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Introducción
La pregunta sobre cómo narrar la catástrofe, cómo representar la destrucción y la ruina, no solo material sino de la humanidad (pensada como relación social ampliada) y del mundo natural, ha sido un desafío para múltiples intelectuales, académicos y escritores de la posguerra en Europa (Benjamin, 2015; Horkheimer y Adorno, 1969; Oé, 2011; Sebald, 2010; entre otros). No obstante, esto también lo es para quienes nos ocupamos de reflexionar sobre las ruinas de la violencia política dejadas por las dictaduras en Latinoamérica o por prolongados procesos de conflicto armado y la implantación de modelos neoliberales y de desarrollo extractivista en nuestro continente (Báez Ullberg, 2017; Gordillo, 2018; Márquez, 2019; entre otros).
La ruina es definida no solo como destrucción y pérdida de bienes sino también como la "situación provocada por esta pérdida", luego se entiende no solo en un sentido físico sino también en un sentido histórico-político, simbólico y afectivo. Una destrucción que, al mismo tiempo que arruina, "produce o habilita la fundación de nuevas creaciones" (Harvey, 1998, p. 32) y de sentidos políticos asociados a la materialidad y al espacio que ella ocupa, tanto en la trama urbana como en el debate público. Pues, lo que ha ocurrido en el pasado "puede ser decisivo en el presente y el futuro, por lo que la memoria constituye un recurso moral y político" (Baez Ullberg, 2017, p. 45). El estudio de las ruinas de la violencia política y sus imágenes permiten en este sentido, analizar cómo se configuran "memo-paisajes", entendidos como un terreno social en el que se libran batallas para recordar de manera pública.
La investigación sigue esta línea de reflexión a partir de dos casos de edificios en ruinas: el Palacio de la Moneda (Santiago, Chile) y el Palacio de Justicia (Bogotá, Colombia). Se interrogan los valores que dichas ruinas encarnan, no solo como efecto de su destrucción material por el bombardeo y las llamas, sino como un proceso político e histórico vivo, nunca clausurado ni unívoco. Un proceso moldeado por diversas lógicas de interacción y de valoración histórico-cultural establecidas con la materialidad y sus restos y, a la vez, por ciertas formas de interpretar, mostrar o silenciar la violencia y sus rastros en el presente.
La preocupación de esta investigación gira en torno a las formas en que son manipuladas las acciones violentas, así como las políticas que administran lo que es o no visible de esa violencia a través de la ruina y su materialidad. Asimismo, se interroga cómo a través de estas políticas se prefigura la manera en que percibimos al pasado respecto al presente1. Nuestra hipótesis es que, dada esta capacidad de la ruina de funcionar como umbral entre distintas temporalidades y estratos de memorias, en especial aquellas que son producidas por fenómenos de violencia política, ella suele ser conjurada y exorcizada a través de actos conmemorativos inmersos en procesos de duelo y búsqueda de verdad y justicia.
Como desarrollaremos más adelante, los relatos sobre el Palacio de Justicia y el Palacio de La Moneda contienen desde sus inicios la idea de Nación como narrativa fundante a lo largo de la historia moderna (Bhabha, 2010). Una representación cuya construcción formal reside en la unidad imposible, pero siempre deseada de la Nación como fuerza simbólica. Como emblema de los poderes de la República, el Palacio de la Moneda y el Palacio de Justicia constituyen un buen testimonio del siempre complejo ejercicio de narrar la Nación como un todo indisoluble. De allí que toda vida política de una Nación necesite su correlato en la obra y arquitectura pública. De allí también que, en momentos de profunda crisis y desestabilización política, estos edificios sufran las consecuencias de la violencia que dicha crisis gatilla. Este ha sido el caso de los Palacios aquí analizados. Ambos edificios, uno sede del poder judicial, otro sede del poder ejecutivo, fueron objeto de una violencia arrasadora caracterizada por el bombardeo, las llamas y su parcial o total destrucción. Ambos se constituyen así, en los soportes materiales a través de los cuales se reescribe abruptamente la historia-política de cada nación.
Este trabajo de investigación se sustenta en el análisis de archivos, fotografías y el trabajo de campo etnográfico con transeúntes, activistas de derechos humanos, víctimas y perpetradores de estos eventos. El trabajo de archivo y fuentes secundarias contempla el período de 1985-2020 para el Palacio de Justicia; y de 1974-2020 para el Palacio de La Moneda. El trabajo etnográfico de las conmemoraciones en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Bogotá se realizó durante 2016-2019 y del Palacio de La Moneda, 2016-2018.
Los resultados de la investigación se organizan según tres niveles de análisis. a) En primer lugar, se describen los hechos de violencia política que dan curso a los procesos de ruinificación de ambos Palacios. b) En segundo lugar, se presentan las acciones de exposición, reconstrucción, ocultamiento y disimulo implicadas en estas ruinas de los edificios públicos representativos del poder estatal y de la ciudad moderna. c) Y, en tercer lugar, se reconstruyen los procesos de conmemoración por parte de familiares, artistas y gestores de la memoria que acompañan a estas ruinas. Esto nos permite observar la manera en que las ruinas pueden funcionar como vehículos para exponer emociones (como el dolor) en la esfera pública y reivindicar a través de esta puesta en escena que la búsqueda de verdad y justicia sobre los hechos rememorados aún es una herida abierta a ser atendida por la sociedad y el Estado.
A través de estas tres entradas se analiza el rol de los escombros y la ruinificación de estas dos sedes del poder en la historia política de cada país y las sucesivas reinterpretaciones de estos momentos de profundo quiebre y desestabilización de los respectivos regímenes de gobierno.
Comprender ambos Palacios como ruina política posibilita, también, la identificación de las acciones de "enmascaramiento" (Coronil, 1997) de las violencias destructoras de lo que suele ser imaginado como perenne (el Estado-Nación, sus valores e instituciones) y ver cómo ellas han incidido en la puesta en escena de narrativas memoriales sobre violencias pasadas, con sus concomitantes omisiones a lo largo de estas últimas décadas en Colombia y Chile.
La destrucción de los Palacios de Justicia en Bogotá
El actual Palacio de Justicia se sitúa en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital de Colombia. Esta Plaza constituye uno de los espacios más significativos de la vida política del país, allí se concentran los poderes públicos y eclesiales2. En ella tienen lugar diversas actividades artísticas, manifestaciones políticas y movilizaciones sociales que permiten afirmar posiciones o reclamos públicos hacia el Gobierno local o nacional y, al mismo tiempo, hacer actos y anuncios gubernamentales. Los días en que la Plaza no es ocupada por acciones de este tipo, ella es epicentro de la vida cotidiana de personas que la transitan, alimentan a las palomas, se sacan fotos junto con la bandera de Colombia o, simplemente, pasean en este espacio público.
