http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v41n2.48792

Grupo de Memoria Histórica.

¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. 431 páginas.

El informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, elaborado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH), tiene como propósito retratar más de cincuenta años de conflicto armado en el país. Esta tarea está dirigida en varios frentes, entre los cuales se encuentran: esclarecer los orígenes, causas e impacto del conflicto, así como las consecuencias para la estructura jurídica y las distintas memorias que se han configurado en el trasegar de la guerra. Este informe se realizo a partir de algunos de los casos más emblemáticos del conflicto armado, documentados previamente por el GMH, que permiten identificar sus móviles y características. Además, se sustenta en una diversidad de fuentes como: documentos institucionales, registros estadísticos, en particular el Registro Único de Víctimas (RUV), Codhes, Cinep, fuentes orales, fotografías heterogéneas que son incluidas como recursos explicativos, bibliografía secundaria más representativa sobre el tema, prensa, estadísticas que se sustentan en el análisis cualitativo, en particular en el capítulo primero sobre los dimensiones del conflicto. En el informe se evidencia un amplio uso de las fuentes orales, que resaltan las voces de las víctimas, seguido por las fuentes estadísticas y los reportes elaborados por el GMH.

El informe está estructurado en cinco capítulos, además de algunas recomendaciones finales del GMH. Cuenta con un prólogo y una presentación elaborados por Gonzalo Sánchez, director del GMH y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y Martha Nubia Bello, coordinadora del informe. En la presentación son señalados dos aspectos que pueden ser leídos como algunas de las claves interpretativas del conflicto. Por un lado, la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra como motor del origen y la perduración del conflicto; y por otro lado, la precariedad de la democracia como rasgo central del régimen político colombiano.

En el primer capítulo, denominado "Una guerra prolongada y degradada. Dimensiones y modalidades de la violencia", el GMH hace un balance de los desplazamientos, actores y las formas en que se ha manifestado la violencia en Colombia, así como un intento de esclarecer las dimensiones de lo que pasó, cuándo y dónde ocurrió, cómo sucedió y quiénes lo hicieron. Las tendencias del conflicto armado en el país han revelado, en periodos importantes, una línea ascendente en la confrontación armada. El GMH parte de caracterizar cinco momentos históricos de la tendencia del conflicto armado: un primer periodo, que va de 1958 a 1964, que representa un momento de transición de la violencia bipartidista a la violencia insurgente, personificado por una tendencia decreciente en el conflicto; un segundo periodo, que va de 1965 a 1981, determinado por unos índices estables de la confrontación armada; en el tercer periodo, de 1982 a 1995, se presenta una ruptura de esta tendencia baja o estable hacia una tendencia creciente, enmarcada en la expansión de las guerrillas y el surgimiento del paramilitarismo. Esta trayectoria es seguida por una de mayor explosión de la violencia entre 1996 y 2002, en la que se manifiesta un fortalecimiento de las guerrillas, la expansión nacional del proyecto paramilitar, la crisis del Estado y el auge del narcotráfico. Finalmente, un periodo decreciente de 2003 hasta la actualidad, cuando el Estado toma la iniciativa militar, se presenta un repliegue y reacomodamiento de las guerrillas y la desmovilización parcial y legalización del paramilitarismo.

Este último periodo, que el informe llama decreciente, resulta problemático, ya que la iniciativa militar que asumió el Estado durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez implicó una mayor violación de derechos y libertades políticas, entre otros, así como la política deliberada de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los "falsos positivos", cuyas víctimas ascienden a unas 1.500 personas. En síntesis, este primer acercamiento cronológico a las tendencias de la guerra en Colombia nos permite entender, de manera clara, la tesis central del capítulo que se refiere a la incorporación de la población civil en el conflicto, y a su vez revela su afectación tal y como lo describen las cifras expuestas por el informe, en el que se registra una cifra aproximada de 220.000 muertos de enero de 1958 a diciembre de 2012, de los cuales el 81,5 % han sido civiles y un 18,34 % combatientes.

En este mismo capítulo se pone de manifiesto que la letalidad del conflicto no ha sido homogénea, a su vez, que los objetivos y repertorios de la violencia varían según el grupo armado, ya sea la guerrilla, los paramilitares o el ejército nacional. Cada uno de estos grupos recompuso sus tácticas, según las trasformaciones de la lógica de la guerra. Así, el informe señala que los paramilitares recurrieron a un repertorio de violencia basado en asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, sevicia, tortura, desplazamiento masivo, bloqueos económicos y violencia sexual. Dicho de otro modo, la violencia física se constituye en un rasgo distintivo de la violencia paramilitar. Por su parte, la guerrilla recurre principalmente al secuestro o retención, ataques, pillaje, atentados, desplazamiento selectivo, entre otros, que pueden resumirse como la violencia en contra de la libertad y los bienes. Las fuerzas armadas (ejército, policía), en cambio, utilizaron las detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y otros daños producto del bombardeo y uso indiscriminado de la fuerza (p.35). En general, estas formas de violencia, que aparecen con distintos énfasis en el informe, atentan contra la vida y la dignidad humana. En el marco de estas distinciones, el GMH presenta un panorama detallado de los móviles, actores y cifras de cada una de las modalidades de violencia, y diferencia su uso según las características de cada uno de los grupos en confrontación. Las formas más recurrentes de violencia fueron las masacres (en su mayoría perpetradas por paramilitares), los atentados, el secuestro, el despojo, la violencia sexual y el desplazamiento.

