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Revista de la Facultad de Medicina

versión impresa ISSN 0120-0011

rev.fac.med. vol.63 no.3 Bogotá jul./sep. 2015

http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.45191 

DOI: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.45191

OPINIONES, DEBATES Y CONTROVERSIAS

Lo político de la violencia en las relaciones de pareja como problema de salud pública

The politic in the intimate partner violence as a public health problem

María Himelda Ramírez-Rodríguez1, Gladys Rocío Ariza-Sosa2,3

1 Grupo Interdisciplinario de Estudios en Género. Escuela de Estudios de Género. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C., Colombia.
2 Grupo Observatorio de la Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad CES. Medellín, Colombia.
3 Doctorado en Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad CES. Medellín, Colombia.

Correspondencia: María Himelda Ramírez Rodríguez. Av Cra. 24 No. 39-67 apto. 503, Bogotá, D.C., Colombia. Teléfono: (57 1) 2697212. Correo electrónico: mariahramirezr@gmail.com

Recibido: 25/08/2014 Aceptado: 12/02/2015


Resumen

Este artículo de opinión relaciona diferentes matices de la violencia en las relaciones de pareja como problema de salud pública con énfasis en sus dimensiones políticas en Colombia a partir de los resultados de varios ejercicios investigativos de las autoras que abarcan una revisión bibliográfica narrativa exhaustiva, la observación profesional sistemática, los diálogos y consultas con especialistas de diferentes campos, la participación en distintos proyectos de investigación y en escenarios de activismo. La pregunta por la salud del amor en Colombia interroga las elecciones que concurren en las decisiones de conformar parejas, el cómo afrontar escenarios de conflicto, infligir y tolerar tratos que pueden devenir en violencia. Ello en relación con las dimensiones culturales y subjetivas, lo cual incluye el cuestionamiento a las masculinidades hegemónicas, signadas por una historia de más de sesenta años de violencia en Colombia y las inequidades de género entrecruzadas con las económicas.

La violencia en las relaciones de pareja en Colombia se ha venido constituyendo en un problema político que merece atención social y estatal, en un ambiente complejo de confrontaciones entre las tradiciones patriarcales que desestiman su relevancia y las transformaciones propiciadas por los movimientos feministas en alianza con otros sectores sociales que pretenden posicionarla como un inadmisible ético, lo cual significa avanzar en la construcción de las violencias contra las mujeres como un intolerable.

Palabras clave: Violencia contra la mujer; Problemas sociales; Violencia; Feminismo; Género y salud (DeCS).


Ramírez-Rodríguez MH, Ariza-Sosa GR. Lo político de la violencia en las relaciones de pareja como problema de salud pública. Rev. Fac. Med. 2015;63(3):517-25. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.45191.


Summary

This opinion paper articulates different nuances of intimate partner violence as a public health problem with emphasis in its political dimensions in Colombia, as a result of several researches of the authors that involve a narrative review, the systematic professional observation, the dialogues and consultations with specialists from different fields, the participation in various research projects and social activism scenarios. The initial question is: what happens to the health of love in Colombia? This means thinking about the reasons to begin intimate relationships, how to face conflicts and how to decide to inflict or tolerate abuse that could unleash on violence. This is in relation to the subjective and cultural dimensions, which include questioning of the hegemonic masculinities, influenced by a history of more than sixty years of violence in Colombia and the gender inequities intertwined with economic ones. The intimate partner violence in Colombia has become a political and social problem that deserves governmental and social attention in a complex environment of confrontations between patriarchal traditions that underestimate its relevance and the transformations prompted by the feminist movement in alliance with other social sectors, that intend to position it as an ethical inadmissible problem, which means to go further in the construction of violence against women as an intolerable issue.


Keywords: Social problems; Violence, Feminism, Gender relations (MeSH).


Ramírez-Rodríguez MH, Ariza-Sosa GR. [The politic in the intimate partner violence as a public health problema]. Rev. Fac. Med. 2015;63(3): 517-25. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3.45191.


