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Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

versão impressa ISSN 0120-2456

Anu. colomb. hist. soc. cult. vol.45 no.2 Bogotá jul./dez. 2018

http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v45n2.71030 

Artículos dossier

"Una gran asociación de pueblos". La rebelión en Guayaquil y su percepción de la Gran Colombia (1827)

"A Great Association of Towns". The Revolt in Guayaquil and its Perception of Gran Colombia (1827)

"Uma grande associação de povoados". Rebelião em Guayaquil e sua percepção da Grã-Colômbia (1827)

FEDERICA MORELLI* 

* Università di Torino Turin, Italia, federica.morelli@unito.it

RESUMEN

A través del estudio de la sublevación del departamento de Guayaquil en 1827, provocada por el amotinamiento de la Tercera División del Ejército de Colombia, acantonada en Lima, este artículo pone en evidencia cómo los habitantes de la ciudad y sus instituciones percibían la república colombiana, a la que la provincia había sido incorporada en 1822. El análisis de actas, proclamas e informes de este acontecimiento, así como del material relativo a su incorporación, nos revela no solo la fuerza de las instituciones municipales, sino también que la Gran Colombia se basó en una concepción contractualista del poder. La república colombiana era, en efecto, considerada una "gran asociación de pueblos" donde la soberanía estaba compartida entre estos últimos y la nación.

Palabras-clave: (Autor) Gran Colombia, Guayaquil; (Thesaurus) constitucionalismo, federalismo, municipalismo, República

ABSTRACT

Through the study of the 1827 revolt of the department of Guayaquil, triggered by the insurrection of the Third Division of the Colombian Army, stationed in Lima, the article aims to show how the inhabitants of the city and its institutions perceived the Colombian republic into which the province had been incorporated in 1822. The analysis of records, proclamations, and reports of this event, as well as of materials regarding the incorporation of the province, reveals not only the strength of the municipal institutions, but also the fact that Gran Colombia was based on a contractualist conception of power. In fact, the Colombian republic was considered "a great association of peoples", in which the latter and the nation shared the exercise of sovereignty.

Key words: (Author) Gran Colombia, Guayaquil; (Thesaurus) constitutionalism, federalism, municipalism, republic

RESUMO

A partir do estudo da sublevação do estado de Guayaquil em 1827, provocada pelo motim da Terceira Divisão do Exército da Colômbia, acuada em Lima, este artigo coloca em evidência como os moradores da cidade e suas instituições percebiam a república colombiana, à qual a província tinha sido incorporada em 1822. A análise de atas, proclamações e relatórios desse acontecimento, bem como do material relativo à sua incorporação, revela-nos não somente a força das instituições municipais, mas também que a Grã-Colômbia se baseou num conceito contratualista do poder. A república colombiana era, de fato, considerada uma "grande associação de povoados", em que a soberania estava partilhada entre estes últimos e a nação.

Palavras-Chave: (Autor) Grã-Colômbia, Guayaquil; (Thesaurus) constitucionalismo, federalismo, municipalismo, república

Este artículo analiza un episodio importante de la vida política de la Gran Colombia, pero poco estudiado por la historiografía: la sublevación del Departamento de Guayaquil en 1827, provocada por el amotinamiento de la Tercera División del Ejército de Colombia, acantonada en Lima, luego de haber participado en la independencia de ese país.1 Este acontecimiento es relevante, no tanto como una señal de incipiente crisis de la república colombiana, al igual que la tentativa de Páez en Venezuela, sino como ejemplo extraordinario de cómo los "secesionistas" guayaquileños percibían el gran Estado, constituido a partir de 1819 por la Ley Fundamental de la República de Colombia. El análisis de las actas, proclamas e informes de este acontecimiento nos revela las ideas que los actores tenían sobre la política, la república, la Constitución y, en general, lo que implicó el complejo tránsito de la monarquía a la república. No se trató de una simple sedición de unos pocos militares traidores a Bolívar, sino de un proyecto político más amplio que involucró a toda la sociedad urbana y a los pueblos que pertenecían a su jurisdicción.

Para entender los retos de los hechos de 1827 en Guayaquil hay que ubicar esta sublevación en un contexto cronológico amplio que va más allá del que se refiere a la Gran Colombia. Sus causas remiten en gran parte a las dinámicas de la crisis de la monarquía que, como la historiografía ha demostrado claramente en las últimas décadas, provocaron una dramática fragmentación territorial, pues fueron las provincias, ciudades y pueblos los cuerpos que reasumieron la soberanía en ausencia del rey.2 El retorno al absolutismo y las guerras no bloquearon este proceso de desarticulación territorial, especialmente en la Audiencia de Quito, donde entre 1820 y 1822 se aplicó nuevamente la Constitución gaditana de 1812. Los efectos producidos por la implementación de la Carta, en un contexto que se había hecho muy inestable a causa de los conflictos, provocaron una dispersión aún más profunda de la soberanía, al elegirse además centenares de ayuntamientos constitucionales en sus provincias. La inserción de los llamados departamentos del Sur en la república colombiana se da, por tanto, en un contexto muy complejo y fragmentado en el que las tres ciudades más importantes -Quito, Cuenca y Guayaquil- no solo luchaban por ganar la supremacía en el territorio de la antigua Audiencia, sino que, dentro de sus provincias, debían enfrentarse a los pueblos que habían reasumido poderes políticos importantes durante la crisis de la monarquía y las guerras.3

Además, el proceso de inserción de los departamentos del Sur en la Gran Colombia no fue sencillo. Muchos espacios, una vez liberados del dominio español, deseaban mantener su independencia antes que unirse a la república colombiana. Contrario a las provincias de Colombia y Venezuela, la Audiencia de Quito no había pasado por las continuas y extenuantes guerras contra los españoles y pocos de sus habitantes habían participado en los ejércitos liderados por Bolívar. De hecho, el territorio de la Audiencia fue liberado por esas mismas fuerzas armadas. La diferencia es importante. Como ha demostrado la historiografía sobre las guerras, estas jugaron un papel fundamental en la construcción de la identificación entre el ejército y la nación a través de la figura del ciudadano-soldado.4

