Introducción

A partir del tratamiento legislativo de los juegos de apuestas y de la prostitución a fines del siglo XIX y principios del XX en la Argentina, quisiéramos rastrear las representaciones asociadas a dichas actividades y los vínculos que se establecen entre derecho, moral y economía para el caso específico de los sectores populares. Más puntualmente, propondremos una lectura de dicho tratamiento en términos del intento de delimitación y expulsión de actividades consideradas abyectas o "impuras", es decir, peligrosas y nefastas para el conjunto social (^{Caillois, 1988}), en relación con la idea de Nación que guiaba los esfuerzos de los sectores gobernantes. Esto supone dos cuestiones: por un lado, trazar una genealogía de cómo estas actividades fueron consideradas "peligrosas", contribuyendo a delinear figuras abyectas del orden social (la prostituta y el jugador), tanto en términos morales como económicos. Por otro lado, supone dar cuenta de por qué mientras el juego fue institucionalizado y regulado por el Estado, la prostitución entró en un régimen de abolición.

La comparación se sustenta en que ambas actividades fueron vistas por la élite ilustrada gobernante de la época como inmorales y corrosivas para la salud pública y para la economía. Pero al mismo tiempo hay un registro de la inevitabilidad de ambas, a partir de una comprensión de estas como parte de la naturaleza humana. Frente a esto, se presentará la discusión de cuál debe ser la función del gobierno en dichos casos, lo que permite evidenciar la caracterización que se hace de la función pública; pero también nos ofrece una idea de lo que se consideraba que debían ser las bases del orden social y los imaginarios asociados a un país que se pensaba bajo la mirada europea. Entendemos las representaciones sociales desde la perspectiva de las significaciones, propuesta por Cornelius ^{Castoriadis (1997)}. Según este autor, "[...] entre las significaciones instituidas por cada sociedad, la más importante es, sin duda, la que concierne a ella misma. Todas las sociedades que hemos conocido tuvieron una representación de sí como algo [...]" (Castoriadis, 1997, p. 159). Estos imaginarios tienen una función triple. En primer lugar, organizan las representaciones del mundo; en segundo lugar, establecen los fines de la acción; y, por último, definen los afectos de una sociedad, ayudando a delinear lo preservable y las abyecciones que aquí nos proponemos estudiar.

En este sentido, avanzaremos en el desarrollo de los casos del juego y la prostitución, pero a la luz de tres ejes de discusión que desarrollaremos para cada campo. Primero, el análisis del contexto en el que sucedieron las discusiones, para mostrar cómo estas respondían a problemáticas vinculadas al desarrollo económico y demográfico de la ciudad de Buenos Aires. Segundo, trataremos las discusiones parlamentarias a partir de sus trazos comunes y particularidades para dar cuenta de cómo, en ambas, se reforzaban imaginarios sobre las prácticas que hemos denominado impuras, al tiempo que ayudaban a constituirlas. Finalmente, daremos cuenta de cuáles fueron las resoluciones adoptadas y cómo el derecho permitiría cristalizar e institucionalizar definiciones y subjetividades particulares vinculadas a dichas actividades.

El juego, el vicio y su regulación

Durante la mayor parte del siglo XX, las apuestas legales en las sociedades occidentales fueron destinadas a juegos específicos -como la lotería o las carreras de caballos- y en los límites de áreas geográficas determinadas; además, su crecimiento data principalmente de las necesidades fiscales de los Estados (^{Cosgrave y Klassen, 2001}). La condena moral que recaía sobre el juego, centrada en valores como el trabajo, el ahorro y en creencias religiosas, hacía que la industria mantuviera una autonomía muy acotada a fines específicos. En este sentido, los Estados permitían el juego por excepción (^{Abt, 1996}), es decir, no establecían el derecho de apostar irrestrictamente, sino que habilitaban determinados juegos específicos para ser jugados en condiciones particulares, regulando así una delgada franja que mediaba entre la condena ética y una diversión anodina (^{Reith, 2004}). Para decirlo con ^{Caillois (1988)}, se trataba de una geografía social de lo puro y de lo impuro en la que el juego se hallaba reducido, en su forma legal, a determinados contextos y bajo ciertas reglamentaciones que intentaban circunscribir su expansión, de modo que generalmente era asociado con actividades ilícitas y dañinas para la sociedad, en una clara contraposición al trabajo. Aun cuando los gobiernos tolerasen determinados niveles de apuestas ilegales, su intervención estaba dirigida a contener el juego permitido y mantener en sus espacios heterotópicos¹ los juegos clandestinos.

En el caso de Argentina, tras la crisis económica desatada en 1890² y luego de sucesivas legalizaciones y prohibiciones de los juegos de apuestas en el ámbito del territorio nacional, fue creada en 1893 la Lotería de Beneficencia Nacional. La posibilidad del juego como un recurso legítimo del Estado para solventar distintas necesidades sociales era algo que ya se venía instalado en la mente de muchos letrados de la época, aunque todavía encontrase, como veremos, fuertes detractores. Las rentas que podría producir el juego se habían evidenciado como un aporte importante frente a la fuerte transformación que venía sufriendo la ciudad de Buenos Aires³.

