http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v41n1.44750

JULIANA JARAMILLO JARAMILLO
Universidad Nacional de Colombia
Medellín, Colombia
jjaramij@unal.edu.co

Artículo de investigación.
Recepción: 5 de agosto de 2013. Aprobación: 17 de noviembre de 2013.

En el siglo XIX colombiano, se dio un amplio consenso sobre la importancia que la educación estaba llamada a jugar en el devenir nacional. Tal acuerdo se reflejó en la centralidad que ocupó la educación en la vida pública, en las publicaciones periódicas, en los pronunciamientos de las élites intelectuales, en los programas de los partidos políticos y, por supuesto, también en la agenda de los gobiernos que se sucedieron a lo largo de ese periodo; en todos estos aspectos, la "cuestión educativa" suscitó un interés privilegiado. Aunque surgieron posiciones divergentes respecto al modelo pedagógico que debía ponerse en práctica en el país, como los enfrentamientos entre liberales y conservadores sobre el carácter laico o confesional de la educación, aquellas diferencias no cuestionaron el postulado esencial según el cual la educación era un medio indispensable para alcanzar el progreso y la civilización, dos ideales que marcaron fuertemente el horizonte cultural de la época.

En la historiografía sobre el siglo XIX colombiano, el tema de la educación ha llamado la atención de no pocos autores. Uno de los problemas que mayor interés ha suscitado entre los investigadores de este campo ha sido el del papel que jugó la educación en el proceso de formación del Estado nacional. Cuestiones como las reformas de instrucción pública que impulsaron los gobiernos, las prácticas y discursos pedagógicos que fueron promovidos para difundir los nuevos valores y principios de la "modernidad" y el papel que jugó la cuestión educativa en del conflicto ideológico entre sectores tradicionalistas y liberales por la definición de la identidad nacional, por ejemplo, han marcado las pautas en los trabajos orientados por la problemática de la construcción del Estado nacional -entre otras temáticas-.¹

Otro rasgo característico de la historiografía educativa del siglo XIX colombiano es el enfoque institucional y político que han adoptado algunos estudios, según el cual los fenómenos educativos tienden a ser analizados en función de aspectos como la legislación escolar, los planes de estudio, las instituciones y, en términos generales, lo que se conoce como la "política educativa". Este tipo de acercamiento -que, valga decir, sigue siendo predominante en dicho campo de estudio hasta el día de hoy- ha sido, no obstante, objeto de varias críticas desde hace algún tiempo. Para diferentes autores, el excesivo protagonismo que, desde este enfoque, suele darse al Estado y a la pródiga legislación escolar expedida por él ha llevado a desconocer el papel que desde la sociedad distintos individuos y grupos sociales pudieron haber desempeñado como agentes educativos. Como planteara Renán Silva, aquel enfoque "impide observar de qué manera hay corrientes que 'suben' de la sociedad hacia el Estado";² esto es, de qué manera la población -ya fuera a través de demandas educativas o a través de las propias iniciativas pedagógicas que se llevaron a cabo-, se convirtió también en una fuerza motora de desarrollo educativo, al lado del aparato estatal.

Desde hace algunos años, trabajos como los de François Furet y Jacques Ozouf sobre el proceso de alfabetización en la Francia moderna (Lire et écrire: L'alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry),³ y como los de Pilar Gonzalbo Aizpuru y Sol Serrano (producidos en el ámbito historiográfico hispanoamericano),⁴ entre algunos otros, han contribuido notablemente a configurar una visión más compleja y matizada de la historia educativa, diferente a la que tiende a representarla -siguiendo a Serrano- como un "proceso lineal ascendente centrado en el Estado".⁵ En sus trabajos, estos autores proponen comprender la educación como un proceso social y cultural complejo, antes que como un fenómeno meramente institucional, y privilegian, en este sentido, un examen de los procesos educativos en función de los individuos y sus horizontes culturales y mentales, antes que uno en relación con las leyes, las instituciones y la política estatal.

Los estudios adelantados desde estas nuevas propuestas han sacado a relucir fenómenos educativos más complejos y diversos. Por un lado, dan cuenta de la gestión pedagógica de un número mayor y más variado de actores individuales y colectivos: grupos familiares, comunidades locales, órdenes religiosas, sociedades literarias, organizaciones benéficas, etc.; y por otro, se interesan por mostrar cómo, al lado de los establecimientos de instrucción tradicionales, como las escuelas, se desarrolló, en otros espacios y bajo otros medios, una gran variedad de prácticas de enseñanza, que aunque tuvieron un carácter más espontaneo e informal, no por ello resultan menos importantes para comprender y explicar los avances ocurridos en el campo de la educación.

Entre finales del siglo XVIII en la Nueva Granada -según afirma Silva en su estudio sobre la alfabetización-⁶ y a lo largo del periodo republicano, podemos encontrar numerosas pruebas del interés que despertó la educación en la sociedad. Por su propia cuenta, los particulares a menudo emprendieron acciones e iniciativas educacionistas, incluso antes que los mismos gobiernos lo hicieran. No es raro, por ejemplo, constatar en la documentación histórica que, detrás de la expedición de alguna ley que dispusiera la creación de una escuela, estuviera la solicitud de "padres de familia" o de "vecinos" de algún poblado, "suplicando" a las autoridades el debido permiso para establecerla o la solicitud de los recursos para su organización.

En las ciudades, pueblos e incluso en las más pequeñas aldeas se fundaron escuelas privadas para suplir la falta de planteles oficiales o complementar los ya existentes. Los particulares donaron su tiempo, su trabajo y sus recursos para propósitos tan distintos como construir el local donde habría de establecerse la escuela, dotar con textos de enseñanza y material pedagógico a los alumnos, cubrir los sueldos de los maestros o servir en las labores de inspección y administración escolar. En síntesis, trabajaron para hacer posible la enseñanza allí donde la acción oficial era insuficiente, y en muchas ocasiones no iba más allá de la disposición legal que las autoridades expedían, complaciéndose de cumplir de este modo su "deber sagrado" de fomentar la instrucción.

La población no solo adelantó sus propias iniciativas y estrategias educacionistas, sino que también se convirtió en un soporte clave de los gobiernos al colaborar con ellos en sus funciones educativas. El propósito de este artículo es explorar algunos aspectos de la participación de la sociedad en la educación, mediante la descripción de la actividad pedagógica desarrollada por varias asociaciones voluntarias durante las décadas de 1860 a 1880. El importante impulso que tomó la instrucción durante estos años se manifestó en el aumento de las escuelas, la población estudiantil y los maestros graduados profesionalmente.⁷ Este fenómeno no se debió únicamente a la obra de los gobiernos y las reformas instruccionistas que varios de ellos adelantaron durante esta época,⁸ sino que, como se pretende mostrar, también gracias a las acciones adelantadas individualmente por algunos particulares, quienes también impulsaron sus propuestas desde asociaciones de diversa índole, como clubes políticos, sociedades literarias, asociaciones católicas, sociedades caritativas, etc. Esta clase de organizaciones -que se expandirían en el país hacia mediados del siglo- convocó una cantidad considerable de personas de distintas procedencias sociales y culturales, interesadas en participar en el devenir de la vida pública y en contribuir a la realización de reformas "progresistas".⁹

