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Introducción: la influencia de las políticas colonizadoras en el sistema alimentario
En Chiapas, las etnias predominantemente lacandonas que habitan la selva desde sus orígenes se han caracterizado históricamente por una lucha constante en una selva basta y proveedora de recursos naturales, en la que han experimentado los efectos de las políticas colonizadoras, las dinámicas migratorias y la ambición por los recursos naturales de la selva. Este artículo tiene el objetivo de analizar la relación y las implicaciones de la economía alimentaria lacandona, así como las estrategias de políticas de desarrollo social como un instrumento colonizador en una comunidad relacionada estrechamente con la naturaleza.
Para ello, en el primer apartado se destacan elementos colonizadores y de influencia sobre la economía alimentaria lacandona, así como las formas de subsistencia que han tendido a ser sustituidas o abandonadas.
Algunos ejemplos de esta intervención son el ordenamiento territorial y demográfico, sucesos como la apertura de los grupos étnicos a formar familias con miembros de otra etnia y la oferta laboral de empresas con concesión de explotación de recursos naturales en la selva lacandona. Estos elementos han sido determinantes para los cambios en las formas y medios de vida, y han dado lugar al surgimiento de nuevas necesidades, que les permitan adaptarse a condiciones y exigencias de consumos exógenos.
En el segundo apartado se atienden las implicaciones de los procesos de adaptación y supervivencia, abordados desde la estructura social y de salud, así como la relación de estas ampliaciones con los programas sociales.
A partir de los objetivos de desarrollo social del Plan Nacional de Desarrollo, siempre se contempla la atención a la salud. "La institución responsable es la Secretaría de Salud, con los programas llamados de Innovación, Modernización y Desarrollo para implementarlos a través de los Centros de orientación nutricional y asistencia alimentaria" (Secretaría de Salud, 2007, p. 54). Una política social que se requiere resaltar en este mismo sentido es el Programa Nacional México Sin Hambre, una estrategia política del Gobierno mexicano para combatir la pobreza, donde se argumenta que para ello es necesario:
actuar organizadamente con su comunidad para coadyuvar en la superación de las carencias sociales, en el mejoramiento físico y en la adquisición de conocimientos y habilidades para insertarse productivamente en el México Próspero, que constituye otra de las grandes metas del Plan Nacional de Desarrollo. (Secretaría de Gobernación, 2014,30 de abril, p. 2)
Así mismo, con esto se pretende cumplir con lineamientos internacionales en torno a:
reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental y ha suscrito acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Art. 11); el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 11); la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 24); la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Art. 8); la Declaración Mundial sobre Nutrición; la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición; la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial; el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; así como la Declaración y Programa de Acción de Viena, de acuerdo con el PIDESC y el Pacto de San Salvador (Art. 12). (Secretaría de Gobernación, 2014,30 de abril, p. 7)
Con este argumento el Gobierno mexicano justifica los cambios no solo en los patrones de consumo alimentario, sino también en las formas de vida de las comunidades. El orden y las formas se siguen determinando en los altos niveles de Gobierno con el propósito de dotar a un pueblo de ansias de superación, conocimiento, habilidad y productividad para la "prosperidad nacional", y con ello responder a los indicadores que se exigen en las esferas internacionales para calificar y abrir puertas hacia financiamientos y nuevos mercados.
Metodología
Eckar Boegue (2008) ha planteado que "existen territorios que son centros de origen y diversificación de la biodiversidad en los que poblaciones basan sus formas de vida. Los pobladores de estos territorios son identificados como gente de los ecosistemas, pues dependen totalmente de estos" (p. 23). En este sentido, la población objetivo de este estudio es la gente de los ecosistemas de la comunidad lacandona de la selva de Chiapas (mapa 1). Para la recopilación de información se utilizaron tres técnicas de investigación cualitativa: la observación participante, la observación microsociológica y el uso de documentos, las cuales fueron aplicadas entre los años 2012 y 2016.