Tanto en términos edilicios como humanos, el crecimiento que registraba superaba ampliamente la capacidad administrativa y presupuestaria del gobierno para absorber y contener todas las nuevas problemáticas que conllevaba⁴: hacinamiento, baja calidad de la alimentación y carencia de un sistema sanitario apropiado eran los problemas más acuciantes de la temprana cuestión social, la cual tuvo sus momentos más dramáticos con las sucesivas olas de fiebre amarilla y de cólera⁵. La mayoría de las instituciones que tomaban a su cargo la ayuda sanitaria y educativa eran sociedades de beneficencia inspiradas en experiencias europeas, particularmente francesas, que recurrían a la realización de loterías para solventar sus actividades. Pero junto a estas también se hallaban entes privados que comercializaban sus propios billetes o importaban juegos de otros lugares para beneficio personal. Encausar la heterogeneidad de tal panorama a través de la estatización significaría, por un lado, aprovechar económicamente el juego y, por otro, generar las condiciones para ampliar las posibilidades de su explotación bajo las garantías del monopolio estatal.

La crisis de 1890 se sumó a las modificaciones y necesidades que venía mostrando la ciudad de Buenos Aires. Las consecuencias de dicha crisis se manifestaron en la restricción del crédito, la desvalorización de títulos y valores públicos y privados, el drenaje del metálico, la paralización de las construcciones, la caída en el valor de la tierra y en los precios de los productos exportados, y el cierre de bancos y comercios (^{Oszlak, 2006}).

En estas circunstancias, si por una parte se perfilaba un recrudecimiento de la condena del juego a partir de la lectura moral que se hacía de la crisis, como resultante del auge especulativo, por otra parte, se volvían más necesarios los fondos que la lotería podía proveer. Diversas entidades de bien común solicitaron permisos para realizar sorteos que permitieran solventar la construcción y mantenimiento de inmuebles de bien público (^{Cecchi, 2010}a).

Ante esta situación, volvió a debatirse la idea de una lotería oficial que regulara la cuestión, y que al mismo tiempo explotara el beneficio a favor de los hospicios y demás actividades de caridad. Este debate cristalizó dos posturas confrontadas, las cuales, bajo el aspecto lúdico, venían pugnando en torno a la relación entre economía, moral y Estado. Se trataba de definir si era posible, y bajo qué condiciones, una actividad "inmoral" que promovía el derroche -y, por lo tanto, era considerada antieconómica- podía convertirse en benéfica. No obstante, propondremos realizar la lectura invertida de dicho debate: como se verá, la discusión moral se da en los términos de una economía política, y es precisamente en la medida en que se trata de una actividad basada en el derroche y no meritocrática que era considerada inmoral.

¿No se comprende, señor, que una nación pueda ser arruinada como lo está la España, porque no se forma el ahorro, que es la base del capital de los bancos y de todos los capitales? ¿No se explica, a la inversa, que las naciones que no tienen semejante lotería estén acumulando capital en sus bancos, en sus cajas de ahorros, en todas partes donde se recibe desde el penique hasta la suma más cuantiosa? Pero, señor, yo debo presentar a la cámara este dato.

Conversaba yo con uno de tantos inválidos que venden lotería, y le preguntaba: -Dígame, ¿quiénes son los que compran números? -Ah! Señor; ¡si viera! Ahí, de aquella casa de en frente -y me mostraba una de tres pisos- todos los sirvientes me tienen ya anticipado el sueldo, para comprar billetes. (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 1895, p. 22. Sesión del 2 de octubre de 1895)⁶

El 1° de septiembre de 1892, el senador por Jujuy, Eugenio Tello, presentó un proyecto para la creación de una lotería municipal de la ciudad de Buenos Aires. El 60 % de los beneficios debería aplicarse al sostenimiento de los hospitales y asilos públicos de la capital, y el 40 % restante por partes iguales a las provincias. Además, se prohibía la circulación de toda otra lotería en la ciudad. La idea de que las anteriores prohibiciones solo habían logrado expandir las loterías clandestinas, y especialmente la de Montevideo (Uruguay), fue el argumento inicial para dar lugar a un debate sobre la conveniencia de tener un monopolio propio del juego para solventar la ayuda a los más necesitados. Las voces a favor del proyecto partían de una concepción antropológica del juego que ya había sido sostenida en diversas oportunidades, según la cual, dicha práctica sería un hecho innegable de la condición humana y, por lo tanto, también resultaría vano el esfuerzo por erradicarlo. Antes bien, debía ser canalizado.

La mayoría de las provincias ya habían legalizado loterías propias y, según se argumentaba, la Capital Federal se hallaba presa de estas, en tanto que extraían las apuestas hacia otras regiones y, mayoritariamente, hacia la capital uruguaya. Las entidades de beneficencia, por su parte, solo recibían permisos provisorios para desarrollar determinada cantidad de sorteos y de montos por año para cubrir sus necesidades. El senador Tello declaró en la presentación:

Yo no puedo sostener que el juego de la lotería sea moral, pero sí que puede establecerse en tales condiciones, que al mismo tiempo que disimula lo inmoral venga a crear una fuente de recursos para el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia.

[...] el congreso, señor presidente, tiene facultad para crear impuestos, y en esa virtud yo, sin que esto importe una ley de impuestos en el sentido constitucional, presento este proyecto estableciendo un impuesto módico y voluntario. ¿Con qué objeto? Con el de crear una caja de ahorros.

