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Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

versão impressa ISSN 0120-2456

Anu. colomb. hist. soc. cult. vol.47 no.2 Bogotá jul./dez. 2020  Epub 20-Mar-2021

https://doi.org/10.15446/achsc.v47n2.86131 

Editorial

Hechos de sangre. Violencia y algo más

Bloody Deeds. Violence and More

Fatos de sangue. Violência e outra coisa


I. Colombia

La sección colombiana del dossier "Hechos de sangre" terminó por conformarse exclusivamente con trabajos sobre el conflicto armado debido tanto al predominio de este tipo de análisis como al resultado del proceso de selección de una convocatoria abierta a las más diversas posibilidades temáticas. El resultado del ejercicio fue de alguna manera previsible, en tanto que la desmovilización de las faro y el acuerdo de paz han renovado el interés por esclarecer el doloroso proceso histórico que hemos vivido, han abierto posibilidades para conocer más verdades y, por supuesto, para que las víctimas puedan satisfacer sus exigencias de justicia.

Como sabemos, el conocimiento histórico sobre el conflicto armado cuenta en este momento con un importante acumulado. La investigación en esa dirección se ha ido atesorando desde mediados de la década de 1980, cuando el conflicto comenzó a expandirse y a convertirse en una confrontación cada vez más sangrienta y con cobertura nacional. Por aquellos años, el reciente esplendor que habían tenido los estudios sobre la violencia partidista se apagó ante los retos que ofrecía entender y contribuir a solucionar, no solo el conflicto armado, sino las nuevas expresiones de criminalidad organizada proveniente de la producción y comercialización de la hoja de coca. Fue la época en que se creó el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), y se le entregó por el presidente Virgilio Barco, la misión de coordinar la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987), con el objeto de ofrecer una explicación sobre las diversas expresiones de violencia que ocurrían en el país. Tarea que paralelamente comenzó también a ser asumida por otras instituciones de carácter privado, como el CINEP. Desde entonces, parte de ese conocimiento sobre la realidad de la confrontación provenía también de las denuncias e informes sobre violación de los derechos humanos, que elaboraban entidades como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (1978) o la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (1988).

En la década de 1990 y la primera del presente siglo, Colombia experimentó la mayor escalada de la confrontación armada (1996-2002), por la ampliación de las diversas modalidades de violencia y el incremento del número de víctimas. Los retos que proponía la confrontación tuvieron respuesta en un mayor interés de la universidad colombiana por esos temas, lo cual se refleja en la creación de varias revistas, nuevos departamentos de historia y de otras disciplinas de las ciencias sociales, o programas de maestría, algunos de las cuales generaron líneas o grupos de investigación para el estudio del conflicto. A su vez surgirían varias instituciones privadas dedicadas al análisis del conflicto, entre ellas, la Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI (1996); la Fundación Seguridad y Democracia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) (1999); el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) (2005); y la página de periodismo investigativo conocida como Verdad Abierta (2007). Asimismo, en la tarea de conocer la evolución del conflicto, siguieron siendo claves los informes sobre la situación de derecho humanos elaborados por instituciones públicas, como el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (1999); y de organizaciones privadas como la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (CAJSC), que en 1995 cambió su nombre por Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

En dichas dos décadas, existió una multiplicidad de enfoques para abordar el conflicto. Sobre sus orígenes hubo análisis que priorizaron las llamadas "causas objetivas de la violencia" (pobreza, exclusión, etc.) y en contravía, interpretaciones que la asociaron con la riqueza en atención a que los hechos de violencia o los grupos armados operaban en zonas con recursos lícitos o ilícitos. Otros relacionaron la existencia del conflicto con el tipo de democracia; o lo atribuyeron a la debilidad de sus instituciones o a la incapacidad del Estado para controlar todo su territorio.

Sobre los actores de la confrontación se avanzó en el conocimiento de los mismos: en relación con los grupos guerrilleros, hubo importantes progresos en la identificación de sus orígenes -principalmente sobre sus primeros pasos-, sus vínculos con determinados problemas políticos o sociales (luchas agrarias, represión durante el Frente Nacional, fraude electoral, violencia contra indígenas, o el impacto de la revolución cubana, etc.). Igualmente, se debatió sobre su carácter político y sus prácticas criminales, se comenzó a observar sus dimensiones territoriales y la relación de su expansión con procesos de colonización, su estructura organizativa y formas disciplinarias, sus imaginarios heroicos, y sus formas de financiamiento e inserción con la economía cocalera. Asimismo, se progresó en la identificación de sus relaciones con la población civil en lo concerniente a sus prácticas judiciales.

