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Hacia el año de 1981, el "Estatuto de seguridad" en Colombia había generado críticas a nivel nacional e internacional. Según un informe de Amnistía Internacional, el "Estatuto de seguridad" "conduce a violaciones de los derechos humanos" (El Tiempo, 1978). Debido a que las detenciones posibilitaban la tortura, Amnistía Internacional recomendó suprimir tal mecanismo de control. Aun así, el informe fue rechazado por el presidente de la época, Julio César Turbay Ayala, quien aseguraba que el "Estatuto de seguridad" tenía como objetivo frenar la insurgencia y la protesta social injustificada. Sin embargo, entre los grupos y colectivos sociales con un malestar permanente y prestos a la protesta, se destacaron los universitarios. Cuando se pide a los entrevistados una narración sobre el contexto de la época, algunos afirman:
En la segunda mitad del siglo XX, en los 60 y 70, hay luchas muy politizadas, tendientes hacia la lucha armada, que reivindica procesos de clase obrera, del campesinado y con tendencias ideológicas de más largo alcance. Aunque es algo muy local, no deja de estar ligado con lo que está pasando en Rusia, con lo que está pasando en Cuba y por supuesto lo que está pasando en China. (Actor Clave 36, comunicación personal, octubre de 2017).
El paro cívico de 1977 es un hito muy importante que debemos tener en cuenta en este proceso. Este fue un periodo de agitación política muy grande, donde los estudiantes teníamos gran protagonismo. (Actor Clave 37, comunicación personal, noviembre de 2017).
Desde la década de 1960, la universidad se configura como un territorio de rebeldía. Algunos estudiantes se suman a las filas de la subversión, para apoyar la revolución (Acevedo, 2017, p. 329). Como tal situación es seguida de cerca por el Estado, este despliega medidas de seguimiento en las universidades. La crisis nacional relacionada con las políticas de ajuste económico a nivel global, el conflicto armado y el apoyo de una parte del estudiantado a las ideas revolucionarias, así como el narcotráfico y su permeabilidad en sectores vulnerables de la juventud colombiana, generan las condiciones para construir representaciones sobre lo juvenil a partir de la relación violencia-vulnerabilidad, lo que produce su criminalización y marginalización (Quintero, 2005, p. 98).
El control dentro y fuera de las instituciones se desarrolló de manera sincrónica con discursos que desdibujaban la protesta social. En esta situación, los estudiantes universitarios se convirtieron en blancos de persecución y represión. Ser estudiante era una de las primeras características de los perfiles para descubrir posibles subversivos. Con esta lógica, decenas de estudiantes fueron desaparecidos, amenazados y silenciados bajo el "Estatuto de seguridad". Los entrevistados narran diversos casos de desaparición que, en su momento, vivenciaron y ahora recuerdan como emblemáticos:
El hermano de Luis Fernando, el desaparecido, el hijo de doña Fabiola Lalinde, no sé si le han contado, quizá [es] el caso más emblemático en el tema de la desaparición forzada en Colombia. (Actor Clave 43, comunicación personal, abril de 2017).
En ese periodo de reformas, también hay líderes estudiantiles de grupos de base, con mucho arraigo, y la mayoría de ellos terminaron muertos. Comenzaron a haber muertes selectivas -hubo varios dirigentes asesinados en Barrancabermeja-; eran estudiantes que habían terminado su carrera universitaria e iban a trabajar a Ecopetrol. Otros fueron desaparecidos. (Actor Clave 25, comunicación personal, julio de 2017).
La represión como mecanismo de control social configura un dilema en los análisis sociales contemporáneos, en parte, porque las sociedades disciplinarias de finales del siglo XX emplearon otras tácticas de dominio y control sobre los actores sociales. La sociedad disciplinaria necesita de instituciones, como las universidades, para que exista una dinámica biopolítica sobre la población (Agambenlop, 2010), esto es formas de saber y relaciones de poder sobre la sociedad, las cuales -en el caso específico del periodo estudiado (1981-1991)- constituyeron estrategias gubernamentales hacia el neoliberalismo, y de ahí que las universidades seleccionadas hayan empezado a mutar hacia organizaciones de empresa y producción con todas las tensiones que ello implica. Cabe señalar que para Foucault (2007, p. 43), una vez se establece el régimen neoliberal de acción de gobierno, se puede captar la biopolítica como una práctica de control y soberanía política. El problema es que la sociedad neoliberal destruye por sí misma las instituciones de control creadas. Tal contradicción, precisamente, es abordada por Byung-Chul Han (2014), quien propone pensar la sociedad a partir de una psicopolítica, pues la sociedad está sometida a la competencia como psique para optimizar procesos biológicos y mentales.