Véase entonces si puede ser más moral, de mi punto de mira, este proyecto. (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 1892, p. 298. Sesión del 1° de septiembre de 1892)

Por una inversión simbólica, el juego pasaba a tener un carácter moral, mediado por la utilidad pública de las ganancias que generase. El dinero proveniente de las apuestas era así "lavado" moralmente y marcado como dinero de bien público (^{Zelizer, 2011}). Al introducir dicho dinero en el ciclo largo de reproducción social, a través de la fiscalidad (^{Parry y Bloch, 1989}), el derroche se convertía en ahorro, vinculación que estaría presente en la creación de varias de las loterías provinciales. En efecto, esta nueva fuente de recursos debía contar con una condición para ser aceptada moralmente: debía ser direccionada hacia lo que se pretendía como una "caja de ahorros". Existe un discurso moral heredado de la Ilustración, centrado en las consecuencias sociales nefastas de los juegos de azar y de apuestas, según el cual estos abonarían los vicios humanos, la avaricia y la ociosidad (Inserm, 2008), contrarios al clima de moderación y racionalidad (^{Reith, 1999}). Sin embargo, lo interesante es ver cómo esa concepción, que continúa en su aspecto esencial hasta nuestros días, se halla vinculada a la productividad y el esfuerzo. Todo el debate giró en torno a la inmoralidad o moralidad de los juegos, en función de los efectos económicos que llevaba aparejado para el trabajador y, por este medio, sobre su estilo de vida y sobre toda la Nación⁷. Lo que se hallaba en juego, en suma, era la construcción de un ethos económico de la población acorde con un proyecto de nación.

La formación de ahorros nacionales se presentaba como uno de los puntos fuertes en la concepción de los gobernantes de la época para el desarrollo económico de una nación, a pesar de la impronta rentística que caracterizaba a la élite gobernante argentina (^{Rapoport, 2007}). El deseo de inmigración europea, en parte, se vinculaba con la percepción de un ethos económico adecuado a este proyecto -aunque dicha expectativa no se viera satisfecha- mientras que el juego se contraponía como un medio no meritocrático de acceso a la riqueza que socavaba el espíritu de trabajo y de ahorro que se buscaba para la población argentina. En este sentido, era observado como un gasto infructuoso que podría hundir a las mentes exaltadas en la miseria, lo cual conllevaba en el fondo una relación prohibida con el dinero: tanto acceder a él sin trabajo como gastarlo de manera no productiva estaba vedado para las clases populares⁸. Pero en la medida en que pudiera destinarse lo recaudado por la lotería a la caridad de esas mismas clases populares, el juego podría ser considerado un acto de bien e incluso una necesidad, teniendo en cuenta el requerimiento financiero de las sociedades de beneficencia. Era el dinero de los sectores populares el que estaba en discusión y no el dinero en general. Si ese dinero podía, por una vía indirecta, volver a los "menesterosos", el asunto estaría moralmente resuelto para quienes apoyaban la propuesta.

El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda y debió esperar un año hasta que se volviese a tratar en el Senado. Allí se efectuó un nuevo debate entre los senadores Tello y Anadón que expresa y condensa los argumentos en pugna. Anadón, senador por Santa Fe, expuso en la primera sesión:

[...] es condición humana que cuando se puede obtener sin el esfuerzo es preferible; pero los que se tientan no son, por de contado, los mejores; son los más remisos al trabajo, son los más inclinados naturalmente al vicio [...]. Los gananciosos abandonan la fábrica en seguida; empiezan a frecuentar la más próxima taberna; muy pronto tienen las primeras entradas policiales; a poco andar ya dejan de regresar a sus hogares por la noche, y algunos meses después, señor presidente, [...] serán habitantes de la penitenciaría. (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 1893, p. 481. Sesión del 28 de septiembre de 1893)

El problema no solo incumbía a la moralidad del juego, sino también al rol y a las funciones mismas del gobierno ante tales iniciativas y ante las necesidades económicas del país, que aún sentía los tumultos de la crisis. De este modo, el Estado se presenta como un artefacto que podría captar los recursos del juego para beneficio de los mismos jugadores, asimilados a los sectores trabajadores. De esta manera, se invertiría la matriz económicamente inmoral del juego. Decía Tello en esa oportunidad: "Efectivamente, el proletariado emplea sus ahorros o parte de ellos en el juego de lotería y este beneficio va a ser destinado especialmente al fomento de hospitales. A esos hospitales va ese proletariado" (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 1893, p. 498. Sesión del 29 de septiembre de 1893).

Así, por mediación de la centralización y redireccionamiento del Estado, el gasto se convertiría en ahorro, pero ambos focalizados: en una época en la cual el gobierno se sucedía en manos de una minoría privilegiada (^{Botana, 1985}), en la que los aspectos más básicos del Estado de Bienestar aún eran históricamente insólitos, y la movilización de una incipiente clase obrera apenas empezaba a cobrar mayor fuerza (^{Suriano, 2010}), el dinero para las crecientes necesidades hospitalarias debería partir de las mismas masas trabajadoras que concurrirían a dichos hospitales.

