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Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

Print version ISSN 0120-2456

Anu. colomb. hist. soc. cult. vol.42 no.2 Bogotá July/Dec. 2015

https://doi.org/10.15446/achsc.v42n2.53348 

http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v42n2.53348

Mario Aguilera Peña

Contrapoder y justicia guerrillera, fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003) Bogotá: IEPRI y Debate Penguin Random House, 2014. 616 páginas

Contrapoder y justicia guerrillera, fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003) es la última de las investigaciones desarrolladas por Mario Aguilera Peña que, junto a obras como Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 (2014), construye un compendio de nuevos enfoques de estudio del conflicto armado colombiano, desanudando temas hasta ahora menoscabados y poco visibilizados, como son: el estudio de las mentalidades insurgentes, los órdenes jurídicos guerrilleros, la relación de la estrategia militar en la interacción de los actores armados ilegales con la población civil y las relaciones sociales, en zonas de retaguardia militar guerrillera.

El libro consta de 609 páginas, 849 citas y una amplia gama de tablas y mapas que, en su conjunto, compilan entrevistas, comunicados, declaraciones del movimiento insurgente y comunidades. Además de fuentes primarias como una profunda exploración en diarios nacionales, regionales, y documentos de análisis del conflicto armado colombiano, provenientes de orillas que van desde la fuerza pública hasta los profusos estudios académicos. Adicionalmente el autor realiza comparaciones teóricas sobre los modelos de justicia y contrapoder que han aplicado las organizaciones armadas colombianas con experiencias latinoamericanas que comparten —por lo menos en teoría— esquemas estratégicos como el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) y el Ejército Guerrillero de los Pobres de Guatemala.

Contrapoder y justicia guerrillera tiene como fin identificar y problematizar la relación de la construcción de la justicia insurgente y el contrapoder del mismo cariz, como puesta en práctica de la concepción estratégica de las organizaciones guerrilleras colombianas que, a su vez, median en moldear las interacciones con la población civil. Esto en un periodo que inicia con la violencia bipartidista y termina con el fin de los diálogos del Caguán entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, en el 2003.

La obra consta de cinco capítulos y una introducción. En el preámbulo y el capítulo inicial, Aguilera se remite a teorizar la existencia de contrapoderes o contra-Estados en la formación de la nación colombiana, dándole rienda suelta a la comprensión de las formulaciones, que van desde el polo de asumir el dilema de la soberanía y la unidad nacional colombiana como ausencia de control y represión en el conjunto del territorio, hasta perspectivas que logran dilucidar las razones del llamado "estado fallido colombiano" en una mirada que denota las diferencias de accionar de las variadas agrupaciones guerrilleras que han sacudido la historia nacional desde La Violencia.

Posterior a ello, conceptualiza los modelos de guerra, adentrándose en el análisis de las estrategias de confrontación, como variables que configuran la interacción con la población civil. Así, recorre la construcción del modelo de guerra popular prologado —en adelante, GPP—, el modelo insurreccional y los modelos mixtos, como parte del aprendizaje internacional que tuvo el movimiento guerrillero colombiano para crear sus planes hacia la toma del poder.

El capítulo dos recoge un estudio de los modelos de contrapoder y justicia insurgente en las guerrillas liberales de los llanos y en las guerrillas de inspiración comunista, que se formaron en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Al identificar estas dos tradiciones, el investigador permite una distinción entre el modelo del Estado opositor y las leyes del llano, que caracterizaron a las subversiones liberales, del orden guerrillero de las llamadas "repúblicas independientes" de los comunistas del sur del Tolima.

Los capítulos tres, cuatro y cinco materializan la periodización de las modalidades de justicia guerrillera, denotando que, pese a las distancias entre las diversas agrupaciones armadas, son categorías que se muestran "semejantes sobre todo en las prácticas con la población civil y especialmente en el ámbito de la justicia" (p. 125), de esta manera, aparecen las formulaciones de: a) justicia ejemplarizante (1964-1985); b) justicia retaliadora (1976-1985); y c) justicia de conquista de poder local (1985-2003).