Ahora bien, en el tránsito hacia una sociedad de la competencia, es necesario desplegar dispositivos, y para ello se recurre tanto a lo lingüístico como lo no lingüístico: discursos institucionales, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. En sí mismo, el dispositivo es la red que se establece entre estos elementos. Este, a su vez, tiene una función estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. Como tal, resulta del cruce entre relaciones de poder y relaciones de saber (Agamben, 2016, p. 9).
A partir de estos planteamientos, se tejió una dinámica en la década de 1980 en Colombia, como un periodo de inflexión en una sociedad que transitaba hacia políticas neoliberales. Para llevar a cabo tal dinámica, fue necesario reducir a su mínima expresión el germen de la revolución o reconfigurarlo, de tal forma que fuera útil al sistema como mecanismo de deseo y consumo (Deleuze, 2005, p. 393). Esto se logra al disponer de formas de control no violentas y violentas. Entre las formas de acción no violentas, se encuentran el consumo y el mercado de experiencias para reconstituir el homo economicus como el nuevo hombre de la empresa y la producción. Por su parte, los dispositivos de control violentos están enmarcados en mecanismos legales e ilegales, para suprimir cualquier forma de pensamiento que esté en contra del establishment. En su mayoría, están cobijados por estados de excepción, los cuales son ejecutados como estrategias democráticas para administrar y avalar el terror por parte del Estado (Agamben, 2006).
En Colombia, los estados de excepción, mejor conocidos como estados de sitio, se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policivos y las extralimitaciones en su jurisdicción (Acevedo, 2016b, p. 75). Para el caso de esta investigación, la máxima representación de los estados de sitio se evidencia en el "Estatuto de seguridad", creado durante el periodo de 1978-1982. Dicho Estatuto desencadenó una ola de temor en sectores catalogados como rebeldes y marginales, entre los que aparecen universitarios, sindicalistas, obreros, grupos afines a las ideologías de izquierda (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974), y, así mismo, personas constitutivas de malestares sociales como la drogadicción, la prostitución y la diversidad de género.
Según la teoría psicoanalítica, la represión convierte a todo afecto de un impulso emocional en angustia. Entonces, se puede reconocer que lo angustioso (desde lo personal hasta lo colectivo) es algo reprimido que retorna y tiene una trazabilidad histórica. Siguiendo a Schelling, lo siniestro es algo que debe quedar oculto, pero que se ha manifestado, por ejemplo, en las violaciones de derechos humanos en los estados de excepción (Freud, 2000, p. 9). Este tipo de hechos, según el estudio de Almanza, Gómez y Gurrola (2018), generan un impacto traumático en las personas, en especial si hacen parte de una comunidad como la universitaria, asediada por eventos violentos. Lo anterior conlleva consecuencias conductuales y fisiológicas que definen las formas de actuar posteriores, lo cual se ve reflejado, por ejemplo, en la modificación de las maneras de protesta.
La represión de los años ochenta del siglo XX coincide con una inflexión entre las sociedades disciplinarias y las sociedades de control. A partir de este momento, nuevas lógicas como el neoliberalismo tradujeron el espíritu revolucionario y el descontento social como un problema del individuo y no de la sociedad. En otras palabras, el tránsito de un sistema a otro en Colombia trajo consigo una serie de acontecimientos de represión y violencia que modificaron el imaginario (personal y colectivo) con fuertes imágenes, como la violencia implícita y la represión. Este fenómeno se vivió en las universidades con una gran intensidad. En 1984, la Universidad Nacional, por ejemplo, experimentó un momento dramático tras la irrupción de la Policía en el campus para allanar las residencias universitarias, al considerarlas nodos subversivos. En ese momento, muchos estudiantes fueron violentados y señalados como "guerrilleros". Por su parte, la incursión del narcotráfico y la escalada de la violencia en Medellín afectó severamente a la Universidad de Antioquia, donde fueron asesinados aproximadamente 17 profesores y estudiantes, en 1987 (Castañeda, 2017). En Bucaramanga, el drama fue vivencia-do en la Universidad Industrial de Santander con el asesinato de líderes como Carmenza Landazábal Rosas, en 1988. En estas tres universidades públicas, destacadas por su alto impacto educativo en tres zonas de Colombia (nororiente, centro y noroccidente), la escalada de la violencia fue evidente en el quehacer cotidiano del movimiento estudiantil universitario. Esto denota la necesidad de resolver la siguiente pregunta: ¿qué impacto tuvo la represión social como mecanismo de control estatal de la juventud en estas universidades, desde 1981 hasta 1991?
