DOI: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Políticas de educación superior en países del Cono Sur

Higher education policy in the Southern Cone Countries

Pamela Tejeda-Cerda¹, Aleida Fernández-Moreno²

¹ Universidad Austral de Chile - Valdivia - Chile.
² Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina - Grupo de Investigación en Discapacidad, Inclusión y Sociedad - Bogotá, D.C. - Colombia.

Correspondencia: Pamela Tejeda-Cerda. Universidad Austral de Chile. Independencia. Teléfono: +56 63 2293678, Valdivia, Chile. Correo electrónico: pamela.tejeda@uach.cl.

Recibido: 25/02/2015 Aceptado: 24/03/2015

Resumen

Antecedentes. Para esta investigación se revisaron, como antecedentes, las políticas educativas nacionales de los países del Cono Sur y posteriormente se compararon las políticas institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), la Universidad de Santiago de Chile (Chile) y la Universidad de La República (Uruguay).

Objetivo. Caracterizar e interpretar las políticas de educación superior en Argentina, Chile y Uruguay, determinando factores que promueven o restringen una educación universitaria inclusiva para los estudiantes con discapacidad.

Materiales y métodos. Estudio cualitativo a partir de fuentes documentales. Desde una perspectiva comparada, se exploraron las leyes nacionales y las normativas universitarias que nutrieron las categorías y matrices para el análisis político de la información.

Resultados. Se encontraron diferentes enfoques políticos: Argentina con una postura de enfoque de derechos, Chile desde un enfoque biomédico y diferencial, y Uruguay con un enfoque social de la discapacidad.

Conclusiones. Argentina lidera en la carrera para lograr una política de educación superior inclusiva; tanto en Chile, como en Uruguay hay cambios en sus políticas institucionales, sin embargo aún presentan limitaciones; en Chile los procesos de acceso están restringidos por altos costos y dificultades de financiamiento.

La desigualdad social y económica en Latinoamérica afecta particularmente a los estudiantes con discapacidad. Si bien existe un marco jurídico que resguarda la educación, las realidades de los países del Cono Sur difieren en los procesos de acceso, permanencia y egreso de estos estudiantes.

Palabras clave: Personas con discapacidad; Educación superior; Políticas públicas (DeCS).

Tejeda-Cerda P, Fernández-Moreno A. Políticas de educación superior en países del Cono Sur. Rev. Fac. Med. 2015;63:S33-40. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329.

Summary

Background. National education policies of the Southern Cone countries were reviewed as a background for this research. Later on, institutional policies of the National University of La Plata (Argentina), the University of Santiago de Chile (Chile), and the University of the Republic (Uruguay) were compared.

Objective. To typify and construe the policies of higher education by assessing factors that promote or restrict an inclusive higher education for students with disabilities in Argentina, Chile and Uruguay.

Materials and Methods. This is a qualitative study based on documentary sources. From a comparative perspective, national laws and university regulations which nurtured the categories and matrices for political analysis of information were explored.

Results. Different political approaches emerged: a stance on rights by Argentina, a biomedical and differentiated approach by Chile, and a social approach to disability by Uruguay.

Conclusions. Argentina leads the way for a policy of inclusive higher education. In both, Chile and Uruguay, there are changes in their institutional policies, however, they still show limitations. Access processes in Chile are constrained because of high costs and financing difficulties.

Students with disabilities are particularly affected by social and economic inequality in Latin America. Although there is a legal framework that protects education, realities of the Southern Cone countries differ in the processes of access, retention and graduation of these students.

Keywords: Disabled Persons; Persons with disabilities; Higher education; Public policy.

Tejeda-Cerda P, Fernández-Moreno A. [Higher education policy in the Southern Cone Countries]. Rev. Fac. Med. 2015;63:S33-40. Spanish. doi: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.49329.

Introducción

Según el Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe, emitido en el año 2006, el derecho de todos a tener acceso a la educación en condiciones de igualdad es un derecho humano sobre la base del reconocimiento de la diversidad humana. El acceso, la permanencia y conclusión de estudios en la educación superior ha demostrado que este contexto educativo es el más excluyente de todos, situación que requiere de atención urgente especialmente para las personas con discapacidad (1). Esta cita refiere una de las principales preocupaciones en el contexto de la discapacidad y la educación superior, realidad que no solo se aprecia en la región de América Latina y el Caribe, sino que también acontece en países europeos. En Latinoamérica la situación se torna más compleja debido a las desigualdades sociales existentes, las cuales dificultan aún más el ingreso a la educación superior de las personas en situación de discapacidad (1).

