INTRODUCCIÓN

Este artículo de investigación forma parte de un proyecto más amplio sobre la historia intelectual de los derechos humanos en Colombia entre 1974 y 1998. El texto representa una interpretación preliminar sobre la relación entre algunos grupos de la izquierda colombiana y las ideas sobre los derechos humanos entre 1974 y 1978. Las preguntas que estructuran este escrito son: ¿cómo se relacionó la izquierda colombiana con las ideas de derechos humanos en el período señalado, teniendo en cuenta su desconfianza arraigada con la legalidad liberal? ¿Por qué fue posible que algunos grupos desde este lugar del espectro político acogieran el lenguaje de los derechos humanos?

La hipótesis del artículo es que la izquierda entendió la defensa de los derechos humanos como una actividad de denuncia de la violencia de un estado burgués. El uso del término "izquierda" en el artículo no pretende dar cuenta de todos los movimientos o personas que se veían a sí mismos militando a ese lado del espectro político. La complejidad de la izquierda no permite reducciones tan simples si se pretendiera describir su realidad. La izquierda a la que me refiero en este artículo gira alrededor de una idea en la cual la lucha de las clases populares es fundamental para lograr una sociedad más justa. Esa lucha tiene varias vías y la pregunta del texto es entender el rol que tuvo el discurso de los derechos humanos después de 1974. Esa izquierda denunció la violencia sistemática y generalizada y tenía la intención de crear una conciencia de "clase popular" víctima de la violencia estatal. La creación de conciencia era fundamental en el proyecto de lograr una revolución social. Para sustentar esta hipótesis, me valdré fundamentalmente del contexto que rodeó la publicación y la recepción de uno de los primeros informes que acogió el lenguaje de los derechos humanos: El libro negro de la represión, publicado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP¹. En suma, este artículo es una interpretación de ese informe a partir de la tensión entre legalidad burguesa y proyecto revolucionario propio de la izquierda.

Este problema es relevante al menos en dos niveles: por un lado, pretende dialogar con el debate contemporáneo sobre la historia intelectual de los derechos humanos. En este debate, una primera explicación del surgimiento de los derechos humanos en América Latina se concentra en el abandono de un radicalismo político propio de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado. Desde esta perspectiva, se sostiene que América Latina comprendió que la revolución de izquierda no sería tolerada en el hemisferio en virtud de la violenta represión desatada en Uruguay, Argentina, Brasil y, especialmente, en Chile. Por ello, se plegó al discurso de derechos humanos que le dio la posibilidad de oponerse al autoritarismo desde un lenguaje presuntamente moral y apolítico². Una segunda explicación de esta discusión presta atención fundamentalmente a la manera como el imperialismo estadounidense de finales de los años setenta cooptó las iniciativas locales de derechos humanos, mediante el fortalecimiento de las instituciones de derecho internacional con lo cual les hizo perder a los activistas de derechos humanos una especie de pureza humanista³.

Estas historias que explican la irrupción de los derechos humanos son narradas desde una óptica estadounidense, por lo cual se pierden de vista ciertas particularidades que ocurren en otros lugares. Por ende, creo que si bien estas explicaciones nos ayudan a comprender parte del clima intelectual que a finales de los setenta hizo posible la irrupción de los derechos humanos, también creo que ellas dan un énfasis al ambiente intelectual estadounidense -e incluso europeo- en desmedro de la circulación de ideas en lugares como Colombia. Este escrito es relevante en el sentido de reclamar el rol de América Latina en la producción de historias globales. Por ello, el artículo plantea un diálogo desde el Sur para enriquecer la narrativa dominante⁴. Así, la perspectiva desde Colombia invita a examinar con más detenimiento el comportamiento de la izquierda colombiana frente a los derechos humanos y preguntarse su rol de cara a un país en donde estas ideas pudieron haberse leído no solamente como un lenguaje neutral en la disputa política sino como resultado de una expansión imperial estadounidense.

En un segundo nivel, esta reconstrucción es relevante de cara a una reconstrucción del pasado en un escenario de posconflicto, como el colombiano. Los esfuerzos de la justicia transicional en materia de memoria se han enfocado fundamentalmente en la reconstrucción de los hechos o atrocidades del pasado para resarcir a las víctimas -es decir, se basan en iniciativas de narrar historias fácticas sobre el pasado-⁵. Sin embargo, un aspecto poco explorado es cuál es el esquema de pensamiento o de ideas del pasado que pudieron haber contribuido a generar, perpetuar o detener la violencia. Este aspecto intelectual de "comprender" el pasado de los derechos humanos como idea es el enfoque de este artículo⁶.

Para cumplir los objetivos anunciados, este artículo se concentra en un aspecto del activismo de derechos humanos en la década de los setenta: la denuncia contenida en El libro negro de la represión sobre la violencia estatal en un intento por acotar esa actuación en el marco de los derechos humanos. Para entender esta postura, el artículo reconstruye las principales ideas políticas que motivaron a los primeros activistas de derechos humanos a unirse al movimiento. El libro negro de la represión fue leído con el trasfondo de la militancia de izquierda en movimientos que buscaban una revolución social y no veían necesariamente una estrategia judicial mediante el lenguaje de derechos humanos. Las principales fuentes en esta reconstrucción son algunas de las ideas sobre la relación entre derechos humanos y conciencia popular que se asomaban en los reportajes de la revista Alternativa y en algunos informes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que permiten comprender la retórica del informe frente a las preguntas planteadas⁷.

