Ismael Roldán Valencia¹

¹ Médico psiquiatra. Profesor de la Universidad Sergio Arboleda y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: isrova39@yahoo.com

Resumen

Introducción y objetivos: darles voz a las víctimas civiles de la confrontación armada en Colombia en las dos últimas décadas y discutir la relevancia de alcanzar la verdad. Metodología: la revisión de los procesos de pacificación recientes permitió apreciar la ausencia de las víctimas en éstos. Para la elaboración de este artículo se emplearon los testimonios recogidos en el marco del Segundo Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo celebrado en Bogotá, en 2005. Otros testimonios fueron recibidos en la mesa de trabajo sobre Colombia en el Tercer Congreso Internacional, celebrado en Valencia (España), en 2006. Los nombres de las personas son reales, y presentaron su caso de manera pública y expresa para su amplia divulgación. Otra parte de la metodología fue la revisión de los procesos de paz pactados por los distintos gobiernos desde 1982. Resultados: se observa que desde los años ochenta se ha empleado el recurso jurídico de indultos y amnistías para los alzados en armas, recurso mediante el cual la verdad no se logra. En el conflicto armado actual, quienes han sido víctimas de hechos de violencia han tenido escasa presencia pública y muy poca incidencia en las decisiones políticas para resolver el conflicto. Conclusión: a través del conocimiento de la verdad se fortalece la conciencia moral colectiva, así como la individual, de cuya necesidad hablaba Freud, cuando en 1915 escribía algunas consideraciones sobre la muerte y su decepción ante la guerra.

Palabras clave: víctimas de crimen, justicia social, leyes.

Abstract:

Introduction and Objectives: To give a voice to the civilian victims of the armed confrontation of the last two decades in Colombia and discuss the relevance of reaching the truth. Methodology: The review of recent pacification processes made visible the victims absence. In the writing of this article testimonies were used that were recollected in the Second International Congress on Victims of Terrorism, held in Bogotá in 2005. Other testimonies were obtained in the Third International Congress, held in Valencia (Spain) in 2006. People used datheir real names and presented their cases publicly and expressly to be amply divulged. Another part of the methodology consisted of reviewing the peace processes held by the different Colombian governments since 1982. Results: We observed that from the eighties on, the legal resource of pardons and amnesties has been used with those in arms, resources with which in the end the truth is not obtained. In the current armed conflict, those who have been victims of deeds of violence have had scarce public presence and very little incidence in the political decisions taken to solve the conflict. Conclusion: The knowledge of truth strengthens the collective as well as the individual moral conscience, of which we are in need as stated by Freud in 1915 while writing about death and his deception with war.

Key words: Crime victims, social justice, laws.

Introducción

La tesis de trabajo de este texto radica en la coyuntura del actual conflicto armado en Colombia, cuya historia se remonta a comienzos de los años sesenta del siglo XX, y en la escasa presencia pública y muy poca incidencia en las decisiones políticas que han tenido para resolver el conflicto quienes han sido víctimas de hechos de violencia. El propósito de este texto es detenerse en las víctimas civiles, es decir, aquellas personas que se vieron afectadas por los hechos de la confrontación en Colombia en las dos últimas décadas.

Se caracteriza a las víctimas según el tipo de agresión padecida, tal como las clasifica el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH). Como esta investigación hace referencia a las víctimas civiles, sólo se tomaron en cuenta aquéllas enmarcadas dentro de: (a) la guerra sucia, (b) el desplazamiento forzado, (c) los daños colaterales y el terrorismo y (d) los secuestros (1).

La guerra sucia es aquella en la cual las víctimas civiles no combatientes, "son objetos de ataques indiscriminados, como bombardeos, explosiones, ametrallamientos, incendios y masacres; con más frecuencia son amenazados para que abandonen sus asentamientos habituales (1).

Otra categoría de víctimas es la de quienes sufren por el desplazamiento forzado interno. Este último se refiere a la acción llevada a cabo por personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar, o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los humanos o de catástrofes naturales, o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Se calcula el número de desplazados en Colombia, según el Gobierno, en 1.750.000, y organismos internacionales calculan 2.400.000 personas desplazadas.

Una tercera categoría es la relacionada con los llamados daños colaterales y el terrorismo. En esta categoría, las víctimas civiles sufren daños en su integridad y en sus bienes, por la cercanía a las zonas de conflicto o por “obligarlas causándoles pánico, a hacer o dejar de hacer algo" (1). Estas personas sufren del abuso por parte de los grupos insurgentes, que los usan como protección para lograr posiciones de ventaja o para evitar medidas de tipo militar por parte del Ejército colombiano. Uno de los casos más frecuentes de daños colaterales se produce por la toma de poblaciones con el fin de atacar comandos de Policía. La población civil se convierte así en escudo humano (1).

La última caracterización de las víctimas es la de aquellas afectadas por el secuestro. Según el INDH, éste no es fácil de catalogar pues, por un lado, es una toma de rehenes; por el otro, se convierte en una forma de terrorismo, en que se amenaza a los familiares de las víctimas, para obtener un rescate.

En este texto emplearemos los testimonios de las propias víctimas de distinto tipo de actos de violencia. Ellos mismos relatan los hechos y muestran su propia perspectiva y situación. Los testimonios fueron recogidos en la mesa redonda que tuve la oportunidad de coordinar en el marco del Segundo Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo (2), celebrado en Bogotá, en 2005. Otros testimonios fueron recibidos en la mesa redonda sobre Colombia, en el Tercer Congreso Internacional (3), en 2006, en Valencia, España, dirigida por Diana Sofía Giraldo, decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda.

Vale la pena destacar que el con- flicto colombiano tiene un impacto que va más allá de su democracia, de sus relaciones internacionales, de su crecimiento económico o de los índices de desarrollo. Como lo menciona el INDH (1), hay un efecto directo, doloroso y trágico sobre las personas que sufren la acción de la guerra y la violación de sus derechos fundamentales por parte de los actores armados. La violación de los derechos básicos de las víctimas es sólo una parte de su situación, porque también es importante reconocer en ellas la particularidad de su cultura y su dolor. Los prejuicios, los estereotipos y el desconocimiento de la víctima hacen que no se respete su pluralismo, sino que se tenga una visión uniforme, fortalecida por el manejo que de ellas hacen los medios de comunicación. Esto conlleva a desdibujarla, y, por ende, a generar su invisibilidad y, finalmente, su olvido por parte de la sociedad.

Al revisar los procesos de paz recientes, no sólo salta a la vista la ausencia de reconocimiento a las víctimas, también se aprecia que desde los años ochenta, y en otros momentos de la historia colombiana, el fin del enfrentamiento armado se realizó empleando el recurso jurídico de indultos y amnistías a los alzados en armas. El gran protagonismo que estos grupos han tenido en los procesos de paz es equivalente a la ausencia de las víctimas en ellos. Por esto la tesis central de este trabajo será darles la voz a las víctimas.

Belisario Betancur Cuartas (1982- 1986), como presidente, propuso un gran diálogo nacional. En 1982, el Congreso expidió la Ley 35 que consagró una amnistía amplia, incondicional y automática para todos los presos políticos y quienes depusieran las armas (4). En este proceso de negociaciones y de gran diálogo nacional, como lo calificó el gobierno, las víctimas del conflicto armado - por ejemplo, los familiares de los muertos y desaparecidos en el Palacio de Justicia - no tuvieron la posibilidad de ser escuchados.

El gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) planteó una estrategia de paz en la cual una de las primeras medidas fue crear la Consejería Presidencial para la Normalización, Rehabilitación y Reconciliación Nacional. Este período se caracterizó por acentuar la política social del gobierno, concebida como una manera de relegitimar el Estado, pero también se produjo el exterminio de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica (UP), así como el asesinato de líderes políticos y candidatos presidenciales.

El M-19 promovió las llamadas Conversaciones de Usaquén, que dieron pie la iniciativa de paz de septiembre de 1988, que prosiguió en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). Además, continuó el proceso de desmovilización de guerrilleros, que culminó en 1991 con la amnistía y posterior indulto para el M-19, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista. En mayo y junio de 1994 se desmovilizaron las milicias urbanas en Medellín y el frente Francisco Garnica Narváez, disidencia del EPL.

Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), éste propuso una agenda amplia que podría ser la base para conversar sin condiciones; prometió negociar con la coordinadora guerrillera, mediante contactos directos en el exterior, pero la oferta de diálogos fue rechazada por la guerrilla, pues consideraron ilegítimo al gobierno por los dineros del narcotráfico en la campaña electoral.

Cuando Andrés Pastrana asumió la Presidencia (1998-2002), la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) trataba de dar un salto cualitativo: de una guerra de movimientos pasó a una guerra de posiciones de dominio territorial (4). Entre 1996 y 1998, las fuerzas militares habían recibido derrotas por parte de los guerrilleros en Puerres, Las Delicias, La Carpa, Patascoy, El Billar y Miraflores, donde murieron doscientos militares y quinientos fueron hechos prisioneros.

Este fue el clima en el que se desarrolló la campaña presidencial de 1998, y todos los candidatos le apostaron a la paz, pero Pastrana lo hizo de manera más convincente al presentarse en la televisión con dirigentes guerrilleros. La propuesta de Pastrana fue la acogida por los colombianos. Con estos principios se iniciaron las negociaciones con las FARC, en 1998. La credibilidad del proceso se terminó después de casi cuatro años de diálogos, cuando las FARC secuestraron un avión en el sur de Colombia y retuvieron al senador Jorge Gechem Turbay.

Estos procedimientos en busca de la paz tienen la gran carencia de que no sólo hay impunidad, sino que no se llega a la verdad. Y por ausencia de verdad es imposible que opere la sanción social, que en sí misma sería una reparación moral para las víctimas. La sanción social también permite el respeto a la dignidad de las víctimas. Al conjunto de la sociedad se le permite apropiarse de las implicaciones de la verdad, y sólo a través de la verdad se logra la elaboración del duelo. Entonces es cuando los dolientes y la sociedad pueden elaborar, comprender y vivenciar lo sufrido. No basta con la memoria, y como ésta no es suficiente, se requiere la reflexión para que la historia no se repita.

Las víctimas toman la voz

En este aparte tomamos algunos de los casos más representativos del conflicto interno colombiano mediante los testimonios de víctimas de la guerra sucia, el desplazamiento forzado, el terrorismo, los daños colaterales, el secuestro, las minas antipersonas, los desaparecidos y el narcotráfico. Todos los testimonios aquí consignados fueron presentados en el Segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo (2) y en el Tercer Congreso Internacional de Victimas (3).

La guerra sucia: masacres y desplazamientos

Masacres: El Naya

Entre el 10 y el 13 de abril de 2001, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron a la región del Alto Naya, ubicada entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, sobre la cordillera Occidental colombiana. Las autodefensas, conocidas como paramilitares, ejecutaron por lo menos a 32 campesinos indígenas y afrocolombianos. Después de proferir todo tipo de acusaciones, los campesinos fueron asesinados con arma blanca (muchos degollados) frente a sus esposas e hijos. Al menos siete mil personas, en su mayoría indígenas paeces, tuvieron que huir de los paramilitares que avanzaban por el camino real del Naya. Licinia Collazos Yule, indígena paez es una de las sobrevivientes de la masacre del Alto Naya.

Testimonio de Licinia Collazos Soy sobreviviente de la masacre del Alto Naya, en la cual perdí a mi esposo y vi morir a cinco personas de esa región. Estamos desplazados en el municipio de Timbío (Cauca). Tengo obligación con tres hijos que me han quedado. Tenemos muchas dificultades en la salud y la educación.

Las secuelas comienzan desde el momento mismo en que uno es desarraigado de su territorio. Son secuelas que no son fáciles de olvidar. Gracias a Dios, nuestros hijos no han cogido malos caminos, pues mediante nuestra organización, hemos logrado instruirlos para que no cojan malos hábitos.

Como ya sabemos, las comunidades no estamos enseñadas a pedir o mendigar, por eso nosotros en este evento exigimos que el Estado nos coloque la mirada, ya que son bastantes las necesidades que padecemos.

Los sueños se truncaron porque nosotros éramos personas que vivíamos en nuestras veredas. Mi esposo era líder de la comunidad. Teníamos un primo presidente de la Acción Comunal, asesinado meses antes de mi esposo. Los proyectos se truncaron porque nos vemos en la obligación de desplazarnos a otros sitios, comenzar una nueva vida. Los lazos familiares se truncan, se rompe todo un tejido social. Nuestras familias, abuelos, tíos viven muy lejos. No podemos reunirnos como lo hacíamos antes. Desde ahí comienza nuestra problemática.

Los programas sociales, culturales, económicos se vienen encima pero, gracias a Dios, estamos luchando para que este problema se vaya resolviendo, porque estamos pidiendo que se haga una verdadera justicia, una verdad y una reparación. Cuando hablo de justicia, que me entiendan, no hablo de venganza, porque venganza sería otra cosa. Nosotros confiamos en la justicia colombiana. Confiamos en que haya una verdad, que nos diga quién mandó a hacer esto. Nosotros podemos hacernos muchas imaginaciones. Pero si tenemos una justicia, ella dará los resultados de todo este proceso.

Los anhelos que ahora tenemos es sacar a nuestros hijos, a nuestra comunidad, adelante y que estemos todos unidos. Como ya escuchamos en las horas de la mañana, estando unidos, la paz puede llegar. Pero la paz que nosotros esperamos es una paz en la que podamos tener a nuestros hijos estudiando, que nuestras familias sean cubiertas en la parte de salud, que haya una verdadera inversión socioeconómica en nuestros territorios, y que con todo esto unido, podremos decir que hemos restaurado todo lo que se nos ha perdido. Pero mientras no tengamos esto, seguiremos buscando, luchando para encontrar esa paz que esperamos en nuestros territorios.

Masacres y desplazamiento: Bojayá

El jueves 2 de mayo de 2002, Colombia se estremeció por las noticias sobre una nueva masacre de civiles. Estos hechos ocurrieron en el poblado de Bellavista (Bojayá), un pueblo localizado en el Departamento del Chocó, fronterizo con Panamá. Esta comunidad afrocolombiana, que vive de la agricultura, la pesca y la minería, hoy trata de recuperarse a través de un arduo trabajo. Desde el 1 de mayo de 2002, sus pobladores vivieron con terror un cruento enfrentamiento entre las FARC y las AUC. A las dos de la tarde del 2 de mayo, con la intensidad del combate, cientos de familias se refugiaron en la iglesia de la comunidad y otras personas corrieron hacia la Casa de las Hermanas Agustinianas. Las FARC lanzaron cilindros de gas contra la Iglesia con el propósito de desalojar a los paramilitares atrincherados cerca de ésta. El cilindro alcanzó el techo de la iglesia y estalló. Aquí fallecieron 119 personas de la población civil; 46 eran niños, quienes lo único que buscaban era protegerse del fuego cruzado de estos dos grupos, empeñados en dominar este territorio de gran importancia estratégica por ser fronterizo con Panamá y de fácil acceso por el océano Pacífico y el mar Caribe.

Testimonio de Leiner Palacios

Nosotros éramos un pueblo que vivía de la agricultura, la pesca y la explotación de algunos recursos naturales. Habitábamos a lo largo del río Atrato y en algunos afluentes.

Pescábamos sin tener miedo a represalias, nos movilizábamos libremente por nuestro territorio. El sueño de muchos de nuestros jóvenes era llegar a ser profesionales y ayudar a nuestras familias. Muchos de nuestros padres tenían o tienen la ilusión de sacar a los hijos adelante, a pesar de no contar con suficientes medios.

Habíamos vivido la realidad del conflicto mucho antes del 2 de mayo de 2002. Empieza en 1996 con una avanzada de un grupo paramilitar por el río Atrato hasta Vigía del Fuerte y Bellavista, hecho que fue conocido a nivel nacional. No hay que desconocer que este territorio ha sido controlado por las FARC. En un lapso de cinco años estos actores armados, paramilitares y guerrilla, cometieron muchos asesinatos. Pero muchas de estas acciones se quedaron en el anonimato, no se conocieron en Colombia. Es a partir del 2002, con la masacre de Bojayá, cuando se avizora la realidad del conflicto al que estábamos sometidos en estas comunidades.

En esos cinco años de la presencia de la guerrilla y los paramilitares, la comunidad de Bellavista tuvo la valentía de hacer una declaración por la vida y por la paz, donde exigíamos a estos actores que no ocuparan nuestro territorio.