En ese periodo se participó con la población lacandona en actividades conferidas tanto a hombres como mujeres, relacionadas con sus formas y métodos de subsistencia, alimentación y organización social. Las actividades en las que se interactúo con los hombres fueron generalmente acompañamientos a senderismos que permitieron conocer los recursos naturales (flora y fauna) de los que subsisten, así como aspectos de vigilancia a tierras que tienen asignadas como propias en su calidad de comuneros en la profundidad en la selva. Se obtuvo información respecto a las formas de satisfacer las necesidades y de apropiación de los recursos naturales, se identificaron los elementos de influencia, así como las características de los procesos de adaptación del sistema alimentario y formas de subsistencia.
Dado que los elementos observados tienen relación con las formas de organización familiar, doméstica y política, fue necesario aplicar la observación microsociológica para analizar sus representaciones cognitivas, culturales y de conductas en el interior de su organización. Para ello se interactuó socialmente en la cotidianidad de familias lacandonas con el propósito de percibir significaciones relativas a sus formas de alimentación y subsistencia. Con este objetivo se participó en los cultivos de traspatio, siembra, limpia de milpa, cuidado de aves, limpia de estanque de base terrestre, preparación del fogón y elaboración de alimentos. Estas acciones permitieron distinguir su forma de organización, significaciones, usos y costumbres en torno a su economía alimentaria.
Para analizar la postura y acción institucional en términos de bienestar y subsistencia se revisaron documentos relativos a los programas implementados como política social: informes de las secretarías de Desarrollo Social, de Gobierno y de Salud. Dada la naturaleza institucional de estos documentos, generalmente han sido diseñados para promover la transformación de la estructura social hacia un nuevo orden con el propósito de responder a objetivos tanto de un plan nacional de desarrollo como de otros programas de organismos internacionales. La revisión se centró en el objetivo de los programas sociales, los beneficiarios y sus requisitos.
El análisis permitió determinar algunas necesidades insertadas como indicadores de bienestar en torno a las transformaciones que se suscitan en su estructura social y sistema alimentario y definir la relación e implicaciones entre la economía alimentaria lacandona, en estrecha relación con la naturaleza, y las políticas de desarrollo social, como un instrumento colonizador.
La economía alimentaria de la etnia lacandona
Uno de los instrumentos de colonización han sido las políticas de ordenamiento territorial y demográfico, como el caso del decreto presidencial publicado por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 1972, referido a la titulación de terrenos comunales a miembros de la tribu lacandona. Estratégicamente se dio un proceso de omisión en torno a los asentamientos poblacionales que ya existían en el territorio y el oportunismo de los desplazamientos poblacionales de los Altos de Chiapas (Secretaría de Gobernación, 1972). El entonces gobernador Manuel Velasco Suárez (1970-1976) justificó el ordenamiento territorial con un programa que buscaba reagrupar a estas poblaciones en Nuevos Centros de Población Ejidal como mecanismo político de solución a las invasiones, "estableciendo dos centros de población: Nueva Palestina y Frontera Corozal" (Hernández, 2005, p. 83). La inclusión de estas comunidades llevó al acuerdo de la división de la comunidad y su territorio, sin embargo, excluía a Frontera Corozal y Nueva Palestina de los derechos comuneros1, a pesar de ser mayoría en la población comunera.
La apertura de la población lacandona para establecer vínculos familiares a través del matrimonio entre miembros de las distintas etnias modificó significativamente su organización social, pues históricamente solo podían contraer matrimonio con miembros de su propia etnia. La apertura dio lugar, en un primer momento, a que los hombres lacandones involucraran en la comunidad a las mujeres de otras etnias para formar familias, lo que no acontecía en el caso de las mujeres, quienes debían salir del territorio lacandón si se comprometían con un hombre de otra etnia. Bajo esta consideración, las mujeres migrantes insertaron otros usos y costumbres a la vida y organización familiar de los lacandones, que influyeron en los cambios en el interior de la etnia. Actualmente, aunque en mucha menor medida, las mujeres lacandonas que se han unido a hombres de otras etnias pueden vivir en territorio lacandón.
Sumado a ello, la oportunidad laboral en las empresas con concesiones otorgadas por el Gobierno mexicano, para la explotación y comercialización de la biodiversidad, recursos minerales y energéticos y productos agrícolas de la selva lacandona, tendió también a incrementar los lujos migratorios de otros estados de la República Mexicana y del vecino país de Guatemala.