El Palacio que hoy vemos emplazado, sin embargo, no es el original. La ciudad ha tenido tres sedes de los Tribunales de Justicia. Dos fueron destruidos e incendiados en momentos de álgidas disputas políticas. Sus paredes teñidas de hollín, grabadas por las marcas del fuego y los proyectiles, quedaron expuestas por meses en las calles céntricas de Bogotá. Fueron edificios que permanecieron derruidos a la vista de quienes los observaban desde la Plaza participando, de este modo, en la compleja producción de la historia (Trouillot, 2017), donde la relación entre la ruina y su carácter evocativo, así como entre la materialidad y los procesos de construcción de narraciones históricas, se superponen irremediablemente.
Pasados doce años desde el incendio del primer Palacio de Justicia en 1948, el gobierno decidió terminar de configurar civilmente la Plaza de Bolívar trasladando allí el nuevo Palacio. Este segundo Palacio fue construido entre 1962 y 1976. Pero, a pesar de su ideal arquitectónico en tanto edificio público, la construcción cedió a la violencia pasada y sus implicaciones presentes: el miedo, la evasión y el olvido (Maya, 2007). Ello se puso de manifiesto en el diseño del edificio que privilegió la seguridad por sobre el carácter público: la "bunkerización" (Maya, 2007, p. 8), destacando su potencia como fortaleza, una edificación revestida en piedra y con muy poca relación con la Plaza. En este segundo palacio, la cuestión de la seguridad se convocó como presencia espectral a través del miedo al libre tránsito, a lo público. Esto contradijo su carácter de edificio representativo como magna sede de la Justicia accesible a todos los ciudadanos. La imagen del edificio como una fortaleza se constituyó así en una máscara que ocultaba y disimulaba una realidad difícil de ocultar: el miedo de las autoridades al pueblo y a lo público; que tampoco lograría evitar una nueva destrucción del palacio (Maya, 2007, p. 9).
En efecto, la mañana del 6 de noviembre de 1985 un grupo de revolucionarios del Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó el edificio con el fin de denunciar incumplimientos respecto al acuerdo de paz firmado entre esta guerrilla y el presidente Belisario Betancourt (1982-1986). Para ello mantuvieron como rehenes a más de 350 personas entre magistrados, servidores judiciales, empleados y visitantes3. Frente a dicha ocupación, el Ejército Nacional de Colombia con el apoyo de la Policía, puso en marcha una operación de "contratoma" o "retoma a sangre y fuego", sin albergar la menor preocupación por preservar la vida de los rehenes. Tanques de guerra entraron derribando las gigantes puertas y luego de veintiocho horas de combate, el fuego producido por las explosiones consumió las instalaciones hasta que solo quedaron ruinas y cuerpos calcinados. Los pocos sobrevivientes, algunos magistrados, auxiliares, guerrilleros y empleados de la cafetería, fueron sacados con vida y llevados a las caballerizas del Ejército (en el norte de la ciudad) o al Museo de la Independencia Casa del Florero (contiguo al Palacio), donde fueron torturados y en algunos casos, desaparecidos. Desde el momento de la retoma, la narración sobre lo sucedido fue objeto de censura, ocultamiento y negación por parte de las Fuerzas Públicas y el gobierno central4.
Fuente: Mora y Villada (2021).
Figura 1 Imágenes de la retoma del Palacio de Justicia que circulan por los medios de comunicación
El periodista Castro Caycedo (2008) relata que aquel jueves 7 de noviembre de 1985, horas después de haber salido el último de los sobrevivientes, el Palacio de Justicia era un hueco caliente, ennegrecido por las llamas de la noche anterior. Recuerda que, por un momento, asoció el olor a humo y pólvora con el mismo olor de la muerte que había sentido dentro de un camión apostado a la entrada, lleno de cadáveres, mientras buscaba a su amigo el magistrado Carlos Horacio Urán, a quien imágenes de televisión habían mostrado salir con vida. En este entonces pensó: "Si estas columnas hablaran ahora mismo". Veintidós años después, empezó a "escuchar parte de lo que sabían aquellas columnas. Voces de sobrevivientes perdidas en millares de folios de juzgado, rastros de cerca de un centenar de seres inmolados, gente torturada, asesinada y desaparecida" (Castro Caycedo, 20 de abril de 2008).
Por orden de losjueces de instrucción penal militar, las ruinas del Palacio fueron limpiadas y vaciadas de todo testimonio posible. Desde un primer momento, los gobernantes y las fuerzas públicas enmascararon la imagen de la violencia; las fotografías del interior del Palacio fueron censuradas y ocultadas, tratando así de que los estertores de la violencia no tuvieran un sustrato material en donde arraigar recuerdos y, sobre todo, denuncias hacia el Estado. Se trataba que la capacidad mnemónica y veritativa que habilitan la materialidad y el espacio no pudiera desarrollarse, impidiendo así anclar memorias en las huellas de lo que allí hubo o de quien ahí estuvo y fue desaparecido. Cuando el Consejo de Estado, en 1994, reconoció la existencia de desaparecidos luego de la retoma del Palacio de Justicia aseveró que
el levantamiento de los cadáveres tuvo carácter más castrense que jurisdiccional, y fue adelantado con un absoluto desconocimiento de las más elementales normas de la investigación penal, como el mantenimiento de los cuerpos y objetos en el lugar de los hechos, así como la conservación de rastros y huellas.5 (Redacción Judicial, 6 de septiembre de 2017)
A 35 años de lo que comúnmente se conoce en Colombia como el "Holocausto del Palacio de Justicia", las víctimas y sus representantes legales aún reclaman que las indagaciones de la Fiscalía son débiles y que ellas no permiten establecer en qué circunstancias murieron aquellos cuyos restos ya han sido hallados. La historia del Palacio de Justicia es una historia inconclusa que muestra la fuerza del encubrimiento oficial y la distorsión de la memoria por parte de distintas agencias de Estado.
El Palacio en ruinas permaneció así por tres años:
Un semblante de tragedia, ruina y vacío, fue el que adquirió el marco de la Plaza Bolívar; esa fue la imagen que se formó la población y que se insertó en la memoria colectiva, tejiéndola, configurándola, en unión a los demás elementos que ya la integraban; seguramente resignificándolos y potenciando su latencia. (Maya, 2007, p. 14)
La imagen de la destrucción de un edificio destinado a la perennidad puso en evidencia la fragilidad de los valores de justicia y las instituciones republicanas, como la Corte Suprema, que en un principio los encarnan. En 1990, frente a los debates en torno a la reconstrucción o la demolición y construcción de un nuevo Palacio, Luis Javier Caicedo (13 de mayo de 1990) se preguntaba en una nota periodística "¿Para qué Palacio sin Justicia?", llamando la atención de los colombianos sobre las ruinas, desatendidas, saqueadas o disimuladas ante las visitas protocolarias del exterior.