El 1 de mayo, a las seis de la mañana, cuando muchos todavía estábamos en la cama y otros se habían ido a sus labores de pesca, empezamos a escuchar unos tiros.

Todo el mundo se alarmó ante la presencia de paramilitares y porque presentíamos que la guerrilla venía en represalia contra ellos. Allí estuvimos en las casas a la expectativa, nadie se atrevía a salir, porque además, el pueblo estaba inundado.

A las dos de la tarde, con la intensidad del combate, empezamos a tener mucho miedo y muchas familias corrimos hacia la parte media, la parte más alta, donde estaba la iglesia y nos refugiamos allí.

El 2 de mayo, unos amanecimos en la iglesia y otros en la casa de las hermanas agustinas. Las FARC lanzaron una pipeta de gas, un cilindro bomba, el cual alcanzó el techo de la iglesia, donde había alrededor de 600 personas, todas civiles, y quedaron como resultado 119 civiles muertos.

Después del estallido algunos salieron corriendo para la ciénaga, otros para el río Atrato, y se formó un caos impresionante. Muchas de las víctimas de la iglesia no las pudimos sacar porque ninguno de los actores allí nos lo permitió.

Desplazados: periodistas

Testimonio de Carmen Rosa Pabón

Yo vengo de Arauca, un departamento situado en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Allí he trabajado durante 23 años. Un departamento cuya mayor riqueza es la gente, esa gente que a pesar de las cicatrices que deja el conflicto y la incomprensión, sigue allí trabajando, superando y creyendo en la paz. Ellos me dieron el valor para volver. Un periodista en el exilio vive a medias. Yo creo que es un periodista que está muerto en vida. Y es que los periodistas también sentimos, sentimos el dolor que siente la gente, los acontecimientos que tenemos que cubrir a diario, esto no es fácil.

Los periodistas de Arauca, para poder regresar, recibimos el apoyo del Gobierno a través del programa de protección del Ministerio del Interior. Decidimos regresar a la región a sabiendas de que el peligro sigue latente. De hecho, la semana pasada un periodista debió salir del municipio de Tame, porque había sido amenazado.

El conflicto continúa y nuestro oficio es contar los acontecimientos tal y como suceden, y no es fácil nuestro trabajo. El conflicto no respeta edades. Este año, por ejemplo, en una masacre el 1 de enero, nosotros tuvimos que reseñar y contar cómo morían niños de dos años con un tiro de fusil en la cabeza.

Según el seguimiento que hizo la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, el estado de libertad y de expresión en Colombia, durante el año 2004, tuvo en términos generales una mejoría. El solo hecho de que hubiera menos asesinatos y atentados contra periodistas es un logro. Sin embargo, hay síntomas muy preocupantes ahora, son nuevos. En enero de este año (2005) fue asesinado un colega en Cúcuta; dos periodistas fueron amenazados:

uno en Santa Marta y otro en Valledupar. En el Urabá antioqueño fue secuestrado un periodista. En lo que va corrido de febrero hemos registrado el asesinato de un periodista, otro sufrió un atentado y otro salió de su región amenazado. Nosotros los periodistas de Arauca, después del exilio, regresamos y nos hemos organizado.

En nuestra región contamos con la Corporación de Periodistas de Arauca, con el firme propósito de luchar unidos, no sólo por nuestras reivindicaciones, sino por que no sean vulnerados nuestros derechos, y mediante la capacitación que hemos estado recibiendo, podamos servir mejor a quienes nos debemos, la gente buena de nuestro departamento.

Los periodistas de Arauca soñamos con poder trabajar e informar a nuestras comunidades con libertad, sin temores, y sin presiones de los actores en conflicto. Soñamos con volver a salir a los pueblos, recorrer los campos donde miles de campesinos sobreviven y en medio de esta guerra tratan de construir la nueva Colombia en paz, que tanto anhelamos nosotros los colombianos. Sabemos que, al igual que nosotros, muchos periodistas sufren la incomprensión de los violentos y trabajan con el temor de la amenaza. Ante esta realidad soñamos con un gremio fuerte, unido, sólido, que defienda nuestros derechos y que no permita que por temor a perder la vida, se sacrifique la verdad.

Dejamos este mensaje a todos nuestros colegas. Porque ayer fue Arauca, hoy son nuestros colegas de Cúcuta, la Costa, Cali, el Urabá antioqueño. Mañana podemos ser todos.

Persecución política: la Unión Patriótica, el exterminio de un partido político

En marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la UP como un acto de persecución política y violación de la Carta de Derechos Humanos, y no como uno de genocidio: 1.163 homicidios, 123 desapariciones, 43 discapacitados por atentados y 250 amenazados, todos ellos militantes de la UP.

Desde hace siete años, la CIDH ha promovido una solución amistosa entre el gobierno colombiano y la UP, pero en el presente el acuerdo está roto. Los peticionarios de la UP hacen la ruptura "porque el gobierno no ha cumplido" en lo que atañe al programa de protección para sobrevivientes y a la asistencia a los desplazados. Denuncian que en estos últimos cuatro años han sido asesinados 130 militantes más. El gobierno, a través de Carlos Franco, director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, negó la ausencia de recursos para atender el proceso. Dijo que el Ministerio del Interior creó el programa de protección para los miembros de la UP: "Lo que se busca es armar un escándalo político", dijo (5).

Iván Cepeda Castro es hijo del dirigente de la UP, senador Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994. Iván Cepeda dirige la Fundación Manuel Cepeda Vargas, que aboga por la defensa de los derechos humanos y ha escrito La mémoire des victimes de la violence et la guerre (6) y, en coautoría, Duelo, memoria, reparación (7).

Testimonio de Iván Cepeda Castro El caso de la Unión Patriótica es el caso del exterminio de una fuerza política. En 1985 este grupo nació como resultado de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano. Después comenzaron las primeras desapariciones, los primeros asesinatos, y entre los años 1988 a 1992 fueron asesinados dos candidatos presidenciales.

Mi padre era el último senador que quedaba en el parlamento después de que siete colegas habían sido igualmente asesinados. Y cuando se dirigía en una mañana del 9 de agosto de 1994 a un debate, fue asesinado también. Llevamos once años buscando justicia. Como un caso único en la historia de este movimiento, logramos que dos suboficiales del Ejército fueran arrestados y condenados. En el crimen de mi padre actuaron conjuntamente paramilitares a las órdenes de Carlos Castaño, uno de los jefes más importantes de estos grupos, quien escribió un libro que se vende en todas las esquinas de Bogotá. Se llama Mi confesión. En las páginas de ese libro describe cómo mandó a matar a mi padre. Pero también un general de la República dio la orden, y a pesar de que entregamos ese libro a la Corte Suprema de Justicia, lo exoneraron.

Hoy el genocidio contra la Unión Patriótica continúa. Hoy no se puede exterminar más a un partido político que ha sido diezmado, pero se está acabando con los sobrevivientes, con los familiares, con todo el entorno de este grupo. Quiero aprovechar esta tribuna para pedir que se detenga este genocidio contra la fuerza política, que se respete el dolor de los que hemos sobrevivido a esta tragedia.

Las víctimas no solamente no hemos sido escuchadas, sino que al mismo tiempo se continúa persiguiendo a los que sobreviven. El principal problema en Colombia no es que no nos vean, sino que nos siguen matando, y quiero decirlo desde aquí como víctima del Estado colombiano. No estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia en Colombia, ni con los secuestros, desapariciones forzadas ni con las masacres ni con ninguna forma que vaya en contra de la dignidad. Y queremos decirlo, y yo pienso que todos los presentes en esta Mesa queremos decirlo, con una voz, como un clamor. !No más violencia en Colombia! Queremos la solución de este conflicto. ¡Que las personas sean respetadas!

Yo creo que nosotros no solamente somos víctimas, sino ante todo ciudadanos. A diferencia de nuestros compatriotas, conocemos la violencia y la hemos vivido más de cerca: tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestros deberes, y uno de ellos es decirle a la sociedad que nunca olvidaremos a nuestros seres queridos. No solamente porque son entrañables para nosotros, sino porque son entrañables para la sociedad. Tenemos un deber de memoria, pero también de valentía y de coraje público, de decir que no les tenemos miedo a quienes usan las armas, o mejor que tenemos miedo, pero más miedo tenemos de no estar a la altura de lo que debemos hacer.

