LILIANA RUEDA CÁCERES
Universidad Santo Tomás
Bucaramanga, Colombia
ruedacaceresele@yahoo.com

Este texto es resultado de la investigación titulada "De la demolición del convento o del contradictorio proceso de modernización urbana de Bogotá. El caso del antiguo convento de Santo Domingo. 1925-1946", en el marco de la Maestría en Historia de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga). Como un ejercicio de investigación en historia urbana, el estudio tuvo como objetivo identificar y analizar los procesos y circunstancias que fueron determinantes para llevar a cabo la demolición del antiguo convento, que se había mantenido en pie durante más de trescientos años en la ciudad de de Bogotá, y realizar, a su vez, una interpretación sobre el significado de este caso enmarcado dentro del proceso de modernización de la ciudad.

Si bien para el análisis de esta variable nos apoyamos en los enunciados teóricos de Marshall Berman¹ como definición general de lo que entendemos por "modernidad", esta se fue acotando a través de la mirada del arquitecto argentino e historiador urbano Adrián Gorelik, que estudia la ciudad latinoamericana "como un dispositivo modernizador",² y terminó restringiéndose al concepto de "modernización urbana" que propone el arquitecto urbanista Juan Carlos del Castillo como "modernización del medio urbano o la transformación física de la ciudad con elementos modernos".³

La demolición del convento se realizó dentro de este supuesto. Se contribuiría con ella a la construcción de la Bogotá moderna; pero un análisis juicioso, parte del cual desarrollamos específicamente en este texto, el análisis de los movimientos de finca raíz que se dieron posterior a la caída del convento, nos llevó a comprender que realmente las acciones de demolición llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas sobre antiguos inmuebles pertenecientes a la iglesia no respondieron a una acción concertada con el Departamento de Urbanismo de la ciudad, ente encargado de su planeación y regulación, y fueron más bien en contravía de una planeación integral.

El antiguo convento Santo Domingo, a partir del cambio de propietario y de uso que había sufrido como resultado del proceso de desamortización de 1861, se había convertido, en la década de los años treinta, y para un grupo determinado de personas, en un "viejo caserón" que sufrió paulatinas intervenciones y adecuaciones que no parecían atender al valor arquitectónico y espacial del mismo. Los diferentes intentos de demoler y reemplazar este antiguo convento, que incluyeron la promulgación de la Ley 28 de 1927 y que fueron llevados a cabo por la administración del presidente Abadía Méndez entre 1926 y 1930, denotan, por un lado, que no existía un reconocimiento de su valor ambiental y arquitectónico por parte de la administración nacional, pero, por otro, que tampoco se contó con la pericia ni eficiencia técnica necesarias para llevar a cabo su demolición.

Es así como, nuevamente, a partir de enero de 1936, bajo el gobierno de López Pumarejo, se promulgaron las leyes que esta vez sí llevarían a su demolición definitiva. En nuestro criterio, la intención y la decisión de demoler el antiguo convento desde la administración de López Pumarejo tuvo, sobre todo, un alto contenido simbólico que se enlazaba con el proyecto de laicidad del mismo gobierno. Interpretamos que lo que se pretendió hacer fue reemplazar un antiguo monumento, representativo del mundo regido en alto grado por la religión, por uno nuevo, que simbolizara la razón y la eficiencia. Demoler el convento era, en efecto, una acción simbólica que debía culminar en la claridad del lenguaje y expresión del nuevo edificio que se quería construir, un "monumento contemporáneo" proyectado hacia el futuro que reemplazara al anterior, un "monumento histórico", entendidos ambos términos como los planteó el historiador de arte vienés Alois Riegl.⁴ Esto no se logró: el edificio que reemplazó al antiguo convento no alcanzó a estar al nivel de las expectativas creadas y visto desde hoy no sale bien librado de la crítica arquitectónica especializada.⁵

Así, el resultado tangible de la demolición fue únicamente el de generar una desagregación de la manzana urbana que llevó al subsiguiente proceso de densificación del sector. La hipótesis es que la decisión de demoler el convento, que en principio parecía ser meramente de orden técnico, y que favorecía una posición ideológica de modernización y laicidad que había sido el principal móvil de la administración de López Pumarejo, fue descuidada por la administración siguiente, de Eduardo Santos Montejo, responsable del aspecto formal de la nueva edificación que debía reemplazar el viejo convento, pero que tuvo como móvil principal la transformación del perfil urbano y la densidad de construcción en esa manzana específica; esto es lo que se pretende demostrar en este texto.

Para el arquitecto, urbanista e historiador urbano, Alfonso Álvarez Mora, el fenómeno de la desagregación espacial urbana hay que entenderlo como:

(...) un proceso estrechamente vinculado con la creación de condiciones que contribuyen al desarrollo de rentabilidades espaciales socioeconómicas, ya que mediante dicha desagregación se va eliminando la heterogeneidad y multifuncionalidad propias del espacio tradicional, fortaleciendo, en contrapartida, nuevas concepciones espaciales más acordes con las necesidades del capital.⁶

Se hará entonces el ejercicio de confrontar este enunciado con los hechos ocurridos en la manzana de nuestro interés.

