Consideraciones metodológicas sobre los documentos elegidos

El estudio aborda los discursos predominantes que elaboraron tres organismos internacionales: BM, PNUD y CEPAL, entendiendo que cada una de estas instituciones ofrece lógicas diferentes con las que se proponen diagnósticos e intervenciones para América Latina. El primero, como organismo que provee financiamiento y servicios para la implementación de políticas sociales; el segundo, como foro de discusiones políticas, donde los gobiernos negocian acuerdos vinculantes, y el tercero, por su perfil teórico-académico y su perspectiva históricamente orientada a diagnosticar y definir políticas para América Latina (^{Rabotnikof y Tussie, 2002}, pp. 49,51)⁴

Los criterios de elección de los documentos radican en que fueron firmados por los organismos mencionados⁵ y son significativos para pensar la definición de desigualdad que proponen. Se considera el Informe sobre la equidad del Banco Mundial publicado en 2006, en el que se producen algunos saltos conceptuales que pretenden avanzar más allá de las definiciones de la lucha contra la pobreza y, en el modo en que se establece la relación entre un diagnóstico global y el rol de los Estados frente al problema de la desigualdad. Luego, el documento denominado La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir (2010), considerando que, ya hacia el año 2000, CEPAL mostraba su preocupación por el vínculo entre equidad, igualdad de oportunidades e integración social, a través de un interrogante orientado a las condiciones de posibilidad del crecimiento económico de mediano plazo. En términos de CEPAL, la necesidad de una sociedad más equitativa -con mayor igualdad de oportunidades y una ciudadanía social y económica efectiva y con mayor capacidad de integración- no se corresponde solo con una perspectiva ética y política, sino -y aquí está el giro fundamental que hace CEPAL-con un desarrollo económico sostenible en el tiempo (^{Ottone, 2000}, p. 64). Finalmente, el Informe de Desarrollo Humano 2010, titulado La verdadera riqueza de las naciones. Caminos al desarrollo humano. Este documento presenta una novedad respecto a los informes anteriores de PN UD, por cuanto incorpora una metodología para ponderar el índice de desarrollo humano en relación con la desigualdad, que no había sido tomada en cuenta antes. Este documento se analizará complementariamente con el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, publicado ese mismo año, ya que temáticamente se encuentran atravesados por la misma preocupación y permiten recorrer la perspectiva metodológica con que propone intervenir PNUD para corregir la medida del logro en desarrollo humano con base en la importancia que se otorgue a la desigualdad.

La definición de La cuestión social desde los discursos « internacionales en perspectiva histórica

El predominio de la pobreza como ¿diagnóstico: ¿diagnósticos pobres?

En América Latina la cuestión social se comprende a partir del proceso de profundización de la desigualdad que tiene sus orígenes en la historicidad de la pobreza estructural -las desventajas se heredan y perpetúan intergeneracionalmente-, su concentración espacial -conformación de espacios diferenciados de sociabilidad- y la consolidación de diferentes estatus de ciudadanía (^{Saravi, 2006}). El trabajo Inequality in Latin America: Breaking with History?, publicado por De Ferranti et al. (2004) para BM, argumenta que las instituciones excluyentes que se establecieron durante la conquista europea para explotar la riqueza mineral y natural existente y, a las poblaciones indígenas, conformaron un acceso altamente desigual a tierras, educación y poder político, al menos hasta finales del siglo XIX, y tuvieron consecuencias adversas para el crecimiento económico y la desigualdad. En la misma línea, CEPAL sostiene que persiste un reclamo histórico y postergado en las sociedades latinoamericanas que "recorre cinco siglos de discriminación racial, étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Recorre una modernización hecha sobre la base de la peor distribución del ingreso del mundo" (^{CEPAL, 2010}, p. 13). En la actualidad, la sedimentación de aquel proceso se manifiesta en la multiplicación de brechas entre grupos sociales a partir de la heterogeneización de las oportunidades productivas de la sociedad y de la segmentación del acceso a la protección social. Así planteada, la genealogía del problema de la desigualdad vuelve la atención sobre procesos ocurridos hace cientos de años y pone el peso explicativo de la estructura social actual en el periodo colonial.