También, por último, tenemos el deber en una sociedad en guerra de reconocer a las otras víctimas. Este es tal vez el paso más importante el que podamos ver en el sufrimiento de los demás nuestro propio sufrimiento, sólo así podremos construir yo diría una Colombia, pero también un mundo diferente.

Narcoterrorismo

Testimonio de Jairo Quintero

Yo soy una persona que ingresó a nuestra institución policial en 1974. Trabajé cuatro años en el Huila, luego me trasladaron a Medellín, Antioquia, donde me asignaron trabajar en la Estación de El Poblado. El 4 de febrero de 1983, tal vez, fuimos las primeras víctimas del terrorismo. A las doce del día fue atacada nuestra patrulla. En esa acción perdí un miembro inferior izquierdo, el brazo izquierdo y parcialmente parte auditiva. Mi vida cambió totalmente, pero hoy doy gracias a mi familia que me ha dado apoyo total, gracias también a mis compañeros.

Hoy hago parte de la Fraternidad de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, que es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por personal de la Institución que ha quedado con alguna limitación física por culpa de la violencia y el terrorismo que vive nuestro país.

En la Institución el objetivo es la rehabilitación integral de las personas, para que transformemos nuestro nivel de vida y el de nuestras familias. Hoy me encuentro viviendo en Neiva. Me di a la labor de integrar allí a mis compañeros que han quedado con limitaciones. Hoy soy el director de la Fundación, seccional Huila.

Desaparecidos

Luz Marina Hache Contreras narra que su compañero, Eduardo Loffsner, ex militante del M-19, con quien convivió durante siete años, desapareció el día 19 de noviembre de 1986 a las 6:00 p. m., y que ella nunca más volvió a saber de él. Desde ese día lo llora. Ella siente que él está muerto, pero le duele mucho no haber podido enterrar su cuerpo. Luz Marina cree que a su ser amado lo mataron narcotraficantes. En 1999 fue amenazada y tuvo que salir de Colombia y refugiarse durante un año en París. Decidió regresar para trabajar por el respeto a los derechos humanos.

Testimonio de Luz Marina Hache Contreras

La última vez que hablé con mi compañero, yo estaba en la ciudad de Santa Marta, y él, en la ciudad de Bogotá. Mi hijo menor tenía 18 meses, y cuadramos mi regreso. Cuando llegué a Bogotá, al aeropuerto, no lo vi. Supe inmediatamente que algo había pasado. Él tenía un sueño: construir una Colombia mejor. Eso hizo que mi compromiso con la sociedad colombiana cada vez fuera mayor. Como trabajadora de la rama judicial en la Fiscalía General de la Nación, el 9 de marzo del año 2000 desapareció en la ciudad de Valledupar una comisión judicial integrada por siete investigadores. Me tuve que desplazar a Valledupar, producto de que soy dirigente sindical del sindicato de la rama judicial, ASONAL judicial, y recibí las primeras amenazas. Un mes después, en la ciudad de Bogotá, me hicieron un atentado e hicieron que me exiliara por un año en Francia.

Volví y he seguido peleando como defensora de derechos humanos. Somos integrantes del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado. Creemos que lo que está pasando actualmente en Colombia es que la implementación de la Ley 975 no es más que entronizar la impunidad y la coexistencia del Estado y los paramilitares, y no es lo que merecemos las víctimas.

Tenemos una estadística donde aparecen asesinados (funcionarios de la rama judicial) en 2003, por la insurgencia, 57; en 2004, 5, y 2005, 3. Por el Estado colombiano, 3, en 2003; 10, en 2004, y 1, en 2005. Los paramilitares mataron 7 en el 2003, 8 en el 2004 y 53 en el 2005. Y algo que nos llama mucho la atención es la falta de autonomía e independencia de la rama judicial. Desde que pasó en el año 1985 el holocausto del Palacio de Justicia, que para todas las sociedades es lo más significativo, en Colombia fuimos la hojarasca seca del Estado. No importó acabar con la vida de 10 magistrados 3 auxiliares de los magistrados y miles de personas que murieron en el Palacio de Justicia, que fue una afrenta para el Estado Social de Derecho. Después de esto la rama judicial ha sido hostigada por todos los actores armados que hay en Colombia. El paramilitarismo, la guerrilla, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el propio Estado.

Terrorismo

Atentado al Club El Nogal

En el 2003, las FARC atentaron contra uno de los más exclusivos centros sociales de la capital colombiana, el Club El Nogal. Eran las 8:05 p. m. del viernes 7 de febrero de 2003, y dentro del lugar se encontraban más de 600 personas, entre ellas niños que asistían a una fiesta. Entonces explotó un carro bomba con 200 kilos de explosivos. El atentado dejó 40 muertos y más de 160 heridos.

Testimonio de Sonia Verswyvel: las víctimas de Colombia debemos romper el silencio

El siete de febrero de 2003 mi vida cambió. Cambié como persona, como mujer y como colombiana. Estaba comiendo con mi hijo en el Club El Nogal cuando estalló el carro bomba que dejó 36 personas muertas, cientos de heridos y toda una sociedad golpeada. Es un milagro que yo haya vivido. Llegué al hospital al borde de la muerte con fractura de cráneo, dos pulmones colapsados, seis costillas rotas y fractura de columna. El siguiente recuerdo que tengo es el médico explicándome que no podría volver a caminar jamás y que iba a tener que depender el resto de mi vida de alguien más. Le mostré mis piernas, que eran unos huesos forrados en piel y pies caídos y pregunté qué iba a pasar. Me dijo que me tenía que acostumbrar, porque así iban a quedar por el resto de mi vida. En ese mismo instante tomé una decisión: nunca mirar atrás y hacer hasta el último esfuerzo para recuperar mi independencia.

Así como las instalaciones del Club se fueron reconstruyendo ladrillo por ladrillo, yo fui reconstruyendo mi vida. Primero recuperé los músculos de mis piernas, en el Centro Integral de Rehabilitación (CIREC). Luego aprendí a hacer sola las cosas más básicas. Y por último, aceptar mi cambio de vida. Cambié mis piernas por una sonrisa. Mis piernas no funcionan, pero todo lo demás va a toda velocidad.

Pero no vengo a hablar de mi superación persona,l pues estoy segura de que muchos de ustedes y muchas otras víctimas que no están acá han llegado mucho más lejos que yo. Vengo a invitar a todas las víctimas de Colombia a romper el silencio. Porque una de las cosas que descubrí cuando me encontré sin poder mover mis piernas es que no era la única. Hoy, en este instante, hay cientos de personas tratando de entrar en un baño donde no cabe su silla de ruedas. Hay miles de colombianos que no pueden rehabilitarse por algo tan sencillo —por lo menos para otros— de no poderse subir a un bus. Hay decenas de mamás y papás que no saben qué hacer con su odio hacia las personas que les arrebataron su hijo o su hija un día. Y, sin embargo, cada uno de nosotros consentimos solos nuestras angustias.

¿No sería más fácil si uno tuviera por lo menos con quién hablar de esto? ¿Comparti,r por ejemplo, la angustia del primer momento cuando se sintió la explosión? O ¿la felicidad de que el ser que uno perdió vuelva en sus sueños a visitarlo sin que le recomienden visitar a un psicólogo? O ¿hablar de lo que cuesta una silla de ruedas, una prótesis o una fisioterapia?

Y si fuéramos más lejos y no se tratara sólo de compartir nuestras vivencias, sino de organizarnos para pronunciarnos sobre diversos temas: desde un nuevo urbanismo para adecuar la ciudad a nuestras muletas hasta la Ley de Verdad, Justicia y Reparación, que actualmente discute el Congreso de la República. ¿Por qué cederles nuestra voz a las ONG y funcionarios del gobierno que no necesariamente saben lo que sentimos frente al daño causado?

Y si fuéramos aún más lejos, ¿si no nos limitáramos a pronunciarnos, sino que nos uniéramos para reconstruir un nuevo estilo de vida, nuevas oportunidades de trabajo, nuevos discursos sobre la paz y la guerra?