Para los gobiernos republicanos del siglo XIX, las asociaciones voluntarias se constituyeron en una fórmula ideal para sacar adelante sus proyectos de construcción nacional. Según señala Hans König, casi todas las primeras constituciones neogranadinas de la década de 1810 llamaron la atención sobre la importancia de fomentar la creación de sociedades patrióticas y sociedades económicas de amigos del país.¹⁰ Por medio de estas organizaciones, los gobiernos, además de incentivar la participación de la población en obras de "utilidad general", buscaban dar un cauce racional a los recursos y servicios que los particulares quisieran ofrecer a favor de la patria. Estas sociedades estaban llamadas, por lo tanto, a ocuparse de la promoción de ramos tan distintos como la agricultura, el comercio, las artes, la industria y la educación. Entre sus tareas también figuraba la de auxiliar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas, y un ejemplo de ello se encuentra en las constituciones de Cundinamarca (1811) y de Cartagena (1812), que encargaban a aquellas sociedades, "como uno de los mayores servicios que puede hacer a la república", del cuidado y la vigilancia de las escuelas oficiales y particulares.¹¹

La promoción de esta clase de sociedades auxiliares no fue, sin embargo, una práctica originada por los gobiernos republicanos. Antes que estos, la monarquía española había hecho uso de la misma estrategia cuando, hacia 1774, en el marco de su política ilustrada, quiso hacer de este tipo de organizaciones un medio para impulsar su programa de reformas borbónicas en la península y sus territorios americanos.¹² Podría pensarse, en este sentido, que las nuevas élites republicanas, al tener que afrontar dificultades similares a las que en su momento experimentaron las autoridades virreinales, como la precariedad de los recursos económicos y del personal burocrático con que disponían para adelantar sus planes reformistas, encontraron, al igual que sus predecesoras, una forma de remediar aquella clase de dificultades por medio del fomento de prácticas asociativas. Para las élites gobernantes, por ende, las asociaciones se constituyeron en un mecanismo clave para convocar el voluntarismo de la población alrededor del proyecto de construcción nacional. Como lo daban a entender los redactores del periódico El Promotor, de Barranquilla, las asociaciones "constituyen ó por lo ménos pueden llegar á ser una de las mejores y mas activas formas de patriotismo cívico".¹³

Cuando se trataba de incentivar el activismo asociativo entre la población, los gobiernos acudían a menudo a argumentos tomados del discurso cívico-republicano. Aludiendo a la idea de los derechos y deberes cívicos, las autoridades argumentaban que en un régimen republicano todos estaban llamados a prestar su colaboración y, como afirmaba el inspector de instrucción pública de Ocaña, a "darle impulso a esa máquina que llamamos Gobierno i que necesita para marchar con regularidad el apoyo de todos los ciudadanos".¹⁴ Ignacio Herrera, miembro del Consejo de Instrucción Pública de Vélez, afirmaba algo similar al referirse al ramo educativo y señalar que este no podía depender exclusivamente de los empleados oficiales, sino que en su funcionamiento también debía intervenir, de manera "directa i eficaz", la población civil: "Siendo el Gobierno popular representativo, el Gobierno de todos i para todos", afirmaba Herrera, los ciudadanos no solo tenían derechos, sino también deberes:

(...) deberes no solamente legales i de accidental cumplimiento, sino morales i de carácter permanente: tiene el deber de servir a ese gobierno que es obra de su voluntad, en toda ocasión en que este lo necesite (...). Estos deberes, son si duda de penoso cumplimiento; pero para abstenerse de desempeñarlos, es preciso renunciar a aquellos derechos; pues en el órden político, como en el órden social, no hai nada que sea verdaderamente gratuito.¹⁵

El republicanismo, sin embargo, no fue el único recurso retórico a la mano: el discurso religioso fue tan importante como el republicanista para los propósitos descritos. En efecto, también las alusiones a la doctrina cristiana de la caridad y el amor fraternal eran comunes cuando se buscaba incentivar en la población la práctica asociativa y su participación en obras a favor del progreso de la sociedad. Así, a pesar de su estrecha vinculación con la esfera de lo religioso y sagrado, la doctrina cristiana también devino en una fórmula bastante empleada para promover toda clase de iniciativas diferentes a las propiamente relacionadas con el culto, por ejemplo, la organización de sociedades patrióticas, el fomento de industrias, la publicación de periódicos pedagógicos, la fundación de escuelas, entre otras diversas.¹⁶

La promoción de asociaciones voluntarias por parte de los gobiernos fue particularmente significativa en relación con el campo educativo. Los distintos proyectos de instrucción pública impulsados a lo largo del siglo XIX, desde las primeras medidas sobre educación expedidas en la década de los veinte hasta el plan de estudios de 1886 del gobierno de Rafael Núñez,¹⁷ contemplaron entre sus disposiciones el establecimiento o la promoción de sociedades educativas. Aunque la instalación de muchas de estas asociaciones -si no de la mayoría- no siempre se llevó a cabo, algunas de las que sí lo hicieron, como fue el caso de las sociedades de educación primaria que se establecieron en Popayán, Bogotá y Neiva en la década de 1830, dejaron en su momento una impronta significativa en la vida educativa de sus respectivas poblaciones.¹⁸ Así, por ejemplo, lo recordaba José Manuel Groot hacia 1872 al referirse a la Sociedad de Educación Primaria de Bogotá -para entonces ya extinta- y a su importante contribución en dicho campo.¹⁹ Según comentaba Groot, -uno de los miembros de dicha sociedad, junto a otras destacadas figuras de la época, como Rufino Cuervo, Vicente Azuero, el coronel Joaquín Acosta y el arzobispo Manuel José Mosquera, presidente de ella durante largo tiempo- había logrado recoger fondos suficientes entre sus más de doscientos socios, donaciones particulares y el auxilio dado por el gobierno para comprar un terreno y construir un edificio destinado a servir de Escuela Normal y Escuela Parroquial. En 1876, y al cabo de cuatro años de trabajos, ambas escuelas fueron inauguradas "con gran solemnidad", al decir de Groot.

Para las décadas de 1850 y 1860, la mayoría de este tipo de sociedades desaparecería de la escena pública debido al convulsionado ambiente político y a la desestabilización producida por las reformas liberales y los consiguientes conflictos bipartidistas.²⁰ Años más tarde, sin embargo, las reformas instruccionistas adelantadas en la década del setenta por el gobierno de la Unión y algunos estados federales nuevamente impulsarían la organización de sociedades dedicadas al fomento educativo. Dentro de este nuevo grupo, algunas de las asociaciones que alcanzarían una mayor expansión fueron las sociedades de institutores, cuya creación se disponía en el Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria -DOIP-, expedido por el poder ejecutivo de la Unión el 1.º de noviembre de 1870.²¹ Como el nombre de estas sociedades lo sugiere, debían ser los maestros de las escuelas oficiales -las de niños y niñas por igual- los llamados en primer lugar a integrarlas; pero adicionalmente el DOIP disponía que también formaran parte de ellas los miembros de los organismos encargados de la inspección escolar a nivel local y departamental (las comisiones de vigilancia y los consejos de instrucción pública, respectivamente) y asimismo los "amigos de la educación" y los estudiantes que a juicio de la sociedad fueran acreedores de tal honor.

Llamadas a apoyar al gobierno en su misión de difundir "las luces en todas las clases sociales", las sociedades de institutores debían trabajar en la formación de una opinión pública favorable a la reforma educativa, enla realización de campañas de donación para las escuelas y en el estudio y la ejecución de medidas tendientes a mejorar la calidad y cobertura de la enseñanza en el país. No menos importante era su tarea de "sostener el honor de la profesión", un objetivo que se debían lograr, por un lado, estimulando la instrucción recíproca entre los institutores, a través de "reuniones regulares, cursos, lecciones aisladas, consultas, conversaciones, tesis escritas [...]"; y por otro, procurando que estos tuvieran una conducta moral digna y acorde con el modelo de "buenos ciudadanos".