El capítulo segundo busca establecer los orígenes y dinámicas heterogéneas del conflicto. Aquí se trata de presentar los cambios de la guerra, siguiendo la línea cronológica propuesta en el primer capítulo. De esta forma, se hace un recorrido por cuatro momentos del conflicto. En primer lugar, se caracteriza la transformación de la violencia bipartidista a la violencia subversiva (1958-1982), destacando, como elementos centrales de esta transición, la combinación de varios factores como: los rezagos de la violencia de los años cincuenta y los intentos del ejército de controlar militarmente los territorios, en el marco de los planes de pacificación, entre los que se puede mencionar el "Plan Lazo" y la operación "Marquetalia", que precipitaron el surgimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1964-1965. A su vez, el cierre de la capacidad de incidencia de los sectores disidentes que cuestionaban el pacto bipartidista durante el Frente Nacional generó mayores grados de radicalización. Dichos procesos se inscribieron en el marco de importantes fenómenos revolucionarios en la región y en el mundo, tales como la Revolución cubana, la Revolución china, entre otros, que contribuyeron a generar nuevas formas de organización política en el país, que dieron lugar a la constitución de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional), EPL (Ejército Popular de Liberación) y el M-19 (Movimiento 19 de Abril). Estos procesos estuvieron también marcados por el ascenso de la movilización popular obrera, estudiantil y campesina, que tuvo respuestas represivas durante los gobiernos del Frente Nacional y los de transición (Alfonso López Michelsen, Julio Cesar Turbay Ayala), en los cuales se puso el acento en las salidas militaristas ante el descontento popular. Finalmente, en el periodo 1978-1982 emergen en la escena política algunos grupos paramilitares en las zonas del Magdalena Medio y Puerto Boyacá.

El segundo periodo abarca la expansión de las guerrillas y la eclosión del fenómeno paramilitar (1982-1996). En este lapso se expresa el primer acercamiento formal de paz entre el gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC, que planteó una amnistía y la inserción de la guerrilla a la vida civil a través de la creación de la Unión Patriótica (UP). Esta situación generó un ambiente de desconfianza entre empresarios, militares y terratenientes, que impulsaron la creación de grupos paramilitares como mecanismo de lucha contrainsurgente. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se profundizaron las divisiones entre militares y gobierno, al tiempo que aumentaba el número de grupos paramilitares en el país. La "guerra sucia", que libraron los paramilitares en este periodo, implicó el exterminio de la Unión Patriótica, así como la eliminación de tres candidatos presidenciales de la oposición por parte de estos grupos. En este periodo se presenta la confluencia del narcotráfico con el proyecto paramilitar, que impuso de facto un proceso de contrarreforma agraria, con lo cual complejizó el conflicto en cuanto que inauguró "tramas difíciles de diferenciar entre la guerra y la criminalidad organizada" (p.145). Así mismo, en este periodo se reactivan las negociaciones con las guerrillas de M-19, EPL, Quintín Lame, PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y algunos sectores del ELN, que concluyeron con su desmovilización y el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente.

El tercer periodo señalado por el GMH como factor de transformación de la guerra comprende los años de (1996-2002), en el cual se presenta una expansión de la guerrilla y el paramilitarismo que conduce al conflicto armado hacia una disputa "a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local"(p.156). En este periodo, según el GMH, la violencia adquirió un carácter masivo y las masacres se convirtieron en algo característico, mientras que los repertorios de violencia registraron su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado en Colombia. La expansión del proyecto paramilitar, que se consolida en 1997 con su articulación en la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el impulso de un proyecto político en el que jugaron un papel central políticos, empresarios, terratenientes, coincidió con una expansión militar de las FARC, que implicó la disputa territorial y también la delimitación de las zonas de influencia de cada quien a escala nacional. Estos nuevos reacomodamientos de la guerrilla y los paramilitares estuvieron, a su vez, ligados a factores económicos. Por un lado, los paramilitares fueron efectivos en la promoción del latifundio ganadero y agroindustrial, la minería y los megaproyectos (localizados en el norte del país, el Magdalena Medio, y los llanos orientales), con lo cual fortalecieron nuevos procesos de concentración de la tierra en el país, especialmente en el norte. Por su parte, las FARC se establecieron en el sur, en zonas de expansión cocalera y áreas de colonización. Finalmente, en este periodo se da cuenta del fallido proceso de paz con la guerrilla durante el gobierno de Andrés Pastrana, que, luego de su fracaso, cambiaría la política del Estado de una salida negociada hacía la solución militar del conflicto.

