Es necesario desarrollar perspectivas contrarias a los enfoques que consideran el neoliberalismo como "el retiro del Estado", en nombre de la supremacía del libre mercado sobre la regulación de la economía. En A Century of Violence in a Red City. Popular Struggle, Counterinsurgency, and Human Rights in Colombia, Lesley Gill realiza un análisis de las dinámicas de violencia y lucha popular en Barrancabermeja (Santander, Colombia), explorando la compleja articulación de actores envueltos en procesos de construcción de la sociedad, no solo por medio del Estado sino contra y desde dentro de él. En estos procesos los capitales transnacionales juegan un rol crucial como parte de alianzas (abiertas o encubiertas) entre poderes con el fin de promover proyectos políticos y económicos.

Recorriendo distintos períodos de las configuraciones políticas, desde 1919 hasta el presente, Gill realiza el análisis de la continua crisis de hegemonía y la inestabilidad de las alianzas entre actores político-económicos en la región del Magdalena Medio. Para Gill, tales configuraciones se explican dentro del marco de las geografías del poder local, en intersección con las variadas formas de acumulación de capital. Tal geografía de poder se manifiesta en la manera como la desposesión y el desplazamiento afectaron la construcción y a la vez el desmantelamiento de la clase trabajadora, con su deriva hacia trabajadores que individualmente intentan sobrellevar las condiciones del desarrollo capitalista. Sin embargo, los remanentes de formas de solidaridad que articularon la lucha popular entre la década de 1960 y 1980 -aunque cada vez más amenazada por el paramilitarismo- aún contribuyen a sobrellevar tales condiciones.

A inicios del siglo XX, Barrancabermeja constituyó el enclave exportador más importante de Colombia, solo con la excepción del enclave bananero dominado por la United Fruit Company en la costa Caribe. La Tropical Oil Company (troco), subsidiaria de la Standard Oil Company (soc) de Nueva Jersey, formó parte fundamental en la desigual red de relaciones sociales, políticas y económicas entre oficiales del Estado colombiano, élites regionales basadas en Bucaramanga y gente trabajadora que migró a la zona del Magdalena Medio y Barrancabermeja. Las dinámicas del enclave revelan cómo, en la época en que Barrancabermeja era un enclave petrolero, el Estado colombiano, especialmente a través del rol de las compañías petroleras de propiedad estatal, se yuxtapuso a la clase trabajadora y a los vecindarios de migrantes en una dinámica que generó tanto bienestar como miseria. Tales dinámicas respondieron a la concentración de poder de la compañía transnacional (SOC), a través del control del espacio y el capital en este enclave, entre 1920 y i960. Esto, luego de que en 1919 la SOC recibiera la concesión territorial por parte del gobierno colombiano para extraer petróleo a través de su subsidiaria TROCO.

Gill demuestra cómo tal proceso desencadenó varias articulaciones entre lo político, lo económico y lo social. Así, que fuera la empresa troco la que adquirió los derechos de explotación permitió que, lejos de intentar reemplazar al Estado colombiano, funcionara amparada en un discurso de (virtual) soberanía sobre el petróleo, proyectándose como aliada del Estado. La creación de la mano de obra trabajadora significó la desposesión de los campesinos e indígenas que reclamaban propiedad sobre la tierra, así como la reorganización de la vida social con referencia a los puertos del río Magdalena. Para 1920 Barrancabermeja era ya una ciudad de clase trabajadora. Allí estaba contenida la más grande aglomeración de proletarios urbanos en Colombia.

Tal transformación vino acompañada del surgimiento de organizaciones y la circulación de discursos políticos en los puertos a lo largo del Magdalena. Según Gill, "Imperialismo, por ejemplo, no era un concepto abstracto en los enclaves petroleros y bananeros de Colombia [...] sino que fue fácilmente traducido en explotación, atropellos a la dignidad, y formas de exclusión que surgieron debido a la omnipresencia de TROCO y que la gente experimentó en su vida cotidiana" (pp. 46-47). Tal sentimiento estuvo acompañado del antiimperialismo nacionalista que había inspirado la huelga de trabajadores de la United Fruit Company en 1920. En 1923, los trabajadores de las compañías petroleras fundaron la Unión Sindical Obrera (uso), de corte antiimperialista, la cual se convertiría en la más fuerte organización de izquierda. La demanda para que el Estado colombiano retomara el control de los recursos petroleros, así como la incorporación de los comerciantes locales como contrapropuesta al absoluto control de mercado impuesto por TROCO, dieron forma a la solidaridad manifiesta en las huelgas de trabajadores en 1924 y 1927. Aunque tales huelgas no conllevaron la negociación entre el sindicato y la empresa hasta 1930, Gill da cuenta de cómo las alianzas establecidas respondían a la conformación de una cultura política combativa que se desenvolvía en la ciudad.

El enclave decayó durante la década de 1950 debido a la combinación de formas de nacionalización de recursos naturales -entre ellos, los hidrocarburos, a través de la empresa estatal ECOPETROL- y el apoyo al modelo de substitución de importaciones. No obstante, como autora señala, el hecho de que TROCO nunca pudiera legitimar sus opciones ante la vista del proletariado de Barrancabermeja tuvo por efecto la permanente lucha organizada contra el modelo de "progreso a través del desarrollo nacional", el cual estaba sostenido por un Estado que asumía como principal objetivo asegurar el orden social, jurídico y administrativo que el capital transnacional requería. Los trabajadores de la región del Magdalena Medio demandaban al Estado un control social del capital como canalización de sus demandas. Sin embargo, para mediados del siglo XX, la disparidad entre la fuerza de trabajo mejor remunerada de ECOPETROL y la incapacidad de la municipalidad para responder al excedente de mano de obra reforzó el rol del Estado en la producción de desigualdades que alimentaron las luchas populares de la década de 1970. Esta vez, dice Gill, tales luchas estarían mayormente basadas en la necesidad de servicios públicos antes que en demandas laborales.

