde todos luchamos contra todos, pues no hemos podido alcanzar ese grado básico de confianza que nos permita dirimir nuestros conflictos sin recurrir a las armas. En términos de Erikson, podemos decir que estamos fijados en una edad mental de tres años y que nos debatimos entre la confianza y la desconfianza, con el agravante de contar con una edad cronológica de cerca de 200 años de vida republicana, hecho que nos muestra como adultos capaces de manejar armas y otros medios de exterminio, pero como niños en el manejo de nuestras emociones colectivas. Esto es, somos como un jardín infantil armado, donde las envidias, las crisis de identidad, las luchas por la apropiación del objeto amoroso, los berrinches o las pataletas tienen como consecuencia masacres, destrucción de poblaciones y otras formas de terror colectivo. Es como si la ira infantil tuviera, de pronto, a su disposición la capacidad destructiva y los discursos justificatorios para hacer realidad sus fantasías de aniquilación; experiencia que excluye, por demás, cualquier capacidad de crítica, pues el sistema de pensamiento esquizoparanoide ofrece la coartada perfecta para presentar como buenos los propios impulsos, mientras que reviste con la imagen de la maldad todo aquello que niega su satisfacción.

Desde el modelo de Bion, al que hacíamos referencia, las cosas pueden verse de la siguiente manera: ante la dificultad para definir con claridad un enemigo exterior, nos hemos ensañado en la persecución del enemigo interior, actitud que entorpece el proceso de constitución del país. En efecto, como ha señalado hace poco el profesor Malcom Deas, Colombia no tiene una tradición de enfrentamiento guerrero con sus vecinos. A diferencia de otros países europeos y americanos, tenemos muy poca experiencia en conflictos internacionales. Casos como la guerra contra el Perú durante el gobierno de Olaya Herrera son más la excepción que la regla, motivo por el cual algunos líderes reseñan con nostalgia ese desborde patriótico que nunca más se volvió a vivir en nuestra historia. Lo usual, como sucedió con la separación de Panamá o con los conflictos fronterizos con Venezuela y Nicaragua, ha sido la acción diplomática, pero no el nacionalismo guerrero.

Hechos bien distintos suceden con el enemigo interno. Durante cien años vivimos el enfrentamiento a muerte entre liberales y conservadores, que tuvo sus momentos culminantes en la Guerra de los Mil Días y en la atroz violencia partidista de mediados del siglo XX. Este odio centenario se pudo superar con la puesta en marcha de un modelo de convivencia forzada (el llamado Frente Nacional), que acostumbró a liberales y a conservadores a alternarse en el ejercicio del poder y a repartirse de manera milimétrica, durante 16 años, las prebendas burocráticas del Estado. Al final, una generación había aprendido a superar los odios familiares y a dejar atrás la lógica de la venganza.

Sin embargo, no todo en el experimento fue exitoso. Un pequeño grupo de guerrilleros liberales que habían tomado las armas para vengar la muerte de su caudillo Jorge Eliécer Gaitán y reaccionar contra los excesos de los ‘chulavitas’ policía conservadora de la época se negó a deponer las armas. Su desconfianza hacia el establecimiento fue alimentada con la ideología del odio de clases que impulsaban intelectuales marxistas y persistieron como un foco que retaba de nuevo las pretensiones de unidad de la nación. Subestimados en sus comienzos, se convertirían con los años en las FARC-EP, grupo estructurado alrededor de un líder carismático, de origen campesino, quien condensa en su periplo personal todo aquello que quisiéramos ver superado en nuestra historia: una larga cadena de retaliaciones armadas, que a su vez ha dado origen a una nueva fuerza vengadora, las autodefensas, que definen su razón de ser en la lucha antisubversiva.

