SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.62 suppl.1Determining the Bogotá Archdiocesan Foundation's food-bank's basic food basketComparing the weight gain of premature babies fed exclusively on breast milk (emphasising hindmilk) to that of those receiving mixed breastfeeding and those fed on human breast milk substitutes author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Revista de la Facultad de Medicina

Print version ISSN 0120-0011

rev.fac.med. vol.62  supl.1 Bogotá Dec. 2014

https://doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3sup.40739 

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3sup.40739

Artículos

Sostenibilidad alimentaria en hogares con condición de desplazamiento forzado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, Colombia

Food sustainability in households where forcibly displaced people live in the metropolitan area of Bucaramanga, Colombia

Óscar Fernando Herrán1,2, Gonzalo Alberto Patiño1,3

1 Grupo Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares, Centro de Investigaciones Epidemiológicas, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.
2 Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.
3 Escuela de Economía y Administración, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.

Correspondencia: Gonzalo Alberto Patiño. Carrera 32 No. 29-31, tercer piso, oficina 304, Centro de Investigaciones Epidemiológicas, Facultad de Salud, Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. Teléfono: +57 7 6345781. Correo electrónico: gpatino@uis.edu.co.

Recibido: 08/11/2013 Aceptado: 10/07/2014


Resumen

Antecedentes. El estado de cosas inconstitucionales, relacionadas con el goce efectivo de derechos en la población con desplazamiento forzado, afecta la sostenibilidad alimentaria de estas comunidades.

Objetivo. Describir y desarrollar una metodología para definir y jerarquizar acciones que procuren la sostenibilidad alimentaria en hogares con condición de desplazamiento forzado.

Materiales y métodos. Se desarrolló el método de Thomas Saaty –Proceso Analítico Jerárquico–, con base en tres talleres de expertos que analizaron los intereses de comunidades en condición de desplazamiento forzado. El grupo de expertos estuvo constituido por 32 líderes comunitarios, 6 investigadores y 10 representantes de organizaciones no gubernamentales. La metodología consiste en la aplicación de análisis matricial jerárquico, con base en los principios de identidad, descomposición del objetivo general, el establecimiento de unos criterios o variables que incidan en el objetivo.

Resultados. Uno de los criterios de mayor afectación en relación con la sostenibilidad alimentaria se consideró la tenencia de vivienda, puntaje=0,21. Se consideró fundamental la superación del conflicto social y paz, puntaje=0,18. En esencia se requiere de una mayor coordinación interinstitucional que permita la iniciativa individual y la competitividad sin exclusión social. En conjunto estos aspectos pueden ser definitivos para la generación de ingresos, puntaje=0,16, λmax=10,1, índice de concertación=0,12, relación de concertación=0,08.

Conclusiones. Es necesario repensar los programas de estabilización socioeconómica promovidos por el gobierno en relación con la sostenibilidad alimentaria de población en situación de desplazamiento forzado, en particular cuando se prevén situaciones que comprometen el bienestar y el goce efectivo de derechos.

Palabras clave: Seguridad Alimentaria; Derechos Humanos; Participación Comunitaria; Conflictos Armados; Poblaciones Vulnerables (DeCS).


Herrán OF, Patiño GA. Sostenibilidad alimentaria en hogares con condición de desplazamiento forzado en el Área Metropolitana de Bucaramanga, Colombia. Rev Fac Med. 2014;62:S19-27. http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3sup.40739.


Summary

Background. The unconstitutional state of things related to the forcibly displaced population's effective enjoyment of their rights affects food sustainability and requires their participation in constructing public policy.

Objective. Describing and developing a methodology for defining and ranking action for ensuring food sustainability in homes where forcibly displaced people are living in the metropolitan area of Bucaramanga, Colombia.

Materials and methods. Thomas Saaty's analytic hierarchy process (AHP) was used; three expert workshops were run, representing the interests of communities which had been subjected to forced displacement. The panel consisted of 32 community leaders, 6 researchers and 10 nongovernmental organisations. The methodology essentially involved hierarchical matrix analysis based on the principles of identity, overall objective decomposition and establishing criteria or factors affecting target synthesis and priority formulation.