Estos lujos migratorios han influenciado la economía alimentaria (producción, almacenamiento, distribución y consumo) de la población lacandona, que se basaba en los productos que les proporcionaba la naturaleza y en la forma organizacional de producción del sistema alimentario transmitido de generación en generación; aunque los patrones de consumo alimentario y la división del trabajo no han sido ajenos a la dinámica de continuidades y discontinuidades.
La agricultura, la caza y la pesca, como actividades primarias para la subsistencia de la población de la etnia lacandona, han pasado de un carácter proveedor a convertirse en una amenaza para la biodiversidad de la selva lacandona. La existencia del comercio o tráfico ilegal de especies de valor económico de importancia se hace presente ya que
se ha confirmado que durante los últimos años en la entidad existe el tráfico clandestino de pieles y ejemplares vivos de la masto fauna local. Las áreas de extracción más importantes son la selva lacandona, la sierra madre y la costa de Chiapas. (González, Ramírez y Ruiz, 2005, p. 234)
A manera de paréntesis, se señala que la amenaza puede o no trascender en la población local, dado que es una opción para cubrir la necesidad económica debido a los bajos ingresos que pudieran tener por otras actividades como la agricultura y la esporádica actividad turística. En este mercado ilegal, en el año 2002 se reportaba que "en San Cristóbal de las Casas, la piel de puma se cotizaba entre 250 y 400 dólares, en tanto una cría de mono araña se ofrecía en 200 dólares en Tuxda Gutiérrez" (González, Ramírez y Ruiz, 2005, p. 234). Aunque no se tiene evidencia de campo de la participación de la población lacandona en estas actividades, puede resultar una línea muy delgada para tener acceso a recursos económicos que les permitan satisfacer su demanda de alimentos, y en la que los productos elaborados se han ido integrando a su consumo, con lo que se transforma su sistema alimentario.
Las formas de apropiación de los recursos naturales se caracterizaron, en la etnia lacandona, por la adaptación de las formas de vida en los entornos naturales, lo que les permitió desarrollar prácticas de subsistencia como la producción de traspatio, es decir, aquella producción pecuaria y de cultivos en pequeños terrenos en los que se encuentra ubicada la vivienda.
La práctica de producción de traspatio, en mayor o menor medida, es una actividad permanente en la vida de los lacandones, conferida a las mujeres como parte de sus labores domésticas. Esta actividad implica el mantenimiento de los huertos familiares en los que se cultivan generalmente chile ratonero, chayote, macal, yuca, frijol, calabaza, tomate, cebolla silvestre, ajo, plátano, zapote, limón, naranja, guanábana, cebollín, yuca, tomate y chile. En tanto que la producción pecuaria está limitada a la crianza de aves y peces.
En cuanto a la cría de aves, estas generalmente son gallinas, faisanes y patos. Las aves durante el día andan libres por los patios, y por las tardes se resguardan en corrales hechos con alambre y madera. Las aves se alimentan de lo que encuentran en la tierra, algunos desechos de alimentos y, en algunos casos, de maíz. Son generalmente aves pequeñas, por lo que no son buenas productoras de carne y producen pocos huevos.
En el caso de la crianza de peces o la acuicultura de traspatio, los lacandones utilizan estanques que intentan aprovechar las condiciones de los terrenos, con el sistema de base terrestre que son llenados con agua de arroyo provenientes del río Lacanja, el lujo constante de agua permite la oxigenación adecuada del estanque. Los peces se alimentan de larvas acuáticas, insectos y de la vegetación emergente, así como de la fauna del fondo y paredes del estanque. La especie de peces que más se cría en Lacanja es la mojarra criolla (cichlasoma istlanum), proveniente del río.
El mantenimiento de los estanques se limita a limpiar el exceso de hojas y ramas que caen de los árboles, lo demás lo dejan como un proceso natural del ecosistema. Quienes tienen estanque de traspatio consideran que las nutrias que habitan en el río son una amenaza para la cría de peces, pues llegan por los arroyos para alimentarse de la población del criadero. Curiosamente los peces no son un alimento que forme parte de la dieta principal de los lacandones y tampoco tiene un fin comercial.
