http://dx.doi.org/10.15446/rcs.v38n1.53263

Artículo de revisión.

Procesos violentos de formación del Estado en los inicios del Frente Nacional en el Tolima, Colombia^*

The violent process of State formation during the beginnings of the National Front in Tolima, Colombia

Processos violentos de formação do Estado durante o início da Frente Nacional no Tolima, Colômbia

Lukas Rehm^**
Universidad de Bielefeld, Bielefeld, Alemania

^* Este artículo es el resultado de la investigación Discursos sobre la violencia, discursos de la violencia. La guerra civil en el Tolima, 1946-1964, financiada por la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Los resultados de la investigación fueron presentados en el Centre for Area Studies (Leipzig, Alemania), la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (Bogotá, Colombia). El autor agradece a los evaluadores anónimos sus valiosos consejos para este artículo, así como a Luisa Ellermeier por la corrección de estilo y ortográfica del texto.
^** Licenciado en Historia Ibérica y Latinoamericana y en Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de Bielefeld y de la Universidad de Alcalá de Henares. Magíster en Historia de la Universidad de Bielefeld e investigador asociado de la FLACSO, Guatemala. Doctor en Historia de la Universidad de Bielefeld. Correo electrónico: lukas.rehm@uni-bielefeld.de.

Cómo citar este artículo: Rehm, L. (2015). Procesos violentos de formación del Estado en los inicios del Frente Nacional en el Tolima, Colombia. Revista Colombiana de Sociología, 38(1), 39-62.

Este trabajo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0.

Recibido: 29 de octubre del 2014. Aprobado: 18 de marzo del 2015.

Resumen

La antropología del Estado, mediante los conceptos de los subaltern y de los postcolonial studies, considera al Estado desde una perspectiva constructivista y performativa. Se distancia de la idea de que el Estado-nación occidental es el ejemplo universal que cualquier sociedad humana debe imitar. Por ello, los antropólogos del Estado no lo examinan como objeto prefigurado o predefinido, sino que analizan el continuo proceso de su formación. La delimitación entre el Estado y la sociedad civil es uno de los aspectos más importantes de la formación del primero. La constitución de un Estado legítimo frente a determinada sociedad civil puede llevarse a cabo de manera pacífica, a través de elecciones, consultas populares, debates parlamentarios o de las reivindicaciones de los movimientos sociales, si son tomadas en cuenta por el Gobierno. Sin embargo, Holden (2004) advierte que los procesos de formación muchas veces son violentos e implican el uso de la violencia física por parte de los grupos paraestatales, como los define Waldmann (1991), y de los actores antiestatales, en el campo de la fuerza y del poder estatal que Holden conceptualiza. Retomando los conceptos de la antropología del Estado, el artículo analiza procesos violentos de formación del Estado durante los primeros gobiernos del Frente Nacional en el departamento del Tolima, Colombia.

Con base en fuentes escritas de diferentes archivos, tales como periódicos, expedientes judiciales y memorandos del Gobierno, el artículo investiga las luchas armadas en contra de la oposición política de izquierda en el Tolima y las zonas fronterizas. Se demuestra que los gobiernos liberales y conservadores —a pesar de sus intentos de pacificar el país y de tener un carácter democrático de manera formal— no renunciaron a los grupos irregulares, con el fin de que el Estado existiera en sus márgenes. Al recurrir, tanto directa como indirectamente, a grupos de exguerrilleros liberales para defender el sistema político de la época, los procesos violentos de formación del Estado se perpetuaron hasta el presente.

Palabras clave: Formación violenta del Estado, grupos paraestatales, guerra civil, orígenes de las guerrillas comunistas, violencia política.

Abstract

The anthropology of the State, using the concepts of the subaltern and postcolonial studies, understands the State from a constructivist and performative perspective. It moves away from the idea that the Western Nation-State is a universal example that other human societies should emulate. Thus, anthropologists of the State do not examine it as a prefigured or predefined object; instead, they analyze the continual process of its formation. The delimitation between the State and civil society is one of the most important aspects of the formation of the former. The constitution of a legitimate State with respect to a particular civil society may occur in a peaceful manner through elections, popular consultation, and parliamentary debates or through the demands of social movements, if they are taken into account by the government. However, the processes of State formation are often violent and involve the use of physical violence on the part of para-state groups, and anti-state actors in the area of State force and power. Using the concepts of the anthropology of the State, this article analyzes the violent processes of State formation during the first governments of the National Front in the department of Tolima, Colombia.

Based on written sources from various archives, in addition to periodicals, court records, and memoranda of the Government, the article investigates the armed struggles against the political opposition of the left in Tolima and border zones. It shows that liberal and conservative governments —in spite of their intent to pacify the country and formally maintain a democratic character— did not renounce irregular groups, with the goal of causing the State to "exist" at its margins. In both directly and indirectly making use of groups of liberal ex-guerrillas to defend the political system of the period, the violent processes of formation of the State were perpetuated into the present.

Keywords: Formation of the State, para-state groups, civil war, origins of communist guerrillas, political violence.

Resumo

A antropologia do Estado, mediante os conceitos dos subaltern e dos postcolonial studies, considera o Estado sob uma perspectiva construtivista e performativa. Distancia-se da ideia de que o Estado-Nação ocidental é o exemplo universal que qualquer sociedade humana deve emular. Por isso, os antropólogos do Estado não o examinam como objetivo prefigurado ou predefinido, mas sim analisam o contínuo processo de sua formação. A delimitação entre o Estado e a sociedade civil é um dos aspectos mais importantes da formação do primeiro. A constituição de um Estado legítimo ante determinada sociedade civil pode ser realizada de maneira pacífica por meio de eleições, consultas populares, debates parlamentares ou das reinvindicações dos movimentos sociais, se forem consideradas pelo governo. Contudo, Holden (2004) adverte que os processos de formação do Estado muitas vezes são violentos e implicam o uso da violência física por parte dos grupos paraestatais, como os define Waldmann (1991), e dos atores antiestatais, no campo da força e do poder estatal que Holden conceitua. Retomando os conceitos da antropologia do Estado, este artigo analisa processos violentos de formação do Estado durante os primeiros governos da Frente Nacional no estado do Tolima, Colômbia.

Com base em fontes escritas de diferentes arquivos, como jornais, processos judiciais e memorandos do Governo, este artigo pesquisa sobre as lutas armadas contra a oposição política de esquerda no Tolima e nas zonas fronteiriças. Demonstra-se que os governos liberais e conservadores —apesar de suas tentativas de pacificar o país e de ter formalmente um caráter democrático— não renunciaram os grupos irregulares, como o objetivo de fazer "existir" o Estado em suas margens. Ao recorrer, tanto direta quanto indiretamente, a grupos ex-guerrilheiros liberais para defender o sistema político da época, perpetuaram-se os processos violentos de formação do Estado até o presente.

