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Revista Latinoamericana de Psicología

Print version ISSN 0120-0534

rev.latinoam.psicol. vol.52  Bogotá June 2020  Epub Mar 01, 2021

https://doi.org/10.14349/rlp.2020.v52.23 

ARTICULOS

Las creencias que justifican la corrupción disminuyen la disposición y el apoyo percibido para combatirla

Beliefs that justify corruption decrease willingness and perceived support to combat it

Christian Enrique Cruz Torres1  * 
http://orcid.org/0000-0002-4286-4697

Fredi Everardo Correa Romero2 
http://orcid.org/0000-0002-5856-7232

Luis Felipe García y Barragán3 
http://orcid.org/0000-0002-1328-9814

Carlos César Contreras Ibáñez4 
http://orcid.org/0000-0001-9794-2587

1Departamento de Psicología, Universidad de Guanajuato, México.

2Departamento de Psicología, Universidad de Guanajuato, México.

3Departamento de Psicología, Universidad de Guanajuato, México.

4 División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, México.


Resumen

La participación cívica es fundamental para abstenerse y sancionar a quienes se benefician de la corrupción. Experimentos muestran que el castigo altruista (pagar para castigar a quienes no cooperan), mantiene cooperando a los transgresores, pero en la vida real se les sanciona poco, siendo necesario identificar los factores que disminuyen esa disposición. Se encuestaron 622 ciudadanos mexicanos, población general, para analizar los efectos de creencias que justifican la corrupción y el apoyo percibido sobre la disposición a actuar contra la corrupción sancionando y absteniéndose de ella. Un modelo de ecuaciones estructurales confirma efectos negativos de las creencias de justificación de la corrupción y positivos del apoyo percibido, además de un efecto negativo indirecto de las creencias de justificación de la corrupción a través de un efecto negativo sobre el apoyo percibido, explicando en conjunto el 47% de la varianza de la disposición a actuar contra la corrupción en un modelo que muestra indicadores que reflejan una adecuada bondad de ajuste.

Palabras Clave: Corrupción; castigo altruista; normas sociales; acción colectiva

Abstract

Civic participation is essential to abstain and punish the corrupt people. Experimental studies that show altruistic punishment, paying for those who do not cooperate to be punished, keep offenders cooperating, but in real life they are little penalized, being necessary to identify the factors that diminish that disposition. 622 Mexican citizens were surveyed to analyze the effects of beliefs that justify corruption and perceived support on willingness to act against cor ruption by sanctioning and abstaining from it. A model of structural equations confirmed negative effects of corruption justification beliefs and positive perceived support effects, in addition to an indirect negative effect of corruption justification beliefs through a negative effect on perceived support, together explaining for 47% of the variance of the willingness to act against corruption in a model that shows indices of adequate goodness of fit.

Keywords: Corruption; altruistic punishment; social norms; collective action

En el año 2014, con 35 de 100 puntos posibles, México se ubicó en la posición 103 de 175 como uno de los países percibidos por su población como más corruptos, cayendo recientemente a la posición 130 (Transparency Internatio nal, 2020). Se estima que los costos asociados alcanzarían entre el 2% y el 10% del producto interno bruto (Casar, 2016), sin considerar que la corrupción genera pérdidas adicionales que potencian otras formas de delincuencia (Bataillon, 2015; Buscaglia, 2013).

La corrupción se inserta en un problema más amplio: la falta del respeto a la legalidad. En México el 41% de los ciudadanos estarían dispuestos a violar la ley si consideran que tienen la razón (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2011) y el 21% está de acuerdo o muy de acuer do con la frase “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan” (Fix, Flores, & Valadés, 2017). Morris y Klesner (2010) encuentran que la percepción de corrupción genera baja confianza en las instituciones e incrementa la disposición ciudadana a participar en actos de corrupción. Peor aún, la transgresión visible de una norma social afecta el cumplimiento de otras (Keizer, Lindenberg, & Steg, 2008) y contagia de corrupción a todo el sistema social.