Pero más allá de los discursos justificatorios y de las máquinas de guerra que generan sus propios espacios de poder y satisfacción libidinal, lo que encontramos, tanto en Manuel Marulanda, jefe de las FARC, como en Carlos Castaño, jefe de las autodefensas, es un ánimo reivindicatorio, que nace del hecho de haber sufrido de manera temprana los rigores de la violencia. ‘Tirofijo’ no logra olvidar los vejámenes a que fue sometida su familia en Génova, Quindío, por parte de huestes proclives al gobierno conservador de la época, ni Castaño logra olvidar la muerte de su padre a manos de las FARC, hecho que lo lanza de manera abrupta a la confrontación armada.

No es sólo el caso de estos dos líderes. En muchos combatientes encontramos nexos entre la violencia vivida en la infancia y su acción delictiva. Al retomar los análisis de Alice Miller, Constanza Ardila ha planteado que en Colombia muchos adultos descargan su odio en el enfrentamiento armado, para colocar sobre un objeto de recambio la ira contenida que sintieron cuando fueron maltratados en la infancia. Alina Ángel y su equipo han mostrado cómo la ira que los milicianos urbanos descargan sobre sus enemigos tiene un parentesco estructural con la ira que la madre o el padre descargan sobre el niño indefenso en el momento de castigarlo. Incluso cuando un miembro de la banda debe ser castigado, castigo que en ocasiones llega hasta la muerte, para indicarle que el jefe lo espera , sus compañeros simplemente le dicen que lo llama su ‘mamá’.

Si se utiliza un modelo económico, podemos decir que en Colombia los aparatos armados por fuera de la ley capitalizan resentimientos afectivos, así como descontentos interpersonales y sociales; por eso ofrecen a la acción delictiva la posibilidad de exculparse tras una dinámica grupal que resignifica normas y lealtades, para justificar tras un argumento ideológico o político la actitud de matar. Son muchos los niños que entran a la filas de la guerrilla huyendo del maltrato intrafamiliar o fascinados por acceder a los símbolos del poder armado. Por su parte, un número significativo de miembros de las autodefensas son antiguos guerrilleros que delatan a sus viejos compañeros, y a su vez guerrillas y autodefensas mantienen contactos y tratos con grupos de delincuentes comunes y narcotraficantes, con lo que generan un mercado de la violencia en el que se socializan de manera temprana jóvenes campesinos y habitantes de la periferia de las grandes ciudades. Ser guerrillero, paramilitar o miliciano se convierte en objetivo deseable y en forma de vida. Es ésta la Colombia contra y paraestatal, que se alimenta de la desconfianza y dificulta la unidad de la nación.

¿Cómo enfrentar esta compleja situación? Hasta comienzos de la década de los ochenta primó el modelo de la seguridad nacional que pretendía defender al Estado con la eliminación del enemigo interior, identificado por entonces con la subversión comunista. Este modelo resultó exitoso en muchos países de América del Sur como el caso de Argentina y Chile, a costa de romper la tradición democrática y caer bajo dictaduras militares de corte autoritario. En Colombia, a pesar de la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad durante la administración de Julio César Turbay Ayala, el procedimiento no dio los resultados esperados. Se levantó, en cambio, un interés por explorar una salida negociada que tuvo sus altibajos durante la administración de Belisario Betancur, cuando un movimiento colectivo de opinión que pintó palomitas hasta en los más alejados muros de la patria se vio confrontado con hechos de guerra como la toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo del M-19, que curiosamente reivindicaba como motivo de su acción bélica el haber sido traicionados en sus esfuerzos de paz. Por otro lado, los acuerdos de La Uribe, firmados con las FARC, y el nacimiento de la Unión Patriótica como producto final de estos acuerdos tuvieron un lánguido final con el exterminio de los miembros de esa organización, sin que el Estado pudiera contener a los genocidas.

