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Revista Colombiana de Sociología

Print version ISSN 0120-159X

Rev. colomb. soc. vol.41  supl.1 Bogotá Dec. 2018

https://doi.org/10.15446/rcs.v41n1supl.65885 

Sección Temática

Participación social y potencia transformadora*

Social participation and potential for transformation

Participação social e potência transformadora

Laura María Ligarreto Barrientos** 

** Candidata a Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Investigadora contratista de la Organización de Estados Iberoamericanos. Correo electrónico: lmligarretob@unal.edu.co-0RCID: 0000494־0634־0003־X


Resumen

El presente artículo plantea un análisis del punto uno del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral", en relación con la participación social y su potencia transformadora. Este análisis entiende el proceso de implementación como un campo en disputa que puede devenir en la absorción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sistema político y social vigente o en un ciclo reformista que conlleve la democratización de la vida nacional.

La implementación del Acuerdo requiere ampliar transformaciones en la gestión pública, siendo la más importante la inclusión de la participación social, en cuanto este se basa en modificar las relaciones objetivas y subjetivas comunes de tal manera que se aporte a la construcción de Estado y de nación.

El artículo incluye una parte introductoria en la que se presentan el tema y su relevancia, un acápite conceptual sobre la participación social:, un tercer aparte que describe los mecanismos y espacios de participación planteados y/o fortalecidos en el punto uno del Acuerdo, con base en la reflexión sobre 10 que cada uno significa en el contexto nacional; finalmente, en las conclusiones se hace una reflexión que vincula tanto la participación social como la transformación de la gestión pública como ejes de la potencia transformadora del Acuerdo.

Descriptores: conflicto armado, control social, guerrilla, participación social, proceso de la paz.

Palabras clave: Acuerdo de Paz; gestión publica; participación social; potencia transformadora; sujeto social

Abstract

The paper provides an analysis of the "Colombian Peace Agrement's" point one: "Toward a new Colombian countryside: comprehensive rural reform", in terms of social participation and its potential for transformation. The process of implementation is understood here as a disputed field that may result in either the absorption of the Révolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) into the prevailing political and social system, or a reformation cycle involving the democratization of national life.

The implementation of the Agreement requires broad transformations in public management. The most important one is the inclusion of social participation, inasmuch as the agreements are grounded in the modification of common objective and subjective relations, in order to contribute to state-and nation-building.

The article begins with an introductory section that explains the topic and its relevance, and goes on to a second conceptual section on social participation. The third part describes the mechanisms and spaces for participation set forth and/or strengthened in point one of the Agreement, on the basis of the significance of each one in the national context. Finally, the conclusions contain a reflection on both social participation and the transformation of public management as drivers of the Agreement's potential for transformation.

Keywords: peace agreement; potential for transformation; public management; social participation; social subject

Resumo

Este artigo apresenta uma análise à partir do "Acordo Final até o Término do Conflito e a Construção de uma Paz Estável e Duradoura", "Rumo a um novo campo colombiano: Reforma Rural Integral", no que diz respeito à participação social e sua potência transformadora. Esta análise entendeu o processo de implantação como um campo em disputa que pode levar à absorção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia--Exército do Povo (FARC) no sistema político e social vigente ou num ciclo reformista que implique a democratização da vida nacional. A implantação do "Acordo" requer amplas transformações na gestão pública, sendo a mais importante a inclusão da participação social, enquanto se baseia em modificar as relações objetivas e subjetivas comuns de tal maneira que se contribua para a construção de Estado e de nação. Este artigo inclui uma parte introdutória na qual se apresentam o tema e sua relevância, uma seção conceitual sobre a participação social, uma terceira parte que descreve os mecanismos e espaços de participação propostos e/ou fortalecidos no ponto um do "Acordo", com base na reflexão sobre o que cada um significa no contexto nacional e finalmente, nas conclusões, fez-se uma reflexão que vincula tanto a participação social quanto a transformação da gestão pública como eixos da potência transformadora do "Acordo".