No obstante el alcance nacional que el gobierno confirió a su programa educativo y la aprobación del DOIP (con modificaciones) por todos los estados soberanos a excepción de Antioquia (que para el momento era gobernada por el partido opositor), las sociedades de institutores no llegaron a instalarse realmente sino en Santander. En este Estado su organización fue rápida y efectiva -tan solo en los dos primeros años de vigencia del DOIP se fundaron cerca de veintiséis sociedades-,²² gracias a la celosa gestión de su director de instrucción pública, el liberal radical Dámaso Zapata, quien era sin duda uno de los más entusiastas abanderados de la reforma educativa. Las actas producidas por estas sociedades en sus reuniones, varias de ellas publicadas en el periódico La Escuela Primaria, dan cuenta del interés especial que aquellas tuvieron por alentar la formación intelectual de los maestros, así como por emprender variadas iniciativas a favor de las escuelas y sus estudiantes. Podría mencionarse, como un ejemplo, el caso de la Sociedad de Institutores de Pamplona. En una de sus primeras sesiones, esta sociedad acordó que todos los maestros de escuela del Estado debían comprometerse a elaborar cada mes un ensayo sobre el tema que fuera elegido por su presidente; en esa misma sesión, realizada el 10 de marzo de 1872, también se aprobó una propuesta según la cual cada uno de sus miembros debía contribuir con una obra para aumentar la biblioteca de la escuela modelo.²³

Si bien no se ocuparon exclusivamente de la educación, las sociedades de fomento que se establecieron en el Estado Soberano de Antioquia hacia 1871 por iniciativa de su presidente, Pedro Justo Berrío, también hicieron aportes significativos en este campo.²⁴ Con cerca de cuarenta y seis sociedades de este tipo instaladas en distintas poblaciones de la región, este constituye el caso de mayor número de asociaciones con fines auxiliares promovidas por los gobiernos de la época. Para Berrío, quien ocuparía la presidencia de ese estado por cerca de una década de manera ininterrumpida, entre 1864 y 1873, las sociedades de fomento se constituían en un medio clave para impulsar su proyecto modernizador en el Estado, proyecto que podríamos resumir aquí de manera rápida enunciando la consigna con que se identificaba su gobierno: "escuelas y caminos".²⁵ En esta medida, entonces, el mismo Berrío se encargaría de hacer un llamado a la población y, de manera especial, a los principales vecinos o notabilidades de la región, incluyendo entre ellos a los curas párrocos, para que formaran parte del personal de dichas sociedades y para que, a través suyo, prestaran al gobierno su "cooperación patriótica (...) para dar mayor impulso a las mejoras del Estado".²⁶

A pesar de ser muy poco lo que desde la historiografía se ha dicho sobre las sociedades de fomento,²⁷ una lectura cuidadosa del Boletín Oficial, periódico que sirvió de órgano al gobierno antioqueño, permite conocer varias de las iniciativas que aquellas adelantaron en sus respectivas localidades, al igual que las estrategias que implementaron para llevarlas a cabo. En dos números del Boletín Oficial, por ejemplo, se daba cuenta de las gestiones que habían realizado las sociedades de fomento de Manizales y de Medellín con miras a promover reformas en el ramo educativo. Con respecto a la primera, el Boletín informaba sobre la representación que había dirigido a la "Honorable Legislatura" con el fin de proponer que se abrieran escuelas de enseñanza secundaria en cada uno de los departamentos, y que su sostenimiento fuera costeado con recursos del tesoro del Estado.²⁸ En cuanto a la Sociedad de Fomento de Medellín, el periódico informaba también de una representación, en este caso dirigida a la Dirección General de Instrucción Pública, para recomendar la apertura de una clase de Rudimentos de Arquitectura en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad.²⁹

En el distrito de Santo Domingo, la Sociedad de Fomento se propuso hacia 1872 levantar una suscripción voluntaria entre "todos los vecinos pudientes" para pagar un profesor de medicina que "quiera hacer el servicio médico del distrito".³⁰ Un año antes, la Sociedad de Fomento de Medellín había solicitado a la Dirección General de Instrucción Pública del Estado el permiso para disponer de un local en la ciudad, así como de "fondos necesarios para el arreglo y alumbrado", con el fin de ofrecer a la población conferencias sobre temas instructivos de manera gratuita.³¹ Según explicaba uno de sus miembros, Eduardo Villa, las conferencias públicas, "tan populares hoy en todos los países civilizados", eran un medio fácil y económico de ilustrar al pueblo sobre asuntos diversos de ciencias, industria y literatura:

Resultan muchas ventajas en la enseñanza pública y verbal. Hay en ellas generalmente mas claridad, menos esfuerzo de imaginacion en el oyente, mas recreo, y el interes de la viva voz que atrae siempre al auditorio (...). Ese método en su amena sencillez es el que celebraria que se planteara en nuestro Estado sin alterar en nada las disposiciones que rigen á los planteles de educacion de los cuales quedaria independiente.³²

Ahora bien, es importante señalar que también hubo muchas otras asociaciones que, sin haberse creado por iniciativa oficial, quisieron de igual manera ofrecer sus servicios y auxilios a los gobiernos. En algunos casos, como el Club de Bucaramanga, la ayuda que se prestó fue de carácter económico. Según una nota publicada en La Escuela Primaria el 22 de febrero de 1876, dicha sociedad había realizado un acuerdo con la Corporación Municipal para auxiliar con cierta cantidad de dinero anual a la Escuela Normal de Institutoras del distrito. Aquel auxilio, según acordaron, debía ser usado en la compra de útiles escolares y en la asignación de sobresueldos a sus catedráticos.³³

De otro estilo -para dar un ejemplo más- fue el auxilio que la Sociedad Católica de Medellín prestó al gobierno antioqueño. Fundada en 1872 por el líder conservador Mariano Ospina Rodríguez con propósitos asistenciales, pero sobre todo de militancia religiosa -para "defender y propagar las sanas doctrinas religiosas y morales y combatir las impías", según rezaban sus estatutos-,³⁴ esta sociedad se propuso hacia 1873 servir al gobierno en los ramos de la enseñanza y la inspección escolar. Por medio de una nota dirigida al director general de instrucción pública el 3 de octubre de ese año, la Sociedad Católica afirmaba su deseo de auxiliar las labores de dicha Dirección, a partir de comisionar a algunos de sus miembros "para visitar los establecimientos de educacion, dar en ellos lecciones de moral y religion y proponer las medidas convenientes para su buena marcha".³⁵ Esta oferta, como era de esperarse, fue bien recibida por el gobierno, que por su parte se comprometió a tomar las medidas necesarias para facilitar a sus miembros el cumplimiento de las tareas que proponían. Gracias a un informe presentado por el presidente de la Sociedad Católica en marzo de 1874, podemos confirmar que las labores de inspección y enseñanza ya habían iniciado y que, al parecer, marchaban exitosamente. En el informe se indicaba que en las dos escuelas normales (una masculina y otra femenina), las dos escuelas modelos y las cinco escuelas elementales (tres de niños y dos de niñas), los socios daban lecciones en materia religiosa y realizaban cada tanto tiempo las visitas de inspección.³⁶