En casi una década no parece haber cambiado la situación, si bien no hay un nuevo informe de educación superior, en el 2014 desde la CEPAL se señala que la información sobre el tiempo de asistencia a centros de enseñanza de las personas con discapacidad de 13 a 18 años revela grandes disparidades según el país y el tipo de discapacidad. No obstante, a partir de la información disponible, en 2011 el promedio era de no más de tres años de estudio en América Latina (2).

Así, en lo que respecta a la educación existen restricciones desde los niveles educativos que anteceden al superior y, en consecuencia, actúan como sistema de filtro, impidiendo que un estudiante con discapacidad transite desde la educación secundaria hacia la educación superior. Este tránsito no está exento de dificultades, entre las que se encuentran barreras arquitectónicas, pedagógicas, comunicacionales y actitudinales —siendo esta última una limitante importante en el desarrollo de las prácticas inclusivas—, a partir de estas barreras se ve limitado el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad en la educación superior. De hecho, en el informe de la CEPAL del 2014, de los participantes en el estudio, solo los países del Caribe de habla inglesa reportan estudiantes con discapacidad en la educación superior (2).

De manera similar, en el 2014, un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se centra en educación básica y secundaria y no contempla los avances y desafíos de la educación superior inclusiva (3). Como lo develan los documentos consultados, otro aspecto importante a mencionar se refiere a la falta de estadísticas precisas sobre el número de estudiantes con discapacidad en educación superior.

El estudiante con discapacidad es sujeto de exclusión del capital humano de la sociedad, por lo cual ve limitada su capacidad para aportar al desarrollo personal y social (4). Si bien en la región existe un amplio marco legal referente a la discapacidad, sus aplicaciones se ven limitadas debido a: la ausencia de normas detalladas y específicas, su obsolescencia o inaplicabilidad; la falta de ratificación de convenios internacionales; el desconocimiento de las leyes por parte de los actores y de los beneficiarios; el deficiente ejercicio de la ciudadanía por parte de las propias personas con discapacidad, lo cual contribuye a la reproducción de dinámicas excluyentes; y el incumplimiento por parte del Estado en su función planificadora y reguladora, lo cual repercute en los diversos sectores sociales (1).

Si bien recientemente es posible identificar distintas iniciativas en universidades latinoamericanas —destacándose países como Argentina, Costa Rica, Brasil y Colombia—, estas últimas se han visto favorecidas por la formación de redes de Educación Superior (ES) inclusiva entre instituciones, lo que ha fortalecido el trabajo en países como Argentina, Colombia y recientemente Chile; en esta misma línea, un avance importante es la existencia de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, constituida en el año 2009 (5).

Ahora, para comprender la política de educación superior en los países del Cono Sur y su relación con los estudiantes con discapacidad es necesario dar a conocer el escenario político y educativo en cada uno de ellos:

En Argentina existe la política nacional que sustenta la educación para personas con discapacidad, esta es la Ley de Educación Superior 25573 de 2002 (6), que modifica la antigua Ley de Educación Superior 24521 de 1995. La Ley de Educación Superior 25573 especifica la responsabilidad del Estado frente a la prestación del servicio de educación superior y con ello garantiza la accesibilidad física y comunicacional para las personas con discapacidad; apoyos técnicos durante las evaluaciones; formación y capacitación para profesionales, docentes y técnicos atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad; y formulación de planes de estudios, investigación científica y extensión acerca de la problemática de la discapacidad.

Si bien se refieren principalmente al acceso y ayudas técnicas para los estudiantes con discapacidad, se destaca el cambio al cual fue sometida la Ley de Educación Superior Argentina a favor de una iniciativa de política inclusiva en este nivel educativo. Además, se destaca la creación de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos por parte de la Universidad Nacional de La Plata (7), además de la conformación y liderazgo de la actual Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos, organismos sólidos que se han construido en el país y que han proyectado su trabajo hacia otros países sudamericanos, que, más allá de cumplir con los objetivos de difusión e intercambio de experiencias, han permitido al continente sudamericano replantear ideas acerca del diseño de políticas universitarias en el contexto de la discapacidad.

