Sociología y Estado: los inicios de un matrimonio por conveniencia

Al finalizar el decenio de los cincuenta en Colombia la sociología inicia su proceso de institucionalización académica y científica y su reconocimiento como un saber indispensable para impulsar la marcha de la sociedad y comprender las problemáticas que los cambios socioeconómicos y políticos le imponían al país. De esta manera cobra vida propia y adquiere reconocimiento entre diversos sectores intelectuales de la sociedad, pero muy especialmente dentro del Estado, desde donde despliega toda su capacidad explicativa y propositiva de la sociedad (^{Segura y Camacho, 2000}, p. 180), siendo para finales de los años cincuenta el desarrollo de uno de los grandes problemas y temas de contexto en el país, además, sirviendo como eje articulador de las políticas trazadas por el régimen del Frente Nacional en su proyecto modernizador.

Con la fundación en 1959 del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, la Facultad de la Pontificia Javeriana (Bogotá) y el Instituto de Ciencias Sociales de la Pontificia Bolivariana (Medellín), la disciplina inicia su largo proceso de legitimación institucional contando con un fuerte soporte de desarrollo profesional en el Estado, gracias a las tareas que esta emprendió en la modernización económica y política durante ese periodo y en el cual la sociología preocupada por los grandes ejes temáticos como la comunidad, la violencia, los procesos migratorios y la propiedad de la tierra (^{Segura y Camacho, 2000}, p. 180), realizaría importantes aportes para la comprensión y acción estatal en esos campos.

En la creación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, anexo a la Facultad de Economía, puede identificarse una inicial convergencia de intereses entre Estado y sociología para la implementación de políticas orientadas al cambio y el desarrollo social, que conllevará a la fundación, dos años después, de la Facultad de Sociología de la Universidad como una entidad independiente¹. Resulta significativo que al acto de inauguración asistan, entre otros: el Cardenal Luis Concha, el Ministro de Agricultura Otto Morales Benítez el ministro de educación Alfonso Ocampo Londoño, el Ministro de trabajo José Elías del Hierro, así como el Ministro de Justicia Vicente Laverde Aponte y el Secretario de la Presidencia Alberto González Fernández y varios exministros (^{El Tiempo, 10 de mayo de 1961}, p. 12).

En estos años, y gracias a la incansable labor de Orlando Fals Borda, el nuevo programa obtiene asistencia y apoyos materiales de organismos internacionales como la Unesco, la comisión Fullbright y la fundación Rockefeller, contando con la colaboración de un equipo docente formado por investigadores extranjeros entre los que destacan Robert S. Wülamson de los Angeles City College y el antropólogo inglés Andrew Pearse, así como un grupo de docentes formados en Europa, y los Estados Unidos como Camilo Torres Restrepo, Virginia Gutiérrez de Pineda y Roberto Pineda Giraldo (^{El Tiempo, 10 de mayo de 1961}, p. 12).

Los/Las primeros/as sociólogos/as participan activamente realizando trabajos de asistencia técnica y planeación nacional en temas relacionados con la reforma agraria, el desarrollo comunal, y la problemática urbana y rural, así como proyectos de desarrollo de la comunidad en la ciudad y los vecindarios rurales. El mismo Orlando Fals Borda desde el Ministerio de Agricultura participa en la formulación de proyectos oficiales de reforma agraria; otro tanto puede decirse de Camilo Torres Restrepo quien coopera en la redacción de la "Plataforma de Acción Comunal", en el Comité Técnico de Reforma Agraria del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y en la capacitación de funcionarios públicos en la ESAP (^{Villanueva, 1995}).

El beneplácito con que sectores de la élite le dan la bienvenida a la sociología, lo recoge el escritor Lucas Caballero Calderón (Klim) en una de sus columnas periodísticas:

No es aventurado -escribe- augurar a esta nueva facultad el mejor de los éxitos. Tiene ya una orientación cuya excelencia garantiza la de los resultados de varios años de docencia y discencia. Cuenta con casi un centenar de alumnos de ejemplar preocupación, con un hogar digno y con la asidua y creciente demanda -por parte de los más diversos sectores- de la colaboración asesora de elementos que hayan pasado por ella. Es así, con iniciativas y realizaciones como esta, como la función universitaria reafirma su primacía insustituible entre los grandes factores del progreso firme de una nación. (^{El Tiempo, 11 de mayo de 1961}, énfasis agregado)

Por otra parte, la creación de la carrera de Sociología en la Universidad Javeriana asociaba el creciente interés de la Iglesia Colombiana por la cuestión social con una concepción claramente desarrollista. Así se desprende de un informe interno preparado por las directivas de este Departamento, en el cual enfatizan como campo de interés de la sociología: "1. El estudio de las condiciones sociales anteriores de las cuales se parte como base para el desarrollo [...] 2. El análisis de las implicaciones sociales del desarrollo [...] 3. El diagnóstico del propio desarrollo en sí como un proceso social" (^{Departamento de Sociología UPJ, 1965}).

La sociología (1962-1964): entre el estigma y el reconocimiento

En un contexto internacional de profundización de la Revolución Cubana y de ascenso de los movimientos de liberación nacional en Asia y África, la conclusión del primer gobierno del Frente Nacional, en cabeza de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), dejó una estela de frustración y un manojo de promesas incumplidas que alimentó la inconformidad de jóvenes estudiantes universitarios y de secundaria. Fue así como en mayo de 1962 un conflicto estudiantil que se inició en los colegios de bachillerato de Barranquilla se expandió rápidamente a Cartagena y Santa Marta culminando en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y en el ingreso violento de esta a los predios de la universidad del Atlántico (situación similar se había dado días antes en la Universidad Tecnológica de Tunja), todo lo cual generó expresiones de solidaridad en diferentes universidades del país (^{El Tiempo, 7 de junio de 1962}, p. 1).