Treisman (2000) define la corrupción como el abuso de un cargo público para el beneficio personal. Centrándose en quienes reciben la responsabilidad explícita de administrar un bien público, se pierde de vista que todos, en tanto ciu dadanos, somos responsables de su cuidado.

Sutherland (1940) define más ampliamente la corrupción como una violación a la confianza delegada o implícita, que permite incluir las conductas ciudadanas. Combatir la corrupción requiere de las dependencias gubernamentales y la participación ciudadana. Es un fenómeno de acción co lectiva, es decir, que requiere de la cooperación de dos o más personas que se realiza por la interacción ciudadana autónoma o por intervención institucional (Miller, 2004), siendo fundamental entender los factores que promueven o desalientan esta participación.

Bienes comunes y acción colectiva

Para entender las implicaciones de la acción colectiva para preservar la legalidad se retoma la clasificación de bienes de Ostrom (2003) mediante dos dimensiones. La pri mera es la dificultad con la que puede excluirse a los bene ficiarios de un bien. Por ejemplo, puede negarse la entrada al cine a quien no paga el boleto, pero es complicado ne garle a un vecino que no paga el mantenimiento del edificio que entre a su departamento. La segunda es el grado de explotación por uso: la medida en que el bien deja de estar disponible para otros cuando se utiliza. Los bosques son bie nes con un alto grado de explotación por uso; lo que alguien tala nadie más puede tomarlo. La música en un concierto público o el aire limpio son bienes con una explotación por uso menor. Los extremos de estas dimensiones se pueden clasificar en cuatro categorías. Con alto grado de explota ción de uso y baja dificultad para excluir a otros beneficia rios estamos ante bienes privados. Comprar un producto nos da el derecho de usarlo y excluir a los demás de su uso. La segunda categoría son los bienes de cuota, con bajo nivel de explotación de uso y baja dificultad para excluir a potenciales beneficiarios que no paguen su derecho de uso. Por ejemplo, los clubes deportivos presentan poco de terioro al usarse y es sencillo excluir a quienes no paguen.

Los bienes en estas categorías se conservan simplemente excluyendo a quienes no contribuyen a su preservación. En las dos categorías restantes es difícil excluir a los beneficia rios potenciales. Primero están los recursos comunes, con un alto nivel de explotación por uso, como mantos acuífe ros, que dificultan la exclusión de quienes no contribuyen a su preservación o sobreexplotan los recursos. La cuarta categoría son los bienes públicos, con una alta dificultad para excluir a los usuarios y una explotación por uso menor. Aquí podemos incluir la legalidad; si todos los habitantes respetan las reglas propician un ambiente de seguridad que todos disfrutan sin desgastarlo

En recursos comunes y bienes públicos, dada la dificul tad para ser sancionados o excluidos, hay incentivos para que algunos busquen utilizarlos en exceso. Cuando estos desertores son demasiados, recursos comunes y bienes públicos se deterioran, perjudican a desertores y a quienes contribuían a su preservación y ocasionan la tragedia de los bienes comunes (Hardin, 1968; Ostrom, 2011). En esta condición, bienes públicos como la legalidad se violentan tanto que ya no puede confiarse ni en las instituciones ni en los ciudadanos, lo que crea un estado de inseguridad ge neralizada. Es en la prevención de estas tragedias, median te la participación corresponsable, donde entra la acción colectiva (Poteete, Janssen, & Ostrom, 2012).

Castigo altruista

Una herramienta para contener a los desertores es el castigo altruista, entendido como conductas que implican un costo, que un individuo realiza para sancionar a otro que ha violado un acuerdo previo, explícito o implícito (Fehr & Gächter, 2002). Por ejemplo, cuando alguien insulta a otra persona por tirar basura en la calle, paga el precio de exhibirse públicamente o ser violentado por el infractor, obteniendo solo la satisfacción de hacer lo correcto. En sus experimentos, Fehr y Gächter (2002) reunían a cuatro par ticipantes, a quienes daban dinero que podían conservar o invertir durante varias rondas en un fondo común que ge neraba ganancias que se repartirían entre todos, hubieran aportado o no. Los incentivos, las mayores probabilidades de maximizar los ingresos individuales, estaban en deser tar, esperando que los demás cooperaran para conservar los recursos propios además de sumar posibles ganancias colec tivas. Los participantes iniciaban cooperando, pero deja ban de hacerlo cuando algunos desertaban. Esta tendencia cambiaba hacia la cooperación al darles oportunidad de pagar para sancionar a otros disminuyendo sus ganancias. Rápidamente, algunos pagaban para castigar a los deserto res y generaban que la mayoría cooperara.

