INVESTIGACIONES

 

Archivos y desarrollo regional:
políticas para una nueva concepción territorial en Colombia*

 

Archives and regional development: policies for a new territorial conception in Colombia.

 

 

María Janneth álvarez álvarez**; Julio Alberto Parra Acosta***

** Bibliotecóloga y archivista; Magíster en docencia. Profesora del Programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. malvarez00@unisalle.edu.co

*** Bibliotecólogo y archivista; Magíster en docencia. Profesor del Programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. julioparra1@gmail.com

 

Artículo recibido: 14 de diciembre de 2010 / Aprobación definitiva: 14 de marzo de 2011

 

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Resumen

Se presentan los resultados de la investigación sobre las políticas públicas para los archivos, realizada con el objetivo de configurar mecanismos para el establecimiento de marcos normativos y de procedimiento que garanticen el acceso a la información contenida en los archivos y procurar su aprovechamiento, disposición y beneficio en favor de la participación ciudadana. La investigación, de carácter cualitativo y cuantitativo, utilizó la modalidad de encuesta, que aplicó a 402 individuos en cinco municipios de Cundinamarca y tres localidades de la ciudad de Bogotá, Colombia, que conforman la ciudad-región, y permitió identificar que los ciudadanos desconocen los mecanismos de información que ofrece el Estado; que no existen archivos en muchos lugares, a pesar de la ley que los reglamenta; y que es pobre el uso que hacen de ellos, aun conociendo su existencia. Se concluye que las ciudades-región no han sido lo suficientemente atendidas en sus necesidades de información, ni se ha hecho una buena divulgación de los mecanismos existentes para resolver esta problemática. Se presenta una propuesta de política pública para divulgar la información que contienen los archivos.

Palabras clave: archivos públicos; política archivística; legislación archivística; servicios archivísticos; ciudad-región; Región Bogotá-Cundinamarca, Colombia

Cómo citar este artículo: ÁLVAREZ ÁLVAREZ, María Janneth, y PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Archivos y desarrollo regional: políticas para una nueva concepción territorial en Colombia. Revista Interamericana de Bibliotecología. 2011, vol. 34, no. 1, p. 23-33

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Abstract

The article presents the results of the research on public policies for archives, done with the objective of configuring mechanisms for the establishment of normative and procedure frames that guarantee the access to the information in the archives and to seek its advantage, availability, and benefit in favor of citizen participation. The research, of qualitative and quantitative character, used the survey modality, applied to 402 individuals in five municipalities of Cundinamarca and three areas of the city of Bogotá, Colombia, which make up a city-region, and enabled to identify that citizens do not know the information mechanisms offered by the State; that in many places there are no archives, even though there is a law ruling over them; and that the use of these is very poor, even knowing about their existence. It concludes that the cities-regions have not been serviced in their information needs, nor there has been a good dissemination of the existing mechanisms to solve this issue. There is a public policy proposal to disseminate the information in the archives.

Keywords: public archives; archive policy; archive legislation; archive services; city-region; Colombia

How to cite this article: ÁLVAREZ ÁLVAREZ, María Janneth, and PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Archives and regional development: policies for a new territorial conception in Colombia. Revista Interamericana de Bibliotecología. 2011, vol. 34, no. 1, p. 23-33

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1. Introducción

El proyecto de investigación sobre ciudad región fue desarrollado por los profesores adscritos al Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, a partir de una iniciativa formulada al Centro Transdisciplinario de Alternatividad para el Desarrollo (CTAD), cuyo objeto fue el de explorar y revisar, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, la apuesta que pueda viabilizar la alternatividad del desarrollo para Bogotá-región a partir de la formulación de propuestas de política públicas de acceso a la información y archivos.

Esta intencionalidad se plasma en dos objetivos fundamentales:

• Realizar un análisis cualitativo de las necesidades de información en las comunidades objeto de estudio, los mecanismos de acceso a ella y su impacto en el conglomerado social.

• Establecer las relaciones entre las necesidades de información identificadas y el papel de la gestión archivística, de cara a la formulación de directrices que orienten la formulación de políticas públicas de archivo dentro del contexto de ciudad-región.

