Sr. Editor:

En el editorial del primer número de REVISTA COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA de 2018¹, ha planteado usted un tema de discusión de suma importancia para los profesionales en el campo de la formación y la intervención en salud mental. Los problemas de salud mental han desbordado las capacidades del sistema y urgen respuestas puntuales desde la academia.

Por un lado, ya es conocida la elevada deuda del sistema de salud, que asciende a 8,2 billones de pesos². Son conocidas, además, las dificultades en el acceso a la salud que sufren los colombianos en general, y en atención psiquiátrica y psicológica en particular. Desde 2009 se reporta un bajo número de camas para atención psiquiátrica en América Latina y el Caribe³, mientras que en Colombia cerraron clínicas, como la San Juan de Dios, que dejaron un vacío de 260 camas para la atención de la salud mental del departamento de Cundinamarca⁴.

Por otro, el creciente número de personas, pertenecientes a los diversos grupos etarios, afectadas por problemas merecedores de intervención profesional, tal y como usted mismo señala en su editorial, junto con las víctimas y los actores del conflicto armado colombiano, hacen necesario que en las diferentes entidades estatales y académicas se piense y se discutan alternativas y se realicen estudios de base que respalden la toma de decisiones.

Precisamente, la academia ha sido un referente poco ponderado en la atención en salud mental. A través de los consultorios psicológicos, por ejemplo, muchas facultades de Psicología del país han atendido a cientos de personas. No obstante, es necesario revisar este aspecto con detenimiento y que se comience a pensar en la necesidad de cualificar la atención universitaria o restringirla a niveles de formación más elevados. En un reciente estudio⁵, se han señalado algunos problemas en el diligenciamiento de historias clínicas en el ámbito universitario de pregrado en Psicología. Este hallazgo apunta a un problema más importante: la experiencia y la capacidad que desarrollan los estudiantes que realizan sus prácticas en consultorios universitarios para evaluar e intervenir casos, las más de las veces, complejos. Las entidades reguladoras no facilitan pautas claras para el seguimiento de los profesionales en formación clínica en salud mental, lo cual hace que muchas veces cometan errores, que se pasan por alto, pero sin conocer sus consecuencias.

A lo anterior se aúna el hecho de que no existen programas de formación doctoral en el área específica de Psicología Clínica y en investigación de alto nivel en este importante campo. Asimismo, los protocolos de intervención validados para la atención a personas afectadas de diversos tipos de trastornos brillan por su ausencia. Incluso, muchas de las pruebas utilizadas para la evaluación psicológica y psiquiátrica en el país no cuentan con estudios en población colombiana, y cuando los tienen, sus muestras tienden a no ser representativas.

Actualmente, en Colombia se implementa el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI); sin embargo, la mayoría de los profesionales de salud mental del país desconocen cuáles son las técnicas que se están utilizando y su validación en estudios controlados. Esto en modo alguno significa que deba criticarse per se; pero un programa bien diseñado puede venirse abajo si no se realizan los controles pertinentes y se capacita de manera idónea a los profesionales encargados de atender a una población afectada por el conflicto armado.

Dada la situación, es necesario reflexionar desde lo que estamos haciendo en la academia y comenzar a responder al desafío desde la ciencia. Para ello sería primordial:

Deben abrirse muchos otros frentes de discusión académica, con el ánimo de que nuestros procesos de formación en intervención en salud mental respondan verdaderamente a las necesidades de nuestras comunidades. Por nuestra parte, consideramos que lo fundamental es que los procesos de intervención clínica sean aplicados por personal altamente capacitado y con experiencia.