Finalmente, en los últimos años de la década de los ochenta logró perfilarse un proceso de paz con el M-19, grupo que tuvo una significativa participación en la asamblea constituyente de 1991, la primera en la historia del país de corte pluralista. A diferencia de las constituyentes del siglo XIX, aquí no se refrendó la voluntad del vencedor. Se eligió un presidencia tripartita, con representación de los dos partidos tradicionales liberal y conservador y los grupos guerrilleros. Los antiguos enemigos pactaron una Carta que hacía hincapié en la defensa de los derechos humanos y en la democracia participativa. De manera tímida, Colombia se abrió a la construcción política concertada.

Dos grupos quedaron, sin embargo, por fuera del proceso: las FARC y el ELN, a los que se sumaría el crecimiento vertiginoso de las autodefensas en la década de los noventa. Pasada la constituyente, César Gaviria intentó revivir el espíritu de la doctrina de Seguridad Nacional y convocó a una «guerra integral» contra la insurgencia. Pero con rapidez el modelo se mostró insuficiente para contener la extensión del conflicto armado, mientras un nuevo actor emergía en el escenario al amparo de la dinámica participativa abierta por la Constitución de 1991: la sociedad civil, que en cabeza de líderes comunales, ONG, jerarcas de la Iglesia, empresarios y antiguos combatientes (convertidos ahora en frenéticos defensores de la paz) insistían en la necesidad de buscar una salida negociada al conflicto desde el horizonte de la paz civil.

Entré en contacto con este movimiento durante los años 1992 a 1994, cuando apoyaba con una propuesta de psiquiatría comunitaria acciones gubernamentales, eclesiásticas y de organizaciones sociales para desmovilizar bandas en algunos barrios de Medellín y ofrecer alternativas a jóvenes que habían sido arrastrados por el narcotráfico, la guerrilla o el sicariato. Recurrí desde entonces a un modelo que llamé «clínica del afuera», cuyos ejes conceptuales desarrollé durante mi actividad como docente de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. El planteamiento se basa en tres desplazamientos: trasladar nuestra intervención del consultorio o del hospital psiquiátrico a los espacios donde transcurre la vida cotidiana; pasar de la noción de diagnóstico, desde unos cuadros psicopatológicos ya establecidos, a la descripción de un conflicto vital donde lo importante es encontrar cauces simbólicos y sociales de expresión creativa, y hacer el tránsito de la noción de enfermedad hacia la noción de sufrimiento, entendido como un bloqueo de las posibilidades expresivas del conflicto, y afirmar nuestra actividad terapéutica como una forma de aliviar ese sufrimiento mediante una pedagogía que permita la reelaboración colectiva de los sentimientos.

Percibí entonces que el conflicto armado expresaba un tipo de sufrimiento que imponía su perpetuación a través del uso cotidiano de las armas. Las fuerzas expresivas sólo podían desplegarse en el espacio social a costa de provocar la destrucción; por lo tanto, la singularidad del combatiente sólo encontraba su fuerza en el acto de atemorizar o de matar al otro, es decir, aplastar la singularidad ajena. Estos comportamientos se extendían y perpetuaban por medio de una densa red cultural, con su propio sistema de identidades y recompensas. En algunos barrios periféricos de Medellín aprendí que matar concedía estatus, tornaba sexy y atractivo al combatiente que era admirado y deseado por las mujeres o concedía poder económico y social, que se gastaba en vidas intensas y fugaces de pandilleros, quienes en actitud maniaca retaban el duelo y la muerte, burlaban la ley del padre y disolvían su yo en un aparato psíquico grupal, dentro del cual las síntesis no se efectuaban en el interior mediante la introspección, sino en el exterior; síntesis del afuera por medio del acto homicida.

Volcado al contexto social, me di cuenta de que los modelos de mente pensados como instancias intrapsíquicas eran insuficientes. Recurrí entonces a los aportes de la microsociología de Goffman, la semiología de Barthes y el planteamiento de las máquinas deseantes de Deleuze y de Guattari.