Justicia ejemplarizante (1964-1985): nace como interacción de los focos guerrilleros primigenios en el país, que conforman un relativo contrapoder germinal, emergido de la acción armada de un aparato que se impone como autoridad, aprovechando el contexto de abandono estatal y agitando la transformación de la sociedad. En esta perspectiva se incluyen experiencias como las del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino en el Vichada, en la década de los años 60; la justicia foquista, derivada de un acentuado militarismo que actuaba como paranoia defensiva, al interior del ELN, en sus años fundacionales y que llevó a múltiples fusilamientos internos; la implantación de la disciplina militar en los núcleos fundadores de las FARC-EP que se vincularon en zonas de retaguardia; ligas agrarias; juntas de acción comunal —JAC— y sindicatos agrícolas; zonas de confrontación en las que se impuso el orden a través de ajusticiamientos; justicia defensiva contra delatores y justicia expedicionaria contra delincuentes.

Justicia retaliadora (1976-1985): vinculada a un ejercicio sin control del territorio, que asume como ejemplos la acción armada vindicadora de los Montoneros y militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo —ERP— argentino. Es una modalidad del foquismo urbano que llevó a su máximo nivel el M19 con las cárceles del pueblo, el asesinato de José Raquel Mercado y los juicios a empresarios. Esta modalidad de justicia se asumió como parte de la propaganda armada y, según Aguilera, buscaba oponerse la violencia y justicia revolucionarias a la justicia burguesa y a la violencia reaccionaria.

Justicia de conquista de poder local (1985-2003): Aguilera denota el proceso de interacción entre los mecanismos iniciales de la descentralización del Estado, iniciados desde 1986, y el desenvolvimiento de la acción insurgente, describiendo: a) la perspectiva que se construye al municipalizar el ejercicio de confrontación y al intentar capturar el municipio por parte del movimiento guerrillero, definición que es resultado de la superación de la pérdida de referentes internacionales revolucionarios tanto en el continente —Nicaragua y el Salvador—, como en el ámbito mundial —Estados socialistas del Este Europeo—; b) la aplicación de una política diferenciada entre una y otra organización guerrillera. Así, por ejemplo, el ELN planteó su agenda alrededor de la construcción regional del poder popular, haciendo un cambio de su política e, incluso, viéndose relacionados con el control y el apoyo a Gobiernos locales. Contrariamente, las FARC-EP relacionaron sus planes regionales en vocación de una interacción para la ejecución de su plan estratégico, lo cual implicaba una interlocución con organizaciones sociales en favor de su plan militar. Para ello, se crearon elementos como el manual de operaciones, que definía los ejes de articulación con las JAC y con la población civil; c) denota un marco de diferenciación con algunos puntos de continuidad entre el esquema de control municipal del movimiento guerrillero y el paramilitarismo. Las líneas comunes estaban establecidas por los procedimientos fijados alrededor de la intervención en los presupuestos públicos y en el ordenamiento del estado local. La diferencia esencial estuvo determinada por el hecho que significó la implantación por parte del paramilitarismo de un esquema contrainsurgente que hacía acuerdos de larga duración con las élites regionales como forma de mantener y profundizar el statu quo, a la vez que facilitaba el desarrollo de economías ilegales para la creación de un bloque de poder renovado que actuaba en el marco de los territorios.

