Resumen

Hace tres años se posesionó como Alto Comisionado para la Paz el médico psiquiatra Luis Carlos Restrepo. Después de este período, la Revista Colombiana de Psiquiatría, en entrevista con su director, Carlos Gómez-Restrepo, desea conocer su experiencia durante los diálogos que Restrepo ha liderado y situar al gremio en las necesidades y oportunidades que surgen con este proceso.

Palabras clave: psiquiatría, salud mental, políticas de salud.

Abstract

The High Commissioner for Peace, Luis Carlos Restrepo, took office three years ago. By means of an interview with its director Carlos Gómez-Restrepo, the Revista Colombiana de Psiquiatría wishes to explore his experience during the dialogues he has leaded and inform the body about the needs and opportunities that arise with this process.

Key words: Psychiatric, mental health, health policy.

Revista Colombiana de Psiquiatría (RCP): Después de tres años de experiencia como Alto Comisionado para la Paz, ¿qué ventajas y desventajas puede haber tenido el ser médico psiquiatra?

Luis Carlos Restrepo (LCR): La ventaja de ser psiquiatra reside en poder abordar el diálogo con los ilegales como un problema comunicativo que afecta la confianza básica donde encuentra su fundamento la nación. Son muchos los equívocos que despierta mi tarea de hablar con personas al margen de la ley. Recibo sobre mí ansiedades colectivas de difícil manejo. Me siento al frente de una sala de cuidados intensivos. Además, resulta ventajosa la gran tolerancia a la frustración que desarrollamos los psiquiatras en el manejo de psicóticos crónicos. Pero debo aclarar que los métodos de intervención a los que recurro no son «psiquiátricos», sino políticos.

La gran desventaja reside en ser considerado por algunos como una persona sin la experiencia política necesaria para manejar el asunto. Siempre la opinión se forma expectativas falsas y hasta curiosas frente a los psiquiatras. Igual me ha sucedido en este cargo. Los chistes sobre mi profesión no faltan.

RCP: ¿Piensa que el proceso de desmovilización que viene adelantando con los grupos paramilitares finalizará antes de culminar el período presidencial en agosto de 2006?

LCR: El 15 de julio de 2003 firmamos con los jefes de las autodefensas un acuerdo marco que se ha venido cumpliendo paso a paso, en medio de crisis y dificultades. En dicho acuerdo se establece el 31 de diciembre de 2005 como fecha máxima para la desmovilización de estos grupos. Espero cumplir ese objetivo. Los últimos acontecimientos y el anuncio de nuevas desmovilizaciones colectivas por parte de los jefes de autodefensas nos permiten afirmar que hemos entrado en la fase final del proceso.

No faltarán las dificultades logísticas. Dentro del proceso hemos desmovilizado a 5.000 miembros de las autodefensas y esperamos desmovilizar a cerca de 10.000 más. Algunos creen que basta con reunir a los ilegales para tomar una foto el día de entrega de armas. Pero se trata de un trabajo que requiere identificación plena de quienes se van a desmovilizar, indagación sobre sus antecedentes judiciales, capacitación sobre la nueva vida que emprenden, definición del sitio de retorno, traslado en condiciones de seguridad y coordinación con autoridades civiles y militares, así como con pobladores de la zona donde el grupo armado ilegal venía operando, medidas de seguridad en el área donde se produce la desmovilización, verificación de armamento y otras tareas propias de un proceso de sensibilización, concentración y desmovilización de un grupo ilegal que vuelve a la civilidad.

En cada desmovilización se comprometen de manera directa al menos 250 funcionarios entre miembros de la Oficina del Comisionado de Paz, de la Fuerza Pública, la Registraduría, la Fiscalía, el DAS, el Programa de Reincorporación de Ministerio del Interior y el Sena, para mencionar sólo algunos. Trabajando intensamente, al ritmo de dos o tres desmovilizaciones por mes, esperamos anunciar a finales de diciembre que el proceso ha culminado con éxito.

RCP: ¿Cómo ha vivenciado al gremio psiquiátrico durante el proceso que usted viene adelantando? ¿Qué sugerencias tiene para el gremio?

LCR: He recibido gran solidaridad y apoyo de mis colegas psiquiatras. Hace pocos días firmamos un acuerdo con la Academia de Medicina que nos permitirá canalizar mejor ese apoyo. Por mi parte, creo que sería importante una mayor presencia de los profesionales de la salud mental en el diagnóstico y búsqueda de alternativas a los problemas de convivencia que afectan al país. No es fácil encontrar la forma de hacerlo, pero debemos intentarlo.

RCP: ¿Cuáles son las prioridades de atención en salud mental a la población desmovilizada?