En 1986 la fachada del Palacio de Justicia fue cubierta con una bandera durante las visitas del Papa Juan Pablo II y el presidente francés Francois Miterrand. En 1987, durante el entierro del asesinado Jaime Pardo Leal (abogado y candidato a la Presidencia por el partido de la Unión Patriótica), los manifestantes forzaron la entrada del destruido Palacio y no faltó quien saqueara los restos calcinados. Hacia finales de ese mismo año, se decidió finalmente desaparecer el edificio como "una visión insoportable", pero este no fue demolido para evitar que el ruido de los explosivos "reviviera la noche fatídica del 6 al 7 de noviembre de 1985" (Caicedo, 13 de mayo de 1990, p. 14). El Palacio "fue desmontado pieza por pieza en una operación de sortilegio" (Maya, 2007, p. 14). De este modo, se buscó desterrar de la memoria estos eventos, relegarlos y eliminarlos del recuerdo público.
El intento de sortilegio respecto a los eventos pasados de violencia se puso de manifiesto en el diseño y las gestiones para la construcción del tercer Palacio. El miedo que rodeó a la construcción de este edificio no era tan solo a que los hechos se repitieran, sino también al recuerdo de los hechos y la toma de conciencia de la fragilidad de las instituciones públicas (la justicia y la democracia) para unos, y el espectro latente de la amenaza comunista o narco-terrorista para otros. Pero sobre todo la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a las agencias de seguridad del Estado. En esta nueva propuesta arquitectónica, sin cafetería, se buscó evitar que el miedo fuera nuevamente exhibido y que la seguridad aplicada al diseño de la obra no fuera evidente (Maya, 2007).
Cinco años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, se abrió el caso 10 738 referente a la "situación de los desaparecidos del Palacio de Justicia" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A su vez, en 2005, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó la conformación de una Comisión de la Verdad (cv) sobre los hechos del Palacio para un análisis de lo ocurrido y la construcción de la verdad histórica. El testimonio de varios familiares deja entrever lo difícil que ha sido reconstruir la verdad:
Qué concepto de justicia puede construir usted para su vida, si una mañana cualquiera sentado a la hora del desayuno con su hermana, se despide con un beso en la mejilla de ella que trabaja en la Corte Suprema de Justicia y se encuentra con que un par de horas después ocurre allí un holocausto que dura dos días y usted la ve salir viva en custodia del Estado al final de la masacre y veintiún años después no sabe nada de la suerte que ella corrió. (Testimonio de los familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, Bogotá, D.C. 18 de noviembre del 2006, citado en Cajar, 2006)
En 2010 se presentó el Informe Final de la Comisión (Gómez Gallego, J., J. Herrera Vergara y E. Nilson Pinilla, 2010). En 2014 la CIDH condenó al Estado por los desaparecidos y torturados, y en 2015 un informe de la CSJ concluyó que murieron 43 civiles (incluidos 11 magistrados), 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 33 miembros del M-19; también determinó que desaparecieron 12 personas. En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas compelido por la CIDH en una ceremonia pública durante la cual se colocó una llama eterna donada por Naciones Unidas que arde en un pebetero ubicado a la entrada del Palacio, junto a una placa que recuerda el Holocausto de Justicia (Colprensa, 1 de noviembre de 2015). Para los familiares de los desaparecidos, sin embargo, no hubo reconocimiento de los crímenes de Estado, especialmente porque Santos equiparó a la guerrilla con las Fuerzas Militares:
El M-19 es responsable porque puso en riesgo el aparato del Estado, cometió el crimen de coger rehenes y mató a dos personas, pero quien acabó con el aparato de Justicia fue el Ejército; quien torturó, asesinó y desapareció e hizo que este país se desbaratara fue el mismo Estado. (Anahí Urán en Verdad Abierta, 7 de noviembre de 2015)
Fuente: Zalamea Fundación ©.
Figura 2 Montaje fotográfico de Gustavo Zalamea, Fuente: Zalamea Fundación
Fuente: Francisca Márquez.
Figura 3 Sillón quemado del Palacio de Justicia exhibido en el Museo Nacional de Colombia
Del antiguo Palacio de Justicia hoy solo permanecen allí dos objetos: la piedra sobre la cual está grabada la frase de Santander, "colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad", y otra piedra con una antigua leyenda: "Esta casa aborrece la maldad-ama la paz-castiga los delitos-honra la virtud".
En 1999
el Consejo Superior de la Judicatura [...], se propone la conmemoración de los sucesos de 1985 y se establece el homenaje a los magistrados caídos. Atención: solo a ellos, los magistrados. Sobre el resto de los muertos, nada, absolutamente nada que indique siquiera una intención de reparar a los familiares de los muertos. (Rodríguez 2011)
y los desaparecidos. En el nuevo edificio también se honra la memoria del medio centenar de funcionarios muertos. Los nombres de los once magistrados están grabados en piedra en la entrada y sus imágenes, pintadas al óleo, cuelgan en uno de los muros interiores. El edificio es bautizado con el nombre Alfonso Reyes Echandía, presidente de la CSJ muerto en la retoma y quien pidió a las autoridades cesar el fuego de los militares hacia el Palacio. Por otro lado, en las proximidades de este edificio, bajo los arcos del Palacio Liévano, dos placas de piedra colocadas en un sitio resguardado de las miradas de los transeúntes, parecen competir por el recuerdo público de los hechos, entre los que no parece existir la posibilidad de consenso. La primera de ellas fue adosada en 1988, durante la Alcaldía de Andrés Pastrana, y hace referencia al "Holocausto del Palacio de Justicia". Ella se centra en la toma del Palacio y reivindica a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, condenando a las fuerzas de la subversión. La segunda fue colocada en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro (ex integrante del M-19) y se titula: "Desaparecidos del Palacio de Justicia". En ella ya no se hace referencia a la toma sino a la retoma del Palacio y se informa sobre los desaparecidos, mencionando como responsables a jefes del Ejército Nacional de Colombia. De este modo, en un mismo espacio público, coexisten dos versiones sobre los mismos sucesos, que asignan responsabilidades diferenciadas en la destrucción del Palacio.