Método
Diseño
Se realizó una investigación cualitativa de tipo hermenéutico, basada en entrevistas semiestructuradas con formato de bola de nieve (efecto acumulativo), aplicado a personas colombianas que hayan hecho parte de la comunidad universitaria entre los años 1981 y 1991. Según el tipo de investigación cualitativa, existen múltiples realidades construidas por los sujetos en su relación con el entorno; desde allí, se evita realizar generalizaciones, pues su objetivo es interpretar y comprender la conducta de las personas en relación consigo mismas y con las demás, configurando acciones individuales o colectivas. En el marco de este tipo de estudio, se eligió seguir el enfoque hermenéutico, pues es una perspectiva que guía el análisis hacia la comprensión, el sentido y la significación de la acción humana (Sandoval, 2002).
Participantes
Fueron entrevistadas 35 personas que estudiaron en la década de interés en la Universidad Nacional de Colombia (12 personas), la Universidad de Antioquia (10 personas) y la Universidad Industrial de Santander (13 personas). Estas son las principales universidades públicas colombianas que han tenido en común una historia de protesta y una experiencia de cogobierno universitario entre 1971 y 1972 (Acevedo, 2016a).
En total, la muestra estuvo compuesta por 28 hombres y 7 mujeres. Los criterios de la muestra no denotan ninguna prioridad de sexo o género.
En cuanto al vínculo de los participantes entrevistados con la universidad pública, vale la pena anotar que el 8% de ellos no concluyeron sus estudios por motivos relacionados con el activismo de izquierda, el 62% concluyeron sus estudios y ejercieron su vida laboral en ámbitos distintos a la universidad, y el 30% concluyeron sus estudios y continuaron en contacto con la universidad, ya sea en el nivel de posgrado o como profesores. Así mismo, el 93% de las personas entrevistadas pertenecieron en su etapa estudiantil, de manera directa o indirecta, a grupos de izquierda, principalmente al Partido Comunista (PC), a las Juventudes Comunistas (JUCO), al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), a ¡A Luchar! o a la Organización Colombia de Estudiantes (OCE); por su parte, el 7% de ellas no hizo parte activa de ninguna de las anteriores organizaciones, pero sí fue testigo de las acciones colectivas que se adelantaron en la década de interés.
El efecto acumulativo del método empleado permitió entrevistar a 35 individuos para el estudio, a pesar de los tropiezos derivados de este tipo de investigaciones, como el acceso de poblaciones sin un marco muestral claro. Este diseño, atribuido a Leo A. Goodman, estadístico de la Universidad de Chicago, fue implementado desde los años sesenta (Espinosa, Hernández, López & Lozano, 2018, p. 4). El muestreo terminó cuando los investigadores consideraron que la información consignada estaba siendo saturada, es decir, repetida.
Instrumento
Las preguntas se plantearon mediante la técnica de la entrevista a profundidad. Para emplearla, fue necesaria la realización de varias sesiones con la misma persona. En un principio, las entrevistas iniciaron con una pregunta abierta sobre el contexto sociopolítico nacional e internacional que marcó la protesta estudiantil; posteriormente, se generaron nuevas preguntas orientadas por las variables: acciones colectivas, radicalización, daños colectivos y universidad.
Como el contacto con las personas se estableció por medio de la recomendación de otros entrevistados, fue necesario propiciar relaciones de confianza; por ello, la mayoría de las entrevistas se realizaron en el contexto universitario. Aunque muchos de los entrevistados ya no visitaban la universidad con frecuencia, este contexto se consideró como una estrategia importante para rememorar historias vividas y momentos significativos que debían ser tenidos en cuenta.