La incorporación a la república colombiana

El caso de la provincia de Guayaquil es emblemático desde este punto de vista. La ciudad, que desde la creación del Virreinato de la Nueva Granada se había visto sujeta alternativamente a Lima y Bogotá, declaró su independencia de manera autónoma en 1820, en la estela de los sucesos independentistas, al norte y al sur del continente. Los protagonistas del movimiento independentista fueron miembros de las élites locales y tres oficiales venezolanos procedentes de Lima (los capitanes León Febres Cordero y Luis Urdaneta y el sargento mayor Miguel Latamendi) que se habían visto enrolados antes en el ejército realista de Morillo como punición por haber participado en conspiraciones y movimientos en favor de la independencia.5 La iniciativa de los militares fue sostenida por miembros prestigiosos de la élite guayaquileña, como José de Villamil, Luis Fernando de Vivero, José Joaquín de Olmedo, Jacinto Bejarano, Francisco y Antonio Elizalde, quienes querían fomentar el comercio con los otros puertos de América que entretanto se habían declarado independientes. La situación era radicalmente diferente de la de 1809-1812, cuando la ciudad se había opuesto a las juntas quiteñas. En 1820 la mayoría de los puertos americanos eran independientes y podían comerciar libremente con las otras potencias extranjeras. Esta situación animó a los comerciantes y terratenientes de la provincia a apoyar el movimiento independentista, como lo demuestra la rápida publicación, desde la creación misma del nuevo gobierno, de un código comercial destinado ante todo a poner fin a la dominación del consulado de Lima sobre la ciudad.

Un mes después de la declaración de independencia, una asamblea de los representantes de la provincia se reunió en Guayaquil y nombró a los miembros de la nueva junta: Rafael M. Jimena, antiguo oficial del ejército; Francisco María Roca, miembro de una de las más importantes familias de comerciantes de la ciudad; y José Joaquín de Olmedo, abogado, miembro del cabildo de la ciudad, poeta y exdiputado de la provincia en las Cortes de Cádiz, que fue nombrado presidente. La asamblea redactó igualmente un Reglamento Constitucional Provisional de la Provincia de Guayaquil, cuyas disposiciones generales proclamaban la libertad y la independencia de la provincia, así como su derecho a "unirse a la gran asociación de su elección entre las que se formaran en América meridional".6 Este artículo ha sido interpretado como señal de la conciencia de los guayaquileños de que su provincia podría ser englobada en la república colombiana, como establecía la Ley Fundamental de 1819, según la cual el territorio de la Audiencia pertenecía por derecho al exvirreinato de la Nueva Granada y, por tanto, a Colombia. En realidad, como veremos, la "gran asociación" evocada en el Artículo 2 antes citado puede entenderse como una confederación de cuerpos soberanos en la que Guayaquil habría mantenido su independencia y autonomía.7

Durante su gobierno autónomo, la provincia fue objeto de disputa entre San Martín y Bolívar, quienes querían anexarla respectivamente a Perú y a Colombia en lo político, lo económico y lo militar. Esta disputa se reflejaba dentro de la provincia, donde existían unos grupos favorables a la anexión a Perú, otros a la anexión a Colombia y otros más, entre los cuales se encontraban los miembros de la junta, especialmente Olmedo, que querían mantener la independencia. Con el fin de posponer la decisión sobre la eventual anexión a Colombia, estos últimos intentaron vincular la cuestión a la liberación del territorio entero de la Audiencia: la anexión de Guayaquil tendría que ser votada por la población de la provincia una vez que la Audiencia hubiera sido liberada del "yugo español".8 De hecho, aunque al final fue una asamblea elegida popularmente para legitimar la anexión a Colombia, esta había sido determinada por una especie de golpe militar, ya que en julio de 1822, después de la victoria de las fuerzas armadas bolivarianas en Quito, unos tres mil soldados colombianos circundaron la ciudad y forzaron la renuncia de la junta elegida en 1820. Bolívar había logrado lo que deseaba desde hacía mucho tiempo, como afirma en una carta enviada al general Sucre a inicios de 1822:

El tenor de estas ordenes debe US. comunicarlo al Gobierno de Guayaquil, manifestándole verbalmente, que mis intenciones son llevar á cabo la libertad de Colombia, desde Tumbes hasta las bocas del Orinoco: que los sacrificios, que ha hecho Colombia, por recobrar su integra independencia, no serán frustrados por ningún poder humano de América; y finalmente, que yo espero que para cuando yo entre en esa ciudad, ya el Gobierno de Colombia habrá sido reconocido por ella, no pudiendo yo hallarme, sin faltar á mi deber y á mi decoro, fuera del territorio de la República.9

La experiencia del gobierno independiente fue muy importante para los guayaquileños y demostró a muchos de sus habitantes que una forma de autonomía política de la provincia era posible, aun dentro del nuevo Estado. La república no se había extinguido a causa de la política interna o por problemas económicos, sino por amenazas venidas del exterior. La conciencia de conformar un territorio autónomo, capaz de subsistir política y económicamente, determinó los modos de anexión a la Gran Colombia y, sobre todo, las formas como el nuevo Estado fue percibido en la provincia.

A finales del siglo XVIII Guayaquil vivió un periodo de formidable desarrollo económico. A pesar de la importancia de las exportaciones de cacao, su economía se basaba también en otras actividades, como la artesanía, las manufacturas y la construcción naval. Los mercaderes británicos que visitaban la ciudad a principios de la década de 1820 se mostraban entusiasmados, como revela el informe del cónsul Henry Wood a George Canning:

As a commercial station there are few ports which possess such vast natural advantages as Guayaquil. [It is] situated on the bank of a magnificent river of the most easy and secure navigation, surrounded by a country capable of producing an immense quantity of exportable produce, and intersected by numerous minor rivers which serve to facilitate its transportation [...] Guayaquil further offers every facility for the repairing and building of ships. Although there are no docks, ships of very considerable burthen may with security be "hove down" at the river's side and thoroughly repaired. The timber used at Guayaquil for the purposes of ship building is in point of durability perhaps superior to any in the world.10

En esta época, sin embargo, el comercio local y continental era más importante que el internacional. La mayor parte de las importaciones de frutas, vino, harina, cuero, tabaco y algodón provenían de los puertos de Perú, Chile y México; otros bienes de alimentación, como arroz, carne o pescado, venían del hinterland rural de la ciudad, mientras que los textiles y las pieles de animales eran traídos de la sierra a cambio de productos locales y bienes europeos de lujo, como cera, cristal, porcelana, seta, cachemira, tinta, vino y otros licores. El comercio con Europa, en cambio, estaba dominado por los británicos, que, a cambio de cacao, traían a la provincia té, hierro y algunas manufacturas, como zapatos, blusas y pantalones.11

El auge económico permitió a la provincia mantener su independencia antes de su anexión a Colombia, así como negociar las formas de integración al nuevo Estado. Como resultado, no solo fue transformada en departamento -lo que provocó una reacción entre los quiteños, que preferían que tanto Guayaquil como Cuenca se subordinaran a su autoridad política-, sino que le fueron otorgados algunos privilegios económicos: los impuestos a las importaciones y exportaciones se mantuvieron al 30 %, superando los límites establecidos por las leyes colombianas, y se le permitió a la provincia mantener el monopolio de la sal establecido durante el gobierno independiente.12 Estas excepciones fueron posibles debido a que el conflicto contra los realistas de Pasto y del Perú supuso un régimen político particular para los departamentos del Sur, no obstante estar sujetos al gobierno de Bogotá, como los demás territorios colombianos y venezolanos, y ser objeto de intervenciones extraordinarias por parte del presidente de la república.