Results. One of the criteria most affected in relation to food sustainability was considered to be housing tenure (0.21 AHP score). Overcoming social conflict and enjoying peace were considered essential (0.18 AHP score). Greater coordination was required to allow individual initiative and competitiveness without social exclusion. Taken together, such factors can be definitive for producing income (0.16, λmax = 10.1, agreement index = 0.12, agreement ratio = 0.08).

Conclusions. Economic stabilisation programmes promoted by the government need to be rethought concerning food sustainability regarding the forcibly displaced population, especially when situations are forecast which compromise human welfare and the enjoyment of rights.

Keywords: Food Security; Human Rights; Consumer Participation; Armed Conflicts; Vulnerable Populations (MeSH).


Herrán OF, Patiño GA. Food sustainability in households where forcibly displaced people live in the metropolitan area of Bucaramanga, Colombia. Rev Fac Med. 2014;62:S19-27. http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v62n3sup.40739.


Introducción

La toma de decisiones con la participación activa de los sujetos de acción es deseable en la construcción de política pública. Este proceso cobra mayor importancia cuando el Estado es responsable de priorizar y financiar proyectos en los que frecuentemente los beneficiarios de estos están expuestos a situaciones de riesgo e incertidumbre derivadas de conflictos políticos, sociales y económicos (1,2). En Colombia y, en general, en América Latina y el Caribe la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles con la introducción de nuevas vacunas y el control del tabaquismo han sido posibles por la participación comunitaria activa llevada a decisiones políticas; en últimas, la participación comunitaria es un instrumento de política pública (3-6).

Colombia es un país con altos índices de hogares desplazados por el conflicto armado (7). Como consecuencia, entre otros, de la limitada participación de la población víctima de desplazamiento por el conflicto armado en la construcción de la política pública para su estabilización socioeconómica, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación declararon que persiste un estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de sus derechos (8,9). La vulnerabilidad del hogar desplazado aumenta si en él hay mujeres embarazadas, si pertenece a minorías étnicas o si hay integrantes discapacitados (10-12).

Estos aspectos complejos para las poblaciones en cuestión alcanzan su punto máximo cuando se definen variables críticas, sus relaciones y se priorizan acciones en contextos locales, que permitan su estabilización socioeconómica. La seguridad alimentaria es una de estas variables que incide en la recuperación temprana de estas comunidades y, en conjunto con otras, mejora las capacidades humanas, concebidas también como titulaciones asociadas al bienestar (13).

La evaluación del goce efectivo del derecho no suele limitarse a las variables tradicionalmente involucradas –disponibilidad de alimentos en forma suficiente, cuidado infantil, etc. –, es decir, a aquellas que regularmente se diseñan para las encuestas nacionales de verificación. Por el contrario, en el caso de las víctimas del desplazamiento forzado, las comunidades, las organizaciones que les representan, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y los grupos de investigación han procurado información más detallada al introducir variables constitutivas de otros derechos que, en su conjunto, afectan no solo la seguridad alimentaria, sino el grado de sostenibilidad alimentaria de estos grupos y ofrecen un marco más amplio, según lo establecen las teorías de la justicia social contemporánea (13-16).

Dado que en Colombia, por las particularidades del conflicto, las zonas agrícolas se han visto sometidas por años a la interacción estratégica de actores armados, la segunda y tercera Encuestas Nacionales de Verificación (ENV) encuestaron no solo a las personas desplazadas, sino también a sus vecinos en situación de pobreza. Esto se ha hecho con la intención de pasar del concepto tradicional de seguridad alimentaria –en el sentido de considerar que una buena alimentación permite desarrollar capacidades intelectuales y vitales para mejorar el nivel de vida–, al concepto de sostenibilidad alimentaria considerando la relación entre población y territorio, facilitando el cumplimiento de los objetivos trazados por la política pública, como se desprende de los vínculos entre bienestar y desarrollo (17) y, además, contemplados en los tradicionales análisis del problema agrario en Colombia, ahora consignados en el marco de la actual Ley de víctimas y restitución de tierras (18-19).