El inconveniente con este tipo de desplazamientos temporales es que puede ocultar las implicancias que han tenido los procesos de corto plazo en la consolidación de una estructura social empobrecida y desigual e, incluso en el aumento de las brechas de desigualdad. Se hace referencia sin dudas a las políticas asistenciales basadas en el criterio de pobreza construido por los propios organismos internacionales durante las décadas del setenta y ochenta, que impactaron directamente en la forma en que se configuró, a nivel nacional, la cuestión social. La definición de pobreza presentó la cuestión social como asunto de política social y, no de política económica, lo que generó una nueva institucionalización de 10 social: el Estado debía intervenir de modo específico sobre quienes no podían integrarse por sus propios medios al mercado de trabajo. Además, constituyó una definición de carácter absoluto que puso el énfasis en las condiciones de vida de gran parte de la población, a partir de la construcción de las medidas de Línea de Pobreza (LP) y de Necesidades Básicas (NBI), dejando por fuera la discusión en torno a las relaciones de poder y los conflictos en las que los grupos se insertan. Al desconocer que la distribución de recursos es un juego de suma cero, impidió abordar el dinamismo del proceso de construcción de las situaciones de asimetría que configuran desigualdades. Este consenso en torno a la pobreza, reforzado por la reflexión que llevaron adelante las ciencias sociales, operó como principio de clasificación sobre las poblaciones a las que se aplicaba (^{Merklen, 2005}). Otro efecto que conllevó fue la homogeneización, bajo el nombre de pobreza, de una experiencia diversa que adquirió características heterogéneas. La pobreza refería particularmente a la pobreza estructural y expresaba la situación de aquellos grupos con una historia de transmisión intergeneracional de necesidades básicas insatisfechas. Como categoría, por lo tanto, fue insuficiente para comprender el proceso de empobrecimiento que se registró en las clases medias a partir de la caída del ingreso de los hogares en algunos países latinoamericanos, más tarde denominado empobrecimiento, y los sujetos fueron denominados "nuevos pobres" (^{Kessler y Di Virgilio, 2008}).

La intervención política y las ciencias sociales a la luz del siglo XXI

La transición al siglo XXI fue una coyuntura de balances y redefiniciones sobre el rol de la intervención estatal a través de las políticas sociales en la relación entre desigualdad y ciudadanía (^{PNUD, 2000}). La consolidación de una agenda global "sólida y equitativa" requería, en términos de CEPAL, avanzar hacia tres objetivos: garantizar un suministro adecuado de bienes públicos globales, superar gradualmente las asimetrías de carácter global y construir una agenda social internacional basada en los derechos (CEPAL, 2002, p. 29). Si la globalización generaba tensiones, las estrategias de desarrollo económico y social requerían mediaciones eficaces a través de los procesos nacionales de participación y representación democráticas.

A escala internacional, hacia el año 2000, emergieron dos posicionamientos respecto a cómo intervenir desde la política: el enfoque de riesgo social y el de derechos. El primero atribuye mayor importancia a las causas de la pobreza, recurriendo a la terminología propia del aseguramiento. Define la protección social como una de las intervenciones públicas que ¿ayudan a los individuos, los hogares y las comunidades en el manejo del riesgo y, que apoyan a los más pobres. La noción de riesgo individualiza y privatiza la responsabilidad, desestima la solidaridad del financiamiento en la diversificación de riesgos y confiere una responsabilidad pública mínima en materia de protección social (^{Hardy, 2004}, p. 16; ^{Sojo y UthofF2007}, pp. 326-8). El primero focaliza entonces en una perspectiva de las capacidades, habla de las condiciones ex ante, que permitan a los individuos elegir entre un conjunto de opciones. El segundo sostiene que la igualdad de oportunidades es solo un piso y que es necesaria una acción propositiva de políticas sociales para la ampliación de la ciudadanía y, es de carácter ex post, por cuanto coloca el acento en la instancia de la accesibilidad, del momento en que la posibilidad de acceder al bienestar se vuelve efectiva. El enfoque de derechos exige concretar derechos universales en requerimientos específicos. En este sentido, las garantías sociales serían una manera de volver tangibles derechos que son abstractos (Gacitúa, Norton y Georgieva, 200g, pp. 1,3).