La sublevación de 1827: constitucionalismo y autonomía

Pese a las dificultades de los primeros años de vida de la nueva república, a partir de 1824 fueron suprimidos los poderes extraordinarios de Bolívar sobre los territorios del Sur y se publicó la famosa Ley de División Territorial de 1824, que dividió el territorio de la Gran Colombia en 12 departamentos, 36 provincias y 228 cantones.13 El objetivo era crear unidades administrativas de menor extensión con el fin de racionalizar la administración y centralizar el poder. Los territorios del Sur fueron divididos a su vez en tres departamentos. Ecuador, que comprendía la sierra central y septentrional, fue subdividido en tres provincias y 15 cantones; Azuay, que englobaba la sierra meridional, fue subdividido en tres provincias y 12 cantones, y, por último, Guayaquil, que comprendía la zona costera, fue subdividido en dos provincias y nueve cantones.14 La oposición a esta ley fue muy fuerte desde el principio, sobre todo por parte de las ciudades, que aspiraban a recuperar el control ejercido sobre los espacios rurales durante la Colonia, que habían perdido durante la aplicación del régimen gaditano, gracias al cual se formaron centenares de ayuntamientos constitucionales en el territorio de la Audiencia.15 En efecto, de acuerdo a la nueva ley, las cabezas de cantón se transformaban en municipios:

se han señalado por cabezas de cantones parroquias que en muchos años no podrán merecer el título de villas y que en fin se someten unos pueblos a otros con quienes han vivido en perpetua rivalidad […]. El mismo Quito ve con dolor los límites de la provincia de Pichincha reducida a las parroquias de sus cinco leguas, al cantón de Latacunga y a las miserables montañas de Esmeralda y de Quijos [...]. No era tan urgente la necesidad de la división, pues las provincias estaban regularmente demarcadas y contentas y es visible el interés de conservar tranquilidad [...]. Las reformas no pueden hacerse de una vez; deben seguir la marcha de las circunstancias y de las necesidades.16

Las municipalidades de las ciudades se oponían al hecho de que determinados pueblos, antes bajo la jurisdicción de sus cabildos, habían obtenido estatus de municipio independiente. Estas quejas nos demuestran hasta qué punto el municipio seguía siendo considerado un órgano de soberanía local, más que una institución administrativa subordinada al poder ejecutivo.

La protesta contra los impuestos y las contribuciones forzosas para sostener financieramente las guerras fue aún más amplia. Las municipalidades, por ejemplo, se opusieron al poder del intendente, funcionario sometido al poder ejecutivo y encargado de controlar los recursos fiscales (arbitrios), y la población, las élites en particular, reaccionó fuertemente contra la "contribución directa", un impuesto que recaía sobre todos los propietarios y sobre aquellos que ejercían profesiones liberales, introducido en sustitución del tributo indígena. Las protestas fueron de tal magnitud que la tasa fue reemplazada en 1826 por la "capitación", un impuesto que gravaba a todos los hombres entre 14 y 60 años, cuya supervivencia fue de apenas dos años. Buena parte de la población -blancos y mestizos, sobre todo, apoyados a menudo por las autoridades locales-17 se negaba a pagarla y ciertas autoridades militares exoneraban a sus nuevos soldados con el fin de reclutarlos con más facilidad.18 Por tanto, para salvaguardar sus finanzas, el Estado se vio constreñido a reintroducir el tributo colonial, al que se dio el nombre de "contribución personal de los indígenas", decretando al mismo tiempo la redistribución de tierras a las familias, la preservación de las tierras comunales y la conservación del cabildo indígena.19 Sin embargo, esa vuelta al sistema de tributo había sido requerida en numerosas ocasiones por la élite criolla. Así lo muestran las conclusiones de una comisión de expertos de Quito formada por abogados de prestigio de la sociedad quiteña y encargada por Bolívar de presentar las reformas que los departamentos del Sur necesitaban, en las cuales se presentó la reintroducción del tributo como una de las reformas más urgentes. Esta habría favorecido al Estado, por el aumento de sus ingresos; a la agricultura, por procurar a los propietarios la mano de obra necesaria para el trabajo de la tierra; y a los mismos indios, "por sustraerles a la ociosidad y el vagabundeo propios de su naturaleza".20

Las protestas contra el nuevo Estado, sin embargo, no concernían solo a los territorios del Sur, como ponen en evidencia la sublevación de las municipalidades venezolanas en favor de su autonomía del gobierno colombiano y la proclamación del general José Antonio Páez como jefe civil y militar del departamento. Y no es una casualidad que el amotinamiento de la Tercera División del Ejército de Colombia, que desencadenó la sublevación del departamento de Guayaquil, haya tenido lugar precisamente en este contexto. Detrás del amotinamiento limeño estaba en realidad una protesta contra el proyecto de Constitución elaborado por Simón Bolívar, presidente de Colombia y dictador del Perú, para la República de Bolivia, que establecía una presidencia vitalicia y hereditaria. No es menester detenerse aquí en la evolución del pensamiento político de Bolívar ni en los aspectos particulares de este proyecto constitucional. Lo que vale la pena subrayar es que, además de una presidencia vitalicia y hereditaria, la Carta de 1826 establecía cuatro poderes (legislativo, ejecutivo, judicial y electoral), en lugar de tres; un Congreso de tres cámaras (Senado, cámaras de los censores y de los tribunos), que remplazaba el sistema bicameral; y un voto popular muy restringido.21 Este proyecto había sido sancionado como ley fundamental del Perú el 30 de noviembre de 1826 y jurado con gran fasto el 9 de diciembre.