Una de estas movilizaciones partió del campus de la Universidad Nacional y se desplazó hacia la plaza de Bolívar de Bogotá, donde se realizó un acto político con la participación de estudiantes de las Universidades Libre, Externado y Distrital. Dicha manifestación derivó en un abierto repudio a algunos símbolos del poder religioso, político y económico, el cual cristalizó en el apedreamiento del Palacio Cardenalicio, las instalaciones del Instituto Colombo Americano, las oficinas de El Tiempo, la sede del Capitolio Nacional, así como a reconocidos establecimientos comerciales ubicados sobre la carrera séptima (^{El Tiempo, 7 de junio de 1962}, p. 16).

El entonces rector de la Universidad Nacional Arturo Ramírez Montufar se apresuró a condenar estos hechos y advirtió que era hora de actuar "con toda energía, sancionando ejemplarmente a los culpables directos e indirectos de hechos que avergüenzan a la institución universitaria" (^{El Tiempo, 7 de junio de 1962}, p. 16). Al día siguiente, el Consejo Académico de esta misma universidad anunció su acuerdo

con que el señor rector haga uso de la facultad que le otorga el artículo 81 del reglamento de la Universidad y proceda a la expulsión o a la cancelación de la matrícula de aquellos alumnos que hubieran organizado, propiciado, estimulado o intervenido en tales hechos. (^{El Tiempo, 10 de junio de 1962}, p. 12)

La sanción no se hizo esperar y en una resolución emitida por el rector con fecha 13 de junio del mismo año, el rector Ramírez Montufar dispuso la cancelación de la matrícula a dos estudiantes por ser "promotores constantes de paros estudiantiles y desórdenes que han perturbado gravemente la normalidad universitaria" (El Espectador, 14 de junio de 1962, p. 2A) y a cuatro estudiantes más, integrantes del periódico Bisturí, quienes "si bien censuran los actos de violencia contra establecimientos de propiedad privada propician en cambio esos mismos actos contra empresas periodísticas" (^{El Espectador, 14 de junio de 1962}, p. 2A).

La decisión expedida por la rectoría universitaria involucraría directamente la Facultad de Sociología tanto por la expulsión de una de sus estudiantes y reconocida activista de la Juventud Comunista (juco), como por la actitud que asumirían los cofundadores de la Facultad Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo, quienes como parte del Consejo Directivo de la misma -y en contravía del profesorado de otras facultades que en su mayoría acatan acríticamente la decisión rectoral- emiten una declaración en la que señalan que:

En términos generales ni en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional, ni en su reglamento, ni en los reglamentos de las universidades se consideran las actividades políticas de los estudiantes como causa de censura o de exclusión por parte de la Universidad. Esto implica que dicha censura o exclusión no se puede ejercer respecto de los estudiantes (ni de los profesores por el mero hecho de su participación en la política. (^{Torres, 1986}, p. 196)

Al mismo tiempo que demandan una rigurosa indagación de los hechos que establezca con claridad las responsabilidades si las hubiera. En el caso de la estudiante de Sociología María Arango resultaba claro que dicha investigación jamás se adelantó y se le sancionaba por sus posturas ideológicas (al igual que los demás universitarios expulsados)², previa estigmatización de los medios de comunicación que como El Tiempo señalaban a la lideresa estudiantil como una de las incitadoras de los disturbios en el Centro de Bogotá:

Un vocero de los estudiantes de la Nacional, otro del Externado y otro de la Libre -registraba el diario capitalino- encabezaron la serie de arengas, algunas de ellas violentas, entre gritos contra la policía, el ejército, el gobierno y el clero. Un representante de la UNEC, y, finalmente la estudiante de Sociología María Arango, de reconocido carácter extremista, se dirigieron a la manifestación en términos casi dramáticos, y caldearon notablemente los ánimos. Precisamente cuando la última terminaba de hablar, salieron del grueso de la manifestación gritos provocadores: ¡A Palacio! ¡A Palacio! Instaron numerosos integrantes del grupo. (^{El Tiempo, 7 de junio de 1962}, p. 16, énfasis agregado)

No era la primera vez que a la estudiante María Arango se le endilgaban hechos calumniosos; en los intercambios epistolares sostenidos con Monseñor José Joaquín Salcedo, director General de Acción Cultural Popular, Camilo Torres había denunciado ataques personales de este alto prelado contra la estudiante de Sociología a quien señalaba de haber ingresado a la Universidad Javeriana para vincularse al Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) a tiempo que sugería que durante su paso por esta institución se habían extraviado algunos documentos (^{Torres, 1986}, p. 191).

Por otra parte, el mismo Camilo Torres se vería inmerso en una serie de difamaciones por parte del periódico El Tiempo. Este medio periodístico presenta su retiro de la Universidad Nacional (en realidad ordenado por su superior eclesiástico el cardenal Luis Concha Córdoba) como derivado del rechazo que hizo el sociólogo a las medidas "arbitrarias" tomadas por el Consejo académico y la Rectoría "al impartir sanciones a elementos que venían perturbando el normal desarrollo de las labores docentes" (20 de junio de 1962, p. 24). Frente a la forma como el diario capitalino presentó la noticia, Camilo exigió a su director que publicara una carta rectificando estos argumentos y aclarando que:

Las medidas tomadas para castigar universitarios no me han parecido arbitrarias en su totalidad. Unicamente he pedido, en compañía de otros profesores y por conducto totalmente regulares, que se reconsideren las sanciones y que se presenten en forma motivada con pruebas objetivas. (^{El Tiempo, 21 de junio de 1962}, p. 23, énfasis agregado)

