Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Citado por Google 
Similares en
SciELO 
Similares en Google 
Permalink
Introducción
El propósito de este artículo es analizar el papel de la memoria social en la justicia transicional. El campo de la justicia transicional comprende los distintos esfuerzos que las sociedades hacen por responder a un legado de violencia, atrocidad y conflicto. Las respuestas pueden ser oficiales (juicios, reparaciones y purgas) o también pueden ser llevadas a cabo de manera orgánica por iniciativas que la sociedad civil lidera, desde abajo (Buckley-Zistel et ál., 2014; Mihr, 2012; Teitel, 2014). El artículo se basa en los resultados del proyecto interdisciplinar "El impacto de los mecanismos de justicia transicional en la construcción de instituciones democráticas", financiado por la Organización Holandesa para la Investigación Científica, y comprende la investigación comparada de ocho países en cuatro continentes.
En el campo de la justicia transicional, existe un continuo debate sobre la importancia de recordar de manera colectiva las atrocidades pasadas (ICTJ, 2016). Por un lado, se considera que es importante recordar para no repetir los errores del pasado; en ese sentido, recordar de una forma colectiva y pública serviría para reconocer las injusticias y las agresiones cometidas en contra de un sector marginado de la sociedad. Por otro lado, algunos críticos argumentan que no existe suficiente certeza para sustentar que la memoria colectiva de atrocidades pasadas sirva como herramienta para prevenir futuros actos de violencia. Antes bien, existe evidencia que repetir actos violentos de manera ritual puede ser una forma de conmemoración colectiva (Kosicki, 2007).
Este artículo contribuye a ese debate al analizar cómo la memoria social forma parte de la justicia transicional como herramienta para el fortalecimiento de la democracia. La memoria social en sí misma no tiene un efecto positivo o negativo para la reconciliación o la transformación del conflicto, pues depende de la manera en que esta sea movilizada y construida socialmente. Sin embargo, ciertas políticas de memorialización ejercidas desde abajo o de manera oficial pueden ayudar a la construcción de la democracia por medio de efectos específicos, como la legitimación del nuevo régimen y la deslegitimación del antiguo, y al empoderamiento de ciertos sectores de la población que habían sido marginalizados. Estos procesos son analizados en dos casos en Chile y en Corea del Sur. El artículo finaliza con algunas consideraciones para el caso colombiano.
Metodología
Los hallazgos de este artículo forman parte de una investigación cualitativa comparada, en la que se seleccionaron ocho países en cuatro continentes porque representan una amplia gama de tipos de transición y de mecanismos de justicia transicional. Además, en estos Estados ha pasado suficiente tiempo para poder observar ciertos efectos de las políticas de transición en la cultura legal y política, así como en las instituciones democráticas de dichas sociedades. La autora forma parte de uno de los equipos de investigación que hicieron el análisis de la información secundaria, las visitas a todos los países de la muestra, el trabajo de campo en veinticinco sitios de memoria y más de ochenta entrevistas con partes interesadas y expertas, como abogados de derechos humanos, jueces, miembros de comisiones de verdad, encargados de manejar archivos secretos, líderes de asociaciones de víctimas, entre otros.
El proyecto está enmarcado en el contexto de la evaluación de prácticas de la justicia transicional para la democracia, el cual es un campo en expansión (Merwe, Baxter y Chapman, 2009; Skaar, Gianella Malca y Eide, 2015; Thoms, Ron y Paris, 2010). El proyecto identificó tres dimensiones de la democracia en las que los mecanismos de justicia transicional pueden influenciar: independencia judicial, democratización de las fuerzas de seguridad y participación cívica. Así mismo, reconoció tres formas por medio de las cuales los mecanismos de justicia transicional influyen en las dimensiones de la democracia mencionadas: (des)legitimación, reforma institucional y empoderamiento (Arnould y Sriram, 2014).
El presente artículo se concentra en el papel de la memorialización como una herramienta de la justicia transicional usualmente acompañada de otros mecanismos simbólicos de reparación, como la disculpa pública, y de mecanismos de recuperación de la verdad. Estudia cómo la memorialización contribuye a la participación cívica, por medio del empoderamiento de grupos que solían estar marginalizados, y a la deslegitimación del régimen antidemocrático. En primer lugar, el artículo presenta una consideración sobre los distintos adjetivos de la memoria (individual, social, cultural y colectiva). Luego, observa la diferencia entre memoria como política oficial y como práctica de base y analiza cómo las iniciativas de memorialización se ajustan a los objetivos de la justicia transicional en relación con la democracia.