La apertura económica, la transformación geográfica, espacial e institucional, y las tendencias de los últimos veinte años han modificado los sistemas políticos, empresariales y sociales en todo el mundo. Colombia no ha sido ajena a esta situación, que ha inclinado el sistema institucional centralizado y rígido hacia uno más flexible y plural, dando lugar a nuevas políticas de ordenamiento territorial, normativo, político, étnico y cultural. Dicho proceso de descentralización puede originarse en una modalidad funcional, territorial o política, y en ocasiones viene en la combinación de algunas. (Boisier, 2004; Restrepo, 2004).

Estos acontecimientos han generado un alto volumen de información y datos que necesitan una presentación y profundización teórica-práctica, para contribuir al análisis, formación y propuestas de nuevas políticas públicas en Colombia, en los diferentes escenarios.

 

2. Desarrollo

Para analizar adecuadamente el proceso de desarrollo de políticas a partir del concepto de ciudad región, se consignan algunas definiciones que permiten la construcción de elementos que apoyen la propuesta de nuevas estrategias de políticas públicas para archivos, en consonancia con el desarrollo de los municipios anexos a la ciudad de Bogotá.

Una ciudad se define como un sistema complejo de interacción, donde el hombre es el principal componente en la medida en que es parte de ella. Desde la perspectiva de los asentamientos humanos, donde la vida en común y en aglomeración es característica esencial, es la ciudad un contacto, un regulador y dinamizador de un ambiente o hábitat, que tiene seres vivos que la caracterizan como ecosistema (Rodríguez y Arango, 2002) lo que indica que la ciudad está conformada por una comunidad de asentamiento permanente, que se ubica en un espacio social dentro del cual hay una organización propia para quienes participan y forman parte del colectivo (Castro, 2003). A partir de ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008) ha determinado que la ciudad es un fenómeno espacial, donde debido a la diversidad de los individuos, se crean condiciones de convivencia que privilegian los ámbitos cultural y político.

Bajo esta perspectiva, Boisier (2006) indica que la ciudad es la expresión máxima y cristalizada del territorio, pero no a partir de la definición geográfica, sino como un componente del Estado que incluye diversos actores y procesos que se desarrollan en tiempos y espacios determinados. El real desarrollo de una ciudad o ciudades es la estructuración asociada entre sus elementos con el territorio.

Ahora, los procesos de globalización han producido un cambio en el papel de las ciudades, que según la CEPAL (2002), es uno de los retos para evitar la desintegración de los territorios y las regiones, ya que unos y otras deberán garantizar un manejo adecuado de sus recursos y procesos.

La integración de elementos ha dado origen a una diversidad de criterios para definir el concepto de región desde diferentes puntos de vista, originando módulos comunes (la dimensión espacial, que se relaciona con la superficie de la tierra; la dimensión geográfica, con el espacio dotado de propiedades; dimensión sistemática, como un espacio individualizado y diferenciado respecto a su entorno; dimensión funcional, con una estructura central a partir de la cual se organiza; dimensión político administrativa, como una entidad territorial, administrativa y de planificación, que da origen a regiones competitivas, asociativas, pivotales y virtuales (Massiris Cabeza, 2000).

Lo anterior indica que la combinación de elementos, tanto físicos como humanos, define región como un espacio territorial donde se comparten valores, normas, formas y relaciones que generan procesos de identificación; un espacio concreto que es habitado por seres vivos en movimiento sobre una superficie que siempre ha existido (Boiser, 2006). Esto indica que, para trabajar con mayor precisión el concepto de región, es necesario asumir que a partir de un proceso organizado, planificado y coordinado, conjuntamente con el medio político, técnico y administrativo surge el ordenamiento territorial (Massiris Cabeza, 2000), que debe contribuir equitativamente con el desarrollo humano sostenible, armónico y social.

Según lo expresado por Fals Borda (1996), para entender el verdadero significado de ordenamiento territorial es necesario indicar que ''es un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e interés de la población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía del medio ambiente''.

En ese sentido, es indispensable mencionar que el reordenamiento territorial vincula directamente la noción de ciudad-región como una oportunidad de desarrollo humano que incluye en sus premisas aspectos relacionados con la accesibilidad, la movilidad vehicular y peatonal, los servicios públicos, las comunicaciones, la preservación del medio ambiente, acceso al suelo y a la vivienda y la preservación del medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008).

Uno de los proyectos que favoreció la función de construcción de esta ciudad-región fue la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (2001), cuyo objetivo era fortalecer los lazos de cooperación para promover el desarrollo económico y social de sus territorios, de tal manera que se facilitara la construcción de bases sólidas para la promoción de proyectos pertinentes para el ordenamiento territorial y la planificación regional.