No acababa de cerrarse este capítulo cuando otro hecho desata un nuevo episodio que colocaría a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en el ojo del huracán, esta vez para producir un distanciamiento con un sector de la clase dominante. Se trató de la publicación del primer tomo del libro La Violencia en Colombia: estudio de un proceso social bajo la autoría de los sociólogos Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y el jurista Eduardo Umaña Luna, aparecido a mediados de 1962 en la colección monográfica de la Facultad de Sociología. Aunque no faltaron las columnas elogiosas, la prensa conservadora no ahorró epítetos para descalificar la investigación:

La interpretación parcializada y el sectarismo, descarado o latente, dominan todas las líneas, desde las páginas iniciales en donde se agradece a los jefes bandoleros que no hayan matado a los investigadores, hasta el capítulo final, donde el sociólogo del grupo emplea todo su arsenal de vocablos 'técnicos' para presentar al conservatismo, al ejército, la policía y el gobierno como culpables exclusivos de todos los crímenes que su colega el señor Guzmán ha relatado con morbosidad insana en la primera parte del panfleto. (^{El Siglo, 15 de septiembre de 1962}, p. 4)

El periódico La República dirige sus señalamientos contra el sociólogo Orlando Fals Borda, a quien califica de "militante presbiteriano", "despabilado" y "diligente" que

aprovecha la admirable oportunidad que le ofrece la ingenuidad de monseñor Guzmán, para presentar este mal engendro con ínfulas de algo serio, científico y objetivo. Es decir, con una falsa presentación que tiene todas las características de una trampa al lector sin formación. (^{Acosta, 26 de septiembre de 1962}, p. 4)

Las críticas al libro se hacen también desde una perspectiva sociológica que invoca una supuesta objetividad. Así, el sacerdote jesuita Miguel Ángel González en la reseña que hace de la obra, y que fue ampliamente comentada y reproducida por el diario La República (^{Molina, 29 de septiembre de 1962}, p. 5) arremete contra el tipo de sociología que esta investigación pone de presente:

Pero el enfoque científico y la interpretación sociológica del fenómeno son muy discutibles. En el fondo la falla al respecto consiste en que los dos sociólogos Fals y Guzmán objetivizan y dan la categoría de interpretación científica a determinados juicios de valor personales o de secta. Es una equivocación corriente en la pseudo-investigación, consistente en la asimilación arbitraria y a veces casi inconsciente de los estados mentales del investigador con las causas reales y la interpretación objetiva del fenómeno. (^{González, septiembre de 1962}, p. 507)

Estas consideraciones sobre el libro, paulatinamente, se hacen extensivas al programa de Sociología de la Universidad Nacional. Así lo registra un informe interno preparado por las directivas del Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana, donde sus directivas justifican el mantenimiento de esta carrera en abierta rivalidad con las orientaciones que dominan en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional cuyo enfoque califican de "tendencioso", con una posición "casi de monopolio", que "dogmatiza en la enseñanza y la investigación" (^{Departamento de Sociología UPJ, 1965}). Calificativos que conllevaba una descalificación a las orientaciones que va tomando la sociología en la Universidad Nacional.

A medida que avanza el distanciamiento de la investigación sociológica frente a esta pretendida "objetividad" y "neutralidad" considerada por Camilo como "una forma de cobardía intelectual" (^{Torres, 1965}, p. 137) y aquella asume una abierta crítica del Frente Nacional y el stablishment en su conjunto, la estigmatización contra la sociología se hace más evidente. Un artículo del entonces senador Álvaro Gómez da cuenta de la misma:

[...] Lo más importante de la sociología es que, frente a las verdades establecidas, frente a las tradiciones, frente a las instituciones, frente a las leyes, siempre se puede aducir una 'razón sociológica' que es precisamente válidad en el campo de la sociología. [Y enseguida agrega] Por eso, cuando los sociólogos queremos invocar este privilegio de desconocer lo que está vigente y para no producir demasiado escándalo, solemos decir: 'ahora no hablo ni como sacerdote, ni como militar, ni como jurista, ni como político. En este momento hablo simplemente como sociólogo. [Y concluye diciendo] Si esta frase sacramental se pronuncia con solemnidad, y ahuecando la voz se pueden afirmar toda clase de monstrousidades sin que pase nada, porque el tema ha quedado ipso facto situado en un terreno científico insospechable. (^{Gómez Hurtado, 8 de junio de 1964}, p. 4)

Y en una clara alusión a Camilo Torres señala:

Por eso vemos a sacerdotes que hacen el elogio de la violencia, que critican todas las virtudes cristianas y predican el odio, porque lo hacen, claro está, como sociólogos, y no como Ministros de Dios.. .A nombre de la sociología, los médicos pueden archivar la moral profesional, los abogados preconizar la violencia de las leyes, los jueces practicar el prevaricato, los banqueros falsificar billetes y nosotros, los políticos, cuando no tenemos nada que decir. hablar de revolución. (^{Gómez Hurtado, 8 de junio de 1964}, p. 4)

El abogado liberal Vicente Laverde Aponte, después de haber comentado favorablemente esta columna y expresar su acuerdo con la misma, reprocha a Álvaro Gómez su no apoyo a la candidatura frente nacionalista de Carlos Lleras señalando que "oponerse a ella es abrirle el paso a la aventura, crear un estado de anarquía que sería el paraíso, el clima ideal para los sociólogos, los positivistas y los freudianos de todas las calañas" (^{Laverde, 13 de Junio de 1964}, énfasis agregado).