Palavras-chave: Acordo de Paz; gestão pública; participação social; potência transformadora; sujeito social

Introducción

El reciente proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC es uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de Colombia (Estrada, 2014, p. 12) debido a que marca el fin de una de las confrontaciones armadas internas más largas de la historia mundial, y a la potencia transformadora (Estrada, 2015,30 de septiembre) del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

La implementación del Acuerdo final es una disputa por la hegemonía que se desarrolla en el campo político a partir de la transformación de los bloques, que hoy principalmente están representados por: el Gobierno nacional, sus aliados en el Congreso (la facción predominante), la ultraderecha adversa al proceso de paz y la izquierda, que además de la implementación integral del Acuerdo final busca otras reformas en perspectiva de la justicia social.

El mantenimiento de estos bloques, así como sus relaciones, se han complejizado luego de los resultados del plebiscito refrendatorio del 2 de octubre y las posteriores decisiones acerca de la incorporación del Acuerdo final en el bloque de constitucionalidad, su institucionalización e implementación. Esta situación está asociada a que la correlación de fuerzas alcanzada durante el proceso de negociación se transformó a favor de la ultraderecha.

Esta disputa puede conllevar la recomposición y consolidación de largo plazo del poder de clase si el Acuerdo final no transforma estructuralmente la correlación de fuerzas imperantes y se produce la simple absorción de la guerrilla en la dinámica política existente. También es posible que el Acuerdo contribuya a desatar por medio de la participación social un ciclo de reformas jurídicas, institucionales y de gestión pública que encausen al país hacia una real democratización política, económica y social con alcances transformadores aún no predecibles (Estrada, 2014, pp. 17-18).

La facción dominante del bloque de poder ha expuesto su idea de posconflicto como el fin de la confrontación armada, la desmovilización y reinserción de los guerrilleros: una paz sin reformas sustantivas que pasteurice las demandas sociales y las haga consumibles por el régimen sin mayores costos fiscales, que dé continuidad, profundice, expanda y estabilice al régimen de dominación en el contexto de acumulación neoliberal que se ha venido adelantando en el país.

La democratización de la vida nacional (Estrada, 2015,30 de septiembre), como parte de la potencia transformadora del Acuerdo final, pasa por la profundización de la participación social, entendida como la articulación de los intereses y expectativas de un sujeto social fortalecido, con conciencia de clase y capaz de construir doble poder: que tenga un alcance político en la medida que reconfigura cómo se resuelven los problemas públicos (Matus, 1987, p. 768), genera incidencia en la gestión pública, fortalece al Estado social de derecho e incorpora adecuadamente la comunicación política en su estrategia.

La participación social garantiza la transformación en la gestión pública y es la única vía posible para la construcción de una paz estable y duradera, que genera capacidad de reacción frente a las amenazas e intentos de ruptura con el espíritu que promueve el Acuerdo (Estrada, 2014, pp. 12-13). Para su ejercicio, en todos los puntos acordados se habla de la participación como principio, se plantean y/o fortalecen los mecanismos de participación de las comunidades de cara a la implementación, la solución de problemas específicos y la incidencia en la gestión pública territorial acorde a las necesidades que se establezcan, bien sea en relación con las alternativas de intervención emanadas del Acuerdo o de otras que hoy impactan la vida local, regional y nacional.

En consecuencia, la pregunta que orienta este artículo es ¿cómo los significados de los mecanismos y escenarios de participación planteados en el punto uno del Acuerdo final para la Construcción de una Paz Estabh y Duradera pueden contribuir al fortalecimiento de la participación social? La hipótesis que se sustenta es que la participación social se fortalece en cuanto es el centro de la potencia transformadora del Acuerdo final (Estrada, 2015,30 de septiembre).

La investigación se desarrolló a partir del análisis cualitativo de los escenarios y mecanismos de participación planteados y/o fortalecidos en el punto uno "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral" del Acuerdo final (2016,24 de noviembre, pp. 10-30). Así mismo, se ha restringido al análisis documental del Acuerdo final, pese a los desarrollos normativos que durante el 2017 se han dado en relación con la implementación, esto con el propósito de delimitar el objeto de estudio, mas no por desconocimiento de la importancia que estas modificaciones al Acuerdo han tenido y tendrán en la reconfiguración del campo político colombiano.