El 26 de enero de 1827, las tropas colombianas acantonadas en Lima desde la intervención en Perú (1823-1826) hicieron un motín que depuso a su comandante, el general Jacinto Lara, y a parte de la oficialidad, y quedó José de Bustamante como primer comandante de la División. Se levantó luego un acta donde explicitaban su conducta y le daban un trasfondo político a su actuación, pues, según ellos, el propósito principal era

sostener á todo trance la constitución sancionada y jurada por sus representantes, observada por todos los departamentos de Colombia con universal admiración no solo de la América, sino de las potencias extranjeras, habiendo por medio de ella adquirido la República en un grado extraordinario la prosperidad y gloria que ha estado disfrutando.22

Se hacía referencia a la Carta política de Cúcuta, sancionada en 1821. Las tropas no dudaban en elogiarla, por ser conveniente para la salud de la patria, y detallaban por qué era necesaria su declaratoria de "sostener a todo trance" tal constitución. Afirmaban que se hallaban consternados por las actuaciones

de las Municipalidades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Cartagena y otros, que hollando el código de la nación, y separándose del actual legítimo gobierno, se han precipitado por miras particulares á medidas tan ruinosas, como viles y degradantes de elegir dictador, y adoptar un código desconocido, y que destruye en sus fundamentos la ley constitucional, que felizmente nos rige.23

Las municipalidades de estas ciudades, en efecto, habían declarado su voto favorable al Libertador y a la reforma del código constitucional. Por ejemplo, el intendente del Departamento de Guayaquil, coronel Tomás Cipriano de Mosquera, y la municipalidad de la ciudad habían declarado que llamaban al ejercicio de la dictadura al libertador Bolívar y que reconocían por ley fundamental el código boliviano. Este acto fue secundado por la municipalidad de Quito e incitó a otros territorios a imitar el procedimiento y hacer declaraciones similares.

Frente a estas posturas que, según los autores del acta, favorecían la anarquía y la división y amenazaban la unión y estabilidad de la nación, era necesario defender con fuerza y determinación la Carta vigente. La División estaba llamada a intervenir: "no era posible, sin traicionar á la misma nación, mantenernos indiferentes en un asunto, que tanto interesa al bien y felicidad de todos".24 Esta posición fue replicada por el vicepresidente Santander y otros funcionarios de Bogotá, que mantuvieron una postura de protección y salvaguarda de la Constitución vigente. El rechazo a la opción política contenida en la Constitución de Bolivia determinó la movilización de la fuerza armada que se hallaba en Perú, la cual, al llegar al territorio de Guayaquil, denunció el carácter inconstitucional y subversivo que habían asumido las autoridades del departamento, en especial el intendente Tomás Cipriano de Mosquera. El comandante Bustamante desembarcó en Paita, mientras que otro cuerpo de la División, liderado por el coronel guayaquileño Juan Francisco Elizalde, estableció su cuartel general en Montecristi, al norte de Guayaquil.

El mismo día de su llegada a Montecristi, el 6 de abril de 1827, Juan Francisco Elizalde dirigió un mensaje a José Gabriel Pérez, jefe superior de los departamentos del Sur. En su mensaje compelía al jefe del departamento a que se separara de su cargo y del distrito, renunciando a contener la marcha de la División, y hacía el siguiente hincapié: "los colombianos que componen esta división hace mucho tiempo que han jurado ser libres, ó no existir".25 Añadía que, hasta que Bolívar no se presentara ante el Congreso de la República por dar cuenta de sus actuaciones en el Perú,

la division no conoce otra autoridad lejítima en estos departamentos que sus Cabildos: como colombianos han elejido estos departamentos para existir, y como soldados de la libertad, han jurado sostenerlos en aptitud, que puedan manifestar francamente su a la faz del mundo entero: V. S. que tanto sacrificio ha hecho por la libertad de estos pueblos, que conoce mejor que nadie los horrores de una guerra civil, la justicia que acompaña á esta division en su marcha, a V. S. le hago responsable ante el lejítimo gobierno de Colombia, siempre que no se separe V. S. de este distrito, con los demas jefes comprometidos en el plan de corona, y pretenda con inútiles esfuerzos contrariar la opinion de estos pueblos.26

Considerando inconstitucionales las acciones de los jefes de los departamentos del Sur contra la Carta política vigente, el objetivo de la División era deponerlos. En su ausencia, la soberanía volvía a los cabildos, que eran los representantes legítimos y naturales del pueblo. La División asumió, por tanto, la posición de garante del orden constitucional y legal vigente, mientras Juan Francisco Elizalde amenazó con extender al resto del departamento su proyecto de deposición de las autoridades afectas a la Constitución boliviana:

Yo desearía que el Sr. Jefe superior, el Sr. Intendente y demás jefes que han sido los móviles para las actas de dictadura que se han propuesto en esa ciudad, tuviesen la prudencia de separarse de este departamento, y que la Municipalidad, como legítimo representante del pueblo, nombre al Intendente que fuese de su satisfacción: que se rigiese el departamento por nuestra Constitución, y en caso de quererse quedar en él algunos de estos jefes, no sea con otra representación que la de simple ciudadano, pues la división conoce, que los mejores republicanos han sido alucinados con el proyecto de Constitución de Bolivia, y aun le han dado impulso, persuadidos que en ello consistía la seguridad y libertad de la República.27

La invitación era clara: la municipalidad debía elegir otro intendente, quien regiría el departamento -al cual obedecería la División- con la salvaguardara de la Constitución de 1821. Además, se proponía que las autoridades depuestas abandonaran el departamento y que, si deseaban quedarse, podrían hacerlo bajo la designación de simples ciudadanos, privados de cualquier representación política o militar, para que se detuviera su nefasta influencia. El intendente, el jefe superior de los departamentos del Sur y otros comprometidos en los proyectos denunciados por Juan Francisco Elizalde abandonaron Guayaquil. El coronel Antonio Elizalde, hermano de Juan Francisco, y su segundo, el capitán Rafael Merino, tomaron el mando militar del departamento.