El artículo está dividido en cuatro partes; la primera expone las principales narrativas que podrían construirse sobre el origen de los derechos humanos en Colombia y planteo algunas cuestiones que no quedan resueltas en estas narraciones a la luz del contexto histórico colombiano de la época. La segunda parte inicia la reconstrucción para resolver estos problemas concentrándome en entender la idea de militancia, la cual era una noción familiar para quienes empezaron a armar una organización de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (en adelante, CSPP). La tercera parte profundiza en la retórica del informe publicado por esta organización, la forma como se leyó el mismo por la intelligentsia de izquierda que escribía en Alternativa y el limitado impacto que tuvo el mismo en abrir la idea de que era necesario pasar a una estrategia judicial de protección de derechos. La cuarta parte cierra con algunas reflexiones para futuras investigaciones.

I. UNA CRÍTICA A LAS NARRATIVAS CONVENCIONALES: EXTRAÑAR LOS ORÍGENES

Las historias convencionales sobre la irrupción de la noción de "derechos humanos" en Colombia se concentran en el momento en que los movimientos sociales empezaron a hacer uso del término en la segunda mitad de la década de los setenta del siglo pasado. En su historia sobre la protesta social en Colombia entre 1958 y 1990, Mauricio Archila-Neira reconstruye los motivos de las acciones de protesta en cada año y muestra que, a partir de 1975, los movimientos sociales iniciaron decididamente la articulación de sus reclamos alrededor del término "derechos humanos" -presentando un aumento sostenido después de 1986-⁸. Aunque no es su propósito reconstruir los reclamos por derechos humanos, Archila-Neira señala que la violación de los "derechos humanos" siempre había sido denunciada desde las épocas del Frente Nacional [1958-1974] pero que "creció sorprendentemente" en respuesta a una creciente violencia de parte del Estado a finales de los setenta, en especial, con el Estatuto de Seguridad⁹, proferido por el gobierno Julio César Turbay-Ayala [1978-1982]. Las detenciones masivas de quienes participaban en las movilizaciones sociales se dispararon por esa época. Por tal motivo, Archila-Neira señala que la sociedad "tomó conciencia" de la importancia de proteger los derechos humanos y este motivo de protesta pasó de ser marginal a convertirse en una de las principales razones de movilización social para finales de los años ochenta¹⁰.

Otra historia reciente que no se concentra en los motivos de la movilización social sino en el origen de los derechos humanos en Barrancabermeja, Santander, muestra un panorama similar al anterior. Desde los años sesenta, Barranca había sido un foco de protesta social en razón a las lamentables condiciones de salubridad en las que vivía gran parte de la población de ese puerto sobre el río Magdalena. Las demandas por servicios públicos e infraestructura, en especial acueducto y alcantarillado apropiados para los barrios marginales, y las huelgas de trabajadores de la estatal petrolera ECOPETROL, hoy empresa de economía mixta, en reclamo de mejores condiciones laborales, habían sido algunos de los motivos más importantes de protestas de la ciudad. Sin embargo, para finales de los años setenta y principios de los ochenta, la noción de "derechos humanos" hizo su aparición¹¹. En esta narración, el giro hacia los derechos humanos se explica por el aumento de la violencia y la represión estatal y por el cambio en la estrategia guerrillera y la llegada del paramilitarismo¹². La represión estatal se disparó en los años setenta, a partir del gobierno de Alfonso López-Michelsen [1974-1978] y se profundizó en el período presidencial de Julio César Turbay-Ayala [1978-1982], lo que produjo detenciones masivas y menor tolerancia con las huelgas y las protestas sociales en el puerto petrolero. La guerrilla -en especial el Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC- trasladó su lucha predominantemente rural al corazón urbano de Barrancabermeja. Por su parte, el paramilitarismo hizo su aparición en la región en alianza con los nacientes capos de la droga y con la fuerza pública¹³. Al convertirse Barranca en una zona de guerra entre múltiples actores, la población civil fue girando hacia el discurso de derechos humanos para protegerse de las amenazas y los múltiples atentados que costaron muchas vidas y fueron perpetrados por los actores armados¹⁴. Así, el principal motivo que hizo girar a los actores sociales hacia los derechos humanos fue la violencia de los actores armados.

Las reconstrucciones que atan el aumento de la violencia a la aparición del uso del término "derechos humanos" sostienen igualmente que esta noción se utilizó para "explicar y resolver un tipo específico de violencia colombiana: la perpetrada por el estado contra la izquierda"¹⁵. Así, las primeras organizaciones de derechos humanos, como el CSPP, muestran que la irrupción de los derechos humanos en Colombia provino principalmente de la izquierda. El CSPP se había formado en los años setenta para llevar ropa y provisiones a quienes habían sido detenidos luego de algunas incursiones de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (en adelante, ELN) en los años setenta. Esta organización de apoyo a los presos sería responsable de la primera publicación de "derechos humanos", El libro negro de la represión, que documentó las torturas y malos tratos de la fuerza pública a la población civil¹⁶.

Estas narraciones han sido importantes para entender cómo los movimientos sociales se enfrentaron a unas realidades que los motivaron a buscar un nuevo lenguaje para articular sus necesidades vitales y sus demandas políticas. Además, se ha mostrado que en los años ochenta el discurso de los derechos humanos pasó a formar parte no solamente de los movimientos sociales con filiación de izquierda, sino de otros actores en Colombia. Sin embargo, el énfasis de las narraciones en la llegada de los "derechos humanos" como una "necesidad" ineludible de los movimientos sociales que estaban siendo perseguidos y exterminados pierde de vista (o al menos, reduce) un aspecto fundamental y es la manera como la noción de "derechos humanos" tuvo que desplazar otras ideas no solamente en el campo de las relaciones sociales, sino en el ámbito intelectual para intentar reconcebir el espacio de la imaginación jurídico-política. Es decir, los trabajos citados anteriormente explican desde una perspectiva sociológica la aparición del movimiento pero no se concentran en la forma como irrumpió el concepto en cuestión en un momento determinado y transformó las categorías con las que los agentes históricos entendían el mundo que los rodeaba. Esta transformación no fue pacífica pues las nuevas ideas tuvieron que desplazar otras que gozaban de un consenso entre los participantes de ese campo discursivo. Así, lo que se echa de menos en los trabajos anteriormente referenciados es la explicación sobre cómo fue la interacción entre la idea de derechos humanos y las ideas políticas dominantes en un momento determinado -o, puesto de otra forma, la cuestión es cómo llegaron los derechos humanos a ser una serie de ideas y cursos de acción atractivos-¹⁷.