Entendí, además, que en este nuevo contexto las transformaciones debían efectuarse en el espacio y en el cuerpo, por ejemplo, propiciando el paso de un cuerpo armado a un cuerpo desarmado, pues era el elemento contextual del arma lo que tornaba siniestras las relaciones conflictivas de los adolescentes, las cuales bien podían tomar otro cauce si desactivábamos el gesto guerrero.

Curiosamente, la nueva Constitución propiciaba el cuerpo normativo para dignificar a este ciudadano desarmado y las corrientes de opinión, que en barrios y comunidades se levantaban como fuerzas restitutivas, invocaban nuevas propuestas de tolerancia, que para efectos pedagógicos englobé en la defensa del símbolo de la ternura como uso delicado de la fuerza. Por ese entonces empezaba a entender que al convocar la salud mental en una sociedad democrática y abierta, de manera necesaria confluíamos en un campo de acción política, pues la salud mental se identifica con esa potencia para el pleno ejercicio de la ciudadanía. La violencia, por su parte, cerraba estos espacios y los condenaba a la impotencia y a la desesperanza. Era claro y así se lo comenté a un grupo de colegas reunidos con el propósito de hablar sobre el concepto de salud mental a instancias de José Posada, entonces director de la Oficina de Comportamiento Humano del Ministerio de Salud que el concepto de salud mental debía ser reconstruido de acuerdo con las circunstancias políticas e históricas de los pueblos, y que para este momento, como forma de enfrentar ese problema (la violencia en Colombia), dicha noción debía reformularse en términos de la dignificación del ciudadano desarmado y de la reafirmación del artículo 22 de nuestra Constitución, la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Formulado el concepto, era necesario encontrar el escenario para convocar las emociones colectivas y orientar una fuerza social, capaz de alentar un proceso restitutivo. En medio de una polarización creciente de la sociedad durante el gobierno de Ernesto Samper, diseñé y puse en marcha, con el apoyo de cientos de organizaciones sociales y políticas, un Mandato Ciudadano por la Paz que permitió a diez millones de colombianos afianzarse como constructores de paz en medio de las balas y dar un cauce creativo a su impotencia. A pesar de haber contado con una fase preparatoria de varios meses y con los esfuerzos de muchos activistas para canalizar organizativamente sus efectos, el Mandato no pasó de ser una acción puntual, cuyos efectos quedaron en el plano simbólico.

La desesperanza volvió a incubarse en los ciudadanos a raíz de las fallas en el proceso de negociación intentado por el ex presidente Andrés Pastrana. Fue entonces cuando surgió un fenómeno de opinión con carácter de fuerza restitutiva que se encarnó en el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez. Esa misma opinión que se había expresado de manera simbólica en el Mandato por la Paz, se expresaba ahora en torno a una propuesta de autoridad democrática, que buscaba el cese de la violencia mediante la fuerza disuasiva del Estado.

Reconocí con rapidez el carácter de este sentimiento colectivo y consideré mi deber acompañarlo. A diferencia de algunos detractores políticos y analistas prejuiciados, reconocí que no se incubaba allí un mandato de guerra, sino uno de contención de una fuerza desbordada que amenazaba destruirnos como nación; que no se trataba de una propuesta autoritaria, según el modelo de la vieja política de seguridad nacional que aplastaba al disidente político, sino de una propuesta de autoridad democrática, de recuperación colectiva de la ley del padre frente al autoritarismo armado de los guerrilleros y de las autodefensas.

Con esta situación dábamos el salto del viejo modelo de Bion, que exigía definir un enemigo exterior para configurarnos como grupo, hasta la plena vigencia del modelo de Erikson como corresponde a una sociedad abierta, para construir confianza como capital social de una nación que ha caído en tal grado de desconfianza que los sondeos de opinión de los últimos años han mostrado cifras de hasta un 90% de los ciudadanos que no creen que esta sociedad sea viable. Esto es, nueve de cada diez ciudadanos han llegado a decir que no creen que en un futuro próximo se arreglen nuestros problemas y consideran, en cambio, que se agravarán, situación similar a que nueve de diez jugadores de un equipo de fútbol supongan que el triunfo no es posible, lo cual es una actitud derrotista que no expresa más que una depresión colectiva.