Palavras-chave: Formação violenta do Estado, grupos paraestatais, guerra civil, origem das guerrilhas comunistas, violência política.

Introducción

La Violencia, que a mediados del siglo XX devastó grandes partes del territorio y de la sociedad colombiana, estaba íntimamente relacionada con el Estado; no parece posible un análisis de las luchas armadas sin hacer referencia, de una u otra manera, a este. Los científicos dedicados al estudio del conflicto armado han constatado lo anterior una y otra vez. Según Carlos Ortiz Sarmiento, la formación de las guerrillas liberales, que desde finales de los años cuarenta se oponían a los gobiernos conservadores, se derivó de que el Estado dejó de tratar a los ciudadanos como iguales (1985, p. 212). Respecto al alto grado de politización del aparato estatal, Daniel Pécaut confirma que el concepto de la ciudadanía —que incluye a todos los integrantes del cuerpo social independientemente de sus convicciones políticas— se reducía cada vez más a la afiliación al Partido Conservador (2001, p. 285). Para el sociólogo francés, el Estado colombiano de la época tenía fuertes rasgos de precariedad (Pécaut, 2001, pp. 584, 646).

Para otros expertos del periodo de La Violencia, no solo la precariedad del Estado era la causa de las luchas, sino su inexistencia en ciertas regiones del territorio nacional (Betancourt, 1990, p. 62 y SS.; Betancourt y García, 1990, pp. 67, 124). Probablemente fue Paul Oquist quien describió de la forma más inequívoca la estrecha relación entre La Violencia de mediados del siglo XX y el Estado. Según el autor, el conflicto armado se encuentra asociado con el colapso del último bajo las arduas luchas entre los seguidores de los dirigentes políticos (Oquist, 1978, pp. 183, 277). Desde este punto de vista, el Estado era escenario y actor de las luchas armadas, pero también era el objeto por el cual luchaban los partidos políticos (Atehortúa y Vélez, 1994, p. 186; Pécaut, 2001, p. 531). De ahí que los científicos también lo han interpretado como la finalidad de las luchas, como botín de las luchas políticas, armadas o pacíficas (Acevedo, 1995, p. 114), lo que implica conceptualizarlo como un objeto claramente definido y fijado, casi invariable en el transcurso histórico, como un objeto que puede ser ganado o perdido. No obstante, esta línea de pensamiento desconoce una disciplina, la antropología del Estado que subraya que este no es un objeto que permenezca invariable en el transcurso del tiempo y que sea independiente del espacio. Por el contrario, esta disciplina pone de relieve que el Estado, por muy bien definido que parezca en un momento dado, varía y es el resultado de negociaciones sociopolíticas y hasta de luchas armadas entre las diferentes facciones políticas.

En el presente artículo se muestra que las luchas armadas entre el ejército colombiano, los grupos paraestatales y los grupos armados opositores, durante los primeros años del Frente Nacional, no se debían solamente a los rescoldos violentos del conflicto anterior: no eran solamente los intentos de erradicar a los combatientes que seguían atados a los principios de visión y división que los habían llevado a la guerra (Rehm, 2014a). No se trataba tampoco de una lucha contra antiguos combatientes, que cada vez más se dedicaban a las actividades exclusivamente criminales, tal como muchos testigos de la época aún sostienen (Prado, 2009). El detenido análisis de las luchas armadas durante el periodo llamado La Violencia Tardía muestra que estas formaban parte de los intentos del Gobierno por imponerse a la oposición política, que luchaba por un sistema político-social diferente. Recurriendo a los combatientes paraestatales, el Estado hacía presencia en sus márgenes. Precisamente, en el artículo se muestra que la finalidad de la ya conocida y estrecha colaboración de los representantes de los partidos tradicionales con excombatientes no se reducía a proteger las influencias políticas de unos cuantos individuos, ni se limitaba a garantizar elecciones favorables a políticos individuales (Sánchez y Meertens, 1987). Más bien, durante el Frente Nacional, que reclamaba ser un régimen auténticamente democrático y ser la única solución para terminar el conflicto armado (Lleras, 1960), se recurría a grupos armados irregulares para construir el Estado de manera violenta. Ciertas facciones de la clase política no supieron renunciar a los grupos armados leales al Gobierno, para hacerse valer contra los enemigos del sistema político. Se muestra que, por ello, la Violencia Tardía no debe ser considerada una mera secuela de las anteriores luchas (Sánchez y Meertens, 2001, p. 21 y SS.) —como lo podría sugerir la denominación—, sino que es una fase clave de la construcción violenta del Estado colombiano durante el siglo XX, cuyas consecuencias se extienden hasta el presente.

Después de una introducción teórica de las principales tesis de la antropología del Estado, que conceptualizan al Estado de una manera innovadora, se analiza la construcción violenta del Estado colombiano en los inicios del Frente Nacional, con especial interés en el caso del departamento del Tolima. Para tal efecto, se abordan fuentes recopiladas en los años 2009 y 2010 procedentes de archivos nacionales, como diversos memorándum gubernamentales y ministeriales, así como solicitudes de ciudadanos tolimenses a las autoridades políticas nacionales y regionales. Además, la investigación se basa en fuentes de archivos regionales que hasta ahora no se han tenido en cuenta para el estudio de La Violencia. Otro tipo de fuente es la prensa nacional, regional y local. El análisis de las publicaciones periodísticas demuestra que la censura fue menos rígida en la prensa regional y local. Su análisis es sumamente fructífero, ya que informa sobre relaciones de poder y sobre los desarrollos y procesos regionales que no se mencionan en la prensa capitalina. Los periódicos nacionales, en cambio, informan sobre los acontecimientos que afectan al país en general y que, por supuesto, influyen sobre los desarrollos en la región analizada.

Aunque la estructura del artículo, grosso modo, es lineal, las diferentes fuentes no se ordenan solamente según el tiempo, sino también según el contenido y el enunciado del texto, así como según la subregión del departamento del Tolima que tratan. De esta manera, se identifican ciertas regiones del departamento, el sur y el oriente, específicamente, como márgenes del Estado. Con este procedimiento, según los conceptos de la historia regional (Briesen y Hess, 1993), se construyen panoramas históricos muy completos sobre los procesos violentos de formación del Estado. Como se investiga en un espacio delimitado, se obtiene una alta densidad informativa y se obtienen resultados cuyo valor histórico-informativo va más allá de los límites de la región estudiada.

Tolima fue una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado durante los años cincuenta: fue el escenario principal del bandolerismo de La Violencia Tardía y donde nacieron las guerrillas comunistas que más tarde formarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dada la presencia de las diferentes alas del Partido Conservador, de diversos grupos liberales y de combatientes comunistas, que se oponían de manera fundamental al sistema político de la época, y dadas las duras luchas entre estos por la configuración del sistema político y social, el Tolima puede ser considerado un margen del Estado, a pesar de su ubicación geográfica central.