El castigo altruista mantiene en el sistema social un arreglo conocido como reciprocidad fuerte, en el que los individuos cooperan con otros (reciprocidad fuerte posi tiva) y sancionan a los transgresores (reciprocidad fuerte negativa), aun cuando ambas impliquen un costo personal (Gintis, Henrich, Bowles, Boyd, & Fehr, 2008). Estudios mediante técnicas de simulación computacional han mos trado que mantener los vínculos cooperativos en un sistema social depende de que estas sanciones sean suficientemen te costosas (Zhang, Zhu, Chen, & Zhang, 2017), siendo más efectivo y eficiente distribuir por igual la responsabilidad de sancionar a los desertores en toda la población y no solo en algunos (Chen, Szolnoki, & Perc, 2014).

Inicialmente, se consideraba que el motor emocional del castigo altruista era la indignación moral, presente ante transgresiones a estándares de justicia. Sin embargo, se ha identificado que la presencia de transgresiones morales que no afectan al individuo personalmente o a sus cerca nos provocan enojo personal (O’Mara, Jackson, Batson, & Gaertner, 2011), o enojo empático ante actos que afectan al individuo, a otros cercanos, o a otros percibidos como similares (e.g., eso pudo haberme pasado a mí) (Batson et al., 2007), pero poca indignación moral. El castigo está mo tivado principalmente por el impulso emocional de demos trar a los desertores la insatisfacción con sus actos y no por un esfuerzo estratégico para incrementar la coopera ción en busca del beneficio colectivo (Ouss & Peysakhovich, 2015; Tan & Xiao, 2018). De Quervain, Fischbacher, Treyer y Schellhammer (2004) mostraron evidencias neurofisiológi cas de recompensa y satisfacción en quienes castigan a los desertores, mientras que Duersch y Müller (2015) reportan que, ante la posibilidad de elegir, existe una preferencia por participar activamente del castigo. Weber, Weisel y Gächter (2018) muestran que los desertores participan acti vamente sancionando incluso a otros que, como ellos, tam poco cooperan, lo que implica una doble moral. Esto lleva a pensar que los individuos siguen impulsos de venganza y no un beneficio colectivo, siendo incluso posible reducir la severidad del castigo mediante técnicas de regulación emo cional (Dickinson & Masclet, 2015).

Castigo altruista y acción colectiva

Las recompensas en los experimentos son menos relevantes y las condiciones necesariamente menos comple jas en la realidad. Presenciar una injusticia desencadenaría los procesos psicológicos propios del castigo altruista, pero la indignación moral, el enojo personal o el enojo empáti co no necesariamente implican castigar a los desertores. Van Zomeren, Leach y Spears (2012) muestran que las emo ciones negativas derivadas del descontento social motivan la acción colectiva, pero la capacidad colectiva percibida para alcanzar el objetivo común es un segundo componen te fundamental. Los ciudadanos estarían en principio a la expectativa de que otros inviertan su esfuerzo para lograr la meta común, obteniendo beneficios sin haber invertido esfuerzo. Después, el criterio para decidir participar o no es la evaluación de probabilidades de que el esfuerzo inver tido haga la diferencia para lograr el objetivo común (Van Zomeren, Saguy, & Schellhaas, 2013).

