EDITORIAL^*

HACIA LA EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN JURÍDICA

Aura Ximena Osorio^**

^*El presente editorial refleja la opinión de la autora y no de la Revista Vniversitas, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana ni de esta Universidad.
^**Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctoranda de la Universidad Externado de Colombia. Directora de la carrera de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana.

Las palabras de Ángel Osorio en El Alma de la Toga mantienen plena vigencia y deben ser interiorizadas por todos los que ejercen la profesión de abogado: "En el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno; luego ser firme; después se prudente; la ilustración viene en cuarto lugar; la pericia en el último".

Establece el artículo 229 de la Constitución Política que la ley indicará los casos en que se puede acceder a la administración de justicia, sin la representación de un abogado. No son muchas las causas que permiten que se acceda directamente; por ello, cuando se hace gala sobre la trascendencia de la noble profesión de abogado, se acude al texto constitucional porque la regla general es que para acceder a la administración de justicia se necesita un profesional del derecho.

Sin embargo, algunas cifras nos ponen a pensar sobre el futuro del país y la responsabilidad que nos cabe como formadores de abogados. En el Ministerio de Educación Nacional se encuentran registrados 223 programas de pregrado en derecho, de los cuales 166 se encuentran activos, es decir admitiendo estudiantes y graduando abogados, y la cifra de facultades de derecho ya superó las 72.

Algunos pueden pensar que quien escribe estas líneas está preocupada por la competencia que semestre tras semestre surge dado el creciente número de abogados que se gradúa y la consiguiente expedición de tarjetas profesionales que seguramente ya debe ir en la 300.000, legítima sospecha; pero lo que me inspira es la vocación académica y la búsqueda por pensar en alternativas que contribuyan a hacer de este país un mejor lugar.

La preocupación por los estándares de alta calidad en la educación superior, y sobre todo en profesiones que tienen una gran responsabilidad social como lo es el derecho, no puede pasar a un segundo plano en la agenda de las instituciones públicas ni privadas.

Se deben mantener canales de comunicación y concertación entre quienes desarrollan y ejecutan la labor educativa y quienes controlan que el desarrollo de esta actividad sea dentro de unos parámetros claros, pero el diálogo es fundamental para que el control no sea meramente formal y teórico, sino que sea efectivo y eficiente.

Uno de los caminos para el mejoramiento de la calidad de la educación son los procesos de acreditación planteados por el Gobierno Nacional como "un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, una ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como válida y deseable los pares académicos, es decir, quienes, por poseer las cualidades esenciales de la comunidad académica que detenta un determinado saber, son los representantes del deber ser de esa comunidad. También es un instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo institucional "¹.

En el proceso de diálogo del que se hablaba anteriormente resulta fundamental que los procesos de acreditación de calidad sean claros, transparentes, ágiles y sencillos; por eso, la expedición de los nuevos lineamientos para la acreditación de programas de enero del 2013, que aumenta de ocho a diez los factores de evaluación, es un tema para reflexionar. Ya la sola exigencia de ocho factores tiene aspectos que son repetitivos, y en lugar de facilitar, dificulta los procesos de autoevaluación.

Los estándares de calidad de un programa de pregrado se deben examinar en su política de admisión y permanencia estudiantil, en los servicios que se presten a la comunidad educativa, en el nivel de formación académica y profesional de sus profesores y la capacidad de innovar a través de sus trabajos investigativos. Asimismo, es fundamental el papel que desempeñan los egresados, pues estos son el fiel reflejo del impacto del programa en el contexto real.

En un mundo globalizado son relevantes las relaciones que tienen los estudiantes y los profesores con las redes universitarias en el mundo, las posibilidades de intercambio, las facilidades para promulgar el nuevo conocimiento no solo a nivel profesoral sino, más importante aun, la promoción de la investigación formativa, sin que esto sea formalmente un factor de evaluación independiente, pues se puede articular con aspectos centrales como la evaluación de profesores y de estudiantes.

Las instituciones que ofrecen el programa de derecho deben, en su proceso autoevaluativo, propugnar por un conocimiento ampliado, no solo de la disciplina jurídica, sino de otras que le permitan al egresado dar respuestas integradas y el trabajo en equipo con otras profesiones.

Por otro lado, es necesaria la formación de profesionales que tengan un alto grado de tolerancia ante la frustración, de tal manera que cada experiencia se convierta en un aprendizaje útil para su formación profesional y no en un mecanismo para obstaculizar la labor administrativa. Con frecuencia se observa que las personas sienten una gran animadversión ante una respuesta negativa, y tal antipatía se convierte en todo un expediente judicial, en lugar de hacer una reflexión profunda sobre la conveniencia, oportunidad y justicia de una decisión.

Como resultado de estas experiencias se encuentran abogados que dilatan términos proponiendo actuaciones que no tienen fundamento, sin hacer reflexiones sobre la justicia, la conveniencia y la oportunidad de sus actuaciones; el gran problema de la congestión de la justicia son los abogados, que en lugar de agilizar, obstruyen la administración de justicia.

En suma, pueden ser 20 o 70 las facultades de derecho, pueden ser 5 o 220 los programas de derecho que se ofrezcan en este país que, como lo denominó Mauricio García es la "tierra de los abogados", y efectivamente lo es, como lo demuestra el Centro de Estudios de la Justicia en América que en 2008 - 2009 indicó que, después de Costa Rica, Colombia es el país con el mayor número de abogados en relación con su población: 354.45 abogados por cada 100.000 habitantes.

Lo relevante, más que los números, es la determinación real de los programas por educar individuos que en lugar de resolver conflictos, los prevengan; que en lugar de complicar los procesos, los agilicen; que construyan soluciones ágiles, transparentes y acaten las decisiones que se toman justamente.

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¹http://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186377.html