Después de esbozar las condiciones en las cuales se encontraba el Estado a inicios del gobierno liberal-conservador y retomando las ideas antropológicas del Estado, se profundizará en las funciones que tenían los combatientes irregulares con respecto a la construcción del Estado. En la siguiente sección, se muestra que el Estado colombiano —a pesar de la colaboración que le prestaban las fuerzas paraestatales— no había perdido la iniciativa, sino que procedía activamente y a mano armada contra los enemigos del sistema político de la época. El artículo concluye subrayando la importancia de los desarrollos de la violencia política de los años investigados, a lo largo del siglo XX en el país sudamericano.

Perspectivas antropológicas sobre el Estado

En los últimos años, la antropología del Estado ha endurecido las críticas que ya habían sido formuladas en los años setenta sobre el estudio del Estado (Abrams, 1988). Por muy diversos y variados que sean los planteamientos en sus detalles, comparten un punto de vista crítico acerca de su estudio: todos se oponen a la reificación del Estado que hace de este un actor autónomo y autoreferencial (Das y Poole, 2004). Esta manera de conceptualizar el Estado ha llevado consigo una percepción de realidades sociales y políticas, en la cual el Estado existe por un lado y la sociedad civil por el otro, como dos entidades bien demarcadas. No cabe ninguna duda de que en la realidad exista el Estado y que se distinga de los sectores civiles (Abrams, 1988, p. 75). Sin embargo, teóricos como Aradhana Sharma y Akhil Gupta se niegan a asumir la idea de que este sea una necesidad histórica inevitable y de que el Estado-nación occidental deba ser el resultado necesario del desarrollo de los grupos sociales (2006, p. 9). Los antropólogos del Estado abogan por analizar cómo este se construye, cómo se desarrolla y cómo se vuelve un actor independiente, autónomo en el campo político, distinto de la sociedad civil, que puede exigir lealdad tanto de los gobernantes como de los gobernados; abogan, así, por analizar cómo se construye la delimitación entre el Estado y la sociedad civil (Asad, 2004, p. 281).

En esta conceptualización constructivista y performativa, los teóricos mencionados se enfocan en los llamados márgenes del Estado. Estos son los lugares donde la estatalidad se pone en tela de juicio, donde tanto las normas sociales y políticas como las pretensiones de dirigencia y soberanía se cuestionan, se deconstruyen y se reconstruyen. Los márgenes del Estado de ninguna manera deben ser considerados únicamente desde el punto de vista geográfico, es decir, no solo se refieren a las regiones fronterizas del territorio nacional donde se cuestiona al Estado. Es importante señalar que tampoco son receptores pasivos de lo estatal proveniente del centro, sino que participan de manera activa en su formación (Das y Poole, 2004, p. 3 y SS., 27). El proceso de formación del Estado no es de carácter vertical (top down), sino que muchas veces es el resultado de intensas negociaciones a nivel local (Davis, 2003, p. 29).

Robert Holden, quien investigó los procesos de formación del Estado en Centroamérica, propone el concepto de field of state power (2004). En este campo, la configuración del Estado se produce violentamente. Es en los márgenes donde muchas veces la lucha por la dirigencia y la organización de la sociedad se lleva a cabo de manera armada. Allí actúan diferentes grupos armados, como los grupos paraestatales, las fuerzas armadas regulares y los grupos antiestatales (Waldmann, 1991). Diferentes grupos luchan por la configuración del Estado, por su influencia sobre la delimitación entre este y la sociedad civil. El campo que define Holden se caracteriza por fronteras fluidas e históricamente variables. Los actores estatales, tales como la policía y las fuerzas armadas, dominan el campo de la fuerza y del poder estatal, pero de ninguna manera lo monopolizan (Holden, 2004, p. 11), sino que recurren a menudo a los grupos paraestatales para dominar a los grupos armados de oposición (Davis, 2003, p. 18).

La situación del Estado a finales de los años cincuenta

Cuando el Frente Nacional reemplazó a la Junta Militar, que había dirigido la transición del régimen militar a los gobiernos civiles, este se encontraba en ciertas regiones ante una fuerte oposición política. El gobierno liberal-conservador enfrentaba serios problemas respecto a la imposición de la soberanía que reclamaba. En efecto, durante las luchas políticas armadas anteriores, el Estado y las Fuerzas Armadas habían perdido el control sobre amplias extensiones del territorio nacional, sobre el cual ya antes de La Violencia habían ejercido solamente un dominio limitado. Durante el conflicto armado, los diferentes gobiernos habían recurrido a las fuerzas irregulares para imponer la autoridad estatal a los guerrilleros de corte liberal y comunista, porque muchas veces en términos militares estos eran más fuertes (Roldán, 2002; Sánchez, 1984, p. 238 y SS.) y cuestionaban al Estado colombiano.

Dichos grupos armados de diferentes colores políticos habían ganado mucha influencia y poder, cuando el Estado no estaba presente en ciertas partes de Colombia para cumplir con sus obligaciones, como la de proteger los derechos de los ciudadanos o hacer respetar las leyes. La ausencia del Estado, condición del significativo aumento de poder de los grupos irregulares, se ve ilustrado en casos como el de Virgilio Ocampo, un campesino tolimense contra quien se estaban adelantando investigaciones por la supuesta colaboración con la cuadrilla del temido Jacinto Cruz zona rural donde actuaban diversos grupos de bandoleros. Afirmó que

[...] los que vivimos en esa región [el municipio de Roncesvalles]
somos héroes, especialmente por las noches, vivir en esos campos sin
ninguna protección del Estado y sin medios de ninguna naturaleza
para dar la correspondencia y voz de alarma y comunicarselo [sic]
a las autoridades. (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.º 4072,
estante 2, balda 2, caja 8, legajo 2, folio 133)¹

Virgilio Ocampo contó que cualquier persona que fuera agredida se demoraba más de tres horas hasta el cuartel de policía más cercano. La sensación de tener que vivir sin la protección del Estado llevaba a que se mantuvieran en armas los grupos que antes habían luchado contra los gobiernos conservadores y contra el régimen militar. Brindando servicios a la población que correspondían al Estado, los grupos liberales y comunistas lo habían sustituido en ciertas regiones. En estos márgenes del Estado, aprobaban reglas para la convivencia social, defendían el orden social, político y económico y aseguraban cierta tranquilidad en determinadas áreas.