Después de la desaparición de las autoridades, el cabildo publicó un acta en la que se afirmaba que, dada la acefalía del departamento, era necesario escoger un nuevo intendente. Reunido un día después, el cabildo abierto designó en el cargo al mariscal José de La Mar, originario de Cuenca y perteneciente a los ejércitos de Perú. Para el cabildo tal nombramiento obedecía al interés popular que, enterado de la presencia en la ciudad de militar tan connotado, había querido revestirle de la autoridad suprema:

la corporación, deseando seguir la marcha de los gobiernos libres, consultó al mismo pueblo, qué persona consideraba idónea para ejercer las funciones de la administración departamental, en los ramos político y militar, y por un acto aclamatorio, repetido y uniforme se pronunció el pueblo por el Ilustrísimo Sr. Gran Mariscal D. José de Lamar, fundando la elección en las virtudes, crédito y origen del expresado Señor.28

La designación de La Mar, ajeno por completo al aparato militar y político de la República de Colombia, obedecía más bien a su inserción en la sociedad local. El mariscal era, en efecto, el tío de los hermanos Elizalde, ya que su hermana se había casado con Juan Bautista Elizalde y Echegaray, un vizcaíno integrado a la sociedad guayaquileña.29 El acta señalaba categóricamente los motivos que llevaron al cabildo abierto a pronunciarse por el mariscal La Mar: sus calidades personales y su origen. En lo que concierne a su alta reputación política y militar, La Mar había sido mariscal de los ejércitos del rey de España, pero había desertado en 1820 para sumarse a la causa patriota en el ejército de San Martín, hasta convertirse en una de las más prominentes figuras políticas y militares del Perú: ocupó los cargos de presidente provisional en 1823 y presidente del Consejo de Gobierno durante la dictadura de Bolívar (1826). En cuanto a su origen y ascendencia, su padre era natural de Vizcaya y había ejercido el empleo de tesorero en diversos lugares de la monarquía española.30

En las semanas siguientes, las otras municipalidades del departamento (Baba, Portoviejo, Jipijapa, Montecristi) se adhirieron al pronunciamiento del Cabildo de Guayaquil y ratificaron los nombramientos de La Mar como intendente y del coronel Antonio Elizalde como comandante de las fuerzas militares del departamento. A pesar del éxito inicial del movimiento político guayaquileño, este entró en crisis, por dos motivos principales: por un lado, habiendo sido llamado a ocupar la presidencia de Perú, La Mar dejó Guayaquil al final del mes de julio; y por otro, el departamento había sido rodeado por fuerzas militares enviadas desde Quito y Bogotá. No obstante, el 25 de julio inició otro proyecto: la municipalidad de Guayaquil convocó un cabildo abierto para decidir el futuro del departamento, amparada en la Ley de Olvido promulgada el 5 de junio -que cobijaba las actuaciones de la Tercera División- y con la promesa de una convención constituyente. La asamblea se proclamó a favor del federalismo y se reservó el control sobre los asuntos internos del departamento hasta la reunión de la convención constituyente. Y si esta no se reunía en el lapso de un año, la ciudad reasumiría su independencia. Finalmente se nombró a Antonio Elizalde como comandante de las fuerzas armadas y a Diego Novoa, un federalista moderado, como nuevo intendente del departamento.31

Esta situación de completa autonomía política, sin embargo, duró solo unos meses más, hasta octubre 1827, cuando el general Flores entró en la ciudad. Las divisiones internas de la ciudad entre los que favorecían la anexión al Perú y los que aclamaban al Libertador llevaron progresivamente a un conflicto y a una tentativa de golpe. El general Antonio Elizalde, defensor de Bolívar, se vio obligado a tratar con Flores. El grupo de los "peruanistas", entre los cuales estaban Juan Francisco Elizalde y Bustamante, dejó la ciudad y el intendente Novoa dimitió. Las tropas de Flores entraron en la ciudad, reestablecieron el orden y nombraron nuevas autoridades políticas y militares.

Una federación de municipios

Este acontecimiento ha sido considerado tradicionalmente por la historiografía como un ejemplo de la incipiente crisis de Estado de la Gran Colombia. Los militares de la Tercera División representan, según esta interpretación, a los generales traidores a los principios y a la figura Bolívar; el culto de su personalidad era, en efecto, lo que tenía unido un territorio tan extenso como la república colombiana.32 En realidad, si leemos detenidamente las actas y los documentos de este periodo, nos damos cuenta de la percepción que tenía de la Gran Colombia una provincia muy alejada de Bogotá. Más que un Estado centralizado, la nueva república representaba para los habitantes de Guayaquil y su territorio una confederación de repúblicas más pequeñas que se identificaban con las municipalidades. El vínculo que las agregaba en un conjunto político más grande era de tipo pactista y, una vez que este se rompía, la soberanía regresaba a los cuerpos naturales de la sociedad: los municipios. Sin embargo, como veremos, esta experiencia no se puede reducir solo a un pactismo neoescolástico, pues, como la historiografía ha demostrado claramente, durante la crisis de la monarquía y la aplicación de la Constitución gaditana, esta tradición política se había vinculado al iusnaturalismo, al constitucionalismo y al republicanismo.33

La referencia a la relación pactista se hace evidente, si leemos el informe que la Municipalidad de Guayaquil envía al gobierno de Bogotá el 20 de abril de 1827, dando razón de su actuación en los días anteriores, cuando se habían desconocido las autoridades políticas y militares del departamento en ocasión de la llegada de la Tercera División. La primera parte del documento es, de hecho, un verdadero cahier de doléances, a través del cual se demuestra que la adhesión de la ciudad al levantamiento de la División era una consecuencia del comportamiento ilegítimo de las autoridades nombradas por el gobierno central:

Este departamento, cuya incorporación a la República ningunos gastos, ni sacrificio había costado a la nación, y que tantos auxilios y socorros prestó para la gloria de sus triunfos, ha recibido en recompensa la dura ley que [se les impone a] los pueblos rigorosamente conquistados. Puestos al frente de la administración unos mandatarios, que insultaban la moral pública y todas las garantías y los derechos sociales, el espíritu público se aniquiló y, a decir verdad, se vio abierta una brecha que alejaba la voluntad del pueblo del amor a los que le gobernaban [...] los mismos agentes del gobierno, no contentos con alarmar las costumbres públicas, ejercer vejaciones sobre estos pueblos los han degradado hasta hacerlos el blanco de la ira entre los propios, y el desprecio y la abyección entre los extraños. Esta cadena de males cada día robustecía sus eslabones y el pueblo de Guayaquil se creyó eternamente reducido a la condición de las antiguas provincias romanas […]. La miseria a que se le ha constituido es uno de sus menores males, sino lo hubiesen hecho insoportable otros actos repetidos que le afrentaban con la esclavitud a que se le había degradado.34