Introducción

Este artículo sintetiza los resultados de varios ejercicios investigativos de las autoras que abarcan una revisión bibliográfica exhaustiva, la observación profesional sistemática, los diálogos y consultas con especialistas de diferentes campos, la participación en distintos proyectos y en escenarios de activismo. Las fructíferas discusiones logradas en el proceso de la elaboración de la tesis doctoral de Gladys Rocío Ariza Sosa, dirigida por María Himelda Ramírez, posibilitaron un diálogo fluido a partir de las afinidades en la interpretación de la violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja (1).

A partir de esas deliberaciones se destacan los cambios acelerados en la segunda mitad del siglo XX, luego de la construcción de la violencia contra las mujeres como un problema social y político por parte de las feministas radicales neoyorkinas (2). Es pertinente señalar que son comunes los usos peyorativos de la expresión feminismo radical. En sus versiones disuasivas, apelan a los contenidos misóginos más representativos de las distintas tradiciones occidentales: la guerra de los sexos, el separatismo de las mujeres que pretenden eliminar a los hombres y los mitos sobre la mutilación genital masculina. En este artículo se pretende resignificar la expresión feminismo radical, en referencia a un hito crucial del pensamiento feminista que emergió de la academia estadounidense con la obra de Kate Millet, Política Sexual, resultado de su tesis doctoral leída en Oxford en 1969. Los contenidos del libro inspiraron los enunciados convertidos en la consigna "Lo personal es político" que se propagó entre diversos colectivos en diferentes países latinoamericanos y en otros lugares, impulsando así la transformación de las mujeres en sujetos colectivos deliberantes que ocupan un lugar en la historia reciente. Se subraya la resonancia de las propuestas de las feministas radicales en diferentes partes del mundo (3), así como también las opciones de diferentes colectivos de feministas y no feministas por los cambios legislativos y por las reformas institucionales que coadyuvan a la desnaturalización de esa violencia. Por lo tanto, se asumen medidas de protección a las víctimas y de sanción a los responsables de las agresiones, además de campañas orientadas a la denuncia y difusión de los derechos de las mujeres (4).

Por lo demás, los diferentes recorridos tanto por las fuentes documentales, como por los testimonios de las mujeres afectadas, así como la información de prensa asombran (5). La recurrencia de ciertas prácticas en las relaciones de género y en las relaciones de poder que subyacen en los distintos escenarios de atención en los campos de la salud, las diferentes opciones psicosociales y psicoterapéuticas y ante todo, en el campo legal, revelan con nitidez el peso de las continuidades que construyen barreras culturales muy resistentes al cambio de los imaginarios, las representaciones sociales y los discursos; en particular de aquellos que contribuirían al reconocimiento pleno de las mujeres como sujetos de derechos en su condición de ciudadanas tanto en la vida privada, como en los espacios públicos.

En este sentido, Alicia Puleo señala:

"¿Por qué la insistencia en hablar de violencia de género? [...] La violencia de género es una injusticia social porque no consiste en acciones aisladas explicables por patologías individuales, se trata de una violencia sistemática, pautada, en ocasiones realizada por el grupo de pares, y en mayor o menor medida disculpada por la sociedad" (6).

Dado lo anterior, se estiman sugestivas las preguntas cuyas respuestas no se agotan en esta elaboración pero que, a juicio de las autoras, permiten articular diferentes matices del problema en sus dimensiones políticas. ¿Cuáles son los cambios producidos sobre los sustratos culturales de las identidades de género en las sociedades contemporáneas? Cuando se conforman parejas, ¿qué persevera en el ser mujer y en el ser hombre que posibilita el desencadenamiento de episodios de violencia con consecuencias lesivas en la dignidad e integridad de las mujeres? ¿Qué esperan las colombianas de la sociedad en que les tocó vivir experiencias de relaciones de pareja violentas, en un momento en que se desarrollan diálogos de paz para resolver el conflicto armado interno?