De otras maneras distintas a las descritas, las asociaciones voluntarias buscaron responder a las dificultades que afrontaron los gobiernos para satisfacer las necesidades y expectativas propias de la sociedad. Si bien es cierto que uno de sus grandes tropiezos fueron los limitados recursos del tesoro público, es necesario anotar que estos no siempre fueron el único ni el mayor problema que tuvieron las autoridades. En este sentido, también habría que considerar, además de la penuria del fisco, las carencias que afrontaron en el plano burocrático, que no solo se debieron al escaso número de empleados que tenían a su disposición, sino también en gran medida a la poca idoneidad o competencia de las personas que estaban a cargo de servir los empleos públicos. Al respecto, según se constata en la documentación oficial de la época, cabe mencionar que eran comunes las quejas de las autoridades centrales, debido a la gestión de las corporaciones municipales y al hecho de que los cargos en ellas fueran ocupados por individuos "menos idóneos", entre los cuales, como afirmaba el autor de un artículo publicado en El Mensajero, había muchos que no sabían siquiera leer y escribir:

El buen servicio municipal, el primero i más útil de los servicios públicos i la base del gobierno republicano, no puede prestarse por funcionarios que no sepan leer i escribir; pero en la jeneralidad de nuestros distritos es frecuente ver a los jueces i a los alcaldes firmar por tercera mano.³⁷

Los redactores de El Promotor se referían también a este tipo de problemas para plantear la importancia de las asociaciones y proponer que los estados de la Unión promovieran la creación de sociedades de fomento, similares a las que habían sido establecidas por el gobierno antioqueño. Según los redactores, este tipo de sociedades podrían suplir la negligencia e indiferencia que caracterizaban a las corporaciones municipales, un hecho que era palpable en "los muchos signos de nuestro lamentable atraso": "[L]as municipalidades deberian haber hecho, de tiempo atras, lo que ahora esperamos de las juntas ó sociedades de fomento, pero... ya se sabe lo que son entre nosotros semejantes cuerpos".³⁸

Las relaciones que se desarrollaron entre los gobiernos y las asociaciones voluntarias, antes que ser unilaterales, se caracterizaron por ser de colaboración recíproca. En efecto, no siempre fueron las autoridades oficiales las que recibieron el auxilio de las asociaciones, sino que a menudo también fueron estas últimas las que obtuvieron de los gobiernos de turno la protección necesaria para la realización de proyectos de variado orden. A esta reciprocidad en los auxilios indudablemente debió contribuir la idea -que fue en términos generales bien vista por los contemporáneos- de que era un deber de los gobiernos fomentar y auxiliar las iniciativas de los particulares que podían contribuir a un mayor progreso de la sociedad. Las autoridades, de hecho, desde las que funcionaban a nivel local hasta las nacionales, dieron múltiples pruebas en este sentido. A través de auxilios económicos y otras formas de ayuda, favorecieron desde iniciativas de carácter asistencial como los asilos de niños y hospitales creados por asociaciones de caridad, hasta iniciativas de orden educativo y cultural, como las escuelas privadas, las bibliotecas y las publicaciones literarias.

El periódico que hacia 1871 publicaban los hermanos Torres en Tunja con el nombre de El Álbum de los Niños, y el que en 1878 redactaba Adriano Páez en Bogotá, llamado La Patria, son, entre muchos otros, dos ejemplos de lo anterior. Ambas publicaciones, cuyo contenido fue de orden literario y pedagógico, fueron auxiliadas por corporaciones municipales a través de suscripciones a cierta cantidad de sus ejemplares.³⁹ También varios directores de escuelas particulares recibieron con frecuencia apoyo oficial, en ocasiones, auxilios pecuniarios y en algunas otras, material pedagógico como útiles, textos y mobiliario escolar. La escuela libre (privada) de la señorita Juana Josefa Meza fue una de las tantas escuelas que durante el periodo se vieron beneficiadas con un auxilio oficial. Hacia 1872, la Corporación Municipal de Medellín, posiblemente considerando que la escuela de la "señorita Meza" era la única que existía para niñas en ese momento en la fracción de Aguacatal (Medellín), acordó concederle un auxilio de ocho pesos mensuales, a cambio de los cuales su directora debía comprometerse a enseñar a mínimo ocho niñas "de las más pobres de la fracción (...) sin exigirles remuneracion ninguna" y, adicionalmente, a no cobrar más de ochenta centavos mensuales a cada una de sus alumnas.⁴⁰

Durante el periodo abordado, a menudo las asociaciones voluntarias también canalizaron varios de los recursos que los gobiernos destinaron al fomento de iniciativas particulares. De hecho, debido a su mayor grado de organización, su capacidad de gestión más efectiva y la vocación filantrópica que las caracterizaba -por lo menos, a muchas de ellas, como las sociedades educativas y de caridad-, los contemporáneos creyeron que este tipo de organizaciones podían desempeñar una tarea de mediación ideal en la distribución y racionalización de los recursos que, tanto los gobiernos como los particulares, estaban dispuestos a ofrecer. Posiblemente esta era la percepción que tenía el cura de Ituango (Antioquia), Justiniano Madrid, cuando decidió confiar a la sociedad católica establecida en su distrito la repartición de varios útiles y textos escolares que había querido donar a favor de las escuelas libres.⁴¹

Dentro del conjunto de asociaciones que durante la segunda mitad del siglo XIX recibieron mayor apoyo oficial, se encuentran indudablemente las sociedades de San Vicente de Paúl. Originadas en Francia hacia 1834, estas sociedades habían comenzado a establecerse en el país desde finales de la década del cincuenta -la primera de ellas se instaló en Bogotá en 1857-, y eran ampliamente reconocidas por la fecunda labor benéfica que ejercían en diferentes países del mundo. Los gobiernos, como reconocimiento a los importantes servicios sociales que prestaban, les otorgaron auxilios que, en buena parte, fueron empleados para el sostenimiento de los establecimientos de beneficencia que estaban a su cargo, desde hospitales y casas de asilo hasta escuelas-internados y talleres para la enseñanza de oficios.⁴² Aunque la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, fundada en Bogotá hacia 1878, no se expandió como lo hicieron las sociedades de San Vicente de Paúl (que para 1873 ya se encontraban instaladas en cerca de veinticuatro poblaciones del país), su labor en el campo benéfico también fue particularmente importante. Así, dicha sociedad habría de recibir, en diferentes oportunidades, auxilios por parte de organismos públicos. Uno de ellos, según informaba hacia 1879 El Cachaco, era el que el Congreso Nacional consideraba otorgarle. De acuerdo con el autor de la nota publicada en este periódico, el Congreso ya había aprobado en su segundo debate un proyecto de ley con el que se buscaba auxiliar, con la importante suma de tres mil pesos, la iniciativa de aquella sociedad de crear una escuela de artes y oficios dentro del hospicio infantil que manejaba.⁴³

También las sociedades de caridad organizadas por mujeres con el nombre de asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús merecieron a menudo la anhelada protección oficial. Hacia 1874, por ejemplo, las integrantes de esta asociación establecida en la ciudad de Pasto, dirigieron un memorial a la Corporación Municipal para solicitarle que, "en nombre del Señor, se sirva destinar de sus rentas, un auxilio pecuniario para la fundacion de una Escuela-taller, donde pueda la seccion catequista de la Sociedad educar con provecho a todas las niñas pobres del lugar".⁴⁴ Después de que su solicitud pasara por el examen de una comisión nombrada ex profeso, y de haber sido aprobada por sus vocales bajo el argumento de que "en el estado actual de nuestra Sociedad, nada es mas importante que fomentar los establecimientos de educacion basados sobre los saludables principios de la moral cristiana", la corporación pastusa acordó, mediante una ordenanza, conceder un auxilio de veinte pesos mensuales a dicha asociación para los propósitos descritos.⁴⁵