Los adjetivos de la memoria
La memoria social se basa en los intereses e interpretaciones de distintos grupos sociales; estas pueden cambiar a través del tiempo como resultado de múltiples negociaciones, disputas e intersecciones. En vez de describir la memoria social como un proceso de acción y reacción, en el que memorias subalternas responden a memorias dominantes, se entiende aquí a la memoria social como el resultado de múltiples narrativas que provienen simultáneamente de muchas direcciones (Rothberg, 2009). Las sociedades construyen marcos de memoria social de acuerdo con las pretensiones que sean relevantes en el presente; esto determina aquello que es importante recordar y olvidar. Para Misztal (2003, p. 11), una de las razones por las cuales la memoria es social es porque "[...] existe en relación con aquello que ha sido compartido con otros: lenguaje, símbolos, eventos y contextos sociales y culturales". La memoria, aunque es un proceso eminentemente subjetivo, necesita de un foro público para volverse colectiva. Tankink (2007) presenta el ejemplo del distrito Mbara, en Uganda, donde las víctimas guardaban silencio sobre las atrocidades pasadas en vista de la ausencia de un espacio público que facilitara la creación de memorias colectivas durante el posconflicto. Nadie quería escuchar esas memorias traumáticas; por tanto, no existían narrativas colectivas, aunque eso no significó que no hubiera memoria en otro nivel, como el cultural. La memoria cultural es un término amplio que cubre aspectos sociales, mentales y materiales. También incluye la formación de memorias individuales, que son influenciadas por procesos socioculturales, como su representación en medios e instituciones, que a su vez son actualizados por individuos miembros de una comunidad del recuerdo (Erll, 2009).
Desde una perspectiva sociológica weberiana, la memoria social se entiende como las múltiples narrativas sobre el pasado que son traídas al presente por distintos grupos portadores (carrier groups) (Weber, 1978). Estos grupos tienen a menudo necesidades de sentido distintas, por ejemplo, las víctimas, los testigos y los perpetradores; unos tendrán la necesidad de darle sentido a su sufrimiento, otros tendrán que justificar su pasividad y otros tendrán que negociar su responsabilidad y su decisión de actuar de manera violenta. Por tanto, las narrativas de memoria social que producen estos grupos tienen una relación de afinidad electiva distinta con sus necesidades de sentido, patrones de vida, emociones e intereses. Los grupos sociales son los que hacen posible que ciertas versiones del pasado se mantengan en el presente y se transmitan al futuro; de lo contrario, se corre el riesgo de que estas se pierdan, olviden o silencien (Rios Oyola, 2015, p. 15).
Entonces, la memoria puede tener múltiples formas: individual, cultural, social y colectiva. Aunque estos adjetivos a menudo se usan de manera intercambiable en la literatura, no están desprovistos de matices analíticos que buscan subrayar aspectos específicos de la memoria. Por una parte, la memoria es un proceso subjetivo; pero, por otra, se encuentra siempre apoyada en elementos sociales y culturales, como el lenguaje. Sin embargo, no toda memoria se convierte en pública o colectiva, pues, como en el caso de Uganda, a menudo el silencio cubre las voces que de otra manera podrían pasar a influenciar a la opinión pública. De esa forma, aunque las memoria individuales, sociales y culturales son procesos inevitables, la memoria pública no lo es y requiere de esfuerzos concretos para su construcción. Entre estos esfuerzos, hay dos tipos de memoria: la social de base y las políticas oficiales.
Memoria social de base
Las memorias sociales de base se construyen en respuesta a un tipo de muerte que se considera injusta, como los ataques de tipo político y aquellos en contra de personas que son tradicionalmente consideradas inocentes, como los niños y los ancianos. Estas son formas de duelo-protesta que buscan construir memoria de muertes traumáticas, que tocan la fibra íntima de la condición existencial humana, como la fragilidad y la desacralización de la vida (Margry y Sánchez, 2011; Santino, 2003; Senie, 2006). Por lo tanto, ellas producen "fuertes manifestaciones de duelo y descontento político y social" (Margry y Sánchez, 2011, p. 4). Este tipo de memoria-protesta no está presente solo en actos individuales, sino en actos con resonancia social y política que buscan influenciar a las elites y tratar de hacer una diferencia política.