Por delegación presidencial he asumido en el nuevo gobierno el cargo de Alto Comisionado para la Paz. Tarea que emprendo como una labor tanto de pedagogía como de salud mental colectiva. Me corresponde ahora coordinar los esfuerzos gubernamentales y ciudadanos para encontrar una salida al conflicto armado que vivimos. Ante la real amenaza de fraccionamiento del territorio, tal vez no tengamos otra oportunidad para despertar la confianza colectiva y constituirnos de manera definitiva como nación. Por eso permítanme decirles que nunca como ahora he visto que son tan pertinentes para desempeñar un cargo político las habilidades terapéuticas que he aprendido y desarrollado como psiquiatra.

El conflicto armado es la mayor causa de sufrimiento colectivo que padece el país. Es un grave problema comunicativo que ha dado lugar a la formación de corazas caracteriales esquizoparanoides, donde unos colombianos excluyen a otros y los convierten, incluso, en mercancía humana con escasa capacidad de crítica. Aquí no funcionan los diagnósticos tradicionales, ni el trabajo de consultorio. Es un problema de clínica del afuera que debe ser tratado con métodos políticos, pero con cautela de terapeuta.

Se necesita gran capacidad para reciclar ansiedad y disposición del aparato del Estado para contener sin aplastar, para hacer que prevalezca la norma sin caer en el autoritarismo, para imponer un principio de realidad, pero a la vez conservar la sensibilidad para abrirnos a la diferencia de quien nos enfrenta. En fin, capacidad para hacer un uso delicado de la fuerza, como corresponde al Estado democrático, y para que la contención se acompañe de la persuasión, y podamos reconstruir nuestras relaciones en una común matriz de confianza. Tal vez entonces, siguiendo a Erikson, podremos superar esa primera crisis vital de la confianza frente a la desconfianza, superar esa infancia represada, pasar de los tres a los cuatro años de edad mental y aprender a dar los primeros pasos en un mundo incierto, pero compartido que deja atrás las venganzas de sangre y se abre con gozo al disfrute de una ética ciudadana.

Un programa de desactivación de las violencias para la fase de reconciliación debe comprender tres frentes complementarios: desactivación de la violencia contra los niños; desactivación de la violencia que condena a los jóvenes a la marginalidad social y desactivación de la violencia política que pasa por la intolerancia y por la exclusión. En muchos casos el combatiente es un niño maltratado que sufre la exclusión social y política y que canaliza su rencor al dirigir sus armas contra una sociedad intolerante. No descargar la ira sobre los niños, ofrecer espacios de crecimiento y de socialización para los jóvenes de las áreas marginadas e impulsar procesos de democratización y de participación en el campo de lo público pueden ser los ejes centrales de un programa que deberá contar con el apoyo activo de antiguos guerrilleros y paramilitares, que con su testimonio de vida invitarán a fortalecer los nuevos valores para que el recurso a la violencia se presente en adelante como un camino bloqueado.

Si desarrollamos conductas violentas a causa de los conocimientos recibidos de los mayores durante la propia existencia, es posible modificar las respuestas culturales ante el conflicto y la agresión, siempre y cuando se cambie el contenido de la información que habremos de transmitir a la generación siguiente, a fin de estructurar una relación diferente con las armas y de ser capaces de encontrar cauces lúdicos, no sangrientos, a los conflictos que vivimos. No podemos seguir ofreciendo disponibilidades afectivas para la violencia por medio del maltrato institucional e intrafamiliar, ni perpetuar las contradicciones de una cultura que condena la agresión en sus discursos mientras la promueve en sus valores guerreros. Es hora de repensar el asunto de los medios, de las motivaciones, de los espacios de socialización y de las cargas afectivas que permiten que se extienda con tanta facilidad la manía destructora. Para eso es preciso entender que en los ejercicios de violencia influye sobremanera la capacidad que tenemos para representarnos nuestras relaciones sociales y la manera de modificar el medio ambiente donde nos movemos.