El hecho de que los ciudadanos en estas comarcas hubiesen perdido la confianza en el Estado estaba ligado de cerca a la guerra civil. Históricamente, en las zonas rurales, la presencia del Estado era apenas rudimentaria. Solamente durante las décadas anteriores, durante la República Liberal, había aumentado la confianza de la ciudadanía en la idea de que este se hiciera presente, en que garantizara los derechos de los ciudadanos y en que se preocupara por las necesidades de los sectores humildes (Pécaut, 2001, p. 544; Bushnell, 1993, p. 189 y SS.). Sin embargo, esta endeble confianza se había ido perdiendo durante las luchas armadas en los años anteriores, en consecuencia, disminuía la disposición de los ciudadanos a aceptar a los representantes del Estado que pretendían regular las relaciones sociales. La pérdida de confianza se explicaba por múltiples razones, pero se ilustra de manera ejemplar en la falta de funcionamiento de la justicia. La justicia es uno de los espacios más importantes donde se acercan el Estado abstracto y la sociedad civil, es decir, donde este se materializa, prohíbe, permite, castiga y organiza, donde, por lo tanto, surge la desconfianza o resistencia a sus pretensiones de dirigencia (Das y Poole, 2004, p. 22)².

De manera representativa, el juez del Juzgado Tercero Superior subrayó la falta de funcionamiento de la justicia. Les certificó a los funcionarios que en 1953 habían adelantado las investigaciones por asesinato, en el municipio de Rovira, que no tenían "ningún interés por el cumplimiento de su deber" (Juzgado Tercero Superior, sumario n.º 384, estante 1.3, balda 4, caja 111, legajo 6). Incluso una década después, en 1964, otro juez seguía criticando a los funcionarios judiciales. Estos investigaban el delito de asociación para delinquir, por lo que el juez los culpó de "una ignorancia total del procedimiento penal, y un proceder totalmente equivocado del que para estos casos trae la norma penal adjetiva" (Juzgado 23 de Instrucción Criminal, sumario n.º 2209, folio 58). A inicios de los años sesenta, el abogado Pedro Antonio Durán Solano incluso culpaba a las autoridades políticas de ser responsables de la masacre de la cual se acusaba a su mandante: "el primero o segundo responsable, es el propio Gobierno que permaneció mudo y sordo ante la exigencia de la ciudadanía", para que se incrementasen las fuerzas de seguridad en la región (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.º 7533, estante 1,3, balda 3, caja 105, legajo 2, folio 349).

Ejemplos de este tipo, que abarcan todo el periodo de La Violencia, muestran la pasividad y la falta de acción de las autoridades políticas y de los tribunales y, por lo tanto, la falta de confianza en el Estado. Otto Morales Benítez, destacado dirigente político y miembro de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de La Violencia, subraya además que la instrumentalización política de la justicia durante La Violencia contribuía a dicha desconfianza (O. Morales Benítez, comunicación personal, 12 de julio de 2010). El capitán Antonio José Almansa, alcalde militar de Chaparral, constató que debido al mal funcionamiento de la justicia a comienzos del Frente Nacional, el sur tolimense era una de las regiones "donde impera la venganza como medio de hacer justicia por su propia cuenta" (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.º 1338, estante 1,3, balda 3, caja 106, legajo 2, folio 13v).

El papel de los grupos armados irregulares leales al Gobierno en el proceso de formación del Estado

Debido a la presencia precaria del Estado y a la falta de confianza en este, en muchas regiones del país el Frente Nacional recurrió tácita o explícitamente a los grupos armados paraestatales. Solo haciendo uso de los combatientes leales al Gobierno, este se hizo valer frente a la oposición política armada³. El Tolima era un departamento que había conservado mayorías liberales, a pesar de las luchas armadas anteriores. Por ello, los dirigentes políticos empleaban sobre todo a exguerrilleros liberales que permanecían leales al sector oficialista del Partido Liberal, y que no luchaban contra la coalición con los conservadores para mantener el orden público en las zonas rurales consideradas como márgenes del Estado. En estos, el Estado se hizo presente de manera violenta, a través de grupos irregulares paraestatales.

A finales de los años cincuenta, los dirigentes guerrilleros liberales se repartían el sur del Tolima en zonas de influencia: Leopoldo García, alias Peligro, y Hermógenes Vargas, alias Vencedor, controlaban el municipio de Rioblanco; Silvestre Bermúdez, alias Mediavida, la región de Prado; Efraín Valencia era la autoridad de hecho en Chapararral, mientras José María Oviedo, alias Mariachi, imperaba sobre Planadas (El Tiempo, 1960, 3 de enero). Según Bermúdez, así facilitaban los programas de la rehabilitación, a través de los cuales el gobierno de Carlos Lleras Camargo perseguía la pacificación del país (El Tiempo, 1960, 8 de enero).

Debido a la ausencia de autoridades políticas y militares neutrales que sirvieran como árbitros imparciales, muchas personas seguían armadas para defenderse en caso de que las diferencias políticas se tradujeran en nuevas luchas sangrientas. Por lo tanto, fue la sumamente lenta desmovilización de los combatientes, lo que contribuyó a que la escena política en esta región fuera bastante confusa e inestable: en Casa Verde, a pocos kilómetros de Planadas, donde mandaba Mariachi, Marcos Olivera dirigía un grupo de conservadores armados, mientras que en el municipio de Natagaima, Teodoro Tacumá había organizado a los conservadores para luchar contra los "cachiporros" y comunistas (Guzmán, 1968, pp. 224, 292). En Gaitania y Marquetalia, por el contrario, estaban ubicados los grupos comunistas dirigidos por Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y Jacobo Prías Alape, alias Charronegro (Medina, 1986, p. 258).

En la medida en que el mantenimiento del orden público fuera otorgado a los grupos paraestatales, estos experimentaban un aumento de poder. En efecto, en algunas regiones del país ya constituían la autoridad de hecho, por ejemplo, en enero de 1960, en Chaparral, un grupo comandado por Pedro Romero detuvo a Miguel Alape; pese a no tratarse de oficiales aparentemente, la hermana de Alape les concedió cierta legitimidad. Cuando supo que habían actuado bajo órdenes de los exdirigentes guerrilleros liberales Hermógenes Vargas y Zoilo Oviedo, alias Brillante, dejó de oponerse a la detención de su hermano, como si la orden de ellos fuera suficiente para justificar la detención. Días después, seguía sin noticias sobre el paradero de Alape, sin embargo, no contactó ni a la Policía Nacional ni a las autoridades políticas de la región, sino que se puso en contacto con el propio Vargas para saber más sobre su hermano (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.° 1338 contra Aldemar Viuche Fajardo et al., folio 46).

Los grupos irregulares como garantes del orden público

En los territorios que controlaban, en los que eran la autoridad de hecho, los grupos paraestatales liberales organizaban a la sociedad local y formulaban leyes y códigos propios. Los dirigentes de estos grupos armados rechazaban las acusaciones de gobernar en "sus" territorios de manera arbitraria, pues argumentaban que las leyes que ellos habían redactado estaban vigentes, como la "Ley de Palmichal", que regía en el municipio de Prado, según Mediavida. No se ha podido averiguar cuáles exactamente eran sus contenidos, pero, desde el punto de vista de Mediavida, dicha ley tenía carácter ejemplar para todo el país (El Tiempo, 1960, 8 de enero).