Los procesos de recuperación de la memoria desde abajo son desarrollados de manera artística, cultural y religiosa, entre otras. Ellos buscan "revelar la verdad sobre los crímenes cometidos en el pasado como parte de una estrategia más amplia de responsabilidad (accountability) y justicia" (Bickford, 2007, p. 994). En el caso de Colombia, ha habido miles de iniciativas de memorialización desde abajo (Briceño-Donn, Reategui, Rivera y Salazar, 2009; Díaz, 2008; Reategui, 2009)1. De acuerdo con Reategui (2009, p. 18), no es posible predecir la proyección o la durabilidad de estos procesos de memoria social, pero es posible afirmar que han ayudado a transformar el imaginario social sobre las representaciones públicas de la violencia en Colombia.
Políticas oficiales de memorialización
A diferencia de las anteriores, las memorias oficiales corresponden a políticas diseñadas e implementadas desde arriba, como memoriales, museos, comisiones de memoria histórica, libros de texto, entre otros. Estas son un intento de las sociedades transicionales por interpretar y apropiarse de su pasado, con el fin de apoyar los esfuerzos políticos del presente, como la construcción de sociedades democráticas (Aguilar, 2008). Las políticas de la memoria varían de acuerdo con la naturaleza y los legados del régimen opresor o del conflicto y el tipo de transición. Otros factores políticos, institucionales y legales condicionan la manera en que se diseñan y ejecutan las políticas de la memoria (De Brito, 2001, p. 160).
Estas políticas buscan transformar la memoria social a través del reconocimiento de varias versiones del pasado silenciadas por miedo o por intereses políticos. Traer esas voces a la esfera pública ayuda a "construir varias identidades políticas, sociales o identidades colectivas" (De Brito, González y Aguilar, 2001, p. 39), al facilitar la inclusión de distintos grupos sociales que habían sido marginalizados. En este sentido, las políticas de la memoria ayudarían en la construcción de la democracia en sociedades transicionales y en la creación de múltiples interpretaciones del pasado que aparecen en los debates públicos (Jelin, 2003). Los procesos de construcción de memoria desde abajo a menudo complementan a los de que lo hacen desde arriba (Klep, 2016); por ejemplo, es frecuente encontrar iniciativas de memorialización, como la celebración ritual de aniversarios de masacres, aun antes de que empiecen procesos formales de justicia transicional.
La memoria social y los objetivos de la justicia transicional
El papel de la memoria social en la justicia transicional se puede evaluar teniendo en cuenta los objetivos de esta. Distintos autores y observadores han argumentado que la justicia transicional puede tener un impacto en la construcción de paz, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia (Skaar, Gianella Malca y Eide, 2015). La construcción de la democracia es probablemente uno de sus objetivos más importantes, particularmente en lo que respecta al fortalecimiento de instituciones democráticas. La legitimidad del nuevo régimen así como la deslegitimación del anterior contribuyen al fortalecimiento de instituciones democráticas. A su vez, la participación política de grupos que antes se encontraban excluidos ayuda a la ampliación del panorama político y a la participación ciudadana en general por medios democráticos que permiten escapar a nuevos ciclos de violencia. Sin embargo, no todos los mecanismos de justicia transicional se desarrollan de la misma manera ni responden a los mismos objetivos. Por ejemplo, losjuicios que las cortes internacionales han llevado a cabo tienen un efecto distinto sobre la legitimidad de la rama judicial que los juicios llevados por cortes domésticas. Igualmente, iniciativas de memorialización tienen efectos distintos cuando son realizadas en conjunción con políticas de reparación, comisiones de verdad o juicios.
La implementación de distintos mecanismos de justicia transicional da respuesta a diferentes procesos históricos: por ejemplo, la transición negociada o pactada, en el caso de Chile o Hungría, o la transición luego de una derrota militar, en el caso de Japón. Por tanto, es un reto generalizar qué tipo de efectos suscita la memorialización social, al ser parte de los mecanismos de la justicia transicional, en la transformación social. Sin embargo, como se mencionó, de manera analítica hay tres aspectos que pudieron favorecer la construcción de la democracia en Corea del Sur y en Chile: deslegitimación, empoderamiento y promoción de la participación cívica.
