En la escena, cuatro policías arrestan a un presunto delincuente y para ello se valen de tres sogas. Con una envuelven el cuello del sospechoso, con la otra ciñen su torso y sus brazos y con la tercera le inmovilizan las manos. Mientras tres de los agentes armados se esfuerzan por atar al sujeto, el cuarto sonríe, expectante. En un segundo plano se anuncia el destino inmediato del apresado: un carro de prisión tirado por un caballo, artefacto visto por primera vez en las calles de Bogotá desde 1914. La acción, además, parece destinada a proteger a quienes se representa en un tercer plano, una mujer que deambula desprevenida con su hija por el sardinel. La caricatura capta la intervención policial, el castigo ante el delito y el proyecto de protección. Captura, encierro y control son, entonces, los tópicos más evidentes de esta obra, una representación basada en la realidad de los carros-prisión introducidos en la capital -uno para hombres, otro para mujeres- y anunciados al público mediante el decreto 1449, publicado en la Revista de la Policía Nacional No. 39-40 (1914) junto con una foto ilustrativa y la siguiente aclaración: "para conducción de ebrios y detenidos".

Detengámonos ahora en un detalle: la sonrisa. El gesto del cuarto agente, ese guiño, es particular en la ficción de la escena, porque da vía libre a la imaginación. Es imposible saber si el gesto refleja la satisfacción laboral por la defensa del bien común o si es acaso un ademán cínico con cierto grado de sadismo, ello debido a la imposibilidad de constatar si se trata de un arresto justo o una extralimitación y, en esa medida, la secuela de un abuso de poder. Con estas interpretaciones juega el autor del dibujo, suscrita con el pseudónimo ROAL y atribuida por muchos al caricaturista colombiano Pepe Gómez (1892-1936). A la luz de los conocidos reproches de Gómez a los sistemas de gobierno en Colombia, tanto conservadores como liberales, no habría que sorprenderse del talante crítico de la composición, fechada en 1927, en plena Hegemonía Conservadora. Como suele suceder en el mundo de lo visual y sensorial, las lecturas pueden ser múltiples, más aún cuando el objeto y situación a representar son ambivalentes por sí mismos, tal como el control policial.

Sin importar las intenciones del artista, la escena nos permite problema-tizar aspectos constitutivos de este dossier: discrecionalidad, abuso de poder, monopolio de la fuerza, protección de la propiedad, ilegalidades toleradas, la endeble frontera entre criminal y criminalizado y el rol, casi olvidado, de los medios de comunicación. Esta diversidad de temas, discutidos en el pasado por Michel Foucault, Mark Neocleous, Hélène L'Heuillet y Dominique Kalifa, y sintetizados acá con el título Policía y control, permiten recorrer la historia de la Policía desde múltiples ángulos y temporalidades. Su propósito no es solo recopilar casos de estudio que la discutan, en un arco temporal que va de la Colonia tardía hasta el siglo XX, sino abrir perspectivas en el ámbito latinoamericano. Lo anterior significa historizar la Policía con otras miradas y desprenderse de la historia institucional clásica para hacer indudablemente historia institucional, pero desde el interior y a través de la prácticas en tensión con las normas y los discursos. Habrá también algo de Bruno Latour, en unos más, en otros menos, pero lo importante es rescatar la tensión entre ideal y práctica para evidenciar sus múltiples valencias históricas. Solo un abrebocas. Por un lado, la Policía evidencia claras preocupaciones por la prevención, la protección y el bienestar en un nivel discursivo y normativo; por otro, más allá de estos designios del orden, también puede con sus acciones reproducir arbitrariedades, abusos y agendas políticas ocultas al margen de la ley. ¿Contradicción o parte constitutiva del orden político?

Si volvemos al carro-prisión, encontramos que, aunque lejos de ser un modelo carcelario, este era parte esencial de la lógica de encierro y del mal construido Panóptico en Bogotá de finales del siglo XIX. La imagen, sin embargo, nos remite también a otras latitudes, contextos y problemas. Hace décadas, en el capítulo "Ilegalismos y delincuencia" de Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión (1976), Michel Foucault explicaba la persistencia del sistema carcelario moderno a pesar de su incapacidad, evidente desde el principio, de cumplir con la promesa de reducir el crimen por medio de la vigilancia policial y el castigo institucional. El sistema carcelario ha conservado su poder sobre las sociedades modernas, señalaba Foucault, porque su verdadera razón de ser no es reducir el crimen, sino producir criminales o, más precisamente, producir un tipo distinto de infractor: el "delincuente", y una forma distinta de ilegalidad: la "delincuencia". Según él, esta fijación en el delincuente y la delincuencia -asociados en general con transgresores y transgresiones a pequeña escala de las clases subalternas- cumplía dos funciones importantes y complementarias. Por una parte, el enfoque en la delincuencia disminuía la potencia de "ilegalidades populares" como el bandolerismo social, el sabotaje, la evasión de impuestos, los disturbios y las tomas de tierra, transgresiones que pierden su capacidad de amenaza desestabilizadora y deslegitimadora del orden social al ser reducidas a delitos despolitizados, como el robo, el hurto, la violencia interpersonal, el desorden público, etc. Por otra parte, la vigilancia policial y el castigo institucional de los delincuentes y la delincuencia ofrecían una manera imprescindible de diferenciar y manejar otras ilegalidades -actividades ilegales, pero toleradas o deseadas por las clases dominantes-, dejando al mismo tiempo estas "ilegalidades toleradas" en la sombra del espectro altamente visible de la delincuencia de las "clases peligrosas".