Como producto de un trabajo de investigación elaborado entre 2009 y 2010 para la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, dirigido por el historiador William Elvis Plata, se realizó una interpretación hipotética de la manzana donde estuvo en pie el antiguo convento de Santo Domingo por más de trescientos años, a partir del siglo XVI hasta el siglo XX.⁷ Al cruzar la información consignada en el trabajo arriba referenciado y la documentación que fue recopilada posteriormente en el proceso de esta investigación, se obtuvo la siguiente interpretación de ocupación de la manzana urbana hasta 1861. Asumimos que hasta mediados del siglo XIX era bastante probable que la totalidad de la manzana, incluidos los locales existentes sobre la Carrera 7.^a y la Calle 12, sobre los cuales los dominicos cobraban arriendos, pertenecían a la comunidad religiosa (figura 1), y que, a partir del proceso de extinción de conventos y cambio de uso de los mismos que se inició entre 1861 y 1865, muchos de estos predios fueron consignados en manos de particulares.

El área donde funcionó la Universidad Santo Tomás, esquina de la Calle 12 con Carrera 8.^a, que no entraba dentro del proceso de desamortización por tratarse de un espacio dedicado a la educación, pertenecía legalmente a la comunidad religiosa. Aparentemente, y según lo argumenta fray Alberto Ariza O.P.,⁸ la instalación en sus espacios del Instituto Bolívar (colegio oficial) en 1863, el montaje en 1870 de una "exposición nacional" y la instalación de la Academia de Música en 1880 llevó a la pérdida de esta área, objeto de reclamaciones -hechas entre 1886 y 1917- que no se resolvieron a favor de la comunidad. El predio se señala como propiedad dominicana hasta 1863 (figura 2).

Durante las tres primeras décadas del siglo XX, el antiguo convento permaneció en pie, con esporádicas propuestas de demolición en 1925, 1926 y 1930. Entretanto, sufrió intervenciones y adecuaciones que no parecían atender ni reconocer su carácter patrimonial arquitectónico; se trataba de uno de los últimos exponentes de la arquitectura conventual colonial de la ciudad y seguramente había sido de los más ricos (en su orden espacial y en las obras de carpintería y elementos decorativos que alcanzó a poseer al interior) con los que contó la ciudad.

En diciembre de 1931 el Plan Definitivo de Obras Públicas, del ministro Alfonso Araujo, contemplaba un presupuesto global de $10.000.000, de los cuales $1.500.000:

(...) se destinaban a la construcción de un edificio estilo español colonial, para reemplazar el edificio actual de Santo Domingo, y con capacidad no solamente para alojar todas las oficinas públicas que generaban gastos de arrendamiento en la capital, sino para crear una cuantiosa renta por concepto de almacenes sobre las calles 8.^a y 13, y por oficinas en los últimos pisos.⁹

Llama la atención, por contradictoria, la intención de derribar un edificio colonial para reemplazarlo por otro de "estilo español colonial", lo que resalta, por lo menos, la coherencia de quienes más adelante pretenden reemplazar el edificio colonial por uno "moderno".

En 1935, con ocasión de las obras que se querían ejecutar dentro de la celebración del IV centenario de fundación de Bogotá, a realizarse en 1938, el Departamento de Urbanismo, bajo la dirección del austriaco Karl Brunner, presentó dos alternativas de densificación y mejoramiento para un sector del centro de la ciudad que afectaba directamente la manzana donde se encontraba localizado el convento. Una era el ensanche de la Calle Real o Carrera 7.^a y, la otra, la apertura de una "Nueva Avenida Central", que atravesaría todas las manzanas localizadas entre carreras 7.^a y 8.^a, y las calles 11 y Avenida Jiménez, con el fin de conectar la Plaza de Bolívar con la Gobernación de Santander (figura 3). Ninguna de las dos se ejecutó, ni al parecer se reglamentó siquiera, pero en nuestro criterio estas propuestas contribuyeron a alimentar el interés existente por densificar esta parte de la ciudad y pudieron ser factor de peso que dio pie a la promulgación de las leyes 5 y 85 de 1936, que finalmente consiguieron el cometido de la demolición total del convento.

Promulgadas las leyes, se hacía necesaria la constatación y registro público de la propiedad que la nación tenía sobre la manzana. Así, en mayo de 1937, José Joaquín Castro Martínez, ministro de Hacienda, se presentó a formalizar en la Notaría 3.^a la condición de bien inmueble de propiedad nacional que tenía el predio (figuras 4 y 5).¹⁰

Si bien el proceso de demolición, llevado a cabo en dos etapas por los ingenieros civiles Santiago Camacho Gómez e Ignacio Álvarez Aguiar, se caracterizó por su rapidez y eficiencia, la documentación analizada no permite realizar la misma interpretación para el proceso de diseño del edificio que había de reemplazar al antiguo convento. La documentación específica y existente sobre quienes fueron los diseñadores del proyecto es bastante fragmentaria, pero permite deducir que este proceso no fue tan eficiente como el de la demolición y que realmente tuvo tropiezos.

El proyectista de la obra del Palacio de Comunicaciones fue el arquitecto Hernando González Barona (o Varona), funcionario del Ministerio, según lo presentaba oficialmente el Director General de Edificios.¹¹ Sin embargo, en octubre de 1939, el arquitecto español Santiago Esteban de la Mora presentó una propuesta que contenía variaciones importantes al proyecto original y aún el 19 de septiembre de 1940, un año más tarde y en medio de la construcción del Palacio de Comunicaciones, mediante memorando interno, se dispuso que "la continuación del proyecto arquitectónico y la ejecución de las modificaciones quede a cargo del arquitecto adjunto, Bruno Violi".¹²

