Luis Carlos Toro Tamayo^*

* Director/Editor Medellín, agosto de 2015

Hablar sobre acceso a la información y derechos humanos implica asumir una serie de consideraciones éticas y también tomar algunas decisiones políticas que buscan encontrar respuestas a las necesidades sociales. Esto nos hace pensar que las instituciones que guardan información deberían comenzar a definir acciones que les permita a los ciudadanos acercarse a los documentos, instalando con ello una práctica social donde el libre acceso sea un derecho aplicado y no una norma tácita.

Sabemos que hace falta una pedagogía social en la que las personas comprendan el valor del documento en la construcción de ciudadanías. Para esto es necesario emprender estrategias de enseñanza acerca del valor del archivo y de los procedimientos que se deben tener para conservarlo. Dicha acción se constituiría, sin duda, en una vía de acceso a un conocimiento que por años estuvo oculto y que hoy busca develarse como prueba de verdad.

Las personas que estamos a cargo de encontrar, organizar y custodiar los documentos hacemos una tarea inicial de sensibilización en el tema de los archivos, con el ánimo de mostrar los caminos posibles que las personas tienen para resolver las inquietudes sobre un hecho que lo comprometa y que quieran aclarar. Esta labor nos ha llevado a crear métodos de sistematización, a construir lenguajes y a definir estrategias que faculten a los ciudadanos en la comprensión de los contextos y las lógicas en las que ha sido producida la documentación, avanzando así en la construcción de una cultura política que reivindique la labor de los científicos en archivística e inicie el proceso de defensa de los derechos humanos.