Por otro lado, Chile presenta como política nacional educativa la Ley General de Educación 20370 de 2009 (8). En lo que respecta a la educación superior solo señala el funcionamiento administrativo y la autonomía de las instituciones educativas. Frente a esta situación, el país se sustenta bajo la política de discapacidad con la Ley 20422 de 2010 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en su artículo 39 "las instituciones de educación superior deben contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, adaptaciones curriculares y materiales de estudios" (9), lo que en último tiempo ha desencadenado una serie de cambios en esta temática. Como ejemplo, en el año 2011 se constituyó la Red de Educación Superior Inclusiva (5) —la cual está conformada por universidades públicas y privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica— abordando la educación superior del país; y en el año 2014, se otorgaron becas para personas con discapacidad que permiten a estudiantes con discapacidad y con rendimiento académico meritorio financiar total o parcialmente el arancel anual de una carrera de pregrado (Ver http://goo.gl/JxM8iM)

Finalmente, Uruguay se respalda bajo la Ley 18651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad de 2010 (10), la cual dispone un capítulo para la educación, en donde se especifica que se facilitará la continuación de estudios de toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria, la accesibilidad física y tecnológica para el desarrollo de su formación educativa. Además, este país posee una Red Temática de Discapacidad-RETEDIS (ver http://goo.gl/gnlg2V), creada en el año 2008 y perteneciente a la Universidad de la República. Su fundamentación está dada por un campo conceptual y la aplicación de conocimientos, centrada principalmente en la sensibilización a través de la investigación y la cátedra.

En el escenario educativo, tanto en Argentina, como en Uruguay, la educación universitaria es gratuita y no existen pruebas de selección, lo que facilita el ingreso por parte de personas con discapacidad; mientras tanto en Chile persiste un régimen selectivo en la educación superior, además de la rendición de una prueba de selección universitaria, se suman los altos aranceles en las carreras universitarias. A diferencia de Argentina y Uruguay, Chile autogestiona sus propios recursos para equiparar las desigualdades en el acceso, las universidades poseen un sistema de ingreso especial, que consiste en la admisión adicional para aquellos postulantes que reúnan alguna condición de discapacidad, pertenezcan a una etnia, sean deportistas destacados o profesionales trabajadores (situación similar a la que se vive en Colombia).

Si bien en Chile y Uruguay no se encuentra especificada la garantía de la educación para las personas con discapacidad en el nivel superior, como el caso de Argentina, han sido las instituciones universitarias las que han asumido la responsabilidad de generar iniciativas: en el caso de Chile la acción afirmativa de ingreso especial y beca para personas con discapacidad, y en Uruguay la difusión de la temática de discapacidad mediante una red académica.

Materiales y métodos

La metodología empleada en el estudio es de tipo cualitativa, se dio mediante un análisis político de fuentes documentales principalmente de carácter jurídico. En base de un estudio documental se exploraron las leyes nacionales de cada país como política nacional y normativas universitarias como políticas institucionales, a partir de ello se estableció la construcción de categorías y matrices como instrumento de medición para finalizar el análisis de la política de educación superior en tres de los países del Cono Sur, esto se realiza presentando algunas similitudes y diferencias entre ellas.

Esta investigación se realizó en tres universidades públicas: Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad de Santiago de Chile y Universidad de La República (Uruguay). Como se destaca en la Tesis de maestría de Tejeda en el 2012, la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, fue seleccionada por su liderazgo y compromiso frente a la temática de la discapacidad tanto a nivel de Argentina, como de América Latina, pues a partir del año 2009, participa en y coordina la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe de Discapacidad y Derechos Humanos, Red donde convergen en la actualidad más de 250 universidades de la región. Como documento jurídico para el análisis se recurrió a la Resolución 569/2001 (7).

La Universidad de Santiago de Chile fue seleccionada por la trayectoria del registro en el ingreso de personas con discapacidad, que se remonta a 1981. Como documento jurídico para el análisis se recurrió al Decreto con Fuerza de Ley Nº 149, Resolución 4204 Crea Beca y Cupo Especial de Ingreso para Impedidos con motivo de la X Teletón (11).