Estas preguntas delimitan el problema al que se refiere este artículo: las relaciones de parejas heterosexuales, formales o de hecho, en cualquiera de sus fases, bien sea en la etapa del cortejo o cuando los integrantes deciden la convivencia efímera o prolongada, así como en las diversas etapas de la separación. Al respecto, diferentes estudios históricos, como el de Mabel Paola López Jerez (7), revelan que ante la agudización de la violencia, las afectadas, en no pocas ocasiones, prefieren deshacer los vínculos pese a ser las separaciones conyugales tan costosas para las mujeres, en términos de la renuncia al respaldo social masculino, sobrevalorado en diferentes culturas; la exposición al desabastecimiento material; y otras desventajas.

Los contenidos de esta elaboración se desarrollan en tres acápites. En primer lugar se plantean unas consideraciones acerca de lo que Florence Thomas denomina "la salud del amor" en la Colombia del presente (8). Se formulan ciertas sugerencias sobre la construcción de las identidades de género y su proyección en las relaciones de pareja; por cuanto la vida en pareja, y de ciertas parejas, es en donde se sitúa la violencia contra las mujeres que se pretende destacar como escenario complejo, de tensiones y desencuentros, que trascienden la privacidad y que se convierte en un asunto de dominio público por diferentes vías. Las notas de prensa constituyen un corpus elocuente sobre las formas como circulan en los ámbitos públicos los imaginarios y las representaciones sobre un problema que suscita reacciones representativas de los usos noticiosos del mismo, por supuesto, más allá de una univocidad. Además de los fragmentos de las visiones tradicionalistas, emergen las renovadoras; así, desde una perspectiva kantiana (en alusión a los planteamientos de Immanuel Kant) se sustenta el papel de la prensa en las sociedades modernas y en la formación de la opinión pública. Al respecto véanse los artículos de Vargas y Ariza (5), Ariza (9) y Ramírez (10).

En el segundo acápite se insiste en la complejidad de la producción de la violencia en las relaciones de pareja, situándola como un problema que va más allá de las responsabilidades personales y no exclusivo de las mujeres. Se llama la atención en que allí convergen las tradiciones culturales con la construcción de las identidades de género, teniendo en cuenta que ciertas deliberaciones académicas contemporáneas apelan a la expresión transmisiones intergeneracionales.

El artículo concluye en unas consideraciones sobre lo político de la violencia en las relaciones de género e insiste en sus dimensiones simbólicas, sociales, culturales y económicas. Por lo tanto, en las posibilidades de cambio de las condiciones que coadyuvan a la producción de esa violencia, con un moderado optimismo, puesto que nos llaman la atención las enormes resistencias al cambio en esas dimensiones de la vida. En gran medida, atribuibles a las dificultades de una sociedad tan fragmentada como la colombiana, en la cual la posibilidad de entablar consensos es contingente y las obstinaciones en contra del reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho muy difundidas.

Pese a esas dificultades se han logrado promulgar leyes como la 1257 de 2008, que en su artículo 2º precisa: "Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas" (11).

Los bagajes acumulados en el país por los movimientos sociales de mujeres feministas y no feministas de diferentes procedencias sociales que han contribuido a las reformas legales e institucionales, y de manera modesta al cambio social, adquieren un gran significado en el presente. La erosión de los proyectos militaristas, que tanto contribuyen a la reproducción de las tradiciones sobre las jerarquías de género, comprometidas con la explotación y sometimiento de las mujeres y el uso de la violencia en contra de ellas, tanto en los ámbitos privados como en los públicos, abre un espacio para unos nuevos pactos sociales que quizás representen otras oportunidades de inclusión de las mujeres.

¿Hasta dónde el amor romántico se ha erosionado en las sociedades de hoy?

Se retoma una pregunta reiterada por Florence Thomas (8) en distintos espacios en los cuales ella invita a pensar en el por qué las colombianas y los colombianos aman de cierta forma. Esto es, la pregunta por la salud del amor en Colombia que interroga por las elecciones, por los motivos que concurren en las decisiones de unirse y convivir, de procrear, de construir escenarios de conflicto insalvables, de imponer, tolerar, acordar o negar las relaciones paralelas, con frecuencia fuente de profundo dolor y malestar que desencadena violencia, de infligir y tolerar tratos inadmisibles o de separarse.