Esta evaluación de la capacidad colectiva deriva de la percepción de otros dispuestos a apoyar (Klandermans, 1997). Si pocos están dispuestos, la capacidad colectiva percibida es baja y probablemente el esfuerzo propio se desperdiciará; si muchos están dispuestos la capacidad percibida aumenta y una meta común que muy probablemente se logrará y re portará beneficios a todos parece una mejor inversión. Esta cooperación condicional se ha observado experimentalmente (Fischbacher, Gächter, & Fehr, 2001) en diferentes culturas (Kocher, Cherry, Kroll, Netzer, & Sutter, 2008).

Algunas variaciones disminuyen la disposición a sancionar a otros. Kriss, Weber y Xiao (2016) muestran que cuando se permite a los participantes ocultar si debían o no sancionar a los desertores a menudo no sancionan, aun cuando habían declarado que lo harían. Pedersen, McAuliffe y McCullough (2018) expusieron a los participantes a una crítica injus ta a su trabajo, al de un amigo o al de un desconocido, encontrando que suelen castigar a quien les agredió, en menor medida a quien agredió a un amigo, pero casi nunca a quien agredió a desconocidos. Parece que la fuerte tenden cia al castigo altruista (Fehr & Gächter, 2002) era impulsada por el procedimiento experimental, que excluía elementos que frenan este comportamiento en escenarios naturales.

Justificación de la corrupción

Ashforth y Anand (2003) muestran que los trabajadores de organizaciones con alta corrupción expresan creencias que les permiten justificarse, disminuyendo la culpa y efectos negativos sobre su autoimagen. Estas creencias se agrupan en la no ilegalidad (e.g., si no está claramente prohibido no es ilegal), la negación de la responsabilidad (e.g., es el sistema el que ocasiona la corrupción), la negación del daño (e.g., nadie sale realmente perjudicado), negación de las víctimas (e.g., si alguien sale perjudicado es su culpa por no entrar al juego), la comparación social (e.g., el que esté libre de pecado que tire la primera piedra), o la metáfora de la balanza (e.g., lo que me robo no es nada comparado con lo que se roba el gobierno). Estas creencias sobre la corrupción también podrían estar en la ciudadanía, gene rando una normalización en que la corrupción sería conside rada una práctica normal, inevitable, justificable e inocua.

El presente estudio

Ante la corrupción y sus consecuencias, la revisión teó rica señala la importancia de la participación ciudadana en contra de la corrupción, absteniéndose y sancionando a los corruptos (Fehr & Gächter, 2002; Van Zomeren et al., 2013), pero se sospecha de una baja disposición ciudadana de sancionar a los demás (Pedersen et al., 2018), sin que se cuente con evidencias fuera del laboratorio para el contex to mexicano o latinoamericano. El apoyo social percibido puede motivar dicha participación si es alto o refrenarla si es bajo (Klandermans, 1997; Kocher et al., 2008). Además, es probable que, en una sociedad con problemas crónicos de corrupción (Diego, 2017) existan creencias que la justifican, como las identificadas por Ashfort y Anand (2003) en ambientes empresariales que permitan a la ciudadanía mantenerse cómodamente en inacción o beneficiándose de ella. Esta investigación se guía por la pregunta: ¿cuáles son los efectos de las creencias para justificar la corrupción y el apoyo percibido sobre la disposición a participar en contra de la corrupción? Se proponen como hipótesis que las creen cias para justificar la corrupción tendrán efectos negativos sobre la disposición a actuar contra la corrupción, mientras que el apoyo percibido tendrá efectos positivos. El objetivo fue integrar un modelo analizando los efectos de estas creencias y el apoyo percibido sobre la disposición a actuar contra la corrupción, verificando previamente las propieda des psicométricas de los instrumentos utilizados.

Método

Participantes

Respondieron 622 participantes de los estados de Guanajuato (43.2%), Ciudad de México (18.8%), Jalisco (14.8%) y Tabasco (13.0%), más un 10.3% de San Luis Potosí, Michoacán y Aguascalientes. El 41.8% son hombres y el 58.2% mujeres. Reportaron contar con estudios de nivel profesional parcial o totalmente (43.9%), nivel medio superior (34.5%) o educación secundaria (10.7%). La edad promedio fue de 34.8 años, con una desviación estándar de 12.21. El 67.3% declaró tener un empleo remunerado de tiempo completo, el 23.2% un em pleo de medio tiempo y el 9.5% no contaba con empleo.