Objetivos

El objetivo de este estudio fue describir y desarrollar una metodología para definir y jerarquizar, en el contexto local, acciones para procurar la sostenibilidad alimentaria en hogares con condición de desplazamiento forzado.

Materiales y métodos

El Proceso Analítico Jerárquico es un instrumento ampliamente usado a nivel mundial en el ámbito académico y ha sido desarrollado por el profesor Thomas Saaty de la Universidad de Pittsburg; la presente investigación de desarrollo toma como punto de referencia este método de análisis (21). El estudio se desarrolló durante el período 2009-2011 y agotó tres fases; a) selección de muestra y taller de expertos, b) capacitación en elementos de política pública y en el método de priorización y c) jerarquización de variables.

Selección de muestra y taller de expertos

El grupo de expertos se conformó a partir de la red constituida por el Instituto de Estudios Humanitarios (IEH) de la Universidad Industrial de Santander y por las instituciones que conforman el Nodo Bucaramanga del IEH –Fundación Estructurar, Corporación Compromiso, Visión Mundial–, el criterio de selección observado fue su experiencia en el campo humanitario y su conocimiento del tema alimentario de la población en situación de desplazamiento forzado en la región; además, se convocó a los líderes de las comunidades en condición de desplazamiento asentadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), en particular en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en Santander, Colombia y a los miembros de Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), que trabajan con población desplazada en estas áreas.

Un total de 32 líderes comunitarios, 10 miembros de ONG´s y seis investigadores del IEH respondieron a la convocatoria y con ellos se conformó un grupo de expertos. Con este grupo se realizó un taller en el que, en resumen, los investigadores los sensibilizaron en relación con el proceso jerárquico de toma de decisiones, así como los alcances y límites de la metodología a desarrollar. La duración del taller fue de 40 horas y se realizó en las instalaciones de una de las instituciones del Nodo Bucaramanga.

Capacitación en elementos de política pública y en el método de priorización

Además, el grupo de expertos fue capacitado por los investigadores en relación con elementos clave de política pública, en particular, con la revelada en los informes de las encuestas nacionales de verificación elaborados por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública. Se tuvo en cuenta la heterogeneidad en edades, experiencia y formación académica, evitando el sesgo de "seguir al líder" o "sesgo de falso consenso", mediante retroalimentación reciproca de la información objeto de estudio que se proporciona en las encuestas nacionales de verificación. Esta capacitación hizo énfasis en los resultados obtenidos en materia de goce efectivo de derechos y, mediante un trabajo grupal, se seleccionaron de manera preliminar un conjunto de criterios o variables –generación de ingreso, restablecimiento de derechos, derecho a la atención humanitaria de emergencia, educación de los hogares, capital social, tenencia de vivienda, medio ambiente y heterogeneidad conflicto social y paz, intención de retorno–, en los que el componente nutricional se estableció, por parte de los expertos, como fundamental para lograr una vida digna a escala local. La duración de esta capacitación fue de 24 horas y, como en el caso anterior, se realizó en las instalaciones de una de las instituciones del Nodo IEH Bucaramanga.

Jerarquización de variables

La tercera fase permitió priorizar el conjunto de variables previamente determinadas y argumentar alrededor de la relación con el objetivo de lograr mejores resultados en la aplicación de la política para el logro de la sostenibilidad alimentaria en estas comunidades. La priorización se realizó mediante juicios valorativos argumentados y siguiendo estrictamente el instrumento metodológico que se describe a continuación.

Instrumento metodológico (21)

Es un procedimiento de análisis sistémico, que sirve para la presentación jerárquica de los elementos esenciales que constituyen un problema. El método consiste en la descomposición de un problema en sus elementos correspondientes más sencillos y en la continua elaboración de conceptos –a través de comparaciones pares–. Se trata de obtener resultados que puedan expresar el grado relativo –intensidad– de la interrelación de los elementos en una jerarquía. Estos conceptos se expresan posteriormente en forma numérica.

El método incluye, además, un procedimiento de síntesis de un conjunto de conceptos, obtención de criterios prioritarios y soluciones alternas que sirven como escenarios exploratorios (21). La metodología en esencia consiste en la aplicación del análisis matricial jerárquico, con base en los principios de identidad, descomposición del objetivo general, el establecimiento de unos criterios o factores que realmente incidan en el objetivo y la formulación de síntesis de prioridades. Ellos deben reflejar la experiencia de los actores en la participación, formulación y evaluación de los fenómenos socioeconómicos y culturales de la localidad.