El 14 de abril de 1939 el Ministerio de Obras Públicas le había solicitado a la Academia de Historia que designara una comisión que "se traslade al Edificio de Santo Domingo y formule la lista de aquellos objetos que merecen conservarse por su valor histórico o artístico".¹³ El informe, presentado el 1.º de mayo, destacó los siguientes elementos como dignos de preservarse: la fuente de piedra que se levantaba en el centro del jardín, junto con la verja de hierro que la rodeaba (esta fuente se encuentra hoy en día, en 2011, en el Parque Nacional de Bogotá), la Cúpula de la escalera central del convento, el alfarje de la Sala Capitular, la puerta testera del convento, las "losas murales" que estaban localizadas en el segundo piso de las esquinas de las calles 12 y 13 de la Carrera 8.^a, las losas sepulcrales que pudieran existir en la antigua Sala Capitular y el madero del cual pendía la campana del noviciado. Los Académicos solicitaron para su Academia, en el mismo informe, la donación de la cúpula de la escalera central, del alfarje de la Sala Capitular, de la puerta testera, de las losas sepulcrales y del madero del cual pendía la campana del noviciado.¹⁴ Les fueron asignadas las posibles losas sepulcrales que se encontraran en la Sala Capitular y el madero del cual pendía la campana del noviciado. El alfarje de la Sala Capitular se encuentra, hoy en día, en el Palacio de San Carlos.

El 12 de mayo de 1939, Tomás Rueda Vargas, director de la Biblioteca Nacional en ese entonces, que se había pronunciado respecto a la demolición del antiguo convento como un hecho viable, teniendo en cuenta que allí "ni siquiera un crimen célebre tiñó de sangre o pobló de fantasmas ese lugar"¹⁵. Eso fue lo que escribió al Presidente de la República en su carácter de "bogotano, de miembro de la conciliatura del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de director de la Biblioteca Nacional",¹⁶ para solicitar la portada y los escudos de piedra que se encontraban sobre la Calle 13, la baranda de la escalera principal del "embestido claustro",¹⁷ las columnas de piedra del mismo, y el "techo de madera tallada que estaba sobre el descanso de la escalera"¹⁸ para reubicarlas tanto en el claustro del Colegio Mayor como en la Biblioteca Nacional.

Dice Rueda en este oficio: "[T]odos los objetos solicitados serán factores de embellecimiento urbano, quedando colocados en lugares acordes con su índole y tradición, y contribuirá el destino propuesto a aplacar el malestar causado en parte de la opinión ciudadana por las tantas veces mencionada destrucción del Claustro de Santo Domingo".¹⁹

Esta "repartición" de los elementos más valiosos e interesantes del inmueble, solicitada por algunas de las personas o entidades que en su momento apoyaron o rechazaron la posibilidad de demoler el antiguo convento, confirma el valor artístico de muchas de las piezas, que obviamente no podrían estar en mejor lugar que en su sitio original, como parte integrante de la arquitectura. Describe esta situación además el proceso acontecido con el antiguo convento y con la manzana urbana misma: la fragmentación, la pérdida de unidad.

El antiguo convento fue demolido, como lo propusieron sus más eficientes gestores, y los hechos que se considera que desencadenaba esta acción se produjeron; son los que se verán en la siguiente etapa.

En 1943 hay una nota publicada en El Tiempo, en la sección "Construcciones y Urbanismo", titulada: "Fue vendido un lote a $528 la vara cuadrada",²⁰ en la que el autor consideraba que la venta al municipio por parte de los dominicos de un pequeño lote de terreno, parte integrante de la Iglesia, con un área de 142 varas cuadradas "constituye hasta la fecha la operación más lúcida y brillante registrada en los últimos años en la capital (...) precio 'record' en los anales de las compraventas urbanas".²¹

El gobierno había comprado el área en que se apoyaba uno de los contrafuertes de la Iglesia, el más sobresaliente hacia el norte, para efectos de alinear y ampliar el paramento sobre el cual se definiría posteriormente la Calle 12A. Esta vía siempre la contempló el Ministerio de Obras, pero con un perfil mucho menor al que finalmente se le asignó, que quedó determinado en 15,60 m.

La nota periodística de 1943 llama la atención porque tal parece que planteara o presagiara lo que iba a ocurrir definitivamente con el resto de la manzana, una vez demolido el antiguo convento:

Se nos ocurre sí que podría estudiarse la conveniencia de comprar el resto del lote y quizás, el templo con todas sus anexidades, solares y dominios con el objeto de aprovechar íntegra el área, construyendo en parte de ella una suntuosa edificación de carácter nacional, dando en pago a sus propietarios otro terreno en Chapinero, construyéndoles un templo similar y abonándoles la diferencia en varios años y en diversos contados. Tal vez los reverendos padres Dominicos no se opongan y, más bien, colaboren a sellar esa transacción.²²

A partir de 1946, con la Resolución Ministerial que ordenó la apertura de la Calle 12A, y que partió en dos la manzana, este hecho se convirtió, desde nuestro punto de vista, en un incentivo para "urbanizar y densificar" la "nueva manzana" de la cual el templo ocupaba casi el 50% de su área. No quedaba más que vender y comprar. Cuatro días después de expedida la resolución, en efecto, veremos que sí hubo vendedores y compradores.