Desde una perspectiva global, una de las explicaciones más importantes en este sentido señala que los derechos humanos irrumpieron en el mundo -no solamente en Colombia- en la segunda parte de la década de los setenta cuando desplazaron otras utopías en las que la gente perdió la fe. Es decir, "los derechos humanos tendrían que ganar o perder, en primer lugar, en el terreno de la imaginación. Y para que ellos ganaran, otros tendrían que perder. En el campo del pensamiento [...] los derechos humanos son entendidos de una mejor manera como sobrevivientes: el dios que no falló cuando otras ideologías políticas lo hicieron"¹⁸. En América Latina, según estas visiones, lo que fracasó fue el proyecto revolucionario de la izquierda que prometió cambiar las sociedades del continente. La llegada de las juntas militares a Argentina [1976-1983] y Uruguay [1973-1985] y el golpe militar contra Salvador Allende [11 de septiembre de 1973] mostraron dos cosas: que los movimientos revolucionarios iban a ser exterminados y que la elección democrática de un socialismo revisionista no sería tolerada en la región. Así, la izquierda lentamente fue reemplazando sus "visiones maximalistas sobre transformación política" por un lenguaje que le permitía hacer críticas morales contra regímenes que habían cerrado el espacio de discusión política. La izquierda se dio cuenta de que el cambio revolucionario estaba muerto y su oposición a los regímenes tenía que replantearse en otros términos para que tuviera éxito y apoyo internacional. El lenguaje de los derechos humanos fue la respuesta¹⁹.

Esta historia sobre los derechos humanos está principalmente enfocada en la experiencia del Cono Sur, donde el movimiento guerrillero estaba muy debilitado para finales de la década de los setenta. Esta historia intelectual afirma que si bien "América Latina probó ser más hospitalaria a la persistencia del utopismo revolucionario y guerrillero", los derechos humanos ganaron la partida en el mediano plazo²⁰. Esta narración no se enfoca detalladamente en cómo y cuándo ocurrió esto. El resto de la región no le dijo adiós a la lucha guerrillera tan temprano como Argentina, Chile o Uruguay. La persistencia del movimiento guerrillero en algunos países y la consecuente supervivencia del utopismo revolucionario no son una nota marginal en la irrupción de los derechos humanos. Por el contrario, esta puede ser la clave para entender cómo a partir de diferentes disputas para conquistar la imaginación, los derechos humanos encontraron diferentes formas de materializarse en diversos lugares. En países como Nicaragua, El Salvador o Colombia, el triunfo de los derechos humanos puede verse como una victoria diferente a la producida en otros lugares donde la revolución ya había muerto²¹.

Para finales de la década de los setenta, los sandinistas triunfaron en Nicaragua. Este triunfo representó una fe renovada en la revolución luego del fracaso de los intentos por exportarla desde Cuba a otras partes de América Latina en los años sesenta. El movimiento sandinista no era una guerrilla marxista-leninista y no llegó al poder gracias a la ayuda cubana -aunque sí fue apoyada con armas por Fidel Castro para que se mantuviera en el poder-, sino que tenía otras características que compartió con otros grupos de la región como el Movimiento 19 de Abril, M-19. Estos movimientos no creían, entre otras cosas, que lo fundamental era mantener una guerrilla para que perpetrara acciones que mostraran la debilidad del régimen y así generar las condiciones de la revolución. Estas organizaciones estaban convencidas de que era necesario lograr un apoyo de las masas populares y por ello, apostaron a crear una red de apoyo a los movimientos en medio de la población civil. La guerrilla no era la vanguardia de la revolución; la revolución era de las clases populares y por ello, el contacto con los sindicatos, las juntas de acción comunal y los barrios en los cinturones de miseria en las ciudades era fundamental²². La revolución no era de una vanguardia sino de las masas populares.

La idea de que la revolución no vendría de una vanguardia guerrillera sino de las masas populares pudo haberse ahondado en Colombia después del paro cívico del 14 de septiembre de 1977. El paro fue inicialmente convocado por las principales organizaciones obreras -trabajadores del petróleo, maestros, cementeros y trabajadores de Indupalma- que cesaron sus actividades hasta cuando se concedieran algunas demandas específicas sobre sus gremios. Los partidos de izquierda apoyaron el paro cívico convocado por las centrales obreras²³. En su estudio sobre la protesta social, Mauricio Archila-Neira resalta el carácter civil del paro y el impacto que tuvo en el país en la época:

Baste decir que fue más una acción cívica que propiamente laboral, aunque hubiese sido convocada por las cuatro centrales sindicales. La jornada como tal contó con el apoyo de casi todas las fuerzas de izquierda [...] y paralizó a las grandes ciudades y a muchas poblaciones intermedias, a pesar de la militarización ordenada por el gobierno [...]. Fue, sin lugar a dudas, el mayor evento de masas en los 33 años estudiados²⁴.