Los trabajos reunidos en este dossier muestran la vigencia de aquella decisiva observación de Foucault y su capacidad interpretativa en contextos latinoamericanos radicalmente diversos y distantes de los escenarios originales de su análisis. Pues todos los artículos en esta colección desarrollan, de maneras que difieren y según los casos, las tensiones generadas por la producción (institucional, simbólica) de la delincuencia, la despolitización de las ilegalidades populares y el manejo de las ilegalidades toleradas. A su vez, cada uno de ellos revela la capacidad de estas dimensiones del pasado para iluminar aspectos fundamentales y poco conocidos de los procesos de formación del Estado y de la emergencia de los ordenamientos sociales en la región, en instancias donde prácticas y representaciones quedan indisociablemente entrelazadas. Así en conjunto plantean un diálogo específico en el campo de estudios históricos sobre la Policía y la "cuestión criminal", y otro que permite articulaciones historiográficas amplias con los grandes temas del pasado de nuestras sociedades. Uno de los ejes centrales en los estudios de caso, en efecto, aborda el gran tema de la corrupción dentro de la Policía y el de los inciertos límites de la tolerancia de este fenómeno endémico.

Los artículos de Exbalin y Pulido, de Palma y de Rozo examinan inquietudes locales sobre las prácticas de la Policía y los funcionarios públicos en tres localidades y épocas distintas: Ciudad de México (1798-1849), Santiago de Chile (1896-1924) y Puerto Inírida, Colombia (1965-1969). A pesar de estas dramáticas diferencias geográficas y temporales, los tres revelan cómo las prácticas policiales relacionadas con la delincuencia -una forma específica de ilegalidad que incluye la pequeña malversación oficial- funcionan para diferenciar, ordenar y controlar una amplia gama de otras ilegalidades "toleradas". Exbalin y Pulido cuestionan abiertamente la pertinencia del término "corrupción" para designar una serie muy amplia de prácticas que regulaban las relaciones sociales en Ciudad de México entre finales del siglo XVII y las primeras décadas de la Independencia, cuando "la discrecionalidad, el soborno, los abusos de poder, la malversación y la extorsión caían bajo el cobijo de lo que supuestamente quedaba excluido de un Estado moderno y, desde luego, de un sistema policial acorde con toda pretensión de modernidad". Al mismo tiempo, el poder policial tenía "un amplio componente de discrecionalidad", especialmente para los agentes encargados de identificar, localizar y proseguir a los violadores de la ley al nivel local. En este caso, la modificación de títulos -alcaldes de barrio devenidos en jefes de cuartel- no se tradujo en cambios en las prácticas policiales ni en los cargos de abuso de autoridad, cuando sus agentes violaban las leyes informales que reglaban la economía moral de pequeños sobornos, o en la discrecionalidad con respeto a transgresiones menores.

El artículo de Palma, por su parte, ilustra una tensión similar respecto de la delimitación de ilegalidades toleradas en Santiago de Chile en las primeras décadas del siglo XX, lo que se conecta directamente con los proyectos de modernización y profesionalización de la fuerza, desarrollados en paralelo, por ese entonces, en muchas urbes del continente. El conflicto es observado desde la perspectiva de la prensa (burguesa y popular) y, por extensión, de los oficiales de Policía que se quejaban de la "mala conducta, insubordinación o negligencia" de sus subordinados no profesionales y, por ende, contaminados por las ilegalidades de la sociedad que debían vigilar. Para estos oficiales, la presunta aparición de un nuevo tipo de delincuente urbano y profesional necesitaba un nuevo tipo de policía, "mejor adiestrado, disciplinado y al servicio de los objetivos del Estado", es decir, requería una Policía profesional menos dispuesta a tolerar o participar en la delincuencia de pequeña escala, "debido a los estrechos lazos de muchos de sus hombres con el mundo del delito". En este trabajo, el conflicto de las ilegalidades de la Policía condensa los límites propios de los proyectos reformistas de pro-fesionalización modernizante de la fuerza en las ciudades latinoamericanas, allí donde la Policía se distinguía, con dificultad, de los males de la sociedad.