Esas preguntas arriesgan respuestas que remiten a las dimensiones culturales y subjetivas, las cuales definen la construcción de las identidades de género en un mundo que comparte con la sociedad global las prescripciones hegemónicas sobre las formas de ser hombre o ser mujer, así como las experiencias de vivir en pareja; por supuesto, con las especificidades locales y regionales, signadas de manera contundente por una historia de más de sesenta años de violencia. Precisamente, en el XVI Congreso colombiano de Historia en el año 2012 se conmemoraron los 50 años de la primera edición del libro que marcó una época: La Violencia en Colombia, escrito por Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda (12). En ese estudio y en otros posteriores se visibilizaron las mujeres como víctimas de las contiendas por parte de las fuerzas antagónicas en el conflicto. Hacia los años noventa se tiende a una mayor explicitud de ciertos efectos de la violencia de la guerra sobre las mujeres en sus relaciones de pareja, por ejemplo, el rechazo y la disolución de la unión ante la violencia sexual.

Se advierte que las posibilidades de respuesta a las preguntas de Florence Thomas son múltiples por la versatilidad de experiencias de las que emergen las jóvenes, las adultas o las mujeres mayores violentadas por sus pretendientes, sus consortes, o sus exparejas (1). El proyecto de vivir en pareja que emprenden las mujeres y los hombres en las sociedades contemporáneas suele ser aún un imperativo cultural que se inscribe en la consolidación de la identidad adulta (13). Un logro superlativo, precisamente de esta modernidad, es la libre opción y decisión en la elección de con quién se quiere vivir un trayecto breve o prolongado de la existencia. No obstante, esa modernidad que se basa en los pactos, en las reciprocidades, en el respeto y el reconocimiento mutuo es muy esquiva y no permea del todo la vida política en los ámbitos públicos y, mucho menos, la vida privada de quienes se atreven a desnudar los malestares de su intimidad. La filósofa Hannah Arendt declara que la costumbre y la tradición rigen aún más que la ley y el pacto (14) y puede añadirse que son manifiestos en la resolución de los apremios de la vida cotidiana, de esa intimidad. La débil reciprocidad de la división del trabajo por sexos y los intercambios inequitativos en las parejas alimentan los conflictos, las violencias, las separaciones y, como estrategia cautelosa, los nuevos arreglos que no impliquen la convivencia.

Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal (15), en Colombia, en el 2013, los casos de violencia de pareja (44743) representaron el 65.6% del total de violencia intrafamiliar (68230 casos). Respecto a la violencia de pareja, en 39020 peritajes (87%) las víctimas fueron mujeres, y en 5723 (13%) fueron hombres. Asimismo se informó de 10 hombres y 89 mujeres asesinados y asesinadas, siendo sus parejas o ex parejas los presuntos responsables; esto significa que por cada hombre víctima se registraron nueve víctimas mujeres. De las 1163 víctimas mujeres de homicidios por todas las causas 314 (27%) fueron asesinadas en su propia vivienda.

Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro del país reportó las siguientes cifras de divorcios en Colombia: 13038 en 2009, 13450 en 2010, 15326 en 2011 (16), 16259 en 2012 y una leve disminución en 2013 al reportarse 15856 casos. De igual forma, las cifras de matrimonios para 2012 fueron de 122280 y para 2013 124571 (17), es decir que por cada ocho matrimonios registrados en 2013 se presentó un divorcio. Se puede entonces deducir que un segmento de la población colombiana cada vez tolera menos relaciones de pareja insatisfactorias y asume la disolución legal del vínculo como una alternativa.

En otra perspectiva, asumiendo con prudencia las satisfacciones que produce la vida en pareja en quienes han logrado construir esa posibilidad, es admisible arriesgarse a indagar por otras experiencias: ¿Cuál es el secreto, si lo hay, de las parejas longevas y que se declaran felices en un medio en que aumentan las separaciones y los divorcios? Al parecer, esa longevidad se explicaría por unas formas de adaptación incondicional y de tolerancia de las mujeres a las imposiciones sutiles y galantes o por el contrario, implacables de sus parejas. La difundida representación social de la complementariedad también estaría en la base de esa longevidad.