Para colaborar con el Gobierno, los exdirigentes guerrilleros procedían contra los grupos criminales. Tal es el caso de Leopoldo García, quien a mediados de 1958 detuvo a Pedro Fernández y a su cuadrilla, poco después de que esta hubiera atacado a las fuerzas armadas estacionadas en la región. Después de detenerlos, García los entregó a las autoridades quienes alabaron su contribución a la paz en la región (El Tiempo, 1958, 12 de agosto, p. 3). Al mismo tiempo, el exguerrillero aseguraba que de ninguna manera retaría a las autoridades políticas. En una reunión con el gobernador del Huila, con diferentes representantes de los partidos tradicionales y con los oficiales de las fuerzas armadas, en marzo de 1959, dijo que "estaba dispuesto a retirar sus hombres en el momento en que las autoridades departamentales y los directorios políticos lo consideraran necesario" (El Tiempo, 1960, 8 de enero).

Los grupos irregulares como defensores del sistema político imperante en el momento

La colaboración de los grupos paraestatales no solo se limitaba al mantenimiento del orden público, en el sentido de proceder contra grupos criminales. Estos grupos también eran cruciales en el apoyo que brindaban a las fuerzas armadas contra la oposición armada. A pesar de la modernización tanto material como táctica de las fuerzas armadas, las capacidades militares no eran suficientes para enfrentarse a los grupos comunistas (Karl, 2009, p. 794). Las autodefensas comunistas se habían convertido, según las directivas del Partido Comunista (PC), en movimientos de masa. A través de sus acciones en el campo político, intentaban ganar influencia sobre la sociedad y sobre la economía del país (Rosales, 2007, p. 16). Con estos objetivos, ponían en peligro el sistema político, social y económico del momento (Henderson, 1985, p. 221). Por ello, muchas exguerrillas liberales, que durante los años anteriores ya habían luchado contra los comunistas, procuraban que las zonas de influencia de estos no se extendieran⁴.

Debido a la falta de capacidad de las fuerzas armadas, en ciertos puntos neurálgicos se creó la Policía Rural, tal como ya había sucedido en los Llanos Orientales a principios de los años cincuenta (Ramsey, 1970, p. 315). Los excombatientes leales al Gobierno eran reclutados para la nueva policía, para que contrarrestaran la influencia de la oposición al Frente Nacional. En Venadillo, el exguerrillero liberal Agustín Bonilla, alias el Diablo, quien seguía leal al Gobierno, comandaba la Policía Rural (Juzgado 189 de Instrucción Criminal, sumario sin número, estante 2, balda 2, caja 7, legajo 3). En este municipio, en 1962, los militantes del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) se quejaron de la persecución que sufrían por parte de los seguidores del Diablo. Bonilla informaba a la Policía Nacional sobre los colaboradores urbanos de los cuales disponía Jacinto Cruz Usma, quien supuestamente tenía nexos con el MRL. El alcalde militar de Venadillo calificaba a Bonilla de "nuestro colaborador activo" (Juzgado 189 de Instrucción Criminal, sumario sin número, estante 2, balda 2, caja 7, legajo 3, folio 22).

Otro punto neurálgico fue el municipio de Planadas, en el sur del Tolima, donde Mariachi y sus leales combatientes formaban un tipo de cordón sanitario contra los grupos comunistas ubicados en Marquetalia (Sánchez y Meertens, 2001, p. 16). Mariachi había conseguido instalar a muchos de sus seguidores en la Policía Rural (Rosales, 2007, p. 16). Con frecuencia, recibieron de los gobernadores del Tolima y del Huila el encargo de colaborar con las fuerzas armadas en la detención de criminales y en la búsqueda de ganado robado. En enero de 1960, cuando unos seguidores de Mariachi en el pueblo de Gaitania asesinaron al dirigente de los grupos comunistas en Marquetalia, Mariachi alegó que había actuado por órdenes del gobernador del Huila, quien había enviado a las personas bajo su comando a Gaitania para recuperar ganado robado (Gómez, 2008, p. 65 SS.). El poder de hecho de Mariachi, a principios de los años sesenta, era tal que, según Tirofijo, "la pacificación del sur del Tolima se dirigía desde Planadas y no desde Ibagué" (Alape, 1989, p. 273). El político de izquierda liberal Felipe Salazar Santos creía lo mismo de Mariachi, lo llamó el "procónsul en Planadas con la misión de extirpar la mala hierba del comunismo en la región" (La Calle, 1960, 5 de febrero, p. 10).

En otros contextos, se abogaba incluso de manera más abierta por el uso de las armas contra la oposición política armada. Al aceptar que grupos irregulares y paraestatales lucharan contra esta, el Gobierno delegaba funciones del Estado a particulares armados. En una reunión de los gobernadores del departamento del Tolima y de los departamentos vecinos, el gobernador del Huila propuso "crear un cuerpo de seguridad secreta que combata con las mismas armas e iguales métodos que tienen los violentos" (El Cronista, 1962, 24 de noviembre). Aparentemente, dicha propuesta había sido aceptada, puesto que el alcalde militar de Venadillo, a mediados de 1962, informó que los hacendados de la región, con el apoyo de las fuerzas armadas, habían formado "una fuerza especial que a manera de contra-guerrilla combatiera directamente las cuadrillas de antisociales que operan en aquella región comandadas por William Ángel Aranguren (alias Desquite) y Jacinto Cruz Usma (alias Sangrenegra)" (Juzgado 189 de Instrucción Criminal, sumario sin número, estante 2, balda 2, caja 7, legajo 3, folio 12).

En el municipio de Santa María, departamento del Huila, los terratenientes procedían de una manera similar. Debido a que la "fuerza [de] policía es insuficiente y [el] ejército sólo cuenta [con] efectivos muy mermados", formaron una "fuerza especial [para la] defensa de intereses particulares ante [la] incapacidad [del] Gobierno de garantizar, [la] vida, [la] honra [y los] bienes [de los] asociados" (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 61, carpeta 467, folio 40). Otra propuesta del gobernador del Huila fue "facilitar a las gentes honradas que se armen y organicen su auto defensa" (El Cronista, 1962, 24 de noviembre). Esta medida también se aplicaba en el Tolima, donde se permitía la distribución de armas a los campesinos honrados y leales al Frente Nacional, para que se defendieran (El Siglo, 1961, 10 de febrero).