El artículo de Rozo sobre la corrupción policial en la Amazonia colombiana ilustra una nueva etapa en la reconfiguración de la delincuencia y las ilegalidades toleradas, justo cuando el poder del Estado central llegó a las regiones periféricas del país en la década de 1960. Según Rozo, la introducción de la autoridad estatal dependió de los vínculos "entre las prácticas de policía y las formas cotidianas de configuración del Estado". Aquí, el problema radicó en que a menudo "los agentes de policía también constituyeron una fuente de conflicto y desorden social", especialmente mediante al abuso "del aparente monopolio que tenían sobre el uso de la fuerza física". En este caso se ve claramente que la lucha por establecer un Estado de derecho en una zona fronteriza se dirimía en el plano de la delimitación de las ilegalidades toleradas -ultraje de autoridad y prostitución, por ejemplo-, mucho más que en la aplicación de la ley.

El artículo de Schettini y Galeano sobre la aparición de un nuevo tipo criminal, el "apache" -importación francesa en los puertos de Argentina y Brasil- y el artículo de Hering Torres sobre un pánico moral ocasionado por la inmigración de presuntos delincuentes extranjeros, inventados como "apaches", y la introducción de nuevas técnicas policiales en Colombia a principios del siglo XX, introducen un elemento transnacional a la permanente reconfiguración de la ambigua frontera entre delincuencia e ilegalidades toleradas. Para Schettini y Galeano, la "ampliación de la vigilancia del espacio atlántico sudamericano fue un proceso enmarañado que involucró estrechas negociaciones y conflictos entre las autoridades para construir un campo de actuación contra extranjeros moralmente indeseables". Tal como sucedió en Santiago de Chile en la misma época, la presencia de un nuevo tipo criminal -una novedad del repertorio de figuras delictivas que se agregaba al ladrón gentleman y al anarquista "exótico" y "apátrida"- provocó cambios en las instituciones y técnicas policiales, hasta expandirlas a un marco transnacional. Junto con estas transformaciones de gran impacto en los más modernos departamentos de Policía urbana, se planteaba una intensa negociación de las jurisdicciones policiales locales y nacionales -problema cargado de implicancias prácticas- y una nueva demarcación de los límites, siempre fluidos, entre la delincuencia y las ilegalidades toleradas. En este proceso fueron notables la desconfianza de las autoridades brasileñas ante las presuntas prácticas policiales descuidadas o desconsideradas de sus pares argentinos y el recelo mutuo por la carga que le correspondía a cada Estado en el control de esta peculiar circulación de "indeseables". La reconstrucción revela, a su vez, la importancia de las cambiantes dinámicas delictivas en la conformación de las Policías modernas y una dimensión poco conocida de la influencia francesa en la historia de prácticas ilegales en la región.

El artículo de Hering Torres desplaza el enfoque transnacional a los usos de nuevas "ciencias policiales" importadas desde Europa y Argentina para identificar, perseguir y controlar al peligroso delincuente moderno, e incluso "hacer de la Policía una institución no solo de fuerza, sino también de astucia, formación e inteligencia" con la capacidad de anticipar y, tal vez, prevenir el crimen. En esta transformación se encuentra, implícito, un cambio radical en la forma de imaginar la localización de la delincuencia: no en el acto criminal, sino como efecto potencial de un sujeto pernicioso, por su origen social y racial y su forma de vida. Este caso, en el cual se articula lo transnacional y el estudio micro, permite discutir la delicada frontera entre positivo judicial y falso positivo, partiendo de una compleja confluencia entre la ciencia, el accionar policial, la política y la prensa. De hecho, esta perspectiva nos permite reflexionar sobre actos legales criminalizados de sujetos perniciosos y, su inverso, sobre actos ilegales, pero tolerados por miembros de las clases dominantes u otros sectores de la sociedad.

Como es sabido, Foucault continuó su reflexión sobre el rol de la Policía en el Estado-nación moderno, en intervenciones desarrolladas muchos años después de la publicación de Vigilar y Castigar. La contribución de Castro, en el apartado teórico de este dossier, ofrece una útil sistematización del núcleo de esos escritos dispersos para un público hispanoparlante. En su trabajo, señala "la necesidad de estudiar los procesos históricos mediante los cuales se ajustan la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones, sobre todo del Estado, con las formas de gobierno de la vida de los individuos [...] es decir, la relación entre orden, sobre todo urbano, y ley, entre el gobierno de la vida de los individuos y su integración en las instituciones, sobre todo, estatales". Además de fertilizar el repertorio conceptual para la reflexión sobre la Policía y el delincuente en las sociedades modernas, de este análisis se desprende, una vez más, el potente llamado a "historizar" estos procesos como única vía para la comprensión de las lógicas intrínsecas a la formación del Estado y el establecimiento de mecanismos de gestión de las poblaciones, siempre específicos y particulares a cada contexto. No es otro el propósito de este dossier, cuyos autores participan de un campo historiográfico que en la última década ha experimentado un extraordinario crecimiento en la región. Más allá de sus contribuciones en este plano, que son muchas, se trata de un campo cuyo potencial también se concibe en términos de su aporte al entendimiento de los procesos largos de formación de las sociedades y Estados del presente, en sus complejísimos y preocupantes vínculos.

Editores invitados,