En este sentido, la metodología es un instrumento que la teoría ha puesto a disposición de la práctica; por lo tanto no pretende rebasar el conocimiento empírico de los actores. Además, permite analizar el alcance de la política pública en materia de observancia y goce efectivo de un conjunto de derechos, incluido el derecho a no tener hambre (14).

Principio de identidad y descomposición

Prevé, en su primera fase, la estructuración de los problemas en forma de jerarquías o redes. La jerarquía se considera completa si el elemento de un nivel dado funciona como criterio para todos los elementos de los niveles inferiores. Como resultado de distintos análisis realizados por los expertos en el tema, se lograron determinar nueve criterios o variables fundamentales que, al parecer de los mismos, satisfacen el objetivo general de lograr mejores niveles de sostenibilidad alimentaria de hogares y personas en situación de desplazamiento forzado en el AMB. Ellos son: Generación de Ingresos (GI), Restablecimiento de Derechos (RD), Derecho a la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE), Educación de los Hogares (EH), Tenencia de Vivienda (TV), Capital Social (CS), Medio Ambiente y Heterogeneidad (MAH), Conflicto Social y Paz (CS y P), Intención de Retorno (IR).

El problema consiste en la priorización de variables que deben ser tenidas en cuenta a escala local para mejorar la política pública implementada desde hace varios años, mediante la Ley 397 de 1997 y la Sentencia T-025 emanada de la Corte Institucional, que permitan mejorar la calidad de vida de la población de estos grupos poblacionales y en los que el componente de seguridad/inseguridad alimentaria está indisolublemente ligado a la sostenibilidad alimentaria. El primer paso consiste en la descomposición y presentación del problema en forma jerárquica. En un primer nivel de análisis se encuentra el objetivo común: mejorar la sostenibilidad alimentaria de los hogares de población en situación de desplazamiento; en el segundo se encuentran los nueve criterios o variables que especifican el objetivo.

Principio de discriminación y conceptos comparativos. Después de la representación jerárquica del problema surge la siguiente pregunta: ¿cómo establecer la prioridad de los criterios y calificar cada una de las alternativas según los criterios específicos o encontrar el más importante de ellos? En el método, los elementos del problema se comparan en forma de pares con respecto a su influencia en una característica –objetivo, criterio, etc.–. Esta forma de comparación conduce al establecimiento de una matriz de forma cuadrada, como se explicará a continuación.

Escala de importancia relativa

La experiencia en este tipo de eventos ha demostrado que, por lo general, se hace un mismo tipo de preguntas cuando dos objetos se comparan entre sí. Al comparar A y B, se pregunta: ¿cuál de ellos es más importante y cuál tiene mayor influencia? ¿Cuál de ellos es preferible? Y, ¿cuál el más probable? De esta manera se conforma una matriz que se somete a las propiedades algebraicas de la misma; entre ellas se encuentra la simetricidad inversa (Tabla 1).

Principio de síntesis de prioridades

Del grupo de matrices de comparaciones pares se toma un conjunto de prioridades locales, que expresan la influencia relativa de un conjunto de elementos sobre el elemento que se adhiere al siguiente nivel. Se determina la intensidad relativa, la magnitud, el valor, la deseabilidad o probabilidad de cada objeto por separado, con ayuda de la solución algebraica de las matrices propuestas. Para ello es necesario obtener un conjunto de vectores para cada matriz y posteriormente normalizar el resultado.

En primera instancia, se multiplican los elementos de cada fila y se saca una raíz de grado n –cantidad de elementos en la fila–. La columna de coeficientes que se obtiene por cada fila se divide por separado con la sumatoria total de estos coeficientes, obteniendo una especie de promedio aritmético. Si se multiplican y se saca la raíz de cuarto grado entonces la calificación del primer componente del principal vector se obtiene de esta fila.