Al observar más detenidamente el proceso, llama la atención lo siguiente: el 15 de julio de 1946, el ministro de Correos y Telégrafos, encargado del despacho de Obras Públicas, mediante Resolución n.^o 531, declaró como vía pública un "callejón o patio privado" que se extendía a todo lo largo del costado sur del recién construido Palacio de Comunicaciones, entre las carreras 7.^a y 8.^a, de la manzana número "doce a siete" del registro catastral. El numeral tres de esta Resolución determina que "para este efecto los dueños del Templo de Santo Domingo deben ceder una zona o faja de tres (3.00) metros de ancho a todo lo largo de dicha vía y templo".²³

Al día siguiente, el 16 de julio, el mismo ministro adicionó a la anterior, la Resolución n.^o 540, en la que se determinó que "es valiosa la cesión y por lo tanto, debe haber compensación". Así, se especificó que se haría únicamente la cesión de la superficie y no del subsuelo, que "podrá ser aprovechado por sus propietarios. En compensación la nación construirá las obras necesarias para que el tránsito no perjudique el aprovechamiento del subsuelo por parte de sus propietarios".²⁴

Si bien una de las consideraciones del Ministerio de Obras Públicas fue que "es necesario y conveniente tanto para la estética del edificio mencionado (Palacio de Comunicaciones) como para facilitar el tránsito, que tal callejón o patio privado se dé al servicio público",²⁵ también resulta evidente que esta nueva vía abría la posibilidad de construir fachadas sobre la misma al rededor de la nueva manzana que se generaba. Fachadas y circulación peatonal y vehicular. Vida urbana. Así, esta nueva vía, desde un punto de vista propio, parecía beneficiar aún más a la nueva manzana que incluso a la que contenía al Palacio de Comunicaciones, cuyas fachadas principales se encontraban ya construidas sobre los frentes oriental y occidental, donde se dispusieron los accesos del Palacio.

La vía se abrió cuando ya el edificio del Palacio de Comunicaciones estaba terminado, en cambio, para la nueva manzana que quedaba con fachada hacia la vía, su apertura era verdaderamente un incentivo a aprovecharla espacialmente (figura 6). El cambio de uso y de densidad que se dio a posteriori (que se ajustaría de hecho al perfil que ya habían impuesto sus vecinos, los bancos de la Carrera 8.^a y la Calle 13, y el nuevo Palacio de Comunicaciones), con la apertura de la nueva vía, no fue más que una consecuencia lógica de la intervención estatal que incluso proponía una "compensación" a los propietarios que se vieran afectados con la cesión que estaban obligados a hacer a la ciudad.

¿Para qué había de servirle esta compensación al templo de Santo Domingo, que ocupaba casi un 70% de la fachada sobre la nueva vía? ¿A quién le servía realmente esta compensación sino a unos nuevos propietarios que cambiarían el uso del predio?

Cuatro días después de expedida la Resolución n.° 531, el 19 de julio de 1946, los dominicos registraron en la Notaría 5.^a, mediante escritura n.° 2798,²⁶ la venta del predio sobre el cual estaba construido el templo de Santo Domingo (cuyo frente sobre la nueva vía era de casi 70 metros), la casa conventual que ocupaba la comunidad sobre la Calle 12, el área correspondiente al atrio de la iglesia con frente sobre la Carrera 7.^a y un pequeño departamento anexo al muro occidental de la sacristía. El lote restante con frente a la nueva vía pertenecía al gobierno nacional (figura 7). Los dominicos vendieron y la compañía Urbanizaciones Centrales Ltda., constituida el día anterior, mediante escritura pública n.^o 2765 de la Notaría 5.^a,²⁷ compró el predio.

Esta venta, que incluía el templo de Santo Domingo, desató una de las mayores polémicas públicas que se haya visto en Bogotá para ese periodo. Entre otras razones, porque uno de los socios de la recién creada compañía urbanizadora, José Manuel Muñoz Toledo, era hermano del alcalde de la ciudad, Ramón Muñoz Toledo, y el gerente de la nueva compañía era el señor Jaime González Ortiz, síndico de la Beneficencia.²⁸ Sin embargo, el debate pareció centrarse más en el valor patrimonial de la Iglesia, la "simonía" de los dominicos que vendían y, en menor grado, en el origen y condiciones éticas de los compradores.

¿Quiénes eran y por qué estaban tan interesados como para comprar y demoler un templo tan representativo dentro de la ciudad? ¿Por qué estaban tan decididos a asumir el temporal que esta negociación iba a desatar? ¿Qué le ofrecían a cambio a la ciudad? Consideramos que en la respuesta a estas preguntas se encuentran las variables que permitirán apoyar la hipótesis principal de la investigación.

En el editorial de El Siglo, del 30 de julio de 1946, Laureano Gómez denunció el "inmenso negocio de especulación en finca raíz"²⁹ que se encontraba, según él, tras la venta de la iglesia. Consideramos que este es el verdadero quid del asunto. Gómez hizo su denuncia porque estaba al tanto del valor de venta del metro cuadrado del templo, ($800/vara cuadrada) y de que "el público sabe por avisos oficiales que el municipio hará una subasta pública de un lote contiguo al templo dando como base de las propuestas la suma de $1.600 la vara".³⁰ Era una posibilidad, máxime cuando el alcalde era el hermano de uno de los socios y cuando, como veremos más adelante, siempre estuvo al frente del negocio una vez dejó de ser alcalde, en septiembre de 1946. Es claro que la compañía "urbanizadora" tenía acceso a información privilegiada, como la de la apertura de la nueva vía que afectaría directamente el lote donde se encontraba levantado el templo y los precios oficiales que se manejaban en el sector.