(Des)legitimación: el caso de Corea del Sur
El proceso de deslegitimación es importante en sociedades en las que el conflicto o los regímenes autoritarios han durado largo tiempo, porque contribuye a combatir la polarización ideológica enraizada en la cultura legal y política de estas sociedades. Dicha polarización se perpetúa gracias a la construcción de narrativas que justifican la actuación de los miembros de la sociedad civil, estamentos militares y políticos en su rol de espectadores o de testigos. Los mecanismos de justicia transicional pueden tener un efecto deslegitimador de los regímenes pasados; por ejemplo, el ejercicio ritual de recordar las atrocidades y otras formas de abuso en contra de los derechos humanos previene la tentación de negar o minimizar la responsabilidad de los líderes del régimen anterior.
Además de su experiencia con el colonialismo y una guerra civil, Corea del Sur tuvo un régimen autoritario (1961-1987) legado de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Durante este régimen, el país experimentó periodos extensos de violaciones a los derechos humanos. La dictadura militar se enfocó fuertemente en la promoción del desarrollo económico y en la seguridad nacional para oponerse a Corea del Norte, a la vez que condujo purgas en contra de líderes de la oposición y activistas prodemocracia. En la última etapa de la represión, de 1980 a 1987, bajo el régimen de Chon Doo-Hwan, "más de mil personas fueron acusadas de ser espías norcoreanos" (Dong-Choon, 2013, p. 28), lo que significó su estigmatización como enemigos del régimen. Ellos fueron asesinados en circunstancias sospechosas, fueron desaparecidos, torturados y puestos en condiciones de trabajo forzoso y sus familias fueron obligadas a permanecer en silencio por miedo a las represalias políticas y sociales2. A pesar de la represión violenta, varias demostraciones masivas tuvieron lugar en favor de la transición democrática -que se dio en 1988-, como el levantamiento de Gwangju también conocido como el levantamiento del 18 de mayo, en 1980, en el que cientos de estudiantes y ciudadanos perecieron.
En el país, ha habido varios esfuerzos por lidiar con el legado de diversas olas de violencia en el país y construir narrativas de memoria social al respecto. Por ejemplo, durante 1960 y 1961, hubo un movimiento que buscaba la verdad de las masacres que fueron cometidas en la década anterior. Después del golpe del general Park Junghee en 1961, el movimiento de justicia transicional fue suprimido. Además, algunos militares destruyeron la evidencia de las masacres, incluidos monumentos y fosas comunes. Tomó casi cuarenta años reorganizar el movimiento de justicia transicional; desde entonces, el país ha implementado juicios, comisiones de la verdad y programas de reparación (Hanley, 2014). Estos mecanismos fueron apoyados por los gobiernos de los presidentes Kim Dae-Jung (1998-2003) y Noh Moo-Hyun (2003-2008). Sin embargo, durante el gobierno del presidente conservador Lee Myung-Bak (2008-2013), quien se oponía a la justicia transicional, muchos de esos mecanismos fueron reexaminados. En ese momento, el Ejército, la Policía y otros oficiales del Estado se mostraron menos cooperativos, el presupuesto de la Comisión Sur Coreana para la Verdad y la Reconciliación (TRCK, por sus siglas en inglés) fue disminuido y su extensión reducida (Kim, 2015).
Las comisiones de la verdad fueron los mecanismos más frecuentemente usados. Una muestra de esto es que ha habido cerca de una decena de comisiones y en muchos casos han estado auspiciadas por movimientos de base (Kim, 2013). Tres de ellas, la Comisión Jeju, la Comisión de Muertes Sospechosas y la Comisión Coreana de la Verdad y Reconciliación, son prominentes por sus mandatos extensos, los debates sociales que produjeron, el número de víctimas que reportaron, su autoridad y recursos y la atención que recibieron de los medios (Kim, 2013). Las comisiones de la verdad abrieron la puerta para el debate público de temas que hasta ese momento eran considerados tabú y para la memorialización pública de las víctimas. Hasta ese momento, las víctimas no podían hablar de lo que les había sucedido por miedo a las represalias políticas y sociales. Vivían como "fantasmas políticos", "cuya existencia histórica [era] sentida en la vida social íntima pero que sin embargo no [podía] encontrarse en la memoria pública" (Kwon, 2013). Otros logros importantes de la Comisión Coreana de la Verdad han sido "la disculpa por parte del presidente y su participación en los memoriales, la revisión de los libros de historia y documentos oficiales, excavaciones y reentierros y la creación de una institución permanente para la investigación y conmemoración de las víctimas" (Kim, 2014, p. 7).