Esta mirada estigmatizante sobre la sociología no logra ocultar la importancia que esta sigue teniendo para amplios sectores de opinión, la cual se evidencia a propósito de la celebración del Congreso Latinoamericano de Sociología celebrado en Bogotá y respecto al cual editorializa El Tiempo: "la sociología resulta, por antonomasia, la ciencia de la previsión. Hay que volver a ella, ahora más que nunca, para conocernos mejor, para deducir experiencias, para mejorar el camino. De ahí, la señalada importancia que ha asumido en nuestros días" (13 de julio de 1964, p. 4).

Camilo ^{Torres y Fals Borda (1965)}: una sociología que incómoda

Para 1965 era claro que el pacto bipartidista del Frente Nacional (1957) si bien había abierto el camino para la recuperación de las instituciones civiles tras cuatro años de dictadura militar (1953-1957), no contenía una transformación social profunda como en su momento lo asumieron Camilo y Fals Borda, sino que se trataba de un proyecto de "convalecencia democrática" lo que a juicio de este último sociólogo explica porqué

[...] movimientos sociales de potencialidad revolucionaria, como la acción comunal y la reforma agraria, una vez auspiciados por el Frente nacional, no alcanzaran a levantar vuelo. La acción comunal cayó en manos de políticos y de entidades ineficaces que desvirtuaron sus metas de liberación popular. La reforma agraria fue desafiada impunemente por latifundistas y gamonales que han perpetuado las explotaciones del campesinado, y hubo que convertirla en fomento agrícola. (^{Fals, 1968}, p. 145)

Es por ello por lo que las marchas, la toma de tierras, las huelgas y los paros se constituyen en los canales por los cuales transita la inconformidad de campesinos y obreros frente a las políticas antidemocráticas consagradas por el Frente Nacional. Junto a estos sectores el estudiantado -libre ya de sus ataduras bipartidistas- protagoniza importantes acciones políticas y reivindicativas en contra de las tentativas de implantación de planes y proyectos modernizadores en la educación superior como la reforma de la Universidad Nacional promovida por el rector José Félix Patiño. Las huelgas estudiantiles se extienden por todas las universidades del país, convirtiéndose en una de las principales formas de lucha contando con la activa participación de la Federación Universitaria Nacional, FUN (^{García, 1986}), y también del estudiantado de Sociología que expresa su solidaridad con estos procesos de movilización social.

Todo lo anterior va generando un viraje significativo tanto en los debates teóricos al interior de la sociología como en sus relaciones con el Estado (^{Parra, 1985}, p. 80), que rápidamente permeará los nacientes programas de Sociología (Universidad de San Buenaventura, Autónoma Latinoamericana y Universidad de Antioquia), alimentados por una

[...] crítica radical al statu quo que condujo a la crítica a la sociología empírica norteamericana y, consecuentemente, al relativo alineamiento de la sociología con las ideologías profesadas por los sectores más radicales de la sociedad; en particular, la formación en sociología se orientó sobre los principios definidos por el marxismo, considerado como fundamento para una universidad científica y de masas. Evidentemente [...] no podría existir la preocupación por un saber hacer dentro del establecimiento, pues éste, precisamente, era el objeto de las críticas, ahora la cuestión era la de coherencia entre teoría y práctica en los términos definidos por el marxismo y su relación con la llamada 'realidad nacional'. (^{Ruíz, 2000}, p. 139)

Estas orientaciones cobran mayor fuerza hacia mediados de la década de los sesenta con las denuncias públicas contra el llamado Plan Camelot patrocinado por el Ejército y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y diseñado para "mejorar la comprensión general de los procesos de cambio social" (Special Operations Research Office citado en ^{Galtung, 1968}) con el propósito de "cumplir sus responsabilidades en el programa general de contrainsurgencia del gobierno de los Estados Unidos" (Special Operations Research Office, diciembre 4 de 1964). De acuerdo con Gabriel Restrepo "El plan asumió en Colombia el nombre de 'simpático' y se llevó a cabo a pesar del retiro y la denuncia de nueve de los colaboradores nacionales, ninguno de los cuales pertenecía a la institución sociológica" (2002, p. 109).

Los cuestionamientos al Plan Camelot abrieron el debate en torno al financiamiento de las Ciencias Sociales en América Latina, y su instrumentalización para propósitos de espionaje o colonialismo cultural, en particular por los Estados Unidos, de modo tal que "Estas representaciones negativas de ambos aspectos (financiamiento y utilidad de las ciencias) se extendieron a cualquier tipo de apoyo externo en el financiamiento de proyectos científicos" (^{Biegel, 2010}, p. 166) y derivaron en un rechazo a la investigación empírica, los estudios de caso y las teorías funcionalistas consideradas expresiones de la sociología norteamericana.

No obstante -como lo anotan Segura y Camacho- "El punto de quiebre, tanto en la relación entre la sociología académica y el Estado, como en el interior mismo de la disciplina, lo constituyó la acción política de Camilo Torres" (2000, p. 187). El 22 de mayo de 1965, en un acto público convocado por la FUN, y en el marco del asesinato del estudiante Jorge Enrique Useche a manos de la policía, Camilo Torres da a conocer en Bogotá la Plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano (^{Torres, 1965}, p. 205). La publicación de dicho documento generó un hecho político en el país, de abierto desafío a la política del Frente Nacional. En sus intervenciones públicas el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional se proclamaba revolucionario como colombiano, como cristiano, como sacerdote y, también, como sociólogo "porque gracias al conocimiento científico que tiene de la realidad ha llegado al convencimiento de que las soluciones técnicas y eficaces no se logran sin una revolución" (^{Torres, 1965}). La sociología crítica y comprometida pregonada por Camilo asumía un carácter claramente antisistémico.

