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Introducción
El estudio del comportamiento antisocial y delictivo ha sido abordado desde distintas posiciones teóricas que han permitido identificar factores de riesgo (Farrington, 1996), promotores (Farrington, Ttofi & Piquero, 2016) o protectores (Lösel & Bender, 2003), agrupados, a su vez, en modelos de vulnerabilidad o incompetencia (McGuire, 2000), y de protección o competencia (Wallston, 1992). Los factores se relacionan, en condiciones de déficit o anomalía, con la adquisición de comportamientos inadaptados (Ross & Fabiano, 1985) y la reincidencia delictiva (Basanta, Fariña & Arce, 2018), en tanto, en condiciones de desarrollo positivo, facilitan el ajuste psicológico (Novo, Fariña, Seijo, Vázquez & Arce, 2019) y comportamientos prosociales (Lösel & Bender, 2003). Entre los factores psicológicos, las destrezas cognitivas que conforman la competencia cognitiva se han revelado como íntimamente relacionados con la conducta delictiva (Arce, Fariña & Novo, 2014) y con la gravedad y cronicidad delictiva (Dodge & Pettit, 2003; Fariña, Vázquez & Arce, 2014). Así, se ha encontrado que los jóvenes inadaptados afrontan la resolución de problemas y situaciones estresantes con estrategias desadaptativas (Arce, Seijo, Fariña & Mohamed-Mohand, 2010), que incrementan el riesgo de conductas antisociales y delictivas (Arce, Fariña & Vázquez, 2011; Cutrín, Maneiro, Sobral & GómezFraguela, 2019). Por el contrario, la investigación ha hallado que el empleo de estrategias positivas para la resolución de problemas y el encaramiento de situaciones estresantes actúan como un factor protector frente al comportamiento antisocial y delictivo (Novo, Pereira, Vázquez & Amado, 2017). Del mismo modo, la literatura también ha establecido que la inteligencia emocional, entendida como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones, favorece el pensamiento divergente y planificado (Mayer, Caruso & Salovey, 1999), el ajuste psicológico (García-Sancho, Salguero & Fernández-Berrocal, 2014) y el comportamiento prosocial (Schmidt, Van der Meer, Tydecks & Bliesener, 2018). No obstante, los déficits en la inteligencia emocional dificultan la empatía, el control y la regulación emocional y, por extensión, facilitan la desregulación emocional; y los déficits cognitivos se relacionan con conductas antisociales y delictivas (Férriz, Sobral & Gómez-Fraguela, 2018; Garofalo, Neumann & Velotti, 2018). Otra destreza cognitiva que cuenta con apoyo teórico y empírico es la atribución de responsabilidad: la atribución interna se relaciona con conductas prosociales y la externa con conductas antisociales y delictivas (Álvarez-García, Núñez, García & Barreiro-Collazo, 2018; Arce et al., 2011; Peterson & Leigh, 1990), aunque hay resultados contradictorios (Arce et al., 2010). Asimismo, dentro del campo de las destrezas cognitivas, déficits en el autoconcepto, entendido como la percepción cognitiva producto de la evaluación que el sujeto hace de sí mismo, se han relacionado con la conducta antisocial y delictiva (Mier & Ladny, 2018). Ahora bien, también se ha encontrado un autoconcepto elevado entre los menores infractores, que se vincula con la resistencia a la intervención (Bynum & Weiner, 2002). Además, la literatura ha hallado, en consonancia con la hipótesis de que a conductas antisociales y delictivas más graves menos competencia social (Hawley, 2003), que los menores de riesgo de desviación social (con comportamientos antisociales, pero no infractores) conforman un paso en la escala de la normalidad a la desviación (infractores; Arce et al., 2011) y que de la preadolescencia a la adolescencia se sigue una trayectoria natural hacia la desviación (esto es, los adolescentes infractores y de riesgo de desviación social tienen más déficits en la competencia psicosocial que en la preadolescencia, Arce et al., 2010). Sobre la base del estado de la literatura que vincula los déficits en las destrezas cognitivas con conductas antisociales y delictivas, nos hemos planteado un estudio de campo con el objetivo general de conocer si estos déficits son una característica diferencial de la población