Otros casos también muestran cómo las fuerzas armadas y las autoridades políticas recurrían a combatientes irregulares para luchar contra la oposición política. A principios de los años sesenta, el exguerrillero liberal Juan Esteban Benítez, alias el Paisa, fue infiltrado como agente secreto en el grupo comunista que lideraba Pedro Barajas, alias Tranquilo, y le encomendaron el asesinato de este último (Tribunal Superior de Chaparral, sumario n.º 5990, folios 13, 119, 127). Un alto oficial de las tropas establecidas en el sur del Tolima aseguró a Benítez que no habrían investigaciones judiciales en su contra, e incluso recibiría una recompensa económica por el asesinato del enemigo del gobierno de turno (Tribunal Superior de Chaparral, sumario n.º 5990, folios 13, 119, 127). Según las informaciones conservadas, la infiltración de Benítez y el asesinato de Tranquilo tenían incluso el visto bueno del gobernador del Tolima (Tribunal Superior de Chaparral, sumario n.º 5990, folio 136 y SS.).

Al parecer, el caso del Paisa no fue un caso aislado: Mario Castro, exguerrillero liberal, declaró en 1962 ante el Juzgado Superior de Chaparral que otros exguerrilleros liberales apodados Engaño, Puñaladas, Punto y Candado "estaban tratando de llegar a un acuerdo con las fuerzas armadas [...] para hacerle frente a las gentes de Marulanda" (Tribunal Superior de Chaparral, sumario n.º 5990, folio 102v). Según Castro, el ejército no tenía inconveniente en aceptar los servicios de los grupos paraestatales. En efecto, les encomendó el hostigamiento de los grupos comunistas, a pesar de las actividades criminales que perseguían⁵.

En el oriente del Tolima, en la zona fronteriza con el departamento de Cundinamarca, se observaron fenómenos similares. Allí, durante el gobierno de Laureano Gómez y en el régimen militar de Rojas Pinilla, los grupos armados liberales y comunistas habían luchado juntos contra las agresiones de las fuerzas armadas (González y Marulanda, 1990). A finales de los años cincuenta, con el establecimiento del Frente Nacional se fracturó esta alianza, dado que los liberales se desmovilizaron, mientras los comunistas —como en el sur del Tolima— se transformaron en movimientos de masas, que intentaban hacer valer sus reivindicaciones a través de los sindicatos agrarios y los movimientos campesinos. Poniendo a sus candidatos en las listas electorales liberales, buscaban obtener la representación política en las cámaras y así influir sobre el poder ejecutivo⁶.

En el oriente del Tolima, el oficialismo del Partido Liberal sufrió una notable pérdida de influencia política, pues el MRL de Alfonso López Michelsen y el PC se mantenían fuertes en esta región, donde durante años habían asumido tareas del Estado al organizar la sociedad civil local (Varela y Duque, 2011). Carlos Lleras Restrepo manifestó que "un paso hacia el abismo es cualquier avance del MRL" (El Cronista, 1964, 13 de marzo, pp. 1-2). Los liberales oficialistas de la Asamblea de Cundinamarca sostenían la tesis de que "cualquier movimiento que, con el pretexto de conseguir reivindicaciones económicas para la población campesina y de mejorar su precaria situación actual, fomente la infiltración comunista en nuestras masas, [una] infiltración [que] viene haciéndose en Sumapaz" (El Tiempo, 1958, 8 de noviembre, pp. 1-18).

Parafraseando a Lleras Restrepo, para evitar que el país se acercara al abismo y para destruir las formas alternativas de organización político-social, en la región del Sumapaz, los representantes del oficialismo liberal recurrían a los grupos paraestatales reclutados de exguerrilleros liberales. La persona clave en la región del Sumapaz era el hacendado Antonio Vargas, terrateniente liberal que mantenía estrechas relaciones con el ala oficialista del Partido Liberal: su hija Cecilia trabajaba en la gobernación del departamento de Cundinamarca y el mismo Lleras Restrepo era compadre de Vargas (Varela y Duque, 2011, p. 183).

Más allá de las diferencias políticas entre liberales frentenacionalistas, militantes del MRL y comunistas, los conflictos se agudizaron por razones personales y económicas. Cuando Varela, como diputado de la Asamblea, se negó a aprobar obras de infraestructura que beneficiaban solamente a Vargas, se hicieron tangibles las diferencias entre los otrora aliados. Como había apoyado la campaña electoral de los varelistas y dado el sistema político clientelista, Vargas esperaba que le devolvieran favores políticos. Además, Varela no intervino cuando campesinos de la región reclamaron la reforma agraria que hubiera afectado sus haciendas (Londoño, 2009, pp. 663, 672). A través del conflicto entre Vargas y Varela, a primera vista, de carácter personal, se manifestaban diferentes conceptos del Estado: mientras el dirigente agrario abogaba por un Estado que luchara por los derechos de las clases humildes, el terrateniente quería que los representantes de este protegieran en primer lugar sus bienes y sus propiedades contra las pretensiones de la izquierda política.

El exguerrillero Julio Castro, alias Barbajecha, llegó incluso a ser presidente del Directorio Liberal en Cabrera. Desde su posición, intentaba evitar a mano armada que el MRL y los comunistas ganasen terreno (Varela y Romero, 2007, p. 269 y SS.). Otro protagonista de la lucha anticomunista irregular era Marcos Jiménez, alias Resortes, quien defendía el sistema político-económico prevaleciente, en oposición al movimiento político-campesino que lideraba Varela (González y Marulanda, 1990, p. 145).

Los campesinos del oriente del Tolima informaban tanto al ministro de Gobierno como al ministro de Justicia que Resortes, Barbajecha, Mediavida y el famoso Dumar Aljure asesinaban a quienes reclamaban sus derechos, a quienes luchaban por la reforma agraria y a quienes no fueran seguidores del Frente Nacional. De esa forma, los sectores campesinos condenaban la "campaña de difamación y de calumnias" (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 7, carpeta 52, folios 139-140), una campaña que, desde el punto de vista de Varela, gestionaban los liberales oficialistas (La Calle, 1960, 5 de febrero).

Los representantes de los movimientos agrarios del oriente del departamento, ante el ministro de Gobierno, señalaron que

los grupos de bandoleros de Chaparral, Prado y Dolores se amparan bajo la bandera liberal para atacar a los campesinos, despojarlos de sus bienes, asesinar sus familias y destruir pacíficas organizaciones. Todo esto se hace con el pretexto de la lucha "anticomunista". (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 7, carpeta 52, folio 96) En el año 1960, eran ya cuatro los hermanos de Juan de la Cruz Varela que habían sido asesinados, crímenes de los cuales los varelistas culpaban a los seguidores del terrateniente Vargas (La Calle, 1960, 23 de septiembre). Contra el mismo Varela también atentaron varias veces (La Calle, 1960, 19 de febrero, p. 6; Varela y Duque, 2011, p. 180).