LCR: La población desmovilizada presenta marcadas ansiedades en su proceso de reincorporación a la vida civil, y las abordamos desde el momento de identificación y concentración en las zonas de ubicación destinadas para tal fin. Un equipo de atención psicosocial trabaja en un ritual de paso que incluye quemar su antiguo alias; reciben, además, capacitación en valores ciudadanos, labor en la cual nos apoya la Policía, pues resulta capital su acercamiento con la autoridad uniformada que representa a las instituciones democráticas. A través de talleres se preparan para su regreso al seno de la familia.

En general, encontramos un gran deseo de reorientar sus vidas dentro de la civilidad. Pero no conocen las mediaciones propias de la institucionalidad democrática. Tienen pobre capacidad de espera. Como vienen de un modelo autoritario y de paternalismo armado, que combina la gratificación inmediata con el terror, no están preparados para los conflictos de la convivencia. Aunque detectamos rasgos de personalidad que dificultad su adaptación social, el porcentaje de desmovilizados con trastornos psiquiátricos que ameritan tratamiento especializado no es muy alto: se puede equiparar al de la población general.

RCP: ¿El gobierno está preparado para realizar la labor de acompañamiento en la rehabilitación de los desmovilizados?

LCR: Culminar de manera adecuada la reincorporación es un reto para el gobierno y para la sociedad. Durante la actual administración se ha dado un gran cambio: el programa de albergues para los desmovilizados individuales, que venía del gobierno anterior, se ha cualificado y limitado en su expansión; en la desmovilización colectiva hemos optado por la reincorporación inmediata al núcleo familiar, con buenos resultados. En ambos casos se cuenta con equipos de atención psicosocial que resultan precarios para la magnitud de la tarea. El apoyo internacional se ha bloqueado por presiones políticas de los críticos del proceso con las autodefensas. A diferencia de otros países, donde la ayuda internacional en esta materia ha sido generosa, todo el programa de reincorporación de los desmovilizados colectivos corre por cuenta del erario nacional, y esto nos impone limitaciones.

El índice de reincidencia en acciones delictivas es del 2%, con exitoso control por parte de las autoridades que han capturado a los responsables con facilidad, pues después de la desmovilización quedan plenamente identificados. Recordemos que en otros países este índice alcanza hasta un 15% o 20%. La capacitación a través del Sena ha sido efectiva, tanto en la fase inicial, llamada Módulo Cero (centrada en valores y exploración vocacional), como en la parte técnica, que los habilita para la vida productiva. Satisface ver a los antiguos guerrilleros y paramilitares dedicados a la mecánica automotriz, a la confección de prendas o a las labores del campo.

Valga decir, sin embargo, que esta tarea debe involucrar de manera más activa a las universidades, a las instituciones religiosas y a la empresa privada. Aunque tenemos clara esta responsabilidad social, tal vez hemos fallado en encontrar la forma de vincular de manera más activa a otros. Estamos en esta tarea.

RCP: ¿Qué proyectos productivos se están realizando con la población desmovilizada y qué resultados han obtenido?

LCR: En el caso de las desmovilizaciones colectivas, en las que mi Oficina tiene competencia, hemos puesto en marcha empresas asociativas que vinculan en igualdad de condiciones a desmovilizados, campesinos pobres y desplazados. Los empresarios se vinculan como socios (sin sobrepasar el 50% de los activos de la empresa) o como operadores. Esta vinculación es necesaria para asegurarnos de que los proyectos sean viables, manejados por personas que tengan experiencia. No se trata de empresas subvencionadas, sino de empresas reales, vinculadas al mundo productivo. Somos estrictos en el cumplimiento de normas que impidan la vinculación de tierras o capitales ilícitos.

Estamos trabajando con productos como el cacao, la yuca para uso industrial, el plátano, el banano de rechazo, el caucho, la palma, la acacia y el maracuyá, entre otros. Los proyectos reciben financiación a través de los mecanismos establecidos por el gobierno para este propósito. Hasta el presente hemos generado cerca de 3.000 empleos y queremos extender el modelo por todo el país, como un mecanismo de reactivación económica y reparación social.

RCP: ¿Qué estrategias se han planeado para obtener el perdón, la convivencia y la reconciliación de los grupos armados con las personas que han sido víctimas de su violencia?

LCR: La ley de justicia y paz, recientemente expedida por el Congreso, es bastante generosa en el tratamiento de las víctimas. A las medidas de reparación puestas en marcha por el gobierno central desde años atrás (atención preferencial a la población desplaza, indemnización a familiares de víctimas del terrorismo, reconstrucción de poblados destruidos por la guerrilla, prioridad de inversión social en zonas de violencia), se suman ahora instituciones novedosas, como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y el Fondo para la Reparación de las Víctimas. La misma ley establece la puesta en marcha programas de reparación colectiva en las zonas donde han operado los grupos armados ilegales, y faculta a las autoridades judiciales para ordenar medidas de reparación a las víctimas, incluso sin que se haya individualizado al victimario.