Más lejos, en el Museo Histórico Nacional (MHN), se guardan y exhiben algunos otros objetos que sobrevivieron -incinerados, baleados, deteriorados y sepultados-, y que fueron recuperados de los sótanos del Palacio, donde estuvieron apilados al menos hasta 1998. Son objetos tales como: una máquina de escribir, la tapa de un tablero eléctrico, una greca de cafetería baleada, tres sillas de espera quemadas y la estatua de José Ignacio de Márquez. Dicha estatua, que se levantaba en el patio central del antiguo edificio del MHN, fue decapitada durante los combates, mientras a sus pies se amontonaban los cadáveres de decenas de personas asesinadas a balazos. De a poco algunos objetos "aparecen" y son exhibidos temporalmente en otros espacios, como parte de una historia que para muchos es considerada "peligrosa" y que por lo tanto es siempre vulnerable a la pérdida -ya sea por negligencia o por voluntad- de documentos y testimonios (Lleras Figueroa, 2008)6. En tanto ellos refieren a la lógica siniestra de la violencia de Estado, es esta misma lógica la que también genera la destrucción de la memoria que busca reconstruirla e interpelarla públicamente. Es el caso de la evidencia judicial extraviada, como los efectos personales de Carlos Horacio Urán (magistrado asesinado y desaparecido por el Ejército) que estuvieron ocultos por los servicios de inteligencia durante veintiún años: una billetera negra atravesada por un tiro y tarjetas de identificación7.
Más allá de estos objetos supervivientes que nos permiten preguntarnos sobre la historia de su rescate, exposición y porvenir, en las inmediaciones del Palacio de Justicia las conmemoraciones oficiales y no oficiales, reactualizan la memoria y también persisten en sus versiones divergentes. En la Catedral Primada de Bogotá se suele realizar una misa solemne para conmemorar a los civiles que murieron, incluyendo especialmente a los magistrados de las Altas Cortes. A la ceremonia asisten personalidades y familiares de los magistrados muertos, pero los familiares de los desaparecidos no suelen ser invitados. "Ni por la Iglesia, ni por el Gobierno. No entramos porque el Estado mantiene la actitud de negar a los desaparecidos no invitándolos", señaló su represente legal Jorge Molano (Colprensa, 7 de noviembre de 2013).
En las prácticas conmemorativas, el teatro y el arte no han estado ausentes. En efecto, a pocos meses de su desmantelamiento para la construcción del nuevo edificio, se permitió por primera vez el acceso del público al atrio del destruido Palacio con motivo de la presentación de la obra de teatro Dimonis, durante la inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en marzo de 1988. El grupo de teatro catalán Comediants se tomó la Plaza con la intención de conducir al público a una fiesta pagana, lúdica y sensorial de participación popular que, en medio del fuego, la acrobacia y el espectáculo ritual, recordara el carnaval y las luchas de ángeles y demonios como las de moros y cristianos en el medioevo (Fundación Teatro Nacional, 1988, p. 27). Ese mismo año, el Festival sufrió un atentado a través de un explosivo contra la sede del Teatro Nacional que destruyó gran parte de la sede. El atentado fue reivindicado por un grupo de extrema derecha denominado Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista (Moens), liderado por un minero vinculado a negocios del narcotráfico y que juró acabar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y todo lo que "oliera a comunismo" (Semana, 2 de mayo de 1988). En una ciudad en la que desde hacía tiempo sus habitantes se veían cercados por los atentados con carros bomba, los secuestros extorsivos, asesinatos y desapariciones, este primer festival internacional de teatro permitió celebrar una fiesta colectiva en el mismo lugar donde los derechos civiles y políticos fueron duramente coartados y censurados.
Mas allá de la intención del ocultamiento y el negacionismo por parte de los sucesivos gobiernos y los medios de comunicación masiva, tal forma de percibir y exponer la ruina y disponer de su materialidad no será la última interpelación y puesta en escena. En efecto, los familiares de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos harán sus propias conmemoraciones, tal como lo hacen hasta la actualidad, con un plantón en la Plaza de Bolívar que en el año 2013 se inició con una obra teatral llamada "¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que los trae el pensamiento". En ella hombres vestidos como militares se llevaban a la fuerza y hacia la Casa del Florero a personas que tenían la cara tapada. El homenaje también incluyó la proyección de audios de la toma y la exposición de imágenes alusivas a las víctimas.
A estas conmemoraciones en el espacio público, realizadas en noviembre de todos los años, se suman intervenciones artísticas como los montajes fotográficos de Gustavo Zalamea o las instalaciones de Doris Salcedo (figura 2) quienes reviven a través de sus obras, los vestigios de la ruina, sus escombros y el vacío dejado por quienes fueron asesinados o desaparecidos. Salcedo recuerda que en 1985 estaba trabajando cerca del Palacio cuando se produjo la toma y retoma. Desde ese momento comenzó a recolectar archivos de prensa y testimonios porque nadie hablaba de ello en Colombia. De hecho, la entonces Ministra de Cultura puso un partido de fútbol en vivo para ocultar la transmisión de los acontecimientos. Según Salcedo, esa actitud de mirar hacia otro lado continuó. En 1995 trató de acceder a los objetos del Palacio, pero el director de Procultura censuró el proyecto. La pista de los objetos del viejo edificio se perdió, "sólo quedaba la fecha que marca la memoria que perdimos" (Doris Salcedo en CEV, 25 de junio de 2020). En el 2002, la artista realizó una intervención artística al descolgar sillas vacías por la fachada del nuevo Palacio. Acción que se inició a las 11:35 a.m., hora en la que muere la primera persona hasta el término de la retoma. La finalidad era rememorar los hechos y no abandonar a los familiares que se debaten entre el deseo de olvidar y la necesidad de hacer memoria. Como en obras posteriores (Sumando Ausencias, 2016; Quebrantos, 2019), esta intervención en Plaza Bolívar promovió una "acción de duelo colectivo"8.
Aparte de estas intervenciones que marcan la necesidad de colectivizar acciones de duelo por los ausentes, veremos que los muros del Palacio, a pesar de las vallas de protección, amanecen periódicamente coloreados con grafitis, esténcil o afiches que llaman a "no olvidar". Ellos recuerdan la impunidad por la que se vieron amparados muchos de los responsables por las muertes y desapariciones de personas en estos hechos, así como el compromiso estatal en el encubrimiento de estos y otros crímenes. Así, la materialidad del actual Palacio y su entorno fungen como soporte y escenario de memorias en torno a hechos de violencia que procuran reescribir el relato de la tan anhelada unidad nacional en Colombia.
El bombardeo del Palacio La Moneda en Santiago de Chile
La Moneda fue desde su origen un gran edificio blanco (Baeza, 1981) construido como Real Casa de Moneda por el arquitecto Joaquín Toesca (1752-1799) a fines del período colonial (Guarda, 1997). Sin embargo, tras la independencia, el emblema de autorepresentación de la corona es apropiado para la nueva República, transformándolo en la casa del poder ejecutivo y residencia presidencial. El Palacio de la Moneda, emplazado en la gran Alameda, ubicado simbólicamente entre la Plaza de la Libertad y la Plaza Constitución, se constituye como elemento representativo de la estabilidad política de la democracia chilena (Bianchini, 2012). La circulación abierta entre sus patios fue transformada en un recurso simbólico para expresar la transparencia de la democracia.