Aguilera continúa con el estudio de la relación que establecen los presupuestos estratégicos y los planes político-militares de las insurgencias, en la construcción de contra poderes. La década de los años 80 significó, en ese sentido, para la guerrilla de Camilo Torres y la de Manuel Marulanda un punto de inflexión en su propia historia: una restructuración producto de la incorporación de modelos estratégicos que recogían la experiencia internacional, así como la toma de una posición para impulsar un salto de tipo ofensivo que mediara la puesta en marcha de un camino de fortalecimiento con el fin de obtener: a) para las FARC-EP, la concreción de una plan nacional militar que combinara aspectos de la GPP con la guerra insurreccional, fijado en la VII Conferencia Guerrillera de 1982, en el cual se asumía la necesidad de crear y desdoblar frentes hasta llegar a un numero de 60, desplegarse sobre el eje de la cordillera Oriental con el punto de pivote en Bogotá, consolidar una retaguardia nacional, llegar a tener 32 mil hombres —después de las múltiples reformas de los plenos del Estado Mayor Central— y generalizar la acción guerrillera en el país, para, en una primera etapa realizar la campaña bolivariana por la nueva Colombia —fractura del país en dos— y, a posteriori, consolidar con armas al país en su conjunto; b) para el ELN se trataba de aplicar un modelo de GPP que nunca concretó en un plan militar y llevó a que la acción de esta guerrilla dependiera, cada vez más, de una interacción regional con centro en el trabajo político organizativo de masas y que, a pesar de poseer un área de retaguardia nacional, nunca propició el desarrollo de un esquema que ascendiera hacia la toma del poder.

Las implicaciones del intento de aplicación de estos planes denotaron una progresiva prolongación temporal del conflicto armado colombiano, que se convertiría en uno de los ejes de justificación para la política de seguridad democrática. A la restructuración insurgente, generada en la década de los años 80, se le sumaría una nueva política financiera que combinó el uso de economías ilegales, en el caso de las FARC, con mayor inflexión hacia la protección y las fases subsiguientes del cultivo y procesamiento de cocaína, y en el caso del ELN, una mayor propensión por la extorsión a multinacionales extractivas. Además, las dos agrupaciones insurgentes denostaron sus vínculos con la minería ilegal, la extorsión y el "boleteo", entre otras modalidades que de fondo implicarían un cambio en los esquemas de control, poder e interacción con la población civil.

El autor explora dos variables en la construcción de contrapoder: 1) el contrapoder en las retaguardias nacionales de las guerrillas, y 2) el contrapoder en las retaguardias de frente.

La retaguardia nacional de las FARC-EP se implementó en la década de los años 90 en el en sur del país, combinando la acción de los bloques oriental y sur. Se ubicó específicamente entre los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, extendiéndose de forma tal que aunque incluyó la zona de distensión del Caguán, la llegaba a triplicar en su extensión. En el periodo 19932002, lograron desarrollar una estructura que permitía la interacción directa con formas de organización de masas como las JAC, con las cuales se vinculó, a través de su promoción y direccionamiento o a través del diálogo. Posteriormente, cuando la versión militar de su plan denotó su inaplicabilidad por falta de construcción de referentes de organización social, se construyó el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, así como el Partido Comunista de Colombia Clandestino —PC3—. Su compleja interacción llegó a promover modelos de justicia guerrillera y compartida, la puesta en marcha de leyes revolucionarias como la 001 y 002, y la creación de zonas donde la incidencia era tal que se pudo generar un esquema de reforma agraria territorial.

El ELN implementó su retaguardia nacional en el mismo periodo en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Antioquia y Córdoba. Con un ejercicio de control débil, la organización insurgente estableció doce frentes sobre la zona y creó un mecanismo que dependía directamente del relaciona-miento con las comunidades, condición que, adversamente, lo llevó a paralizar su crecimiento militar y político. La guerrilla fundada por Fabio Vázquez Castaño desde la puesta en marcha de las conclusiones de su primero y segundo congresos (1986 y 1989, respectivamente), se vio obligada a crear relaciones diferenciadas con las poblaciones que encontraban como punto de síntesis en la política de poder popular. Entre estos vínculos se encuentra: a) un circuito de clientelismo armado que implicó el cogobierno entre la guerrilla y el Estado, en zonas de la retaguardia nacional y de la región de despliegue del Frente Domingo Laín. Para lo cual se establecieron acuerdos con partidos tradicionales, control armado de presupuestos públicos, desviación de presupuesto y regalías con fines de obras sociales, así como también de financiación del aparato armado; b) la implementación de un modelo de masas, que implicó la creación de decenas de organizaciones sociales locales y regionales, que dependían de la interacción de frentes guerrilleros, lo cual, a su vez, significó una adaptación a la disolución de su Organización Revolucionaria de Masas o Frente Político A luchar! que había desaparecido a inicios de los años 90; c) la formación de un esquema de control sobre las economías ilegales que implicaba la articulación con propietarios, mineros y, posteriormente, con cultivadores y pequeños traficantes de coca.