Participación social

La participación social es una expresión de democracia directa en cuanto proceso social abierto, plural e incluyente por medio del cual se llega a transformar la realidad en diferentes ámbitos, mediante la construcción de contrahegemonía: la ruptura de la perdurabilidad de las estructuras del habitus (Binford, 2000) al potenciar al sujeto social; el fortalecimiento y articulación de las identidades y organizaciones colectivas: la profundización de la conciencia de clase y el fomento del doble poder. Por lo tanto, la participación social tiene un alcance político expresado en la reconfiguración de lo público, el fortalecimiento del Estado social de derecho y la generación de nuevas formas de comunicación política (Caruso, 2013, pp. 32-33).

Así mismo, la participación política incluye metodologías propias aunque no se resume ni subsume en ellas por ser un reinicio, un camino, una concepción y una herramienta para incidir en la gestión pública: es un proceso democrático debido a que los participantes pueden transitarlo sin perder o someter su autonomía e independencia, también es un proceso colectivo, pues tiene como medio y fin la construcción de dobles poderes constituyentes que socialicen la toma de decisiones creciente y permanentemente. Lo anterior implica desaprender y volver a aprender la democracia por la praxis, pues cuanto más consciente sea la apropiación de la realidad, más trascendente será la acción que se realice (Caruso, 2013).

Sujeto social

El sujeto por el que se apuesta es de carácter colectivo y social, por el rol privilegiado que debe tener en la lucha por la emancipación en cuanto pase de clase en sí a clase para sí (Houtart, 2006, p. 436); a partir de la conciencia de clase y la capacidad que tenga para desarrollarse como doble poder. En el contexto latinoamericano esto requiere garantías reales para la integridad de la vida, el ejercicio de los liderazgos sociales, el fortalecimiento de su hacer colectivo y la articulación territorial y sectorial.

La reflexión en torno al sujeto social parte de las críticas a las democracias liberales expresadas en los estudios sociológicos, que evidencian cómo la idealización de los mecanismos de participación electoral en la individualización se hacen inmaterializables, más aún en el contexto neoliberal: por lo que la creación de diversas formas de socialización se hace imperativa. Esto crea un cuerpo integrado y permanentemente dotado de un espíritu capaz de construir en colectivo su opinión, que supone la concertación, el entendimiento y el fomento del acuerdo sobre otros instrumentos de toma de decisiones.

En este proceso se requiere que el sujeto sea de base social y democrática para que tenga la capacidad de actuar sobre la realidad múltiple y global, con el sentido de emergencia demandado por el momento político y económico (Houtart, 2006, p. 438) para responder al desafio de desarrollar resistencias acordes a una estrategia política y programática en perspectiva transformadora.

La constitución del sujeto social implica garantías a la vida y la labor de los líderes sociales: su fortalecimiento y articulación a partir del avance en sus reivindicaciones; la cualificación de sus programas y su articulación sectorial/territorial: la profundización de la conciencia de clase que vincule la defensa del territorio: el mejoramiento de las relaciones económicas: la construcción de formas alternativas de desarrollo: y la capacidad de construirse como doble poder a partir de la acumulación de capitales. De tal manera que los recursos económicos, humanos y técnicos permitan el fortalecimiento de los procesos, la solución autogestionada de demandas sociales y/o una interlocución con el Estado más cualificada, lo que conduce a una mayor apropiación de lo público y aumenta la capacidad de crítica con respecto a las experiencias adquiridas.

Alcance político de la participación social

El alcance político de la participación social se basa en su pretensión de transformar la sociedad. Esto implica modificar las correlaciones de fuerza, sus manifestaciones cristalizadas en el Estado -como espacio privilegiado de las superestructuras políticas e instituciones sociales que permiten la estabilidad y eventual irreversibilidad de sus conquistas-, y la gestión pública desarrollada. Cuando el sujeto social disputa el espacio de lo público por medio de los mecanismos de participación social estos se convierten en la clave para reconstruir proyectos políticos unitarios con triunfos locales y nacionales (Caruso, 2013), que renuevan el campo político abriéndolo a quienes no son agentes de este.