Nuevos datos circulan por los escenarios de deliberación que indagan sobre un supuesto aumento de la violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja. Sobre ello, son llamativas las declaraciones altisonantes, en especial en algunos medios de difusión sobre el "alarmante" aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, ante lo cual quedan como interrogantes ¿se tolera menos?, ¿se declara más? Por lo demás, los hombres suelen ser menos tolerantes ante los gestos de autonomía e independencia de sus parejas. Ya se había observado la baja tolerancia masculina ante su mayor éxito profesional o, ante la generación de ingresos mayores. Es lo que explica la emergencia de nuevas categorías como por ejemplo, la violencia de pareja en las mujeres profesionales del sector salud (18). En este estudio, se desmitifica la relación causal entre la violencia contra la mujer en sus relaciones de pareja y la dependencia económica y así mismo, el saber sobre esa violencia como antídoto.

En síntesis, las inequidades de género en las relaciones de pareja que concluyen en lesiones graves a las mujeres, y aún en su muerte, comprometen a las diferentes clases sociales y sectores de la población colombiana. Los medios, a la par que continúan divulgando los casos de horror de los hombres de los sectores populares que violan, golpean y asesinan a sus parejas, también propagan los escandalosos casos de prestantes políticos, hombres de negocios y aún de profesionales que hacen lo mismo y que cuentan con mayores posibilidades de impunidad ante las sanciones legales y sociales por ello. Al respecto, en los últimos años han recibido notoria atención y seguimiento de la prensa y demás medios de comunicación colombianos tres casos de violencia en los cuales las víctimas fueron mujeres barranquilleras de élite. El primero fue el de Lizzete Ochoa, quien fue cruelmente golpeada por su esposo, un reconocido ganadero (19); en el 2010 el de Clarena Acosta empresaria asesinada por su exesposo (20) y en el 2012 resonó el de Valerie Domínguez, ex reina de belleza y actriz comprometida en un sonado proceso judicial por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, en medio del cual salieron a la luz pública, mutuas acusaciones con su novio por violencia en su relación de pareja (21).

Las sobrevivientes, cada vez menos se comportan como víctimas pasivas pese a los limitados recursos de que disponen en un medio en que la supuesta incondicionalidad del amor sigue siendo un emblema del amor romántico cuyos debilitamientos suelen ser bastante aparentes. Convendría reiterar los efectos sobre las mentalidades contemporáneas de la persistencia de la comedia romántica que la crítica feminista aspiraba a demoler: ¿qué se esconde detrás de los rituales de bodas con sus despliegues edulcorados de los que tanto se nutren las producciones audiovisuales orientadas al consumo de masas?, ¿es tan sólo una estrategia consumista o, una interpretación de los sueños que continúan situando el final feliz en el lapso breve del comienzo en la vida en común de la pareja? La salud del amor de pareja en Colombia entonces, está por diagnosticarse de manera integral y compleja.

Algo sobre las corresponsabilidades comprometidas en la producción y reproducción de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja

Es recurrente la interpelación de quienes se sitúan en un lugar privilegiado dentro de las jerarquías de los poderes institucionales, de las mujeres que silencian, que soportan malos tratos, que no denuncian las lesiones personales y los daños emocionales que les causan sus parejas. También a las que denuncian y desisten, a las que se compadecen del encarcelamiento de los que fueron sus seres amados, con quienes soñaron un proyecto, o son los padres de sus hijos e hijas. Todavía se insinúa, aunque cada vez con más cautela, el enunciado del supuesto goce con el sufrimiento propinado por las parejas. Son de subrayar los aciertos explicativos de algunas escuelas psicoanalíticas colombianas que se ocupan con lucidez de las responsabilidades subjetivas en las mujeres para la asimilación de los discursos sobre los derechos de las mujeres. Al respecto son relevantes, entre otras elaboraciones, la de Ángela María Burgos "Obediencias intimas" del libro editado por Yolanda Puyana y María Himelda Ramírez, Familias, Cambios y estrategias (22); también, la de Héctor Gallo, Ángela María Jaramillo Burgos, Rubén Darío López y Mario Elkin Ramírez Ortiz titulada Feminidades. Sacrificio y negociación en el tiempo de los derechos (23).