de menores infractores (definidos, judicialmente, por la emisión de conductas antisociales y delictivas) y de una población en riesgo de inadaptación social, los menores de protección (sin antecedentes como infractores, pero en situación de desprotección) de la que se desconocen los déficits en la competencia cognitiva, frente a la población normalizada (sin antecedentes penales y de desprotección). Y el objetivo específico de cuantificar la merma en los déficits encontrados en la población de menores de protección y reforma que advertirán de la magnitud requerida a la intervención. Sucintamente, se hipotetiza que los menores de protección y reforma presentarán déficits en la inteligencia emocional respecto a los normalizados (hipótesis 1); que los menores de reforma y protección recurrirán más a estrategias desadaptativas de resolución de problemas (afrontamiento) que los normalizados (hipótesis 2); que los menores de reforma y protección utilizarán en menor medida estrategias de resolución de problemas adaptativas que los normalizados (hipótesis 3); que los menores de reforma y protección tenderán a la atribución externa de la responsabilidad (locus de control) frente a los normalizados (hipótesis 4); que los menores de reforma y protección son más vulnerables (autoconcepto bajo) que los normalizados (hipótesis 5). Finalmente, se hipotetiza un efecto de escalada, es decir, los menores de reforma presentarán un mayor déficit en la competencia cognitiva que los menores de protección (hipótesis 6).
Método
Participantes
Participaron 450 adolescentes de las ciudades de Bogotá y Tunja (Colombia), con edades entre los 14 y 19 años (M = 16.07 años; DT = 1.43): 150 eran del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en adelante, “menores infractores”), 150 del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (en adelante, “menores de protección”) y 150 adolescentes escolarizados en condiciones de normalidad (muestra comunitaria), sin antecedentes como menores de protección o infractores (ground truth: informe de los tutores académicos). El tiempo medio de permanencia en centros de los menores infractores era de 18.41 meses (DT = 9.76) y de los de protección de 37.49 (DT = 37.83). Las muestras se equipararon en el estrato (la sociedad colombiana está dividida por estratos sociales): bajo (128, 118 y 111), ꭓ2(2) = 1.23, ns, medio-alto (22, 32, 39), ꭓ2(2) = 4.71, ns. Del mismo modo, se igualaron, ꭓ2(2) = 0.87, ns, en el sexo: 227 chicas (72, 80 y 75 chicas menores de reforma, protección y normalizada, respectivamente), y 223 chicos (78, 70 y 75).
El 80% de los menores del grupo de infractores cumplían la medida judicial de internamiento por hurto, el 5.3 % por lesiones personales, el 11.3 % por homicidio, el 2 % por delitos contra la libertad sexual y el 1% por fabricación, distribución y porte de estupefacientes.
Instrumentos de medida
Se aplicó a los participantes un cuestionario sociodemográfico elaborado ad hoc (e.g., edad, sexo, nivel educativo), así como una batería de pruebas como medidas de autoinforme, a fin de evaluar las destrezas cognitivas de los menores. Para la inteligencia emocional, se empleó la adaptación al español de la Trait Meta-Mood Scale (TMMS) (Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004). La escala está compuesta por 48 ítems, a los que se responde en una escala tipo Likert de cinco puntos desde 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), que se agrupan en tres dimensiones: atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones. La dimensión “atención a los sentimientos” indica el grado en que la persona cree atender a sus sentimientos (21 ítems). La dimensión “claridad emocional” está conformada por 15 ítems que miden la forma en cómo las personas creen percibir sus emociones. La dimensión “reparación de las emociones” está constituida por 12 ítems que evalúan la capacidad para la reparación o regulación de los sentimientos negativos y el mantenimiento de los positivos. La consistencia interna de la versión española fue de α = .90 para atención a los sentimientos, de α = .90 en claridad emocional y de α = .86 en reparación de las emociones.