Indudablemente, la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Regional Bogotá-Cundinamarca (Colombia. Departamento Nacional de Planeación, 2007), permitió el fortalecimiento del concepto de ciudad-región a partir de la identificación de necesidades específicas de estudios previos relacionados con las ventajas y desventajas competitivas frente al desarrollo de otras regiones con características similares en el país.

Así pues, el posicionamiento de la ciudad-región debe necesariamente incluir el contexto social a partir de proyectos del orden político, con lo cual se crea la necesidad de formar criterios de autoridad para administrar en forma coherente los sistemas urbanos y rurales, razones suficientes para aplicar una política integral que favorezca los intereses y procesos de construcción social.

De otra parte, la ciudad-región se origina por crecimiento poblacional y la expansión de las grandes metrópolis sobre las regiones alrededor y sobre las cuales tiene influencia, constituyéndose en un territorio, que puede denominarse como nodo, pues tiene la función articular, ser el epicentro de diferentes regiones y un puente de comunicación entre ellas, en busca de la construcción colectiva de territorio (Boisier, 2006).

Como se indicó anteriormente, los conceptos de ciudad, ordenamiento territorial y ciudad-región tienen coincidencias, y a partir de ellas se deben determinar políticas ambientales, de desarrollo regional, territorial, social, cultural, que contribuyan al progreso de un país.

Ahora bien, sabemos que el orden político es un elemento fundamental para la fijación de políticas. Siendo indispensable ahondar en la definición de qué es política, la cual se identifica desde tres perspectivas: la primera, pensando en el gobierno de las sociedades humanas. La segunda, como la actividad de organización y la lucha por el control del poder; y la tercera, como la designación de propósitos y programas de las autoridades públicas (Roth Deubel, 2007). Desde este último punto de vista se fija la política dentro de un Estado, teniendo en cuenta que se desarrolla para y a través de actores sociales, que son quienes las conciben, deciden e implementan.

Así, pues, política pública es entendida ''como las actuaciones de los gobiernos y de otras agencias del Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen, en desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas, caracterizadas porque constituyen flujos de decisión específica orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención.'' (Cuervo, 2007).

La política pública tiene dos dimensiones, una sustantiva y otra adjetiva; la primera hace referencia a la actuación del gobierno en sus distintos niveles y sectores sobre un tema determinado de la agenda pública, ejemplo de ella son las políticas de salud, educativas y ambientales. La segunda hace referencia a la manera como se enfoca el problema de la acción pública sobre la sociedad y la forma como se incorporan a la solución del problema los distintos actores (Cuervo, 2007).

Indudablemente, el Estado tiene a su disposición un catálogo de instrumentos de intervención que le permiten el análisis y diseño de políticas públicas, que se definen o modifican a partir de objetivos, medios y acciones para transformar parcial o totalmente una sociedad. (Roth Deubel, 2007). ''Políticas públicas'' significa básicamente la intervención específica del gobierno en un tema, que incluye la identificación de un problema, la inclusión en la agenda de trabajo y la toma de decisiones con las diferentes posibilidades de evaluación de la política según el caso (Cuervo, 2007).

Lo anterior determina que, a pesar del lineamiento de autonomía definido por la Constitución Política (Colombia. Constitución, 1991), aún no está determinado el ámbito de competencias de los niveles nacional, departamental y municipal, lo que es todo un reto porque hay políticas públicas que son formuladas por el gobierno nacional a través de sus ministerios, pero por directrices no se ciñen a todos los niveles y en algunos casos son de exclusiva participación y ejecución local. Una de las medidas adoptadas para lograr la participación igual, es la relacionada con la ley 617 de 2000, que establece la categorización de los municipios por condiciones definidas a partir de la población y los ingresos corrientes, que a su vez deja ver una desigualdad entre el gobierno central y las regiones (Cuervo, 2007).

Para el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 desde su preámbulo, establece que como ''Estado Social de Derecho'', Colombia, como autoridad, impone un orden jurídico, democrático y participativo que admite la coexistencia pluralista de distintos grupos, intereses y marcos ideológicos, aspecto que se define en la determinación de los derechos fundamentales, sociales, económicos y colectivos (Colombia. Constitución, 1991).