El 16 de octubre de 1893 fue sancionada la ley 2989, que autorizaba a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a la extracción periódica de una lotería de beneficencia. Dado que se trataba de un organismo comunal de la ciudad, pero cuyos beneficios alcanzaban a las provincias y cuya reglamentación dependía del Poder Ejecutivo Nacional, se originó una polémica entre este último y el Consejo Deliberante de la ciudad que se extendió por dos años. Esto ocasionó la presentación de un nuevo proyecto para que la Lotería de Beneficencia se transformase en Lotería de Beneficencia Nacional, la cual fue finalmente creada por la Ley 3313 en 1895. La extracción se haría en la Capital Federal, y el 75 % de lo recaudado debía destinarse a premios, mientras que los beneficios líquidos debían ser aplicados: en un 60 % al sostenimiento de hospitales y asilos públicos de la Capital Federal, y el 40 % restante para las provincias con el mismo objeto.

Sin embargo, los debates sobre el juego no se acallaron. La indignación ante su expansión legal e ilegal se vio reflejada en el meeting organizado en 1901, en el que alrededor de 5000 personas se congregaron en la Plaza de Mayo para peticionarle al presidente de la República la represión de los juegos de azar en el ámbito urbano (^{Cecchi, 2010}b). Esta movilización fue organizada por sociedades obreras y recreativas -entre cuyas figuras sobresalió la del orador principal, Alfredo Palacios-, pero también por gobernadores, legisladores y diversas asociaciones civiles que veían el crecimiento de las casas de apuesta como una perturbación moral y económica. Con la movilización se buscaba dar apoyo a la presentación de dos proyectos tendientes a restringir y prohibir la práctica del juego, los cuales se proyectaron en debates parlamentarios que derivaron, en 1902, en la sanción de la ley de represión del juego, por la que se legalizó la potestad de la fuerza pública para realizar allanamiento de domicilio privado. Pero era nuevamente el dinero del pueblo el que se buscaba reencausar a las arcas estatales: Rufino Varela Ortiz, antiguo funcionario policial devenido diputado y autor del proyecto, señaló que el juego debe reprimirse en aquellos lugares a los que concurre la masa del pueblo, "garitos" (lugares clandestinos de apuestas) que "socavan la fortuna destinada a la beneficencia" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1902, p. 204. Sesión del 9 de junio de 1902), y no en los clubes de la alta sociedad, en donde no hay perjuicio alguno. "El juego en los clubes no constituye delito de orden moral ni legal, son simples expresiones de la sociedad" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1902, p. 204. Sesión del 9 de junio de 1902). Al igual que en las discusiones anteriores, era el dinero de los sectores populares el que debía ser conjurado, dado que era allí donde adquiría un carácter impuro y abyecto, es decir, peligroso para el conjunto societal (^{Tonkonoff, 2019}).

Si bien después hubo otros intentos por prohibir todo juego (el último proyecto en tal sentido data de junio de 1927, y fue presentado por el diputado socialista Adolfo Dickmann), en términos institucionales la creación de la Lotería de Beneficencia Nacional vino a estabilizar la disputa moral por la actividad, aun cuando subsistieran las críticas. El proceso que se abría era más bien de popularización y represión de las manifestaciones ilegales antes que de contracción (^{Figueiro, 2014}). Las mismas obras que el juego financiaba -provisión de agua potable a varias provincias; subsidios a la Biblioteca Nacional; el Museo Histórico Nacional; el Archivo General de la Nación; financiamiento de la construcción del Policlínico José de San Martín, actual Hospital de Clínicas; reconstrucción del Club Gimnasia y Esgrima, entre muchos otros ejemplos-, contribuían tanto a publicitar la función que se le había dado a la institución, y por este medio al juego, a la vez que justificaban el aumento de sorteos y de montos para cubrir las nuevas metas.

Prostitución: el "mal necesario", la trata de blancas y su abolición

Las preocupaciones morales no se referían solo a las virtudes económicas y a los usos del dinero por parte de los sectores populares, sino también a los usos sexuales de los cuerpos feminizados que migraban hacia Argentina. A fines del siglo XIX, llegaban al puerto de Buenos Aires mujeres europeas con la esperanza de obtener una mejor vida, lo que muchas veces significaba ingresar en la prostitución. En algunos casos este ingreso estaba propiciado por redes de traficantes y, en otros, se apoyaban en otras redes migratorias. Las estadísticas para poder discernir este fenómeno son imprecisas (^{Guy, 1994}), pero lo que nos interesa iluminar es que este fenómeno ahondaría un imaginario de la ciudad de Buenos Aires como el lugar de llegada de mujeres forzadas por las redes de trata de blancas, que reconfigura ciertas políticas de disciplinamiento de los cuerpos abyectos, inmersas en políticas de ordenamiento urbano. Esto va a consolidar un vínculo entre sexualidad, migración y normas jurídicas que van a inteligibilizar el fenómeno de un modo singular.