Los "urbanistas" parecían estar frente a la posibilidad de un jugoso negocio, como lo escribió Laureano Gómez: "los capitalistas van a invertir cerca de tres millones de pesos, y sin desarrollar ninguna actividad productiva, con el transcurso de muy poco tiempo, cruzados de brazos indolentemente, aspiran a ganarse otros tres millones".³¹ Pero, aun cuando las condiciones estaban dadas, la devolución en 1948 de la mitad de la propiedad que Urbanizaciones Centrales Ltda. había comprado a los dominicos permite suponer que el negocio inicialmente concebido realmente fracasó (figura 8). En 1950 se protocolizó, en la Notaría 4.^a, la disolución y liquidación de Urbanizaciones Centrales Ltda. y se continuó con la fragmentación de la manzana al repartir los socios sus partes. ¿Fueron los editoriales de El Siglo parte importante para que los "urbanizadores" desistieran del negocio?

Entre 1950 y 1951 aparecieron en escena las personas que aparentemente sí se beneficiarían de la explotación económica de los predios, los hermanos Buraglia Díaz y el señor Arturo Quintana Santacoloma. Los hermanos Buraglia Díaz le compraron a los dominicos, a plazos (hasta 1952) y sin pago de intereses,³² una fracción del lote que les había regresado a estos la compañía Urbanizaciones Centrales Ltda. Un mes antes los mismos Buraglia Díaz le habían comprado de contado a Gregorio Obregón³³ la parte que a este le había correspondido de la disolución de la misma compañía. Los Buraglia, sobre un área total de 642,60 varas cuadradas, con frente sobre la Carrera 7.^a, construyeron un edificio de trece pisos que ya estaba en pie en 1952, y que inicialmente se llamó "Edificio Tequendama" y posteriormente cambió su nombre por "Santo Domingo". Aún hoy se encuentra en pie y quizá es, de toda la historia de este convento, lo único que permanece en el lugar, las letras de molde sobre una pared interior del Hall de acceso al edificio.

En 1951 sobresale la figura de quien reuniría de nuevo gran parte del predio anteriormente desagregado: Arturo Quintana Santacoloma, al parecer, un joven negociante, soltero. Este recibió, mediante contrato de permuta³⁴ con los dominicos, la parte restante del predio que estos habían recibido a su vez en 1948 de Urbanizaciones Centrales Ltda. (y que ya se vio que le vendieron una pequeña parte a los Buraglia Díaz). Quintana Santacoloma les transfirió a cambio, a los dominicos, un lote en Usaquén y dos lotes en Bogotá.

Un poco más se demoró en vender la Compañía de Inversiones Bogotá su parte, que tenía frente sobre la Calle 12. También se realizó aquí un contrato de permuta³⁵ entre Quintana Santacoloma y la compañía. Quintana recibió el lote sobre la Calle 12 e Inversiones Bogotá recibió un predio en Engativá. Finalmente, Quintana negoció mediante permuta³⁶ con el municipio el predio de la esquina de la Calle 12 con Carrera 7.^a en abril de 1955 (la parte faltante del rompecabezas hacia la séptima); se había convertido en el propietario de casi el 60% de la manzana, que ahora contaba con cuatro propietarios. A diferencia de Quintana Santacoloma y los Buraglia Díaz, Ramón Muñoz Toledo fue el único de los socios de Urbanizaciones Centrales Ltda. que no había vendido su parte y que, por el contrario, compró³⁷ entre 1954 y 1955 los pequeños predios remanentes de los propietarios de los almacenes que daban sobre la Calle 12 y que la ampliación de esta había reducido casi a la mitad de su área. El cuarto propietario de esta manzana era la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones -ENR-, que había recibido el predio en 1947³⁸ de parte del delegado del Ministerio de Obras Públicas.

En 1960, Arturo Quintana Santacoloma vendió el 80% del predio que había conformado mediante tres acciones de permuta a quienes, en 1965, casi 20 años después de haberse demolido el templo de Santo Domingo (1947), construyeron por fin en ese lugar un edificio que hoy es considerado "Bien de Interés Cultural".³⁹ En el 20% restante del predio, la esquina de la Calle 12 con la Carrera 7.^a, Quintana Santacoloma construyó el "Edificio Quintana", diseño de Bruno Violi, hoy considerado también como "Bien de Interés Cultural" (figura 9).

¿Hasta qué punto tienen conciencia los ciudadanos de los juegos de intereses que se mueven tras los negocios fallidos o lucrativos que subyacen tras todo desarrollo y crecimiento urbano y que determinan, entre otros, el carácter "cultural" de los mismos? ¿Qué tanto se gana y se pierde en términos de patrimonio y memoria en estos procesos?

Visto desde la distancia, tal parece que la negociación del templo de Santo Domingo fue un negocio fallido. Un negocio en el que todas las partes perdieron. La ciudad, que ya había perdido el antiguo convento, terminó por perder también y finalmente la parte más icónica del mismo, aquella que había logrado sobrevivir a la demolición del claustro siete años atrás: la iglesia, que contó con la intervención en 1787 del padre capuchino fray Domingo de Petrés (diseñador de la Catedral de Bogotá y del observatorio astronómico), y cuya cúpula había sido intervenida por el arquitecto Pietro Cantini en el siglo XIX. Los dominicos, de hecho, fueron acusados de simonía y estuvieron expuestos a la "picota pública" por este evento. Los compradores que lograron sobrepasar el escándalo, aquellos que estaban ubicados en el punto más bajo del mismo, finalmente no construyeron ni "urbanizaron", lo que había sido el supuesto sentido de creación de la sociedad, y terminaron fragmentando el predio del antiguo templo y disolviendo la sociedad en menos de dos años y medio. Nadie ganó. Todos perdieron.