Para evaluar las destrezas cognitivas de resolución de problemas, se aplicó la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) (Frydenberg & Lewis, 2000), que examina 18 estrategias de afrontamiento en adolescentes (i.e., buscar apoyo social, resolver el problema, esforzarse y tener éxito, preocuparse, invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, hacerse ilusiones, falta de afrontamiento, reducción de la tensión, acción social, ignorar el problema, autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual, fijarse en lo positivo, buscar ayuda profesional, buscar diversiones relajantes, y distracción física) que se agrupan en cuatro dimensiones: acción positiva y esforzada, huida intrapunitiva, acción positiva hedonista e introversión, a los que se responde en una escala tipo Likert de cinco puntos desde 0 (no me ocurre o lo hago nunca) a 4 (me ocurre o lo hago con mucha frecuencia). Se utilizó la forma general en la que se solicita al sujeto que responda a la frecuencia de uso de las estrategias para afrontar sus problemas en general. La escala se ha mostrado consistente internamente, α = .71 y para las subescalas osciló entre .62 y .87.
Para la evaluación de los estilos atribucionales, se tomó la traducción española de la Escala de Locus de Control Interno-Externo de Rotter (Ferrando, Demestre, AnguianoCarrasco & Chico, 2011) que se compone de 29 ítems: 23 miden locus de control y seis son distractores. Cada uno consta de dos enunciados contrapuestos en la dimensión, uno interno y otro externo, que permiten clasificar al sujeto según su estilo atribucional, habiendo de escoger el sujeto entre uno y otro enunciado. La escala se mostró fiable (α = .72).
Para la evaluación del autoconcepto se tomó la adaptación al español de la Tennessee Self Concept Scale (TSCS) (Garanto, 1984). La escala está compuesta por 100 ítems: 10 corresponden con la escala L (mentira) del MMPI para evaluar la deseabilidad social, no usados en este estudio por carencia de sensibilidad y especificidad (Arce, Fariña, Seijo & Novo, 2015), y los restantes 90 ítems, a los que se responde en una escala tipo Likert de cinco puntos desde 1 (totalmente falso) a 5 (totalmente verdadero), miden aspectos internos y externos que conforman el autoconcepto. El interno está constituido por tres facetas (30 ítems cada una): identidad (¿qué soy?), autosatisfacción (¿cómo me siento conmigo mismo?) y comportamiento (¿qué hago o cómo actúo?). Cada faceta se explora en cinco áreas que conforman los aspectos externos (seis ítems cada una): el físico que evalúa la perspectiva que tiene el sujeto de sí mismo, su aspecto físico, salud; el moral determina la visión moral y religiosa; el personal refleja aspectos como los valores internos, adecuación personal; el familiar mide la valoración que la persona tiene de sí mismo inmerso en el contexto familiar; y el social evalúa la actitud hacia sí mismo y su interacción con terceros. La fiabilidad para el total de la escala es de .93 y para las subescalas oscila entre .73 y .95.
Diseño y procedimiento
Se llevó a cabo un estudio de campo con un diseño cuasiexperimental con tres muestras de participantes (menores infractores, de protección y normalizados), que fueron evaluadas en las destrezas cognitivas. Sometido a análisis su sensibilidad (N = 450) para la obtención de diferen cias significativas (α < .05) y un tamaño del efecto medio (f = .25/f2 = .15), resultó altamente sensible (1-β > .99).
La aplicación de las medidas se produjo en los centros de los participantes, en el curso 2018-2019 y en grupos reducidos, por los investigadores y, cuando se observó un efecto de cansancio, en más de una sesión. Los investigadores estuvieron atentos a que los menores respondieran a todos los reactivos. El tiempo estándar de administración fue en torno a los 30 minutos.
Análisis de datos
Para el contraste de medias entre los grupos del factor población se procedió con un ANOVA o MANOVA (cuando las variables dependientes formaban un conjunto teórico y estaban correlacionadas), según procediera. En la F multivariada tomamos como estadístico multivariante la traza de Pillia-Bartlett, porque es más robusta frente a la heterogeneidad de varianza y la violación de la normalidad multivariable, a excepción de cuando los grupos difieren únicamente en una variable, en cuyo caso la Raíz Mayor de Roy es más potente, reduciendo el error tipo II; esto es, la falsa aceptación de la hipótesis nula, que es más probable en esta contingencia (Olson, 1976). Los contrastes a posteriori se ejecutaron con el nivel de protección de Bonferroni (1/m). Como tamaño del efecto calculamos η2 en las pruebas multivariadas y la d de Cohen en la comparación de dos medias. Para la interpretación de la magnitud del tamaño del efecto, tomamos la probabilidad de superioridad del tamaño del efecto (PSTE; Monteiro, Vázquez, Seijo & Arce, 2018) para d y la varianza explicada para η2. La PSTE expresa el porcentaje (probabilidades) de tamaños del efecto sobre el total a los que superaría el observado. Para la cuantificación de los déficits en las poblaciones tomamos el BESD ( Redondo, Fariña, Seijo,Novo & Arce, 2019).