Estos enfoques guardan sintonía con la disputa entre dos diagnósticos prevalecientes de las ciencias sociales acerca de cuál es la manera de lograr la igualdad en una sociedad. Siguiendo a François ^{Dubet (2011)}, la igualdad en el punto de partida se sostiene en una ideología que da primacía al individuo, y su capacidad de elegir su curso de vida. La propuesta radica en promover la igualdad de oportunidades para acceder a la vida deseada y entiende que cualquier diferencia que ocurra entre los individuos en el transcurso de la vida es resultado del logro, la capacidad o el éxito individual. La libre competencia legitima cualquier resultado que adopten dichas trayectorias, el individuo es responsable por el buen/mal uso de las oportunidades. Este modelo nada dice acerca de las desigualdades inaceptables; por cuanto nacen de una competencia igualitaria, las desigualdades son justas (^{Dubet, 2011}, p. 96). La igualdad de posiciones, en cambio, aspira a que las posiciones sociales dentro de la estructura social estén próximas entre sí. Afirma que la única manera de garantizar la libre movilidad de los individuos es que la distancia en la estructura social no sea tan amplia. Para ello, deben existir mecanismos que permitan compensar las diferentes trayectorias que han distanciado y jerarquizado a los grupos sociales.

Desde este punto de vista, se sostiene que una mirada que vuelva a poner el foco en la totalidad social permite reposicionar críticamente al pensamiento social, siempre que este pueda encontrar vías para recuperar el carácter procesual y relacional de la desigualdad. Será Luis Reygadas quien, partiendo de los análisis clásicos de Marx y Weber retome una línea fecunda en esta dirección al recuperar la desigualdad entendida como una distribución asimétrica de poder (2008, p. 36) que debe incorporar en su análisis los fenómenos políticos que intervienen en su producción y reproducción. Con el objetivo de abordar cómo se producen las desigualdades y cómo pueden reducirse, Reygadas afirma que la desigualdad debe ser comprendida como fenómeno multidimensional, dado que afecta el conjunto de la experiencia social, no solo al ámbito económico (por lo tanto, no puede medirse solo a partir del ingreso), y que las desigualdades económicas se encuentran estrechamente vinculadas a la clase, el género, la etnia y otras formas de clasificación social, así como al contexto en que tienen lugar, y que se producen tanto en el plano macro, como meso y micro social. También ofrece una explicación de la desigualdad como proceso a través de un enfoque de la expropiación/apropiación que es relacional y que concibe que la distribución de bienes y capacidades es social. Las trayectorias se sostienen en atributos y capacidades individuales que tienen un origen social, producto de una historia social y que se adquieren a partir de condiciones colectivas. Se basan en estructuras sociales, por cuanto están sujetas a procesos de valoración colectivos a través del reconocimiento, de la definición de aquellas apropiaciones que resultan justas/injustas, a la vez que expresan mecanismos de privación a través de los cuales algunos grupos obtienen un control diferenciado sobre algunos recursos significativos. La desigualdad opera en la apropiación de los bienes (activos), en los procedimientos para la distribución de bienes (oportunidades) y en la distribución final (resultados) (Reygadas, 2004, p. 24). Por ello, privilegia la mirada sobre procesos, y no sobre individuos, a fin de incorporar no solo las dinámicas de apropiación sino también de expropiación, es decir, los procesos de explotación y acaparamiento de oportunidades que amplían las brechas de desigualdad (Reygadas, 2004, pp. 7,11). Como responsabilidades sociales, deben ser analizadas en tres niveles: los individuos, sus interacciones y las estructuras sociales. Con base en este marco, se revisarán críticamente las definiciones que aparecen en los documentos analizados⁶.

Los discursos transnacionales actuales: ¿igualdad de qué y entre quiénes?