Hacia fines del siglo XIX, Europa y Buenos Aires estaban unidas por un hilo que preocupaba. La ciudad reguló el control municipal de la prostitución desde 1875 -el cual se extenderá hasta 1936-, pero desde 1860 había empezado a crecer la preocupación por el tráfico internacional de esclavas blancas y se había extendido la idea de que los burdeles de la ciudad se alimentaban de mujeres judías polacas, inglesas, rusas y alemanas, entre otras. En 1878 comienza a publicarse por poco tiempo el periódico El Puente de los Suspiros, dedicado a combatir este problema. En su número 8 del 26 de abril de 1878 publicaba una carta abierta de dos mujeres que aseguraban:

Nuestra historia es vuestra historia: es la historia de todas las mujeres europeas que, sorprendidas y engañadas en su inocencia o en su miseria, han sido conducidas a estas playas con los ojos vendados y en la esperanza de la realización de promesas que no han sido cumplidas. [...] os dejasteis arrastrar por las falaces pinturas de vuestros seductores, y en una noche oscura abandonasteis sigilosamente vuestro tranquilo y modesto hogar, para correr en pos de un mundo nuevo que no era el mundo en el que hasta entonces habíais vivido. ¡Desgraciadas! Ibais en busca de la felicidad, y la dejabais en vuestra casa. (El Puente de los Suspiros, 1878)

En el imaginario europeo, Argentina -y Buenos Aires en particular- era ese lugar en cuyo puerto arribaban engañadas y en contra de su voluntad las mujeres de los hombres del viejo continente para ejercer la prostitución. Los ingleses eran los más preocupados, a pesar de que la mayor parte de las mujeres eran oriundas de Europa del Este, Francia e Italia (^{Guy, 1994}). Hacia 1889, casi veinte años luego de comenzado el boom migratorio, la cantidad de mujeres inglesas que estaban registradas como prostitutas en Buenos Aires era el 1 % (65 mujeres), mientras que las argentinas eran el 25 %, las rusas, rumanas, alemanas y austrohúngaras el 36 %, las italianas el 13 % y las francesas el 9 %. Junto a esto debemos considerar que las extranjeras eran más susceptibles de registrarse que las argentinas (Guy, 1994). Pero aun así los ingleses estaban convencidos de que las redes de proxenetismo traficaban a sus mujeres. Una prueba de ello fue la creación de una de las organizaciones más tempranas del creciente movimiento anti-tráfico en Inglaterra. La Asociación Judía para la Protección de Mujeres y Niños (Japgw, por sus siglas en inglés), fundada en 1885 por una integrante de la élite anglo-judía, elaboró entre 1890 y 1910 una serie de informes acerca de la situación en Buenos Aires, donde incluso llegó a tener una sede. Su principal foco fue buscar la causa del tráfico entre las mismas mujeres. Incluso en un reporte de 1904 señala que "[...] las víctimas son usualmente muy débiles, ignorantes e indefensas [...] constantemente despojadas de fibra moral, faltas de educación religiosa y de baja educación" (Japgw Annual Report, 1904, citado en Attwood, 2016, pp. 7-8. Traducción propia).

El boom migratorio que comienza en 1870, ayudado por la Gran Depresión de 1873, y que se extiende hasta la Primera Guerra Mundial, trajo mucha población proveniente de Europa, pero también varias preocupaciones en torno a las migraciones femeninas por el mundo. En especial, el contexto promovió la industria del tráfico de mujeres e Inglaterra se convirtió en el conducto de mujeres que provenían principalmente de Europa del Este hacia Johannesburgo, Alejandría, Calcuta y Buenos Aires (Attwood, 2015). Algunas eran transportadas en contra de su voluntad y otras buscaban mejores oportunidades de vida en el mercado del sexo fuera de sus países de origen (Attwood, 2015). La cuestión es que, más allá de este dato, buena parte del imaginario europeo estaba puesto en que, si las mujeres se iban de sus hogares para trabajar y, muchas veces, ejercer la prostitución en Buenos Aires, debía ser porque eran cooptadas por redes de personas que las forzaban a hacerlo. Así es como las migraciones femeninas y el discurso sobre la trata de blancas liderada por rufianes (principalmente judíos) comenzaron a entrelazarse para explicar la movilidad femenina.

La comunidad judía no era la única preocupada, la organización más prominente desde Inglaterra fue la Asociación de Vigilancia Nacional (NYA, por sus siglas en inglés) creada en 1899 por reformistas de clase media, fundamentalmente puritanos anglicanos y cristianos evangélicos. Años más tarde crearían, junto a la Japgw, un organismo europeo internacional para combatir el tráfico, la Oficina Internacional para la Supresión del Tráfico de Personas.

Algunas investigadoras explicaron tempranamente que los temores del mundo masculino europeo sobre la migración femenina denotaban que la movilidad de las mujeres era desaprobada por estos varones (^{Guy, 1994}; ^{Schettini, 2016}, ²⁰¹⁷). Las mujeres que escapaban al control de la familia y la nación "podían terminar casándose con extranjeros inaceptables de cualquier raza, perdiendo así su nacionalidad" (Guy, 1994, p. 19). Esta razón, oculta bajo el velo de la trata de blancas, daba una excusa perfecta para establecer una moral sobre los peligros de la migración de las mujeres. Esta denominación le dio al problema migratorio tanto tonos racistas como patriarcales, los cuales explicaban mejor los temores masculinos que, efectivamente, por qué las mujeres migraban.