El estudio detenido de las fuentes históricas indica que las "pacíficas organizaciones" que supuestamente debían ser destruidas no eran tan pacíficas como indicaban sus dirigentes. Resortes culpaba al militante comunista Luis Villarraga de haber asesinado a su hermano Ángel María, en enero de 1959. Alrededor de diez meses más tarde murió Barbajecha, en una emboscada que le tendieron los grupos varelista-comunistas de la región. La esposa de Barbajecha acusó del asesinato a Pedro José Acosta, alias Castillo, dirigente del PC del oriente del Tolima (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.º 283, estante 1, balda 3, caja 17, legajo 1, folios 31 y SS., 58 y SS.; Londoño, 2009, p. 571; Varela y Picón, 2007, pp. 195 y SS., 234, 258 y SS.).

La hermana de Luis Alberto Sánchez Perilla, alias Puñalito, declaró ante el juez que Varela personalmente había dado la orden de asesinar a Puñalito. La razón de su muerte era, según sostenía, la discordia con el 3, caja 17, legajo 1, folio 30 y SS.). El propio Vargas sufrió varios atentados, de los cuales culpaba a los seguidores del dirigente campesino (Tribunal Superior de Ibagué, sumario n.º 283, estante 1, balda 3, caja 17, legajo 1, folio 61v.).

El Estado retoma las riendas

Aunque el gobierno de Lleras Camargo buscaba una política de reconciliación para pacificar al país después de las sangrientas luchas políticas, a nivel regional y local, los representantes del Gobierno y de los partidos tradicionales recurrían a las armas para hacer valer la dirigencia del Estado frente a las pretensiones de la oposición política. En cambio, durante el segundo gobierno del Frente Nacional, bajo la presidencia de Guillermo León Valencia (1962-1966), se defendía desde la Casa de Nariño la lucha armada contra la oposición política armada (Karl, 2009, p. 614). El procedimiento militar contra los llamados bandoleros de La Violencia Tardía coincidía con el periodo legislativo del político conservador. La guerra contra el bandolerismo fue un aspecto de la formación violenta del Estado. Algunos de los combatientes que habían tomado las armas para defender al Partido Liberal tendían cada vez más hacia la izquierda política, ya no estaban dispuestos a actuar armados en favor de los políticos liberales leales al Frente Nacional⁷.

Los estrategas políticos eran conscientes del déficit que sufrían en la lucha armada contra los bandoleros, que se habían convertido en enemigos del sistema político de la época. El Gobierno sabía que la lucha contra la oposición política armada sería en vano mientras gran parte de la población local colaborara con ella, ya que solamente había conocido al Estado en sus aspectos represivos y extractivos. El gobernador del Tolima, Alfonso Palacio Rudas, declaró que "el campesino es un enemigo potencial del Gobierno porque sólo lo conoce a través del Policía o del pago de impuestos" (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 22, carpeta 205, folio 36). Por ello, el Gobierno tenía el objetivo de mejorar las relaciones entre los ciudadanos, los representantes del Estado y las fuerzas armadas, para que los ciudadanos tuvieran confianza en su sinceridad (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 61, carpeta 467, folios 3-4). A través de la acción cívico-militar y el empleo de los llamados equipos polivalentes, quería demostrar a los ciudadanos que el carácter del Estado había cambiado en esencia en comparación con los años anteriores, ya que la mayoría de la ciudadanía lo consideraba ilegítimo desde hacía mucho tiempo (Oquist, Lukas Rehm 1978, p. 256)⁸. El periódico tolimense El Cronista elogiaba las campañas cívico-militares como "perseverante movimiento de penetración pacífica a los lugares donde hasta ahora no ha llegado el estado" (El Cronista, 1964, 24 de abril, p. 4). Para los periodistas, eran una medida para promover la presencia del Estado en regiones donde antes no había existido y que, por lo tanto, no habían experimentado sus efectos positivos —era, además, una forma de separar a los bandoleros de su base social—. A través de las campañas de rehabilitación se perseguía el mejoramiento de las "relaciones que deben existir entre el agricultor y el soldado como una de las medidas más eficaces para combatir la ola de violencia" (El Cronista, 1962, 27 de octubre, p. 2).

Estas innovaciones tácticas y estratégicas de las fuerzas armadas también influyeron en el ejemplo más concluyente de la formación violenta del Estado, constituido por el ataque militar a las zonas comunistas de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero a mediados de los años sesenta. Álvaro Gómez Hurtado, senador e hijo del expresidente Laureano Gómez, en 1961, criticó duramente al primer gobierno del Frente Nacional. Más allá de las críticas a la política económica del gobierno, lo acusó de tolerar la existencia de las llamadas repúblicas independientes en el territorio nacional (El Siglo, 1961, 26 de octubre). Con el término de "repúblicas independientes" designaba a los territorios a los que se habían retirado los grupos armados comunistas durante los años cincuenta, después de las luchas armadas tanto con el ejército como con los grupos guerrilleros liberales. En estas zonas, que, con la excepción de Riochiquito, eran tierras baldías, los grupos comunistas sustituían al Estado colombiano al organizar la población local y al facilitar la infraestructura para la convivencia (Guzmán, 1968, pp. 169-181). Según Gómez Hurtado, el Estado colombiano no ejercía control sobre estos territorios y las fuerzas armadas no podían entrar en estas zonas. El senador acusó al Gobierno de pagar tributos en forma de programas de rehabilitación y obras de infraestructura a los enemigos del Estado (Guzmán, 1968, pp. 169-181).

Poco después de la toma de posesión de Valencia, se dieron las primeras operaciones militares en las zonas comunistas, empresas que fueron canceladas sin mayores explicaciones (Henderson, 1985, p. 221y SS.). Sin embargo, la retirada de las fuerzas armadas no significaba que las operaciones militares contra los grupos comunistas en las repúblicas independientes hubieran sido descartadas por completo. Alrededor de la zona de influencia comunista en el Huila, se formaban grupos paraestatales bajo el mando de Miguel Valencia y Apolinar López, que aseguraban que los movimientos comunistas no ganasen terreno. Los dirigentes comunistas culpaban a las autoridades políticas de la región de patrocinar a los combatientes irregulares. Acusaron tanto a los terratenientes como a los políticos de la comarca de recurrir a los combatientes irregulares, como "las guerrillas de paz y los escopeteros [...] organizados por el gobierno de las violencias pasadas", para aniquilar a los movimientos campesinos influenciados por los comunistas (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 61, carpeta 473, folios 76-77, folio 76)⁹.