Aquí se inscribe el último periodo señalado por el GMH (2005-2012), cuando se presenta la desmovilización o legalización de las AUC y la profundización de la guerra contra las FARC y el pueblo en general. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio al proceso de legalización de las estructuras paramilitares, así como a una mayor ofensiva contra las guerrillas, a través de la política de seguridad democrática, que implicó, a su vez, el mantenimiento de la estructura latifundista y la contrarreforma agraria, mientras continuaba la liberalización de la economía en el país rural, vía proyectos agroindustriales. En materia de desmovilización se evidenció una negociación fallida por cuanto las estructuras paramilitares se rearmaron durante el periodo de 2008-2010 y estrecharon sus vínculos con el narcotráfico. Por su parte, las FARC se han reacomodado, luego de un repliegue de su expansión territorial producido por la ofensiva militar durante este periodo.

Los impactos de la dinámica del conflicto armado sobre el sistema judicial y la manera en que se ha moldeado el funcionamiento de la justicia son los propósitos del tercer capítulo de este informe. Aquí se periodizan estos impactos en tres momentos. El primero entre 1971-1987, en el que se desatacan varios aspectos: la herencia del Frente Nacional en materia de manejo del orden público y la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por el gobierno norteamericano, centrada en el enfoque militar para la preservación del orden contra la amenaza comunista. Dicha doctrina tuvo directas repercusiones en la promulgación del Estatuto de Seguridad en el gobierno de Julio Cesar Turbay, en donde le fueron otorgadas amplias facultades a los militares para investigar, juzgar y condenar a civiles, lo que generó sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en el marco de una tendencia a la excepcionalidad en materia jurídica. En suma, los rasgos que definieron este periodo en materia de justicia fueron, por un lado, la extensión de la guerra al campo jurídico y, por el otro, la búsqueda de salidas negociadas al conflicto que reconocían el estatus de beligerancia de las organizaciones guerrilleras.

El segundo periodo (1987-1991) se caracteriza por un recrudecimiento de la guerra al incorporarse el narcotráfico en la escena política, lo que implicó cambios en materia de justicia. Por su parte, la promulgación de la Constitución del 1991 fue, al mismo tiempo, "una estrategia para la paz y una continuidad de la guerra" (p. 218). Y finalmente la inscripción de Colombia en el guerra contra el narcotráfico impulsada por los Estados Unidos dio un mayor poder a los militares en el aparato de Estado, así como una mayor intervención en materia punitiva. El tercer periodo contempla dos décadas de conflicto armado (1992-2013) que están marcadas por varios fenómenos, como los intentos infructuosos de impedir que los militares tuvieran un papel determinante en materia de justicia a través de la creación de la Fiscalía. Sin embargo, la justicia se vio debilitada con la penetración del paramilitarismo en el rumbo de las instituciones de justicia en el país, la ley de Justicia y Paz, que se inscribió en el marco de la infructuosa desmovilización de los grupos paramilitares. En este periodo se presentan también fórmulas de justicia transicional y la discusión de un marco jurídico para la paz.

Finalmente, la voz y la memoria de las víctimas se presentan como eje narrativo central en los capítulos cuatro y cinco. El capítulo cuatro trata de establecer los impactos y daños causados por el conflicto armado en sus distintas dimensiones, desde las emocionales, psicológicas, morales, políticas y socioculturales. Aquí se describe cómo el miedo, el odio y el sentimiento de culpa son recurrentes en las víctimas. Estos impactos de la violencia fueron marcadamente diferenciados en el caso de mujeres y niños, y se conjugaron con la estigmatización y señalamiento, además de la ruptura de los lazos socioculturales y políticos de las personas. Así mismo el informe da cuenta de los daños ligados a las modalidades de violencia: masacres, desplazamiento forzado y secuestro, que desarticularon el tejido social de las comunidades. Para terminar, el informe señala los impactos causados por la impunidad de los crímenes, la falta de atención y el reconocimiento de los daños. Aquí es sintomática la desconfianza hacia las instituciones del Estado que se conciben como perpetuadoras de la impunidad.