Desde la perspectiva que plantea CEPAL, la igualdad emerge como preocupación en relación con el desarrollo integrado. La integración adoptará dos sentidos simultáneos, en principio, como unidad de encuentro entre la política económica y social, que el neoliberalismo había constituido como esferas separadas. Luego, como el modo de participación de los sujetos en la sociedad, cuyo objetivo queda planteado en términos de inclusión social⁷. Este modo de denominar la cuestión social plantea la necesidad de pensar crecimiento y equidad de modo simultáneo, dándole a la política social un rol orientado a su eficacia y, no solo a su efecto distributivo. En La hora de la igualdad (2010), título que tiene un sentido propositivo (frente a la permanente alusión a la desigualdad), se afirma la existencia de brechas sociales, lo cual indica al menos dos elementos puestos en relación y una distancia entre estos. ¿Qué es lo que se separa y cuál es la tarea que la categoría igualdad viene a cumplir?

Desde su definición, la igualdad será entendida como igualdad en los umbrales mínimos que permiten el ejercicio de la ciudadanía, es decir, una igualdad del punto de partida: "La igualdad de derechos provee el marco normativo y sirve de base a pactos sociales que se reflejan en más oportunidades para quienes menos tienen" (CEPAL, 2010, p. 11). Bajo el supuesto crítico que la escisión entre política social y económica configurada en la década del ochenta constituyó una de las causas de la profundización de las desigualdades, la perspectiva de CEPAL busca establecer un delicado equilibrio ante el desafío de darle un lugar central a la reversión de desigualdades, sin que ello vaya en detrimento del mercado.

En este sentido, el análisis que se presenta en este documento adhiere plenamente a la idea de que la igualdad social y un dinamismo económico que transformen la estructura productiva no están reñidos entre sí y de que el gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos elementos. La propuesta que aquí se formula va en esta dirección y nos lleva al siguiente punto: cuando hablamos de igualdad lo hacemos sabiendo que hay que crecer para igualar e igualar para crecer. Por lo mismo, en ningún caso proponemos sacrificar el valor del dinamismo económico y productivo en el altar de la igualdad. En el horizonte estratégico de largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental deben ir de la mano, apoyarse mutuamente y reforzarse en una dialéctica virtuosa. (CEPAL, 2010, p. 12)

El horizonte radica en buscar el equilibrio de un pacto fiscal con efectos redistributivos que permita garantizar umbrales mínimos de bienestar. La igualdad se va constituyendo como un imperativo político a la vez que económico, en estrecha vinculación con el crecimiento y sin olvidar la garantía en el ejercicio de la ciudadanía. Así, refiere, por un lado, a la igualdad de derechos como erradicación de privilegios, basada en el principio liberal de igualdad política. Por otro, a la igualdad en la distribución de recursos y, en este sentido, a una ciudadanía social que permitiría completar el proyecto de la modernidad, asumiendo sus valores de igualdad de derechos y de justicia social en un contexto que habilite la libertad en el ejercicio de esos derechos.

A su vez, la justicia social requiere pensar la igualdad desde dos ámbitos de la vida económica: para quienes son parte de la vida laboral, y para los grupos "dependientes", que quedan por fuera del mercado de trabajo. En el gasto social, entendido como la inversión en capacidades humanas y oportunidades productivas, y en el rol activo del Estado se juega, para este análisis, la base estructural de la igualdad y la desigualdad (CEPAL, 2010,p.42).

El Estado deberá articular su intervención entre estos ámbitos. El objetivo consiste en combinar el sentido de pertenencia que promueve la cohesión social con las posibilidades de crecimiento individual:

Los Estados de bienestar más avanzados del mundo muestran precisamente ese complemento entre igualdad, protección social, solidaridad instituida y disposición positiva de los agentes. No niegan con ello las bondades del mercado sino que hacen del mercado una institución más inclusiva y con una mejor interacción. Las alianzas público-privadas más sólidas, las democracias más avanzadas y las visiones más compartidas de desarrollo a largo plazo se dan en sociedades más igualitarias y donde existe un Estado que desempeña un papel más activo y actúa con visión estratégica para lograr el bienestar y el progreso de todos. (CEPAL, 2010, p. 12)