Los productos de traspatio son ocupados de forma diaria en la alimentación de la familia lacandona, pues son parte básica de sus formas de subsistencia. Cuando la producción de traspatio no es abundante o diversa, optan por la compraventa entre familias de la misma comunidad, y así forman un mercado doméstico.
En el consumo de carnes predomina el de aves y de algunas especies de animales que cazan en la selva, según habitantes de Lacanja Chansayab, esta actividad está limitada a las especies que no están en peligro de extinción.
Los patrones tradicionales de la alimentación se han transformado, pues dentro de su consumo básico estaban incluidas las carnes de mono saraguato, tortuga, armadillo, tapir, jabalí, faisán, tejón y venado. Estas carnes se consumían cocidas junto con yuca, plátano, ajo y cebolla, o bien, eran fritas previamente sazonadas con diversas especias.
En el caso del consumo del mono saraguato, no solo se aprovechaba su carne, sino que también se extraía aceite mediante un proceso de cocción. Este aceite era utilizado para freír las carnes, y ha sido sustituido por aceites vegetales industrializados como la canola, el maíz, la soja y el girasol.
La ganadería sigue siendo considerada por los lacandones una actividad depredadora de la selva y todo lo que en ella habita, pues conlleva la deforestación y reconversión del uso del suelo. Sin embargo, en la visita a la población lacandona de Lacanja Chansayab en noviembre del 2014, se encontraron cerdos por los caminos de las poblaciones lacandonas lo que indicaba que algunos pobladores criaban esta especie.
También se observó la permisibilidad para el acceso de camionetas de empresas como Marínela, Bimbo, Nestlé, Ricolino, Fud, Sabritas y Coca Cola, quienes ofrecieron concesiones para la venta de sus productos y facilidades para instalar pequeñas tiendas de abarrotes dentro de las mismas viviendas, para lo cual proporcionaban refrigeradores, neveras, estanterías y anuncios publicitarios. En el 2014 se contaron diez tiendas distribuidas en diversos puntos de la comunidad. Las personas con estas concesiones tendieron a abastecer con otros tipos de productos sus tiendas, como artículos de aseo personal, de limpieza y alimentos enlatados o envasados.
Además de la producción de traspatio, el principal alimento de la dieta de los lacandones es el maíz. En ese mismo año ya se podían encontrar espacios claros ocupados por milpas, las cuales se han incrementado y han modificado el paisaje y los senderos, lo que puede llevar a equivocar los caminos o bien toparse con senderos nuevos o cerrados.
Prevalece el método tradicional de roza-tumba-quema de forma tal que se habilitan ciertas superficies de la selva para la producción agrícola; generalmente, se buscan terrenos planos para que la erosión no cause mucho daño y el suelo pueda aprovecharse por varios años. Intercalados entre el maíz se cultivan el cacahuate, la piña, la sandía, el frijol, la calabaza, la papaya y otros frutos que también se cultivan en traspatio. Esta diversificación garantiza la presencia de alimentos prácticamente todo el año.
En este contexto, las acciones de contrapeso que podrían ser contempladas en un Plan Nacional de Desarrollo no atienden los impactos sociales, económicos y culturales que se derivan de las estrategias políticas, un juego de poder en torno a lo que es conveniente y el debe ser, que generalmente responde a intereses exógenos.
Lo hasta aquí expuesto, desde el punto de vista económico, no se aleja del supuesto planteado por Felipe Torres Torres: "a medida que aumentan los ingresos familiares disminuyen los niveles de gasto en alimentos o se presenta una mayor diversificación, agregación o sofisticación alimentaria" (1999, p. 55).
Los procesos de adaptación y supervivencia
La estructura social y la salud
Los procesos de adaptación y supervivencia son simultáneos y dinámicos, como un conjunto de engranes que devienen sigilosamente y sientan las bases sobre las que se definen sus relaciones sociales y de poder, hacia fuera y dentro de la comunidad. Estos engranes básicos funcionan para cubrir un conjunto diverso de necesidades existentes desde tiempo atrás en su propia historia, transformadas o generadas para responder a necesidades exógenas, de un mundo que no es el propio.
De esta forma, la población se mueve en la búsqueda de mecanismos que le faciliten satisfacer necesidades, lo que deja en un segundo plano la forma de vida transmitida generacionalmente, de la que solo se mantiene aquello que les es conveniente o que no pueden cambiar o satisfacer por no contar con los medios necesarios.