Instrumentos

Para medir las creencias que justifican la corrupción se retomaron las dimensiones identificadas por Ashforth y Anand (2003) con el fin de elaborar 42 reactivos. Para medir la disposición a participar contra la corrupción se elabora ron 11 reactivos con acciones que iban desde abstenerse de la corrupción hasta sancionar a quienes son corruptos, poniendo énfasis, en ambos casos, en sus posibles costos personales. Se preguntaba a los participantes qué tan pro bable era que realizaran cada acción, ambos instrumentos se presentaron en formato de respuesta tipo Likert del 1 (poco probable) al 5 (muy probable).

Para medir la percepción de apoyo para actuar contra la corrupción se retomaron los 11 reactivos de acciones contra la corrupción, cambiando la instrucción a ¿cuántos de entre sus conocidos se unirían con usted para…?, presentados en una escala tipo Likert del 1 (casi nadie) al 5 (casi todos).

Procedimiento

Los participantes eran conocidos de los investigadores y sus colaboradores, a quienes se invitaba a participar en sus hogares, informándoles que su participación era volun taria, que podían abandonar el estudio sin ninguna repre salia, que sus datos serían confidenciales y anónimos y que serían utilizados con fines de investigación científica. Quie nes aceptaban firmaban el consentimiento y respondían el instrumento en presencia del entrevistador, quien explica ba las instrucciones de llenado y resolvía dudas. Finalmen te, se les agradecía por su participación y se les informaba sobre los objetivos generales del estudio y los resultados esperados. Dados estos procedimientos, el presente estudio es transversal, correlacional. La muestra es no represen tativa, puesto que se obtuvo con un sistema de muestreo por conveniencia, seleccionando a ciudadanos que cubrie ran el criterio de inclusión de tener 18 o más años de edad y aceptaran participar voluntariamente al alcance de los investigadores y sus colaboradores.

Análisis de datos

Para analizar la estructura de los instrumentos se dividió la base de datos en dos mediante selección aleatoria. Con una base se realizaron análisis factoriales exploratorios con el método de máxima verosimilitud con rotación varimax, considerando un valor propio mínimo de 1 para la extrac ción de factores. Se descartaron reactivos con cargas < .4 en su factor y los que presentaran cargas > .4 en más de un factor. La consistencia interna de cada factor se calculó me diante la fórmula alfa de Cronbach ordinal (Dunn, Baguley, & Brunsden, 2014) mediante el software R (R Core Team, 2020). Con la segunda base se realizaron los análisis facto riales confirmatorios y modelos de ecuaciones estructurales utilizando el método de máxima verosimilitud mediante el software AMOS 22 (Arbuckle, 2013). Para los análisis fac toriales confirmatorios se formaron nuevas variables agru pando aleatoriamente los reactivos en parcelas mediante el promedio de dos o tres reactivos, siguiendo los lineamientos de Little, Cunningham, Shahar y Widaman (2002).

Resultados

El instrumento de justificación de la corrupción muestra una estructura de dos factores. Algunas creencias son simi lares a las propuestas por Ashfort y Anand (2003) como la negación del daño (e.g., la corrupción en realidad no afecta a nadie seriamente) y la no ilegalidad (e.g., ser corrupto no es malo mientras los demás no salgan lastimados), pero en conjunto, las creencias del primer factor parecen referir a una moral alternativa que dicta reglas para usar adecuada mente la corrupción. Se percibe a la corrupción como un mal necesario (e.g., la corrupción es algo necesario para que nuestra sociedad siga funcionando), en el cual se debe participar para no estar en desventaja (e.g., si no hago uso de la corrupción me arriesgo a que los demás tengan más beneficios que yo), pero siguiendo ciertas reglas que legiti man un uso correcto de la corrupción, donde el criterio de moralidad es no dañar a otros (e.g., ser corrupto no es malo mientras los demás no salgan lastimados), y ser leal (e.g., no es malo ser corrupto, siempre y cuando seas honesto con la gente que te ha apoyado). El segundo factor, indefensión, refiere a creencias sobre la corrupción como un problema inamovible (e.g., esta sociedad ya era corrupta cuando nací y seguirá siendo corrupta cuando yo muera), imposible de afrontar (e.g., aunque tratara de hacer algo para terminar con la corrupción no lograría ningún cambio) y que no es responsabilidad de los ciudadanos (e.g., los verdaderos res ponsables de la corrupción son las personas en el gobierno).