La sustitución de las autoridades era un derecho de la colectividad, pues estas, al no respetar los derechos del pueblo, habían roto el pacto con el que la ciudad y su provincia se habían integrado a la asociación política de la Gran Colombia. La referencia a la forma de integración a la república colombiana se encuentra en otra acta de la municipalidad de Guayaquil de 25 de julio del mismo año donde, después de la salida de La Mar, se elige otro intendente del departamento:

Que el departamento no sólo se halla actualmente en aptitud de elegir la forma de gobierno que mas le convenga a su felicidad y seguridad, sino que habiendo conseguido en el memorable 9 de Octubre de 1820 su independencia y libertad, por sus propios esfuerzos, se cree con mas derecho que el imprescriptible que tienen los pueblos de formar una familia, y de constituirse, removiendo los obstáculos que se les presenten aunque sea resistiendo a la fuerza que los oprima. Que habiendo sido siempre nuestra voluntad el constituirnos por nosotros mismos y unirnos a los demás departamentos, que también lo desean ardientemente, hemos tenido a bien declararnos, como desde luego nos declaramos, por la forma de Gobierno Federal.35

Aquí hay dos elementos que vale la pena destacar para comprender la manera en que los habitantes de la ciudad consideraban el Estado colombiano. En primer lugar, la modalidad de su incorporación. Como afirma claramente el acta, al momento de su integración, la provincia era un cuerpo independiente, y esa independencia había sido el fruto de un esfuerzo interior más que el resultado de las empresas de los ejércitos de Bolívar. Y, dado que todos los pueblos tenían derecho a constituirse en cuerpo soberano, Guayaquil lo tenía aún más, debido justamente a la situación de completa independencia en la que se encontraba en 1822. El segundo elemento relevante es que, considerando la fragmentación de la soberanía producto de la crisis de la monarquía, la única manera de construir una asociación política mayor que permitiera a estos cuerpos sobrevivir era bajo la forma de Estado federal o confederal.

Para poder comprender el significado de esta variedad de formas de concebir la soberanía que tenían las ciudades y las provincias hispanoamericanas, y para explicarnos asimismo el hecho de que no se veía contradicción alguna en conjugar estas tendencias autonómicas o independentistas con la búsqueda de integración política en pactos, ligas, confederaciones o Estados federales o unitarios, es necesario, como lo ha recordado en varias ocasiones José Carlos Chiaramonte, hacer referencia a un trasfondo común de doctrinas y pautas políticas, que conformaban el imaginario de la época y que remitían al derecho natural y de gentes.36 Según este, todas las naciones o Estados son personas morales a las que, en cuanto tales, les competen las normas de derecho natural. En congruencia con este criterio, se entendía que todas las naciones son iguales entre ellas, independientemente de su tamaño y poder. Por consiguiente, la formación de los Estados se concebía en los términos racionalistas y contractualistas propios del iusnaturalismo: un Estado o una comunidad política puede actuar libremente respecto a otro Estado o todo tipo de autoridad externa y dispone también de la capacidad de concluir acuerdos que limiten voluntariamente su propia libertad.37 El derecho de gentes garantizaba entonces que los pueblos incorporados en una asociación o una alianza mantuvieran su independencia y perduraran como cuerpos políticos o repúblicas.

En la óptica del derecho natural y de gentes, Guayaquil y muchas otras ciudades y provincias percibían la Gran Colombia como una "asociación nacional" capaz de hacer frente a amenazas externas y, al mismo tiempo, de mantener la libertad de las provincias. A pesar del énfasis en el discurso centralista por parte de algunos dirigentes del Estado colombiano, la federación o la confederación aparecía todavía como la solución que permitía la traducción de la pluralidad institucional y territorial heredada de la crisis del imperio a la soberanía moderna fundada en la nación. De ahí el recurso de muchas regiones americanas a la constitución de toda una serie de "conjuntos territoriales compuestos" (federaciones, confederaciones, confederaciones de confederaciones) para defenderse de amenazas exteriores, evitando al mismo tiempo la guerra civil. Muchas constituciones americanas de la primera época republicana preveían, en efecto, la posibilidad de mudar el territorio nacional, federándose o confederándose con otras entidades territoriales. Por ejemplo, la misma Constitución ecuatoriana de 1830, después de la desintegración de la república colombiana, establece en el primer artículo la reunión de los tres departamentos de Ecuador, Guayaquil y Azuay en "un único cuerpo independiente", mientras que el artículo segundo afirmaba que "el Estado ecuatoriano se une y confedera con los demás Estados de Colombia para formar una nación con el nombre de República de Colombia".38 El federalismo subyacente a la Gran Colombia no constituía, por tanto, una infracción de la Constitución de 1821 -que no preveía una forma federal del Estado-, sino que representaba, más bien, la dificultad, aún a nivel normativo, de transformar una sociedad basada en una concepción corporativista y pluralista en una basada en una idea de nación compuesta por individuos.

Los cuerpos territoriales que definían la "federación grancolombiana" eran las ciudades. Si miramos la tentativa de secesión de Guayaquil con la llegada de la Tercera División, nos damos cuenta de que la institución clave de esta experiencia es la municipalidad, no solo porque en el momento de la destitución de las autoridades la soberanía volvía a ella, sino también porque todas las decisiones concernientes al departamento, como el nombramiento del intendente y del jefe militar, fueron tomadas por el mismo cabildo de la ciudad y su vecindario. Y aunque las otras municipalidades del departamento aprobaron formalmente las decisiones de Guayaquil, no se puede negar que la municipalidad y su vecindario jugaron un papel preponderante durante todo el acontecimiento. En otros espacios se asiste al mismo proceso: son las municipalidades venezolanas las que apoyan y sostienen el intento del general Páez de separarse de la república colombiana, así como es el mismo cabildo de Lima el que en 1827 desconoce la constitución vitalicia y convoca a un congreso constituyente.39