La información recolectada fue triangulada con las estadísticas provenientes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la base de datos de Vidas Silenciadas. La validez entre las entrevistas y el contexto social se estableció por un análisis comparativo, y aquellas se agruparon por categorías organizativas como ciudad, profesión y grupo represor.
Procedimiento
El procedimiento aplicado para llevar a cabo la investigación tuvo cuatro fases: (1) diseño y planeación; (2) recolección de información y trabajo de campo; (3) sistematización y organización de la información, y (4) análisis y escritura. En la primera fase, se prepararon las categorías de análisis que permitieron orientar la investigación y organizar las preguntas que hicieron parte del instrumento de entrevista semiestructurada; luego, fue necesario identificar a los primeros participantes clave del estudio en las distintas universidades de interés, para lo cual se acudió a contactos cercanos que posteriormente remitieron a contactos nuevos; también, en esta fase, fue necesario establecer un cronograma para la posterior fase del trabajo de campo.
En la segunda fase, el equipo de investigación se dirigió a las distintas ciudades de interés, en donde se hicieron entrevistas previamente programadas con participantes clave.
La tercera fase de esta investigación consistió en organizar mediante el software de investigación cualitativa Nvivo la información recolectada en las entrevistas semiestructuradas. Esta información pasó por un proceso de selección categorial, el cual permitió visualizar de forma clara y organizada los datos que se refirieron específicamente a acciones colectivas, radicalización, daños colectivos y universidad, sin perder de vista la información contextual que ofrece las herramientas para analizar los fenómenos presentes en la movilización estudiantil, como es la represión que en este artículo se expone.
La fase final consistió en el análisis y la escritura del informe final de la investigación. A esta fase corresponde la presentación de una parte de los hallazgos del estudio por medio del presente artículo. Dicha etapa requirió del uso crítico y riguroso de la información organizada y sistematizada; por ello, se recurrió a la triangulación de entrevistas, así como de los antecedentes de investigación (archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica y Voces Silenciadas) y del marco teórico, para producir análisis que aportaran un nuevo conocimiento en lo referido a la movilización y protesta estudiantil de la década de 1980 del siglo XX en las principales universidades públicas de Colombia.
Aspectos éticos
Esta investigación fue catalogada como de riesgo mínimo (art. 10 de la Resolución 008430 de 1993), pues, aunque requirió la interacción con seres humanos, las temáticas que se abordaron no interfirieron en su vida privada o íntima, en busca de determinar únicamente el fenómeno de la represión estatal en el movimiento estudiantil durante los años ochenta del siglo XX.
Con respecto a los lineamientos éticos de la investigación en ciencias sociales, se tuvieron en cuenta tres principios esenciales y aplicables en la interpretación de los derechos, a saber: beneficencia, respeto a las personas y justicia. El primero se refiere al hecho de respetar las decisiones de los sujetos de investigación y protegerlos de daños. Por su parte, el principio del respeto implica dar un trato a las personas como agentes autónomos; por lo cual, la investigación respetó la voluntariedad para participar. El principio de la justicia alude a la necesidad de beneficiar a los participantes de la investigación; por lo cual, los hallazgos de la investigación fueron socializados con la población directamente implicada en el estudio.
Para la realización de las entrevistas, no se requirieron permisos específicos de instituciones o entidades; así mismo, aunque la investigación centró la atención en el movimiento estudiantil, la participación de las personas fue voluntaria; por lo tanto, se hizo necesario el diligenciamiento del "Consentimiento informado" del sujeto de investigación o de su representante legal, con las excepciones dispuestas en la Resolución 008430/93. Lo anterior garantizó la autonomía y libertad de los participantes, de tal manera que se explicó adecuadamente el objetivo, la relevancia del proyecto y los riesgos en que las personas pudieran incurrir al participar.