En cuanto a los paramilitares, se discutieron sus rasgos contrainsurgentes y sus relaciones con sectores estatales, pero también sus expresiones como aparatos de dominación de élites regionales, o como grupos armados autónomos que capturaban diversas rentas, ofrecían seguridad y controlaban el avance guerrillero. Sobre esos aparatos armados se analizaron sus antecedentes históricos, los diversos orígenes, sus primeros experimentos regionales, sus dimensiones territoriales, y sus estrategias y alianzas locales y regionales. También se analizó la retórica paramilitar, la forma organizativa federal e inestable, y su comportamiento frente a los procesos de paz.

Respecto a la evolución de la confrontación armada, fueron diversos los análisis que profundizaron en las dinámicas regionales del conflicto, pero más bien pocos los que abordaron las tácticas y estrategias militares usadas por los diversos actores. Ligado a lo anterior, se elaboraron diagnósticos sobre la evolución de algunas modalidades criminales, particularmente del homicidio, así como los primeros estudios sobre algunas masacres, eventos de desaparición forzada y secuestros. De igual forma, se comenzó a analizar la participación de los Estados Unidos en la erradicación de los cultivos ilícitos y su importante papel en la dinámica resolución de la confrontación armada. Otra faceta importante fueron los estudios sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y la necesidad de impulsar su acatamiento para evitar la degradación del conflicto. Finalmente, al mismo tiempo en que se examinaba la dinámica de la guerra, surgirían los primeros exámenes sobre los procesos y las iniciativas de paz.

Desde finales de la primera década del presente siglo, fue evidente el decline de la confrontación armada. Se advierte en el descenso de las diversas modalidades de violencia, la retoma de la iniciativa militar de la fuerza pública en la confrontación, el repliegue de la guerrilla y el evidente rechazo de la sociedad colombiana a la continuidad del conflicto. En ese contexto, fueron posibles la firma de los acuerdos de paz con los paramilitares y la guerrilla de las FARO, teniendo como marco la justicia transicional, que determina derroteros frente a las víctimas y obligaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Como resultado de ello, la investigación sobre el conflicto cobró un nuevo impulso, tanto en el ámbito universitario como en las ONG. En el ámbito institucional, se registró la creación del Grupo de Memoria Histórica (2007) y su conversión en Centro de Memoria Histórica (2011). La producción de esos dos organismos tuvo como tendencia preponderante el análisis de los casos emblemáticos, es decir, el estudio de episodios singulares de violencia con una connotación local; en segundo lugar, los informes con un análisis regional o temático, en los que hay una mayor preocupación por las dimensiones estructurales y por explicaciones de mayor complejidad y temporalidad; y, en tercer lugar, los estudios sobre temas o procesos desde una perspectiva nacional.

Los informes ampliaron el conocimiento sobre episodios concretos de violencia y permitieron mostrar las relaciones de poder en ciertas regiones, las dinámicas de confrontación y el impacto individual y colectivo de esta. Mostraron la dimensión de varias de las modalidades de violencia en una perspectiva amplia, como los estudios realizados sobre secuestro, desaparición forzada o siembra de minas antipersona. Permitieron profundizar el conocimiento sobre la actividad de los actores armados, particularmente respecto al paramilitarismo y en menor medida en relación con la guerrilla; sobre los primeros, se logró ahondar en sus actuaciones, logrando una mayor identificación de fases, transformaciones, alianzas, captación de recursos y cambios estratégicos. Y finalmente, otra parte de la producción escrita abocó la perspectiva diferencial con estudios sobre las afectaciones a grupos étnicos y de género, los niños, las personas mayores y los discapacitados.