La justicia social se plantea como contrapunto frente a la creciente brecha productiva. La inserción a través del trabajo, el acceso a los recursos productivos, al financiamiento y los mercados; el desarrollo de capacidades y la disponibilidad de infraestructura y tecnología son ejes de la igualdad en esta dimensión (CEPAL, 2010, p. 42). El objetivo de lograr convergencia mediante un crecimiento más dinámico y sostenido se basa en el supuesto de que desarrollo económico e igualdad social tienden a coincidir. El diagnóstico radica en que la desigualdad no solo es producto de la concentración de ingresos sino de la heterogeneidad de la estructura productiva, particularmente la distancia entre grandes y pequeñas empresas y su impacto en la calidad del empleo, e incluso de las brechas territoriales que afectan a aquella. El propósito consiste en revertir la situación de segmentación del mercado laboral y los modos de producción en América Latina para fortalecer la inclusión social. Un enorme desafío se encuentra en las regiones con mayores brechas de equidad, donde los derechos se han universalizado pero aún queda pendiente consolidar una estructura socioeconómica y política que promueva la igualdad de derechos. No obstante, permanecen ocultas las distancias originadas por fuera de la esfera productiva, tales como las de género y etnia⁸.

Así definido, este diagnóstico instala la pregunta acerca del grado de proximidad y distancia en la sociedad en su conjunto. Las unidades respecto a las que se miden las brechas son el poder y la riqueza, entendidos como instrumentos para la capacidad de autorrealización. Asimismo, expresa un enfoque de capacidades que prioriza la igualdad de oportunidades. CEPAL plantea una igualdad en el punto de partida y en las trayectorias de los ciclos educativos y del empleo, del acceso al bienestar material, pero también para participar en las decisiones y en el espacio público, acceder a los sistemas de justicia, a la seguridad ciudadana, a estilos de vida saludables, a múltiples fuentes de conocimiento e información y a redes de apoyo social y de otra índole.

Se observa que, en tanto que las unidades referidas son los hogares a los que los individuos pertenecen, la preocupación por la desigualdad se circunscribe a la esfera de responsabilidad individual y/o del hogar. De esta manera, CEPAL sostiene el diagnóstico de que la desigualdad en la distribución de estos bienes-capacidades es producida, a la vez que reforzada, por la transmisión intergeneracional de la pobreza dentro de los hogares. Cuando el texto de CEPAL construye una explicación que atiende a factores colectivos involucrados en la producción de la desigualdad, esta se centra en el rol de los Estados a través de los modelos económicos elegidos por los países y su dinámica de productividad. Ahora bien, entre los hogares y las dinámicas de los Estados no se reconoce ninguna instancia de mediación ni de articulación social, es decir, permanece ausente el modo en que las pertenencias a grupos específicos pueden condicionar el acceso a oportunidades y recursos de otros a través de mecanismos de acaparamiento.

Por su parte, el Informe de Desarrollo Humano de 2010 adopta una noción explícita de igualdad que se pretende distinta a la de equidad, aunque de modo poco efectivo, como se observará. El informe comienza con una nota a pie de página donde explicita su definición: "En este Informe se utilizará la noción de igualdad en el sentido de capacidades, perspectiva basada en una visión ex ante, pero que también requiere igualdad en el proceso" (PNUD, 2010b, p. 16), remite a una igualdad "de la libertad efectiva de las personas para elegir entre opciones que consideran valiosas y cuyo valor se basa en argumentos fundados" (PNUD, 2010b, p. 17) y plantea que la igualdad de capacidades no implica igualdad de resultados (PNUD, 2010b, p. 19). Esta definición entra en tensión con la novedad de que, a las dimensiones clásicas del Indice de Desarrollo Humano (IDH), el informe agrega una ponderación en términos de desigualdad⁹. Más allá de los resultados que obtiene cada país en sus indicadores, se analiza la distancia entre los resultados promedio y el grado de libertad de las capacidades de los hogares, para analizar si el IDH es homogéneo o no. La ponderación por desigualdad refiere a cómo se reparte ese acceso entre las personas dentro del país en el que se mide el índice. . Más que los aspectos estadísticos, nos interesa recuperar algunos elementos conceptuales que subyacen a esta forma de medición. En principio, permite desglosar el impacto de la desigualdad considerando que no solo la desigualdad de ingreso es relevante, sino que es necesario medir la incidencia de cada dimensión en la desigualdad global, con lo cual conserva su carácter de analizador multidimensional. Luego, la medición adopta dos miradas relacionales: entre países que pueden compararse entre sí, (aunque advierten que dicha comparación requiere ajustes) y dentro de los países, a través de la distancia que separa a los individuos respecto al índice promedio. De esta manera, busca evitar las reducciones de los resultados promedios que encubren la desigual distribución de esos bienes y accesos en la sociedad, y repone, en cambio, una totalidad frente a la cual comparar las situaciones individuales.