América Latina en general, pero Buenos Aires particularmente, pasó a ocupar un lugar muy singular en lo que ^{Schettini (2017)} llamó "geografía moral mundial". Aún más que Río de Janeiro (Schettini, 2016), la ciudad argentina se convirtió en el blanco de sospechas de ser el destino privilegiado de redes de trata de blancas. Además de estar impulsada por ciertos grupos religiosos ingleses, la noción de trata de blancas denotaba un claro racismo. La intención era doble: diferenciarse del tráfico de esclavos negros y sospechar acerca de las intenciones femeninas para la movilidad.

Las presiones de esa geografía moral mundial se dejaron sentir tempranamente en Argentina, pero hasta su llegada, la consideración de la prostitución era otra. Lo que movilizaba la mirada sobre el fenómeno no era tanto el temor a la trata de blancas, sino el "mal inevitable". Argentina, con su impronta católica tolerante con el "desenfreno masculino", no buscaba prohibir la prostitución sino lidiar con "el mal necesario". Desde el 5 de enero de 1875, el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires había autorizado los burdeles y la ciudad tendría un sistema reglamentarista sobre la prostitución hasta 1936. Las mujeres eran confinadas en viviendas específicas y sometidas a exámenes médicos regulares para mostrar que estaban aptas para trabajar. El espíritu de las reglamentaciones estaba lejos de ser un marco de protección, los derechos civiles estaban negados para estas mujeres y se las veía como potencialmente peligrosas tanto para la moral, la higiene pública, la mirada internacional y para el mantenimiento del orden público en las calles, en especial de la ciudad de Buenos Aires.

El espíritu moral de los grupos religiosos en Inglaterra, junto con la avanzada del feminismo en la década de 1970 en contra de la prostitución, puede rastrearse en las campañas morales antivicio de la segunda mitad del siglo xix, las cuales fueron estudiadas por la historiadora Judith ^{Walkowitz (1980)}, que impulsaron una serie de medidas que buscaron reprimir moralmente a las mujeres y reducir su movilidad, bajo la excusa de las Actas sobre Enfermedades Contagiosas de 1864. Este movimiento, que se venía gestando, interpretó muchos comportamientos de las mujeres como incitación sexual. Esos temores que comenzaron localmente lograron trasnacionalizarse muy rápido y Buenos Aires era un buen objetivo, haciendo recaer la culpa en la vulnerabilidad femenina y la inmoralidad de las ciudades que las recibían.

En efecto, tanto las cruzadas antivicio como las antiesclavitud muestran que detrás de las tendencias de protección de las mujeres pobres de las garras de los hombres aristócratas viciosos que pudieran aprovecharse, se esconde otro temor. Si lo miramos a la luz de la historia de la sexualidad moderna, ^{Walkowitz (1980)} señala sagazmente que estas campañas vehiculizaban el miedo a la voluntad sexual de algunas mujeres por prostituirse. Las alianzas de ese feminismo reformista con el andamiaje legal inglés llevaron a que se aumentara la edad del consentimiento y a que se prohibieran las relaciones sexuales homosexuales, todo lo cual habilitó la represión legal y policial de mujeres pobres y homosexuales. Esto llevó a una intensificación de la dependencia de muchas de estas mujeres con proxenetas, quienes aseguraban una mejor relación con las autoridades. Lo que se llamó la Criminal Law Amendment Act de 1885 terminó llevando la prostitución de ser una actividad dominada por las mujeres a una dominada por los hombres.

Así como el discurso en torno a Jack el Destripador funcionó en la Inglaterra de la época como una figura privilegiada para el ordenamiento público de la sexualidad de las jóvenes mujeres inglesas (^{Walkowitz, 1982}), en Argentina, los temores sobre la esclavitud de blancas funcionaron del mismo modo. Las figuras que ordenan la sexualidad femenina derivan -como consecuencia deseada o no- en una impronta represiva sobre la movilidad de las mujeres en las calles y entre países, y sobre las formas en que esas mujeres usaban su cuerpo. Este espíritu puritano impregnó buena parte de cómo se conceptualizó el problema del mercado del sexo.

El blanco perfecto para ese imaginario puritano fue Buenos Aires. Algunos de sus representantes viajaban a Argentina a estudiar y verificar el modo en que las mujeres se alejaban de las normas familiares conservadoras para verse involucradas en el comercio sexual. Como señalamos antes, la prostitución era legal y constituía un objeto de disputa del poder político municipal, el médico y el policial. Esta situación de migración era leída como producto de un engaño e incluso surgieron varios grupos locales que impulsaron la lucha contra la trata de blancas en diálogo con un sector de la política. Estos grupos, las políticas de ordenamiento urbano llevadas adelante por las autoridades políticas de la ciudad, las preocupaciones de los médicos higienistas por la salubridad pública , las preocupaciones de esa geopolítica moral en la que Inglaterra y Argentina se miraban mutuamente y el ejercicio efectivo de la policía de la Ciudad -que muchas veces disputaba al poder municipal el control sobre el orden público-⁹ fueron elementos centrales que se tejieron para entender lo que sucedió luego con el control del mercado sexual.