Sin embargo, cabe señalar que los auxilios que solicitaron y recibieron las asociaciones no siempre fueron pecuniarios. La solicitud realizada por la Sociedad Filológica de Pasto a la Corporación Municipal, por ejemplo, consistió en pedir el permiso de ocupar uno de los cuartos de su casa consistorial para poner a disposición de un público mayor los libros de la biblioteca de la sociedad.⁴⁶ En el distrito de Cerritos (Estado Soberano del Cauca), el funcionario a cargo de la inspección escolar, Joaquín Polo, autorizó a la Sociedad Democrática el uso del local y los útiles de la escuela primaria para que sus miembros instalaran en ella una escuela nocturna para adultos.⁴⁷ Como un último ejemplo, cabe mencionar la solicitud que dirigió la Sociedad Unión de Artesanos de Bogotá a la Asamblea Legislativa de Cundinamarca con el fin de pedir, "en favor de las hijas de los artesanos", algunas becas en el Colegio de la Merced, que era el único colegio público de enseñanza secundaria para mujeres que existía en la ciudad. A pesar de su empeño, la petición de los artesanos no fue aprobada por aquel organismo. Según expresaría uno de sus miembros, "esa fué una vaga esperanza, pues en los últimos dias de las sesiones fué negada".⁴⁸

Las asociaciones voluntarias no solo se dirigieron a los gobiernos con miras a obtener la anhelada protección oficial, sino también con el objeto de formular propuestas, demandar reformas, manifestar sus críticas y, por supuesto, defender también los intereses de sus asociados. Para muchos de estos propósitos, las asociaciones recurrieron, además de las solicitudes escritas que dirigían a las autoridades, a la prensa; específicamente a los periódicos que varias de ellas fundaron, como en el caso de la mencionada Sociedad Unión de Artesanos, que a través del órgano de publicidad que sus miembros crearon con el nombre de La Alianza hicieron conocer sus propuestas. Si juzgamos por el importante peso que tuvieron en su periódico las publicaciones sobre temas educativos a lo largo de sus tres años de impresión (1866-1868), no cabe duda que para esta sociedad la educación se constituyó en una de sus mayores prioridades. Este, de hecho, es un aspecto sobre el cual ya había llamado la atención la historiadora norteamericana Jane Rausch, al rescatar en su estudio sobre la reforma instruccionista de 1870 las múltiples iniciativas que adelantaron los artesanos y esta sociedad en particular en pro de mejorar sus oportunidades de instrucción. Refiriéndose a La Alianza, la autora señalaba que este periódico había publicado más artículos en apoyo de la instrucción pública que todos los otros periódicos juntos que aparecieron en Bogotá durante esos mismos años (entre 1866 y 1868).⁴⁹

Algunas de las publicaciones de La Alianza sobre el tema en cuestión tendrían el propósito de hacer una crítica a la gestión educativa de los gobiernos; en ocasiones, mediante la alusión a casos y situaciones concretas que claramente evidenciaban la acción negligente de las autoridades en dicho campo. Así era, por ejemplo, lo que según uno de sus artículos sucedía con las escuelas para niñas de los barrios de La Catedral y San Victorino. Según afirmaba el autor de la nota, la primera de estas escuelas se encontraba abandonada a "su suerte (...) sin útiles, sin elementos, y detenida la enseñanza a cada paso", mientras la segunda había tenido que cerrar porque a su directora no se le pagaban sus sueldos, "sino en papeles desacreditados".⁵⁰ Otros de los artículos publicados en La Alianza se dirigían menos a la sanción que a la presentación de toda clase de propuestas educativas que la sociedad consideraba indispensables para mejorar el nivel intelectual de los artesanos y de las clases trabajadoras en general, así como sus condiciones de vida material. Una de esas propuestas fueron las llamadas escuelas de artes y oficios. La creación de estos establecimientos, que desde años atrás los distintos gobiernos habían estado prometiendo fundar para beneficio de los sectores populares, se constituyó en una de las demandas más persistentes y anheladas de los artesanos. Lo poco que efectivamente se lograría en este campo fue uno de los motivos que mayor desilusión causó a los artesanos,⁵¹ que así lo daban a entender con evidente indignación en un artículo que publicaron en 1868 con el título "Para los artesanos no hai nada":

Hace tres años, poco mas o menos, que el convento del Carmen, por una lei del Congreso antepasado, fué destinado para colejio de artes, que denominaron al principio colejio republicano, después le  llamaron instituto nacional, i por último se llama universidad. Cada año tiene nuevo nombre, i por lo que vemos se volverá como el Capitolio, obra en proyecto.

(...)

[¿]Esto qué prueba? Que para los artesanos no hai nada, i luego nuestros traficantes en politica nos llenan la cabeza de discursos, diciéndonos que somos el soberano (...).⁵²

Si bien por razones distintas a las de los artesanos de la unión, las escuelas de artes y oficios también fueron una de las iniciativas más fuertemente promovidas por la Sociedad Didáctica de Santander. Para esta sociedad, fundada en El Socorro hacia 1875 e integrada mayoritariamente por institutores, las escuelas de artes, lo mismo que otras escuelas similares como las de agricultura, eran importantes por la necesidad de dar a la enseñanza una orientación más práctica: "Sin Escuelas de Artes i Oficios no concebimos ni nos explicamos el empeño del Gobierno en instruir a todos los jóvenes, pues la simple instruccion abstracta i literaria es más perniciosa que útil".⁵³ La idea de que este carácter práctico era un aspecto del que carecían las escuelas oficiales en el país llevó a la Sociedad Didáctica a emprender una enérgica campaña a favor de dichos establecimientos. Una de las principales estrategias que adelantaron en este sentido consistió en la publicación sistemática, en su periódico El Pestalozziano, de artículos orientados a explicar las razones por las que convenía establecer aquella clase de escuelas en el Estado. Durante los once meses que su hoja saldría a luz (desde septiembre de 1875 hasta agosto de 1876, cuando debió suspenderse a raíz de la guerra civil que iniciaría ese año), la Sociedad Didáctica llegó a publicar un total de doce editoriales relacionadas con el tema de las mencionadas escuelas.

Otra de las iniciativas que la Sociedad Didáctica llevaría a cabo con el mismo propósito sería la campaña de recolección de firmas que iniciaron hacia agosto de 1876, entre las "personas notables" del estado, con el objeto de respaldar una solicitud que sus miembros habían redactado y se proponían enviar a la próxima Asamblea Legislativa para pedir a esta que: "[R]ealice el pensamiento redentor de fundar en el Estado una Escuela normal de Artes y Oficios, con profesores extranjeros".⁵⁴ Para tal efecto, entonces, la sociedad se puso en la tarea de remitir una copia de aquella solicitud a varias personas residentes en el Estado, acompañando la misma de una circular en la que sus miembros hacían un llamado a la colaboración patriótica del destinatario:

Los infraescritos hemos pensado unánimemente, que usted, por su alta posicion social en ese distrito i por su amor decidido al progreso i a la moralidad de nuestro país, apoyará de corazón la "Solicitud" adjunta; i manifestamos nuestra confianza en su reconocido patriotismo, suplicándole que recoja bastantes firmas de las personas notables de ese distrito, en apoyo de dicha peticion.⁵⁵

Si bien las escuelas de artes y oficios se constituyeron en una propuesta bastante "popular", que llegó a ser acogida por muchos otros grupos y sectores de la población -además de los mencionados artesanos de Bogotá y los institutores de Santander-, podría decirse que para el periodo que aquí nos concierne, no hubo ninguna otra demanda educativa que hubiera llegado a obtener un respaldo tan fuerte y amplio de la sociedad como aquella que solicitaba al gobierno reformar el plan de estudios a fin de incluir en él la enseñanza de la religión católica, enseñanza que el DOIP (1870) había excluido como materia obligatoria de los establecimientos de instrucción oficiales.⁵⁶