No obstante, este enfoque presenta una limitación idéntica a la de CEPAL: la desigualdad se establece entre individuos aislados y el promedio de la sociedad. Es decir, cuando se plantea una mirada relacional, no se plantea ninguna consideración sobre cómo incide la pertenencia a determinado grupo social en los resultados obtenidos, excepto por la pertenencia de género, incorporada a través del índice de desigualdad de género, que indica las disparidades de género en cuanto a salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral (PNUD, 2010a, p. 96). Se considera que la causa de esta limitación es que PNUD parte del mismo diagnóstico que CEPAL, que explica la persistencia de la desigualdad por la transmisión intergeneracional de la situación de privación. Esta explicación toma como unidades de análisis a los individuos y ubica el factor causal de la reproducción en los hogares a partir del piso de oportunidades que establece para la generación siguiente (movilidad social) dentro del mismo hogar.

Cuando menciona la relevancia de distinguir entre factores que pertenecen al ámbito de los hogares y aquellos que son propios del contexto en que el hogar se desenvuelve (PNUD, 2010b, p. 78), estos elementos no son desarrollados ni problematizados. Así, el Informe sostiene que romper el círculo de la pobreza requiere tomar en cuenta los factores vinculados con la representación política y el funcionamiento del sistema de participación en las decisiones de interés público. El énfasis entonces queda puesto en lograr una accountability de los modos de gestión, donde las desigualdades no se vinculan a la dinámica propia de un modelo económico, sino que se presentan como distorsiones en los mecanismos de representación igualitaria, tales como "clientelismo, captura del estado, corrupción y debilidad institucional asociada al bajo compromiso ciudadano" (PNUD, 2 2010b, p. 99). Cuando el texto menciona que existen intereses agregados, corre la mirada de las presiones y el poder que se ejercen en el campo socioeconómico, para recuperar problemas vinculados a la representación del sistema político, pero no en otros modos de poder e influencia. Los factores socioeconómicos aparecen como contexto y se deja de lado su carácter de dinámicas estructurales de producción de asimetrías. Cuando refiere a la noción de clase social, la introduce como estratificación social, de tal manera que vuelve invisible su condición de relaciones de poder asimétricas.

Por último, BM nos propone pensar la desigualdad como una variable de análisis necesaria a fin de atender "el histórico problema de la pobreza". En principio, porque en su propio diagnóstico, el mantenimiento de una desigualdad alta los últimos cincuenta años ha constituido un impedimento para la reducción de la pobreza. Luego, porque sostiene que el crecimiento « económico es menos efectivo para reducir la pobreza en los países que tienen una distribución del ingreso menos igual. "Para lograr la misma reducción g, de la pobreza, los países desiguales deben crecer más que los equitativos" (BM, 2006a, p. 1). Desde esta perspectiva, el crecimiento solo no sirve para resolver el problema de la pobreza, sino que debe estar acompañado de la reducción de la desigualdad.

Como resultado, la relación entre desigualdad, crecimiento y pobreza se presenta de modo instrumental: en un esquema que tiende a la reducción de la pobreza, el crecimiento necesario será directamente proporcional a la reducción de la desigualdad.