Si bien las presiones internacionales eran férreas, Argentina tenía cierta tolerancia a la prostitución e incluso al tráfico de mujeres. La modificación de esta postura se debió a la incidencia de estos factores internacionales en conjunción con la aparición de las voces de las primeras mujeres feministas en el espacio público. La creación de la Asociación Argentina contra la Trata de Blancas -en la que Julieta Lantieri tuvo una postura destacada-, la posición de Alicia Moreau de Justo en la Conferencia Internacional de Médicas, el Primer Congreso Femenino Argentino a comienzos de siglo, en trabajo conjunto con el Partido Socialista y sus varones comprometidos con las problemáticas de la población femenina, pero influenciados por los argumentos de los médicos higienistas, proveyeron la primera clara oposición organizada en contra de la prostitución. Además, hubo otro factor externo clave: la reanudación de las migraciones masivas a partir de la Primera Guerra Mundial, que revitalizó los temores por la migración femenina.

Una de las consecuencias de la discusión en Argentina fue la Ley Palacios de 1913, que buscó reformar el código penal (Ley 4189 de 1903). El objetivo era combatir fuertemente el rufianismo y la explotación sexual. El proyecto proponía reprimir la promoción o facilitación de la "corrupción o prostitución de mujeres mayores de dieciocho años y menores de veintidós, para satisfacer deseos ajenos. Si la víctima, varón o mujer, fuere menor de dieciocho años, la pena será de seis a diez años de penitenciaría. Si fuere menor de doce, el máximum podrá extenderse hasta quince años" (Actas de la Reunión núm. 50 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, 17 de septiembre de 1913 p. 322). También establecía penas para el regenteo de prostíbulos. Esa ley era apoyada por grupos civiles como la Asociación Argentina contra la Trata de Blancas (AATB) y por los mismos imaginarios socialistas contra la explotación de las mujeres. Pero como en el caso de los juegos de apuestas, también estas posturas congeniaban muy bien con las de los dirigentes de otros partidos. En la sesión de discusión del proyecto de ley, el diputado por el Partido Constitucional -y más tarde de la Unión Cívica Radical-, Arturo Bas, decía:

la trata de blancas es la manifestación más repugnante de la lujuria que en todos los tiempos, en su camino ascendente, ha producido la decadencia de los pueblos; y son, señores diputados, Roma y Grecia, ejemplos elocuentes en la historia. (Actas de la Reunión núm. 50 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, 17 de septiembre de 1913, p. 323)

La prostitución de las mujeres era concebida como la génesis del desorden urbano (^{Guy, 1994}). Pero en verdad lo que desordenaba era la seguidilla de leyes y ordenanzas municipales que muchas veces se contradecían. En las legislaciones que se proponen a partir de 1919, los socialistas logran el cierre de burdeles y la prohibición de que más de una mujer ejerciera la prostitución en una casa -antes podían juntarse algunas de ellas y compartir gastos de vivienda mientras trabajaban-. Lejos de reducir la cantidad de burdeles, dichas medidas los incrementaron sin parar y empujaron a muchas de esas mujeres a refugiarse bajo el ala de los rufianes que eran los únicos que podían pagar los gastos y arreglar con la policía para que no interfiera. Donna Guy (1994) señala esta época como el paraíso de los tratantes de blancas.

En este punto, se ancla un problema que será arrastrado históricamente hasta nuestros días: las medidas de restricción del mercado del sexo llevan a la clandestinización. Si bien su búsqueda fue combatir el rufianismo y la trata de blancas con el objetivo ulterior de modificar la imagen que Buenos Aires tenía en la geopolítica moral, estas medidas propiciaron la persecución de mujeres pobres, su desplazamiento desde relaciones donde gozaban de cierta autonomía hacia vínculos de mayor explotación con proxenetas que les podían asegurar protección frente a la intervención policial y capital suficiente para afrontar los gastos de los burdeles.

A pesar de que cada toma de medidas incurría en un crecimiento del rufianismo y de los burdeles, en 1934 se toma la decisión política de cerrar todos los prostíbulos. La abolición de los burdeles comenzó a ser el horizonte, junto con la repatriación de las mujeres y la posibilidad de conseguirles un trabajo "digno" a las que quedaban en la calle, así como asistencia médica. Evidentemente la tríada moralidad-higienismomigración seguía intacta. No obstante, a pesar de las intenciones de protección de las mujeres, quedaban atrapadas en las disputas entre municipalidad y policía, de modo tal que cada una interpretaba la legislación de forma que sirviera a sus intereses de lograr el control sobre el mercado del sexo. La policía se apropió de la ordenanza, definiendo con fuerza el comportamiento "escandaloso", así es que desplegó la arbitrariedad del concepto para detener prostitutas por "incitarlo".

Por fin, en 1936, se promulgó la aún vigente Ley de Profilaxis Social. Esta buscaba combatir la propagación de las enfermedades venéreas, para lo cual reglamentaron exámenes médicos obligatorios para los hombres que quisieran casarse y la prohibición del establecimiento de casas o locales donde se ejerciera o se incitara a ejercer la prostitución y el castigo con multa por el sostenimiento, administración o regenteo de casas de tolerancia.

Todas las medidas tomadas para controlar "la tragedia" de la prostitución fueron en un sentido contrario a lo que se propusieron según sus defensores. El abolicionismo de la prostitución intentó atacar el proxenetismo, los locales donde se ofrecían servicios sexuales, así como las conductas "inapropiadas" en la oferta de esos servicios. Los agentes estatales estaban cada vez más convencidos de ser agentes con autoridad moral (^{Simonetto, 2016}; Garrido Gamboa y Simonetto, 2019). Si el objetivo era "proteger" a todas esas mujeres, en verdad se las despojó de espacios de trabajo y se abrió un camino liso a su persecución. Estas legislaciones contribuyeron fuertemente a construir a estas mujeres como locus de enfermedades e inmoralidad, y culpables de conflictos internacionales, a la vez que se las despojó de los medios por los cuales subsistían arrastrándolas a la clandestinidad del proxenetismo que asegurara negociar su inmunidad con las autoridades policiales y municipales.