Llaman la atención en cambio, los silencios sobre las continuidades entre los tratos violentos a las niñas o a las jóvenes en sus familias de origen y la huida con hombres también jóvenes o mucho mayores que ellas, con quienes aspiran a sustraerse de la violencia expulsora del hogar. En estos casos, ¿cuál será la índole del compromiso con un buen trato al que estaría sujeto el hombre que se autodesigna y es a la vez heterodesignado como una especie de redentor?, ¿por qué es tan débil la pregunta sobre las masculinidades comprometidas con hechos violentos hacia sus parejas, si en esas masculinidades también se cifran las responsabilidades de los hechos y las posibilidades de los cambios? Desde el cortejo, jóvenes y hombres adultos suelen resolver los conflictos ficticios o reales con sus parejas de manera violenta. La controversia sobre las posibilidades de detectar tempranamente la violencia en el curso de las relaciones de pareja significaría que se está tratando este fenómeno con la lógica de una enfermedad. La salubrista feminista Lea Guido anota, "...la violencia conyugal no es una enfermedad, es una relación social que causa daño" (24). Es muy objetable la violencia masculina sobre su pareja desatada por motivo de la gestación (25). Es común que esa violencia se acompañe de formas en extremo denigrantes tales como la inculpación a la mujer, bajo la atávica presunción de haber sido ella la responsable de la procreación. Y además, suele ser convertida en sospechosa de haber tendido una trampa para capturar un esposo, de adjudicarle al uno el hijo del otro.

Estas acusaciones permiten advertir de qué forma, aún en el que se imaginó prometedor siglo XXI, persiste la inculpación a las víctimas y las interpretaciones simplistas que le asignan a las mujeres la obtención de un goce con el sufrimiento. La pregunta ¿qué significa ser violentadas por el ser amado de quien se espera afecto, protección y respeto? continúa desafiando a la sociedad contemporánea y más aún, a quienes participan en los escenarios de la toma de decisiones.

Lo político de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja

La segunda mitad del siglo XX en distintas partes del mundo europeo y americano fue un tiempo de denuncia de la violencia contra las mujeres, lográndose, en principio, nombrar y visualizar. Diferentes disciplinas académicas ensayaron diversas interpretaciones que en ocasiones entraban en disputa. Los campos más autorizados por los criterios ortodoxos situaron en la biología o en la psicopatología la causa de esa violencia (26). Las corrientes críticas la situaron en las relaciones sociales de poder y en las inequidades del pilar de la conformación del modelo hegemónico de familia: el matrimonio. En este sentido, es de destacar que desde el siglo XIX la literatura problematizó la violencia en las relaciones de pareja, en obras maestras como Ana Karenina (27) y la Sonata a Kreutzer de León Tolstoi (28).

En el siglo XX, las legislaciones, las disciplinas de la salud y los campos de atención psicosocial fueron interpelados desde diversos lugares para la construcción de estrategias de atención a las mujeres violentadas por sus parejas. La victimología cobró fuerza, en ciertos sentidos, reproduciendo los imaginarios tradicionales sobre la fragilidad femenina, fragilidad construida y reconstruida en las diferentes instancias de socialización y que permite en las lógicas de la complementariedad, pactar la protección paternalista controladora y violenta, por subordinación.

Los feminismos partícipes de las teorías críticas de las sociedades, en un proceso persistente, propiciaron una ruptura epistemológica que situó la violencia contra las mujeres, inherente al patriarcado; este, como una larga construcción social en la que participan tanto los hombres como las mujeres. Ellas en ocasiones, con consentimiento y en otras, por coacción (29).

Allegando datos en procesos de formulaciones, redefiniciones y reconceptualizaciones fue posible construir argumentaciones para diferenciar la violencia intrafamiliar de la violencia contra las mujeres, identificar la certeza de la violación en el matrimonio, reconocer la explotación económica de las mujeres en la vida de pareja, y cuestionar las fronteras diferenciadas por género entre los ámbitos privados y los públicos.

