Opiniones, debates y controversias

AGROCOMBUSTIBLES VS. HAMBRE: UNA ECUACIÓN ENERGÉTICA CON RESULTADO NEGATIVO PARA LA POBLACIÓN POBRE EN ECOLOMBIA

Poor hunger versus agrofuel production another inequality with negative impact in Colombian population

Sara Eloisa Del Castillo-Matamorros ¹, Ángela Marcela Gordillo Motato ²

¹Nutricionista, Profesora Asociada, Departamento de Nutrición, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, MSc en Desarrollo Educativo y Social CINDE, Doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud -CINDE-. Docente Nutrición Pública y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Coordinadora Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -OBSAN- del Departamento de Nutrición de la Universidad Nacional de Colombia.
²Nutricionista, Magíster en Estudios Políticos IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Coordinadora Subcomisión IEC-OBSAN-UN-.
Correspondencia: sedelcastillom@bt.unal.edu.co

Recibido: 10/11/10/. Enviado a pares: 12/11/10/. Aceptado publicación: 12/12/10/.

Resumen

En Colombia, como lo acepta el misterio del ramo, existen problemas de disponibilidad de alimentos. El incremento en los precios de los alimentos como consecuencia de la producción de agrocombustibles que entran a competir con el alimento de los seres humanos, es una situación reconocida hasta por los voceros del Banco Mundial, organización que otrora promovía la producción de agrocombustibles como alternativa para sacar al campo del olvido al que había estado condenado por las economías latinoamericanas en las últimas décadas. Son numerosas las evidencias que demuestran que al incentivar la producción de agrocombustibles se promueve el monocultivo, lo cual conduce al deterioro de los suelos, generando una mayor dificultad para asegurar una producción nacional de alimentos que garantice la disponibilidad como componente esencial de la seguridad alimentaria y nutricional. Con el maíz necesario para producir el etanol que requiere un automóvil del primer mundo para recorrer 32.000 km/año, podrían cubrirse las necesidades calóricas diarias de una persona durante 62 años. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de las regiones y departamentos que hacen parte de los grandes megaproyectos para la producción de agrocombustibles supera de manera importante el promedio nacional en desnutrición crónica que es del 12% para los menores de cinco años y de 12,6% para los escolares, según los resultados de la ENSIN 2005). Los profesionales del área de la salud deben conocer y analizar estas políticas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población más desfavorecida del país.

Palabras clave: hambre, población, alimentos, cultivos agrícolas, producción de alimentos, seguridad alimentaria y nutricional.

Summary

Colombia has problems regarding the availability of food, as accepted by the Colombian Ministry of Agriculture itself. Increased food prices resulting from agrofuel production which is beginning to compete with the supply of food for human consumption is a situation which has even been recognised by World Bank spokespeople. This organisation once promoted agrofuel production as an alternative for rescuing the countryside from the oblivion to which Latin-American economies had been condemned during the last few decades. Abundant evidence has now shown that encouraging agrofuel production has promoted the spread of monocrops, in turn leading to soil deterioration, thereby producing greater difficulty in ensuring national food production which would guarantee availability as an essential component of food and nutritional safety. The corn needed to produce the ethanol required by a first-world car to cover 32,000 km/year could supply a normal person's daily calorie needs for 62 years. For example, most Colombian regions and departments forming part of current large agrofuel production megaprojects are well above the average national chronic malnutrition rate (12% for children aged under five and 12.6% for schoolchildren, according to 2005 Colombian Nutritional Survey results. Healthcare professionals must be aware of and analyse such policy putting the food safety of Colombia's most disadvantaged population at risk.

Key word: hunger, population, food, agricultural cultivation, food production, food security.

El hambre oculta, emergencia nacional

Cuando se habla del hambre oculta, se hace referencia a la situación ligada a las carencias nutricionales por deficiencias de micronutrientes como hierro, calcio y vitaminas, que si bien no matan como el hambre aguda o desnutrición aguda severa, generan en los niños retrasos severos en el crecimiento, bajo rendimiento escolar y mínima resistencia a las enfermedades infecciosas al igual que mortalidad materna y perinatal en las gestantes y muy baja eficiencia laboral, pues las personas no pueden responder adecuadamente a sus demandas de actividad cotidiana.