El análisis factorial confirmatorio refleja pocas discrepan cias, en general, no significativas, entre las covarianzas de los datos y las establecidas en el modelo teórico de dos fac tores relacionados entre sí (RMR = .02; GFI = .98; AGFI = .95; CFI = .99; RMSEA = .06 (IC 90%= .01, = .12)), con excepción del indicador Chi2 = 9.78 (gl = 4, p = .044). Se identifica una covariación positiva y significativa (β = . 29, C . R . = 5 .28, p < .001) entre los factores moral e indefensión. Todas las cargas de las variables observadas son también significa tivas (valores de C. R. entre 6.80 y 14.41, con valores de p < .001) (Kline, 2016).

El análisis factorial exploratorio de la disposición a actuar contra la corrupción muestra dos factores: participa ción altruista y conducta normativa. El primero refiere la disposición a denunciar institucional (e.g., denuncie a quienes participan en actos de corrupción, aunque sean personas cercanas) y socialmente (e.g., me manifieste en contra de funcionarios que sé que están siendo corruptos), además de apoyar a quienes han sido perjudicados por la corrup ción (e.g., ayudar a defender a otras personas que están siendo víctimas de la corrupción). El segundo factor versa sobre la disposición a abstenerse de ser corrupto (e.g., siga el procedimiento de un trámite, aunque sea tardado, en lugar de dar un soborno). En un análisis con la base total de participantes, el 2.4% de los participantes respondieron 1 (poco probable) a los cuatro reactivos que integran el factor participación altruista, mientras que solo el 5.6% respondie ron 5 (muy probable) a los cuatro reactivos, implicando una disposición mayor, aunque aún muy pequeña de cooperado res incondicionales para actuar contra la corrupción.

El análisis factorial confirmatorio muestra que la estruc tura de dos factores presenta discrepancias no significativas con las covarianzas observadas en los datos (Chi2 = 2.98, gl = 1, p = .08; RMR = .01; GFI = .99; AGFI = .95; CFI = .99; RMSEA = .08 (IC 90% < .001, 19)), reflejando un buen ajuste del modelo de medición. Todas las cargas de las variables observadas son significativas (valores de CR entre 8.98 y 11.02, con valores de p < .001). Ambos constructos covarían positiva y significativamente (CR = 6.75, p < .001).

Incluyendo los reactivos equivalentes a los conserva dos en el análisis factorial de disposición a actuar contra la corrupción, el análisis factorial exploratorio del apoyo percibido para actuar contra la corrupción mostró una es tructura unidimensional. En la aplicación este instrumento se respondía después del de disposición a actuar contra la corrupción. Es posible que, al abordar los mismos concep tos, generara una mayor consistencia entre las respuestas a los reactivos, causando la estructura unidimensional, en contraste con la estructura de dos factores del instrumen to de disposición a actuar contra la corrupción. El análisis confirmatorio muestra indicadores adecuados de bondad de ajuste (RMR = . 03; G FI = .97; A GFI = . 88; CFI = .97), con excepción de Chi2 = 14.35 (gl = 2, p= .001) y RMSEA = .14 (IC 90% = .08, .22). Todas las cargas factoriales resultan estadísticamente significativas (valores de CR entre 5.89 y 10.46, con valores de p < .001).

Los principales indicadores de los factores de los tres instrumentos se presentan en la tabla 1.