El 11 de septiembre de 1973, La Moneda fue bombardeada durante seis horas. Siete ataques aéreos consecutivos y dieciocho misiles de los Hawker Hunters pusieron fin a la democracia chilena e instauran un régimen dictatorial. El bombardeo dejó solamente en pie los gruesos muros de ladrillo y algunas losas de concreto. La Moneda es dejada en ruinas y permanece deshabitada y abandonada por casi una década como símbolo de la destrucción del Gobierno de la Unidad Popular (up) y el quiebre de la historia democrática. En el centro de la ciudad, rodeada de autos estacionados y a la vista de quienes transitan por sus inmediaciones, las ruinas recuerdan la destrucción de la historia republicana que rigió hasta 1973. En el relato de la dictadura, la destrucción de La Moneda simboliza la supuesta "salvación" de la Nación. Desprovista de su histórico poder político, la ruina conmemora el momento fundacional del régimen del general Pinochet y la violencia del terrorismo de Estado. A partir de ese momento, las operaciones de investidura de nuevos significados y relatos de la Nación sobre las ruinas del Palacio, se sucederán en el tiempo.
Los trabajos de restauración, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tardarán casi siete años (1974-1981), los más violentos y represivos del sistema dictatorial. Durante estos años, el Palacio de la Moneda permanece exhibida como una ruina, tras los andamios. La quema y pérdida de los 250 planos originales del arquitecto Toesca llevan a solicitar la ayuda del Gobierno español del General Franco en 1974 (CMN, 1994, p. 3). Los vínculos entre ambas dictaduras son estrechos. El proyecto de restauración propone recrear el diseño arquitectural original del pabellón que existió hasta 1940 (Baeza, 1981, p.11). Inspirado en los principios de la Carta de Venecia (Icomos, 1965)9, el proyecto releva el origen colonial y la autenticidad a través del rescate de la propuesta del arquitecto Toesca. Del mismo modo como ocurrió con el proyecto político del presidente Salvador Allende, se borrarán las huellas de historia republicana en la arquitectura del palacio. "Es la operación limpieza de los rastros de historia sobre la materia, con el objeto de terminar definitivamente con la up y los símbolos que pudieran recordarla." (Márquez y Rozas, 2014). En este proceso de limpieza del original, se elimina el salón blanco, testigo de la muerte de Salvador Allende y la puerta de Morandé 80. Una puerta por donde salió el cuerpo sin vida del presidente Allende y de los veintiún hombres que lo acompañaron el día del bombardeo (Hite, 2003), y que, además, representó en la historia republicana la puerta para el trayecto cotidiano de los presidentes. Tal como ocurre con muchos otros edificios del centro histórico de la ciudad de Santiago, el Palacio será declarado a través de un decreto firmado por Augusto Pinochet, Monumento Histórico Nacional. Blanqueamiento patrimonial que contribuye así a la cruzada por "restablecer el alma nacional"; que para la junta militar representa la reconstrucción de la patria que ha sido degradada (Errázuriz, 2009).
Fuente: www.memoriachilena.cl
Figura 6 Imágenes Palacio de La Moneda que circulan por los medios de comunicación. Ruinas del Palacio transformadas en estacionamiento, 1975 '"UMBA "
Tras siete años de trabajo de restauración, el Palacio de La Moneda es reinaugurado y allí se instalan las oficinas de la Junta Militar. Se reinaugura también un nuevo período de la dictadura tras el plebiscito de 1980 para la nueva constitución del Gobierno Militar. Con esta nueva constitución, termina por asentarse el proyecto neoliberal de Pinochet y el desmantelamiento total de la historia republicana. Los años ochenta será la década donde la pobreza, la desigualdad y la corrupción se consolidarán en la sociedad chilena.
Aun cuando el inicio de la democracia el año 1990 se inaugura "en la medida de lo posible", según las palabras del presidente Aylwin; tres años más tarde, en 1994, se emprende nuevamente la restauración del palacio. Pero esta vez, será para recuperar las huellas históricas previas a la dictadura y reestablecer su relación y unidad con la ciudad. Tal como lo señalan los archivos del Consejo de Monumentos Nacionales (1994-2007), con la democracia se busca resaltar el carácter simbólico del Palacio en tanto emblema de una "comunidad imaginada" (Anderson, 1993). Sin embargo, el desafío de representar y acoger las múltiples memorias excluidas del proyecto democrático seguirá siendo un desafío pendiente hasta la actualidad.
El proyecto de restauración de fines de los años noventa retoma, en parte, el ideario de fidelidad a los orígenes del palacio, pero esta vez, a su historia republicana. Se restaura el frontis de la Plaza de la Constitución y las cuatro fachadas del edificio, recuperando así su color blanco original, para lo cual el arquitecto Toesca había empleado cal. En este proceso de restauración, quedan en evidencias las huellas de balas incrustadas en los muros, visibilizando así la huella traumática en la sociedad chilena (Santander y Aimone, 2006). Los titulares de la prensa local anuncian el "nuevo look de la Moneda", "la prueba de la blancura" (El Mercurio, 26 de febrero de 2000, p. 6). Miguel Laborde, historiador, señala, "la nueva pintura es coherente con varios signos de la cultura chilena actual, que quiere romper con un pasado que no quiere integrar [...] para partir de nuevo" (Recorte de prensa en archivo CMN, 2004).
Estos gestos simbólicos adquieren especial fuerza durante los gobiernos socialistas del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) y de la presidenta Michel Bachelet (2006-2010). Con el presidente Lagos el palacio abre nuevamente sus patios al tránsito y visita de la ciudadanía. El año de su apertura, 283 125 personas lo volverán a visitar y recorrer. Sin embargo, el mayor gesto simbólico en esta restauración y recuperación de la democracia y del Palacio de Gobierno, es la reapertura de la puerta Morandé 80 en agosto del 2003 (CMN, 1994-2007). Ese día el presidente Lagos escribe "reabrimos esta puerta para que vuelvan a entrar las brisas de libertad que han hecho grande a nuestra patria". A los gestos anteriores se suma la restauración del Salón Independencia donde se suicida el presidente Allende, y se elimina el Altar de la Patria y la Llama de la Eterna Libertad, instalada por la dictadura en 1977, frente al Palacio de la Moneda. La tradición republicana de la mano del primer presidente socialista después de Allende exorciza a través de este gesto el trauma de 1973.
Años más tarde, acompañada de las hijas de Salvador Allende, el 11 de septiembre del 2008, la presidenta socialista Michel Bachelet (2006-2010) reinaugura el Salón Blanco donde se encontraba el despacho presidencial del presidente Allende. Bachelet deposita claveles rojos frente a la placa recordatoria de Allende y señala: "este espacio se transformará en un lugar de encuentro y de reflexión para los chilenos" (Águila y Harries, 2008). Actos simbólicos de los presidentes socialistas, Lagos y Bachelet, que invisten de sentido para hacer frente a las marcas violentas de la dictadura sobre La Moneda. El pasado cercano (dictatorial) y el pasado lejano (republicano) dialogan en esta producción de una materialidad resignificada (Santander y Aimone, 2006).