Si bien las cifras de desnutrición son altas en las zonas del país como las regiones Atlántica y Pacífica que coinciden con las zonas donde se promueven los megaproyectos de agrocombustibles, las carencias de micronutrientes y su manifestación, denominada aquí hambre oculta, es más que grave, por lo cual debería considerarse una emergencia nacional. La situación de hambre oculta que se presenta en el país debería movilizar al gobierno de la misma forma en que lo hace para brindar apoyo a megaproyectos de agrocombustibles, que ni siquiera tienen un futuro seguro, mientras que, al movilizarse en torno al problema del hambre oculta, sí se aseguraría un mejor futuro para los miles de niños que viven este flagelo en el país.

La ENSIN 2005 muestra que el 33,2% de los niños y niñas menores de cinco años presenta anemia, lo mismo que el 37,6% de los niños y niñas entre los cinco y los doce años de edad, y que las cifras son mayores en la zona rural, el nivel 1 del SISBEN y en la Región Atlántica, con 39,1%, 47,7% y 45,1%, respectivamente. Estas cifras se ubican dentro del nivel alto en América Latina y evidencian un problema de salud pública que debe ser abordado oportunamente a fin de prevenir tanto las consecuencias de esta deficiencia como el aumento de las cifras y de disminuir la prevalencia actual de la misma (4).

Por otro lado, la ENSIN 2005 midió también los niveles de zinc sérico para los niñ@s menores de cinco años, por tratarse de un micronutriente relacionado de manera directa con el crecimiento y el desarrollo infantil. Así, se encontró que la prevalencia de la deficiencia en el país es del 26,9%, con un valor más alto, de 30,2%, entre los 12 y 23 meses de edad. Las regiones Pacífica, Amazonía/ Orinoquía y la Región Atlántica, arrojaron prevalencias por encima del promedio nacional, con 40,5%, 34,6% y 27,7% respectivamente (4).

Como lo describe la ENSIN 2005, un determinante de los anteriores resultados es el consumo de nutrientes básicos. En Colombia el 63,7% de las personas presenta deficiencia en la ingesta de energía y el 16% supera la recomendación. La prevalencia de deficiencia en la ingesta de energía fue mayor para la zona rural y el nivel 1 del SISBEN. Los mayores porcentajes de individuos en riesgo de deficiencia de ingesta de energía se presentaron en la Región Atlántica, con un 75,3%, en Amazonía y Orinoquía, con un 72,8% y en la Región Pacífica, con un 70,3% (4).

En cuanto al consumo de proteínas en Colombia, la deficiencia fue de 36%, cifra que aumentó a partir de los 14 años, rango de edad donde alcanzó un 43,1% en los hombres y 50,1% en las mujeres; la proporción de individuos en riesgo fue mayor en el SISBEN 1, con un 49,7%, y en el área rural, con un 48,5%. Las regiones Atlántica y Pacífica duplicaron las cifras arrojadas en Bogotá, con un 44,2%, un 43,5% y un 23,8%, respectivamente. Los departamentos con mayores prevalencias de deficiencia fueron Vaupés, con un 65,3%, Cauca, con un 58,4% y Chocó, con un 57,1% (4).

Los resultados para calcio muestran que el 85,8% de la población no consume suficiente cantidad de este micronutriente y que a partir de los 12 años la deficiencia aumenta al 90%, cifras dramáticas si se tiene en cuenta que el calcio está presente en la leche y en todos sus derivados. En cuanto al hierro, presente en carnes rojas como su principal fuente, se encontró que la población entre los 14 y 18 años no consume suficientes cantidades de este micronutriente y alcanza un 33,2% de deficiencia en la ingesta, elevada cifra que ratifica los riesgos nutricionales de la población adolescente.

Las cifras lo dicen, la situación lo confirma y, sin embargo, el Estado no ha logrado garantizar a esta población la restitución de los derechos que les han sido vulnerados y que van desde el derecho a su tierra y a su territorio, la garantía de poder contar con una actividad económica para el logro de su subsistencia, su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional y demás derechos económicos, sociales y culturales. Sólo la garantía de estos derechos les permitirá mejorar su calidad de vida, por sus medios y sin tener que depender de los programas eternos de ayuda alimentaria, que no son más que paliativos y no logran constituirse en una respuesta eficaz para la superación de la desnutrición, el hambre oculta y la muerte por estas causas.

Población en situación de desplazamiento forzado: víctimas del conflicto y del hambre en Colombia

Los desplazamientos, consecuencia habitual de los conflictos violentos y violaciones manifiestas de los derechos humanos en las cuales la discriminación tiene un papel significativo, generan en su mayoría condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas, provocan ruptura familiar, cortan lazos sociales y culturales, ponen término a las relaciones de empleo sólidas, perturban las actividades educativas y niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y la salud.