Las víctimas, en este país de víctimas, no existimos sino en las primeras horas después de la tragedia. Nuestra voz no se oye en los foros públicos y mucho menos en los internacionales. La ONG Rebelión no se imagina que existimos, porque si lo supiera, habría recaudado fondos más bien para las víctimas.

Las víctimas tenemos mucho que aportar. Tenemos la fuerza para reconstruir este país, más fuerza que muchos. Si alguien lo duda, que mire a las víctimas de Machuca, que han reconstruido sus vidas literalmente desde los escombros. Tenemos la actitud positiva. Si no me creen, vayan al Club El Nogal: de los nueve discapacitados, siete ya están de vuelta en el trabajo. ¿Qué necesitaron? Que el Club los capacitara en otras áreas y los reintegrara a su rutina diaria. Es decir, que mirara todo lo que tenían y no lo único que les faltaba: la pierna, el brazo o la rodilla. Pero lo más importante que tenemos las víctimas es la capacidad de trabajar con el de al lado, sin importar su clase social, su raza o su ideología política. Porque cuando uno no puede caminar poco le importa si el otro es de izquierda o de derecha, es un compañero y eso basta. Porque lo más difícil de todo esto es la sensación de estar solo.

Mi invitación es a todos los colombianos y al mundo a que nos vean y a que nos ayuden. Siete millones de colombianos han sido directamente afectados por el terrorismo. Eso es mucha gente para ignorarlos. Hay tanto que podríamos aprender de cada uno de estos casos de coraje y recuperación. El primer paso lo tenemos que dar nosotros las víctimas rompiendo el silencio. El segundo lo tienen que dar el resto de colombianos y el mundo: no necesitamos su limosna ni su lástima. Necesitamos dinero bien orientado hacia proyectos de crecimiento, modelos de comunidad perdurables y sostenibles.

Este lunes yo finalmente pude pararme sola y dar unos primeros pasos. Por eso me siento con autoridad para decirles que nada, absolutamente nada, es imposible en esta vida si existe voluntad. Somos víctimas por azar pero somos más que eso. Basta que nos den una mano para demostrárselos y que crean en nosotros.

Por último, quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme dado la oportunidad de intervenir en este Congreso, y espero haber aportado el granito de arena que todos debemos dar para que las cosas mejoren y nuestros hijos puedan vivir en un país en paz.

Daños colaterales: Machuca

El uso de armas no convencionales, como la voladura de oleoductos y las minas antipersonas, ha llenado de tristeza y muerte a miles de hogares colombianos. En un pequeño pueblo denominado Machuca, en el departamento de Antioquia, al occidente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) voló el oleoducto, con las consecuencias que relata el periodista Sergio Ramírez, profesor de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad Sergio Arboleda:

El sábado 17 de octubre de 1998, la vida cotidiana de los habitantes de Machuca transcurría normalmente. Los hombres se desplazaron a sus actividades mineras y las mujeres quedaron al cuidado de sus hijos. Entrada la noche, la mayoría regresó a sus hogares, sin imaginar que en contadas horas viviría la peor tragedia de sus vidas. A la 1:30 de la mañana, un estallido interrumpió la calma del humilde caserío. La mayoría de los habitantes ya estaba acostumbrada a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) volara el Oleoducto Central que pasa a escasos kilómetros del poblado.

Dos explosiones y un disparo aislado iniciaron la jornada de terror. Cuando menos pensaron, todo quedó envuelto en llamas, que alcanzaban más de cinco metros de altura y cubrieron las casas de madera y zinc, y apagaron para siempre la vida de 45 personas. "Las llamas consumieron las casas de madera y la mayoría de las personas murieron cuando dormían, no tuvieron tiempo de escapar", expresó un habitante de Segovia que tenía familia en Machuca.

La explosión del oleoducto Ocensa provocó una inmensa bola de fuego que bajó de la montaña y a través del río Pocuné avanzó destruyendo todo lo que se encontraba a su paso, principalmente las casas donde habitaban los humildes mineros con sus familias. El corregimiento de Machuca se iluminó y en cuestión de segundos yacían innumerables cadáveres incinerados e irreconocibles; aquella dantesca escena no podrá ser contada con exactitud, porque muchos fallecieron y los que sobrevivieron sienten mucho dolor y quieren olvidarse de lo ocurrido.

Al amanecer, aún quedaban los restos humeantes de la vegetación y de los parales de madera que servían de soporte a las casas. Los sobrevivientes trataban de recuperar a sus muertos o intentaban auxiliar a los heridos, que en medio de quejidos pedían que los salvaran, sus cuerpos con más del 90% de quemaduras esperaban que llegaran los cuerpos de socorro.

Testimonio de María Cecilia Mosquera

Soy una de las víctimas de Machuca, del oleoducto que explotaron. Nosotros antes del incidente éramos personas normales en nuestros hogares. Hoy existen en Machuca muchas madres viudas y niños huérfanos. Nuestros sueños eran darles vida a nuestros hijos, verlos crecer y darles una buena educación para que ellos más tarde hicieran algo en la vida. Por cosas del destino no los pude ver. No se me cumplió mi sueño.

Testimonio de Luz Mery Estrada

Agradezco mucho la oportunidad que nos dieron. Vengo de La Fragua, Machuca, jurisdicción de Segovia (Antioquia), en representación de la misma.

Como todos lo saben, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 1988, donde se voló el Oleoducto Central de Colombia. Los responsables: la guerrilla. Las secuelas del incidente, las físicas que no podemos trabajar como lo hacíamos antes. Las emocionales, manejamos un complejo por las cicatrices, la inseguridad como personas porque nos sentimos, en ciertas ocasiones, inferiores a los demás.

El núcleo familiar se desintegró por la pérdida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros esposos. La estabilidad emocional de los habitantes de Machuca desapareció por lo sucedido y por falta de recursos. Nuestras vidas cambiaron porque al perder a nuestros compañeros, entramos a ser madres cabeza de familia y nos tocó buscar nuevos caminos de soluciones de vida.

Los proyectos se truncaron en nuestras vidas por no poder ver crecer a nuestros hijos, verlos estudiar y ser alguien en la vida para servir a la sociedad.

Testimonio de Raúl Montes

Yo no soy un sobreviviente de la tragedia de Machuca, pero por razones de mi trabajo con las comunidades de ese sector, me ha tocado ser un testigo diario del dolor que aún conservan y llevan por dentro.

Ese dolor cruel e injusto que el terrorismo ha llevado a nuestros hogares, a nuestros campos, a nuestras poblaciones y a algunos otros países. Ese dolor que también puede ser una lección de vida porque tenemos que seguir adelante. Todas las organizaciones de las comunidades, al iniciar y para corroborar un éxito, primero tienen que empezar a creer en nosotros mismos. Cuando tengamos esa convicción y hayamos adoptado la inquebrantable decisión de mantener la unidad y decirles a los violentos que no queremos más terrorismo, podemos decir que hemos empezado a girar la rueda del renacimiento y de la superación.

Machuca no es la excepción; está compuesto por ciudadanos, en su mayoría, de origen afrocolombiano, y esta es nuestra principal fortaleza. Un recurso que, encaminado hacia una sola dirección, constituye nuestra principal fuente de esperanza. Nuestra segunda fortaleza es la riqueza de nuestro suelo, el filón aurífero, la riqueza maderable, y la riqueza ictiológica de nuestro río constituye la despensa que nos permite mirar con un poquito de optimismo nuestro futuro.

Sin embargo, precisamos de un Machuca sin terrorismo, de un Machuca que consiga sus propias soluciones a los problemas, problemas domésticos característicos de una sociedad libre, con todos sus derechos a la mano y que pueda seguir haciendo uso de las libertades que nos da nuestra Constitución.

Esta mañana decía Sonia Corredor que lo importante era el testimonio, que si "ve algo, diga algo"… Por eso yo convoco a la solidaridad, a que en Machuca no nos miren más como víctimas, que nos apoyen porque la riqueza está ahí. Pero necesitamos de la inversión de un capital financiero, que nos permita abrir fuentes de trabajo. El capital una vez estuvo allí, pero se fue desplazando por la violencia de los actores del conflicto.

En Machuca creemos en nuestro Estado, en nuestras instituciones, pero creemos por sobre todas las cosas en la Colombia buena, en la Colombia laboriosa, en la Colombia democrática, que aspiramos se conserve así y que con el apoyo y la solidaridad de todos, nos ayude a combatir el terrorismo.