La pregunta fundamental que debemos formularnos se refiere a cómo se articulan las disponibilidades afectivas e interpersonales para la violencia con los dispositivos sociales que fomentan la guerra o la intolerancia. Aunque existe, por supuesto, una articulación, es bueno recordar que se trata de series paralelas que no siempre son complementarias. No es pertinente establecer una estricta relación de causa-efecto entre el autoritarismo escolar y familiar con los comportamientos guerreros. La reproducción social de la conducta violenta sólo se produce cuando las dos series se tornan complementarias.

Dependiendo de la forma como se dé esta articulación, se generará una expresión diferente de la duplicidad humana que nos expone a la vez a la crueldad y a la ternura. De allí la necesidad de una doble intervención, tanto en el plano social como en el íntimo, para enfrentar las violencias que al unísono nos amenazan. Pues no sólo sigue existiendo una gran disponibilidad emocional para la violencia, sino que ésta es atizada por ideologías perniciosas que siguen vigentes en un mundo que tiene ahora entre sus manos, por primera vez en la historia, los medios para su destrucción total. La dinámica de constitución de los lazos afectivos debe replantearse, para que se permita la vivencia de la fractura y la irrupción de factores desestabilizadores sin que tengamos que caer por eso en la ideación fusional y paranoide.

No podemos seguir mirando a los jóvenes como sugirió alguna vez Norman Ryder a manera de recurrentes oleadas de bárbaros que la sociedad adulta debe enfrentar para integrar adecuadamente a sus sistemas normativos. Se trata de entender que el paso de sistemas culturales homogéneos a sociedades urbanas heterogéneas de intensa competencia por los bienes y servicios exige replantear nuestros modelos de regulación y de autoridad, estancados todavía en una estrategia simplista que oscila entre la negligencia y la crueldad, entre el ‘garrote’ y la ‘zanahoria’. El modelo autoritario, eficiente para controlar pequeños grupos que se mantienen bajo el constante asedio del terror, se muestra por completo inadecuado para la educación de una sociedad de masas que despierta los deseos personales de éxito mientras invoca de manera ritualista las bondades de la libertad.

Por eso es necesario repensar las redes de convivencia desde una ética ecológica, capaz de asegurar un marco social y político para que pueda expresarse la diferencia. A fin de representarnos de manera sencilla los componentes de una propuesta de refundación ecológica de la vida social, es bueno recordar que todo ecosistema está constituido por un conjunto de singularidades diferentes e irreconciliables que interdependen.

La vida dentro del ecosistema sólo es posible cuando las singularidades que luchan entre sí logran encontrar un coeficiente de cooperación que permita su mutua subsistencia. La riqueza de un ecosistema está relacionada con su variabilidad, con la posibilidad de formar redes de interdependencia que no asfixien el crecimiento de las diferencias, riqueza que es proporcional al mayor número de singularidades que el ecosistema albergue. Por el contrario, su vulnerabilidad y pobreza están relacionadas con la baja variabilidad, fenómeno que se expresa tanto en fallas del sistema inmunológico como en la pobre capacidad de supervivencia del grupo y de las especies que lo componen.

Si se establece una analogía entre los ecosistemas naturales y los ecosistemas sociales, es posible constatar en estos últimos una crisis ecológica de la interpersonalidad, relacionada con la preponderancia de ejercicios simbólicos, semánticos y lingüísticos, que por poner demasiado relieve en la repetición de lo mismo, se obstinan en negar el valor de la diferencia. Ambicionamos más el monocultivo que la ecodiversidad. Nos encantan los monocultivos de café, algodón, seres humanos, amigos y, por supuesto, nos encantan los monocultivos urbanos, raciales y políticos, para poder representarnos de manera homogénea a las personas, sus gustos y comportamientos. Como nos irrita el sincretismo y la combinación étnica, seguimos soñando con ciudadanos que se comportan como autómatas obedientes, ideal que termina permeando por igual al urbanismo, a las sectas religiosas, a la medicina, a la salud pública y a la política.