Hallazgos
En el año 1978 entró en vigencia el "Estatuto de seguridad". Su objetivo fue detener la insurgencia, pero sucedió todo contrario. Las atribuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía, el ejército y sus fracciones de inteligencia, llevaron a una emergencia ante la represión de orden personal y colectivo, la cual iba desde el uso simbólico del lenguaje hasta vías de hecho como la tortura, la desaparición y los asesinatos. A finales de 1981, el Estatuto fue abolido, y simultáneamente se desencadenó una ola de violencia urbana sin precedentes. A partir de 1982, las maniobras usadas por las fuerzas de control (policía y ejército) perdieron validez por la derogación del estatuto. Pese a ello, no disminuyeron las acciones de seguridad nacional en contra de enemigos internos caracterizados por ser comunistas o tener afiliación de izquierda (véase figura 1). En efecto, las cifras aumentaron en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), entre 1981 y 1991 se presentaron en Bogotá 72 casos de asesinatos selectivos, en su mayoría por cuestiones políticas. En Medellín, por su parte, la cifra ascendió a 99. Con respecto a Bucaramanga, en esta ciudad fueron asesinadas 61 personas, un valor menor que el de Bogotá y Medellín, pero muy superior en promedio si se tiene en cuenta que la población de aquella urbe no pasaba de los 500.000 habitantes. Según el censo del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 1993), en ese entonces Bogotá tenía cerca de 4.945.448 personas, mientras Medellín, 1.630.009. Esto indica que Bucaramanga tuvo una de las tasas más altas de asesinatos selectivos de la década, tomando como referencia la densidad poblacional.
Esta cifra, cotejada en bases de datos como la de Vidas Silenciadas (2018), complementa la información sobre represión en el país, teniendo en cuenta las desapariciones y amenazas (véase figura 2).
En el conjunto de la represión hay un target poblacional que recoge gran parte de la problemática: los estudiantes universitarios. A finales de la década del ochenta, la juventud colombiana se debatía entre la vulnerabilidad asociada a contextos de violencia y el desencanto con los procesos organizativos, que solo un par de décadas atrás buscaban la utopía igualitaria (Acevedo & Samacá, 2012). El perfil de los estudiantes universitarios reprimidos varió considerablemente, pues en su mayoría eran jóvenes entre los 18 y 25 años, de distintas carreras, pero tenían en común que pertenecían a grupos o partidos políticos con tendencia a la izquierda o a movimientos cívicos con una fuerte proyección social.
De otro lado, es interesante la estrecha relación que hay entre los dispositivos de control y los acuerdos políticos: el año 1984 fue el menos violento y represor; esto coincidió con la tregua del presidente Belisario Betancur (1982-1986) con las guerrillas de las FARC-EP. Una vez terminada la tregua, la represión aumentó hasta llegar a los niveles de 1987, mejor conocido como el año de matanzas, con exterminios a partidos políticos y asociaciones de izquierda.
Ahora bien, las estadísticas permiten evidenciar lo expuesto por Agamben (2010, p. 23), quien asegura que hay estados de excepción anteriores a procesos de constitucionalidad, enmarcados en procesos violentos. Entre 1989 y 1991, el proceso de violencia y represión se intensificó y fue constante (véase figura 3).
Las estadísticas evidencian que en el último año de la represión legalizada por el "Estatuto de seguridad" (1982), las cifras eran superiores a las de los años anteriores; sin embargo, hubo un descenso en el año 1983, para volver a subir en 1984, especialmente en la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Esto coincidió, según las entrevistas, con problemáticas como el cierre de las residencias universitarias, lo cual traería consigo una profunda crisis en los campus universitarios, especialmente en la Universidad Nacional, que fue blanco de la incursión de miembros del ejército y la policía, y por ende de la detención de decenas de estudiantes. "La paulatina articulación del estudiantado por la izquierda, los ubicará como uno de los principales críticos del sistema político, el cual responderá con represión" (Cruz, 2016). Varias de las personas entrevistadas argumentan haber estado presentes y afirman ser conducidos al Cantón Norte. Allí, dichos estudiantes fueron expuestos a torturas de tipo físico y psicológico, con el fin de disminuirlos y hacerlos confesar. Entre las formas de tortura, estaba la desnudez como afrenta contra el cuerpo y el buen nombre, los golpes y el encierro en cuartos totalmente oscuros. Estas técnicas suelen reducir a las personas a sus miedos más primitivos y trasgreden el concepto de universidad, que pasó de ser un lugar seguro donde se desenvuelve la cotidianidad universitaria, a convertirse en un lugar asediado por el miedo.