Así como las necesidades se presentan y se insertan por agentes exógenos, o por aquellos lacandones que alguna vez se fueron y regresaron, también se incluyen los mecanismos para satisfacerlas, lo que genera una dinámica de selección que pone en juego el legado de valores en torno a su relación con la naturaleza, el uso de su identidad y el sentido de comunidad.
La estructura no se mantiene estática, se transforma por decisión o imposición, a partir de un entramado de relaciones, bajo el cual operan los satisfactores de un nivel superior, tales como la salud, la educación, los recursos económicos y el poder. En términos de las políticas sociales, estos últimos deben ser atendidos estratégica y paralelamente a la generación de las actividades productivas que procuran el bienestar de los pueblos para su desarrollo económico y social.
Considerar la salud en la etnia lacandona remite al entorno, los hábitos y las costumbres de la población procuradas como parte de sus formas de vida, sin una conciencia clara de la salud que se pretende. El ecosistema que rodea a la comunidad, el consumo de cultivos orgánicos2, el ejercicio3 y un mínimo consumo de productos industrializados, podrían considerarse condiciones óptimas para la salud. En este sentido, sería acertado suponer una buena calidad de vida de la población, en armónica interacción con la naturaleza, un bien-estar.
No obstante, los ecosistemas están siendo alterados por varias razones, entre ellas, la tala de árboles para disponer de extensiones de terrenos para cultivos o viviendas para las nuevas familias, las fumigaciones en los cultivos y cambios de métodos y de tipos de cultivo4 o bien abandono de estos, sumado a los cambios hacia nuevas formas del quehacer cotidiano que tienden a la búsqueda de trabajo con menor esfuerzo físico.
En el interior del hogar estos cambios también se perciben, dado que si bien requerían buscar leña para cocinar, ya es menos necesaria; si las mujeres lavaban ropa sobre piedra a las orilla del río, ahora ansían una lavadora; y los tiempos libres ocupados tienden a ocuparlos en ver programas de televisión por cable.
Los cambios en el esquema de alimentación, ya mencionados, implicaron el incremento en el consumo de productos industrializados, a los cuales se les cuestiona el valor nutricional y el efecto sobre el cuerpo humano.
Bajo estas consideraciones es probable que la salud de la población en la etnia lacandona requiera de otros elementos para evitar su deterioro. En este aspecto, las políticas de desarrollo configuran su estructura, al establecer los mecanismos necesarios para que las acciones políticas locales sean funcionales para los objetivos nacionales.
La estructura requerida para solventar la salud se ha implementado de acuerdo con los objetivos establecidos en las políticas de desarrollo, las cuales discursivamente han pretendido la integración, a través de la participación comunitaria, y utilizan los servicios de salud como uno de los principales instrumentos5.
La participación comunitaria ha sido ejercida a través del Centro de Salud, que integra a miembros de la comunidad en comités para apoyar en la difusión de los programas relativos a la infancia, la adolescencia, la salud preventiva, el control de enfermedades y la salud reproductiva.
En voz de los pobladores de la etnia lacandona de Lacanja Chansayab, tiempo atrás, rara vez se enfermaban. Es probable que los cambios en sus patrones de consumo y actividades hayan propiciado alteraciones en su salud, por lo que las opciones de atención y servicio presentadas por los centros de salud a través de los comités de salud representaron una alternativa para solucionar los padecimientos no comunes o poco frecuentes o bien aquellos que no se habían atendido o diagnosticado.
La estrategia implicó un censo de salud de la población y mapeo de viviendas, de tal forma que la población de la etnia lacandona estaba contada, localizada y empadronada, y así pasó a formar parte de una base de datos. Esta información resultaba no solo valiosa para cuestiones de salud, sino también para la toma de decisiones y de estrategias políticas.