Este análisis parte de entender la acción política, incluyendo lo normado electoral e institucional y lo no normado, de agentes que si bien no hacen parte del campo generan efectos en él y han limitado su tendencia a la autonomía al hacer públicas las formas de enunciación e imposición de buenos principios de visión y de división que se constituyen como ideas fuerza de movilización sobre las que se deciden adhesiones o rupturas (Bourdieu, 1999,11 de febrero). En ese sentido, el primer reto de la participación social es ampliar el campo político reconfigurando lo público, aumentando la incidencia de la mayoría en la gestión pública, y fortaleciendo el Estado social de derecho y la construcción de comunicación política.

La política más allá del campo es central para la participación social en cuanto es la ruptura de este con el público, por el valor que los profesionales dan a los hechos a partir del sentido que tienen al interior del microcosmos (Bourdieu, 1999), lo que conlleva la enajenación. Esta se acentúa entre más se construye pues más autonomiza, profesionaliza y mira a los profanos con una especie de conmiseración (Bourdieu, 1999, il de febrero), es decir, al creer que la gente no se interesa en política, se perpetúa la desigualdad en los medios para participar (Bourdieu, 1999) y se profundiza la sospecha sobre las delegaciones (Bourdieu, 1999,11 de febrero).

El segundo reto de la participación social en relación con el alcance político es disminuir la importancia que tienen los intereses particulares en este campo por medio de su apertura. En ese sentido, se trata de que la sobrevivencia y la acumulación de capital ocupen menos a los agentes del campo y se dé prioridad a los problemas relevantes para el común de los mortales. Estos últimos comparten la sospecha de que todos los políticos obedecen a intereses ligados al campo mucho más que a los suyos (Bourdieu, 1999). En un escenario de participación se involucra a la sociedad civil en la definición de la agenda política con los problemas que siente como propios, que le afectan y sobre los que puede construir opinión.

El alcance político de la participación social se da a partir del entendimiento de lo político y la política, desde las lógicas que privilegian la organización y movilización, que hacen prevalecer su incidencia en la gestión pública en perspectiva de la democratización política, económica y social (Estrada, 2014, p. 1). Por esto se debe reconocer que la desconfianza en el sistema político electoral no equivale al a despolitización (Castells, 2008). En ese contexto se han desarrollado ejercicios que van desde la participación en la planeación y presupuestación pública hasta la incidencia en asuntos como la vinculación a la lucha por la extensión de la democracia (Caruso, 2013, pp. 14,29).

La renovación del campo político requiere formas de participación social (Houtart, 2006, p. 440) que permitan reconfigurar lo público; ampliar el espacio de incidencia y garantizar la pluralidad en los espacios de participación: incidir en la gestión pública a partir del acceso a información confiable, oportuna, entendible y pertinente; formular, gestionar, realizar seguimiento y control de lo público: y fortalecer el Estado social de derecho a partir de nuevas instituciones democráticas y de la prevalencia del enfoque de derechos en su gestión.

Reconfiguración de lo público

La participación social aporta en lo estratégico a los procesos de transformación social y política al construir nuevas estructuras de lo público (Caruso, 2013, p. 60), y al reconocer la dinámica de las correlaciones de fuerzas y de poder que determinan las sociedades en los conflictos y antagonismos (Moufle, 1999). Estas estructuras son contrarias al desplazamiento neoliberal del eje público, por lo cual redefinen la relación Estado-sociedad, incluyendo la forma y el alcance con el que se incorpora a la ciudadanía en la gestión pública, que a su vez genera cambios en el ejercicio de derechos (Escobar, 2004, p. 98).