Tabla 1 Indicadores psicométricos y estadísticos descriptivos de los instrumentos justificación de la corrupción, disposición a actuar contra la corrupción y apoyo percibido para actuar contra la corrupción 

Para analizar los efectos de las creencias para justificar la corrupción y el apoyo percibido sobre la disposición a actuar contra la corrupción, se realizó un modelo de ecua ciones estructurales con la misma base de 286 casos utiliza da en los análisis factoriales confirmatorios. Los indicadores muestran problemas de bondad de ajuste del modelo (Chi2 = 26.19, gl = 4, p < .001; RMR = .07; GFI = .96; AGFI = .87; CFI = .90; RMSEA = .14 (IC 90% = .09, .19)). Como se observa en la figura 1, la justificación de la corrupción tiene un efecto negativo y significativo sobre la disposición a actuar contra la corrupción (CR = -4.12, p < .001), mientras que el apoyo percibido para actuar contra la corrupción tiene un efecto positivo y significativo (CR = 6.69, p < .001). En conjunto, ambas variables explican el 41% de la varianza de la dispo sición a actuar contra la corrupción.

Figura 1 Modelo para explicar la disposición a actuar contra la corrupción. Se observan efectos negativos de la justificación de la corrupción y positivos del apoyo percibido para actuar contra la corrupción, ambos estadísticamente significativos, que explican en conjunto el 41% de la varianza de la disposición a actuar contra la corrupción. Se muestran valores estandarizados. 

Las discrepancias del modelo muestran un efecto de re gresión adicional de la justificación de la corrupción hacia el apoyo percibido, que se incorpora en la figura 2 y mejora significativamente la bondad de ajuste (Chi2 = 13.22, gl = 3, p = .004; RMR = .02; GFI = .98; AGFI = .90; CFI = .95; RMSEA = .10 ( IC 9 0% = . 05, .17)). Se observa un efecto negativo y significativo de la justificación de la corrupción sobre el apoyo percibido contra la corrupción (CR= -3.44, p < .001), incrementándose también la varianza explicada de la dis posición a actuar contra la corrupción al 47%, resultado de un efecto indirecto de la justificación de la corrupción a través del apoyo percibido contra la corrupción (β= - .12) (Kline, 2016).

Figura 2 Modelo para explicar la disposición a actuar contra la corrupción. Se observan efectos negativos de la justificación de la corrupción y positivos del apoyo percibido para actuar contra la corrupción, ambos estadísticamente significativos, que explican en conjunto el 47% de la varianza de la disposición a actuar contra la corrupción. Se muestran valores estandarizados. 

Discusión

Sobre el enfoque correlacional y de encuesta en este estudio debe considerarse que los métodos experimentales proveen un alto control de explicaciones alternativas, pero una baja capacidad de generalizar esos resultados. En efec to, se pierde en la encuesta la capacidad de control, pero se gana en representatividad y en la capacidad de analizar más variables de interés.

Otra veta de investigación sería identificar perfiles con los menores niveles de justificación de la corrupción, imple mentando esfuerzos de intervención para incrementar su disposición a sancionar a quienes ejercen la corrupción. Sin embargo, debe considerarse que el castigo altruista no es el único mecanismo para mantener al margen a los deserto res. Grimalda, Pondorfer y Tracer (2016) muestran que, en sistemas que basan su cooperación en el prestigio y cuidan su imagen social para obtener la confianza de otros, el cas tigo altruista es más costoso y menos efectivo para promo ver la cooperación que su sistema de prestigio. Además, Li et al. (2018) muestran que incorporar el castigo altruista en un sistema que mantiene la cooperación mediante redes de reciprocidad reduce los beneficios colectivos obtenidos mediante esas redes. Existe entonces un riesgo de que una intervención sea exitosa en incrementar el castigo altruis ta, pero rompa al mismo tiempo otros equilibrios funda mentales del sistema.