Liberales, conservadores y sectores tradicionales de la Iglesia redoblaron sus ataques a Camilo, quien finalmente solicita su reducción al estado laical. Los cuestionamientos a Camilo se hacen extensivos a la Facultad de Sociología

donde -anota el periodista Juan José Medina- [Camilo] con Fals Borda sostuvo una serie de apreciaciones sobre la violencia que mucho mal le hicieron al país en el exterior y que ocasionaron la protesta de las gentes de bien de ambos partidos tradicionales. (^{Medina, 11 de julio de 1965}, p. 14)

La muerte del sociólogo cristiano, el 15 de febrero de 1966, ya vinculado a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sirve de pretexto a estos sectores para afianzar dicho estigma. En su edición del 18 de febrero, el periódico La República anuncia así el final de Camilo: "Fue muerto el Exclerigo y Bandolero Camilo Torres" (p. 14) y, en otro titular, señala: "La Contradictoria Vida de un Capellán Muerto como Bandolero" (^{Medina, 11 de julio de 1965}, p. 14). De otro lado, el diario liberal El Espectador aunque parece morigerar su lenguaje, reproduce varias imágenes del sociólogo, las cuales acompaña de los siguientes comentarios: "Camilo torres, como agitador, hablando a sus seguidores" y "Camilo Torres, recibido en hombros como líder extremista" (18 de febrero de 1966, p. 5A).

Desde una sociología crítica Fals Borda reivindica la función social de el/la sociólogo/a y su compromiso con su propio presente frente a una perspectiva sociológica que pretende refugiarse en los espejismos del objetivismo y la neutralidad: "al Trascender la realidad y pasar al plano de la práctica, -escribe- su planteamiento tiende a modificar profundamente el orden de cosas existentes, produciendo crisis sociales y personales, induciendo al examen crítico de la sociedad e impulsando el cambio subversivo" (^{Fals, 1968}, p. 152). Este espíritu de crítica a la sociedad y la propuesta de una sociología comprometida con la transformación social, están presentes en las sesiones del 11 Congreso Nacional de Sociología (1967), celebrado en Bogotá bajo el impulso de Orlando Fals Borda. Los temas de discusión, "[...] relacionados con el compromiso del sociólogo, las políticas de desarrollo, el papel del ejército, las modalidades del aparato del Estado y algunas dimensiones sociales de la educación" (^{Parra, 1985}, p. 85; Cataño, 1993, p. 30), dan cuenta de ello.

Los resultados de la investigación realizada por María Cristina Salazar consolidan ese imaginario revolucionario que se va tejiendo en el interior mismo de la sociología:

Al comparar los grupos de licenciados y egresados y cursantes en términos de la concepción de la sociología como medio de acción, nos encontramos que los primeros afirman que una de sus preocupaciones más importantes es el cambio social. Manifestando además un gran interés en los grupos políticos radicales, tanto extremos como moderados, afirmando en un 60 % que su uniría a tales grupos en un futuro, mientras en la actualidad un 45 % se define como revolucionario. (^{Salazar, Castillo y Muñoz, 1967}, p. 21)

No es un fenómeno circunscrito al ámbito nacional. En los acontecimientos de Mayo del 68, las Facultades de Sociología tienen una significativa participación, particularmente a partir de uno de sus líderes, Daniel Cohn-Bendit (conocido como Dany "el Rojo"), estudiante de Sociología de la Universidad de Nanterre y quien fuera uno de los protagonistas del movimiento 22 de marzo, en el que un grupo de estudiantes de dicha universidad se tomaron las instalaciones administrativas y pintaron los primeros grafittis que dieron inicio formal al movimiento³.

En consonancia con esta ola global de rebeldía, en las universidades públicas colombianas se suscitó un importante movimiento de contenido antiimperialista, que tuvo su epicentro en los departamentos de Sociología del país, exigiendo la expulsión de las fundaciones norteamericanas y los llamados "cuerpos de paz", el cual conllevó al cierre del Programa Latinoamericano de Estudios Superiores del Desarrollo (Pledes), patrocinado por la fundación Ford y, a la postre, al retiro de varios docentes entre ellos/as el mismo Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar, a quienes -desde una mirada reduccionista- se les estigmatizó por sus vínculos con Fundaciones estadounidenses.

En la Universidad del Valle los estudiantes se tomaron las instalaciones del Departamento de Sociología exigiendo la "expulsión de los estudiantes que integran los cuerpos de paz, expulsión de los profesores de nacionalidad norteamericana; mayor autonomía de la Universidad frente a las fundaciones norteamericanas" (^{El Tiempo, 13 de septiembre de 1968}, p. 6) así como una "nueva orientación académica, filosófica y administrativa; y reglamentación del servicio médico" (^{El Tiempo, 13 de septiembre de 1968}, p. 6).

Sobre la naturaleza de este movimiento escribe el periódico El Tiempo en una nota editorial: "solamente la infiltración de conocidas doctrinas y no ignorados agitadores puede explicar la agitación que un grupo minoritario de estudiantes está tratando de crear en la universidad del Valle" (^{El Tiempo, 14 de septiembre de 1968}, p. 4) y no escatima epítetos para "los revoltosos". "Los antitodo, que por lo mismo son anticolombianos" y que "bien pueden montar su tolda aparte, auto enseñarse con sus propios e inexistentes recursos: dedicarse no a las disciplinas de estudio, sino a la estéril agitación profesional" (^{El Tiempo, 14 de septiembre de 1968}, p. 4).