Componente del vector propio de la primera fila (21):

Componente del vector propio de la segunda fila (21):

Componente del vector propio de la tercera fila (21):

Componente del vector propio de la cuarta fila (21):

Normalizar el resultado para obtener la calificación del vector de prioridades (21):

Cuando la matriz tiene esta forma en realidad X1, X2, X3, X4, no es más que W1, W2, W3, W4. De la relación determinamos cada componente. Es necesario añadir que en la matriz de conceptos –opiniones– no hay relaciones de tipo , solamente se tienen números enteros o magnitudes inversas de la escala. En este caso se afirma que la matriz no está concertada (21).

El problema algebraico de concertación consiste en la solución de una ecuación tipo: Aw = nw, , el problema general de juicios inversamente simétricos consiste en la solución de la ecuación: ; A'aij, donde λmáx es el significado más alto de la matriz de conceptos A. Acto seguido se "normaliza" el resultado con el propósito de obtener un vector de prioridades. En un comienzo se suma cada columna de juicios –conceptos–, después la suma de la primera columna se multiplica por la magnitud del primer componente del vector normalizado de prioridades; luego se multiplica la suma de la segunda columna por el segundo componente y así sucesivamente. La suma obtenida corresponde a λmax.

Posteriormente se calcula un índice de concertación que da información acerca del grado de obstrucción cardinal y transitiva de la concertación. Para el índice de concertación se tiene: Icon=(λmax-n )/(n-1), donde n corresponde al número de elementos comparados. Para una matriz inversamente simétrica siempre se cumple la siguiente condición: λ≥n. Acto seguido se compara esta magnitud con aquella y se obtiene de una elección casual de juicios cualitativos de una escala 1/9, 1/8, 1/7,...,1,2,...9.

A continuación se presentan "medias" de concertación para matrices de diferente nivel. Se divide el Índice de consistencia (Icon) sobre el número que corresponde a la relación de consistencia para una matriz de orden n y se obtiene el índice relación de consistencia (Irel). Esta magnitud deberá ser de un 10% o menos para ser permisible y en ningún caso superior al 20%. Si el índice sale de estos límites, entonces los expertos deben probar de nuevo los juicios establecidos (Tabla 2).

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la UIS y recibió financiación interna, inscrito bajo el código 5234. Los datos fueron transcritos por duplicado para verificar la calidad de las bases de datos. Los datos fueron procesados en Stata v.10.1 (22).

Resultados

Un total de 48 sujetos conformaron el grupo de expertos. Previa definición de los criterios, su estudio y justificación, se construyó la matriz de primer nivel de análisis (Tabla 3).

Generación de ingresos

La generación de ingresos se consideró relativamente más importante que el estar o no inscritos en el registro único para desplazados (RUPD), que facilita el restablecimiento de derechos, puntaje=3, y levemente superior en relación con la atención humanitaria de emergencia, puntaje=2, frente al logro de la sostenibilidad alimentaria. Lo anterior en virtud de que en las áreas urbanas –barrios, comunas y asentamientos–, en los que esta población se sitúa, este tipo de atención ha sido prestada hace varios años.

Restablecimiento de Derechos

El restablecimiento de derechos es un criterio fundamental para la población desplazada. Se logra a partir de la inscripción en el RUPD, concebida como herramienta técnica mediante el Decreto 2569 de 2000, por medio de la cual se efectúa la inscripción de la declaración presentada por el hogar o la persona desplazada en concordancia con lo establecido por la Ley 387 de 1997y la Sentencia de La Corte Constitucional (T-025) del año 2004. En relación con el RUPD, la persona o el hogar puede clasificarse como incluido o registrado, no incluido, excluido o cesado. Al compararse con el capital social, medio ambiente y heterogeneidad para el logro de sostenibilidad alimentaria en zonas urbanas se consideró relativamente superior, puntaje=3. Tuvo igual importancia frente a la atención humanitaria de emergencia.