Por esta razón, es obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, lo que indica que constituye patrimonio cultural protegido por el Estado, ya que conforma identidad nacional, constituyéndose en inalienables, inembargables, imprescriptibles (Colombia. Constitución, 199, arts. 8 y 72):

(...) el conjunto de objetos arqueológicos, artesanales, el patrimonio urbano y arquitectónico, obras documentales y bibliográficas, las manifestaciones teatrales, el cine, el video, la fotografía, los museos y demás manifestaciones artísticas, así como el Archivo Histórico, la Biblioteca Nacional, el patrimonio cultural de las ciudades, las colecciones arqueológicas de los museos, los monumentos históricos y otros bienes como: Parques Naturales, cuencas hidrográficas, ríos, mares, petróleo, montañas, valles, minas (...)

De igual manera, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, con el fin de crear identidad nacional a partir de diversas manifestaciones, entre ellas la ciencia, el desarrollo, la investigación y la difusión (Colombia. Constitución, 199, art. 70). Así mismo es el encargado de planificar, manejar, aprovechar los recursos naturales garantizando su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución (Colombia. Constitución, 1991, art. 80). Para dar cumplimiento a estos artículos, está la educación como función social, que busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los valores y la cultura, como mecanismos esenciales para la persona y para el bien común (Colombia. Constitución, 1991, art. 67).

Ahora bien, para el cumplimiento de disposiciones universales, la UNESCO (2006) indica que ''los archivos son indispensables para ampliar el acceso a la información del público en general, por este motivo son fundamentales para la salvaguardia de la memoria cultural e intelectual''. ''De igual manera se constituyen en medios esenciales para la rendición de cuentas y, por ende, para el buen gobierno; forman el depósito de la memoria individual y colectiva; son indispensables para comprender el pasado de las sociedades y los individuos y proporcionan datos susceptibles de servir de guías para las orientaciones y acciones, tanto actuales como venideras''.

Colombia, a través del Ministerio de la Cultura¹, el Archivo General de la Nación² y la Ley 594 de 2000 (Colombia. Congreso, 2000), entregó los lineamientos básicos para salvaguardar el patrimonio documental de los archivos públicos, que se convirtió en la hoja de ruta para la toma de decisiones sobre la administración, preservación y conservación de la información en cualquier medio, físico o electrónico, que orientase el Plan Nacional de Desarrollo, y por tanto, los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los archivos que forman parte del Sistema Nacional de Archivos.

Desde esta perspectiva, los archivos públicos son ''definidos como un conjunto orgánico de documentos valiosos, producidos y recibidos por la persona jurídica pública o entidad pública, y que se rige por normas del Derecho Público, ayudando a construir una memoria equilibrada y completa del conjunto de la sociedad, como real patrimonio documental y archivístico'' (Mastropierro, 2008), totalmente acorde con el Consejo Internacional de Archivos, que considera que los archivos públicos son creados y recibidos por oficinas del gobierno en la conducción de los negocios públicos.

Por esta razón, los archivos llegan a ser la base de los gobiernos. Por la información que guardan, constituyen fuentes de información e instrumentos de los programas que garantizan el estado de derecho y los derechos humanos; contribuyen con la evidencia y la transparencia de las instituciones, ya que en ellos se conforma el patrimonio documental del país, como función determinada para el Archivo General de la Nación (Colombia. Congreso, 1989), cuando se establece la organización y coordinación de la función archivística en Colombia, para salvaguardar el patrimonio documental y ponerlo al servicio de la comunidad.

Partiendo de los anteriores planteamientos, la investigación comprendió los corredores de Suba-Chía, Fontibón- Facatativá, Mosquera, Kennedy, Soacha-Bosa y Funza-Fontibón, los cuales se constituyeron bajo el concepto de corredor, por sus características homogéneas y la influencia que tienen de Bogotá, así como también por las actividades de tipo comercial, industrial, cultural, de acceso y de asentamiento humano que se desarrollan allí y las han hecho puntos estratégicos de acceso a la ciudad capital.

 

3. Resultados

El estudio se efectuó en una encuesta a 402 ciudadanos de los corredores mencionados anteriormente y conformados por los municipios de Soacha, Chía, Funza, Mosquera, Facatativá, y por las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón (figura 1). Para abordar la teoría y analizar los datos obtenidos se utilizó la investigación cualitativa, necesaria para trabajar sobre realidades, que permitió ponderar datos y recabar información sobre las actividades y necesidades de la población objeto de estudio (Méndez álvarez, 2003).