La realidad de la participación de las "masas populares" llevó al diario proestablecimiento El Tiempo a señalar en su editorial al día siguiente que el país estaba al borde de una revolución de izquierda. El editorialista consideraba que la movilización no había sido un paro cívico sino la expresión de un movimiento subversivo cercana al comunismo -"de la línea Moscú [o] de la línea Pekín"- que había contado con la participación de una gran cantidad de "muchachos de 15 a 20 años". No era claro, para el editorial, si lo que quería la movilización era tumbar el gobierno del entonces presidente liberal Alfonso López-Michelsen, pero el punto es que gracias a las medidas enérgicas -toque de queda- se pudo controlar un movimiento que amenazaba las instituciones del "estado de derecho"²⁵. Este editorial mostraba que si bien había un temor del establecimiento por el desorden, era plausible que hubiera un correlativo optimismo de las "clases populares" por el ambiente revolucionario que se cernía sobre el país.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero comunista, modificó su estrategia militar a finales de la década de los setenta. De pensarse como un grupo de autodefensa que financió sus operaciones, desde un principio, con un "impuesto" cobrado a los terratenientes pasó a una nueva concepción: entre 1978 y 1982, hizo el tránsito hacia un ejército del pueblo y añadió las siglas EP (Ejército del Pueblo) a su nombre. El enfoque fue el de una guerrilla a la ofensiva que intentaba conquistar nuevos territorios y disputar la guerra propuesta por el paramilitarismo²⁶. Incluso en 1983, en una entrevista, alias Jacobo Arenas [Luis Alberto Morantes Jaimes, 1924-1990], uno de los comandantes de las FARC, reconocía que la revolución era el proyecto por el cual había que luchar y daba a entender que en Colombia esta revolución seguiría siendo armada si la "dominación de clase" impedía que se materializaran los justos reclamos²⁷.

Dado este panorama, Archila-Neira nota el aumento de los movimientos guerrilleros y sus actividades para esta época²⁸. Así, si incluso para finales de los años setenta, la retórica revolucionaria era común a los movimientos de izquierda colombiana, la pregunta es qué rol habían jugado los derechos humanos en medio de ese ambiente. Su aparición a mediados de los setenta, el discurso público debe leerse con el trasfondo de la radicalización del proyecto revolucionario guerrillero en Colombia, no con su muerte. La cuestión que requiere nuestra atención es por qué aparecieron los derechos humanos y qué rol jugaron precisamente en un momento en el que se encendió de nuevo la chispa de la revolución.

II. LA MILITANCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Un lugar común en la historia de los derechos humanos en Colombia es afirmar que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue la primera organización que adoptó este lenguaje en 1973. El CSPP se creó con el fin de asistir a las personas que habían sido detenidas y condenadas por tribunales militares como consecuencia de su participación en movilizaciones sociales²⁹. Entre quienes se unieron al CSPP había personas cercanas al movimiento social e incluso a movimientos guerrilleros. Desde principios de la década de los setenta, un grupo de personas visitaba las cárceles para dar ropa y otras provisiones a personas que habían sido detenidas por delitos políticos y que estaban en precarias situaciones en los centros de reclusión y detención³⁰. Estos activistas no concebían su trabajo como un asunto humanitario. Según su propio testimonio, la visita a las cárceles y la denuncia de malas condiciones era parte de su militancia inspirada, entre otros, por figuras icónicas como la del sacerdote Camilo Torres-Restrepo [1929-1966]³¹. El impacto de sacerdotes católicos que formaron grupos como Golconda o Sacerdotes para América Latina (SAL) fue fundamental en la construcción de redes de activistas que comenzaron a formar los grupos de derechos humanos en el CSPP y el CINEP³².

La militancia de finales de los sesenta que venía de figuras como Camilo Torres no contemplaba en grado alguno la movilización alrededor de reclamos de derechos humanos. En Frente Unido, la publicación periódica en la que Torres explicaba su proyecto a finales de los sesenta, había denuncias a los partidos políticos que por esa época habían formado el Frente Nacional³³. Quienes escribían en Frente Unido resaltaban la necesidad de oponerse contra una élite que oprimía a las clases populares. La publicación era un ejercicio de creación de conciencia en las clases más desfavorecidas y un llamado a crear un auténtico partido del pueblo que derrotara el pacto oligárquico de los partidos tradicionales. En su plataforma política, Torres señalaba que debía formarse un verdadero partido de las mayorías, que se llamaría el Frente Unido, el cual debía arrebatarle el aparato de poder a unas minorías oligárquicas que solamente gobernaban en su beneficio. La reforma agraria y urbana, la planificación y la nacionalización de algunos sectores eran fundamentales en su plataforma³⁴.

Una de las pocas apelaciones a los derechos de parte del Frente Unido fue la invocación de los "derechos de la juventud", en que se hacía un llamado a los jóvenes para que se unieran y formaran un grupo que debatiera sus problemas y trascendiera las divisiones partidistas. Por ende, el llamado de Torres se concentraba en que los jóvenes reclamaran sus derechos a vivir en paz, a poder reunirse para expresarse libremente para la construcción de una "verdadera patria"³⁵. El punto fundamental era la creación de una conciencia de clase -popular- para que hubiera una transformación en las estructuras políticas y sociales del país. Todas las acciones a las que exhortaba Torres eran en pro de crear esa conciencia de solidaridad de clase para romper el bipartidismo. Así, Torres denunciaba el sistema electoral colombiano del Frente Nacional que obligaba a las personas a dividirse entre liberales y conservadores para cada elección; ello contribuía a que las clases populares se dividieran en lugar de unirse. Por eso, el Frente Unido llamaba a una abstención en los procesos electorales, a la cual Torres no dudaba en calificar de "revolucionaria" en la medida en que se dirigía a "unificar y organizar la clase popular para el asalto definitivo del poder"³⁶.