¿Quiénes conformaban la compañía Urbanizaciones Centrales Ltda.? Esta, constituida y registrada mediante escritura pública n.^o 2765 en la Notaría 5.^a, el 18 de julio de 1946, estaba conformada por tres socios capitalistas: José Manuel Muñoz Toledo, propietario de 37 y media acciones, la Compañía de Inversiones Bogotá, propietaria también de 37 y media acciones, y Gregorio A. Obregón, propietario del 25% restante. El gerente de la sociedad era el señor Jaime González Ortiz. El periódico El Siglo, en su edición del 30 de julio del mismo año de creación de la compañía, denunció públicamente la calidad que el gerente de la misma tenía como síndico de la beneficencia de la ciudad y la condición de hermano del Alcalde de uno de sus socios. Gregorio Obregón fue Alcalde de Bogotá posteriormente entre junio y septiembre de 1949. El tercer socio, la Compañía de Inversiones Bogotá parecía ser el elemento más fuerte financieramente del grupo, según una nota también reseñada en El Siglo: "la poderosa Compañía Inversiones Bogotá que precisamente acaba de elevar su capital a diez millones".⁴⁰

Una breve cronología de las acciones desarrolladas por esta compañía permite deducir que no estuvo en capacidad realmente de asumir la enorme responsabilidad que implicaba comprar y demoler el templo de Santo Domingo. ¿Qué aporte representó para la ciudad la demolición del templo? Hasta 1960 la mayor parte del lote que había acogido a la Iglesia de Santo Domingo era utilizado como un parqueadero (figura 10).

La compañía se constituyó el 18 julio de 1946 y al día siguiente ya había comprado el polémico predio conformado por la Iglesia de Santo Domingo, identificada en la nomenclatura urbana con el número 12-31; el pequeño atrio localizado frente a la Iglesia y a la Carrera 7.^a; la casa conventual, que tenía frente sobre la Calle 12 y estaba identificada en la nomenclatura con los números 7-34 e incluía dos locales a lado y lado, identificados con los números 7-32 y 7-38, y un pequeño "departamento" interior, que lindaba con la sacristía de la Iglesia. El área total aproximada, pendiente de verificación final, se consignó en 3.350 v. cuadradas. El valor total de la compra fue $2.894.144 y el precio acordado de venta por vara cuadrada fue de $800 para las áreas construidas y de $250 para el área del atrio de la Iglesia.

En enero de 1947 se dio inicio al desmonte de las piezas que conformaban la cúpula del Templo. Para diciembre de 1947, el gerente de la Compañía, Jaime González, y fray Alberto Ariza, en representación de la comunidad dominicana, registraron en la Notaría 5.^a mediante escritura n.° 3411⁴¹ del 18 de diciembre las modificaciones que se hicieron tanto a los plazos de entrega de pagos a que se habían comprometido los compradores, como a los intereses pactados. Estos cambios se hicieron a solicitud de los compradores y "en razón del cambio desfavorable sufrido durante el presente año de 1947 en la situación económica de los negocios en general".⁴²

El plazo de pago se amplió en dos años para la última cuota, hasta noviembre de 1952, y los intereses se redujeron del 6% inicialmente pactado al 4%. El mismo 18 de diciembre, don Jaime González estaba protocolizando también en la misma Notaría 5.^a la escritura n.° 3412,⁴³ que registraba la venta que la compañía hizo al municipio de una faja de terreno "con destino a uso público para la apertura de la Calle 12A, entre carreras 7.^a y 8.^a". El valor de la venta se determinó en la suma de $262.080 "a razón de $1.200 el metro cuadrado de terreno", un poco cercano a lo denunciado por Laureano Gómez en 1946.

Llama la atención esta acción de parte de los compradores, habida cuenta que los dominicos habían acordado previamente, en 1946, rebajar el valor de $120.000 del valor total de la venta: "los compradores tendrán que ceder por su cuenta alguna parte del predio que adquieren (...) conviene expresamente el vendedor en concurrir a esta cesión rebajando del precio global definitivo hasta la cantidad de ciento veinte mil pesos $120.000".⁴⁴

Si se suma la rebaja de los dominicos al precio de venta de la faja de terreno al municipio, esta acción representaría un "ingreso" de $382.080 "en muy poco tiempo, y sin desarrollar ninguna actividad productiva, cruzados de brazos",⁴⁵ como lo intuyó Laureano Gómez para todo el predio, pero que al parecer tan solo se logró para la faja de cesión del terreno para la nueva vía. Cabe aclarar que este "ingreso" no se recibía en metálico, sino que, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 43 de 1945, los propietarios los podían deducir o abonar "por razón del impuesto de valorización, siempre que dicho gravamen se cause dentro de los cinco años siguientes, a contar de la fecha entrega de la zona respectiva."⁴⁶

Un año más tarde, en diciembre de 1948, de nuevo se presentaron don Jaime González y fray Alberto Ariza en la Notaría 5.^a, esta vez para registrar la escritura n.° 3070⁴⁷ del 17 de diciembre de 1948, en la que Urbanizaciones Centrales Ltda. transfirió a título de dación a favor de la orden dominicana "el dominio de un lote segregado del predio del antiguo templo de Santo Domingo con un área aproximada de 1700 varas cuadradas", acto con el cual pagaban los intereses y el crédito que tenían pendiente con la comunidad dominicana. Los compradores estaban devolviendo prácticamente la mitad del área del predio inicialmente adquirido.