 

 

• Población por género

Estuvo conformada por 213 hombres (53% de la población muestra) y 189 mujeres (47% de la población muestra). La población objeto fue determinada por un mayor dominio del género masculino, según los resultados (la localidad de Kennedy con el 13% y el municipio de Soacha con el 13%). (figura 2.)

 

 

• Nivel educativo

La información obtenida sobre el nivel educativo de los encuestados se distribuye en seis ítems: Postgrado, Pregrado, Tecnológico, Técnico, Secundaria, Primaria y Ninguno. El resultado indica que hay un predominio en el nivel educativo secundario (40%) de los encuestados, específicamente en el municipio de Soacha (55% ) y en la localidad de Bosa (54%), seguido del nivel primaria (33%), representado en el municipio de Facatativá (48%) y en la localidad de Suba (52%),. Estos datos representan un limitado acceso de la población a la educación en los niveles técnico, tecnológico, pregrado y posgrado, posiblemente por dificultades económicas, escasos cupos en los establecimientos públicos e inadecuada transferencia de recursos por parte del Gobierno central.

• Consulta de información (municipio o localidad)

Los datos obtenidos indican que 272 (66.3%) de los encuestados han solicitado, al menos en una ocasión, información en las entidades del orden público, mientras que 138 (33.7%) no lo han hecho nunca. Los municipios que registraron un mayor volumen de consulta fueron Facatativá (83%) y la localidad de Suba (76%); en cambio, el municipio de Soacha y la localidad de Bosa muy esporádicamente lo hacen.

• Solicitud de información en entidades públicas

La pregunta indagaba en cuál entidad o entidades del sector público había solicitado información. Se encontró la mayor proporción en las alcaldías, municipal o local (21.9%), en notarías (6,4%), bancos (4.5%) y la Registraduría del Estado Civil (4.2%). La localidad de Suba (76%) y el municipio de Mosquera (69%) son los que más información reclaman de las entidades.

• Tipo de información solicitada

Esta pregunta hacía referencia al tipo de documentos e información solicitada o tramitada. En la tabla 1 pueden observarse las proporciones.

 

 

Se encontró bastante desconocimiento acerca de los trámites que se pueden realizar en sus localidades o municipios (1,74%); dificultad para hacerlos debido a la distancia, la tramitología y los costos (1.49%). Los encuestados también arguyeron falta de tiempo y diferencia entre sus horarios laborales y los horarios de oficina de las entidades (2.23%).

• Solicitud de información

El acceso a los datos se hace principalmente en forma personal, en los horarios establecidos por las entidades públicas; la sigue el medio escrito, y por último, el Internet (ver figura 3).

 

 

• Solicitud de información en otro municipio o localidad

El 77.1% de los encuestados manifiesta no haber solicitado ningún tipo de información en otro sitio diferente al suyo habitual, frente al 22.1% que sí lo han hecho. La proporción en el volumen de la consulta según las entidades y el tipo de información solicitada puede apreciarse en las tablas 2 y 3, respectivamente.

 

 

• Adquisición de información sobre los programas o actividades del municipio o localidad

En la figura 4 se puede apreciar la proporción en que los medios sirven a la diseminación de la información. Al relacionar la pregunta sobre este aspecto con los corredores objeto de la investigación se puede determinar que en el municipio de Soacha, las localidades de Bosa (33%), Kennedy (24%) y Fontibón (21%), el mayor medio de difusión es la televisión, mientras que la transmisión por otras personas registra sus mayores índices en los municipios de Mosquera (38%) y Facatativá (35%).

 

 

Los datos indican que la comunicación verbal, persona a persona, sigue siendo un medio vivo al que lo sigue la televisión. En cuanto a las publicaciones en lugares públicos son, generalmente, carteles, publicidad o panfletos, llamativos por los sitios y lugares donde aparecen o son repartidos.

• Conocimiento de la existencia del archivo del municipio o localidad

La respuesta obtenida indica que el 92.2% de los encuestados no conocen la ubicación del archivo, frente a un 7.8% que sí la sabe. Ahora, a la pregunta de si ha realizado trámites o solicitudes en el archivo de su municipio o localidad, la respuesta del 95.9% es no, frente a la respuesta afirmativa del 4.1%.