Sin embargo, estas políticas de la memoria no han tenido el objetivo de eliminar la polarización ideológica; por tanto, existe el riesgo de que antiguos rencores se mantengan y continúe la exclusión de algunos grupos. De acuerdo con Su Jiwon, profesor de política comparada en la Universidad de Sugong, "cuando la gente habla de justicia transicional y de políticas de la memoria lo hace de una manera muy partisana. La gente lo trata como un problema de 'nosotros y ellos'" (2014, 4 de noviembre). De tal manera que, aunque los tabúes se hayan superado en cierta medida, la memoria social del sufrimiento de un grupo de víctimas que lucharon por la democracia y el reconocimiento de las injusticias que se cometieron en contra de sus derechos humanos no generan espontáneamente la superación de la polarización y el fortalecimiento de la democracia. Las lecciones morales de estas narrativas de memoria se limitan a resaltar el mito nacional de construcción de la democracia, pero se niegan a integrar voces que buscaban horizontes políticos alternativos a la derecha conservadora.
Los mecanismos mismos de memorialización han sido objeto de politización: se ha socavado el presupuesto de algunas iniciativas y se han ejecutado políticas cuestionables, como la reelaboración de libros de texto, según una versión del pasado acorde con las versiones conservadoras de derecha (Cho, 2015). El proceso de deslegitimación del antiguo régimen no estuvo acompañado de uno de legitimación de las múltiples voces de actores políticos en el presente. Por ejemplo, el levantamiento de Gwangju es recordado como uno de los pilares históricos de la lucha por la democracia. La ciudad construyó un importante parque memorial que se convirtió en la meca de la democracia; sin embargo, las connotaciones políticas del levantamiento, que apuntaban a la denuncia de la violencia estructural, siguen siendo problemáticas (Jung, 2003). Aún más, miembros del Instituto de Investigación Levantamiento del 18 de Mayo han sufrido difamaciones en los años recientes, por su supuesta identificación con el comunismo (Seon, 2014, 21 noviembre).
Las comisiones de la verdad significaron una apertura a hablar sobre ciertos temas del pasado, pero no llevaron a romper con la reproducción de formas de censura y represión propias del régimen previo. Esto ha derivado en lo que algunos autores llaman la segunda ola de negación durante el gobierno de Lee, caracterizada por la censura en internet, el control al derecho a la asamblea y sobre los medios. Estas medidas están enmarcadas en las provisiones de la Ley de Seguridad Nacional, un vestigio de la Guerra Fría -y guerra continua- que afecta las libertades civiles de los surcoreanos (Freedom House, 2015). En el caso de Corea del Sur, las políticas de la memoria, implementadas a través de museos, memoriales y estrategias de reparación y reconocimiento a las víctimas como héroes de la democracia, no han funcionado del todo como un mecanismo de inclusión social que legitime diversas voces. Antes bien, a las víctimas de la más reciente ola de violencia se les recuerda como luchadores por la democracia, pero las narrativas de memoria social alternativas no han sido transmitidas por el riesgo de ser comparadas con ideologías comunistas3. Finalmente, la memoria de Gwangju ha servido para legitimar el movimiento prodemocrático y para deslegitimar hasta cierto punto el régimen autoritario; sin embargo, no ha podido deslegitimar totalmente algunas de las prácticas usadas durante la represión, como la estigmatización del otro.
Promoción de la participación cívica: Londres 38 de Chile
En el caso de Chile, en el que 3216 personas han sido reconocidas como desaparecidas o ejecutadas y 38 254 fueron víctimas de tortura desde 1973 hasta 1990, durante la dictadura militar, es casi imposible negar los abusos cometidos, después de los reportes de las comisiones de verdad y reconciliación (reportes Rettig y Valech). En Chile, sitios de represión y tortura se convirtieron en sitios de conciencia. Por su parte, los archivos acumulados por las organizaciones defensoras de derechos humanos se convirtieron en la base para el Museo de la Memoria. Esta sección reflexiona sobre el impacto de estas políticas de la memoria en el empoderamiento de los ciudadanos.