Educación de los Hogares (EH)

Incluyó la acción continua de los gobiernos nacional y municipal en Colombia, encaminada a mantener y mejorar el nivel de escolaridad de los hogares que se han desplazado de su lugar de origen como consecuencia del conflicto armado, así como las acciones en las que estos se convierten en objeto de apoyo desde el Ministerio de Educación Nacional. Presentó una superioridad moderada, puntaje=3, frente a los criterios restablecimiento de derechos, medioambiente y capital social. Se posicionó como un criterio superior, puntaje=5, frente al restablecimiento de derechos. Al compararse frente al criterio de tenencia de vivienda, los actores locales, líderes y representantes de ONG's consideraron que tiene un menor peso, puntaje=0,2.

Tenencia de Vivienda (TV)

Se refiere a las posibilidades de acceso a una vivienda digna y existencia de servicios públicos domiciliarios. Se calificó como un criterio de superioridad moderada, puntaje=3, frente a cinco de los criterios restantes como se observa en la tabla 3. En comparación con el criterio de educación de los hogares observó una fuerte superioridad, puntaje=5. El único criterio que le superó fue el de generación de ingresos, aquí la magnitud fue inversa, puntaje=0,33.

Conflicto Social y Paz (CS y P)

El tema del conflicto social y la paz se valoró como un criterio indispensable para el logro de la sostenibilidad alimentaria por parte de los líderes de la comunidad desplazada y las ONG´s que participaron en los talleres. Se trata de la creación de un entorno más seguro y favorable en todo el territorio nacional que propicie una vida digna.

Con los anteriores insumos, se construyeron las siguientes matrices (Tablas 4 y 5).

El índice de concertación da información acerca del grado de obstrucción cardinal y transitiva de la concertación, este es de 0,12. Este índice es insumo para el cálculo de la relación de concertación; su valor es de 0,08. La relación de concertación exigida por la metodología de análisis concuerda con los límites implícitamente establecidos para ella (10-20%), lo que permite asegurar una coherencia interna en la discusión a lo largo de todo el proceso y, al mismo tiempo, establecer un margen de error aceptable para la metodología en cuestión.

Discusión

A partir de una metodología robusta se establecieron nueve variables que las victimas del desplazamiento y los actores humanitarios identifican como determinantes de la sustentabilidad alimentaria en los hogares en condición de desplazamiento forzado. Cuatro de ellas son las más relevantes: tenencia de la vivienda, conflicto social y paz, generación de ingreso y educación de los hogares.

Las diferentes encuestas nacionales de verificación de goce efectivo de derechos han constatado lo que se advertía en la Sentencia T-025 del año 2004, es decir, la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). El ejercicio de definición de prioridades locales, realizado en el AMB, ha pretendido crear un diseño idealizado mediante el cual se piensa en un sistema más dinámico y efectivo de relaciones sociales en el que la comunidad en situación de desplazamiento y sus líderes interactúan con entidades del gobierno para tomar decisiones en contextos territoriales con altos niveles de fragmentación social y vulneración de derechos (22,23).

Los expertos consideraron conveniente destacar la importancia que tiene, para el logro de la sostenibilidad alimentaria, superar las altas tasas de dependencia económica. Esta última se relaciona con la elevada presencia de niños de ambos sexos y de jóvenes en los hogares desplazados que redunda en una mayor carga económica para la población en edad de trabajar que se encuentra ocupada. Una de las variables de mayor afectación en relación con la sostenibilidad alimentaria se consideró, por parte de los actores locales, en relación con la Tenencia de Vivienda, puntaje=0,21; este elemento se ve como un factor a tener en cuenta en la ejecución de los planes de desarrollo, en la medida que la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad y proximidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, los gastos soportables, la habitabilidad, la ubicación adecuada, así como la adecuación cultural son componentes de una vivienda digna que facilita tanto la seguridad alimentaria como su sostenibilidad y permiten restituir la confianza de los habitantes en su dignidad como personas y como comunidad.

También se consideró fundamental la superación del Conflicto Social y Paz, puntaje=0,18. Esta variable en las comunidades locales, afectadas por el conflicto armado interno, se consideró ligeramente más relevante que la Generación de Ingresos, pues en los proyectos productivos en los que se están generando una paz larga y duradera, está la base de lo que puede considerarse como desarrollo que permite la sostenibilidad alimentaria. La visión del desarrollo difiere entre las comunidades afectadas por la violencia armada que ejercen los actores ilegales, sin embargo, a medida que el país se acerca a los acuerdos de paz prevalece una esperanza de estabilización socioeconómico efectiva.