Las minas antipersonas

Tres sobrevivientes de minas antipersonas de las poblaciones de Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí (departamento de Santander, oriente de Colombia) presentan a continuación sus testimonios. En esta región decenas de campesinos, amas de casa y niños han resultado heridas o muertas a causa de estas armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. Ofelia Pinto, Florentino Lozada y Édgar Moreno fueron víctimas de estas minas.

Testimonio de Ofelia Pinto

Vengo de San Vicente de Chucurí. Era una mujer cabeza de hogar, porque mi esposo había muerto en manos de las FARC hacía ocho meses. Tenía una finca en El Carmen de Chucurí y estaba saliendo adelante con mis hijos: uno de 17 años, otro de 12, otro de 10 y un niño de 15 meses. El deseo inmenso era verlos estudiando y salir adelante.

Mi incidente ocurrió el 11 de junio de 1992 cuando pisé una mina sembrada a la orilla del camino por donde me tocaba pasar. Como ustedes se darán cuenta, perdí una pierna, me fracturé la otra y además tengo problemas en un ojo y un oído. También he sufrido de los nervios.

Todo cambió para mí. Me tocó vender la finca para pagar los gastos del hospital donde me atendieron. A mis hijos, aún siendo niños, les tocó salir a trabajar para ganarse la vida. Atrás quedaron mis sueños de verlos salir adelante. Cuando regresé del hospital fui a vivir adonde vecinos y familiares, hasta cuando la Cruz Roja Internacional me brindó apoyo. Actualmente, a pesar de haber perdido mis piernas, estoy saliendo adelante al lado de mi hijo menor. Ojala algún día él pueda estudiar y servir a la gente como me apoyan a mí. La Fundación CIREC está ayudando a mucha gente como yo, les doy las gracias. Ellos están dándoles la mano a muchas personas que no tenemos recursos, nos han colaborado con las prótesis y han hecho todo lo que han podido. Ahora en San Vicente de Chucurí, con el apoyo de la Fundación CIREC, tenemos una oficina de Semillas de Esperanza, para ayudarnos a salir adelante.

Testimonio de Florentino Lozada

Édgar Moreno presenta el testimonio de Florentino Lozada, pues éste perdió la visión, la audición y el lenguaje en Carmen de Chucurí, por una mina antipersona.

Yo era una persona común y corriente, trabajador del campo, con una familia a la que sostenía, y mi sueño era verlos bien a ellos. El accidente me ocurrió cuando me encontraba cogiendo café, en una finca del Carmen de Chucurí, en septiembre de 1991. Fue una mina colocada por las FARC, que me dejó sin las dos piernas, además de un problema auditivo. Con esto he sobrellevado mi vida, pues todo cambió para mí, a pesar de ser sustentado por mi familia.

Fui recluido en un hogar de caridad, pues ya no puedo trabajar para mí. Fue un cambio radical y vivo una situación difícil. Con mi familia quedamos sin nada. He tratado de salir adelante fabricando mochilas de mano en el asilo de Carmen de Chucurí. Vivo con eso para mis gastos, para ver si puedo ayudar a mi familia. Mi objetivo es seguir para adelante y quiero que me sigan apoyando. He recibido apoyo de la Fundación CIREC, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de algunas personas. Por último, hago un llamado para que todos nos unamos y apoyemos a los sobrevivientes de minas antipersonas.

Testimonio de Édgar Moreno

Tengo 30 años. Hace trece años perdí una pierna debido a la explosión de una mina antipersona en el Carmen de Chucurí. En la actualidad soy deportista paraolímpico de Colombia. Igualmente, soy activista de la Acción contra las Minas Antipersonales y lucho para que se cumplan los derechos de todos los sobrevivientes, sean civiles o militares. Mi gran sueño es que todos y todas las sobrevivientes de Colombia tengamos las condiciones de vida adecuadas para poder contar con una buena calidad de vida. Como persona quiero dejarles una reflexión: que luchemos así nos les haya pasado nada, porque si no les ha pasado nada, es una bendición de Dios.

Nosotros somos los dolientes, queremos luchar de la mano de ustedes, que nos apoyen. Queremos dar a conocer nuestras necesidades y poder hacer programas continuos de atención a los sobrevivientes de minas y a todas las personas con discapacidad, sea de minas o del conflicto armado. Quiero mandar un mensaje muy fuerte a las personas que colocan minas antipersonas, que les hacen daño a la comunidad colombiana e internacional: no sigan colocando las minas. Los sobrevivientes vamos a seguir luchando contra las minas antipersonas.

Hago un llamado para que toda la sociedad colombiana y la internacional se una y luche en contra de esa arma, de ese enemigo oculto que mata a personas, deja desplazados y hace muchos daños. Los dejo con este mensaje: "Nada sin nosotros, todo con nosotros".

Secuestros

Testimonio de la familia Lozada Polanco

En medio de los gritos de celebración en toda Colombia, pues muchas personas estaban volcadas en las calles celebrando el triunfo de la selección de fútbol frente a Honduras; en Neiva, al sur de Colombia, una docena de hombres fuertemente armados ingresaron al Edificio Miraflores. Era el 26 de julio de 2001. Secuestraron a quince personas, entre ellas, los hermanos Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada, de 15 y 17 años, hijos del senador Jaime Lozada. Además de los dos hijos, también se llevaron a la esposa del senador y madre de los Lozada, Gloria, quien aún permanece en cautiverio. Este secuestro ocurrió cuando todavía trascurrían los diálogos de paz auspiciados por el presidente Andrés Pastrana.

Tras permanecer tres años en cautiverio, los dos hijos del senador fueron liberados el 13 de julio de 2005, luego de que su padre pagara una gran suma de dinero por su liberación. Con este secuestro masivo los guerrilleros pretendían urbanizar el conflicto y hacer sentir a la población civil insegura y vulnerable. Luego, el senador Jaime Lozada Perdomo fue asesinado por las FARC, el sábado 3 de diciembre de 2005. Jaime Felipe, su hijo, lo acompañaba y sufrió heridas en una pierna.

Testimonio de Jaime Felipe Lozada Polanco

Hace dos meses vi morir a mi padre. Yo estaba con él. Gracias a Dios salí con vida del atentado. Fui secuestrado junto con mi madre y mi hermano, duré tres años en poder de la guerrilla. A los seis meses de estar en cautiverio a mi mamá la separaron de nosotros, la llevaron a otra zona. Desde aquel tiempo no tengo noticias de ella. No sé si está viva, si está muerta o cómo está, y es muy duro saber que la realidad es esa, pero desafortunadamente es así.

En este momento los sentimientos que me acompañan son de fortaleza. Después del secuestro mucha gente me preguntaba si me iba del país por miedo a otro secuestro, por miedo al asesinato o por el boleteo (amenazas). Después de la muerte de mi papá, que me tiraron a mí (también), me preguntan lo mismo y sigo diciendo que no. Mucha gente dice que soy obstinado o terco, o tal vez un poco tonto por no irme del país con mis hermanos, pero la fortaleza que nos da el sentir lo que hemos vivido nos tiene que impulsar a trabajar por nuestro país. Es un deber ético y moral seguir trabajando para que la sociedad cambie en un futuro. Creo que es el mejor homenaje que se le puede brindar a las víctimas, y pues, seguir apelando es un deber que hay que cumplir.

He dado, yo creo, tres de los años más preciados de mi vida, de la juventud. Llevamos dando cinco años de la vida de mi madre y hace dos años mi papá dio la vida por Colombia. Es sencillo, por Colombia se da la vida. Allí nacimos y allí creo moriré.

Testimonio de Ángela María Giraldo

Su hermano, el diputado Francisco Javier Giraldo, fue secuestrado en el departamento del Valle, al suroccidente de Colombia, por las FARC, cuando se encontraba, sesionando con once colegas, como miembro de la Asamblea Departamental. Desde ese día hasta hoy, Ángela Giraldo y su familia han luchado de manera incansable en busca de la aprobación de un Acuerdo Humanitario que logre un intercambio de los secuestrados por las FARC por guerrilleros prisioneros.