Aquellos tiempos, fueron también tiempos de reivindicación de derechos. Las posibilidades construidas entre 1975 y 1985 durante la Década Internacional de la Mujer, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contribuyeron a una transformación cultural. De manera simultánea, lo que las feministas han caracterizado como una revolución silenciosa de las mujeres presionaba por el cambio. Las instituciones políticas, los medios de comunicación, las entidades gubernamentales de salud y protección, con compromisos distintos según diversos intereses desde entonces, y con mayor énfasis luego de la Conferencia de Beijing (30), le prestan mayor atención a los problemas sociales que afectan a las mujeres. Un énfasis especial concierne a la violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja, por cuanto esta compromete la vida y la integridad, al punto que para insistir en ello, en la Conferencia de Viena (31) se adoptó la consigna "Los derechos Humanos son también derechos de las mujeres".

Es de destacar que como producto de las deliberaciones públicas nacionales e internacionales, en Colombia, entre los años 1996 y 2008, se expidieron tres legislaciones en contextos de difícil negociación que reflejaban la pugna entre los sectores tradicionalistas conservadores y progresistas, y en el trasfondo, el conflicto armado interno: la Ley 294 de 1996 (32), la Ley 882 de 2004 (33) y la Ley 1257 de 2008 (11). Los cambios en un lapso tan corto obedecieron a los requerimientos de afinamientos conceptuales, que permitiesen precisiones lingüísticas para obrar en consecuencia desde el punto de vista del orden jurídico. Los avances logrados y los retrocesos, en medio de intensos debates sociales y legislativos, concernían a asuntos como la tipificación de este delito como querellable, conciliable y por ende desistible por solicitud de la víctima. Es de advertir que si bien en el orden jurídico se avanzó en la definición de la violencia en la familia como un delito desde la Constitución de 1991 (34), otros órdenes que tienen que ver con la prevención, la protección y el seguimiento están aún pendientes en sus posibilidades integrales, supeditados a las apropiaciones presupuestales definidas por las prioridades del gasto militar y en una noción de seguridad que no incluyó la de las mujeres.

Los cambios en las denominaciones representan las transformaciones en el contexto de las relaciones sociales de poder, en donde surgieron como expresión de los intereses de determinados actores y movimientos sociales. Esta violencia se ha rotulado como: malos tratos, mujer golpeada, violencia doméstica, violencia conyugal, violencia patriarcal, violencia familiar, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, violencia del compañero íntimo, violencia en las relaciones de pareja, violencia machista, violencia de género o violencia basada en el género, femicidio y feminicidio. Nótese que cada una de ellas permite visibilizar ciertos aspectos y algunas de estas concepciones sugieren que esta violencia es inevitable puesto que es inherente a la familia, al espacio doméstico y así pueden encubrir las responsabilidades de los sujetos agresores. Para mayores detalles al respecto véase el libro de Ariza (1, p.107-21).

El reiterado reclamo a las mujeres porque se resisten a denunciar y el temor de ellas a las represalias de sus parejas violentas quizás signifique la puesta en cuestión de las acciones legales, que si bien son absolutamente necesarias, se expresan insuficientes para atender la complejidad de las relaciones de amor de afecto y los sentimientos ambivalentes que conciernen a las relaciones de pareja. Es común que algunas mujeres se atrevan a plantear de manera explícita que esperan de sus parejas un trato respetuoso, no que ellos sean encarcelados.

La Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008, "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" (11), se ha considerado como un logro del proceso de interacción del movimiento social de mujeres y la Mesa de Legislación y Género con la bancada de las mujeres del Congreso de la República de Colombia. Esta norma en su artículo 3º establece el concepto de daño contra la mujer y su tipología, clasificándolo en psicológico, físico, sexual y patrimonial. De este modo se avanzó en la inclusión de la violencia económica como parte de la violencia contra las mujeres.

Pese a que han transcurrido seis años desde su promulgación, aún no se define con claridad su financiamiento y reglamentación, por lo cual, todavía no se logra su cabal cumplimiento, en especial en lo referente a la atención integral de las víctimas, su protección mediante reubicación de vivienda, seguridad social y atención en salud mental (35).