Consideraciones éticas
Para la evaluación de los menores infractores se recabó la autorización, previa presentación del proyecto, de los jueces especializados de menores; y, una vez obtenida esta, de las instituciones de cumplimento de las medidas. Finalmente, los menores participaron de forma voluntaria y consentida.
A su vez, para los menores de protección se obtuvo el permiso de los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes autorizaron la evaluación en las instituciones bajo su gestión. Asimismo, los menores participaron de forma voluntaria y consentida.
Finalmente, para la muestra de la población general, adolescentes en situación normalizada, se solicitó el permiso de los centros educativos y el consentimiento informado por sus padres o representantes legales. Del mismo modo, los menores participaron de forma voluntaria y consentida. Los datos se trataron conforme a la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (2018).
Resultados
Inteligencia emocional
Ejecutado un MANOVA para conocer los efectos del factor población (infractores, protección y grupo control) en la inteligencia emocional, los resultados mostraron que la población media diferencias en la inteligencia emocional F(3, 446) = 3.38, p = .018, np 2 = .022, 1-β = .763. Los efectos univariados (véase Tabla 1) pusieron de manifiesto que las poblaciones difieren en la dimensión atención a los sentimientos. Los contrastes a posteriori advirtieron de diferencias significativas entre los menores infractores y de protección con respecto al grupo normativo, suponiendo una merma en relación con la población normalizada (grupo control) en la atención a las emociones del 14.35 % y del 16.77 %, para la población de menores infractores y de protección, respectivamente. La magnitud de las diferencias de las poblaciones es tal que el tamaño del efecto es mayor que el 16.64 % (±1/6) y el 18.96 % (±1/5) de todos los posibles (PSte = .1664 y .1896, para el contraste con la población de menores infractores y de protección).
Tabla 1 Efectos univariados en la inteligencia emocional para el factor tipo de población. Efectos intersujetos.
Nota: gl(2, 447); MGC: media del grupo control (población normalizada de menores); MMP: media del grupo de menores de protección; MMR: media del grupo de menores infractores; d1(PSTE): d de Cohen para la población de menores de protección y el grupo control(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d2(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y el grupo control(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d3(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y de protección(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); **p < .01.
Afrontamiento
Realizado un MANOVA con el factor de agrupamiento población sobre el afrontamiento (variable dependiente), los resultados revelaron un efecto significativo, F(36, 862) = 7.41, p < .001, potente, 1-β = 1, de la población, y que da cuenta del 23.6 %, ηp 2 = .236, de la varianza en el empleo de estrategias para la resolución de problemas.
Los resultados de los efectos univariados (véase Tabla 2), por su parte, concretaron que dichas diferencias se dan en el uso de 14 de las 18 estrategias de afrontamiento de resolución de problemas.
Tabla 2 Efectos univariados en las habilidades de afrontamiento para el factor tipo de población. Efectos intersujetos.
Nota: gl(2, 447); MGC: media del grupo control (población normalizada de menores); MMP: media del grupo de menores de protección; MMR: media del grupo de menores infractores; d1(PSTE): d de Cohen para la población de menores de protección y el grupo control(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d2(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y el grupo control(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d3(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y de protección(probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); *p < .05; **p < .01; ***p < .001.