Respectivamente, la investigación denota a través de los ejemplos del Frente Domingo Laín del ELN, ubicado en el departamento de Arauca, y del frente 29 de las FARC-EP en el departamento de Nariño, dos esquemas de contrapoder en las áreas de retaguardia guerrillera:

Retaguardia y cogobierno del frente Domingo Laín: la estructura que alentó la constitución de esta organización guerrillera y que a pesar de haberse bautizado con el nombre de un sacerdote teólogo de la liberación es, sin duda alguna, el frente con mayor radicalismo y dogmatismo marxista dentro del aparato guerrillero. Durante la década de los años 90 consolidó su esquema de extorsión e impostación a la economía extractiva petrolera que se desenvolvía en las selvas del Sarare y en el pie de monte llanero. Asimismo, fortaleció el control de las instituciones locales en áreas de frontera. La supeditación al poder armado de la guerrilla implicó la creación del poder armado guerrillero que determinaba la vida política de la región y era capaz de expresar hacia los funcionarios un modelo de control que disputaba el monopolio de la fuerza y la soberanía del Estado. Este modelo no replicaba las condiciones de sujeción a la población, sino que trataba de crear un esquema de justicia compartido y de poder dual con alto protagonismo popular.

En el caso del frente 29 de las FARC-EP, se implementó una lógica de disputa en un área que no permitía consolidar un contrapoder. De esta manera, la relación con los campesinos minifundistas obligó a la adaptación de la tradición colona de la insurgencia y a responder con la codificación de una policía rural armada que sustentaba su ejercicio armado en la moralidad, la tradición y la economía moral de las poblaciones. Mediante ello, el frente fue capaz de ejercer la supeditación de autoridades locales e incluso lograr, en momentos de una orientación ofensiva nacional, la expulsión de alcaldes y concejales de la municipalidad.

Los modelos de justicia guerrillera tienen esquemas diferenciados que van desde su complementariedad con la justicia estatal —actuando como segunda instancia—; su fusión con la justicia comunitaria en zonas como la Macarena, donde funcionaba en conjunción con las JAC; momentos y lugares donde se contraponía al esquema jurídico estatal y lo disputaba; hasta choques con modelos de justica comunitaria e indígena en departamentos como Nariño y Cauca, donde se llegó a una ruptura social. Estos modelos implicaron, en varias ocasiones, ser uno de los ángulos de confrontación a los paramilitares.

Estos modelos de justica guerrillera reportan una soberanía fracturada, incluso llegando al punto de que fuera posible plantear, por parte de comandantes farianos, la creación de una república provisional sobre su área de retaguardia, pese a que los planes militares (Plan Colombia, Patriota, Consolidación, Espada de Honor) y los paramilitares hicieron retroceder y fragmentar las áreas de control.

El libro de Aguilera es un balance necesario que reaviva en análisis del conflicto armado dándole vitalidad a su dimensión histórica con un palpitar de presente, que permite la profundización en relaciones sociales y construcciones institucionales determinantes en los diálogos de paz y el —ojalá— próximo estado de posguerra.

MIGUEL ESTEBAN SUÁREZ
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
mesuarezg1990@gmail.com