Actualmente soy la consejera de Paz del Valle del Cauca… Toda la vida he estudiado odontología, pero todo cambió el jueves 11 de abril de 2002. Ese día mi hermano, de 31 años, se encontraba en la Asamblea del Valle cuando un grupo de hombres de las FARC, disfrazados de militares, llegó hasta el recinto y les dijeron a los diputados que se trataba de un operativo militar, que los estaban evacuando porque había bombas en la Asamblea.

Montaron a doce diputados en una buseta, sin placas, con vidrios polarizados. En ella los sacaron desde la sede de la Asamblea, ubicada al lado de la Gobernación, en pleno centro de la ciudad, sin que nadie se percatara o preguntara qué hacían los militares en la zona urbana, cuando lo normal en la zona urbana es la presencia de la policía...

Desde ese momento he trabajado por sacar adelante el Acuerdo Humanitario. El sueño de mi hermano era hacer patria, construir un país mejor para las nuevas generaciones. Decía que lo importante no era cambiar las costumbres de los politiqueros, sino cambiar sus conciencias. En los mensajes que ha enviado dice que lo que más siente es el dolor que le está causando a su familia. Le decía a mi padre que necesitaba mucho de sus sabios consejos y que tiene mucho que aprender de él. Cinco meses después del secuestro, mi padre falleció por culpa de una fuerte depresión...

Estamos trabajando por el regreso de todos los secuestrados sanos y salvos. El Estado tiene la responsabilidad de combatir el delito, pero si la fuerza del Estado no es suficiente, el Estado y la sociedad tienen la obligación de acudir al diálogo, por eso los invito a que dialoguemos.

A las víctimas les pido que no olviden, hay que mantener la memoria para impedir que se vuelvan a cometer los mismos errores. Se debe restaurar el daño, pero no con sentido de venganza. Recogiendo las palabras de Arnold Roth, quien perdió a su hija en una explosión en Jerusalén, que dice: “Escojan la vida”. Eso es lo que les pido: escojamos la vida. Los secuestrados siguen vivos… Yo les digo hoy: mientras haya vida hay esperanza. Los secuestrados están vivos, no permitamos que ellos mueran. En sus manos está rescatarlos sanos y salvos. No utilicemos las armas de la violencia contra el terrorismo, utilicemos la mejor arma que es el diálogo, la reconciliación y el perdón.

Testimonio de Sofía Gaviria Correa

Su hermano, Guillermo Gaviria Correa, fue gobernador del departamento de Antioquia. Fue secuestrado el 21 de abril de 2002, cuando encabezaba una marcha por la paz y solidaridad hacia un pueblo pobre del occidente que sufría el robo del grano de café a manos de las FARC. Gaviria permaneció secuestrado más de un año junto a otras nueve personas. En mayo 5 de 2003, durante un intento de rescate militar, fue asesinado junto al ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y ocho militares, quienes estaban también secuestrados.

La mía es la historia de mi hermano, Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia del 2002 al 2003 solamente… Quiero honrar a muchas otras víctimas del terrorismo muy cercanas. Desafortunadamente no podemos nombrar a todas las víctimas durante este desangre. Permítaseme nombrar sólo algunas: Gabriela White de Vélez, una matrona y madre ejemplar de 78 años; Bernardo y Félix Antonio Vélez White, sus hijos. Los tres secuestrados y asesinados. Jorge Villa, campesino y amigo, asesinado; Alejandro Ledesma Ortiz, teniente compañero; Guarnes Tapias Torres, teniente; Héctor Lucuara Segura, sargento primero; Francisco Negrete Mendoza, sargento segundo; Samuel Ernesto Cote Cote, sargento segundo; Jaircinio Navarrete, cabo primero; Mario Marín Franco, cabo primero; José Peña Guarnido, cabo primero. Fueron los compañeros (de mi hermano) y de todos (ellos) fuimos la familia Gaviria Correa, haciéndonos amigos, encariñándonos con ellos a través del diario que Guillermo nos dejó.

Quiero comentarles sobre las tres palabras que se han venido escuchando en Colombia: perdón, olvido y castigo. Que ya no nos pregunten más a los familiares de las víctimas si perdonamos o no. Eso es de cada uno, es una cosa de moral, es absolutamente individual y no necesitamos volverla pública. El castigo es una cosa del Estado. Como víctima del terrorismo no quiero hacer parte de esa discusión. El castigo, afortunadamente, este es todavía un Estado de derecho y le toca al Estado ejercerlo. El olvido, no nos pidan que olvidemos. El dolor no nos va a dejar olvidar nunca. Ya nos mataron esas personas, ya nos hirieron, ya marcaron nuestras vidas para siempre y no vamos a dejar que tampoco ustedes lo olviden. Porque dejar que esas personas, esos hechos violentos se olviden, es como volverlos a cometer y nosotros no lo vamos a hacer.

Quiero decir que la esperanza no se agota en el asesinato de mi hermano, afortunadamente no. Claro que cuando uno lo ve muerto se le escapan todas las esperanzas, pero con actos como éstos, uno recupera la confianza. Yo he vivido muchos años en España y tenemos tanto que aprender los colombianos de esa sociedad civil, esa capacidad de movilización, la forma de hacer respetar sus víctimas. Así tiene que ser y por eso agradezco esta oportunidad que me dan de acordarme de mi hermano y de mis muertos.

Resultados. La magnitud de la situación actual de las víctimas

De todo el recuento anterior puede verse que a las víctimas sólo se les tiene en cuenta de manera coyuntural, cuando los actores armados cometen un asesinato, una masacre o un genocidio, para luego desaparecer y quedar silenciadas con su dolor a cuestas. Desde el gobierno de Betancur y hasta ahora, la historia del conflicto interno colombiano se ha caracterizado por que los actores armados ilegales se desmovilizan y se reintegran a la vida civil bajo la potestad que el Congreso de Colombia le confiere al presidente de la República para aplicar en algunos casos el indulto, y en otros la amnistía.

En cada una de las voces de las víctimas que dieron su testimonio está representado el drama, el dolor de los sobrevivientes. Licinia, la indígena sobreviviente del Alto Naya, quien es una de los 2.500.000 desplazados dijo: "los proyectos se truncaron porque nos desplazamos a otros sitios, los lazos familiares se truncaron y se rompió todo un tejido social". Leiner, uno de los sobrevivientes de la masacre de Bojayá en la cual hubo 119 civiles muertos, de los 8.449 asesinados en masacres desde 1993, relató: " las FARC lanzaron una pipeta de gas, un cilindro bomba que alcanzó el techo de la iglesia, donde había alrededor de 600 personas...".

Jaime Felipe fue víctima de uno de los 22.700 secuestros ocurridos desde 1993: "me secuestraron junto con mi madre, junto con mi hermano, duré tres años en poder de la guerrilla. Hace dos meses vi morir a mi padre. Yo estaba con él. Gracias a Dios salí con vida del atentado". Estos testimonios recuerdan a los padres, hermanos, hijos y cónyuges de los 844 indígenas, los 433 maestros, los 419 sindicalistas, los 243 concejales, los 28 periodistas, los 74 alcaldes asesinados desde 2000, según datos recogidos por la periodista María Teresa Ronderos (8). El testimonio de Ofelia recuerda algunos de los 1.432 heridos y los 401 civiles volados por estas minas: "mi incidente me ocurrió el 11 de junio de 1992 cuando pise una mina sembrada a la orilla del camino por donde me tocaba pasar. Como ustedes se darán cuenta perdí una pierna, me fracturé la otra y además tengo problemas en un ojo y un oído. También he sufrido de los nervios". Luz Marina Hache sigue buscando a su compañero, uno de los 7.600 desaparecidos.

Esta catástrofe humanitaria que ha vivido Colombia por el con- flicto armado interno dejará de ser un dato frío cuando se conozca la verdad y se escuche más fuerte la voz de las víctimas. Un comienzo de esta búsqueda de la verdad, si bien todavía tímido, se encuentra en la reciente Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Ésta contempla que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el debido proceso. Está previsto que el Estado les garantizará: protección de su intimidad; seguridad personal para las víctimas, familiares y testigos; pronta e integral reparación de los daños; así como derecho a ser escuchados, a recibir información veraz y oportuna sobre el proceso penal contra los victimarios y a conocer la verdad sobre los hechos, entre otros.