Los contrastes a posteriori, a su vez, revelaron que los menores de protección e infractores recurren más a las estrategias de afrontamiento de problemas reducción de la tensión, acción social, ignorar el problema, reservarlo para sí mismos, búsqueda de apoyo espiritual y de ayuda profesional, y distracción física que los menores de población normalizada. El incremento en el recurso a estas estrategias de resolución de problemas es del 38.33 %, 29.61 %, 26.96 %, 16.76 %, 35.52 %, 19.14 % y el 15.80 % entre los menores infractores, y del 34.70 %, 34.29 %, 32.18 %, 17.72 %, 34.29 %, 31.34 % y el 20.55 % entre los menores de protección, respectivamente. En las estrategias de búsqueda de apoyo social, auto inculparse y buscar diversiones, la población de menores de protección se caracteriza por acudir en mayor medida a estas que la población normalizada. La mayor incidencia se concreta en un incremento significativo del 13.38 %, 12.89 % y el 24.25 %. Los menores de protección acuden más que los infractores a las estrategias invertir en amigos y hacerse ilusiones, estimándose el aumento en el 15.80 % y 14.35 %. Asimismo, los de protección evitan el afrontamiento (carencia de afrontamiento) más que los normalizados (28.73 %) e infractores (16.28 %). Finalmente, los infractores acuden menos que los normalizados y los de protección a la estrategia búsqueda de pertenencia, con una frecuencia inferior de uso del 18.67 % y 24.25 %.
La magnitud del efecto oscila entre, aproximadamente, la superioridad a 1/6 y un 1/2 del total (véase Tabla 2).
Atribución de responsabilidad
Un ANOVA reveló que el factor población no media, F(2, 447) = 0.48, ns, ηp 2 = .002, 1-β = .128, diferencias en los procesos de atribución de responsabilidad. La población total de menores se caracteriza por una atribución interna (M = 10.54, valor de prueba = 11.5) de la responsabilidad, t(459) = -7.31, p <. 001, d = -0.35, cuantificándose la tendencia de autoatribución de la responsabilidad en 17.24 % y siendo la magnitud de esta diferencia mayor que el 19.74 % (PSte = .1974) de todas las posibles (±1/5).
Autoconcepto
Los resultados de la ejecución de un MANOVA mostraron un efecto multivariado significativo en el autoconcepto, para el factor población (infractores, protección y comunitaria), F(30, 868) = 4.17, p < .001, ηp 2 = .134, 1-β = 1. Este efecto se generaliza a las facetas internas del autoconcepto, esto es, a la identidad (“cómo soy”), F(10, 888) = 4.87, p < .001, ηp 2 = .052, 1- β = 1, y a la autosatisfacción (“cómo me siento”), F(10, 888) = 7.64, p < .001, ηp 2 = .079, 1- β =1, y al comportamiento (“qué hago conmigo mismo”), F(10, 888) = 4.91, p < .001, ηp 2 = .052, 1- β = 1.
Los resultados de los efectos univariados (véase Tabla 3) para la identidad informan de diferencias para el factor población en la identidad moral y familiar. Los contrastes a posteriori evidenciaron que los menores infractores y de protección presentan un menor desarrollo de la identidad moral que la población normalizada. Este infradesarrollo se cuantifica en el 20.55 % y 18.19 %. Además, los menores de protección sostuvieron un mayor deterioro en la identidad familiar que los de la población normalizada y de menores infractores. La magnitud de la merma es del 27.41 % y 23.24 % en relación con los menores de la población normalizada e infractores, respectivamente.
Tabla 3 Efectos univariados en el autoconcepto para el factor población. Efectos intersujetos.
Nota: gl(2, 447); MGC: media del grupo control(población normalizada de menores); MMP: media del grupo de menores de protección; MMR: media del grupo de menores infractores; d1(PSTE): d de Cohen para la población de menores de protección y el grupo control (probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d2(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y el grupo control (probabilidad de superioridad del tamaño del efecto); d3(PSTE): d de Cohen para la población de menores infractores y de protección (probabilidad de superioridad del tamaño del efecto).
A su vez, los contrastes a posteriori (en la satisfacción física no se registraron diferencias en ninguna de las comparaciones) en la autosatisfacción (véase Tabla 3) revelaron diferencias en los rasgos moral, personal, familiar y social mediadas por el factor población. Sucintamente, los menores de protección e infractores manifiestan una menor satisfacción moral, familiar y social que los de la población normalizada. La caída en la satisfacción moral, familiar y social de la población de menores infractores y protección es del 27.41 %, 17.24 % y el 20.55 % del 32.61 %, 23.34 % y el 30.04 %, respectivamente. También se halló que los menores de protección informaban de menos satisfacción personal que los de la población normalizada y los infractores. La pérdida estimada es del 14.83 % y 17.24 % en comparación con los menores de la población normalizada e infractores.