A pesar de los diversos argumentos que emplearía el gobierno liberal para justificar dicha exclusión, entre ellos, por ejemplo, el del principio de la separación entre Iglesia y Estado y el de la libertad de cultos como uno de los derechos individuales garantizados por la Constitución de 1863 ("La profesión libre, pública o privada, de cualquier religión", artículo 15, párrafo 16), aquellas explicaciones no lograron impedir el descontento entre los sectores católicos ni la ola de controversias y movilizaciones que, como consecuencia, se desataría. A raíz de dicha medida, entonces, varios líderes conservadores, como Mariano Ospina Rodríguez, Miguel Antonio Caro, José Manuel Groot y José Joaquín Ortiz, conocidos por sus contemporáneos como los escritores católicos,⁵⁷ emprenderían en compañía de varios obispos y curas una intensa e incendiaria campaña contra el DOIP, acusando al gobierno de pretender utilizar las escuelas para erradicar el catolicismo y la Iglesia de la sociedad colombiana. Algunos de los sujetos mencionados fundaron con ese objetivo periódicos de corte procatólico en las poblaciones donde residían. Por ejemplo: en Bogotá, José J. Ortiz y Miguel A. Caro publicaron La Caridad y El Tradicionista, respectivamente; en Medellín, Ospina Rodríguez lideró la publicación de La Sociedad, en calidad de órgano de la Sociedad Católica de la ciudad; y en Popayán, el obispo Carlos Bermúdez fundó el periódico La Semana Religiosa, mientras que los líderes conservadores, Sergio Arboleda y Carlos Albán, publicaron Los Principios Político-Religiosos.⁵⁸

Por otra parte, los abanderados de la causa católica también promovieron la organización de asociaciones de militancia religiosa como otra de sus estrategias centrales para oponerse al plan educativo liberal. De hecho, más que la prensa, parecen haber sido estas últimas las que en mayor grado lograron convocar y comprometer el respaldo de la población. Así lo sugieren las poco más de ciento cuarenta asociaciones religiosas -entre las que se encuentran sociedades católicas, juventudes católicas y asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús- que se fundaron en el país durante la década del setenta con propósitos como defender la Iglesia y la religión católicas, fortalecer la fe entre la población y combatir las doctrinas "impías".⁵⁹ Pero adicionalmente, dichas sociedades, de conformidad con la vocación benéfica que las caracterizaba (especialmente las asociaciones de mujeres del Sagrado Corazón de Jesús), combinaron sus tareas de militancia religiosa con actividades en el campo de la caridad, comprometiéndose, en esta medida, con toda clase de obras destinadas a "aliviar [según rezaban los estatutos de la Sociedad Católica] la suerte de los pobres",⁶⁰ como hospitales y casas de asilo que algunas de ellas fundaron o ayudaron a sostener con sus recursos.

Para la década del setenta, la oposición que generó el programa educativo liberal entre los sectores católicos condujo a que gran parte de las asociaciones religiosas mencionadas se ocuparan de una preferentemente de la "cuestión educativa". Para tal efecto, varias de estas asociaciones, como la Juventud Católica de Cali, se encargarían de elaborar toda clase de solicitudes y manifestaciones para protestar ante las autoridades contra la ejecución del DOIP. Fue de este estilo, por ejemplo, la solicitud que en agosto de 1872 esta sociedad elevaría a los miembros de la Asamblea Constituyente de su Estado para pedir que se restableciera la enseñanza de la religión en las escuelas. Los jóvenes caleños argumentaban que dicha petición satisfacía "las aspiraciones de todos los habitantes del Cauca" y que, por esa razón, era un deber de los diputados de la asamblea, en tanto representantes del pueblo caucano, corresponder a los deseos y la voluntad de este: "[O]s será satisfactorio establecer la enseñanza de dicha religion porque ella es la de las convicciones de los individuos á quienes representais en una augusta corporacion y cuyos intereses estais obligados á defender, como hombres buenos".⁶¹

Sin embargo, la poca disposición que las asociaciones católicas del Cauca encontraron en los legisladores del estado para atender sus reclamos llevaría a varias de ellas a buscar soluciones alternas a la de las solicitudes escritas. La creación de sus propios planteles de instrucción fue una de estas soluciones. Según plantea Gloria Mercedes Arango de Restrepo, el establecimiento de escuelas católicas -como fueron llamadas las escuelas mediante las cuales buscaban contrarrestar la educación "atea" de los planteles oficiales- se convirtió en una de las mayores prioridades de las sociedades católicas y las asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús instaladas en la región caucana.⁶² Para 1874, Estanislao Gómez Barrientos -en una cita traída a colación por Rausch- calculaba que diez de las treinta y cinco sociedades católicas del Cauca sostenían escuelas de este tipo.⁶³

Aunque, en términos comparativos, las escuelas católicas no lograron competir con la red escolar establecida por el gobierno, que de lejos era mucho más numerosa,⁶⁴ no han de subestimarse los efectos que tuvieron aquellas escuelas ni el alcance que tuvo en general la campaña adelantada por los grupos procatólicos contra el proyecto de instrucción oficial,. Prueba de ello es la guerra civil que estalló en el país hacia mediados de 1876, en la cual justamente la oposición contra la reforma educativa fue uno de los motivos centrales de su desencadenamiento. Así, por lo demás, lo sugiere el nombre con el que aquella guerra fue conocida entre sus contemporáneos: "Guerra de las escuelas".

A través del anterior examen de las prácticas asociativas se ha querido realizar una aproximación al problema sobre el papel desempeñado por la sociedad y sus distintos grupos sociales en los procesos educativos del siglo XIX colombiano. Si bien es cierto que durante este periodo el Estado se constituyó en el agente protagónico de la expansión y modernización educativa del país -un hecho que, como indicaría Sol Serrano, puede extenderse a los demás Estados hispanoamericanos-,⁶⁵ es importante tener presente que también desde la sociedad se llevaron a cabo iniciativas a favor de la educación que, sin lugar a dudas, merecen también rescatarse y estudiarse. En efecto, como se quiso mostrar en las anteriores páginas, por vía del activismo asociativo, numerosos individuos de procedencias sociales muy distintas, hombres y mujeres de las clases altas y bajas de la población se convirtieron también en actores de importancia, al lado del aparato estatal, del desarrollo y la transformación educativa del país.

A través de un conjunto variado de actividades pedagógicas, las asociaciones voluntarias contribuyeron a satisfacer diferentes demandas y necesidades educativas de la sociedad colombiana: se encargaron de reunir recursos para apoyar económicamente las escuelas; gestionaron la publicación y divulgación de textos pedagógicos y lecturas instructivas; acompañaron los procesos educativos al ejercer funciones de inspección en las escuelas; ejercieron presión sobre las autoridades civiles a fin de que prestaran mayor atención al ramo de la instrucción pública; adelantaron campañas de alfabetización, y fundaron sus propios establecimientos educativos y culturales. De este modo, estas organizaciones ayudaron a remediar la precariedad del Estado colombiano durante el siglo XIX -sus limitados recursos tanto económicos como humanos- para proveer de servicios públicos a la población y, particularmente, para cumplir con las funciones docentes que en aquellos años le fueron asignadas.

Como objetos de estudio, las asociaciones voluntarias no abarcan naturalmente la totalidad del fenómeno de la participación de la sociedad civil en la vida educativa. Esta participación no solo fue mucho mayor, sino que se manifestó de formas diferentes a la acción societaria. A pesar de esto, el estudio de estos grupos tiene ya per se la virtud de revelarnos un panorama más rico y diverso de los actores educativos, las prácticas pedagógicas y el público involucrado en procesos de enseñanza, que es, como tal, un panorama que contrasta notablemente con la visión historiográfica "clásica" que tiende a presentar la historia educativa del siglo XIX colombiano como un proceso predominantemente estatal. Frente a esta mirada "estadólatra", cabe entonces llamar la atención sobre la importancia de los fenómenos asociativos para la configuración de una historia mucho más compleja, matizada y, ante todo, equilibrada de la educación en el país.