Aún hoy, Argentina es oficialmente abolicionista y continúa produciendo estos efectos. Pero el camino de esta configuración de eventos hacia la actualidad necesita pasar por un fenómeno más antes de llegar a la década del 2000 y su impronta sobre la lucha contra la trata de blancas. Pues si ya había algunos elementos de cierto feminismo que intervienen sobre la mirada juzgadora de Buenos Aires a principios del siglo XX, hizo falta la discusión del feminismo estadounidense de las décadas de 1970 y 1980, y su propuesta conceptual sobre la violencia de género para obtener la impronta que hoy tiene este tema.

Conclusiones

El trabajo y el ahorro como virtudes económicas y cívicas para la consolidación y engrandecimiento de la República se mostraban como la antítesis de los juegos de apuestas en una época en que la economía entera y la propia bolsa de comercio eran vistas como un gran "garito". Por su parte, la prostitución compartía parte de las preocupaciones morales de la élite gobernante, en la medida en que quienes la ejercían se hallaban asociados a mujeres inmigrantes de los sectores populares. En ambos casos, lo que se trasgredía era un imaginario de Nación que reclamaba valores afines a lo que entendía como el desarrollo de una economía ligada a las potencias mundiales, especialmente Inglaterra. Como muestra ^{Salvatore (2001)}, el juego, la prostitución, el alcoholismo, el crimen y el fraude en la Buenos Aires de aquellos años, eran considerados por diversos sectores sociales como una patología que minaba las instituciones y los valores considerados esenciales para el funcionamiento del mercado, a saber: el trabajo, la familia y la propiedad privada. El temor de la élite gobernante frente a lo que se consideraba una economía inmoral -agudizado por las crecientes oleadas inmigratorias-, llevó a exigir desde distintas posiciones del arco político una mayor intervención estatal que delimitara las fronteras legítimas de la actividad mercantil, regulando los peligros de dichos excesos. En este escenario, el juego de apuestas de los sectores populares (no así los de las clases acomodadas) era considerado una perversión de la actividad económica y un descarrilamiento de la ética del trabajo, junto con otras actividades que subvertían los atributos éticos de capitalismo. Y la prostitución era considerada un peligro para la moralidad femenina y para el ideario de familia reproductiva que sustentaba el imaginario nacional.

Este trabajo muestra la configuración biopolítica de un doble ethos económico y sexual, ambos impregnados por una fuerte impronta moral, especialmente dirigida hacia los sectores populares. Así, la constitución del Estado nación se erige sobre la construcción de un ethos en relación con el ahorro y el trabajo, y un ethos en relación con la familia y el rol reproductivo de las mujeres.

Sin embargo, cabe preguntarse por qué las respuestas frente a ambos problemas fueron tan disímiles. ¿Por qué en el caso del juego se decide regular e institucionalizar y en el caso de la prostitución la respuesta es la abolición? La instauración de un ethos sexual asociado a la reproducción de las mujeres y la imposibilidad de su movilidad migratoria y del uso mercantil de su propio cuerpo despertaron en la sociedad argentina de fines del siglo XIX y principios del XX pánicos morales que no levantó el ethos económico. En el caso de los juegos de apuestas, la posibilidad de su institucionalización debe verse a la luz de la crisis económica de 1890 y de las necesidades cada vez mayores de dar respuesta a las problemáticas del crecimiento urbano. Pero creemos que para la explicación es más importante la posibilidad de inscribir el carácter inmoral del dinero del juego en un ciclo de largo plazo de sostenimiento institucional de actividades destinadas, fundamentalmente, a quienes se percibían como esencialmente irracionales en su relación con el juego. Como en la prostitución, se concebía el problema como una pasión imposible de erradicar del espíritu humano, pero en este caso la cuestión moral se hallaba dada en los términos de la economía política -ahorro contra dilapidación- y no del virtuosismo femenino. La canalización del dinero del juego en un circuito amplio que permitiese su reinscripción material y moral dentro de la productividad y de la atención de necesidades sociales ligadas en ese momento a la beneficencia, permitió un marcaje de dicho dinero (^{Zelizer, 2011}) que, si bien no lo volvía deseable, al menos lo racionalizaba dentro un marco controlado por el propio Estado, aliviando asimismo algunas de sus presiones económicas y sociales. De hecho, hasta el día de hoy la utilización de una parte del dinero del juego para fines de bienestar social sigue siendo la condición moral y legal de posibilidad para la explotación pública y privada de las apuestas en Argentina (^{Figueiro, 2014}).

Ahora bien, si la respuesta frente al mercado del sexo fue finalmente la instauración de un régimen de abolición, se debe a que los cuerpos feminizados fueron confinados a formas de control de la sexualidad que, asociadas a un destino reproductivo construido como destino natural, sirvieron de base material para el sostenimiento del Estado nación.