Conclusiones

El proceso de configuración de la violencia en las relaciones de pareja como un problema político fue producto de la conformación de las mujeres como sujetos colectivos deliberantes, en escenarios públicos. En tales escenarios, confluyeron las organizaciones de un sector social calificado, con una tradición de estudio y activismo, aliadas con otros sectores con injerencia en la toma de decisiones en los espacios de producción de las leyes, los protocolos y las acciones favorables a la destitución de esa violencia, que logró ser posicionada como un inadmisible ético.

A la par de los avances en la interpretación y complejización de la violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja, son de anotar los avances en la producción cultural que recrea y resignifica la denuncia y los estragos de la violencia contra las mujeres, en la literatura, la filmografía y las artes escénicas. Tales disciplinas, reflejo y problematización del ser de las sociedades, exploran con sus potencialidades otras posibilidades en las relaciones de género.

En las dos primeras décadas del siglo XXI persisten debilidades en la asimilación del discurso de los derechos humanos de las mujeres o, cuanto más, entre algunos sectores más o menos sensibles, se asume como un discurso políticamente correcto, sin convicciones plenas sobre sus alcances. El compromiso con el mismo en ocasiones es parcial, sujeto a la pragmática de la política. El cuestionamiento al sexismo en sus diferentes expresiones (en el lenguaje, en el humor y en la vida cotidiana) compromete a todas y a todos en un cambio necesario que coadyuvaría a la expansión de la democracia en las relaciones de género.

Entre ciertos servidores públicos se expresan reservas acerca de la obligatoriedad de la denuncia de la violencia en las relaciones de pareja. Esa denuncia se complejiza cuando se trata de las adolescentes, quienes por ser menores de edad aún, suelen ser consideradas con capacidad de juicio limitado, y por lo tanto, no alcanzan a ser reconocidas como ciudadanas sujetas plenas de derecho (1).

Es pertinente reivindicar que el camino hacia la paz exige el compromiso estatal con la asignación de suficientes recursos económicos destinados al despliegue de las medidas requeridas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El acceso a la justicia, el acompañamiento y apoyo psicosocial de emergencia, a las medidas precautelativas, requieren de la inversión pública sustentada en prácticas humanistas y éticas integrales, así como profesionalizadas, salvaguardadas de las prácticas del clientelismo y la corrupción.

La violencia de género en Colombia se ha constituido en un problema político que exige atención social y estatal, en un ambiente complejo de confrontaciones entre las tradiciones patriarcales que desestiman su relevancia y las transformaciones propiciadas por los movimientos feministas en alianza con otros sectores sociales. Su posicionamiento como un inadmisible ético significa avanzar en la construcción de las violencias contra las mujeres como un intolerable. La consigna "por el derecho a una vida libre de violencias" sintetiza una reivindicación vigente.

Los diálogos de paz, iniciados por el Gobierno Nacional colombiano en el año 2012, constituyen un escenario posible para concertar y definir responsabilidades en diferentes sectores de la población sobre la violencia de género, aunque sea notoria la tardía y escasa participación de mujeres en la mesa de las negociaciones (36). Pese a las dificultades para pactar los consensos necesarios para la defensa de los derechos de las mujeres, las colombianas merecen explicaciones claras y posibilidades reales para ejercer sus derechos y para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de equidad. Es importante reiterar que la violencia en las relaciones de pareja, como un asunto público, requiere la intervención del Estado en la restitución de derechos, la garantía de no repetición y la reparación a las víctimas, aunque la vía legal es insuficiente para el cambio.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por las autoras.

Financiación

La tesis doctoral en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, a la que se hace referencia en este artículo, de Gladys Rocío Ariza Sosa fue dirigida por María Himelda Ramírez y mereció la distinción laureada otorgada por el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia en 2011. Esa tesis contó con financiación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá a través de la Convocatoria Nacional de investigación 2009, modalidad 5, apoyo a tesis de posgrado y de la ESE Metrosalud de la ciudad de Medellín. Ninguna de estas dos instituciones tuvo influencia en el diseño del estudio; en la recolección, análisis o interpretación de los datos; ni en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito de este artículo.

Agradecimientos

A la comunidad académica del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia; asimismo a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia y a la ESE Metrosalud por la financiación de la tesis doctoral.


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