Los contrastes a posteriori también fijan diferencias en los rasgos moral, familiar, personal y social de la faceta comportamiento, tal que los menores de protección e infractores experimentan una disminución frente a los de la población normalizada del 17.72 %, 14.83 %, 19.14 % y el 22.88 % y del 20.08 %, 19.14 %, 14.35 % y el 18.19 %, respectivamente. Asimismo, los contrastes a posteriori confirman que los menores de protección participan de un comportamiento físico más bajo que los infractores, siendo la disminución del 13.86 %. La magnitud de los tamaños de los efectos (daños en el autoconcepto entre los menores de protección e infractores) resultó ser mayor que entre, aproximadamente, 1/6 y 1/3 de todos los posibles.
Discusión
Los resultados de este estudio están sujetos a limitaciones en su generalización que deben tenerse presentes. Primera, las respuestas de los menores de reforma (y puede que los de protección) pueden estar sujetas a sesgos sistemáticos de exageración/minimización (American Psychiatric Association, 2014; Redondo et al., 2019). Segunda, el contexto de socialización (Colombia) puede mediar ligeras diferencias en los resultados. Tercera, este estudio se centra en el análisis de las destrezas cognitivas, que pueden complementarse o interaccionar con otras (Farrington et al., 2016) como los factores sociocomunitarios (Fariña, Arce & Novo, 2008). Con estas consideraciones en mente, de los resultados se deriva, para la intervención y prevención con infractores y menores de protección, que:
Sobre la inteligencia emocional. Los menores de protección y reforma tienen un menor desarrollo (déficit) en la inteligencia emocional, confirmándose así la hipótesis 1. Concretamente, prestan una menor atención a sus sentimientos, esto es, no monitorean de manera adecuada sus emociones para la detección de anomalías que se vinculan con conductas antisociales, violentas y delictivas (Fariña et al., 2014).
Sobre las habilidades cognitivas para la resolución de problemas (afrontamiento). Los menores de protección, en riesgo de trayectoria a infractores (Arce et al., 2010), difieren de la normalidad en las estrategias falta de afrontamiento, reducir la tensión, acción social, ignorar el problema, autoinculparse, reservar los problemas para sí, búsqueda de apoyo espiritual, de ayuda profesional y diversiones, y distracción física. Prácticamente, las mismas diferencias son observadas en los menores infractores (i.e., buscar pertenencia, reducir la tensión, acción social, ignorar el problema, reservar los problemas para sí, búsqueda de apoyo espiritual, de ayuda profesional y diversiones, y distracción física). Sucintamente, los menores de protección e infractores recurren más a estrategias desadaptativas (Feelgood, Cortoni & Thompson, 2005) caracterizadas por el afrontamiento de los problemas con estrategias de huida de los mismos (e.g., reducción de la tensión, búsqueda de diversiones, autoinculparse, falta de afrontamiento, ignorar el problema, distracción física, búsqueda de diversio nes relajantes) y de búsqueda de refuerzo externo con fuente inadecuada, tal como el grupo de iguales (Cutrín et al., 2019) (e. g., búsqueda de pertenencia, apoyo espiritual y profesional, acción social). De este modo, se confirma la hipótesis 2: los menores de protección y reforma se caracterizan por un déficit en el afrontamiento de eventos estresantes basado en estrategias desadaptativas. De las estrategias adaptativas, los menores de protección y reforma informan de un mayor recurso a la estrategia de búsqueda de apoyo profesional que los menores normalizados (era de esperar que los normalizados acudieran poco a esta para resolver sus problemas, porque, en general, precisan de menos apoyo profesional al estar menos sometidos a eventos estresantes que requieran de apoyo profesional). Pero contrastado su uso en relación con la media de la escala, advierte que ambas poblaciones acuden a esta estrategia menos de lo aconsejable (valor de prueba = 10), t(149) = -4.31, p < .001 y t(149) = -2.82, p < .01 (menores de reforma y protección, respetivamente). En cualquier caso, se rechaza la tercera hipótesis: en general, los menores desprotección y reforman recurren menos a estrategias adaptativas para afrontar problemas sociales. En suma, los menores infractores y de protección presentan un desempeño pobre en las funciones ejecutivas que es compartido con los delincuentes adultos (Herrero, Escorial & Colom, 2019). Por tanto, es una necesidad asociada a todo tipo de comportamiento antisocial y delictivo.