En lo público hacen presencia todos los sujetos, por esa razón es necesario analizar las manifestaciones de la lucha de clases, la generación, ejercicio y control de la hegemonía y del escenario en que se construyen prácticas de distinción y se configuran públicos, contra públicos o públicos alternativos. En ese sentido, la participación social debe llevar a cada actor a restituir o profundizar el debate mediante la socialización de sus preocupaciones, representaciones e imaginarios, para dar origen y sustento a la democracia (Habermas, 1981), y confrontar las políticas del Estado, dándoles contenido y trascendencia en contextos concretos de acuerdo con los valores colectivos reflejados en la actuación pública (Caruso, 2013).

Lo público constituye el lugar de deliberación colectiva en constante cambio en virtud de la reconfiguración que se produce por la calidad del diálogo y la pertinencia de los acuerdos que en él se configuran. De tal forma que en cuanto se avanza en una reivindicación se requieren nuevas capacidades de deliberación, negociación y responsabilidad social, sustentadas en la inteligencia, creatividad, claridad de metas y objetivos (Escobar, 2012, p. 120) de mediano y largo plazo del sujeto social.

Incidencia en la gestión pública

El proceso de democratización latinoamericano se ha desarrollado de forma concomitante a enfoques neoliberales y perspectivas populistas. En este contexto, la participación como concepto está constituida por diferentes orientaciones epistemológicas y metodológicas de la planeación, la gestión pública y la democracia, cada una se enmarca en una racionalidad científica y un sentido de la acción colectiva, por lo que pueden resultar más o menos cercanas a lecturas y posibilidades de la participación social. Podemos diferenciar tres grandes escuelas de gestión pública aún vigentes: la planeación estratégica, la planeación para el desarrollo y la planeación participativa (López y Huffington, 2017, julio).

La tercera visión es la más afín a los sujetos sociales en cuanto se reconoce al entorno como un conjunto de relaciones, en el que hay movimiento e incertidumbre entre el caos y la complejidad y en el que el todo es la suma de las partes, por lo que potencia la acción desde diferentes lugares de relación en función de un problema complejo. En esta visión se reconoce como sujeto de derecho a la humanidad, al conjunto de seres vivos y de generadores de vida, y al caos como forma de orden no consciente del mundo que se reproduce en lógicas complejas y recursivas de fractalidad, causalidades en espiral y autopoiéticas (López y Huffington, 2017, julio).

En esta visión, la planeación parte del diálogo en el que se reconocen los distintos saberes en clave decolonial, se genera conocimiento desde métodos diferentes a la ciencia y bajo otras formas de codificación, y se cambia también la búsqueda de causas absolutas. La acción pública que se desarrolla con metodologías participativas que dan protagonismo a lo local, para la transformación de la realidad en lógica de la fractalidad, cambian las temporalidades reconociendo el presente como una relectura singular del pasado y del futuro, que involucra a los actores presentes y supera la pretensión de control, y permite lógicas autónomas de emergencia (López y Huffington, 2017,julio).

Fortalecimiento del Estado social de derecho

En el contexto latinoamericano, en el que los difíciles procesos de construcción nacional se empataron con estrategias violentas de represión y control sobre la sociedad en búsqueda del equilibrio geopolítico durante la segunda mitad del siglo XX, se han implementado diferentes modelos de desarrollo y tendencias macroeconómicas que desde los setenta se han sustentado en regímenes políticos autoritarios, que han generado andamiajes institucionales y culturales que debilitan los principios democráticos del Estado social de derecho, especialmente en el modelo neoliberal.

Lo anterior ha dificultado la construcción de procesos de participación social y hace necesario el fortalecimiento de instituciones democráticas, que en primer lugar permitan el desarrollo de la igualdad en todos los ámbitos de derechos y den adecuado trámite a las necesidades y propuestas de los sujetos individuales y colectivos. El fortalecimiento del Estado social de derecho requiere también la transformación del enfoque de la gestión pública, que pasa de la resolución de problemas de gobernabilidad al enfoque de derechos, de tal forma que sean mucho más identificables con los intereses de las mayorías (Caruso, 2005, p. 24). Esto implica la ruptura con las competencias específicas y los profesionales que hacen parte del campo para evitar que funcione aislado (Bourdieu, 1999,11 de febrero).