La fuerza de las instituciones municipales, como he mostrado en otros trabajos, no era solo el legado de la época colonial, en la que los cabildos, españoles e indígenas, tuvieron una importancia fundamental, sino también el fruto de la crisis de la monarquía, durante la cual actuaron como verdaderos cuerpos soberanos.40 No obstante la construcción de un poder aparentemente centralizado, el régimen de la república colombiana no logró quitar a los municipios los poderes que habían heredado de la crisis de la monarquía, menos aún la administración de la justicia. Aunque las leyes introducían una separación local de poderes, las guerras y la falta de dinero impedían el nombramiento de los jueces políticos y de los jueces de primera instancia en los cantones, por lo que los alcaldes municipales siguieron ejerciendo un poder casi exclusivo en su jurisdicción. En efecto, mientras los jueces políticos representaron un contrapeso del ejecutivo al poder de los alcaldes, los jueces de primera instancia aún debieron administrar justicia, quitándola de hecho a los alcaldes. En realidad, estos siguieron gobernando e impartiendo justicia tanto en la ciudad como en el territorio rural de su jurisdicción.41 El fracaso de la reforma que introducía jueces letrados de primera instancia fue tal que un decreto del presidente de la república la suspendió en 1826, apenas un año después de establecida, para reintroducirla el año siguiente, solo en los cantones capaces de pagar con sus propios recursos un salario a los jueces. Esto hizo que en la gran mayoría de los departamentos los jueces de primera instancia no fueran nombrados jamás.

El poder de los municipios, sin embargo, no fue el resultado exclusivo de las guerras o, mejor dicho, de la falta de recursos para nombrar y remunerar unos jueces letrados. Era también una consecuencia del constitucionalismo gaditano, que tuvo una gran influencia en los territorios en los que fue aplicado, así como en toda la América española. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de la Constitución de 1812, pero lo que interesa subrayar aquí es que este régimen no solo consolidó la fuerza de los cabildos transformándolos en instituciones constitucionales, sino que, al prever que todo pueblo con más de mil habitantes pudiese elegir su ayuntamiento constitucional, también incrementó su número en el territorio. El constitucionalismo gaditano y las Constituciones que se inspiraron en él, como la de Cúcuta, hicieron de los municipios unas instituciones defensoras de las libertades y derechos locales y, por tanto, del republicanismo: se trataba de verdaderos contrapesos a posibles derivas autoritarias de los otros poderes del Estado.42 La rebelión de Guayaquil representó, por tanto, un proyecto político de oposición a la Constitución vitalicia de 1826 -cuya aplicación habría llevado no solo a una especie de monarquía, sino a una verdadera centralización del poder, con supresión de los poderes locales- y, al mismo tiempo, un proyecto de adhesión a la república. Una república, como la colombiana, que se fundaba en la libertad y la autonomía de los pueblos.

OBRAS CITADAS

Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá, Colombia [ Links ]

Sección República [ Links ]

Fondo Historia [ Links ]

Archivo Histórico Municipal de Quito, Ecuador [ Links ]

Sección Miscelánea [ Links ]

Archivo Nacional del Ecuador, Quito [ Links ]

Sección Fondo Especial (1827-1828) [ Links ]

Sección Gobierno (1827-1828) [ Links ]

El Colombiano del Guayas [Guayaquil] 1828. [ Links ]

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1 Algunas referencias sobre la rebelión se encuentran en Roger Paul Davis, Ecuador under Gran Colombia, 1820-1830: Regionalism, Localism, and Legitimacy in the Emergence of an Andean Republic (Tucson: University of Arizona, 1983) 179-191.

2 La bibliografía sobre este tema es muy extensa. Me limitaré citando los textos que se refieren particularmente al Virreinato de la Nueva Granada: Federica Morelli, Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1830 (Madrid: CEPO, 2005); Jaime Rodríguez, La revolución política durante la época de la independencia. El reino de Quito, 1808-1822 (Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad Andina, 2006); Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino: geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en Nueva Granada (1808-1816) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010); María Teresa Calderón y Clément Thibaud, La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y Venezuela (1780-1832) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia / Taurus, 2010); Véronique Hébrard, "La guerra de independencia en Venezuela y la reconfiguración de las identidades urbanas (1812-1826)", Tiempo y Espacio 63 (2015): 163-186.

3 Morelli, Territorio o nación 213-245.

4 Clément Thibaud, República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta, 2003); Alejandro Rabinovich, La société guerrière. Pratiques, discours et valeurs militaires dans le Río de la Plata (1806-1852) (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013); Véronique Hébrard, "¿Patricio o soldado: qué 'uniforme' para el ciudadano? El hombre en armas en la construcción de la nación (Venezuela, 1a mitad del siglo XIX)", Revista de Indias 62.225 (2002): 429-462.

5 Acerca de la insurrección de Guayaquil de 1820, ver Camilo Destruge, Historia de la revolución de octubre y campaña liberadora (Guayaquil: Imprenta Elzeviriana de Borrás y Mestres, 1920).

6 "Art. 2", Reglamento Constitucional Provisional de la Provincia de Guayaquil, nov. 11, 1820. En: "Documentos de la Independencia", Revista del Archivo Histórico del Guayas 2 (1972): 86-92.

7 Morelli, Territorio o nación 74.

8 Davis 38-39.

9 "Carta de Bolívar a Sucre", ene. 2, 1822. En: Memorias del General OLeary. Edición facsimilar del original de la primera edición, con motivo de la celebración del Sesquicentenario de la Muerte de Simón Bolívar, Padre de la Patria, vol. 19 (Barcelona: Ministerio de la Defensa de Venezuela, 1981).

10British Consular Reports on the Trade and Politics of Latin America, 1824-1826, ed. Robert Arthur Humphreys (Londres: Offices of The Royal Historical Society, 1940) 227-228, citado por: Camilla Townsend, Tales of Two Cities. Race and Economic Culture in Early Republican North and South America: Guayaquil, Ecuador and Baltimore, Maryland (Austin: University of Texas Press, 2000) 23.

11 Carlos Contreras, "Guayaquil y su región en el primer boom cacaotero, 1750-1820", Historia y región en el Ecuador, ed. Juan Maiguashca (Quito: Corporación Editora Nacional, 1994) 189-250.

12 Davis 94-95.

13 "Ley de división territorial de la República de Colombia", jun. 25, 1824. En: Recopilación de las Leyes del Ecuador, vol. 3, ed. Aurelio Noboa (Quito-Guayaquil: Imprenta de A. Noboa, 1898-1901) 66-73.

14 "Ley de división territorial" 66-67.

15 Morelli, Territorio o nación 214-228.

16 "Oficio del Intendente de Quito al secretario de Estado del despacho del interior con motivo de las dos representaciones de las municipalidades de Quito y de Ambato contra la ley de división territorial de 25 de junio de 1824", Quito, dic. 6, 1824. Archivo Histórico Municipal de Quito (AHMQ), Sección Miscelánea, t. IV, ff. 95-96.