Podemos decir que están dadas las condiciones para estructurar una política nacional de reparación a las víctimas. Es importante adelantar una labor educativa que permita a las víctimas acceder a estos beneficios con confianza, sin amenazas ni manipulaciones. De allí la importancia de impulsar centros regionales de justicia restaurativa, que orienten a las víctimas en este proceso. Frente a posiciones polarizadas de personas y organizaciones que descalifican los alcances de la ley de justicia y paz, se hace necesaria una mirada objetiva y un acompañamiento a las víctimas por parte de ciudadanos ecuánimes y de profesionales de la salud mental que centren su interés en sanar heridas y no en ahondar más los abismos de odio que surcan a la nación.

RCP: ¿Cuáles son las diferencias entre justicia retributiva y justicia restaurativa?

LCR: La justicia es un sistema de reciprocidades. Frente a la acción violenta la primera respuesta de la sociedad ha sido la venganza, canalizada y ritualizada en el derecho arcaico. Después aparece la justicia razonada, que contiene los deseos de venganza, pero sigue exigiendo castigo para el culpable. Éste es el origen de la justicia retributiva. Como se afirma que la ley es absoluta, también el castigo debe ser absoluto y cumplirse más allá de cualquier consideración social. Algunos teóricos del derecho penal añadirán que la pena debe ser aflictiva y proporcional a la ofensa.

El mundo se orienta hoy hacia la justicia restaurativa, que centra su atención en la reparación a la víctima y no en el castigo al victimario. Se considera como medio más efectivo para contener la venganza la reparación integral de la víctima, con plena satisfacción de ésta. Para la resocialización del condenado resulta también más adecuado su compromiso con las labores de indemnización, rehabilitación, restitución y reparación simbólica.

La ley de justicia y paz combina elementos de justicia retributiva –una pena privativa de la libertad de cinco a ocho años–, con elementos de justicia restaurativa novedosos dentro de la legislación colombiana. Por otro lado, al exigirse la desmovilización y desmantelamiento del grupo armado ilegal y el requisito de no volver a delinquir como condición de elegibilidad para acogerse a la ley, aseguramos la prevención hacia el futuro de nuevas ofensas como mecanismo de reparación colectiva. La conjunción de la reparación hacia hechos del pasado (sanando a las víctimas) y la prevención de nuevos hechos delictivos hacia el futuro constituyen la garantía de no repetición, de la que se habla en el derecho penal contemporáneo.

RCP: ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con las guerrillas y qué estrategia se está siguiendo con ellas?

LCR: Con las guerrillas no ha sido fácil aclimatar un ambiente de confianza. Hemos hecho grandes esfuerzos para iniciar un proceso de paz con el ELN, y esperamos que fructifiquen. Las FARC parecen interesadas, por ahora, sólo en el llamado «acuerdo humanitario». Les hemos dicho que estamos dispuestos a un encuentro directo en una zona con condiciones básicas de seguridad para ambos, pero sin despejes militares. Como paso previo esperamos de parte de ellos un gesto de paz, por ejemplo, la liberación de algunos secuestrados.

Si persistimos en una política firme de seguridad que les haga saber que la vía armada está bloqueada, los grupos guerrilleros accederán a una salida dialogada que sirva para fortalecer la democracia. Es importante, sin embargo, evitar errores del pasado que permitieron a los ilegales fortalecerse militarmente y lanzar después nuevos ataques contra la sociedad. La cesación de acciones violentas debe mantenerse como requisito básico para avanzar en un proceso de paz. Por otro lado, y como quedó consignado en la ley de justicia y paz, se puede adelantar con estos grupos acuerdos humanitarios que favorezcan a las víctimas, siempre y cuando los delincuentes presos que reciban beneficios adelanten acciones de reparación y se comprometan a no volver a delinquir, como contraprestación por obtener su excarcelación.

El gobierno le ha dicho al ELN que, puesto en marcha un cese de hostilidades que contará con reciprocidad gubernamental, está dispuesto a convocar la «Convención Nacional» que ellos han tenido como bandera. A las FARC también se les ha ofrecido reciprocidad ante un cese de hostilidades, la posibilidad de tenerlos como interlocutores y explorar la convocatoria de una asamblea constituyente –sugerida por ellos– como punto final del proceso de paz. Desde una posición de firmeza institucional no tenemos problema en ser generosos con quienes dejan las armas.

RCP: En caso de no continuar con su cargo en agosto del 2006, ¿qué perfil piensa que sería conveniente para el nuevo alto comisionado para la paz y qué recomendaciones le daría?