Para concluir este repaso por los grandes hitos de la investigación sobre el conflicto armado, señalemos que las recientes negociaciones de paz con las FARC también han generado otras dos coyunturas para reforzar la reflexión sobre este. La primera fue la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2014), instalada en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno y esa guerrilla. En corto tiempo y en medio de las negociaciones, dicha comisión tuvo la misión de explicar los orígenes del conflicto, las razones de su prolongación y sus diversos impactos. Los resultados fueron poco novedosos. La reflexión retomó los enfoques del acumulado de la investigación sobre el tema, con acentos en factores estructurales y en la subjetividad de los actores armados. En una segunda coyuntura se creó la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2017). Según el decreto 588 de 2017, en el 2021, este organismo deberá entregar, entre otros resultados, una explicación amplia de lo ocurrido en nuestro país y especialmente de los "aspectos menos conocidos [...] como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros".

Pese al gran acumulado de estudios sobre el conflicto, todavía subsisten interrogantes que implican desarrollar nuevas metodologías de investigación, el acceso a fuentes que siempre han estado vedadas a los investigadores (archivos de la fuerza pública, DAS; etc.) y el acopio testimonial que deberá acumular la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) o la Comisión de la Verdad, y cuya calidad dependerá en buena medida de la profundidad de las investigaciones que se realicen y de los aportes de los comparecientes a estas entidades. Sin duda habrá que seguir recabando sobre temas como el genocidio de la Unión Patriótica y de otras agrupaciones izquierda, o sobre los llamados "falsos positivos", o sobre el asesinato sistemático de concejales y alcaldes, o sobre las "limpiezas sociales" practicadas por todos los actores armados. También habrá que desarrollar, al lado del examen de los casos emblemáticos, la identificación y explicación de patrones de violencia en contextos regionales y nacionales. Así mismo, tendremos que volver a las grandes preguntas sobre el conflicto. Es decir, a interrogarnos, por ejemplo, sobre las relaciones entre los poderes políticos o económicos y las violencias, o sobre los máximos responsables por acciones u omisiones, o sobre los beneficiarios de la tragedia que ha vivido Colombia, o sobre las razones para que el conflicto todavía no tenga un cierre definitivo.

En este número se presentan tres rutas temáticas y metodológicas que ilustran las iniciativas actuales la de investigación académica. Una primera perspectiva es la que presenta el artículo "Pacificación territorial e insubordinación social en una -Plaza Roja-. El caso de Quinchía", escrito por Jefferson Jaramillo Marín, Alberto Antonio Verón Ospina y Carlos Alfonso Victoria Mena. El texto se enfoca en la historia local y enfrenta los imaginarios de las élites y de los sectores subalternos. Repasa los grandes hitos de su historia desde el siglo xix hasta la última experiencia guerrillera y paramilitar, tomando como hilo conductor la persistencia de conflictos sociales, la insubordinación de algunos sectores subalternos ante varios procesos de despojo, la violencia partidista, la frustrada experiencia de movilización por el acceso a la tierra y el conflicto armado. Todos esos procesos han generado identidades e imaginarios contradictorios que, en concepto de los autores, son jalonados por la insubordinación y la pacificación. El artículo sobre la historia de Quinchía, que tiene similares derroteros a los de otros municipios colombianos, muestra la potencia de la historia o de la memoria local, como plataforma tanto para generar procesos de fortalecimiento de la identidad social territorial como para impulsar acciones colectivas transformadoras.

El artículo de Francisco Giraldo Jaramillo, titulado "La masacre de Bojayá: usos políticos de un recuerdo violento", es una interesante ilustración sobre el uso por la institucionalidad de uno de los episodios más dramáticos del conflicto armado. Se muestra cómo desde el poder del Estado, se toma esa masacre -ocurrida en el 2002-, para legitimar tanto políticas públicas similares como antagónicas. En esa perspectiva, se deduce que el ejercicio de la política contemplaría una dimensión narrativa, en tanto que realiza ejercicios de organización y de resignificación del pasado. Según Giraldo, en el discurso oficial, el recuerdo de Bojayá fue primero usado para legitimar la guerra contra las FARC. Así, en el gobierno de Andrés Pastrana, (19982002), el recuerdo de esa masacre se esgrimió como evidencia del carácter terrorista de las FARC y como argumento para su inclusión dentro de la lista de organizaciones terroristas del mundo. Luego, en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), dicha masacre fue utilizada para demostrar la fortaleza de las políticas de "seguridad democrática" al recuperar territorios antes influenciados por la guerrilla. No obstante, posteriormente, en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), Bojayá se presenta como un escenario de perdón y conciliación, al mismo tiempo en que las FARC pedían perdón a las víctimas y destacados jefes de esa guerrilla se encontraron con los sobrevivientes en el escenario de ese episodio.