La participación social planteada en el Acuerdo final

Este apartado plantea el análisis de estas dimensiones y variables a partir del Acuerdo final, y está organizado en función de la estructura del documento. Para cada punto se desglosa el marco conceptual presentado: para los casos en los que un mismo mecanismo de participación hace referencia a más de una variable, se incluye su análisis en la dimensión correspondiente como eje transversal, y si afecta más de una dimensión se agrega al inicio del punto acordado.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

El punto uno "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral" tiene como eje de desarrollo los PDET, que desde su definición implican un alcance político que abarca las diferentes variables desarrolladas en el marco conceptual de este artículo, en cuanto estos programas reconfiguran lo público, permiten la incidencia en la gestión pública, fortalecen el Estado social de derecho y propician el desarrollo de comunicación política.

Lo anterior es posible debido a que los PDET son "instrumentos de reconciliación en los que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento" (Mesa de conversaciones con la FARC, 2016,24 de noviembre, p. 11). Esto significa que la participación social se dará en relación con un derecho y un horizonte de sentido mentado, antes que con políticas públicas definidas en escenarios diferentes, y que se amplía la participación social más allá de las actuales formas institucionalizadas, lo que es coherente con la reconfiguración de lo publico en relación con la ampliación del espacio de incidencia social.

Esto es de primer orden para el desarrollo de la potencia transformadora del Acuerdo final, pues abre el camino al reencuentro de los actores locales en la gestión colectiva de sus proyectos de vida en diálogo con la institucionalidad, que es aún más importante si se tienen en cuenta los lugares priorizados para el desarrollo de estos planes y la situación de exclusión y violencia previa que tuvieron durante el conflicto social y armado. Los PDET inciden en la reconfiguración de lo público desde la incorporación de enfoques objetivos, entendidos como "la forma de llegar a conocer a plenitud siendo objeto y sujeto de conocimiento al mismo tiempo y con la conciencia de cambiar la realidad en cualquiera de los dos actores" (Enriquez, Franco, Linares y Nieto, 2008, p. 17). Esos enfoques se hacen operativos en los espacios de participación social y en sus productos, y aportan a la ampliación de la actuación estatal integral en nuevos espacios.

Así mismo, estos programas contribuyen a la reconfiguración de lo público, en cuanto producto de nuestra herencia colonial, que se ha constituido en un Estado sin visión territorial, que empieza a ser superado por estos y otros mecanismos contemplados en el Acuerdo final (López y Huffington, 2017,julio).

Respecto a la incidencia en la gestión pública, además de corresponder a una ampliación del espacio participativo, los PDET permiten la identificación de problemas públicos bajo lógicas de complejidad en el acercamiento a las realidades sociales. Esta identificación de problemas no elimina la posibilidad de la separación sectorial de las políticas públicas, por lo que se puede, a su vez, plantear soluciones novedosas que articulen esfuerzos institucionales y sociales con mayor probabilidad de efectividad. De igual forma, la participación social en la construcción de los PDET permite el acceso a información confiable, oportuna, entendible y pertinente, dado que esta debe ser parte transversal en el proceso de construcción y ejecución de estos. En consecuencia, esta información estará acorde a las necesidades de las organizaciones y no en función del cumplimiento de requisitos institucionales que no alcanzan sus objetivos, como la que se entrega en los espacios de rendición de cuentas.

Desde la incidencia de la gestión pública, es posible que los PDET no solucionen ningún problema estructural, pero sí permiten cuestionar la configuración del territorio y las lógicas de gestión de los problemas públicos y de organización territorial en reconocimiento de las dinámicas comunitarias (López y Huffington, 2017, julio), con lo que se abre una posibilidad muy importante de transformar sus realidades y las del Estado en el mediano plazo.