 

4. Discusión

La economía y las dinámicas mundiales existentes durante los últimos veinte años han permitido la integración de los entornos urbanos con la región en la búsqueda y construcción de modelos de desarrollo, que han facilitado y encontrado puntos de articulación desde lo económico, lo social y lo cultural, perspectivas antes no consideradas.

La mayor cantidad de normas existentes en el país son de aplicabilidad en las ciudades capitales, siendo inalcanzables para los casos municipales y locales presentes en los resultados. Con estas configuraciones se establece que a pesar de las diferentes actividades y procesos el concepto de ciudad-región aún no esta fortalecido, razón por la cual el resultado de la investigación determina que se necesita con urgencia la construcción de políticas públicas que permitan la interacción de los procesos ya existentes.

Desde 1991, con la puesta en marcha de la nueva Constitución Política de Colombia, se desarrollaron lineamientos relacionados con la descentralización y la búsqueda de autonomía hacia una democracia más interactiva, con el fin de facilitar el progreso en temas interrelacionados con el avance territorial, social y cultural acorde con los objetivos y las agendas definidas por el gobierno y congruentes con las dinámicas internacionales.

De otra parte, las políticas públicas comprenden elementos teóricos relacionados con el territorio y con el análisis de las condiciones que se comparten a partir de las normas vigentes, los actores involucrados y el nivel geográfico, lo que implica que este papel se encuentra en conflicto dado que otro de los resultados de la investigación determina que no se identifica ni en el municipio, ni en la localidad, el área o espacio de la oficina o de la institución archivo, a pesar de la existencia de la Ley 594 de 2000, que reconfirma la creación de áreas exclusivas para la gestión de los archivos en los organismos de diferente nivel territorial (local, departamental, nacional).

Ahora con relación a los resultados que reflejan la situación de la conceptualización de ciudad-región, se puede indicar que existen diversas opiniones y apreciaciones de los autores y sus teorías con relación a la práctica, lo que origina que no exista la integración para el acceso a la información desde los archivos, y haya, en consecuencia, subutilización de la información, lo que implica que la planeación y definición de las políticas públicas puede tener diversas características dependiendo del fin o del objetivo que conlleven, algunas pueden ser regulativas, otras distributivas o institucionales, aspectos que para el caso de Bogotá se han visto reflejadas en las administraciones y en los planes de desarrollo, estructurados y definidos hacia prioridades vinculadas con la cultura ciudadana, la productividad, el medio ambiente, el espacio público, el desarrollo humano, la movilidad, la seguridad, el urbanismo, la educación y la justicia social. Significando que para que para que exista una integración local y regional es indispensable el fortalecimiento de los actores, de los niveles que manejan y administran la información, los representantes que interactúan con el gobierno central a partir de ejes estratégicos enfocados hacia la parte regional.

Indudablemente el Estado tiene como una de sus tareas fundamentales que sus regiones se desarrollen de acuerdo con políticas de estabilidad y crecimiento económico, de tal manera que exista una armonía entre la calidad e igualdad social, lo que se traduce en el análisis de resultados a partir de la transparencia y la rendición de cuentas (CEPAL, 2010), razón por la cual existe la necesidad urgente de entender la naturaleza y características de la política pública y de los procesos concernientes a la misma.

Ahora con el fin de construir el concepto de ciudad-región se deben desarrollar planes, programas y proyectos para el acceso a la información, su divulgación y la participación de los ciudadanos en ella.

• Propuesta de una política de archivo

A continuación se presenta una propuesta que pretende contribuir con la formación de políticas de archivos en los municipios y localidades que conforman ciudad-región.

Propuesta de política pública: difusión de la información que contienen los archivos.

Política pública sobre la difusión de información que contienen los archivos: La nueva política representa un cambio fundamental con respecto a la articulación nacional, local y municipal de la información, que debe poder darse a conocer a todos los ciudadanos en cualquier momento, desarrollada a través de estrategias de acceso, divulgación, medios, entre otros.

Programas: Para dar cumplimiento al plan de divulgación es necesario promover, desarrollar y fortalecer los mecanismos y medios de difusión, y de acceso a través de:

• La creación, divulgación y fortalecimiento de la información en páginas Web de las instituciones de carácter nacional, local o municipal

• El fortalecimiento de centros de información y documentación

• La creación de talleres públicos sobre medios y accesos a la información en centros de información y documentación en articulación con los organismos gubernamentales de los diferentes niveles del estado.