La tercera perspectiva es la que nos presentan Frank Molano Camargo y Jymy Forero en "El caso del Colectivo 82. Una historia entre la memoria y el olvido, la rebelión y la represión". Este artículo nos presenta un oscuro episodio, un rompecabezas judicial, al que todavía le faltan algunas piezas para tener certeza de lo ocurrido. Lo único claro es que hubo dos grupos de víctimas: por un lado, tres niños hijos de un narcotraficante, secuestrados y asesinados; y por otro, once jóvenes desaparecidos, acusados de ser autores del hecho, algunos posiblemente lo fueron, pero la incriminación de unos de ellos pudo obedecer simplemente a compartir ideas de izquierda. Otro asunto también es patente: la existencia de una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado colombiano por las desapariciones de los jóvenes, atribuidas a organismos de seguridad del Estado y a sicarios del narcotráfico.

Sobre la autoría del secuestro existen varias versiones, incluida la de que se trataba de una organización de izquierda que, según los autores, había atravesado por una crisis y pretendía volver a reconfigurarse. Quedan dudas sobre la autoría del episodio por la situación en que se hallaba la organización y porque en la época hubo suplantaciones de grupos armados y episodios de delincuencia común revestida con banderas políticas. Pero, de tratarse de una organización guerrillera, un caso como el abordado por Molano y Camargo, nos lleva a reflexionar sobre la obligación de las organizaciones de izquierda de aportar a la justicia y a la verdad, las cuales no se agotan simplemente atendiendo a los compromisos derivados de los acuerdos de paz. Existiría también la responsabilidad política de hacer una "autocritica" sobre sus procedimientos o sobre las incoherencias entre el discurso revolucionario y sus prácticas de guerra.

MARIO AGUILERA PEÑA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES

INTERNACIONALES (IEPRI)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BOGOTÁ, COLOMBIA

II. Colombia, Chile y Argentina

La violencia como fenómeno social y La Violencia como periodo histórico en Colombia han sido temas estudiados por investigadores de muy variadas disciplinas, desde hace varias décadas. Tanto así que existió un grupo predominantemente masculino llamado "los violentólogos" y una disciplina llamada "violentología" conformada principalmente por historiadores, abogados, sociólogos y politólogos. Las masacres, así como las desapariciones forzadas, los secuestros y demás prácticas violentas, tan comunes en Colombia, han sido ampliamente estudiadas por este colectivo y por otros investigadores interesados en el conflicto armado colombiano. Este interés ha generado un volumen considerable de investigaciones que contienen cifras, registros y descripciones de los numerosos contextos y crímenes cometidos por grupos armados durante los últimos setenta años. A ello hay que añadir los dos procesos de justicia transicional, Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, que han aportado cúmulos de verdad histórica y judicial. Es por ello que no resulta aventurado hablar de una saturación del tema y de la necesidad de buscar nuevos derroteros, tantos teóricos como empíricos, para seguir encarando el problema de la violencia. Inicialmente se pensó en las masacres como tema del presente dossier, sin embargo, este fue sustituido por el de "hechos de sangre", tres palabras que podrían significar cualquier cosa pero que, aun así, abren un abanico de posibilidades que van de lo puramente criminal hasta actos inimaginables de crueldad, y desde prácticas de violencia naturalizadas por la cotidianidad hasta hechos únicos e irrepetibles.

Los hechos de sangre amplían el horizonte de la violencia e incorporan nuevos objetos, escenarios, imágenes, representaciones y microhistorias que han estado por fuera del estudio clásico de la violentología, oxigenando un campo disciplinar que terminó por agotarse. La descripción y la cuantificación de los hechos violentos han cedido el paso a estudios recientes que buscan huellas, trazos, indicios y síntomas de la violencia en las complejas y contradictorias realidades que caracterizan a Latinoamérica. El dossier que el lector tiene en las manos se inscribe en esta nueva perspectiva, aportando miradas novedosas acerca de temas como la violencia implícita en algunas escenas judiciales y la construcción tanto de delitos como de delincuentes, entre otros.