En esta visión, los líderes locales esperan más protagonismo no solo por parte de los entes territoriales de orden público, sino también una mayor participación del sector privado. En esencia, se requiere de una mayor coordinación interinstitucional que permita la iniciativa individual y la competitividad sin exclusión social. Estos aspectos pueden ser definitivos para la Generación de Ingresos, puntaje=0,16. Para las comunidades, la inversión de capitales en proyectos productivos debe hacerse tanto para población desplazada como no desplazada, pobre o en situación de pobreza extrema para que no aumente el desequilibrio ya existente entre el nivel de vida de los habitantes de estas zonas regularmente marginadas por la política social y económica –proyectos sociales y de infraestructura–.

Las altas tasas de analfabetismo y los pocos años de escolaridad de sus hijos y de ellos mismos –jefes de hogar, cónyuge o compañera–, implican una clara desventaja frente al resto de la población en los lugares en los que se asientan la población en situación de desplazamiento. En Colombia se han presentado importantes avances en la expansión del acceso a la educación como resultado de la ampliación de la cobertura, pero siguen siendo insuficientes para alcanzar el pleno derecho a la educación por parte de esta población. De hecho la Educación de los Hogares, puntaje=0,16, ocupó un lugar central en la discusión; es de destacar que, a nivel nacional, la cobertura bruta en la población desplazada incluida en el RUPD muestra diferencias marcadas entre los distintos niveles educativos. La obligatoriedad, la accesibilidad económica –gratuidad–, tienden a superar las desventajas estructurales que afectan el desempeño estudiantil y que obstaculizan no solo el acceso al sistema educativo de la población desplazada, sino también su sostenibilidad alimentaria, lo cual se impone como un reto adicional a la política pública en educación, que debe garantizar tanto el acceso como la retención.

El resto de variables críticas para el desarrollo de las comunidades locales en situación de desplazamiento se percibieron igualmente importantes en términos de la sostenibilidad alimentaria: Restablecimiento de Derechos, puntaje=0,06, Capital Social, puntaje=0,05, Intención de Retorno, puntaje=0,05, Medio Ambiente y Heterogeneidad, puntaje=0,04 y Ayuda Humanitaria de Emergencia, puntaje=0,33. Sin embargo, por diversas razones, tienen menor peso específico en el conjunto de variables críticas. La Ayuda Humanitaria de Emergencia es decisiva en la fase de recuperación temprana, pero no en comunidades como las aquí estudiadas, que llevan años asentadas en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

El Medio Ambiente y la heterogeneidad ejercen gran influencia, pero hay que reconocerlos y valorarlos en el contexto de lo que significan para la soberanía alimentaria. La Intención de Retorno sigue siendo baja por las condiciones de inseguridad que prevalece en los lugares de expulsión. El Capital Social no termina por construirse en las nuevas zonas receptoras y puede ser también la exigencia de una actitud relacionada con elementos culturales y el Restablecimiento de Derechos, que empieza con la inscripción en el RUPD, aunque esto, por sí solo, no se constituye en un elemento determinante del goce efectivo de derechos.

Conclusiones

En general, tanto los principios de unidad y descomposición como el de síntesis de prioridades locales adelantados por los expertos, con base en los criterios previamente definidos en las periferias urbanas del AMB, muestran que las variables o criterios fundamentales sin los cuales las distintas acciones del sector público y privado no podrían adelantarse en un futuro son los que se muestran en la tabla 5. Un viejo problema que acosa a los municipios, percibido con angustia por la comunidad, es el del acceso a los servicios públicos y, por lo tanto, la necesidad de tener en cuenta este criterio en el análisis jerárquico; se evidenció en la discusión la necesidad de rescatar la acción del Estado y la empresa privada en la ejecución de proyectos que generen empleo en aquellas zonas donde se ubican los hogares en situación de desplazamiento forzado.