Ciertamente La Moneda requiere de gestos simbólicos claros para restaurar y reparar las profundas heridas de la memoria. Es en esta perspectiva que deben comprenderse los gestos de restauración de la arquitectura y la recuperación de los espacios borrados por el bombardeo y la dictadura. Sin embargo, una vez recuperada la democracia, los gestos performáticos que aluden a la violencia y destrucción se sucederán uno tras otros. En 1999, el artista Pablo Rivera fotografía el Palacio de la Moneda (figura 7) cubierto en su totalidad por una malla negra rodeada por banderas chilenas. La imagen corresponde a un registro real al mantenimiento de la fachada. La obra sugiere un enlace a dos posibles condiciones problemáticas. Una, pensada desde el manto negro que recubre simbólicamente en su opacidad el ejercicio político desarrollado en su interior. Y otro, que refiere a la malla como una máscara negra que da cuenta de un estado de ocultamiento o encubrimiento más allá de sus procesos de restauración.
El reconocimiento de la herida y el ocultamiento será exorcizado dos años más tarde por el colectivo de jóvenes poetas de Casa Grande, quienes "bombardearán" con poemas el Palacio de la Moneda y la Plaza de la Constitución. En conmemoración reparatoria del bombardeo de 1973, una muchedumbre se congrega para observar la lluvia de poemas lanzados desde un helicóptero. Desde el balcón sobre la entrada principal del Palacio, los poetas recitan. Se recita para "allanar Chile y bombardear con poesía La Moneda", señala el presidente Ricardo Lagos (El Mercurio, 26 de febrero de 2000). Acción bélica que transfigurada en acción poética o "mito-praxis" (Sahlins 1985), se constituye en acto simbólico y reparatorio del quiebre del sistema democrático y el Palacio de Gobierno.10 "Como si para hacer estallar en pedazos el trauma de la herida, fuese preciso atacar los signos edificados. La palabra lanzada al aire, al cielo, recompone el tejido y los lugares del trauma social" (Mellado, 18 de febrero de 2007). Si el Palacio presidencial "había sido convertido por los militares en un sitio poblado de angustia; los poetas, al regarlo con poesía, lo convirtieron en un sitio reencontrado" (Jodorovsky, 2008). La Moneda es intervenida mediante el bombardeo de poemas como gestos que remiten no solo al origen fundacional republicano, sino también, al ejercicio de sanación y duelo.
El Palacio es también un ícono, una imagen en llamas que todos han visto y conocen, aunque no se la nombre; es parte de la memoria herida, de la "verdad desnuda" de Chile (Subercaseaux, 2014). Ícono reproducido en fotografías e imágenes que recorren el mundo y la sociedad cada 11 de septiembre (figura 7. La imagen de los lentes destrozados que confusamente se atribuyen al presidente Salvador Allende acompañará en postales, afiches y grafitis esta iconografía de la ruina y el escombro. A ella se le sumará la bandera recientemente restaurada y exhibida en el Museo de la Memoria, como último vestigio de ese día del bombardeo.
Aun cuando en el período de transición a la democracia, se experimenta un proceso gradual de apertura cívica, política y cultural, las marcas de la dictadura en la memoria social permanecen. Parte del proceso de bombardeo, borradura y deshistorización de La Moneda, está latente. Se trata, en últimas, del legado de un pasado traumático que marca la historia de Chile y sus instituciones de gobierno. Cercado por vallas que lo resguardan, los transeúntes perciben al Palacio, distante e inalcanzable. A la Moneda, con su forma, blanca y difusa, emplazada en pleno eje cívico, nadie se acerca. Paradojalmente no hay manifestación ni conmemoración, que no tenga al Palacio como escenografía. Una escenografía contenida por vallas que resguardan e impiden que los cuerpos de las multitudes rompan y transgredan la perspectiva que otorga su lejanía. Desde el punto de vista urbano, el palacio La Moneda sigue siendo una "escena del trauma", en torno a él un gran vacío se impone y pocos son los que osan entrar. Rodeada de vallas y de cristales transparentes, el palacio permanece lejano y aséptico. A casi cuarenta años de recuperación de la democracia, el palacio persiste cercado en su blancura y ajeno a las grandes movilizaciones sociales que inician los estudiantes secundarios el 2006 en adelante. Tan lejano e intocable en su blancura, que ni aún durante el gran estallido social del 19 de octubre del 2019, el palacio se vio trastocado. Muy por el contrario, el palacio no se constituyó en el epicentro de la revuelta. Durante los cinco meses que duró (octubre 2019 a marzo 2020), el lugar elegido para las grandes manifestaciones y congregaciones multitudinarias fue la Plaza Italia rebautizada como Plaza Dignidad (Márquez, 2021). Y aunque en algunas ocasiones, como ocurrió con la gran marcha feminista del 8 de marzo del 2020, el gran eje de la Alameda se llenó de manifestantes entre la Plaza Dignidad y el palacio La Moneda, lo cierto es que la muchedumbre nunca arriesga provocar la distancia. La fuerte represión policial que cerca el palacio no facilita el acercamiento, pero en esta gran revuelta el palacio permanece intocable de manera radicalmente distinta a como ocurre con los monumentos a los próceres patrios que vivirán significativos procesos de desmonumentalización (Márquez, 2020). Tampoco es en el palacio donde se congrega la Convención Constituyente11 encargada de la redacción de la nueva constitución que regirá al país; es en el ex Congreso Nacional y el recién restaurado Palacio Pereira donde hoy se escribe la Carta Magna que terminará por borrar la herencia de la dictadura cívico-militar. El palacio de La Moneda permanece en soledad.
Fuente: Laura A. González Márquez ©.