El empoderamiento se puede definir como el apoyo a sectores de la sociedad civil, especialmente aquellos que no han podido participar en política. En relación con la definición de memoria social usada en este artículo, el empoderamiento sería el proceso que permitiría a grupos sociales al margen poder traer sus versiones del pasado a la esfera pública y ser escuchados para participar en el proceso de construcción de memorias colectivas. Es posible que, aun después de la transición, narrativas militaristas persistan o compitan en contra de narrativas más críticas sobre el papel de las fuerzas militares durante el régimen autoritario. Por esa razón, la transformación de sitios de tortura en sitios de conciencia no fue una tarea fácil en Chile y su reconocimiento fue fruto de protestas y confrontaciones.
Este es el caso de Londres 38, Espacio de Memorias, un sitio que conmemora el centro secreto para la detención, tortura, desaparición y ejecución, que funcionó del 11 de septiembre de 1973 a septiembre de 1974. En el 2005, este sitio, donde noventa y seis personas fueron detenidas, fue reconocido como monumento histórico por el concilio de los monumentos nacionales. El memorial está constituido por la casa, en la que se puede hacer un tour por las distintas salas que contienen información sobre la forma en que los detenidos fueron tratados en ese lugar. Además, en la entrada hay novena y seis placas de hierro con los nombres de las personas, su edad y el partido político al que pertenecían. El memorial recuerda que el piso era la única pista que los sobrevivientes podían tener de su ubicación: "Y a través de la cinta adhesiva en los ojos pudo ver las baldosas blanco y negro y un mesón a la entrada donde mujeres jóvenes hacían preguntas de rigor" (Londres 38, 2016).
De acuerdo con Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos,
los memoriales como Londres 38 fueron posibles solamente gracias a la protesta. Este sitio fue inicialmente una biblioteca y no fue fácil reclamarlo como un sitio de memoria, pues estas negociaciones a menudo dependen de la voluntad de los gobiernos y los gobiernos no han sido muy generosos. (2016, 11 de marzo)
Uno de los aspectos más significativos de este memorial es su interés por resaltar la militancia política de las víctimas, muchas de las cuales fueron parte del caso de los ciento diecinueve. Estas fueron ciento diecinueve personas pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y otros partidos de izquierda que fueron asesinadas y desaparecidas. Los miembros del Colectivo Londres 38 han denunciado
el uso del discurso de los derechos humanos para desplazar las memorias, las identidades políticas y sociales de las víctimas y las acciones de los individuos y de las organizaciones de base que hicieron Londres 38 visible y la salvaron de ser destruida o vendida. (Klep, 2016)
En el caso de Chile, los abusos en contra de los derechos humanos cometidos durante la dictadura no pueden ser negados, especialmente después de la Mesa de Reconciliación, en la que participaron miembros de las Fuerzas Armadas y otros sectores de la sociedad en la búsqueda de los desaparecidos. Dicha Mesa tuvo escasos resultados, pero sirvió para que los miembros de las Fuerzas Armadas reconocieran que violaciones a la ley y a los derechos humanos habían sido cometidas (Loveman y Lira, 2002). En ese sentido, las políticas de la memoria en Chile han contribuido a deslegitimar la imagen que el régimen de Pinochet tenía. Sin embargo, esto no es lo mismo que afirmar que los mecanismos de memorialización posibilitaron la participación de otros miembros de la sociedad civil. Antes bien, existe el riesgo de que una visión romántica del pasado pueda llevar a borrar algunas de las dimensiones políticas más importantes, que son el legado de la resistencia durante la dictadura.