El desplazamiento forzado ha sido descrito por varios autores y en diferentes documentos (5) como una consecuencia de la agudización del conflicto armado, debido a intereses económicos, sociales, políticos o culturales como la necesidad de ejercer control territorial para la ubicación de cultivos ilícitos, la producción de agrocombustibles y, en general, para la búsqueda de acumulación de capital y desarrollo de megaproyectos que benefician a unos pocos colombianos, en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de personas campesinas que habitan los territorios en disputa.

Es así como la problemática del desplazamiento agrava la situación de vulnerabilidad y exclusión social de las personas y las familias afectadas. Según una investigación realizada por la Red de Solidaridad Social durante el año 2001, en la cual aplica la encuesta SISBEN a hogares desplazados y no desplazados en cinco ciudades, se encuentra que el 54% de los hogares no desplazados se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión, entendida como todo aquel déficit social que tienen los hogares y las personas,entendida como todo aquel déficit social que tienen los hogares y las personas, resultado de la brecha existente entre una dotación mínima requerida para tener una vida digna y desarrollar un proyecto de vida y la dotación real que tienen, mientras que en los hogares desplazados el porcentaje es de 85% (6).

Año tras año, como lo afirman Tassara, Jiménez, Grando y Zuluaga (7), miles de familias colombianas se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia como estrategia de supervivencia a la guerra. Según estos autores, sólo en el lapso de 1985 a 1997, en Colombia se desplazaron cerca de un millón de personas, las cuales perdieron todas sus propiedades y sus formas de sustento al trasladarse a zonas menos conflictivas en busca de apoyo por parte de parientes, amigos y conocidos o llegando a áreas desconocidas sin apoyo alguno.

Según información de Acción Social, diez años después de aprobada la Ley 387/1997, alrededor de 2.187.989 personas han sido desplazadas por la violencia (8). Sin embargo, como lo afirma Edgar Forero (8), se ha presentado una constante y fuerte discusión acerca de las cifras reales, pues no todas las víctimas de este fenómeno realizan el proceso de declaraciones, por diferentes razones como el miedo y el desconocimiento o para evitar ser víctimas de discriminación, entre otras. Por lo anterior, organizaciones como el CODHES presenta otras cifras, que ascienden a las 2.853.445 víctimas, es decir entre agosto de 1997 y julio de 2007.

Aunque a todos los departamentos del país llega población desplazada, el 55,5% de esta se concentra en ocho departamentos: Bogotá (16,4%), Antioquia (7,0%), Magdalena (6,3%), Norte de Santander (6,1%), Valle del Cauca (5,9%), Cesar (5,2%), Córdoba (4,6%) y Caquetá (4,0%). De la misma forma, todos los departamentos del país, con excepción de San Andrés, expulsan población por la vía del conflicto armado interno del país (8).

Sin embargo, justamente en los departamentos donde se ubican los megraproyectos para cultivos de agrocombustibles las cifras se triplican. El 54,1% de la población desplazada sale de ocho departamentos: Antioquia (10,1%), Magdalena (7,8%), Caquetá (6,9%), Norte de Santander (6,8%), Cesar (6,3%), Tolima (5,7%), Bolívar y Putumayo (5,2%) (9). El Departamento del Chocó es una de las regiones, tocadas por esta política nacional, en donde "actualmente se tiene como insumos agrícolas básicos el cultivo de palma aceitera y la caña de azúcar. Sin embargo, existen proyectos en marcha que buscan ampliar las fuentes de materias primas para la producción de agrocombustibles, particularmente para el caso del etanol (remolacha, yuca, maíz)" (10).

La introducción de agrocombustibles en este departamento ha generado una grave problemática social y ambiental, caracterizada por el aumento del desplazamiento forzado, las desapariciones, las masacres y los asesinatos y bloqueos alimentarios, además de la mortalidad por desnutrición. Todo esto como consecuencia de la agudización del conflicto armado producto de las disputas territoriales paramilitares, a través de las cuales se presenta un proceso de titulación colectiva de tierras por parte de estos grupos, que actúan en pro de las políticas de gobierno implantadas a nivel nacional, las cuales a su vez son una respuesta al proceso que se está dando a nivel mundial.

Estas disputas han tenido lugar principalmente en las zonas identificadas como potenciales productoras de agrocombustibles a partir de la palma aceitera, citadas en la tabla 1. En estas zonas la apropiación de tierras se ha logrado a costa del desplazamiento de las comunidades ocupantes. Es así como las tierras han pasado a ser propiedad de las principales empresas productoras de agrocombustibles en el país (10).