El 16 de mayo fue lo más fuerte, por los muertos, los heridos. Los presos los tenían en el Cantón Norte, los tenían hacinados, no les daban de comer, los golpeaban. A unos los dejaron salir y a otros los judicializaron. En la medida que [a] las familias no les llegaban sus seres queridos, empezaban a averiguar. Las familias de los asesinados eran amenazadas. Más allá de los hechos en sí, lo horrible era que la universidad era sagrada, había una frontera invisible que eran las mallas; la frontera no se puede pasar. Violentaban algo sagrado, lo que más me impacto fue ver cómo subían por las escaleras de las facultades en moto. Estaban rompiendo todo y uno dice que no le cabe en la cabeza y el corazón. (Actor Clave 8, comunicación personal, septiembre de 2017).
A partir de 1985, el clima de malestar por la represión social tomó nuevos alcances. Acontecimientos como la retoma del Palacio de Justicia y el asesinato sistemático de líderes de izquierda sacudieron y causaron indignación en la población universitaria. Las entrevistas arrojan datos reveladores, entre ellos, información sobre la radicalización contra las ideas de izquierda, al ser estas catalogadas como peligrosas. En este contexto, los medios de comunicación adelantaron estrategias de rechazo a los ideales comunistas, y en medio de ello grupos de limpieza como Muerte a Secuestradores (MAS) y La Mano Negra no distinguieron entre estudiantes, sindicalistas, travestis, indigentes y personas de la población LGBTI. Fue así como la represión se asoció con mecanismos para eliminar lo que grupos conservadores consideraban como un atentado contra las "buenas costumbres". De nuevo, lo ominoso reconfiguró las acciones de control social y los nuevos discursos en pro de la defensa de las ciudades, entre ellos, el discurso del grupo de limpieza Amor por Medellín, que reconfigura la violencia disfrazándola con la refundación de lo tradicional.
A partir del año 1987, los asesinatos expresos por parte de grupos paramilitares y parapoliciales tuvieron repercusiones nunca antes vistas. En Medellín, los profesores que hacían parte de grupos cívicos, se convierten en objetivo militar al ser considerados como piezas clave en la divulgación ideológica del comunismo y la lucha guerrillera. Un ejemplo que devastó el horizonte ideológico dentro de la universidad, ocurrió el 25 de agosto del año en cuestión, cuando fueron asesinados Luis Fernando Vélez, Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur. Frente a este acontecimiento, los entrevistados afirman que la muerte de profesores y estudiantes llenó de zozobra la movilización; aun así, un día después miles de estudiantes se movilizaron, y el efecto fue descrito como una combinación entre miedo y esperanza. La pulsión de muerte a veces logra que los actores sociales sobrepongan el instinto de supervivencia y se unan en un bien común.
Entonces recuerden ustedes, en la Universidad de Antioquia en 1987 fue el año del terror. Entonces, Héctor Abad muerto en las calles del país; Luis Fernando Vélez, profesor universitario; Betancur Taborda, estudiantes de sociología muertos; Luis Felipe Vélez, profesor de secundaria, cinco estudiantes universitarios y de secundaria de la JUCO muertos aquí a cuatro calles, en la sede del partido. Entonces, la consigna para ese momento era defender la vida. (Actor Clave 44, comunicación personal, abril de 2018).
A finales de la década de 1990, el movimiento universitario redirigió sus intereses hacia el respeto por la vida y los derechos humanos. Esto puede tomarse como una actitud reactiva por parte de estudiantes ante la escalada de detenciones y desapariciones. En parte, tal aumento pudo establecerse por la ejecución del último estado de sitio de carácter represivo.
Entre 1990 y 1991, las acciones universitarias encabezadas por los estudiantes buscaban implementar una nueva carta democrática, y para ello demandaban la abolición de dispositivos de control, como los estados de excepción. Esta iniciativa logró modificar un dispositivo de control psicológico y colectivo, por el cual se mantuvieron las instituciones desde 1948 hasta finales del siglo XX. Pese a ello, el terror permaneció, y los grupos paramilitares continuaron ejerciendo represión desde lo ominoso, hasta entrado el siglo XXI. No obstante, el grupo poblacional de los estudiantes logró resistir y configurarse a partir de una nueva forma de movilización social.