Esta investigación se suma a otras que abordan la co rrupción desde la psicología en Latinoamérica (Julián & Bonavía, 2017), una región donde el 53% de los ciudada nos piensa que la corrupción se ha incrementado recien temente en su país, y el 73% piensa que la gente común sí puede hacer una diferencia para combatirla (Transparency International, 2019). Aunque el estudio de los procesos de la corrupción requiere mucho trabajo en la región, el avan ce en el estudio de procesos coadyuvantes como el castigo altruista es ya muy notable en la comunidad científica. Por ejemplo, la revisión de Krueger y Hoffman (2016) señala in cluso de las bases neurofisiológicas de tres procesos centra les en la toma de decisión del castigo altruista: la percep ción de la violación de la norma, la interpretación aversiva y la gravedad de la transgresión, y el cálculo de las posibles sanciones de acuerdo con la gravedad e intencionalidad de la transgresión, procesos que activan respectivamente la red de saliencia, la red de modo predeterminado y la red ejecutiva central. Retomar la precisión que ofrecen estos avances e incorporar el conocimiento del contexto histórico y social de la región resulta fundamental para desarrollar líneas de investigación y planes de acción fundamentados para un problema que merma significativamente nuestro desarrollo.

Conclusiones

Un primer aporte fue identificar las creencias para justi ficar la corrupción en la ciudadanía fuera de los ambientes organizacionales. Los dos factores encontrados representan una moral para un uso racional de la corrupción, entendida como una fuente de recursos para los individuos y sus círcu los cercanos donde todos pueden beneficiarse procurando no lastimar a otros y no enriquecerse, asumiendo que algu nas necesidades cotidianas solo se resuelven por esta vía. Las creencias de indefensión del segundo factor terminan cerrando la puerta a cualquier esfuerzo por combatir la co rrupción o abstenerse de ella. Al percibirse como imposible erradicarla, lo más racional es aprovecharla.

Un segundo aporte es el desarrollo de una medición de la disposición a actuar contra la corrupción, ofreciendo un instrumento viable para estudios que complementen los experimentos sobre castigo altruista. Se observa que solo 5 de cada 100 personas estarían totalmente dispuestas a sancionar a quienes son corruptos, una baja disposición si consideramos que los experimentos de Fischbacher et al. (2001) clasifican a un 50% de sus participantes como coope radores condicionales, dispuestos a sancionar a otros si los demás lo hacen. Sin embargo, Pedersen et al. (2018) mues tran que, en condiciones similares a la vida cotidiana, los participantes tuvieron una baja disposición a sancionar a quienes transgreden las normas y afectan a terceros. Estos resultados son congruentes también con el contexto histó rico social de México, un país con problemas crónicos de corrupción (Diego, 2017), donde esperaríamos una pequeña proporción de optimistas dispuestos a cooperar, mantenién dose rectos y sancionando la corrupción. Sin embargo, debe considerarse que una limitación de esta medición es que los reactivos de castigo altruista refieren a vías institucionales para sancionar estos hechos, dejando fuera sanciones di rectas contra el transgresor (e.g., reclamos, denuncia públi ca) que pueden incorporarse en estudios posteriores.

Un tercer aporte es la identificación del efecto positivo del apoyo percibido para combatir la corrupción sobre la disposición a actuar contra la corrupción, además de un efecto indirecto, en el que las creencias de justificación de la corrupción impactan negativamente la percepción de apoyo disminuyendo a su vez la disposición a actuar contra la corrupción. Una posible explicación alternativa a este resultado es que quienes están dispuestos a actuar contra la corrupción tengan redes sociales con posturas morales similares (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001), derivan do de un efecto de la congruencia entre los valores de al gunos individuos y los de su red social, todos dispuestos a combatir la corrupción y apoyarse mutuamente1.

Referencias

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1Financiación: Esta investigación no recibió financiamiento de ninguna institución pública o privada. No existe ningún conflicto de intereses por declarar.

Recibido: 20 de Mayo de 2020; Aprobado: 14 de Septiembre de 2020

*Autor de correspondencia: Christian Enrique Cruz Torres, email: christian.cruz@ugto.mx

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