El 4 de febrero del año siguiente, 1949, según Acta n.° 15, los socios decidieron declarar por unanimidad la disolución de la sociedad y ponerla en liquidación inmediata. Esta, que en sus estatutos de creación aspiraba a tener una duración mínima de diez años, a duras penas alcanzó a cubrir un periodo de existencia de dos años y medio. En ese tiempo, tan solo arrasó literalmente con la iglesia y no construyó en su lugar ni "un soberbio edificio que diera realce a la arquitectura bogotana", como escribía desde la Revista Cromos, un cronista para quien "afiliada al ritmo de un progreso creciente, Bogotá no podrá permanecer aferrada a una exclusiva página de su historia".⁴⁸

El 22 de mayo de 1950, José Manuel Muñoz Toledo y Ramón Muñoz Toledo dejaron constancia, en la Notaría 5.^a, mediante escritura número 1112, que desde el 20 de noviembre de 1946 José Manuel Muñoz había transferido a título de venta el pleno dominio y posesión a favor de Ramón Muñoz Toledo sobre los derechos, la acción o el interés social que al primero correspondían en la sociedad Urbanizaciones Centrales Ltda.⁴⁹

La demolición del antiguo convento de Santo Domingo en 1939 se convirtió en el elemento detonante del subsiguiente proceso de densificación del área restante de la manzana, reacción urbana que era bastante fácil de prever en un sector céntrico, rodeado por el norte y por el occidente de edificios bancarios de más de seis pisos de altura, sobre la Calle 13 trece y la Carrera 8.^a. Más que un inconveniente para la "modernización" de la ciudad, el antiguo convento era un inconveniente para la densificación y rentabilidad de ese sector, que se había desarrollado de manera un tanto anárquica y sin el debido control y regulación por parte del Departamento de Urbanismo de la ciudad.

Una vez demolido el antiguo convento, frente a la posibilidad que se presentaba de incrementar, por tanto, las rentabilidades "socioespaciales" de la nueva manzana que se generaba a partir de la apertura de la Calle 12A, aún se oponía la existencia de la Iglesia Santo Domingo, que ocupaba más del 50% del área de la manzana. Tan solo se necesitaba un comprador con las agallas suficientes para enfrentar el temporal que la venta y demolición de la Iglesia generarían. De hecho, ese comprador apareció en una empresa denominada Urbanizaciones Centrales Ltda. (figura 11), que no alcanzó a existir por más de dos años y medio, y que tenía entre sus socios un muy reciente alcalde (Muñoz, en 1946) y un futuro alcalde de la ciudad (Obregón, en 1949).

¹. Marshall Berman, All that Is Solid Melts into the Air. The Experience of Modernity (New York: Simon and Schuster, 1982).

². Adrián Gorelik, "Ciudad, modernidad, modernización", Universitas Humanística 056 (2003): 12.

³. Juan Carlos del Castillo, Bogotá. El tránsito a la ciudad moderna. 1920-1950 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003) 13.

⁴. Françoise Choay, Alegoría del patrimonio (Barcelona: Gustavo Gili, 1992) 142.

⁵. Los arquitectos Carlos Niño, Silvia Arango, y Germán Téllez, reconocidos críticos e historiadores de la arquitectura en Colombia, coinciden todos en la condición de pérdida de un bien patrimonial para la ciudad, hecho al cual se refieren como "lamentable demolición", "pérdida más sensible". Incluso, el arquitecto Carlos Martínez Jiménez, promotor, desde la revista PROA, de la ciudad moderna en Bogotá en los años cuarenta, se refirió, ya demolido el convento, a este hecho como el resultado de una "desatinada apetencia renovadora, fomentada por el Ministerio de Obras Públicas". Ver Carlos Martínez, Santafé de Bogotá (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968) 86.

⁶. Alfonso Álvarez Mora, "La necesaria componente espacial en la historia urbana", La historia urbana, ed. Carlos Sambricio (Madrid: Editorial Marcial Pons, 1996) 34. Col. Ayer (Asociación de Historia Contemporánea) 23.

⁷. William Elvis Plata Quezada et ál., Conventos dominicanos que construyeron un país (Bucaramanga: Universidad Santo Tomás, 2010) 151.

⁸. Fray Alberto Ariza, O.P., Los dominicos en Colombia (Bogotá: Ediciones Antropos, 1992) 486.

⁹. Alfonso Araujo, "Plan definitivo de Obras Públicas", Bogotá, diciembre de 1931. Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, legajo 2722, f. 10.

¹⁰. "Escritura 888", Bogotá, 28 de mayo de 1937. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 3.^a.

¹¹. Eusebio S. de Santamaría, "Oficio del Director General de Edificios al gerente de Scadta", Bogotá, 9 de abril de 1940. AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 749, f. 159.

¹². Eusebio S. de Santamaría, "Memorando del Director General de Edificios Nacionales", Bogotá, 19 de septiembre de 1940. AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 749, f. 374.

¹³. Roberto Cortázar, "Oficio de la Academia Colombiana de Historia al Ministro de Obras Públicas", Bogotá, 24 de abril de 1939. AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, f. 105.

¹⁴. Cortázar, "Oficio de la Academia... ", Bogotá, mayo 2 de 1939. AGN, Bogotá. S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, ff. 113-115.

¹⁵. Carlos Niño, Arquitectura y Estado (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1991) 127.

¹⁶. Tomás Rueda Vargas, "Oficio al Presidente de la Republica y Ministros de Educación Nacional y Obras Públicas", Bogotá, mayo 12 de 1939.AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, f. 131.

¹⁷. Rueda Vargas, "Oficio al Presidente de la...", Bogotá, mayo 12 de 1939.AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, f. 131.

¹⁸. Rueda Vargas, "Oficio al Presidente de la...", Bogotá, mayo 12 de 1939.AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, f. 131.