Discusión
Los años comprendidos entre 1981 y 1991 constituyeron un periodo de inflexión entre el control biopolítico de sociedades disciplinarias y la sociedad de control neoliberal. Este periodo estuvo marcado por un fuerte componente violento, el cual modificó los dispositivos de control, pues estos remodelaron el horizonte ideológico universitario al considerarlo como radical y rebelde en el contexto urbano.
En medio de tal dinámica, se usaron formas de dominación y control como la tortura psicológica y corporal, además de formas legales para desarticular la protesta como lo fue el "Estatuto de seguridad" (1978-1982) y los estados de sitio. A partir de estas dos nuevas formas de control, se puede inferir que el neoliberalismo trabajó el poder desde una psicopolítica; en otras palabras, desde lo lingüístico y simbólico se tejieron las relaciones de poder y saber.
Las experiencias de los entrevistados documentan dicha inflexión y tránsito de la universidad hacia una sociedad de empresa neoliberal. Según los entrevistados, a partir de ese momento, las cosas no volverían a ser como antes dentro de la universidad, pues esta se convirtió en un espacio de competencia, en el cual la protesta y movilización universitaria eran colapsadas por el peso de la represión y la violencia hacia cualquier voz que se considerara una amenaza al establecimiento. Esto se debió, además, a que la violencia fue naturalizada tras una serie de sucesos desafortunados, propios del contexto de los años ochenta en Colombia. Dicha naturalización, tuvo su expresión en los valores y las interacciones del estudiantado, y en las maneras como este afrontó el contexto (Arias & Arias, 2017).
Tal y como lo desarrollan algunas investigaciones sobre la resistencia civil pacífica en conflictos sociales y políticos (Gautney, 2011; Kool & Agrawal, 2012; Maher, 2010; Moland, 2002; Mulaj, 2008; Umoja, 1999) mencionadas por Rico, Alzate y Sabucedo (2017), ninguno de esos estudios aplica el modelo de los marcos de acción colectiva para analizar la dinámica motivacional de este tipo de movilización. No obstante, ofrecen argumentos teóricos que apoyan la necesidad de desarrollar más investigaciones en el tema. Los estudios a los que nos referimos hacen eco de voces oprimidas por la violencia y reflejan un modelo de sujeto activo que se contrapone al carácter fatalista. Esto implica una paradoja, porque si bien dichas acciones son un tipo de comportamiento extremo en un ámbito tremendamente polarizado, la historia ha demostrado que contribuyeron al avance hacia sociedades más democráticas, como ocurrió en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela, en India con las movilizaciones de independencia lideradas por Gandhi, en EE. UU. con Luther King en el movimiento por los derechos civiles para los afrodescendientes (Rico, Alzate, & Sabucedo, 2017) y en Latinoamérica con el movimiento estudiantil argentino de los años ochenta. Este, en particular, encontró caminos de resistencia al autoritarismo de la dictadura (si bien con acciones esporádicas y clandestinas), tras la prohibición de Rafael Videla para llevar a cabo actividades políticas bajo un terrorismo de estado que dejó miles de estudiantes presos, desaparecidos y asesinados (Yann, 2017).
La presente investigación complementa los resultados del Centro Nacional de Memoria Histórica y aporta nuevas fuentes empíricas a la comprensión del fenómeno de la violencia más allá de una perspectiva política, para establecerse en un fenómeno psicosocial de control. Al acudir a la fuente oral para comprender dicho fenómeno, es posible recuperar lo humano que se encuentra detrás de las estadísticas y los archivos documentales, los cuales permiten ver muy poco de las emociones y las configuraciones psicológicas que se generan a partir del traumatismo de las vivencias violentas en el estudiantado. De otro lado, este estudio demuestra que la violencia como elemento trasversal de la historia del siglo XX en Colombia, está focalizada en sectores de la población considerados como subalternos. Esto se refleja en la agudización de las desigualdades que asientan la reproducción de la violencia. Finalmente, la investigación le abre la posibilidad a nuevas investigaciones de naturaleza cualitativa, para comprender la violencia en muestras demográficas más amplias, una vez se haya comprobado el carácter conductual del terror como dispositivo de control en Colombia y la región. Es necesario centrar la atención en el análisis de la violencia, pues esta influye en las relaciones ciudadanas y en las posibilidades de participación social.