Los programas sociales y sus implicaciones
El estado de Chiapas, al igual que otros estados de la República Mexicana, ha incorporado los programas sociales dictados por el Gobierno federal a su Plan de Desarrollo Estatal. La comunidad lacandona ha sido población objetivo de los programas sociales, hasta febrero del 2015 la Secretaría de Desarrollo Social (2015) del Gobierno federal tenía once programas sociales vigentes: el Programa de Inclusión Social (Prospera), el Programa Social de Abasto de Leche (Liconsa), el Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PAM), el Programa de Apoyo de Alimentos (PAL), el Programa para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias (PDZP), el Programa de Estancias Infantiles (PEI), el Programa 3x1 para Migrantes (3x1 Mig.), el Programa de Empleo Temporal (PET), el Programa de Atención al Jornalero Agrícola (PAJA), el Fondo Nacional de Fomento a la Artesanía (Fonart) y el Programa de Opciones Productivas (POP).
De estos programas, en el 2015 la comunidad lacandona recibió los beneficios de Prospera, Liconsa, PAM, PAL, PET y POP (tabla 1).
Tabla 1 Padrón de beneficiarios de programas sociales de la comunidad lacandona
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (2015)
El primero es el Programa de Inclusión Social (Prospera), que forma parte de una serie de programas consecutivos que han intentado resolver el problema de la pobreza en México, sus antecedentes se dieron en el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando surgió el programa Solidaridad, con el objetivo de ubicar a todos los pobres del país y después apoyarlos a través de la participación social comunitaria. Solidaridad cambió de nombre cuando Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia (1994-2000), y pasó a ser el Programa de Educación, Salud y Alimentación: Progresa. Este programa mantuvo el mapeo de pobres de Solidaridad, pero a diferencia de este no usaba intermediarios, sino que implementó la entrega de dinero en efectivo solo a madres de familia de comunidades rurales que cumplieran con enviar a sus hijos e hijas a la escuela e hicieran uso de servicios médicos asistiendo a consultas a las clínicas de salud correspondientes. Posteriormente, durante el gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-2006), Progresa pasó a ser el Programa de Desarrollo Humano: Oportunidades, para este sexenio el programa se amplió a los pobres de las zonas urbanas. Cuando Felipe Calderón Hinojosa se posesionó en la presidencia de la república (2006-2012), se mantuvo el nombre del programa y se incrementó el monto mensual a las jefas de familia (Montalvo, 2014,5 de mayo del 2015). En el año 2014, el presidente del gobierno federal Enrique Peña Nieto planteó que el programa Oportunidades tenía limitantes, no daba los resultados esperados, y por eso era necesario encontrar otras opciones, por lo que el nombre del programa cambió al de Prospera, y se implemento el acceso a la educación financiera, al ahorro, a los seguros y al crédito a los beneficiarios del programa (CNN México, 2014a, 2 de septiembre), como el Fondo Nacional Emprendedor, el Programa Bécate, el Proagro Productivo y el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (CNN Expansión, 2014b, 2 de septiembre).
El segundo programa con presencia en la comunidad lacandona fue el Programa Social de Abasto de Leche (Liconsa), el cual responde a los objetivos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que busca "contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en pobreza patrimonial"6 (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015a, p. l). La acción primordial es dotar de leche, a precio subsidiado, a los hogares en condiciones de pobreza con niñas y niños de seis meses a doce años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres de 45 a 59 años, enfermos y/o discapacitados y adultos de 60 y más años, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015a). En el caso de México, el programa Liconsa está constituido como "una empresa de participación estatal mayoritaria que, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial, con leche a precio subsidiado, fundamentalmente para niños de hasta 12 años" (Secretaría de Desarrollo Social, 2012).
Un tercer programa fue el de Atención Integral al Adulto Mayor (PAM), que planteaba como objetivo asegurar un ingreso de 580 pesos mensuales y protección social a las personas adultas mayores de 65 años que no recibieran ingreso mensual superior a 1092 pesos por concepto de jubilación o pensión. La cobertura de este programa es nacional. También "participan jornadas informativas sobre temas de salud y facilidades para acceder a servicios" (Secretaría de Desarrollo Social, 2015a).
El Programa de Apoyo de Alimentos (PAL.) pretende responder a los objetivos de Unicef, está focalizado en hogares en condición de pobreza alimentaria, o bien con características socioeconómicas insuficientes, sus acciones están dirigidas a mejorar la alimentación y nutrición de familias de bajos ingresos, que no sean beneficiarlas del programa Prospera, y que cada uno de los integrantes de la familia cuente y cubra los controles indicados en la Cartilla Nacional de Salud, acudiendo a la unidad de salud cercana a su lugar de residencia (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015b).