Sobre la atribución de responsabilidad. Contrariamente a la hipótesis de partida (hipótesis 4: los menores de protección y reforma tenderán a la atribución externa de la responsabilidad), todos los menores comparten, en general, el estilo atributivo interno, esto es, la asunción de responsabilidad de sus actos. Este mismo resultado también fue hallado por Arce et al. (2010), quienes lo arrogaron a que el recurso a la atribución externa entre los menores inadaptados no es un sesgo generalizado, sino un proceso cognitivo a posteriori (hindsight) para prestar apoyo a los comportamientos antisociales y delictivos (efecto de contexto). Esto mismo también podría explicarse como una varianza atribuible al método y no al constructo. Es decir, que los opuestos lógicos (interno vs. externo) no tienen por qué corresponderse con los opuestos psicológicos (Cronbach, 1990). Ambas explicaciones son compatibles y complementarias: la atribución de responsabilidad interacciona con el contexto y la medida en un continuum bipolar no se ajusta a la lógica psicológica.
Sobre el autoconcepto. Los menores de protección e infractores evidencian carencias en relación con los normalizados en la faceta identidad (“cómo me defino”) moral (y los de protección también familiar), en la faceta satisfacción (satisfacción con uno mismo) moral, familiar y social (y los de protección también personal), y en la faceta comportamiento (“cómo me comporto”) moral, personal, familiar y social. En suma, las poblaciones de menores infractores y de protección tienen una definición negativa de sí mismas, están menos satisfechas consigo mismas y su comportamiento, prestando así apoyo a la hipótesis 5. Estas carencias en autoconcepto moral (Gibbs, 2014), personal (Arce et al., 2010), familiar (Gallego, Novo, Fariña & Arce, 2019) y social (Ostrov, Hart, Kamper & Godleski, 2011) se relacionan con vulnerabilidad al desajuste conductual (conductas antisociales, violentas y delictivas) y psicológico (Mayorga, Novo, Fariña & Seijo, 2020).
Se ha observado, en general, una equiparación en el deterioro en la competencia cognitiva entre menores de protección y reforma, acompañado de un deterioro mayor entre los menores de protección en el uso de algunas estrategias desadaptativas (i.e., invertir en amigos que, en este contexto, prestan un apoyo de riesgo y sustituyen a las redes normalizadas; y hacerse ilusiones) y algunos aspectos del autoconcepto (i.e., identidad familiar, satisfacción personal, satisfacción familiar, comportamiento físico). Así pues, se refuta la hipótesis 6; esto es, no hay un efecto de escala en la falta de competencia cognitiva de los menores de protección a los de reforma. En consecuencia, los menores de protección están en una región de riesgo extremo, no solo de la marginación social, sino también de la manifestación de comportamientos antisociales y delictivos, esto es, de iniciar una carrera delictiva.
La significatividad de estos déficits se acentúa con la magnitud de los mismos (PSTE) entre, aproximadamente, 1/6 y 1/2 de todos los posibles. Estas magnitudes en las desviaciones advierten que estamos ante cogniciones muy tóxicas y altamente resistentes a la intervención.
En resumen, los menores de protección e infractores evidencian numerosos déficits en las competencias cognitivas que los convierten en menores de alto riesgo (protección) y resistentes a la normalización (infractores). Dado que el entrenamiento y cambio de estas competencias cognitivas es posible y eficaz (Martín, Padrón & Redondo, 2019; Mata, Gómez-Pérez & Calero, 2018; Zych, Ortega-Ruiz, Muñoz-Morales & Llorent, 2018), los programas de intervención (con infractores) y de prevención de inicio de carrera delictiva por los menores de protección y de prevención de recaídas en infractores, así como las medidas de la eficacia de esta han de tener por objeto estas mermas. Cuantificados los daños, se conoce cuál ha de ser el objetivo para alcanzar en la intervención con menores de protección y reforma en la adquisición de las habilidades cognitivas deficitarias (significatividad de la intervención).