Uno de los elementos interesantes de la forma en que la memorialización es llevada a cabo en Londres 38 es su conexión con la denuncia de violaciones actuales de los derechos humanos, como la situación de los mapuches en el sur de Chile o las protestas estudiantiles. Por ejemplo, durante la visita de la autora, el 11 de marzo del 2016, en uno de los cuartos se proyectaba un video sobre Iván Rojas, quien fue asesinado por carabineros durante el estado de emergencia en Biobio, una zona afectada por el tsunami del 2010. En el documental, el abogado Javier Ahumada dice que el Estado es responsable ideológico de este crimen, argumentando que no ha habido un cambio de consciencia en las Fuerzas Armadas. Mediante el lenguaje de los derechos humanos, que describe al crimen de desaparición forzosa como delito permanente, el abogado dice: "ser pobre en Chile es un delito permanente". Así mismo, el sitio de memoria Londres 38 apoya la reclamación de la apertura de los testimonios, declaraciones y otros documentos que sustentaron el Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) (2003-2011), los cuales han permanecido cerrados durante cincuenta años por decreto judicial.
Londres 38 parece ser una excepción a la regla. La mayoría de los memoriales han tenido dificultad en conectar los atropellos del pasado con los desafíos del presente, tales como los abusos de los que fueron víctimas los mapuches y los estudiantes por parte de carabineros en los conflictos por la tierra en el sur de Chile y durante protestas, respectivamente. También las torturas ejecutadas por la policía y las guardias continúan siendo un problema en Chile (Human Rights Watch, 2016). De acuerdo con Claudio Nash, coordinador académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, "el golpe fue un trauma cultural que silenció a la gente por décadas" (2016, 9 de marzo). Él considera que la justicia transicional en Chile no permitió avanzar en la participación cívica, porque, aunque había un compromiso con la protección de la democracia, falló en crear una nueva cultura, en la cual se pudiera avanzar en términos de justicia sin poner la democracia en riesgo. Aunque las generaciones más jóvenes no comparten ese silencio, no necesariamente crean conexiones entre lo que sucedió en el pasado y los abusos actuales en contra de los derechos humanos.
Conclusión
Con las definiciones de memoria social cultural y colectiva presentadas al inicio de este artículo, se demuestra que, aunque los procesos de memoria social y cultural pueden parecer espontáneos, se necesitan esfuerzos coordinados para que ciertas versiones del pasado entren al debate público. De tal manera, las comisiones de verdad, de memoria histórica y otros mecanismos de justicia transicional abren la puerta para que el esfuerzo combinado de políticas oficiales de la memoria e iniciativas de memoria desde abajo sea efectivo.
Con respecto a la pregunta de si la memoria social contribuye a la deslegitimación de regímenes autoritarios, se observa que, en el caso de Corea del Sur y el de Chile, las comisiones de verdad permitieron una deslegitimación del régimen autoritario y abrieron el espacio público para la discusión de temas que antes eran prohibidos. Las políticas públicas de memorialización, como las que crean los museos y memoriales, refuerzan este proceso. Sin embargo, el tipo de narrativas de memoria social construidas son una visión destilada del pasado, en la que las voces marginales de políticas de oposición y de izquierda no tienen el mismo peso.
En Corea del Sur, múltiples comisiones de la verdad han sustentado la creación de narrativas de memoria que le dan sentido a la violencia fruto de la represión. La narrativa de la memoria dominante afirma que los ciudadanos lucharon y se sacrificaron por lograr la democracia. Esta es una versión que se encuentra en los múltiples parques y memoriales por la democracia que existen en Corea del Sur. Sin embargo, al etiquetar las revoluciones populares, como Gwangju, solo como revoluciones por la democracia (en abstracto), otros aspectos que eran centrales en los alzamientos -por ejemplo, la naturaleza política del evento, que respondía a las contradicciones sociales y estructurales de la sociedad en los ámbitos regional, nacional y local- se pierden. Una mezcla de políticas y de ejercicios de la memoria desde abajo, en los que se integren las definiciones del conflicto que se dan en el día a día de las víctimas, sería una posible forma de responder a este desbalance y a la polarización4.
El caso de Londres 38 en Chile nos muestra la importancia del papel de las memorias desde abajo, y de la participación de los grupos de víctimas en la ejecución de políticas públicas de la memoria. Esto se logra, sin embargo, con ciertas tensiones. Como se dijo al comienzo del artículo, la memoria social es producto de acuerdos y negociaciones, en los que algunos grupos ceden o convienen cómo se recuerda el pasado. En Chile, las memorias de las violaciones a los derechos humanos han logrado permear el debate público; no obstante, al igual que en Corea del Sur, el carácter político de algunas de estas voces ha sido menoscabado. Reducir el peso de ciertas visiones políticas puede ser el costo de la reconciliación, para fortalecer una democracia que es inicialmente frágil; sin embargo, reconocer la pluralidad de voces y de visiones políticas puede reforzar la democracia a largo plazo y crear estructuras para una sociedad abierta. Uno de los retos para Colombia, en un contexto de posconflicto, sería pensar en la incorporación de memorias desde la perspectiva de los múltiples actores y las concesiones que se deben hacer en nombre de la reconciliación.