Espacios de concertación y diálogo social

El segundo eje transversal que aporta para la reconfiguración de lo público son los

Mecanismos de Concertación y Diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en las que conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales. (Mesa de conversaciones con la FARC, 2016,24 de noviembre, p. 18)

Estos fueron creados en el contexto del punto 1.1.8 como mecanismos de resolución de conflictos por tenencia, uso y fortalecimiento de la producción alimentaria. Estos mecanismos tienen como objetivo "generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socioambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad" (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016,24 de noviembre, p. 18).

Pese a no tener el desarrollo que tienen los PDET en el Acuerdo final, su definición aporta a la reconfiguración de lo público en cuanto su agenda no está determinada previamente, sino que se diseña de acuerdo con los consensos generados entre los actores. Esto implica un cambio importante, pues incluye de manera específica al sector privado mediante un diálogo tripartito para la concertación y desarrollo de la agenda, que evita espacios de redefinición de los acuerdos por discrepancias entre los actores sociales.

Zonas de Reserva Campesina

El Acuerdo final incorpora las Zonas de Reserva Campesina en el contexto del punto "1.1.10 Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva", las cuales se entienden como:

Iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. (Mesa de conversaciones con la FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 20)

Si bien esta figura hace parte del desarrollo jurídico colombiano desde 1994, en el contexto del Acuerdo, a propósito de la participación social, se revalida la concertación como forma de acción del Gobierno nacional en la aprobación y puesta en marcha de estas. Se reafirma también el alcance de la participación en la "promoción del acceso a la tierra y la planificación de su uso [...]" y el respeto del Gobierno a "los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que estas consideren representativas" (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 20).

El primer aporte a la gestión pública es la posibilidad de construir planes de desarrollo autónomos, sin que medie la división sectorial del Estado. El segundo aporte es la responsabilidad que adquieren estos planes en la promoción de la economía campesina, el cierre de la frontera agrícola, la producción de alimentos y la protección de las Zonas de Reserva Forestal (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016,24 de noviembre, p. 20). Si bien esto último es similar a la Ley 160 de 1994, se trata de una figura singular por incorporar estos temas a la gestión pública, desde una perspectiva integral que se corresponde con una realización de la incidencia en la gestión y formulación de políticas públicas.

En el Acuerdo, el Gobierno nacional además se compromete con la promoción de la participación activa de las comunidades (hombres y mujeres) que habitan en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la ejecución de sus planes de desarrollo (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 21); lo que representa una capacidad de incidencia aún más profunda, pues las organizaciones locales pueden superar la injerencia de contratistas y terceros, que aumentan la posibilidad de corrupción: además, se garantiza la ejecución en coherencia con los principios del plan construido por ellos mismos.

Conclusiones sobre la potencia transformadora

En este último aparte se desarrolla la reflexión acerca de la potencia transformadora de la participación social en el contexto colombiano, a partir de la implementación del Acuerdo final. Se parte de la concepción de que la potencia transformadora permitirá que muera lo que se resiste a hacerlo (la guerra, el odio, la dominación y el despojo): y que nazca lo nuevo (la esperanza, la reconciliación, la democracia, la justicia social).

La potencia transformadora es fin y resultado de la implementación del Acuerdo final en cuanto la democracia contribuye al enriquecimiento y las libertades al dar garantía de ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, que a su vez tiene un valor intrínseco para la vida y el bienestar, pues permiten conseguir atención a las demandas, potencian el aprendizaje conjunto y ayudan a la sociedad a formar sus valores y prioridades (Prats y Catalá, 2002).

El Estado de derecho tiene como responsabilidad esencial garantizar los derechos fundamentales y el cumplimiento progresivo de todos los derechos (primera, segunda y tercera generación), lo que es en sí mismo un gran progreso frente a una sociedad que piensa cada vez menos en el ser humano y las relaciones armónicas con la naturaleza. En ese sentido, cualquier reforma que se conquiste y sea lograda por el sujeto social adquiere una potencia transformadora (Caruso, 2013, p. 65) y le da valor estratégico a la participación social.