Por su parte, el Programa de Empleo Temporal (PET), que se contempló como una forma de otorgar apoyos económicos temporales a la población afectada por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, enfocado en municipios con altos niveles de marginalidad, así como aquellos demarcados en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y los municipios comprendidos en la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre (Secretaría de Desarrollo Social, 2015b).
El sexto programa con presencia en la comunidad lacandona fue el Programa de Opciones Productivas (POP), destinado a apoyar la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente, mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para la adquisición de activos, así como apoyos no capitalizables para la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación técnico productiva y apoyos integrales para la puesta en marcha o consolidación de proyectos capitalizables que permitan ampliar la capacidad productiva (Secretaría de Desarrollo Social, 2015c).
No obstante este panorama, los programas sociales en la comunidad lacandona parecen no tener mucho auge: de once programas, solo están presentes seis. En cuanto a beneficiarios, pocos programas tienen un alto número: Prospera tiene la mayor cantidad y el Programa de Apoyo Alimentario cuenta con el menor número.
En resumen, es innegable el interés de los gobiernos por cubrir los indicadores señalados y dictados por los discursos hegemónicos. Estos indicadores, cubiertos de tecnicismos, pretendían alcanzar condiciones sociales, ambientales y políticas favorables, para reunir los requisitos que garantizaran la inversión privada, pública y extranjera. Esto justifica las transformaciones de los procesos locales como una estrategia para administrar la pobreza, la marginación y la exclusión; además favorece el crecimiento y el desarrollo a pesar de las consecuencias sociales y ambientales que puedan acarrear.
En materia de política social se estableció como requisito indispensable que el beneficiado contara con su registro de salud, como una estrategia de control político para que la población lacandona accediera a los apoyos a las actividades productivas y donaciones de equipos de trabajo y para el hogar. Tal exigencia se estableció en los programas Prospera, Liconsa, PAM y PAL. Esta relación entre los programas implica dependencia, tanto a nivel institucional como de la población.
Conclusiones
La situación resulta compleja, pues al asumirse la alimentación como un problema social y por ende las formas de vida y salud que la determinan, el diseño de acciones de atención a dicho problema se centra en aquellos aspectos que aquejan y no en los que favorecen. Sin embargo, aunque las realidades y los contextos varían, parece inadmisible, en términos de la política social, considerar que existen comunidades con sistemas alimentarios saludables que pudieran desarrollar y optimizar aún más sus sistemas de subsistencia y abastecimiento alimentario.
En consecuencia, la justificación de la intervención política con acciones dirigidas a establecer un debe ser hegemónico del sistema alimentario y de salud, que asume que se comparte un mismo ideal, afecta los procesos y las formas de vida de los contextos locales y desarticula las prácticas alimentarias y de salud.
Una desarticulación implica el desvanecimiento de la praxis y el corpus de una racionalidad ecológica local, que permitía una relación con la naturaleza enfocada en garantizar la subsistencia de una comunidad y el abastecimiento alimentario. Las formas de vida tradicionales se matizan con consumos que operan en un mercado capitalista e industrializado, acorde con una perspectiva económica hegemónica y aberrante.
La praxis y el corpus de un sistema alimentario, y por lo tanto de salud y forma de vida, son un símbolo identitario y de pertenencia a un entorno natural, a un territorio. El resurgir de la praxis y del corpus de estos sistemas está condicionado a las conveniencias de actores locales, dado que hacerlas presentes les dará acceso a elementos que les permitirán satisfacer sus nuevas necesidades dado el carácter identitario que estas tienen.
Pero este resurgir se hace latente entre los actores exógenos que desde sus trincheras políticas han encontrado mecanismos y programas sociales que les permiten el acceso a medios y recursos. Señalar problemas sociales e implementar políticas de supuestas soluciones en determinados contextos es una forma de responder al panorama político nacional e internacional, es un mecanismo de reconocimiento y legitimidad del Gobierno mexicano, pues representa indicadores de acceso a financiamientos de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, las realidades y las implicaciones de estas acciones son otras.