En el caso colombiano, los trabajos oficiales de memorialización se han llevado a cabo a través del Grupo de Memoria Histórica y luego del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La primera parte de estos trabajos se centró en un proceso de esclarecimiento, reflejado en los distintos reportes de estudios de caso, lo que privilegió la diversidad de voces de las víctimas del conflicto. A falta de una comisión de la verdad, el CNMH ha revelado el contexto de la violencia en Colombia, como lo describe el documento ¡Bastaya! (CNMH, 2013). Aunque la principal función del grupo ha sido el esclarecimiento, cabe preguntar si, a falta de una comisión de la verdad, una perspectiva de memoria es adecuada para el reconocimiento oficial de los abusos del pasado, que pueda llevar a la deslegitimación de estructuras, prácticas y personas del régimen anterior al proceso de transición.
Las comisiones de verdad contribuyen a develar hechos que deslegitiman el régimen anterior, pues presentan evidencia contundente de los abusos cometidos, como en Corea del Sur y Chile; estas verdades son en su mayor parte no negociables y generan discursos que adquieren legitimidad al estar sancionados por mandatos concretos. Mientras que la memoria, tal como fue explicada al comienzo de este artículo, es multidireccional, maleable y sujeta a negociación, en el sentido en que las diversas narrativas se articulan por medio otras que son prestadas, acomodadas y sobrepuestas (Rios Oyola, 2015, p. 18; Rothberg, 2009). Wertsch (2002, p. 7) argumenta que "la memoria es más un asunto de reorganizar y reconstruir pedazos de información en un esquema general que de recordar acertadamente los pedazos de información de manera aislada".
Mientras que las narrativas fruto de las comisiones de la verdad no pueden ser alteradas, la forma en que se recuerdan y movilizan socialmente sí lo pueden ser. Por esa razón, observamos que, tanto en Chile como en Corea del Sur, existen repetidos intentos por (des)politizar memoriales y museos. En el caso colombiano, a falta de una comisión de la verdad, el riesgo de (des)politizar las narrativas de memoria es mayor. En Colombia, esclarecer la verdad es un trabajo de memoria, lo cual dificulta el reconocimiento oficial del legado del conflicto y su deslegitimación. El esfuerzo institucional de memorialización ha contribuido al empoderamiento de grupos marginados, al incluir las voces de las víctimas. Sin embargo, existe el riesgo de que a largo plazo estas voces sean utilizadas para apoyar ciertas versiones del pasado, por ejemplo, una versión que, por un lado, aplauda a las víctimas y que, por otro, olvide su papel en acciones de lucha social5. Como afirman Riaño y Uribe (2016), el capital narrativo de los testimonios de las víctimas pasa ser capital político del Estado y sus instituciones:
el capital narrativo y el discurso mediático concerniente a las víctimas fue convertido en un capital político que borraba y despolitizaba las formas en que la gente que había vivido en la violencia, había llevado a cabo luchas sociales por la verdad y la justicia, y sus historias de resistencia política y cotidiana a la guerra. (p. 22)
Como se ha visto, en el caso de Chile y Corea del Sur, no es suficiente con incorporar la perspectiva y los testimonios de las víctimas para garantizar su empoderamiento. Antes bien, las narrativas de memoria deben reflejar la capacidad política de las víctimas. Así mismo, durante el régimen de postransición, se deben garantizar espacios de participación política para las víctimas, con el fin de que ellas sean quienes se conviertan en grupos portadores (carriergroups) de sus narrativas. Finalmente, demostrar que se les violaron los derechos humanos no solo a víctimas pasivas, sino a grupos activos de resistencia con una agenda política plural, puede llevar a que en el régimen postransición haya una sociedad más abierta, con menos polarización y con instituciones democráticas fuertes.