Este era el trasfondo ideológico en el que se movían quienes iniciaron sus actividades en algunas organizaciones de derechos humanos como el CSPP y el CINEP entre 1974 y 1978. En sus postulados sobre la militancia, había una idea de formar conciencia pero el lenguaje de los derechos no aparecía en su arsenal político. Es más, sus posiciones y discusiones sobre la legalidad no distaban de las reservas del pensamiento marxista frente a los derechos individuales. Una de las concepciones de Karl Marx sobre los derechos y las libertades señalaba que estas últimas producían a un individuo egoísta separado de la posibilidad de crear una comunidad. Las libertades producían un hombre que veía en los demás hombres "la limitación de su propia libertad"³⁷. Al ver en el otro una amenaza era imposible que se formara una verdadera comunidad, misión que buscaban los militantes inspirados en Camilo Torres, entre otros.

Adicionalmente, las críticas de Marx contra la legalidad liberal se conectaban con la idea de que el Estado (y por extensión, el derecho) era simplemente una junta que administraba los intereses de la clase privilegiada en el sistema económico capitalista³⁸ y, por tal razón, en la sociedad comunista utópica, en la que no habría diferencias de clases luego del triunfo del proletariado, no sería necesario utilizar el Estado y el derecho³⁹. Así, para 1978, el CINEP hizo un análisis sobre la legalidad y el sistema capitalista en el marco de una creciente militarización de los estados latinoamericanos -mediante la Doctrina de la Seguridad Nacional⁴⁰-, cuando se empezaban a utilizar con cada vez mayor impacto la tortura, la desaparición forzada y las detenciones masivas. La perplejidad para los activistas de izquierda radicaba en que la defensa de los derechos humanos parecía presentarse como una "política revolucionaria", aunque alertaban que había que analizar esa defensa con cierta distancia: los derechos humanos no podían "ocultar su origen burgués y la función de legitimación del sistema capitalista que le compete dentro de la estructura global de dominación, por lo que una acogida ingenua representa un riesgo para los intereses de las clases explotadas"⁴¹.

El riesgo de la defensa de los derechos humanos para las clases trabajadoras radicaba en que el "gran capital" podía "manipularlos" y, por ende, había que analizar si había algunas posibilidades de usar ese discurso en interés del proyecto de construcción de conciencia de las clases populares. Así, la trampa de los derechos humanos radicaba en el hecho de que su defensa podía verse como una manera de legitimar la construcción de un individuo aislado de la sociedad al que le interesaba simplemente el intercambio económico. Si los derechos humanos se entendían como el presupuesto para el funcionamiento de un sistema económico capitalista, su defensa era una trampa para el trabajador. Había entonces que buscar un potencial revolucionario de los derechos humanos para conectarlos con la toma de conciencia política de las clases populares. Para ello se requería rescatar el potencial revolucionario de las declaraciones de derechos de las revoluciones francesa y estadounidense, sobre todo de la primera:

Lo definitivo de las declaraciones americana y francesa en su momento fue el compromiso político revolucionario que gestaron. Hay una tradición y reflexión filosófica que las fundamenta. Pero precisamente la Declaración pretende 'popularizar' ese conocimiento de los Derechos del Hombre a aquellos que los poseen, sin escamotear las consecuencias revolucionarias de esa concientización, antes por el contrario buscando tales efectos. Hay por tanto un compromiso político de los que los proclaman con la tarea específica de convertirlos en realidad⁴².

Así las cosas, el problema de la legalidad burguesa -y en especial de los derechos humanos- era que su uso estaba permeado de una ambigüedad difícil de superar: de un lado estaban atados a una idea revolucionaria original, pero de otro habían sido neutralizados al considerarlos como un reconocimiento de instituciones jurídicas y políticas naturales, que siempre habían estado presentes en la propia naturaleza humana y que debían protegerse con el propósito de fundar un individuo libre y autónomo apto para el intercambio de bienes⁴³. La propuesta de la izquierda era entender el potencial revolucionario que se escondía tras algunas categorías legales, de modo tal que solamente tenía sentido defenderlas entendiendo su relación con una utopía más amplia: la concientización de las clases populares sobre su situación para que pudiera ocurrir una "revolución" desde abajo.

III. LA DENUNCIA DE LAS VIOLACIONES: EMPODERAR A LAS CLASES POPULARES

El pensamiento marxista y las reservas sobre la legalidad impactaron las primeras organizaciones que tomaron el lenguaje de los derechos humanos en su agenda⁴⁴. El informe de 1974 publicado por el CSPP fue el primero en su tipo en denunciar la violencia estatal en términos de derechos humanos en Colombia. La formulación de los problemas en este libro muestra el esfuerzo por vincular los derechos humanos con la formación de conciencia de la clase popular y con su lucha contra la oligarquía; el libro no representaba una ruptura entre el discurso revolucionario y la defensa de los derechos humanos mediante su denuncia. De hecho, el libro tenía una curiosa combinación entre la invocación de los derechos humanos y una defensa de la lucha revolucionaria: la introducción se concentra en perfilar lo primero, mientras los anexos que terminan el libro son documentos de guerrillas revolucionarias (ELN y Ejército Popular de Liberación, EPL) y una corta biografía de Camilo Torres⁴⁵.

Fuente: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, El libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974 (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, Bogotá, 1974).

Foto 1 Primera página del informe del CSPP 

La idea de los derechos humanos presente en la introducción de su informe muestra que el CSPP no pensaba en esta noción como un mecanismo que pudiera trascender las fronteras del Estado para denunciarlo. Por el contrario, el CSPP expresaba reservas respecto a algunas declaraciones de Carlos A. Dunshee de Abranches, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien, en una visita a Colombia en 1973, afirmó que el país "daba un espectáculo de equilibrio democrático"⁴⁶. En consecuencia, una de las primeras labores del CSPP en el informe fue plantear una interpretación de la política colombiana para resaltar que en Colombia, a pesar de haber elecciones periódicas, no había democracia como lo afirmaba el presidente de la CIDH.