Figura 11 Maqueta del Palacio de La Moneda en llamas, en el frontis del Estadio Nacional para la conmemoración de los 40 años del Golpe militar
Ruinas y rastros para la memoria
La pregunta por los procesos de construcción de la Nación y las democracias en América Latina está ligada, indisociablemente, a la pregunta por la ruina. Así lo expresan las historias de los Palacios aquí analizados. En ambos casos, el bombardeo y el incendio dejan en claro que lo que allí ocurre es la destrucción de un orden o un proceso político-jurídico anterior (ya sea un régimen de gobierno o un proceso de paz). Desde ese momento, las ruinas de los palacios pasan a formar parte de una política del olvido, con todo el riesgo de enfrentarse a un pasado que pugna por aparecer (Déotte, 2014). Ya sea porque la ruina se encarga de traer a la memoria porfiada la destrucción de futuros-pasados (Koselleck, 1993), como el proyecto de la up en Chile o del M-19 en Colombia; o porque el trabajo del duelo se encargará una y otra vez de regresar a la ruina, como principal testigo de lo allí ocurrido. En ambos casos, lo que queda claro es que la ruina es un acontecimiento que habla de caída y de catástrofe, pero siempre en movimiento. Las ruinas nunca se establecen definitivamente, de allí su poder de desestabilización del orden político y social presente. Sin embargo, dos fuerzas o agencias complementarias contribuyen obstinadamente al resguardo e incluso la fijación de la ruina: uno, las políticas institucionales del pasado; dos, el testimonio y la conmemoración en tanto trabajo de duelo y relaboración.
En el ejercicio de incorporar la ruina de la violencia política al relato de la nación, convergen las políticas patrimonialistas de la ruina a través de la restauración, reconstrucción, remodelación e incluso museografía. Detener y fijar la ruina, a través de su acicalamiento y resguardo de sus objetos (sillón, anteojo, etc.) es construir una política del pasado, un relato que reúna este acontecimiento de quiebre y derrumbe, sin el cual la nación no podría existir (Bhabha, 2010). El poder de la historia y la violencia de las disputas entre narrativas históricas y jurídicas se dejan ver también en los debates cuasi inexistentes en torno al desmonte, destrucción, emplazamiento, reconstrucción o nueva construcción de dichos palacios arruinados. Procesos silenciosos que buscan ocultar las injusticias allí cometidas y los traumas ocasionados.
Sin ignorar que la construcción de Nación (como comunidad imaginada) se vale de gestores simbólicos, entendidos como aquellos agentes responsables de cuidar la monumentalidad histórica, consideramos que pintar los muros de blanco y abrir puertas fue un gesto concreto en pos de la sanación e inclusión en una representación común. No obstante, es evidente que el ejercicio de patrimonialización, restauración o reconstrucción, sirve también como instrumento de gobernabilidad y a menudo permite enmascarar cuestiones problemáticas que aquejan a la propia idea de Nación. De allí que a pesar de la blancura del Palacio de La Moneda o la "bunkerización" del Palacio de Justicia, la memoria herida permanece aún en esa muchedumbre que marcha frente a ellos. En este sentido, convendría preguntarse si estos Palacios pueden, por el solo hecho de haber sido tantas veces refaccionados y restaurados, dejar atrás las heridas del trauma histórico. Las evidencias de su soledad y aislamiento por el gesto ciudadano impedido, hacen pensar que los Palacios como simple historia monumental están destinados a no adquirir nunca la veracidad plena (Ranciére, 2010). Porque como monumentos unifican y atenúan la heterogeneidad de los motivos y sentidos de su historia. Es esta abstracción la que hace de la historia de ambos Palacios una colección o serie de acontecimientos lejanos al sentir de las muchedumbres que indiferentes transitan por su entorno. Cuando ello ocurre, nos advierte Nietzsche (2006, p. 35), es la propia historia la que sufre perjuicios, porque enormes partes de ella se ven destinadas al olvido y al desprecio, mientras que, como islas, solo se destacan algunos hechos decorados.
En estos Palacios celosamente resguardados por sus autoridades, la historia se cuida como el objeto precioso del anticuario. Tal vez, hasta que en algún momento el amarre entre la historia y la memoria herida estalle y encuentre otro futuro posible. Cuando el duelo no se resuelve, ello no solo perjudica la capacidad de dar significado a los acontecimientos, también deja en situación de moratoria permanente (Marris, 1974). Porque la pérdida es amenazante cuando el duelo no se resuelve y bien puede terminar por socavar la estructura de significado de la que depende el aprendizaje y el quehacer de lo político.
De manera paralela y a veces contrapuesta a las políticas institucionales del pasado, persisten de manera obstinada aquellas agencias que buscan mantener y reactualizar la experiencia del acontecimiento, volviendo una y otra vez a interrogar la ruina, sus escombros, para inscribir en ellas el testimonio, la identificación, el rememorar, el conocer, operaciones todas de síntesis (Déotte, 2014, p. 25). La historia de estos dos Palacios nos enseña que la posibilidad de resistencia de la ruina al olvido de actores, eventos y narraciones en la idea hegemónica de nación, va de la mano de la capacidad de los agentes de reconocer y reactualizar esa narrativa fundacional en sus formas materiales, como un ejercicio político para la "vita activa" (Arendt, 2005). Sin esa capacidad de reactualización de la narrativa histórica, la ruina urbana caería en el olvido y como materialidad desaparecería en los escombros de la propia nación en tanto comunidad imaginada. Muy por el contrario, lo que se observa es que, a pesar de la violencia y los procesos de exhibición impúdica o el enmascaramiento de las estructuras minificadas de dichos palacios, los procesos de conmemoración y duelo no cesan. Más aún, tal como hemos visto, en ellos los fragmentos de los objetos, el fuego, las cenizas y las ruinas materiales operan como espectros que renacen para dar espacio al habla y a su escenificación pública.
La tesis que se desarrolla en este artículo señala que la conmemoración y el arte, como expresión estética sublimadora del dolor y la memoria de eventos de violencia de facto, operan también como una estrategia política de denuncia y esclarecimiento de la verdad. En este ejercicio estético, sacro y político del reparto de lo sensible (Ranciére, 2017) en el espacio público de la Plaza, la ruina y el escombro del bombardeo y del incendio de los Palacios operan como materialidades que en tanto fragmentos de esa historia y verdad inconclusas permiten exorcizar el dolor y avanzar hacia el duelo y lajusticia. En este diálogo entre la conmemoración y la creación artística, el uso de estas materialidades residuales revive el dolor y trabaja la imagen fantasmagórica de los desaparecidos y muertos, permitiendo devolver a la memoria y al cuerpo, la experiencia vívida de los hechos allí ocurridos. En los gestos de familiares, artistas y gestores de la memoria, la Plaza y las imágenes de las ruinas se cubren de una densidad significante, dejando espacio para la participación de la imaginación, la magia de la mímesis (Taussig, 2002) y los sentidos sobre la materialidad derruida y los cuerpos ausentes.