Por su parte, el capítulo quinto pone de manifiesto la memoria y voz de los sobrevivientes, que se organizan a través de tres ejes que pretenden mostrar que las memorias no responden a una sola lógica narrativa o marco explicativo. El primer eje narrativo busca retratar "lo que pasó". Aquí la memoria de las personas devela las formas, mecanismos y actores que perpetraron hechos de violencia; el segundo, denominado "explicativo", da cuenta de la memoria emblemática de las víctimas y busca explicar los orígenes y las causas del conflicto; tercero, un eje de "sentido", que muestra las distintas manifestaciones de respuesta a la violencia, desde la protección, solidaridad, desobediencia y resistencia. Este último es importante en cuanto pone en cuestión a la problemática noción de "víctima", que se asocia a un sujeto pasivo sin ningún tipo de demandas políticas. Aquí es importante superar la victimización y entender a estos sujetos como portadores de un proyecto político que apela a distintos mecanismos de resistencia, tal y como lo afirma Enzo Traverso, al referirse a algunos hechos de la historia mundial:

la memoria del Gulag ha borrado a la de las revoluciones, la memoria de Shoah ha remplazado a la del antifascismo, la memoria de la esclavitud ha eclipsado a la del anticolonialismo […] pareciera que el recuerdo de las víctimas no pudiera coexistir con el de sus combates, sus conquistas y sus derrotas.¹

El informe cierra con algunas recomendaciones del GMH en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como mecanismo para la reconstrucción de "una nueva arquitectura institucional para la paz", donde las victimas tengan un papel decisivo. Este apartado busca trazar algunos elementos que puedan incidir en materia de políticas públicas. Sin embargo, cada una de las recomendaciones debe problematizarse a la luz de lo planteado en el desarrollo del informe. Por ejemplo, la desactivación del Estado que se ha construido para la guerra no solo pasa por el necesario desmonte de la estructura militar fortalecida en la guerra interna, sino también por cuestionar las grandes estructuras empresariales y terratenientes que se han beneficiado y que han incentivado la guerra. Los ejércitos antirrestitución y las estructuras paramilitares que continúan operando y que han impedido el retorno de campesinos a sus tierras no funcionan como rueda suelta del conflicto, ya que, en algunos casos, se evidencia el fortalecimiento de estos grupos con el despojo de tierras que luego han sido legalizadas por los grandes empresarios.

Aunque el Informe ¡Basta Ya! revela elementos importantes de los orígenes, impactos y desenvolvimiento de la guerra desde la perspectiva de las víctimas, es necesario plantear algunas preguntas y elementos que contribuyan a desentrañar otros factores del conflicto. Primero, sería pertinente problematizar una cuestión relativa al uso de algunas fotografías, en particular aquella en la que aparece el presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la firma de la cuestionada Ley de Víctimas. ¿Acaso esta fotografía y algunas afirmaciones que se hacen en el curso del informe no son una forma de respaldar algunas políticas del gobierno Santos? ¿Hasta qué punto un informe de estos puede considerarse no oficial tal y como lo quieren mostrar sus investigadores? Segundo, el texto no profundiza en los cambios de la política hemisférica estadounidense en la región como un factor decisivo en la transformación de la guerra en Colombia. El conflicto interno del país se ha desenvuelto a la par con la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos, si reconocemos, además. el papel incondicional de los gobiernos colombianos en el desarrollo de aquella. Se nota en particular la ausencia en el informe de los planes impulsados por los Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001, como el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Consolidación, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos.²

Tercero, algunos estudios sobre las primeras etapas de la violencia en la década del cincuenta reconocían este proceso como una forma en la que se aceleraron los procesos de concentración del capital.³ El periodo de La Violencia en Colombia representó una etapa de revitalización y crecimiento de la industria, expresada en una mayor acumulación capitalista. Consideramos que es necesario extender esta tesis para el desarrollo de las nuevas fases del conflicto, en cuanto que se evidencia, con algunas variantes, que el mayor proceso de acumulación de capital, vía desposesión y concentración de la tierra, liberalización de la economía y proyectos agroindustriales, tiene una relación directa con la mayor profundización de la guerra y la consolidación del gran capital en el país; es decir, el proyecto económico de terratenientes, empresarios y del capital extranjero dependió y depende de las dinámicas de la violencia estatal y paraestatal, que permitió la consolidación de sus negocios políticos y económicos.

Pie de página

¹ EnzoTraverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (México: Fondo de Cultura Económica, 2012) 296.
² Véase Diego Otero Prada, El papel de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (Bogotá: Ediciones Aurora 2010).
³ Véase Medófilo Medina, "Bases urbanas de la Violencia en Colombia", Historia Crítica 1 (ene.-jul., 1989): 20-32.

EDGAR ANDRÉS CARO PERALTA
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
eacarop@unal.edu.co

Cómo citar.

Caro Peralta, Edgar Andrés. "Grupo de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad" (reseña). Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 41.2 (2014): 339 – 347.