¹⁹. Rueda Vargas, "Oficio al Presidente de la...", Bogotá, mayo 12 de 1939.AGN, Bogotá, S. República, F. Ministerio de Obras Públicas, leg. 274, f. 131.

²⁰. "Fue vendido un lote a 528 la vara cuadrada", El Tiempo [Bogotá] 11 sept. 1943: 15.

No tuvo conocimiento el ciudadano que escribió la nota arriba reseñada, del valor pagado por el gobierno nacional a los propietarios de locales que se encontraban ocupando el primer piso sobre la Carrera 7.^a del antiguo convento de Santo Domingo. En 1940, la señora Bodmer vendió al gobierno el local ubicado junto al atrio de la iglesia y frente a la Carrera 7.^a, que contaba con un área de 61.12 metros cuadrados, en la suma de $62.000. En general, el Ministerio de Obras Públicas, administrador de la obra del nuevo Palacio de Comunicaciones canceló por concepto de compra y expropiaciones realizadas sobre la totalidad de los catorce (14) locales que ocupaban todo el frente del antiguo convento sobre la Carrera 7.^a, la suma de $517.788,96. El área total aproximada de estos locales era de 457 metros cuadrados.

²¹. "Fue vendido...", El Tiempo [Bogotá] 11 sept. 1943: 15.

²². "Fue vendido...", El Tiempo [Bogotá] 11 sept. 1943: 15.

²³. "Copia de la Resolución n.^o 531 de 1946". Archivo de la Provincia Dominicana de San Luis Bertrán de Colombia (APCOP), Bogotá, F. Conventos-Bogotá. C. 4, C. 7, f. 8.

²⁴. "Escritura 3412", Bogotá, 18 de diciembre de 1947. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a, f. 99.

²⁵. "Copia de la Resolución n.^o 531 de 1946". APCOP, Bogotá, F. Conventos-Bogotá. C. 4, C. 7, f. 8.

²⁶. "Escritura 2798", Bogotá, 19 de julio de 1946. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a.

²⁷. "Escritura 2765", Bogotá, 18 de julio de 1946. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a.

²⁸. "El histórico templo de Santo Domingo fue vendido a plazos", El Siglo [Bogotá] 30 jul. 1946: 1.

²⁹. Laureano Gómez, "Nada más que 100 X 100", El Siglo [Bogotá] 30 jul. 1946: 4.

³⁰. Gómez, "Nada más...", El Siglo [Bogotá] 30 jul. 1946: 4.

³¹. Gómez, "Nada más...", El Siglo [Bogotá] 30 jul. 1946: 4.

³². "Escritura 6159", Bogotá, 17 de noviembre de 1950. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 4.^a, ff. 62-74.

³³. "Escritura 5513", Bogotá, 19 de octubre de 1950. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 4.^a, ff. 514-525.

³⁴. "Escritura 5960" Bogotá, 14 de septiembre de 1951. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 2.^a, f. 11.

³⁵. "Escritura 2055", Bogotá, 27 de julio de 1964. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a.

³⁶. "Escritura 1790". Bogotá, 15 de abril de 1955. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 2.^a.

³⁷. En 1956, Ramón Muñoz Toledo le ofició a Catastro solicitando "señalar nueva nomenclatura a un lote de su propiedad que conformó por Escrituras 5229 (Notaría 1.^a) 3305 (Notaría 6.^a) 3143 (Notaría 6.^a) a continuación de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones ENR con un área actual global de 597,73 metros cuadrados". Ver Ramón Muñoz Toledo, "Oficio de Ramón Muñoz Toledo a Catastro", Bogotá, 1956. Archivo de Bogotá (AB), F. Unidad Administrativa de Catastro, S. Cédulas Catastrales, caja 401.1004, carpeta 04, f. 104.

³⁸. "Escritura 321", Bogotá, 6 de febrero de 1947. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 1.^a.

³⁹. El edificio, de propiedad del Banco Comercial Antioqueño fue diseñado en 1965 por la reconocida firma Obregón & Valenzuela. Se asume que Ramón Muñoz Toledo tuvo que vender, entre 1956 y 1960, a su vez, el predio que había conformado anexo a la ENR para que el Banco diseñara y construyera este edificio en 1965.

⁴⁰. "La venta de Santo Domingo aún no ha sido registrada", El Siglo [Bogotá] 27 jul. 1946: 1.

⁴¹. "Escritura 3411", Bogotá, 18 de diciembre de 1947. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a, ff. 78-91.

⁴². "Escritura 3411". AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a, f. 78.

⁴³. "Escritura 3412", Bogotá, 18 de diciembre de 1947. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a, ff. 92-107.

⁴⁴. "Escritura 2798", Bogotá, 19 julio 1946. AGN, Bogotá. S. Notarías, F. Notaría 5.^a, f. 850.

⁴⁵. Gómez, "Nada más...", El Siglo [Bogotá] 30 jul. 1946: 4.

⁴⁶. "Acuerdo 43 de 1945. Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el impuesto de valorización y sobre apertura o ampliación de vías de corta longitud". Régimen legal de Bogotá D.C. Compilación de normatividad, doctrina y jurisprudencia. Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8721

⁴⁷. "Escritura 3070", Bogotá, 17 de diciembre de 1948. AGN, Bogotá, S. Notarías, F. Notaría 5.^a, ff. 393-419.

⁴⁸. Carlos Martínez Cabana, "La vida o la muerte del Templo Santo Domingo", Cromos 1543 (1946): 57

⁴⁹. "Escritura 1112", Bogotá, 22 de mayo de 1950. AGN, Bogotá. S. Notarías, F. Notaría 4.^a, ff. 168-176.

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