La potencia transformadora implica profundizar el Acuerdo final mediante la superación del estado de normalización de la guerra con el propósito de reestructurar el Estado y la política para la expansión democrática. También conduce a superar las limitaciones de la participación social en asuntos de interés nacional, a fortalecer las instancias de dirección de la economía en los procesos de integración regional, a realizar veeduría a los tratados internacionales y en el ordenamiento territorial, a estimular en las regiones el reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades rurales, a proscribir el tratamiento militar a la movilización y la protesta, y a democratizar la comunicación y promover la descentralización (Estrada, 2015,30 de septiembre).

A partir del balance del proceso de negociación y sus implicaciones sobre el contexto político colombiano y la geopolítica regional, se considera que asistimos a un cambio de tendencia que puede ser desatada completamente en el marco de la institucionalización e implementación del Acuerdo final, cuyo propósito es alcanzar un proceso de democratización real que incida favorablemente en la región.

En el contexto nacional, el posacuerdo y la construcción de la paz afectan la correlación de fuerzas, pues imprimen un nuevo impulso a la posibilidad de cambio político, socioeconómico y cultural. Este proceso inició con la elección presidencial del 2010 en la que triunfó un sector de la burguesía nacional para el que no era conveniente mantener el conflicto interno, pues tenía efectos negativos sobre la estrategia de acumulación capitalista. Así las cosas, el agotamiento de la dominación basada en el ejercicio estructural de la violencia llevaría a una nueva colonización de los territorios que fueron abandonados por víctimas del despojo, situación que abriría el camino a la inversión de las economías de extracción (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Esta recomposición se complementa con la incidencia que en el sujeto social colombiano han tenido las movilizaciones y luchas sociales que irrumpieron con fuerza desde finales de la década de los noventa y que han fortalecido los procesos nacionales que hacen frente a las contradicciones entre capital y territorio hoy predominantes en la región (Estrada, 2015, 30 de septiembre; Caruso, 2013). Esta es la razón por la que el proceso de institucionalización e implementación se encuentra en disputa entre las fuerzas de derecha, que aspiran a una paz barata, y los sectores populares que encuentran en el Acuerdo final una articulación con sus procesos y expectativas transformadoras (Estrada, 2015,30 de septiembre).

El desarrollo de la potencia transformadora del Acuerdo final pasa por su institucionalización e implementación en articulación con aspiraciones del sujeto social, como la resolución de la cuestión agraria, la superación del régimen de excepcionalidad del Estado y la dominación ejercida violentamente. Así mismo, se hace necesario detener la irrupción de la economía del narcotráfico y promover la reversión de los efectos del conflicto en la población para que se fortalezcan las dinámicas de doble poder en un nuevo marco normativo con mayores y mejores condiciones de democratización, a manera de un ciclo reformista en el que las fuerzas en disputa aborden la persistencia de la política neoliberal y la resistencia al cambio de las clases dominantes (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Las bases de la democratización política, social y económica se pueden encontrar en el reconocimiento del campesinado pobre y desposeído del país como fuerza político-social excluida de la política estatal, principal víctima de la violencia oficial y paramilitar. En esa línea de ideas, además de la democratización en el acceso a la tierra, se incluyen lineamientos generales del uso de la tierra que serán definidos atendiendo, entre otros aspectos, a la sostenibilidad socioambiental, la compatibilidad entre la vocación y el uso del suelo rural y las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Finalmente, es importante considerar como elementos centrales en el proceso de democratización: la ampliación del espacio democrático a partir de nuevas condiciones para el ejercicio de la política institucional: la superación de las restricciones a los mecanismos de participación social para la movilización y la protesta: la participación a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales: el fomento de las garantías para la no estigmatización: el fortalecimiento del control social a la gestión pública: la planeación participativa: la promoción de una cultura democrática participativa: y la promoción de la participación de la mujer (Estrada, 2015,30 de septiembre).

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* Este artículo presenta avances del trabajo final de Maestría en Sociología titulado Participación social en el Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera

Cómo citar este artículo: Ligarreto, L. M. (3018). Participación social y potencia transformadora. Rev. Colomb. Soc. y Sigma, 41(Suplemento), 65-80

Recibido: 23 de Junio de 2017; Aprobado: 01 de Marzo de 2018

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