Una de las manifestaciones de la mayor participación de los pobres en el crecimiento económico es que la elasticidad al crecimiento que presenta la reducción de la pobreza disminuye a medida que aumenta la disparidad de ingresos. Dicho de otro modo, el efecto del [ mismo grado de] crecimiento en la reducción de la pobreza será considerablemente superior cuanto menor sea la disparidad inicial de ingresos. (BM, 2006b, pp. 10-11)

La desigualdad se define entonces como desigualdad de ingreso y, las unidades de análisis serán simultáneamente dos: dentro de los países, los individuos agrupados por deciles, y entre países, se compara el ingreso del producto nacional per cápita.

Otro elemento que llama poderosamente la atención es la manera en que emerge en estos estudios la idea de una multicausalidad de la desigualdad. Ya una amplia tradición de pensamiento, desde principios del siglo XX, ha mostrado la pertinencia de analizar interrelacionadamente los vínculos entre raza, etnicidad, género y clase como ejes de la estratificación en las ciencias sociales, que legitiman diferencias injustas y tienen impactos en la desigualdad (^{Costa, 2011}, p. 10). Pero cuando desde BM se los incorpora como variables relevantes en las dinámicas del presente, se hace en términos de discriminación, y no de desigualdad (De Ferranti et al., 2004, p. 91). Si se tienen en cuenta el planteo de Nancy ^{Fraser (2006)}, la construcción del problema en términos de discriminación no tiene un efecto menor: promueve una intervención en términos de reconocimiento que tiende a la ampliación de derechos sin afectar la situación presente del resto de la sociedad. A diferencia de aquella, un diagnóstico constituido como desigualdad requiere una política de redistribución de recursos entre los grupos sociales.

En relación con esta afirmación de Fraser, cabe recuperar otra cuestión presente en el documento del BM analizado. Este muestra que, aun en los casos en que se equiparan las condiciones en el punto de partida de los individuos, existen dinámicas que producen brechas de ingreso dentro de la misma condición de raza, género y/o etnia, lo que da cuenta de la persistencia de mecanismos de producción de desigualdades que exceden la equiparación de oportunidades que puedan resultar de las políticas de reconocimiento. Si estos argumentos podrían llegar a generar -desde un cuestionamiento liberal- detrimento de las políticas afirmativas acusándolas de ineficaces, nos interesa recuperarlos en otro sentido: la persistente desigualdad de ingresos expresa una desigualdad de resultados que, abordada críticamente, sigue siendo una vía de entrada fructífera para indagar sobre las causas de las desigualdades. El problema no radica en utilizar la distribución de ingresos como variable de análisis, sino en sortear la limitación de reducirla a una variable de eficiencia económica que se abstraiga rápidamente de las múltiples relaciones que le dan origen.

Para cerrar este apartado, se plantean algunas consideraciones comunes a los cuatro documentos analizados. En todos los casos, la definición de umbrales mínimos establece un piso para la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas de las personas. Este reforzamiento tiene dos limitaciones: por un lado, la lógica de oportunidades mínimas replica el enfoque absoluto con que se miraba el fenómeno de la pobreza bajo la noción de necesidades básicas satisfechas. Por otro, individualiza el modo de comprender el fenómeno. La noción de igualdad se recupera como libertad de hacer o no en la esfera de acción individual, dejando de lado la libertad radical que ancla la igualdad de posiciones dentro de la totalidad social. Las brechas en términos de resultados son justificadas apelando a la trayectoria, las motivaciones y los esfuerzos personales, tornando invisibles situaciones y contextos de origen que inciden en la distribución desigual de los recursos. Esto se debe a que, como afirman los autores, es más fácil construir consenso al evaluar positivamente cualquier resultado que reduzca el número de personas que viven bajo un nivel mínimo de ingreso (línea de pobreza) y que garantice el acceso a servicios de salud, educación y seguridad social de mínima calidad. En cambio, es más difícil lograr acuerdos acerca de la evaluación de resultados en relación con la distribución total del ingreso, acuerdo que implicaría poner en discusión los procesos de producción de la desigualdad y, no solo los resultados absolutos. Es posible entonces llegar a consensos en torno a promover una mayor igualdad de oportunidades y un piso de acceso a servicios mínimos para los grupos pobres, que alrededor de una política que ponga en relación a los pobres, las clases medias y las élites en los programas orientados a reducir la pobreza y la desigualdad (^{De Ferrand et al., 2004}, p. 4).