No obstante, fueron las fuerzas armadas quienes iniciaron la ofensiva final. En la alocución de año nuevo del 1964, el presidente Valencia anunció que las repúblicas independientes serían arrasadas y que la soberanía del Estado se restablecería en todo el territorio nacional. Las operaciones militares de miles de efectivos del ejército y de la fuerza aérea se iniciaron en mayo de 1964 en la región de Marquetalia, adonde se habían retirado los grupos comunistas liderados por Marulanda Vélez y Jacobo Arenas y que era, supuestamente, más facil de ocupar (González y Marulanda, 1990, p. 90) —sintomáticamente, el nombre de la operación militar era "Soberanía"—. Después de la "reconquista" de Marquetalia, las fuerzas armadas atacaron a las demás repúblicas independientes, es decir, Riochiquito, El Pato y Guayabero.

Conclusiones

El general retirado Gustavo Rosales Ariza relativiza el éxito de las operaciones militares contra las repúblicas independientes, al recordar que pocos meses después del ataque a Marquetalia y poco tiempo antes de agredir Riochiquito, en septiembre de 1964, los grupos comunistas celebraron una reunión guerrillera en este último lugar. En este encuentro se fundó el llamado Bloque Sur, el precursor de las FARC (Rosales, 2007, p. 18). Respecto a la oposición armada, la formación de las FARC, es decir, el cambio estratégico y la transformación de las autodefensas comunistas en guerrillas altamente móviles y la separación de los combatientes de la base social civil representaron una cesura. Con esta se inició una nueva etapa, distinta a la anterior en la historia de la violencia política en Colombia.

En cambio, respecto a las medidas tomadas por los representantes del Estado para hacerse valer frente a la oposición, la política durante los dos primeros gobiernos del Frente Nacional representa más bien la continuidad de la lucha armada contra esta. Aunque el Frente Nacional se definiera como democrático y aunque uno de los principales objetivos fuera la pacificación del país, sus representantes a nivel regional y local no supieron renunciar a los grupos armados paraestatales. No solo la formación del Estado durante los gobiernos conservadores y en el régimen militar fue violenta. También bajo los gobiernos liberales-conservadores, el Estado se hacía valer violentamente; los grupos paraestatales eran actores en el field of state power de suma importancia en este proceso. Tal como durante el gobierno de Laureano Gómez y en el régimen militar se habían empleado tanto las fuerzas armadas como los grupos irregulares para dominar a la oposición política (armada) —como las "contrachusmas" (Roldán, 2002) o las guerrillas de paz (Sánchez, 1984, p. 244)—, los representantes del Frente Nacional recurrieron a grupos armados paraestatales para contrarrestar su influencia. Al lado de las fuerzas armadas o en reemplazo de estas, luchaban contra la oposición política (armada), que abogaba por otro tipo de Estado y por otra forma de estructurar a la sociedad. Así, hacían valer la reivindicación de la soberanía del Estado en los márgenes del mismo.

Estos procesos violentos de formación del Estado no terminaron durante los gobiernos liberales-conservadores, sino que se han prolongado hasta el siglo XXI. De manera similar a los procesos violentos de formación del Estado durante los primeros gobiernos del Frente Nacional, diversos grupos paramilitares, como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), más tarde lucharon contra la oposición política (armada y desarmada), para defender el statu quo y el sistema político, social y económico (Huhle, 2001). En complejas relaciones con autoridades políticas y terratenientes, también a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, grupos paraestatales apoyaban o sustituían a las fuerzas armadas en su batalla contra grupos armados opositores, que pugnaban —por lo menos según la autorepresentación oficial— por la revolución, es decir, por un Estado que obedeciera a los principios socialistas y que, por lo tanto, fuera completamente diferente al Estado colombiano del momento. De ahí que la historia colombiana del siglo XX esté influenciada notablemente por procesos violentos de formación del Estado.

Notas

¹ En esta y las siguientes citaciones de fuentes primarias, se conservan la ortografía y el empleo de minúsculas y mayúsculas, tal como aparecen en las fuentes.
² La dimensión psicológica-cultural del aparato judicial, más allá de la normativa, se observa también en los planes que tenía la Comisión de Rehabilitación: pretendió que la isla prisión Gorgona no solo sirviera como tal, sino también como arma psicológica frente al aumento de la violencia, como medida que intimidara a los violentos (Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 3, carpeta 28, folios 283-288).
³ El gobierno liberal-conservador representa el momento indicado para analizar el rol de combatientes irregulares en el proceso de construcción del Estado, porque, según Thomas Blom Hansen y Finn Stepputat, los procesos de formación del Estado se investigan mejor después de innovaciones fundamentales en el campo político (2001, p. 23). El establecimiento del Frente Nacional fue, sin lugar a dudas, uno de estos cambios fundamentales en la historia política del país. Para el senador Álvaro Gómez Hurtado, a partir del establecimiento del Frente Nacional, "no hay ningún colombiano que legítimamente pueda invocar motivos políticos para rechazar la soberanía del Estado colombiano" (El Siglo, 1961, 26 de octubre, p. 10).
⁴ Para el conflicto entre liberales y comunistas en el sur del Tolima, véase Medina (1986).
⁵ Según otras informaciones, Genaro Bonilla, alias Puñaladas, luchaba contra el sistema político del Frente Nacional al lado de los grupos comunistas, bajo el comando de Manuel Marulanda Vélez y Marcos Guaraca, lo que significa o que Castro no sabía detalles de las alianzas en el sur tolimense o que estas eran muy efímeras (El Cronista, 1963, 7 de agosto, p. 3).
⁶ El dirigente agrario Juan de la Cruz Varela llegó a ser diputado, primero en la Asamblea de Cundinamarca y después en el Congreso de la República (Londoño, 2009, p. 637 y SS.).
⁷ De manera muy clara se observa el acercamiento de los bandoleros liberales tolimenses a los grupos socialistas y comunistas en lo manifestado por Teófilo Rojas, alias Chispas, a Olga Botero, en septiembre de 1962. Según él, "nuestra lucha será en lo sucesivo de pobres contra millonarios, [...] de oprimidos contra opresores, lucha social" (El Cronista, 1962, 16 de septiembre, pp. 1-8). Véase Rehm (2014b, pp. 363-425) para el tema de los bandoleros políticos y bandoleros sociales de La Violencia Tardía.
⁸ Los equipos polivalentes constaban de expertos de diferentes disciplinas (como agrónomos, ingenieros, médicos). Su función principal era elevar la calidad de vida en las regiones más afectadas por las anteriores luchas armadas. De esta manera, intentaban hacer tangibles los cambios políticos y así mejorar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos (Karl, 2009, p. 187 y SS.).
⁹ En las otras zonas con influencia comunista existen quejas y noticias parecidas acerca de la cooperación de las fuerzas armadas y de las autoridades políticas con los combatientes irregulares.

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Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio del Interior, Despacho del Ministro, caja 7, carpeta 52, folios 139-140. Memorandum que presentan los campesinos de Pardo [sic], Purificación, Villarrica, icononzo, Pandi y Llanos Orientales ante los Ministros de Gobierno y Justicia.         [ Links ]

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