Ciertamente, en ambos palacios las conmemoraciones son actos desencontrados, los cuales ponen de manifiesto que
lo que es conmemorable según los gobiernos, no lo es para otros sectores. El modelo de una democracia en la cual todos comparten un solo pasado pone en tela de juicio la existencia de democracias que tienen pasados [...] que no se comparten. (Lefranc, 2003, p. 232)
En el caso del Palacio de Justicia, los magistrados son recordados en la catedral, mientras los desaparecidos lo son en la plaza pública. En el caso de La Moneda, mientras más las autoridades e instituciones se empeñan en recuperar lo borrado por el bombardeo, más solo, vacío y blanco se aparece el Palacio en el espacio de la ciudad, recordando así, la profundidad de la herida y el quiebre que el golpe produjo y profundizó en la sociedad chilena. En este sentido, en ambos casos, aun cuando se reconoce un arduo trabajo de desenmascaramiento de la operatoria del Estado por homogeneizar una historia nacional compartida, al igual que en el mito de Sísifo, el objetivo de mostrar lo que hay detrás de la máscara es un proceso inconcluso, los procesos de ruinificación aún siguen haciendo su trabajo silenciosa pero eficazmente.
Aprendemos así que los silencios aparecen en los intersticios de estos conflictos entre los narradores de la ruina, el pasado y el presente. Y que lo que está en juego en el pasado es también el futuro, el proceso en qué nos convertimos
en cualquier momento en el futuro, por motivos que son en sí mismos históricos, a menudo estimulados por la controversia, las colectividades experimentan la necesidad de imponer un test de credibilidad sobre ciertos acontecimientos y narrativas porque para ellos importa si esos hechos son verdaderos o falsos, independientemente de si estas historias son realidad o ficción. (Trouillot, 2017, p. 10)
Lo que en un momento pudo ser aceptado y creído, hoy ya no parece serlo (por ejemplo, la justicia abstracta y universal, la democracia de y para el pueblo). Incluso, las sucesivas capas de grafiti en las paredes del Palacio de Justicia y las acciones de arte en el pavimento de La Moneda se ocupan justamente de recordarlo a través de su interpelación a la estabilidad de los edificios y a los supuestos valores perennes nacionales y republicanos que ellos representan.
Conclusiones
Las prácticas de construcción y destrucción de los Palacios, así como la exhibición y ocultamiento de las violencias y las políticas de representación a través de la arquitectura, la interacción e intervención material de las ruinas y su materialidad, y las conmemoraciones, nos han permitido analizar de qué manera se configuran y auguran olvidos u amnesias en la historia política de ambos países, algunos, incluso, grabados / incrustados en la piedra, pero también en los cuerpos de los ciudadanos. Pensar a los Palacios como ruina política y advertir cómo a través o por medio de ella percibimos al pasado desde el presente y hacia el futuro, puede servirnos de talismán para recordar que los pueblos pueden ser rehenes complacientes del pasado que crean y que mientras algunos de nosotros debatimos qué es o fue la Historia, otros se apoderan de ella (Trouillot, 2017). Ya que, como observara Nietzsche, "sólo aquel que está oprimido por un malestar presente, y que desea desembarazarse de esa carga, siente necesidad de una historia crítica. Es decir, de una Historia que juzga y condena" (2006, p. 39).
Sabemos que la historia de cada Nación puede ser ordenada y transmitida de formas y modos diversos, pero también sabemos que la cultura y sus artefactos pueden ser reordenados y resignificados por la historia de múltiples formas. En estos términos, todo programa histórico y fundacional construye y se vale de esquemas y artefactos de la cultura; pero dichos artefactos culturales detonan, a su vez, prácticas sociales que resignifican creativamente dicha historia (Sahlins, 1985). O, como diría Subercaseaux (2014), frente a la memoria vestida o travestida de las décadas de la dictadura en Chile o los prolongados estados de excepción en Colombia, una memoria desnuda se anuncia en la indagación y expresividad catártica de nuevas posibilidades a esa verdad primera. En cada visita, en cada programa de restauración, en cada día del patrimonio, en cada grafiti y marcha conmemorativa o de protesta, la historia contenida en dicha monumentalidad se actualiza y se desnuda. Caminar por el espacio monumental, observarlo o detenerse a la sombra de sus muros es una forma de actualizar la historia contenida en esa materialidad (García Canclini, 1999).
En este sentido, en la construcción del discurso de la Nación y de su verdad histórica, hay más de una cara, hay más de una disputa y hay múltiples heridas y silencios que le subyacen. Porque la historia es, por definición, historia en construcción aun cuando las autoridades se esfuercen por monumentalizarla. La narrativa de la Nación no puede sino ser ambivalente y cambiante, como lo es toda ruina. El largo y doloroso itinerario de los Palacios bombardeados e incendiados, nos recuerda que "en cada una de estas ficciones fundacionales, los orígenes de las tradiciones nacionales resultan ser tanto actos de adhesión y establecimiento como momentos de repudio, desplazamiento, exclusión e impugnación cultural" (Bhabha, 2010, p. 16). Ambos edificios, en tanto "ilusión de eternidad" y legitimización de una identidad y un pasado común (Nora, 2009; Prats, 1997) siempre contestado, son también espacios de reescrituras múltiples de esa historia. Mientras el acto de la violencia, marcó la materialidad y significado de ambos Palacios, los sucesivos ejercicios conmemorativos avanzan hacia un ejercicio de des-substancialización del hecho del quiebre, restándole al bombardeo (y al Palacio en ruinas) una suerte de materialidad simbólica per se. Como discurso performativo, producto y productor de identidades, rompe entonces la supuesta rigurosidad empírica del relato histórico. La investigación muestra, sin embargo, que la herida de la memoria permanece aún profunda, y que a pesar de los actos reparatorios y de las conmemoraciones simbólicas, ambos Palacios permanecen sumidos en el quiebre provocado a su vocación original. En una era de temor y negación de la memoria, la ruina abre la posibilidad de recordar; ella inscribe la experiencia en una materialidad donde aún podemos reconocer lo sucedido. La ruina como testigo da cuenta de la fragilidad del tiempo y de la experiencia humana. En estos términos, en la ruina "el testimonio es inseparable de la autodesignación del sujeto que testimonia porque estuvo allí donde los hechos (le) sucedieron" (Sarlo, 2005, p. 27).
En síntesis, lo que se ha querido mostrar en este texto, es que las ruinas permanecen y, como espectros, ellas son siempre un modo de aparecer y, por cierto, de interrogar y cuestionar: ¿Cómo sería posible honrar los rostros caídos sin conocer las ruinas que los apilaron en la historia? La forma en que se ha dispuesto, expuesto y disputado la verdad histórica sobre la destrucción de los Palacios permite pensarlos como ruinas que forman parte de un proceso político vivo y como testigos materiales logran testimoniar en los litigios memoriales en torno a las violencias pasadas y presentes. Las ruinas son testimonio material y a la vez simbólica de los crímenes allí cometidos. Tal fue la violencia arrasadora de esos momentos históricos, tal fue la envergadura del derrumbe material y político, que la materialidad de la ruina y de los procesos de destrucción perduran en el presente. Pero por sobre todo, las ruinas y las imágenes que aún subsisten, operan como nodos de una memoria herida, fisurada, que no logra sanar.