LCR: Quien asuma este cargo debe estar preparado para la frustración. Es tal vez el cargo que genera más controversia en la nación. Como tiene que hablar con ilegales, muchas veces los ciudadanos descargan sobre el comisionado el odio que sienten sobre aquéllos. Debe lidiar, además, con los espontáneos de la paz, que creen que con su buena voluntad pueden arreglar el problema. Y también con uno que otro loquito que incuba en su mente salidas novedosas pero utópicas.

En este cargo no se puede ser ni optimista ni pesimista, siempre realista. El optimismo de la paz, que termina en frustraciones, se paga con vidas humanas. El pesimismo no es aconsejable para un cargo tan difícil. Prefiero ver la labor del comisionado como un oficio de pilotaje que requiere la pericia del marinero que va al frente de una nave en medio del mar embravecido. Su tarea es llevar la nave a buen puerto, pero puede perecer en el intento. La labor del comisionado puede compararse también con la de un tallador al que le piden sacar del material poco noble de la violencia la obra social por excelencia: la convivencia.

Frente a los ilegales debemos ser firmes, pero no dogmáticos. Debemos recordar que representamos la majestad de la institucionalidad democrática y el principio ético del no matarás. Pero también tenemos que ser pragmáticos en la búsqueda de soluciones. Ningún proceso de paz es perfecto. Si los armados dejan las armas y quedan bajo control del Estado, lo más importante se ha ganado, lo demás lo podemos solucionar a través de la democracia.

RCP: ¿Qué desventajas y ventajas existen en cambiar las políticas de paz y negociación con cada gobierno?

LCR: Los cambios en política de paz tienen la ventaja de permitir aprender del pasado, pero pueden ser utilizados por los ilegales para fortalecer sus posiciones. La política de paz de este gobierno nace de un análisis crítico de los éxitos y fracasos de nuestros antecesores. Esperamos que lo mismo hagan los próximos gobiernos. En cuanto a nuestra actual política, sería saludable que se mantuviera la condición del cese de acciones violentas para iniciar negociaciones, la negativa a despejes militares para adelantar los diálogos –ofreciendo en reemplazo zonas de seguridad o de ubicación temporal en términos de la ley 782– y la realización de acuerdos humanitarios sin terminar reforzando la posición de chantaje de los violentos.

Finalmente, es necesaria la articulación estrecha con las Fuerzas Armadas, pues cada decisión en el campo de la paz dialogada puede afectar de manera sensible la política de seguridad y defensa. En mi caso, ha resultado afortunado contar con dos oficiales de enlace permanentes en mi Oficina –un coronel del Ejército y otro de la Policía–, así como un general retirado, en el cargo de coordinador del Equipo Estratégico. No podemos contar sólo con analistas políticos para temas tan delicados, máxime cuando algunos de ellos muestran una profunda desconfianza hacia las Fuerzas Armadas. Las malas relaciones entre las Fuerzas Armadas y las personas encargadas de adelantar diálogos con ilegales han resultado costosas en la historia reciente del país.

RCP: Finalmente, ¿qué tipo de apoyo desearía tener desde el gremio psiquiátrico?

LCR: De los psiquiatras resalto su comprensión y acompañamiento. El Dr. Guillermo Sánchez Medina ha escuchado con atención mis puntos de vista y me ha aconsejado desde su experiencia y sabiduría. A colegas como Rafael Salamanca, Álvaro Rodríguez y Carlos Arteaga, que se han expresado de manera pública sobre mi labor, debo decirles que para la opinión pública sus puntos de vista han resultado esclarecedores y han ayudado a que se comprenda mejor mi trabajo. Y a los doctores Zoilo Cuéllar y Hugo Sotomayor, quienes se han comprometido desde la Academia de Medicina en el apoyo a la política de paz, mi mayor gratitud.

El gremio psiquiátrico y en general los médicos y profesionales de la salud mental tienen en sus manos los conocimientos y la experiencia para ayudar de manera eficaz a la reconstrucción del país. Sin embargo, no siempre se encuentran con facilidad los canales para salir de la consulta privada al escenario público. Es un camino al que sólo se llega con decisión y persistencia. Quien espera a que lo llamen y le digan qué debe hacer, ya queda aislado en su ámbito profesional. Hay que salir a la calle, como profesional y como ciudadano, dispuesto a practicar una clínica del afuera que tiene por propósito detectar el sufrimiento colectivo y dar cauces adecuados de expresión a los problemas que lo generan.

Es tarea de cada uno valorar su vocación y encontrar con paciencia un nicho social que le permita adelantar labores en pro de la convivencia, encauzando sus conocimientos y esfuerzos para la consolidación del capital de confianza en que encuentra su sustento la nación.

Recibido para publicación: 18 de julio de 2005
Aceptado para publicación: 25 de julio de 2005
Correspondencia
Carlos Gómez-Restrepo
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental,
Pontificia Universidad Javeriana
Cra. 7 No. 40-62, piso 8, Bogotá, Colombia
cgomez@javeriana.edu.co