A raíz de las protestas de la década de 1970, una serie de conexiones entre grupos sociales y políticos permitió el surgimiento de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja, la cual organizó la huelga de 1983 e inspiró otras agrupaciones del país. Su fuerza radicaba en las conexiones entre la expansión de los barrios de migrantes, la uso y movimientos populares. A lo largo de tales décadas, se conformó lo que Gill describe como una "geografía de la clase trabajadora".

Tal geografía se produjo debido a la conexión de campesinos, trabajadores de las petroleras y migrantes, en un campo de organización, lucha y solidaridad que no se limitó a los alcances de la Coordinadora. La respuesta represiva a tales organizaciones de solidaridad se amparó en la declaración el Estatuto de Seguridad Nacional pronunciado desde 1978 por el presidente liberal Julio César Turbay (1978-1982). A pesar de estar dirigido a controlar las fuerzas insurgentes -por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras-, tuvo como mayor efecto la polarización de la población, a la vez que "reforzó un sentimiento entre muchos barranqueños representando las insurgencias como opción política legítima y una alternativa al represivo Estado colombiano" (p. 86).

Gill explica cómo las alianzas operativas entre la Texas Petroleum Company, subsidiaria de Texaco, y las fuerzas de la "guerra sucia", constituidas por paramilitares en colusión con militares, empresarios locales y traficantes de drogas, funcionaron en contra de los militantes del Partido Comunista y de otras organizaciones. La descentralización promovida en 1985, como parte del acuerdo de cese al fuego entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, intensificó tensiones regionales en el país. El relativo éxito logrado por las fuerzas insurgentes a través de la conformación de un nuevo partido político -Unión Patriótica (UP)- provocó que tales tensiones tomaran la forma de una guerra contrainsurgente alimentada por la competencia armamentística entre la Texas Petroleum Company, las fuerzas de seguridad y la burguesía. Asociaciones neofascistas, como el Movimiento de Reconstrucción Nacional (morena), inspirado en la defensa de "valores cristianos", tuvieron como fin principal la eliminación de la UP.

Entre las principales líneas argumentales de la autora, se encuentra el planteamiento de la guerra contrainsurgente como proceso ligado, no exclusivamente pero sí significativamente, a la expansión del poder represivo del capital norteamericano mediante presión a la capacidad estatal de ejercer violencia. Lo anterior también sometió la soberanía de los Estados nación latinoamericanos a sus objetivos de naturaleza imperialista. En el caso de Colombia, Gill llama la atención sobre el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado que combatieron a los grupos guerrilleros de izquierda fueran entrenadas por fuerzas estadounidenses, las cuales posicionaron en el marco de la Guerra Fría el anticomunismo como discurso que ligó a diversas élites regionales y locales en el país. No obstante, si bien tales grupos guerrilleros estuvieron inspirados por la Revolución Cubana y la Teología de la Liberación, sus primeros miembros estaban más bien inspirados por los antecedentes de populismo de izquierda de la región y por el comunismo que definió las luchas políticas alrededor de Barrancabermeja.

El período a partir de los años ochenta que Gill analiza está conformado por "soberanías de derecha", las cuales dieron lugar a un bloque dominante conformado por terratenientes rurales, empresarios neoliberales, sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y un grupo de nuevos ricos traficantes de drogas. El gobierno de 2002 y 2006 de Álvaro Uribe fue la expresión del poder de este bloque, el cual logró capturar el poder municipal, departamental y nacional, en buena medida a través de pactos con las élites regionales. Me parece relevante señalar que Gill enfatiza que la violencia paramilitar consiguió desmantelar las redes sociales que los residentes habían desarrollado por décadas y facilitó la preponderancia de políticas neoliberales y la incorporación de los habitantes en relaciones autoritarias con los paramilitares.

Tal desmantelamiento de las agrupaciones de izquierda permitió que los pobladores comprendieran la "defensa de los derechos humanos" como una preocupación legítima, a la vez que como una estrategia mediante la cual se podía buscar apoyo internacional para exigir al Estado colombiano la protección de sus habitantes. El enfoque crítico de Gill llama la atención sobre algunas expresiones del discurso de Derechos Humanos que funcionó como "llamado moral a la comunidad global" y tuvo como efecto el desplazamiento de los énfasis en la autodeterminación colectiva y la soberanía nacional, los cuales reposaban en el internacionalismo anticolonialista que había existido en la zona del Magdalena Medio. Este giro significó la consolidación de un individualismo que, más allá de la renuncia a políticas progresistas, dejó atrás la confluencia entre Derechos Humanos y socialismo revolucionario, presente en los años ochenta, previo a la caída del Muro de Berlín.

No cabe duda de que A Century of Violence in a Red City se inscribe en la línea de la historia crítica sobre la formación de sociedades poscoloniales en América Latina. Este libro no solo ayuda a la comprensión de la configuración de fuerzas populares y de dinámicas estatales y económico-globales, sino que también arroja luces para el estudio de las rearticulaciones hegemónicas en el tiempo presente de Colombia.