La organización colombiana resaltó que el Frente Nacional no fue una fuente de equilibrio democrático, sino un arreglo acordado por la "oligarquía" que tenía el temor de una revolución popular que le quitara el poder. Según el CSPP, el Frente Nacional se valía del estado de sitio que no era una dictadura formal: simplemente, el gobernante de turno decretaba y levantaba a su antojo el régimen de emergencia mediante el cual se reprimía cualquier asomo de disenso que atentara contra los intereses de la "oligarquía"⁴⁷. Ese estado de sitio, mecanismo constitucional, era el responsable de la militarización del sistema y la progresiva violencia contra disidentes. El régimen de emergencia hacía posible que mediante una fachada de institucionalidad se cometieran los peores abusos; adicionalmente, "beneficia[ba] en primer término a la oligarquía que busca[ba] eternizar su predominio. En segundo término a los norteamericanos, que son el poder real detrás de toda esta mascarada de república libre y soberana". Como contraparte "se utiliza[ba] contra el pueblo, la víctima"⁴⁸. Los campesinos y los obreros eran las víctimas de la violencia. De hecho, en sintonía con la denuncia de que la violencia del Estado colombiano era una fachada del poder estadounidense presente en Colombia, el informe incluía además unas tablas que daban fe de la alta participación del capital extranjero en una industria colombiana profundamente afectada por huelgas convocadas por las organizaciones sindicales objeto de represión oficial⁴⁹.

Una vez planteada la crítica a la "democracia" colombiana, el CSPP pasaba a explicar que por supuesto había violencia revolucionaria en el país, pero como consecuencia directa de la violencia estatal represiva. En este punto, este texto -que era uno de los primeros informes sobre la violación de derechos humanos en Colombia- concluye su introducción no solo resaltando algunos partidos y organizaciones de izquierda, sino defendiendo la existencia de las organizaciones guerrilleras en los siguientes términos:

Por más que se pretenda, no es posible mantener a una nación permanentemente amordazada y explotada. Toda violencia, que inicialmente puede aterrorizar y paralizar, a la larga genera su respuesta violenta. Como la lógica de la represión es ser total, lo único que consigue es una reacción total. Los represores de todos engendran la represión de todos contra los represores. Por esta razón nuestra patria lucha y ha luchado siempre. Los diversos movimientos guerrilleros de la actualidad, ELN; FARC; EPL, (sic) son la respuesta de un pueblo que no está dispuesto a dejarse exterminar pasivamente⁵⁰.

En este contexto, un informe sobre la represión oficial no tenía el objetivo simplemente de denunciar las conductas del Estado por ser contrarias una idea de moralidad superior contenida en la noción de derechos humanos: mostrar la represión oficial tenía como objetivo la toma de conciencia de una población objeto de violencia para que se uniera a "la lucha por derrotar a la clase" que ostentaba los mecanismos de opresión⁵¹. El informe no abandonaba un proyecto de lucha revolucionaria sino que se entendía que las denuncias de violencia y tortura estatal eran parte integrante de esa lucha al intentar concientizar a las "clases populares" de la violencia estatal que se ejercía contra ellas con el fin de consolidar la dominación. Las imágenes del informe daban cuenta de un proyecto de denuncia que mostraba cuerpos torturados y a la fuerza pública reprimiendo civiles; pero además estas imágenes iban de la mano de fotos de guerrilleros y movilizaciones populares como las que se muestran en las siguientes imágenes.

Fuente: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, El libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974, 190 (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, Bogotá, 1974).

Foto 2 Huelga de trabajadores 

Fuente: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, El libro negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974, 64 (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, Bogotá, 1974).

Foto 3 Guerrillero del ELN 

Una interpretación como la anterior puede verse en la reseña de El libro negro de la represión, hecha por la revista Alternativa. Fundada por varios periodistas simpatizantes y militantes de la izquierda colombiana, entre ellos Gabriel García-Márquez, la revista incluyó un reportaje sobre los métodos de tortura que se estaban practicando en América Latina y reseñó, a propósito, el recientemente libro publicado por el CSPP⁵². En cuanto a los métodos de tortura, Alternativa sostuvo en sus páginas que estos mecanismos de coerción "se inserta[ban] [...] dentro de una estrategia global de los países imperialistas para combatir -destruyendo la identidad política de los militantes o exterminándolos físicamente- los movimientos de liberación. [.] Se practica en todas aquellas regiones del mundo de seres humanos que se han enfrentado al imperialismo". Así el artículo planteaba que la tortura adquiría diferentes dimensiones de acuerdo "con el modo explotación de un país". En países pobres, como Colombia, donde había un alto componente de inversión extranjera en virtud de la cual solamente una minoría era beneficiada con este modelo de desarrollo, los gobiernos que protegían a estas minorías extendían la tortura al considerarla como "el medio más efectivo de control de la mayoría"⁵³.

En la descripción de Alternativa sobre la tortura, el problema no era simplemente que violaba unas normas éticas mínimas que eran innegociables: la tortura se explicaba como un resultado de una estructura económica que debía ser reemplazada por un proyecto popular. La dependencia del capital extranjero beneficioso para una ínfima minoría hacía que la tortura se extendiera a una gran parte de la población inconforme que protestaba ante este modelo. Así las cosas, la denuncia de violación de derechos humanos iba acompañada de una crítica del sistema económico que debía ser reemplazado para que la tortura no fuera necesaria. La lucha revolucionaria, según Alternativa, no incurría (o no debía incurrir) en torturas: las guerrillas eran un ejército popular representando y defendiendo a la mayoría de la población y al ser la propia encarnación del pueblo era un absurdo que torturara a personas civiles⁵⁴.