Otro límite de esta perspectiva es que solo permite reconocer instancias de creación de desigualdades mediante mecanismos de distanciamiento (^{Therborn, 2006}), que implican la emergencia de distancias entre individuos, y las explica bajo la justificación meritocrática del "éxito". Al hacerlo, excluye del análisis los mecanismos relacionales de explotación, exclusión y jerarquización que operaron históricamente en la constitución y distribución de aquellas oportunidades, y que ponen en relación a grupos sociales, no a individuos¹⁰.

¿Rumbo a la neutralización del discurso sobre la desigualdad?

Tal como se vislumbra en los documentos analizados, la centralidad que adopta la categoría desigualdad se vincula simultáneamente con dos procesos de alcance global. En términos económicos, la preocupación por sostener un proyecto global que articule virtuosamente crecimiento, pobreza y desigualdad de ingresos. En términos políticos, el horizonte de fortalecer la ciudadanía para redefinir las características de la inclusión en el marco de una democracia representativa que se plantea como valor universal y que deja por fuera la noción de democracia sustancial vinculada a la justicia social.

Si desde las ciencias sociales, la desigualdad ha sido una herramienta crítica constitutiva tanto para comprender la dinámica de la producción y reproducción de las brechas existentes entre los diferentes grupos sociales como para impugnar y denunciar las asimetrías de poder, el uso que de ella hacen los organismos internacionales la despoja doblemente de su potencial disruptivo. Ya sea porque la reduce a una variable técnica ajustable en un esquema de equilibrio complementario entre igualdad, crecimiento y pobreza; o porque conlleva una visión de los procesos políticos que inscribe a la ciudadanía en América Latina como un proceso evolutivo de equiparación de derechos y pierde de vista que la ciudadanía opera también como sistema de clasificación que demarca límites de inclusión y exclusión social. A través de ambos movimientos, la desigualdad sedimenta como parte del sentido común experto y corre el riesgo de devenir un eufemismo incapaz de cuestionar las relaciones de poder hegemónicas. Si a lo largo del artículo se busca desnaturalizar el tipo de afirmaciones "América Latina es la región más desigual del mundo", no es porque se niegue su contenido, sino porque se pretende reponer las condiciones de posibilidad para que esa afirmación sea parte constitutiva del consenso vigente a partir del cual los organismos internacionales proponen intervenciones en la política social para nuestra región. Y aportar algunos recaudos epistemológicos y metodológicos a la hora de construir nuestras propias agendas de investigación.

En principio, reivindicar su vigencia como categoría crítica y detentarla como herramienta analítica requerirán poner en discusión cómo se construye el problema de la desigualdad, para luego indagar acerca de los procesos y mecanismos de producción social de asimetrías que subyacen a la emergencia de aquellos fenómenos que, escindidos de los procesos que les dieron origen, pululan luego con vida propia por las agendas académicas.

Otro recaudo consiste en reponer de modo permanente el carácter relacional de la desigualdad. Ahora bien, una relación que trascienda aquella de individuo-sociedad, que descontextualiza el conjunto de relaciones de poder que sedimentan en el acaparamiento de recursos y explotación de algunos grupos sobre otros. Asimismo, es necesario desplazar el análisis de la desigualdad como pisos mínimos de oportunidades o de resultados, a través de una política propositiva que vuelva a discutir la definición de la totalidad social. Y es que el aporte central que las ciencias sociales tienen para ofrecer no radica en mostrar si, y cómo, han mejorado las condiciones de vida de los grupos más desaventajados, sino en pensar las distancias que los separan de quienes se encuentran en otras posiciones en la estructura social. Y explicar a qué se debe su carácter -por momentos- infranqueable, reivindicando así una mirada de la cuestión social que dé visibilidad a los mecanismos de dominación social.