De otra parte, la Universidad de La República, fue seleccionada en Uruguay por que es la única universidad pública de este país, además de la existencia de la Red Temática de Discapacidad y su participación en la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre la Discapacidad y Derechos Humanos. Como documento jurídico para el análisis se recurrió a la Resolución Nº 11/2008 (12).

A partir de los datos obtenidos se procedió a realizar el análisis comparativo de ambas políticas de cada país en estudio.

Se elaboraron dos matrices, cada una de ellas con doble entrada: por una parte la política nacional correspondiente a las leyes de educación superior de cada país y por otra la política institucional de las universidades públicas en estudio. La primera matriz corresponde al análisis desde las características de la política pública retomando algunos elementos proporcionados por el análisis de la política pública desde la propuesta metodológica de los autores Meny & Thoenig (13). De manera transversal, se establecieron cinco categorías de análisis, tanto para la política nacional como institucional. Las categorías que se definen son: el objetivo de la política, actores, mecanismo de control (factor de coerción), mecanismos de acción (programa) y competencia social.

La segunda matriz concierne al análisis de interpretación de conceptos "claves", los cuales responden a la inclusión de personas con discapacidad. De manera transversal se establecieron cuatro categorías: conceptualización de la discapacidad, noción de la inclusión, equidad y diversidad. Para la elaboración de estas categorías se consultaron las matrices de Díaz (14) y los referentes conceptuales que se desprenden de los postulados internacionales de la Unesco y la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (en adelante Convención) (15).

A continuación se detalla la base en la cual se sustentan los conceptos claves:

Conceptualización de la discapacidad: está fundamentada en aquellos enfoques teóricos y a su vez históricos que se relacionan con la discapacidad, los cuales han sido definidos, en la trayectoria de la educación, para las personas con discapacidad en el marco de antecedentes.

Noción de la inclusión: se fundamenta en la política internacional propuesta por la Unesco y como principio general de la Convención, la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad.

Equiparación: según la Convención, se define como un proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios sociales, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad.

Diversidad: se encuentra fundamentada como un principio general de la Convención, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la condición humana.

Resultados

El análisis comparativo de las políticas permitió identificar las características de cada país, incluyendo aquellos factores que promueven y restringen el desarrollo de una educación superior inclusiva.

Argentina se caracteriza por tener una política nacional articulada; reconoce y garantiza la educación superior para personas con discapacidad. Asimismo, extiende la formación ética y sensibilización social en la temática de la discapacidad y el servicio hacia la comunidad. En su política institucional refleja las disposiciones de la política nacional, en ese orden de ideas la Universidad Nacional de La Plata establece una normativa tendiente a la igualdad de oportunidades.

Chile presenta una política nacional de educación superior acotada; desde el año 2014 se está replanteando una nueva reforma educacional en el congreso, la que incluiría terminar con los sistemas de selección en todos los niveles educacionales, gratuidad de la educación y el fin al lucro, sin embargo es la política nacional de discapacidad la que se utiliza para avalar el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación superior. Respecto a la política institucional, las resoluciones posteriores al año 1981 fueron modificando su terminología obsoleta impedidos y en la actualidad se refieren a estudiantes con discapacidad. Se mantienen las acciones afirmativas como el ingreso especial y las becas para personas con estas condiciones.

Uruguay se caracteriza por una política nacional que garantiza y protege la educación de las personas con discapacidad. Respecto a su política institucional busca la socialización y actualización acerca de la temática. En sus lineamientos señala la importancia y beneficios de trabajar en relación a la diversidad humana para el cambio en el diseño de políticas focalizadas.

Como ya se mencionó, el análisis de la política de educación superior en países del Cono Sur presenta algunas similitudes y diferencias, las cuales se detallan a continuación.

Similitudes

Dentro de las similitudes en los tres países, se encuentran los mecanismos de control de la política nacional, que enfatizan en la responsabilidad del Ministerio de Educación para efectuar la fiscalización y sanción en el incumplimiento de la ley, asi como la ausencia de mecanismos de control en la política institucional, definiéndose más como una propuesta de buenas intenciones que una política.

Otra de las similitudes son los actores, refiriéndose al grupo de personas que involucra la política. En primer lugar en la política nacional se encuentran las autoridades político-administrativas con un Estado garante y responsable del derecho a la educación, seguido de la política sectorial de la institución de educación superior como responsable de la formación del estudiante; y en segundo lugar se encuentran los estudiantes, la comunidad estudiantil y la sociedad civil, como propósito de la ley.