Alternativa interpretó El libro negro de la represión en este contexto de asociación entre denuncia de torturas y crítica de un sistema de producción. En el mismo número de la revista, el articulista señalaba que el informe del CSPP era un balance del sistema del Frente Nacional diferente a los que proliferaban entre los sectores de élite que se concentraban en criticar la "gestión económica" del sistema bipartidista: "una cosa es la opinión de quienes han disfrutado de los gajes y prebendas del sistema que ahora critican y otra la que pueden pensar los obreros, campesinos, los maestros y estudiantes que sí han sufrido la represión practicada en forma sistemática por todos los gobiernos del Frente Nacional". El informe mostraba que la violencia interpartidista que vino después de 1946 fue reemplazada por una violencia "con un claro contenido de clase" ejercida por parte de un "régimen burgués-terrateniente" y "al servicio de los latifundistas"⁵⁵.

Hacia mediados de la década de los setenta (1974-1975), la invocación de los derechos humanos por parte de la izquierda colombiana se hacía como parte de un discurso más amplio de subvertir un régimen que consideraba injusto. De hecho, para ese momento, algunos sectores de la izquierda consideraban que el proyecto fundamental que debía perseguirse era "la organización de las masas que es donde se gesta el poder revolucionario". La lucha legal era simplemente un frente más de lucha en el marco de este proyecto⁵⁶. Y, como se ve del informe del CSPP y de las ideas reseñadas en Alternativa, la estrategia de denuncia de violaciones de los derechos humanos era parte de una creación de conciencia colectiva y de defensa del "pueblo".

Esta construcción del significado de los derechos humanos encontró un lugar en el ámbito internacional en el Tribunal Russell. Establecido por el filósofo Bertrand Russell, el tribunal no era una institución formal de derecho internacional sino que pretendía ser una instancia de condena moral impulsada por los ciudadanos para evaluar bajo el derecho internacional, en su primera reunión, la comisión de crímenes de Estados Unidos en Vietnam⁵⁷. En la segunda reunión del Tribunal, iniciada en 1972 y culminada en 1974, el enfoque se dirigió a la situación de América Latina. Durante la reunión del tribunal, ocurrió el golpe contra Salvador Allende [11 de septiembre de 1973], aspecto que tuvo un impacto en las deliberaciones del tribunal que analizó la situación de la región. Por Colombia estuvo Gabriel García-Márquez, quien fungió como uno de sus vicepresidentes⁵⁸. La declaración final del tribunal no solamente se ocupó de la violación de los derechos individuales sino que conceptualizó también las violaciones como atentados contra "el derecho de los pueblos" y analizó "las causas económicas" de esas violaciones⁵⁹.

El énfasis en el derecho de "los pueblos" y las causas económicas en la denuncia del Tribunal Russell II hacían eco de las aproximaciones del CSPP y de la revista Alternativa. Para el mencionado tribunal, la principal causa de violaciones de derechos humanos radicaba en un sistema de desarrollo económico que hacía dependiente a América Latina del capital estadounidense. Este sistema de desarrollo obligaba a la fundación de una serie de instituciones políticas que protegieran el mismo; estas instituciones, para cumplir los fines extractivos del capitalismo estadounidense, tenían que valerse de la violación de derechos. Este sistema económico, según el Tribunal Russell II, era la causa de la violación de los derechos individuales y sobre todo del derecho de los pueblos "a la plena participación en el proceso y en las ventajas del desarrollo [...]; a escoger libremente su sistema económico y social [...]; de eliminar el neocolonialismo y cualquier otra forma de ocupación y de dominación así como sus consecuencias económicas y sociales"⁶⁰. Para el caso concreto de Colombia, como lo reseñó un número de Alternativa, la violación de los derechos y la militarización del Estado se habían producido gracias a "la presión de intereses privados norteamericanos que buscan explotar las riquezas naturales del pueblo de Colombia, entre ellas el carbón, el níquel y el gas"⁶¹.

En un discurso común a la izquierda desde finales de los sesenta⁶², el Tribunal Russell II acogió la teoría de la dependencia en materia de desarrollo económico para mostrar que la violación de los derechos humanos no era solamente una cuestión de individuos particulares siendo torturados y detenidos, sino parte de una estrategia que negaba las mínimas condiciones económicas de un pueblo. En el contexto de una opresión social a la mayoría de la población, las denuncias de derechos humanos tenían sentido. La vulneración de estos derechos y libertades afectaba un proceso de colectivización que la izquierda veía necesaria para la creación de conciencia de clases populares.

La denuncia de violaciones fue la estrategia inicial de las organizaciones de izquierda en materia de derechos humanos. El uso de la legalidad -entendida como la posibilidad de usar una estrategia jurídica derivada de la agenda de derechos humanos- era visto con profundo pesimismo desde las páginas de Alternativa. Para 1974, la revista dedicó algunas páginas a criticar la propuesta del presidente de Colombia, Alfonso López-Michelsen, de gobernar con la Constitución en una mano y las Fuerzas Armadas en la otra. Para el articulista de la revista, las instituciones jurídicas -en especial la Corte Suprema de Justicia- habían legitimado la creciente militarización del régimen, mediante la declaratoria de constitucionalidad de los estados de sitio. El establecimiento de la justicia penal militar para juzgar a civiles había sido una de las consecuencias más criticadas de estas declaraciones de constitucionalidad y había sido avalado por la Corte⁶³. El gobierno de la Constitución no representaba esperanza alguna de que las cosas fueran a cambiar.

A pesar de lo anterior, para 1976, hubo un triunfo judicial imposible de obviar por la izquierda: la nulidad de una serie de procesos denominados Consejos de Guerra, mediante los cuales los militares habían juzgado a civiles en virtud de atribuciones concedidas por estados de sitio. Presuntos militantes de guerrillas (ELN y EPL) habían sido objeto de la jurisdicción militar y sus condenas eran declaradas nulas por la jurisdicción ordinaria. Algunos procesos se cayeron por flagrantes errores procesales y uno de ellos envolvió una cuestión de fondo: el tribunal militar condenó por delito de asociación para delinquir a unos militantes del EPL cuando lo correcto era condenarlos por rebelión. La condena impartida se hizo con base en un delito común que tenía como pena hasta dieciséis años de prisión, cuando la conducta correcta era rebelión que tenía una pena menor. El abogado Eduardo Umaña-Luna, uno de los primeros abogados penalistas en catalogarse como defensor de los derechos humanos, había esgrimido este argumento que al final acogió un tribunal de la jurisdicción ordinaria⁶⁴.