En el marco del rechazo a las políticas económicas y sociales del Frente Nacional (que alcanza un hito con los cuestionados comicios presidenciales de 1970) este escenario de rebeldía y de radicalización de los/las universitarios/as logra cristalizar en el Programa Mínimo para los estudiantes colombianos (^{F.E.U.V, 1973}, p. 90), donde se recogen programáticamente los intereses básicos del estudiantado en ese momento. Por su parte, en agosto de 1971, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) aprueba el Primer Mandato Campesino que plantea la necesidad de una reforma agraria sobre la base de la "eliminación del monopolio de la tierra y liquidación definitiva de la propiedad latifundista"

Estos hechos, desde luego, tienen una importante incidencia en la orientación que va tomando la sociología, En este sentido desde principios de los años setenta pueden identificarse ciertos síntomas de lo que Parra Sandoval llama una "desinstitucionalización" de la sociología, "surgidas del seno de la universidad como respuesta a situaciones políticas y a marcos valorativos de la función social de la ciencia, que conducen a un conflicto con el Estado [...]" (^{Parra, 1985}, p. 68). Estas situaciones hicieron de la disciplina el blanco de las críticas de sectores sociales y políticos que veían en ella una amenaza y que en el contexto de la crisis universitaria derivaron en el cierre y suspensión de algunas carreras de sociología: Universidad Nacional (1972), Universidad de Antioquia (1972), Universidad Javeriana (1971) y la expulsión de algunos/as estudiantes y profesores/as, todo lo cual contribuiría al reforzamiento de este imaginario de rebeldía como marca característica de la Sociología, el cual se acompaña de una sistemática campaña de descrédito y estigmatización, que sectores de las élites y funcionarios gubernamentales desarrollan contra la profesión bajo los supuestos de ser una ciencia de subversivos y revolucionarios.

Justicia penal militar y "derecho penal del enemigo": el caso de María Cristina Salazar (1979)

El bloqueo político generado por el pacto excluyente del Frente Nacional deriva en una creciente movilización social campesina, estudiantil, obrera y barrial, alcanzando una importante expresión unitaria en el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Para hacer frente a esta creciente crisis de legitimidad del sistema, su sucesor Julio César Turbay (1978-1982), sistematizó una serie de medidas represivas que se condensaron en el Decreto 1923 de 1978, conocido como "Estatuto de Seguridad", el cual combina una normatividad de carácter preventivo junto con acciones abiertamente represivas contra las organizaciones populares legales, campesinas, sindicales y estudiantiles, inspirándose en legislaciones similares aplicadas por los regímenes autoritarios en ese momento en boga en los países del Cono Sur.

Con este decreto que creaba nuevos delitos y trasladaba a la jurisdicción militar la investigación de supuestos delitos contra el orden público, se amplió los sujetos que componían el concepto de 'enemigo interno', a sectores académicos, por ejemplo, suscribiéndolos en esa política de control militar que se expandió de manera silenciosa y prolongada, al ser internalizada la guerra como una forma de paz en la sociedad. (^{Hoyos, 2016}, p. 22)

Esta concepción se plasma

[...] en el manual de inteligencia de combate de las fuerzas militares, (MIC), EJC 2-3 del mismo año 78, que define que la subversión son 'las actividades ilegales o legales, clandestinas o no, que buscan el cambio radical del sistema de gobierno de un país' (p. 5) y se estableció hacer labores de inteligencia, de manera obligatoria a las instituciones docentes y los movimientos estudiantiles por considerarlas 'un arma poderosa para llevar a cabo actos revolucionarios y de enfrentamiento a las fuerzas del orden' (p. 38), en consonancia a lo establecido en el Estatuto de Seguridad. (^{Hoyos, 2016}, p. 23)

De este modo, la concepción de "enemigo interno" abarca a todo aquel que critique o cuestione el statu quo, y su accionar es asociado con distintas formas de subversión o perturbación del orden público, estableciendo un vínculo entre la insurgencia armada y las diferentes expresiones de lucha de obreros, campesinos y estudiantes, incluyendo protestas, huelgas, paros, reuniones y peticiones para la realización de sus derechos protegidos. Es así como al amparo del "Estatuto de Seguridad" se generalizaron las detenciones indiscriminadas y torturas a activistas populares y sindicales y la persecución a intelectuales críticos y, de nuevo, la sociología vuelve a ser objeto de persecución. Esta vez, en el marco de la investigación que iniciaron las Fuerzas Armadas por el robo de un gran arsenal de armas del Ejército en el Cantón Norte de Usaquén (Bogotá) por parte del M-19, fueron privados de la libertad el sociólogo Orlando Fals Borda junto con su esposa, también socióloga, María Cristina Salazar (^{El Tiempo, 24 de enero de 1979}, p. 1A), ambos, además, fundadores de la Investigación Acción Participativa (IAP).

Por este mismo proceso y por supuestos vínculos con el movimiento guerrillero M-19 fueron detenidos el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, profesor de la Universidad Nacional, y hermano del dirigente de esa organización insurgente, Carlos Pizarro; así como la socióloga y militante del movimiento "Firmes" María Antonia Velasco, docente de esa misma Universidad y sobrina del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José María Velasco Guerrero, quien en su calidad de integrante de dicho organismo había votado negativamente la exequibilidad del "Estatuto de Seguridad" (^{El Tiempo, 9 de febrero de 1979}, p. 1A) . Mientras en las semanas siguientes el Comando de la Brigada de Institutos Militares (BIM) y los Jueces que instruyeron los sumarios ordenaron la libertad de Fals Borda, Eduardo Pizarro y María Antonia Velasco, a la socióloga María Cristina Salazar se le dictó un auto de detención (^{El Tiempo, 10 de febrero de 1979}, p. 6A).