Proyecto: Presentación de herramientas de asesoría, orientación, formación y ejecución de los programas sobre productos y servicios que ofrecen las entidades de carácter nacional, local o municipal que sirvan al desarrollo y fortalecimiento de la divulgación a través de:

• Asesoría de expertos nacionales e internacionales en el uso de los recursos tecnológicos.

• Orientación a la adecuada difusión de información, en medio físico o virtual, tanto para la administración como para los ciudadanos.

• Montaje de talleres de sensibilización y divulgación, tanto de la información que guardan los archivos como de los resultados obtenidos, por medio de las tecnologías de información o de participación de los ciudadanos (por ejemplo, cabildos en los centros de documentación)

 

5. Conclusiones

La globalización y las nuevas disposiciones en los diferentes ámbitos mundiales representan oportunidades para el desarrollo de políticas públicas, en la medida en que inducen una preocupación constante por alcanzar el progreso y mejoramiento de las capacidades que los Estados ofrecen hacia sus ciudadanos.

Con los nuevos lineamientos de la Constitución Política de 1991, se establecieron reglas y roles, tanto para el Estado como para el Gobierno, con el fin de facilitar el desarrollo del territorio en diferentes aspectos (cultural, político, ambiental, social), que se relacionan con la búsqueda de una autonomía de las regiones respecto al gobierno central, encaminadas hacia una solución de las diversas problemáticas, razón por la cual la acción gubernamental deberá enunciarse en programas y medidas pertinentes.

Los municipios cercanos a Bogotá tienen fortalezas y riquezas en espacios ambientales, agrícolas, turísticos y culturales que constituyen oportunidades para ofrecer servicios estratégicos que faciliten el acceso, organización y desarrollo de la información. Así, sería benéfico un cambio en la orientación de las políticas públicas que tuviera como fin fortalecer el conocimiento de los archivos como instituciones que forman parte de la cotidianidad y del patrimonio cultural de cada región.

Las actividades que tienen lugar en los municipios objeto del estudio y en otros cercanos están demostrando los efectos positivos de la implementación de adecuadas políticas en diferentes campos, que contribuyen a la divulgación de conocimientos sobre el comercio, la economía y el desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008). Se analiza, se identifican problemas y objetivos, y se hacen planteamientos tratando de dar con la solución apropiada, en un intercambio entre los ciudadanos y la administración, en este caso, por medio de los archivos.

La implementación de proyectos regionales de cualquier índole que desarrolle Bogotá, como Distrito Capital, debe permitir la asociación de los municipios aledaños, con lo cual se garantizan las inversiones tanto económicas como fiscales, que posteriormente constituirán herramientas de control y evaluación de sus actores.

Indudablemente la sociedad de la información necesita adoptar estrategias que estandaricen y controlen los contenidos de información en los sitios web de las instituciones y oficinas de archivo, para que sean compatibles con las nuevas políticas que en ese sentido y bajo el lema de ''Gobierno en Línea'' se están implementando con el liderazgo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación³.

La falta de políticas de información, de acceso, de rigurosidad, de organización de los documentos y archivos de las entidades públicas, constituye una de las causas de la corrupción en la administración pública. Las instituciones deberán garantizar que sus procesos de innovación faciliten la información, a partir de la documentación, en cualquier soporte, presente o futuro, y que ésta sea objeto de consulta, protección y preservación en los archivos.

En el caso de Bogotá y Cundinamarca, las entidades públicas y privadas están reconociendo la importancia de la integración a partir de estrategias surgidas del Consejo Regional de Competitividad (CRC)⁴, con lo cual se ha creado una red de organizaciones que trabajan en diversos sectores. Los datos y la información deberán compartirse para conocer estrategias, sinergias que vayan en concordancia con las políticas de los entes rectores de las políticas archivísticas.

 

Referencias bibliográficas

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NOTAS

* Artículo de investigación derivado del proyecto concluido Ciudad-región: construcción regional y alternatividad del desarrollo para Bogotá y los municipios de influencia, auspiciado por el Centro Transdisciplinario para la Alternatividad de Desarrollo CTAD de la Universidad de La Salle.

1 http://www.mincultura.gov.co

2 http://www.archivogeneral.gov.co

3 http://www.mintic.gov.co/

4 http://www.bogotacundinamarcacompite.org.co/portal/default.aspx