También se contempla en la Ley la reparación simbólica, lo que se refiere a toda ayuda realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que asegure la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos penales, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. En el proceso de discusión de la ley fueron escuchados, en el Congreso, organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y los jefes del paramilitarismo, que estaban en ese entonces en proceso de desmovilización. Pero la voz de las víctimas no fue escuchada, tanto en sus aportes como en sus críticas. Una ley concebida de esa manera se hace vulnerable. No puede plantearse la paz, si se deja en el olvido a las víctimas.

Esta ausencia de las víctimas en la discusión de la Ley, hace que se dificulte una paz duradera. No se puede plantear la paz,"Una paz moralmente defendible, si se deja en el olvido a las víctimas" (9). Estamos de acuerdo con Calderón en que la paz no puede darse solamente entre los actores del conflicto armado, ni entre ellos y aquellos sectores definibles como sociedad civil, sino mediante la inclusión de quienes han sido víctimas (9).

Conclusiones

De acuerdo con la documentación aportada, se puede afirmar que en Colombia las víctimas han tenido escasa visibilidad y participación en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones respecto a sus derechos fundamentales. Por el contrario, el efecto del conflicto sobre ellas ha sido doloroso y trágico, porque no se les reconoce la particularidad de su cultura y su dolor. Se cae en prejuicios y estereotipos y se desdibujan los acontecimientos que protagonizan.

También se aprecia que desde los años ochenta, así como en otros momentos de la historia colombiana, los conflictos violentos fueron dirimidos empleando el recurso jurídico de indultos y amnistías para los alzados en armas. Así, la aplicación de justicia es muy débil en estos procesos. Sólo recientemente se ha iniciado, tímidamente, el reconocimiento a las víctimas a partir de la Ley de Justicia y Paz.

Por ejemplo, en el proceso actual con los paramilitares hay más de 2.600 desmovilizados dispuestos a acogerse a la Ley. La justicia sólo conoce de ellos su identificación y desconoce, para algunos de ellos, incluso el sitio donde se les puede encontrar. Únicamente hay doce magistrados y cerca de treinta fiscales para aplicar justicia. En Yugoslavia, para aplicar justicia a sesenta detenidos de su conflicto, se requirieron trece años y un costo de cien millones de dólares.

Los alcances de la reparación también son en extremo estrechos ante la magnitud del número de víctimas y la limitación de los recursos. La reparación a las víctimas, si se las tomara desde 1964, tendría un costo de 55 mil millones de dólares, cosa muy improbable. En 1915, Freud escribía algunas consideraciones sobre la muerte y su decepción ante la guerra, que hoy son de actualidad:

No debe asombrarnos que el relajamiento de las relaciones morales entre los pueblos haya repercutido en la moralidad del individuo, pues nuestra conciencia no es el juez incorruptible que los moralistas suponen: es tan sólo en su origen "miedo social" y no otra cosa. Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la yugulación de los malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural. (10)

Esta Ley nos presenta, como nunca antes en Colombia, la posibilidad real de elaborar el duelo colectivo de tantos cientos de miles de compatriotas que hemos visto morir, desaparecer o secuestrar. Familiares, amigos, vecinos, conocidos o simplemente otros ciudadanos. Si hay una razón fundamental que ha llevado a que esta guerra se haya prolongado y reviva periódicamente, es que hasta ahora todos los procesos de paz han terminado en indultos y amnistías y no han considerado a las víctimas. A través del conocimiento de la verdad se fortalece la conciencia moral colectiva, así como la individual, de cuya necesidad habla Freud (10).

Así, sólo en la medida en que los colombianos asumamos este duelo mediante la verdad, podremos decir que la sociedad será capaz de lograr la paz, pues reconoce y acepta sus culpas. La verdad es un derecho fundamental e inalienable de la sociedad colombiana para saber lo ocurrido en estos últimos cuarenta años. Es necesaria también para lograr una reparación simbólica que ayudará a la reconstrucción de un tejido social fragmentado mediante la sanción social que se le aplica al victimario. El perdón es una opción individual de la víctima, y la justicia, responsabilidad de los organismos judiciales; mientras la verdad puede servir de contención a futuros hechos de violencia.

Por eso es tan importante la reciente sentencia de la Corte Constitucional que contempla la verdad como el derecho inalienable, pleno y efectivo que tiene la sociedad, y en especial las víctimas. Es la primera vez que esto ocurre en la historia colombiana y puede servir para que el país recupere conciencia moral, porque la verdad le abre el paso a la justicia, a la reparación y a la vida.

Es necesario que las naciones que ya han atravesado por estos difíciles caminos para la consolidación de sus sociedades, hagan una lectura responsable de la situación colombiana y tomen en cuenta el momento en que se encuentra nuestro proceso histórico de construcción de Estado. Cuando la sociedad colombiana tome conciencia y exija que las instituciones interpreten y representen la verdad, éstas ganarán confianza y credibilidad. Es en este punto donde se empezará a vislumbrar la formación de un Estado social de derecho legítimo.

* Este texto hace parte de la investigación presentada al Observatorio Internacional sobre Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España., por la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Referencias

1. UNDP. Informe Nacional de Desarrollo Humano: el conflicto, callejón con salida. Bogotá: UNDP; 2003.        [ Links ]

2. Segundo Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Bogotá, Colombia, febrero de 2005.        [ Links ]

3. Tercer Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, Valencia, España, febrero de 2006.        [ Links ]

4. Centro de Estudios Estratégicos Militares (CIME). Documento. Bogotá: CIME; 2002.        [ Links ]

5. Tras siete años, se rompe solución amistosa por muertos de U.P. El Tiempo. 2006 jul 1; Nación: 1-3.        [ Links ]

6. Cepeda I.La mémoire des victimes de la violence et la guerre. Lyon: Institut des Droits de l´homme-Université Catholique; 2003.        [ Links ]

7. Cepeda I, coautor. Duelo, memoria, reparación. Bogotá: Ministerio de Cultura- Defensoría del Pueblo de Colombia-Fundación Manuel Cepeda Vargas; 1998.        [ Links ]

8. Ronderos MT. El turno de las víctimas. Semana. 2006 sep 11: 74-82.        [ Links ]

9. Calderón G. Ética del reconocimiento. Cali; 2000.        [ Links ]

10. Freud S. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva; 1968.        [ Links ]

Lecturas recomendadas

1. Amnistía Internacional. Ley de Justicia y Paz (Boletín). Londres: Amnistía Internacional; 2005.

2. Bermúdez A. Nueva visión de la historia de Colombia. Bogotá Universidad Sergio Arboleda; 2002.

3. Bobbio N. Derecha e izquierda. Madrid: Taurus; 1996.

4. Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. El Tiempo. 2006 Ago 3.

5. Condena al país por masacre de Mancuso. El Tiempo. 2006 jul 28; Nación: 1-3.

6. Cyrulnik B et al. La resiliencia: desvictimizar la víctima. Cali: Rafue; 2002.

7. González C. Víctimas del conflicto desde 1964 podrán pedir reparación. El Tiempo. 2006 ago 3:1; redacción nacional: 1-4.

8. Hannah A. ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós; 1997.

9. Hannah A. Los orígenes del totalitarismo (Parte III). Madrid: Alianza; 1999.

10. Hoyos LA. Informe. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación; 2006.

11. Jaramillo J. Manual de historia de Colombia. Bogotá: Procultura; 1982.

12. Jimeno M. Comentario al libro Ante el dolor de los demás. UN Periódico. 2004 Mar 7: 21.

13. Jimeno R. Noche de lobos. Bogotá: Folio; 2005.

14. Kertész I. Sin destino. Barcelona: Acantilado; 2002.

15. Kissinger H. Mis memorias. Buenos Aires: Atlántida; 1979.

16. Ley 975/2005 de julio, de justicia y paz. (Diario Oficial, número 745.980 de 25-07-05).

17. Liévano I. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia (tomo III). Bogotá: Tercer Mundo; 1980.

18. Marina JA, Válgoma M. La lucha por la dignidad. Barcelona: Anagrama; 2000.

19. Melillo A, Suárez E. Resiliencia. Buenos Aires: Paidós; 2005.

20. Myers DG. Psicología social. Bogotá: McGraw Hill; 2000.

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Recibido para evaluación: 11 de diciembre de 2006 Aceptado para publicación: 27 de febrero de 2007