1. Algunos trabajos característicos de esta línea temática son: Jane Rausch, La educación durante el federalismo. La reforma escolar de 1870 (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo / Universidad Pedagógica Nacional, 1993); Alberto Echeverry Sánchez, Santander y la instrucción pública (1819-1840) (Bogotá: Foro Nacional por Colombia / Universidad de Antioquia, 1989); Olga Lucía Zuluaga, Colombia: dos modelos de su práctica pedagógica durante el siglo XIX (Medellín: Universidad de Antioquia, 1979); Jorge Enrique González, Legitimidad y cultura. Educación, cultura y política en los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), y Patricia Cardona, La nación de papel: textos escolares, lecturas y política. Estados Unidos de Colombia, 1870-1876 (Medellín: EAFIT, 2007).

2. Renán Silva, "Alfabetización, cultura y sociedad. La experiencia del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva Granada", Historia Crítica, Autores invitados, página web (2008): 39.

3. Se consultó la edición en inglés: François Furet y Jacques Ozouf, Reading and Writing: Literacy in France from Calvin to Jules Ferry. 1973. (Cambridge, UK: Cambridge University Press / Maison des Sciences de l'Homme, 1982).

4. Pilar Gonzalbo Aizpuru, "La familia educadora en Nueva España: un espacio para las contradicciones", Familia y educación en Iberoamérica, coord. Pilar Gonzalbo Aizpuru (México: El Colegio de México, 1999) 43-56; Sol Serrano: "¿Quién quiere la educación? Estado y familia en Chile a mediados del siglo XIX", Familia y educación en Iberoamérica, coord. Pilar Gonzalbo Aizpuru (México: El Colegio de México, 1999) 153-171.

5. Serrano 153.

6. Silva, "Alfabetización...".

7. Para dar un ejemplo, entre los años de 1870 y 1874 la población estudiantil aumentó más del doble al pasar de 32 000 a poco más de 80 000 alumnos matriculados en escuelas públicas y privadas. Rausch; Aníbal Galindo, Anuario Estadístico de Colombia (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1875) 78. Avances como este explican en buena medida el pomposo título de "edad dorada de la educación colombiana", que tanto los contemporáneos como historiadores han atribuido a este periodo.

8. Los estados soberanos de Antioquia y Santander, por ejemplo, emprendieron planes para impulsar la instrucción pública en los años de 1866 y 1868, respectivamente; y en 1870, el Gobierno federal, mediante la expedición del Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria -DOIP-, promovió un plan nacional para organizar y uniformar la instrucción elemental en los nueve Estados Soberanos en que para entonces se dividía el país.

9. Las asociaciones voluntarias o "sociabilidades modernas", como han sido llamadas para diferenciarlas de las cofradías u otras formas de organización social tradicionales han sido estudiadas por varios autores desde ópticas y temáticas distintas. Al respecto, ver Maurice Agulhon, The Republic in the Village: the People of the Var from the French Revolution to the Second Republic (Londres: University of Cambridge Press, 1982); François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (México: Fondo de Cultura Económica / Mapfre, 1993). Para el caso del siglo XIX colombiano, ver Fabio Zambrano, "Las sociabilidades modernas en la Nueva Granada, 1820-1848", Cahiers des Amériques Latines 10 (1990): 197-203; Jaime Jaramillo Uribe, "Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política y social colombiana de 1848", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 8 (1986): 5-18; Gilberto Loaiza Cano, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación (Colombia, 1820-1886) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011); Patricia Londoño Vega, Religión, cultura y sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia 1850-1930 (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2004); Gloria Mercedes Arango de Restrepo, Sociabilidades católicas, entre la tradición y la modernidad. Antioquia, 1870-1930 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia / dime, 2004).

10. Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994) 314.

11. Provincia de Cundinamarca, Constitución de Cundinamarca (Bogotá: Imprenta Patriótica, 1811) 188; Estado de Cartagena de Indias, Constitución del Estado de Cartagena de Indias (Cartagena: Imprenta del C. Diego Espinosa, 1812) 162.

12. Guerra 96; Renán Silva, La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de historia cultural (Medellín: La Carreta Editores, 2005).

13. Boletín Oficial [Medellín] 29 mar. de 1871: 319. En esta cita y en las siguientes del texto se conserva la ortografía original de las fuentes primarias.

14. Lorenzo Codazzi, "Informe del Inspector departamental de Ocaña, correspondiente al mes de febrero", La Escuela Primaria [El Socorro] 12 may. de 1874: 112. Este periódico, publicado entre 1871 y 1876, sirvió al Estado de Santander como órgano oficial del ramo educativo entre 1871 y 1876.

15. Ignacio Herrera, "Consejo de Instrucción Pública del Departamento de Vélez. Informe", La Escuela Primaria [El Socorro] 12 dic. de 1871: 14.

16. Sobre la influencia de los discursos cívico y religioso en el asociacionismo voluntario, consultar los trabajos de Frank Prochaska, especialmente Schools of Citizenship. Charity and Civic Virtue (Londres: Civitas, 2002); Christianity and Social Service in Modern Britain. The Disinherited Spirit (Nueva York: Oxford University Press, 2008).

17. Para una mirada general y de largo alcance sobre la historia educativa del país, ver Jaime Jaramillo Uribe, "El proceso de la educación, del Virreinato a la época contemporánea", Manual de historia de Colombia, t. iii (Bogotá: Procultura, 1984) 249-339.

18. Sobre las asociaciones creadas en estos años con propósitos educativos, revisar Frank Safford, El ideal de lo práctico, el desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia (Bogotá: El Áncora Editores, 1989); Meri Clark, "Conflictos entre el Estado y las élites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830", Historia Crítica 34 (2007): 32-61; Loaiza 57, 323-326.

19. José Manuel Groot, "Instrucción primaria", La Caridad [Bogotá] 18 ene. de 1872: 517.

20. Así lo explica Frank Safford, quien afirma que aquella situación de desorden político tendió a "desviar tanto a los liberales como a los conservadores de la empresa de la educación y, de hecho, de cualquier actividad social o económica apoyada por la comunidad". Safford 111-112.

21. Estados Unidos de Colombia, "Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria" (Bogotá: Imprenta de la Nación, 1870) 32-34.

22. Sobre estas sociedades se encuentra información relativamente amplia en La Escuela Primaria.

23. La Escuela Primaria [El Socorro] 26 mar. de 1872: 74.

24. "Decreto (de 2 de diciembre de 1870) estableciendo sociedades de fomento", Boletín Oficial [Medellín] 12 dic. de 1870: 241. Las sociedades de fomento debían distribuir sus funciones en las siguientes ocho secciones: instrucción pública; agricultura; minería; artes y oficios; beneficencia; salubridad y ornato; comercio; y vías de comunicación.

25. Ver Luis Javier Villegas Botero, Las vías de legitimación de un poder. La administración presidida por Pedro Justo Berrío en el Estado Soberano de Antioquia, 1864-1873 (Bogotá: Colcultura / Tercer Mundo Editores, 1996).

26. Boletín Oficial [Medellín] 12 dic. de 1870: 241.

27. Algunos autores que dan cuenta de estas sociedades, aunque sin trabajarlas a fondo, son Londoño Vega 294-95; Loaiza 296-298; Villegas 104.