Finalmente otra similitud es la competencia social, la cual está definida por el acceso a la educación superior por parte de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Argentina es el único país que se refiere a la temática de la discapacidad en una Ley de Educación Superior y está definida por ser equitativa en el conocimiento y proteger la igualdad de oportunidades para las personas con estas condiciones. Chile atiende a las formas de no discriminación en el acceso a la educación, en especial de personas pertenecientes a etnias, mujeres y estudiantes pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos. Uruguay busca articular las políticas sociales con las políticas educativas, eso se traduce en las gestiones orientadas a la equiparación de oportunidades, considerando los aspectos de la vulnerabilidad social. (Tabla 1).

Diferencias

Como diferencias se encuentran los mecanismos de acción de la política. Argentina está orientada a la sensibilización y formación con el propósito de eliminar las barreras de accesibilidad física, comunicacionales, actitudinales, académicas y culturales hacia las personas con discapacidad y para con ello lograr la equiparación de oportunidades, si bien son avances hacia la inclusión educativa, mantiene las acciones de discriminación positiva. Chile se centra en acciones afirmativas de acceso a la educación superior, por una parte se encuentran los ingresos especiales para personas con discapacidad y, por otra, el acceso de jóvenes con excelencia académica de los sectores socioeconómicos bajos. Uruguay, por su parte, define sus estrategias hacia la sensibilización y la extensión de la información frente a la temática de la discapacidad.

El objetivo de la política en Argentina corresponde a las expectativas sobre los fines de la política como criterio para analizar el cambio social (6); Chile y Uruguay centran el objetivo de la política nacional en la calidad de la educación. En particular, la situación chilena evidencia la tendencia de realizar acciones que apuntan a mejorar los estándares de calidad que se restringe a mediciones de pruebas que determinen indicadores cuantitativos en la enseñanza primaria, secundaria y superior.

El objetivo de la política institucional en Chile es crear un cupo especial de ingreso para las personas con discapacidad, objetivo que no se proyecta más que en la acción afirmativa y, en especial, centrada en el acceso, sin dar cuenta de los procesos de permanencia y egreso, por nombrar algunos. En Uruguay, el objetivo de la Red Temática de Discapacidad tiene fines académicos e investigativos, los cuales evidencian la intención de sensibilizar e informar por medio de la cátedra académica lo relacionado con la temática de la discapacidad.

La política nacional de Argentina centra su objetivo en garantizar el derecho a la educación superior pública para todos, incluyendo las personas con discapacidad, situación que evidencia una posición política del país hacia el enfoque de derechos para todos y todas y el desarrollo de políticas generalizadas, en este caso la educativa y la de personas con discapacidad. Asimismo, la política sectorial, en sintonía con el enfoque de derechos, define sus objetivos a la defensa del principio constitucional de derechos a favor de los discapacitados (Tabla 2).

Análisis conceptual e interpretativo de la política de educación superior en el Cono Sur

Como segunda parte del análisis de la política se encuentra lo referente a la forma en que son entendidos e interpretados los conceptos de discapacidad, inclusión, equiparación y diversidad en cada país.

Respecto la categoría de discapacidad y la noción de inclusión, Argentina lo aborda desde el enfoque de derechos para personas con discapacidad; en Chile subsiste el modelo biomédico de la discapacidad, por lo que se ven obstaculizados el desarrollo de los términos conceptualización de la discapacidad y noción de la inclusión principalmente, sumado a esto, la constante reiteración del término necesidades educativas especiales; en Uruguay, estas categorías están abordadas desde un enfoque social, se tiene una política educativa que busca dar respuesta a las necesidades sociales del país, allí también se aborda la temática desde lo social y los grupos vulnerables de la sociedad (Tabla 3).

Respecto a la categoría de equiparación, Argentina tanto en su política nacional, como institucional se asocia a un proceso democrático en la educación superior y busca asegurar la igualdad de oportunidades; del concepto de diversidad no hay disposiciones al respecto, sin embargo se aleja el concepto "diferencia". En Chile la equidad en la política nacional propende asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir educación de calidad, sin embargo, en la práctica estos no se acogen a los términos de igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural que establece la Convención, más bien mantienen la equiparación de oportunidades y la discriminación positiva en sus acciones frente a la discapacidad. Uruguay, en su política nacional, señala la igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y logros de aprendizaje; la política institucional no explicita la equidad, pero sin embargo su normativa se traduce en acciones tendientes a la igualdad de oportunidades.