Las principales fortalezas de este estudio son la amplia participación de líderes de comunidades en condición de desplazamiento y de los actores humanitarios y, además, la confianza construida entre las comunidades y las instituciones, lo que permitió, de un lado, la participación activa de estos y la calidad y pertinencia de la información necesaria para el desarrollo del instrumento metodológico. Una posible limitación es la ausencia de algunos líderes que, por situaciones relacionadas con su seguridad, no pudieron hacerse presentes en los talleres.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por los autores.

Financiación

Este estudio fue cofinanciado por la Universidad Industrial de Santander (UIS), código interno 5234; en él participaron las instituciones que hacen parte del Nodo Bucaramanga, del Instituto de Estudios Humanitarios.

Agradecimientos

Ninguno declarado por los autores.


Referencias

1. Beck U. La sociedad del riesgo. Barcelona: Editorial Paidós; 1988.         [ Links ]

2. Lhumann N. Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Primera edición. México: Anthropos Editorial; 1977.         [ Links ]

3. Arévalo DA. Participación comunitaria y control social en el sistema de salud. Revista de Salud Pública. 2004;6:107-39. http://doi.org/fhbcjd.         [ Links ]

4. Carvalho AI. Da Saúde Pública às Políticas Saudáveis: saúde e cidadania na pósmodernidade. Ciência & Saúde coletiva. 1996;1:104-21.         [ Links ]

5. Navas R, Rojas T, Álvarez CJ, Fox DM. Participación comunitaria en los servicios de salud. Revista de Ciencias Sociales [Internet]. 2010;16:329-42 [citado 2010 mayo 13]. Disponible en: http://goo.gl/mmFxFr.         [ Links ]

6. Burns JE. Descriptive analysis of immunization policy decision making in the Americas. Rev Panam Salud Pública. 2009;26:398-404. http://doi.org/dkpgwp.         [ Links ]

7. Patiño GA, Herrán OF. Desplazamiento forzado, niñez y adolescencia: escenarios en relación con su estabilización socioeconómica. Rev Salud Pública. 2012;14(Supl. 2):58-68.         [ Links ]

8. Colombia, Procuraduría General de la Nación. Superación o persistencia del estado de cosas inconstitucional. Bogotá: Procuraduría General de la Nación- UNCHR ACNUR; 2011.         [ Links ]

9. Garay LJ. La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia. Bogotá: Fundación Método, Fundación Avina y Transparencia por Colombia; 2008.         [ Links ]

10. Colombia, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de la población Desplazada. Primer Informe a la Corte Constitucional. Bogotá: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado-CODHES; 2008.         [ Links ]

11. Colombia, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de la población Desplazada. Segundo Informe a la Corte Constitucional. Bogotá: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado-CODHES; 2008.         [ Links ]

12. Colombia, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado. Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de la población Desplazada. Tercer Informe a la Corte Constitucional. Bogotá: Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado-CODHES; 2009.         [ Links ]

13. Sen AK. Economía de bienestar y dos aproximaciones a los derechos. Primera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 2002.         [ Links ]

14. Sen AK. El derecho a no tener hambre. Primera edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; 2002.         [ Links ]

15. Rawls J. La justicia como equidad: una reformulación. Primera edición. Barcelona, Editorial Paidós, Estado y Sociedad; 2002.         [ Links ]

16. Walzer M. Las esferas de la justicia. Primera edición. México: Fondo de Cultura Económica; 2001.         [ Links ]

17. Kilsberg B. Ética y desarrollo. La relación marginada. Buenos Aires: Editorial El Ateneo; 2000.         [ Links ]

18. Pécaut D. Crónica de cuatro décadas de violencia política colombiana. Bogotá: Editorial Norma; 2006.         [ Links ]

19. Colombia, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Colombia Rural. Razones para la Esperanza. Bogotá: Informe Nacional de Desarrollo Humano-PNUD; 2011.         [ Links ]

20. Saaty T. The analytic hierarchy process. New York: McGraw Hill; 1980.         [ Links ]

21. Pantuliano S. Uncharted Territory: land, conflict and humanitarian action. UK: Overseas Development Institute; 2009. http://doi.org/wmk.         [ Links ]

22. Umaña J. Desequilibrios territoriales y sostenibilidad local. Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia; 2005.         [ Links ]