28. "Nota del Presidente de la Sociedad de Fomento, transcribiendo otra sobre instrucción pública", Boletín Oficial [Medellín] 31 jul. de 1871: 411.

29. "Nota del Presidente de la Sociedad Central de Fomento de Medellín, transcribiendo una proposición aprobada por aquella Corporación", Boletín Oficial [Medellín] 5 sep. de 1871: 434.

30. Boletín Oficial [Medellín] 27 may. de 1872: 164.

31. J. I. Quevedo, "Nota del Presidente de la Sociedad central de Fomento, haciendo una consulta", Boletín Oficial [Medellín] 19 abr. de 1871: 343.

32. Eduardo Villa, "Informe del señor Eduardo Villa, sobre lecciones públicas", Boletín Oficial [Medellín] 26 abr. de 1871: 350. Otras sociedades de fomento que, a imitación de la de Medellín, se propusieron la realización de conferencias públicas fueron las de Santa Rosa, Yarumal y Antioquia. Ver respectivamente: Boletín Oficial, 30 oct. de 1871: 495; 8 ene. de 1872: 4; 13 feb. de 1872: 43.

33. La Escuela Primaria [El Socorro] 22 feb. de 1876: 65.

34. La Sociedad Católica de Medellín publicó durante cuatro años (1872-1876) un periódico con el nombre La Sociedad, cuyos miembros destinaron a promover los valores religiosos e intereses de la Iglesia, y a alentar la organización de sociedades análogas en otras poblaciones de la región y el país.

35. La Sociedad [Medellín] 25 oct. de 1873: 187.

36. La Sociedad [Medellín] 21 mar. de 1874: 355-358.

37. El Mensajero [Bogotá] 21 nov. de 1866: 69.

38. El artículo de El Promotor fue reproducido en la sección "No oficial" del Boletín Oficial [Medellín] 29 mar. de 1871: 319.

39. Respecto al periódico de los hermanos Torres, por ejemplo, una nota publicada en él señalaba que las municipalidades de Covarachía, Sativanorte, Jericó y Panqueba, habían adquirido suscripciones de El Álbum para destinarlo como texto pedagógico a las escuelas de sus distritos. El Álbum de los Niños [Tunja] 14 jun. de 1872: 86.

40. "Acuerdo auxiliando una escuela libre de niñas de la fracción de Aguacatal", El Monitor [Medellín], 13 nov. de 1872: 368.

41. La Sociedad [Medellín] 17 may. de 1873: 2.

42. Sobre estas sociedades, ver Beatriz Castro Carvajal, Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870-1910 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007), y también el periódico que la Sociedad de San Vicente de Paúl establecida en Bogotá publicó entre 1869 y 1871: Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl.

43. "Los niños desamparados", El Cachaco [Bogotá] 24 nov. de 1879: 131. También ver el periódico que aquella sociedad publicó en Bogotá con el nombre de La Abeja, entre julio de 1883 y mayo de 1884.

44. La Sociedad [Medellín] 8 nov. de 1874: 223.

45. La Sociedad [Medellín] 8 nov. de 1874: 223.

46. Información tomada de: Cielo Liliana Ortiz, "Sociedades de pensamiento", documento inédito, 2012.

47. El Escolar [Popayán] 29 jun. de 1876: 616.

48. La Alianza [Bogotá] 25 ago. de 1868: 57.

49. Rausch 100.

50. Sigma, "Escuelas", La Alianza [Bogotá] 1.º feb. de 1868: 128.

51. Aunque la Ley 66 de 1867, que dio origen a la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, disponía la organización de una Escuela de Artes y Oficios, su instalación se tardaría un poco más que la de las otras cinco escuelas que debían componer la Universidad (Jurisprudencia, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Literatura y Filosofía). Según indica Clara Sánchez Botero, no fue sino hasta siete años después, en 1874, cuando se la organizaría adecuadamente. Clara Sánchez Botero, "Los anales de la Universidad Nacional, 1868-1880", El radicalismo colombiano del siglo XIX, ed. Rubén Sierra Mejía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 351-372.

52. La Alianza [Bogotá] 6 jun. de 1868: 38-39.

53. Tomado de su periódico: El Pestalozziano [El Socorro] 19 nov. de 1875: 73.

54. "Circular", El Pestalozziano [El Socorro] 16 ago. de 1876: 241

55. "Circular", El Pestalozziano [El Socorro] 16 ago. de 1876: 241.

56. Aunque la enseñanza de la religión no estaba contemplada en el plan de estudios, el DOIP autorizaba que los directores emplearan cierto tiempo de la jornada escolar para que los alumnos, "según la voluntad de los padres", puedan recibir dicha instrucción por parte de los ministros del culto. Ver los artículos 36 y 38 del DOIP.

57. También se les conoció como los apologistas o polemistas católicos, a razón de la defensa que emprendieron desde el campo de la producción intelectual de la Iglesia y la doctrina católica. Ver Sergio Mejía Macía, El pasado como refugio y esperanza. La Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada de José Manuel Groot (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo / Universidad de los Andes, 2009).

58. Sobre la oposición que emprendieron los grupos procatólicos contra los liberales y su reforma educativa, ver Luis Javier Ortiz Mesa, Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia, 1870-1880 (Medellín: Universidad de Antioquia / Universidad Nacional de Colombia, 2010); Gloria Mercedes Arango de Restrepo, "Estado Soberano del Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades, conflictos y discursos político-religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876", Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia 1840-1902. Luis Javier Ortiz Mesa et ál. (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2005) 329-355; Adriana Santos, "Conectarse con Dios en la frontera. Impresos católicos y sociedad: la experiencia del Magdalena durante los gobiernos liberales radicales del siglo XIX", Historia y Espacio 37 (2011): 126-146; Loaiza.

59. Aunque ignoramos cuál fue el número total de personas que integraron estas sociedades, contamos en cambio con los datos de algunas de ellas que sugieren una participación en efecto bastante masiva. Por ejemplo, la Sociedad Católica de Riosucio (Estado del Cauca) informaba, hacia abril de 1876, que contaba con 900 miembros, y las asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús, establecidas en el Estado de Antioquia, sumaban para 1874 unas 3000 integrantes. Ver, respectivamente La Sociedad [Medellín] 13 mayo 1876: 443; Londoño 124.

60. Sobre la actividad benéfica desarrollada por las asociaciones católicas, ver Londoño; Arango, Sociabilidades católicas.

61. La solicitud fue publicada en su periódico homónimo La Juventud Católica [Cali] 22 ago. de 1872: 13.

62. Arango, "Estado Soberano..." 340.

63. Rausch 121. El libro de Gómez B. al que se refiere Rausch es 25 años a través del Estado de Antioquia (1918).

64. Según el Anuario Estadístico de Colombia, hacia 1873 existían en el Estado Soberano del Cauca 157 escuelas públicas de niños (135) y de niñas (22). Ver Galindo 78.

65. Serrano 153.

Periódicos

Anales de la Sociedad de San Vicente de Paúl [Bogotá] 1869-1871.

Boletín Oficial [Medellín] 1870-1873.

El Álbum de los Niños [Tunja] 1872.

El Cachaco [Bogotá] 1879.

El Escolar [Popayán] 1876.

El Mensajero [Bogotá] 1866.

El Monitor [Medellín] 1872.

El Pestalozziano [El Socorro] 1875-1876.

La Abeja [Bogotá] 1883-1884.

La Alianza [Bogotá] 1866-1868.

La Escuela Primaria [El Socorro] 1871-1876.

La Caridad [Bogotá] 1872.

La Juventud Católica [Cali] 1872.

La Sociedad [Medellín] 1872-1876.

Documentos impresos

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