Finalmente, en la categoría diversidad, Argentina, en su política nacional, no tiene disposiciones al respecto, sin embargo, aparece el concepto de "diferencia". En Chile, tanto la política nacional, como la institucional se refieren a los términos de interculturalidad, principalmente considerando la referencia de las etnias Mapuche, Aymara y Rapa-nui del país. En Uruguay, en su política nacional, está relacionada con las diferentes formas de expresión y el desarrollo potencial de cada persona; la política institucional, por su parte, reconoce la variedad humana como un valor social y no como un problema.

Conclusiones

Argentina posee una articulación de su política nacional e institucional, así mismo la orientación de la normativa evidencia una postura política hacia el enfoque de derechos de las personas con discapacidad en directa relación con la Convención (15).

Chile mantiene un doble discurso al tener políticas sectoriales: por un lado, las educativas con un enfoque más bien biomédico y diferencial y, por otro, la política nacional de discapacidad con un enfoque de derechos para personas con discapacidad, esta situación hace que se mantengan las acciones afirmativas como el ingreso especial y las becas para personas con discapacidad. En la actualidad es la política nacional de discapacidad la que se utiliza para avalar el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación superior; a partir del año 2014 se está replanteando una nueva reforma educacional en el congreso, que incluiría la terminación de los sistemas de selección en todos los niveles educacionales, gratuidad de la educación y el fin al lucro, lo que permitiría políticas educativas más universalistas para todos y todas sin distinción, incluyendo a las personas con discapacidad.

Uruguay es congruente en la articulación de ambas políticas, sin embargo la orientación de la normativa posee un enfoque social con una postura política hacia la mejora de los grupos vulnerables de la sociedad en los que se consideran a las personas con discapacidad.

Chile y Uruguay garantizan el acceso a la educación de las personas con discapacidad mediante la política nacional de discapacidad, la cual no se desprende de la política nacional de educación como sucede en Argentina.

En Argentina, la Universidad Nacional de La Plata se posiciona como una institución que propende el desarrollo de políticas de educación superior inclusiva (Ver http://168.83.80.177/?page_id=142), acciones que se han extendido a nivel nacional e internacional a través de la Red Interuniversitaria. En Chile, la Universidad de Santiago de Chile —a partir del año 2014, con el Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia, perteneciente a la cátedra Unesco sobre Inclusión en Educación Superior— asume dar respuesta a las necesidades de los estudiantes con discapacidad pertenecientes a esa casa de estudio. Finalmente, en Uruguay, la Universidad de La República ha extendido un programa de acción asociado a la formación académica en la temática y generación de vínculos de cooperación con otras instituciones y organismos.

La existencia de redes en el Cono Sur es un antecedente beneficioso para la construcción de una política de educación superior inclusiva. La reciente construcción de la Red en Chile permitirá la sintonía y la articulación de experiencias y acciones de esta temática.

Finalmente, para el desarrollo de una política de educación superior inclusiva en el Cono Sur, es necesario potenciar las fortalezas existentes, como, por ejemplo, la autonomía que presentan las instituciones de educación superior en la medida en que estas pueden establecer y diseñar sus propias políticas, lo que va en directa relación con los actores políticos administrativos pertenecientes a la institución, quienes deben asumir un compromiso y responsabilidad frente a la situación actual de sus estudiantes. Comprender que hablar de educación superior inclusiva en el contexto de la discapacidad implica acciones que van más allá del acceso a la universidad requiere también de un trabajo que apunte no solo a la eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicaciones, curriculares y sociales que se encuentran al interior de las casas de estudios, sino que incluya políticas hacia los procesos de egreso de los estudiantes con discapacidad, quienes al terminar sus estudios se ven obstaculizados por las barreras ya enunciadas.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado por las autoras.

Financiación

Beca Organización de Estados Americanos OEA-LASPAU.

Agradecimientos

Al Grupo de Investigación en Discapacidad, Inclusión y Sociedad de la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia.

Referencias

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