El proceso que se le siguió a la investigadora social estuvo a cargo del Juez 106 de Instrucción Penal Militar, y se le acusó de ser integrante del M-19, debido a la compra de una casa en el barrio Prado Pinzón de Bogotá que luego resultó ser un lugar donde se guardó parte de las armas sustraídas en el cantón norte por esta organización guerrillera. En el juicio que se abrió ante el Tribunal Superior Militar para solicitar la revocatoria del auto de detención sus abogados presentaron una carta de Carlos Duplat, militante del M-19, quien también se hallaba preso, en la cual declaró que había solicitado a su amiga "comprara el inmueble a su nombre, porque él 'no tenía paz y salvo'" (^{El Tiempo, 29 de marzo de 1980}, p. 6A). Desde un principio la socióloga aclaró su situación e incluso se entrevistó, de manera voluntaria, con el comandante de la Brigada de Institutos Militares, el general Vega Uribe, presentando la respectiva documentación donde demostraba que luego de la compra en el mes anterior la había arrendado por medio de anuncios clasificados en la prensa. (^{El Tiempo, 28 de marzo de 1980}, p. última D)

No obstante, la socióloga fue de manera injusta vinculada al proceso y detenida primero en la Brigada de Institutos Militares (BIM), donde permaneció incomunicada 15 días en un improvisado galpónjunto con otras mujeres sindicadas de pertenecer al M-19, en condiciones de hacinamiento y carencia de servicios básicos, y vendada -al igual que Orlando Fals- (^{El Tiempo, 29 de marzo de 1980}, p. 6). En este lugar la pareja fue sometida "a largos interrogatorios de día y de noche y se les aisló totalmente de sus abogados" (^{González, 29 de marzo 1980}, p. 15A). Para María Cristina, su permanencia en la BIM "fue algo bastante dolorosa, bastante dura y más para una mujer que para un hombre al estar privada de la libertad en un cuartel masculino" (^{González, 29 de marzo 1980}, p. 15A).

Posteriormente la socióloga fue conducida a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, con los ojos cubiertos "entre un camión lleno de soldados y escoltada por un campero con ametralladoras" (^{González, 29 de marzo 1980}, p. 15A). María Cristina debió pagar 14 meses de reclusión hasta que fue revocada su detención. Durante su encierro en este centro penitenciario impartió algunas clases a las demás reclusas, pero no pudo continuar por la prohibición que se le impuso de desarrollar esta actividad (^{El Tiempo, 29 de marzo de 1980}, p. 6).

Es claro que a María Cristina Salazar fue encarcelada -junto con otros/ as intelectuales del campo de las Ciencias Sociales- por el ejercicio de una sociología critica. Al recuperar su libertad la socióloga señaló, con respecto a su vivencia, que:

Ha sido una tremenda experiencia que naturalmente me dejará una honda huella. Han sido catorce meses de prisión que manifiestan, no solo en mi caso sino en muchísimos otros, cómo lajusticia de este país está al revés. En mi caso hubo que probar que mi inocencia, es decir nunca se presumió mi inocencia, sino que más bien se presumió que yo era culpable. (^{De Castro, 28 de marzo de 1980}, p. 13A)

Aunque el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos contra sociólogos/ as continuaría en las décadas siguientes (como puede observarse en la tabla que anexamos a este artículo), por razones de espacio solo nos detendremos en otro momento importante de esta persecución que se corresponde al período de la llamada "Seguridad Democrática", a través del análisis de uno de los casos más significativos y dolorosos, a saber, el del sociólogo y docente de la Universidad del Atlántico Alfredo Correa de Andreis.

Nuevas estigmatizaciones a la sociología y viejas alianzas criminales: el asesinato del sociólogo Alfredo Correa (2004)

Después de los ataques ocurridos al Pentágono y a las torres gemelas en Nueva York (2001), desde los Estados Unidos, el presidente George Bush anuncia sus políticas de "lucha internacional contra el terrorismo", las cuales serán asumidas en Colombia por Álvaro Uribe Vélez durante sus dos mandatos (2002-2006/2004-2010) a través de la llamada "Seguridad Democrática", la cual extremará las orientaciones que, en materia de seguridad, venían asumiendo los gobiernos de turno en décadas anteriores, tomando como fundamento la generalización de la lucha contrainsurgente, la negación del conflicto armado y social y el señalamiento del terrorismo como principal amenaza contra la estabilidad del Estado y la democracia colombiana (^{Gobierno Nacional de Colombia, 2003}), todo lo cual habría de redundar en una sistemática persecución y silenciamiento del pensamiento crítico en las universidades.

Una vez más estos ataques tuvieron en la sociología uno de sus blancos principales, primero recurriendo a procesos de estigmatización como los realizados desde el diario El Tiempo y el programa La Noche de rcn (miércoles 26 de marzo de 2003). Desde allí se difundieron versiones según las cuales algunas universidades del país (Valle, Medellín y Antioquia) se estarían convirtiendo en "escuelas de guerra" y que algunos estudiantes de las mismas financiaban sus estudios profesionales con recursos provenientes de la guerrilla de las FARC, a cambio de realizar tareas de inteligencia y participar en actividades "terroristas". Citando una fuente de inteligencia militar la nota periodística señalaba que, por afinidades ideológicas o necesidades económicas, una de las principales fuentes de reclutamiento eran los estudiantes de la carrera de Sociología (a la que suman Economía, Ingeniería Química, Electrónica y Medicina).

Según esta misma fuente, las organizaciones subversivas como el ELN y las FARC ejercen una vieja estrategia conocida como el "encostalamiento", que va dirigido, principalmente, a los estudiantes de primeros semestres, la cual parte de

[...] detectar en primer semestre a aquellos estudiantes que asisten a foros y asambleas y se destacan por sus intervenciones. Luego les piden el nombre, teléfono y correo electrónico con el pretexto de seguirles enviando información. Así se inician las llamadas y las invitaciones a 'tintiar'. Al poco tiempo les pasan textos de Marxismo-Leninismo y los invitan a reuniones por fuera de la universidad.