El gran reto de una ecología social y cultural reside en enfrentar estos simbolismos y buscar mediaciones que, sin entonar rancias canciones de retorno a la unidad o a la patria perdida, nos permitan fortalecer los lazos de dependencia a la vez que hacemos una afirmación de la singularidad que no pase por la eliminación de la diferencia. Desde una perspectiva de ecología humana se debe abrir un campo de aprendizaje social con el propósito desactivar los polvorines de odio.

La generación que acceda a la ciudadanía en los años de la reconciliación deberá mirar con pragmatismo lo acontecido, aprender a manejar la memoria histórica sin realizar atribuciones colectivas de culpabilidad y rechazar cualquier elogio del pasado guerrero. Sería inadecuado que se exaltara a un grupo de combatientes mientras se denigra de otros. A ninguno se le ensalzará, pero tampoco se le ofenderá. No se trata de que quienes causaron daño se retiren plácidamente a disfrutar del anonimato, pues es importante que permanezcan como actores de la vida política y den cuenta de sus actos. La experiencia del M-19 ha resultado enriquecedora. El perdón solicitado por sus dirigentes a causa de la toma del Palacio de Justicia les concedió fuerza en vez de arrebatárselas.

Igual sucedió con la actitud asumida por el ex presidente Ernesto Samper, de asumir la responsabilidad del Estado en los dolorosos sucesos de Trujillo, que comprometen a militares activos en torturas y asesinatos de civiles, a fin de dejar atrás las posturas autojustificatorias y cínicas que frente a hechos similares solían exhibir los altos dignatarios del gobierno. El ex jefe del Estado sentó un precedente histórico de reparación a los familiares de las víctimas y al país, al abrir posibilidades para que se pudiera recuperar la confianza ciudadana en el Estado.

Sólo desde un mutuo compromiso con la verdad y desde la disposición de los actores armados de reconocer su parte de responsabilidad en la guerra que nos azota, es posible empezar a sentar las bases de una política de reconciliación que supere tantas décadas de violencia y desde la cual podamos entendernos tanto los ciudadanos desarmados como los actores del conflicto. Las acusaciones de criminalidad que impugnen el proceso de reconciliación y de perdón deberán tramitarse de manera individual ante un tribunal civil constituido para tal fin. La idea de enemigo interno debe desaparecer. Queda prohibido acusar globalmente a un sector de la nación, pues la guerra comienza cuando se convierte al enemigo en un ente colectivo sobre el que podemos descargar nuestra venganza. De esta manera disimulamos nuestra propia culpa y nos colocamos en el polo acusador. Nadie podrá en adelante asumir la defensa de sus derechos mediante la estrategia de condenar moralmente a quienes no compartan su intención. Descargar sobre el otro una culpa forzada es incitarlo al uso del terror y colocarlo ante el dilema de matar o morir. Tal vez nos tome mucho tiempo pasar del corazón de hiel al corazón de miel, pero debe quedar claro que cesa la venganza cuando se castiga de manera ejemplar a quien persista en ella.

La tarea de la nueva generación será cambiar nuestro concepto de uso de la fuerza y desarticular esos estrechos vínculos entre la palabra y el fusil, que han caracterizado a las generaciones precedentes. Pero mientras llega ese momento, los combatientes deben contener sus acciones para no agotar las posibilidades de apaciguamiento, a fin de hacer suyas las palabras que nos legó Kant: «En la guerra no se deben cometer actos que tornen imposible la ulterior reconciliación».

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