Sin duda alguna, el impulso de la producción de agrocombustibles afecta directamente todos los ejes de la seguridad alimentaria y nutricional, específicamente a los grupos de población más vulnerables y del sector rural. La producción nacional de alimentos para consumo humano es desplazada por la producción de agrocombustibles, la cual es apoyada por el gobierno nacional e implementada básicamente por grandes multinacionales, que cuentan con la mayor concentración de tierras en el país.

De esta manera, generan conflicto por las tierras y aumentan, por ende, la problemática de migración del campo a las grandes ciudades, pues a nivel mundial se espera que "la superficie agrícola dedicada a sembrar biomasa para agrocombustibles aumente en un 280% para 2030" (10).

La situación descrita se ve agravada por las altas cifras de pobreza en el país, que han obligado a millones de familias a disminuir no sólo la cantidad de alimentos comprados, sino la calidad de los mismos, debido a su alto precio en el mercado. Es el caso del grupo de los lácteos y sus derivados y de las carnes, que son los que representan los mayores costos. Las familias se ven obligadas, por tanto, a comprar los alimentos de menor costo y que tengan mayor poder de saciedad, modificando sus hábitos alimentarios, debido, entre otras, a la dependencia alimentaria del país.

Como consecuencia de esta dependencia, el consumo se verá sujeto a los alimentos disponibles en el mercado -es decir, a aquellos que lleguen al país producto de las importaciones de los diferentes países con los que Colombia sostiene relaciones comerciales- y a la poca variedad cultivada internamente debido a la expansión del monocultivo para producción de agrocombustibles, la cual se convierte claramente en una amenaza para la garantía del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Como lo afirma FIAN (10), "los cereales constituyen la principal fuente alimentaria del 80 a 90% de la humanidad y son, a su vez, materia prima para la producción de AGC, lo cual conlleva a un aumento rápido en el precio de los mismos (para el 2020 un 40%, en el caso del maíz, y un 30% en el del trigo; para el 2010 será de 20 y 11%, respectivamente). Según estimaciones del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI por su sigla en inglés), el aumento de precios de los granos básicos, resultante de la expansión de la producción de agrocombustibles irá acompañado de una merma en la disponibilidad y en el acceso a los alimentos en todas las regiones del mundo".

La conclusión es simple, el impulso de los agrocombustibles, sumado a otras políticas del gobierno colombiano, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se convierte en una gran amenaza para la garantía del Derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de la población, siendo particularmente grave la situación de comunidades específicas que habitan las zonas objeto de disputas territoriales no sólo para cultivos ilícitos, sino también para la extracción de recursos y el cultivo de agrocombustibles.

Referencias

1. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario. Bogotá, 2006.         [ Links ]

2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Foro. Biocombustibles potencia en Colombia realizado en Cartagena en el 2007.         [ Links ]

3. Morales JC. Agro combustibles:¿oportunidad o amenaza? Plataforma Colombiana de Derechos Humanos 2007. I Foro por la Defensa del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. OBSAN- Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 2008.         [ Links ]

4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. Bogotá, 2005.         [ Links ]

5. Éxodo, N° 8, revista editada en Santa fe de Bogotá D.C. 1998.         [ Links ]

6. Red de solidaridad social -Unidad técnica conjunta. Índice de vulnerabilidad familiar -IVF- de la población desplazada en Colombia. Noviembre de 2001. Pág. 2.         [ Links ]

7. Tassara D, Jiménez CL, Grando Y, Zuluaga T. El desplazamiento por la violencia en Colombia. Experiencias, análisis y posibles estrategias de atención en el Departamento de Antioquia. Memorias del Foro Internacional Desplazados internos en Antioquia ECOE Ediciones, Santafé de Bogotá. 1999.         [ Links ]

8. CODHES-FAMIG. Gota a gota, desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha. Bogotá, julio.2007.         [ Links ]

9. Forero E. El Desplazamiento Interno Forzado En Colombia. Washington, 22 de Septiembre de 2003 Documento presentado en « Conflict and Peace in Colombia: Consequences and perspectives for the Future», organizado en Washington (USA) por Kellog Institute, Woodrow Wilson Internacional Center for Scholars y Fundación Ideas para la Paz. 2003.         [ Links ]

10. FIAN Internacional. Agrocombustibles y derecho a la alimentación. Realidad y Amenazas. Editora Beatriz Martínez Ruíz. P 77-92 Ámsterdam, 2008.         [ Links ]