De los señalamientos se pasó al reforzamiento de prácticas represivas como amenazas, montajes judiciales, uso arbitrario del aparato de justicia e incluso asesinatos. El caso del sociólogo Alfredo Correa de Andreis ilustra, claramente, dichas situaciones. Correa, quien se desempeñaba como docente de las Universidades del Norte y Simón Bolívar, fue señalado de ser un importante ideólogo de las FARC y fue judicializado por el supuesto delito de "rebelión". Al no encontrarse pruebas en su contra recuperó su libertad y pocas semanas después fue asesinado.

Las pesquisasjudiciales llevaron a concluir que se trató de un montaje judicial orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (das), organismo de inteligencia dependiente del poder ejecutivo. En su fallo la Corte Suprema de Justicia -que condenó al entonces director de este organismo estatal- señaló que este

actuó en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas, a través del frente José Pablo Díaz, comandado por Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, para inicialmente hacer ver al profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como un subversivo y después, proceder a ejecutarlo. (^{El Espectador, 28 de noviembre del 2012})

Con esta investigación judicial quedó demostrado que el das proporcionaba a los grupos paramilitares de la costa caribe nombres de sindicalistas y profesores que luego eran asesinados por estas organizaciones ilegales.

A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus trabajos socioeconómicos en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, a través de ellos había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del "Plan Colombia", al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de campesinos en la población de Ciénaga. Además de ello, años atrás como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización. Un año después del crimen del profesor Correa, el 1 de septiembre de 2006 fue asesinado en Bogotá el sociólogo y docente universitario Edgar Fajardo, investigador crítico y militante de izquierda.

Modalidades de persecución

A partir del contexto general presentado y apoyados en numerosos testimonios, fundamentalmente de estudiantes, así como en investigaciones documentales y de prensa, hemos tratado de elaborar una tipología de la criminalización a que han sido sometido sociólogos. A través de ella buscamos ilustrar las diferentes modalidades de represión estatal con que se han tratado de silenciar sus voces críticas. La recurrencia de estos hechos nos permite afirmar que no se trata de casos aislados o excepcionales, sino de prácticas sistemáticas de violencia estatal que tienen como propósito consolidar las relaciones existentes de poder y proteger el orden político-social, el cual ve en los universitarios críticos una "amenaza" a sus proyectos de dominación hegemónica.

Las principales modalidades de persecución que hemos identificado a partir del contexto general presentado y apoyados en numerosos testimonios, fundamentalmente de estudiantes, así como en investigaciones documentales y de prensa, hemos tratado de elaborar una tipología de la criminalización a que han sido sometido sociólogos y sociólogas en la que se incluyen asesinatos, desaparición forzada, montajes judiciales, uso arbitrario del aparato judicial, tortura, brutalidad policial y sanciones disciplinarias. A través de ella buscamos ilustrar las diferentes modalidades de represión estatal con que se han tratado de silenciar sus voces críticas. La recurrencia de estos hechos nos permite afirmar que no se trata de casos aislados o excepcionales, sino de prácticas sistemáticas de violencia estatal que tienen como propósito consolidar las relaciones existentes de poder y proteger el orden político-social, el cual ve en los universitarios críticos una "amenaza" a sus proyectos de dominación hegemónica.

Tabla 1 Asesinatos 

Fuente: tabla elaborada por los autores⁴.

Tabla 2 Hechos de desaparición forzada 

Fuente: tabla elaborada por los autores⁵.

Algunas conclusiones del estigma a la sociología

La sociología nace ligada al Estado en sus primeros años, sin embargo el rechazo de los sociólogos de la realidad política y social que se desarrolló bajo el Frente Nacional hizo de esta disciplina el blanco de las críticas de sectores sociales y políticos que la veían como una amenaza. A partir de allí la confrontación de intereses entre los sociólogos y el Estado generó una ruptura que condicionó, por algún tiempo, el ejercicio profesional de los sociólogos que tenían como principal fuente de empleo al Estado y obligo a la disciplina a replegarse sobre sí misma.

El quiebre sociología y Estado fue producido por la militancia de Camilo Torres en las filas insurgentes, lo cual, sin duda, polarizó y produjo desconfianza sobre el que hacer de los sociólogos. La perspectiva de Orlando Fals Borda,junto con otros académicos y estudiantes de distintos departamentos se convirtió en una sociología que incomodaba al estatus quo y al orden establecido, hecho que suscito distintas críticas de parte de sectores tradicionales del poder que abogaban por una disciplina instituida y enfocada en problemas afines a los intereses del Estado.

El proceso de estigmatización, hostigamiento y silenciamiento de la sociología se lleva a cabo a través de múltiples actores, como la iglesia, la policía, la fiscalía o los cuerpos de inteligencia del Estado. De igual manera, el canal que pone en circulación el discurso del enemigo es, por lo general, los medios de comunicación. Los estudiantes y profesores a los que se persiguen y criminalizan suelen terminar, actualmente, en formas jurídicas de criminalización denominadas como falsos positivos judiciales.

Los casos de estudiantes y profesores de los departamentos de Sociología asesinados y judicializados constatan el hostigamiento, la estigmatización y la persecución a la sociología, los sociólogos y las sociólogas. Resta un ejercicio de verdad para establecer cuanto de lo sucedido ocurrió con la anuencia de la propia universidad como institución, tanto como falta la reparación y culminar el ejercicio de memoria con todos los casos que se dieron en todas las universidades indistintamente del área que fueran.