17 Los sectores acusados de tolerar la evasión de la capitación eran generalmente los alcaldes parroquiales y las milicias, a menudo encargadas de percibirla. Por ejemplo: "Oficio del gobernador de la provincia de Imbabura al intendente", Ibarra, ene. 24, 1828. Archivo Nacional del Ecuador (ANE), Quito, Sección Fondo Especial, caja 260, lib. 646, doc. 92; "Oficio del gobernador de la provincia de Imbabura al intendente", Ibarra, ene. 24, 1828. ANE, Quito, Sección Fondo Especial, caja 258, lib. 642, doc. 97.

18"La capitación de los blancos no ha podido principiarse [...] por que por nota oficial mandó el comandante general Flores no se les cobrase por ahora los que sirvan en la tropa, que aunque han sido bastantes los más han desertado". "Colecturía de la renta de capitación al intendente del departamento", Ambato, jun. 18, 1827. ANE, Quito, Sección Fondo Especial, caja 258, lib. 642, doc. 147.

19Títulos III y IV del "Decreto sobre el establecimiento de la contribución personal de indígenas", El Colombiano del Guayas [Guayaquil] oct. 15, 1828: 64-66.

20 "Expediente relativo a las reformas que deben hacerse en la parte administrativa de la justicia, como igualmente en que se restablezca el tributo de los indios", Quito, sep. 5, 1828. ANE, Quito, Sección Fondo Especial, caja 262, lib. 651, doc. 110, ff. 146-147. Sobre el tributo, ver Mark van Aken, "The Lingering Death of Indian Tribute in Ecuador", Hispanic American Historical Review 61.3 (1981): 429-459.

21 Sobre la Constitución de 1826, ver Juan Carlos Morón Urbina, "Bolívar y su propuesta constitucional de 1826", Revista de Pensamiento Constitucional 7 (2000): 435-501. Sobre el pensamiento republicano de Bolívar, ver Anthony Pagden, "The End of Empire: Simón Bolívar and the Liberal Republic", Spanish Imperialism and the Political Imagination. Studies in European and Spanish-American Social and Political Theory 1513-1830, ed. Anthony Pagden (New Haven: Yale University Press, 1990) 133-153.

22 "Acta de los jefes y oficiales del ejercito de Colombia en el Perú", Documentos relativos a la vida pública del Libertador, t. IX (Caracas: Imprenta de Devisme y hermano, 1827) 147.

23 "Acta de los jefes y oficiales" 47.

24 "Acta de los jefes y oficiales" 47.

25 "Carta de Juan Francisco Elizalde a José Gabriel Pérez", abr. 6, 1827. Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá, Sección República, Fondo Historia, t. V, vol. I, ff. 15-17.

26 "Carta de Juan Francisco Elizalde" 16r.

27 "Carta de Juan Francisco Elizalde" 17r.

28 "Oficio de la municipalidad de Guayaquil al Jefe del Estado Mayor", abr. 16, 1827. AGN, Bogotá, Sección República, Fondo Historia, t. V, vol. I, ff. 12-14.

29 "Genealogía de Ecuador. Los orígenes de los ecuatorianos", Geneanet. Web.

30 Sobre la vida de La Mar, ver Jorge Basadre, Historia de la República del Perú 1822 1933, t. I (Lima: Editorial Universitaria, 1963) 225-230.

31"Acta de la Municipalidad y vecindario de Guayaquil", El Patriota de Guayaquil 8 [Guayaquil] jul. 28, 1827.

32 Ver, por ejemplo: Hermes Tovar Pinzón, "Problemas de la transición del Estado colonial al Estado nacional (1810-1850)", Estado y naciones en los Andes. Hacia una historia comparativa: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, vol. II, eds. Jean Paul Deler e Yves Saint-Geours (Lima: Institut Français D'études Andines / Instituto de Estudios Peruanos, 1986) 369-395.

33 Gabriel Entin, La République en Amérique hispanique. Langages politiques et construction de la communauté eu Río de la Plata entre monarchie catholique et révolution d'indépendance, tesis de doctorado en Historia (París: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2011); Clément Thibaud, Libérer le Nouveau Monde. La fondation des premières républiques du monde hispanique (Colombie et Venezuela 1780-1820) (Rennes: Les Perséides, 2017).

34 "Municipalidad de Guayaquil. Sus declaraciones sobre el gobierno de Colombia y su actitud antes los sucesos subversivos que estaban cumpliendo por la tercera división auxiliar del Perú". AGN, Bogotá, Sección República, Fondo Historia, t. V, vol. I, ff. 18-19.

35 "Acta de la Muy Ilustre Municipalidad y vecindario de Guayaquil", El Patriota de Guayaquil 8 [Guayaquil] jul. 28, 1827: 29-30. Destacado agregado.

36 José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias (Buenos Aires: Sudamericana, 2004); y Fundamentos intelectuales y políticos de las independencias. Notas para una nueva historia intelectual de Iberoamérica (Buenos Aires: Teseo, 2010).

37 Gutiérrez.

38 Artículos 1 y 2 de la "Constitución del Estado del Ecuador (1830)", Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

39 Valentín Paniagua Corazao, "El proceso constituyente y la Constitución vitalicia (bolivariana) de 1826", Historia Constitucional 9 (2008): 181-210.

40 Sobre este tema, ver Antonio Annino von Dusek, "Soberanías en lucha", Inventando la nación: Iberoamérica, siglo XIX, eds. Antonio Annino von Dusek y François-Xavier Guerra (México: Fondo de Cultura Económica, 2003) 152-184; Federica Morelli, coord. "Orígenes y valores del municipalismo latinoamericano", Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 18 (2007): 116-285; Jordana Dym, From Sovereign Villages to National States: City, State, and Federation in Central America, 1759-1839 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2007).

41 Ver, por ejemplo, la reclamación del gobernador de la provincia de Manabí, que se quejaba en 1828 del estado de la justicia, aun de la impartida por los alcaldes municipales. ANE, Quito, Sección Gobierno, caja 78, exp. 20-I-1828.

42 Morelli, Territorio o Nación 191-264.

Cómo citar este artículo: Federica Morelli, "'Una gran asociación de pueblos'. La rebelión en Guayaquil y su percepción de la Gran Colombia (1827)", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 45.2 (2018): 149-174.

Recebido: 03 de Julho de 2017; Aceito: 16 de Outubro de 2017

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