El pesimismo propio de una interpretación de izquierda respecto a la estrategia jurídica plagaba el análisis de Alternativa de los fallos de nulidad. El articulista concluía que no veían que estas anulaciones pudieran considerarse "una reacción de principio" de parte de la jurisdicción ordinaria. Resaltaban nuevamente que la Corte Suprema de Justicia había sido "la mayor celestina de la justicia castrense" al declarar constitucionales los estados de sitio que violaban derechos ciudadanos y conferían jurisdicción a los militares para juzgar a los civiles. En concepto de Alternativa, "las oligarquías de los dos partidos tradicionales" habían usado el estado de sitio para transferirles a los militares la responsabilidad de juzgar el delito político, decisión que en el fondo era consecuencia de una decisión de las élites de no afrontar directamente el conflicto social. Así, las élites de los partidos "echaban el agua sucia" a los militares mientras su poder se mantenía incólume⁶⁵. En consecuencia, así hubiera más nulidades -algo que incluso dudaba la revista-, el poder de la oligarquía no se veía afectado; la táctica de lucha judicial contra los consejos de guerra desprestigiaba al ejército pero no golpeaba directamente a un régimen opresor representado en el bipartidismo tradicional.

En suma, la izquierda encontró sentido al discurso de los derechos humanos entendido como un espacio de denuncia para mostrar que la violencia tenía unos claros tintes de discriminación por clase. No obstante, hasta 1976 y 1977, la izquierda no veía que debía pasarse a un activismo judicial de los derechos humanos; seguramente, ciertas garantías procesales individuales formuladas en el lenguaje de derechos humanos eran útiles para los individuos, pero aún no se veía que fallos como el de la nulidad de los Consejos de Guerra impactaran positivamente el proyecto revolucionario -como sí había una valoración más alta de la labor de denuncia derivada del lenguaje de derechos humanos-.

Reflexiones finales

Este artículo es un aporte a la literatura sobre la historia intelectual de los derechos humanos. La contribución a este tema desde países latinoamericanos -en especial Colombia- ha estado circunscrita a recuentos sociológicos sobre el origen del movimiento de los derechos humanos. Este descuido de la historia intelectual tiene un defecto en la geopolítica del conocimiento: considerar que la producción de ideas se da en sitios como Europa y Estados Unidos y otros lugares como América Latina son meramente receptores -o malos lectores- de las mismas. Por este motivo, este escrito plantea que la imaginación de los derechos humanos no es algo construido desde los centros de poder o de prestigio jurídico sino que es una construcción más compleja que debe considerar más seriamente los problemas locales que se intentan resolver con esta imaginación.

Una de las ideas más difundidas por la más prestigiosa historia "revisionista" de los derechos humanos, la cual ubica el origen del movimiento en la década de los setenta del siglo XX, es que esta noción triunfó porque desplazó a otros proyectos utópicos que estructuraban la imaginación de los activistas políticos. En este escrito, he querido mostrar que ese desplazamiento de la utopía no había ocurrido en Colombia para mediados de la década de los setenta. Pero más aún, el esfuerzo del artículo ha sido mostrar que los derechos humanos en Colombia nacieron como una parte integrante del proyecto de concientización de las clases populares para el logro de una revolución social. En este sentido, esta interpretación de los derechos humanos reta la idea de que la historia global de los derechos humanos debe entenderse a partir de su sorprendente irrupción desde 1977 cuando el presidente estadounidense Jimmy Carter [20 de enero de 1977-20 de enero de 1981] los acogió como lema de política exterior estadounidense y Amnistía Internacional ganó el premio Nobel de Paz. La historia colombiana muestra que la irrupción de los derechos humanos inició unos años antes (1974-1977) como parte de un proyecto utópico y no como una utopía en sí misma. Una de las cuestiones que deben resolverse en una futura investigación es hasta cuándo fueron parte de ese proyecto más amplio -incluso si aún lo son-. A diferencia de lo que afirman las historias de los derechos humanos desde Europa o Estados Unidos, los derechos humanos en Colombia no han sido solamente el uso de un lenguaje neutral que resalta una utopía apolítica que enfatiza la moralidad: la lamentable violencia contra activistas de derechos humanos en su historia da fe de que no solamente hay una discusión moral, sino una disputa política.

En esta reconstrucción histórica de unos derechos humanos que irrumpen politizados, la siguiente cuestión que queda abierta para responder es cuándo aparece una mayor fe en la judicialización de la lucha. En otras palabras, hay una pregunta sobre cómo se repolitizó el ambiente cuando en Colombia los derechos humanos dejaron de ser primordialmente una actividad de denuncia y se optó por institucionalizar la disputa. La institucionalización se refiere al uso del aparato estatal y de las estructuras jurídicas internacionales. La pregunta es entonces por la relación entre el mensaje político en el origen del movimiento en Colombia y la creciente institucionalización del discurso por parte de los Estados. Si bien una manera de ver esta relación es como la creciente pérdida de soberanía del Estado nacional de cara a un discurso transnacional de protección de derechos humanos, igualmente puede sostenerse que la institucionalización por parte del Estado de la defensa de los derechos humanos puede haber contribuido a su fortalecimiento. ¿Cuál es entonces la relación entre construcción de Estado y defensa de los derechos humanos? Esta es otra pregunta que este artículo deja abierta para responder en el desarrollo de esta investigación.