Sin pretender ser exhaustiva, quisiera referirme aquí a dos textos que se ocupan de la escena judicial y de la construcción del delito tanto en Chile como en Argentina. El primero de ellos es el texto de Florencia Claudia Castells, quien centra su análisis en delitos cometidos por mujeres en contra de sus cónyuges en la provincia de Buenos Aires. En Argentina, el Código Civil de 1871 reafirmaba la incapacidad jurídica de las mujeres casadas, estableciendo que los maridos eran los administradores de los bienes matrimoniales y los representantes legales. El matrimonio civil organizaba el orden social, reforzando la subordinación de las mujeres a la familia y a la autoridad exclusiva de los varones. Las fuentes utilizadas por la autora son tres expedientes judiciales en los que explora el proceso de construcción de los delitos, indagando por los sentidos de género y violencia que se perciben en las distintas intervenciones que ocurren durante el proceso penal. Se trata de un interesante análisis de la escena judicial que indaga por el papel que jugaron distintos funcionarios en la construcción del delito, así como acerca de la forma en que los fiscales, defensores y jueces estructuraron sus juicios.

El otro texto es de Marco Antonio León. Allí, el autor analiza el crimen cometido contra la campesina Rosa Rivas y sus cinco hijas en el sector rural de Nahueltoro, centro-sur de Chile, en agosto de 1960. León centra su análisis en la construcción y transformación mediática del victimario -marido de Rosa y padre de las niñas- realizada por la revista Vea, un semanario chileno de amplia difusión que abordaba los crímenes a través de la exageración de contenidos, utilizando indiscriminadamente adjetivos ofensivos que podían, o no, ser verdaderos, pero que se repetían hasta hacerse dignos de crédito.

Se trata de un caso relativamente común en países católicos de América Latina, que evidencia la transformación de un individuo que fue catalogado inicialmente como un monstruo y que luego de pasar por la cárcel se transforma en un ser humano merecedor de indulto por parte de las autoridades que lo han condenado a muerte. La animalización de las víctimas por parte del asesino se hace evidente en sus mismas palabras: "Maté a las 'cabras' [las niñas] para que no quedaran abandonadas […] Sí, agregó a raíz de una pregunta hecha por el médico legista, a la guagüita la pisé al correr detrás de las otras 'cabras' que se iban arrancando". La revista nombró "Chacal de Nahueltoro" al protagonista central de este hecho de sangre, y a través de diversas estrategias de presentación de contenidos textuales y visuales, recontextualizó su vida y sus acciones con el fin de transformarlo en una víctima de la sociedad, argumento que cobró más sentido al momento de producirse su fusilamiento en abril de 1963. La perspectiva de análisis del autor revisa retrospectivamente la visión representada y construida por la revista Vea acerca del contexto, los protagonistas, las motivaciones y las opiniones de los contemporáneos respecto de este hecho de sangre.

El texto de Ana Guglielmucci centra su análisis en algunas acciones de violencia colectiva como ajusticiamientos públicos y enfrentamientos armados entre organizaciones revolucionarias, sindicales, partidarias, grupos paraestatales y fuerzas públicas, acciones cobijadas bajo la denominación común "violencia política de los años setenta". Según la autora, estos hechos de sangre reflejan una perspectiva de la política como confrontación, donde la represalia y la venganza fueron admitidas como parte integral de la construcción de poder. Guglielmucci analiza el rol diferencial que la sangre y los cuerpos, ya sean muertos, torturados o desaparecidos, han jugado en la configuración de formas disímiles de hacer política y de construir estatalidad y soberanía en uno de los periodos más conflictivos de la historia argentina. Estos hechos de sangre son los que la autora desagrega de ese todo indiferenciado y reificado denominado "violencia política de los años setenta". Los cuerpos, vivos o muertos, eran presentados como héroes-mártires o como delincuentes o enemigos desechables, de acuerdo con la posición ideológica de quienes los exhibían. Los cuerpos muertos o lacerados permitían a los agentes de la violencia constituirse y ser reconocidos como actores políticos de acuerdo a tres propósitos: transmitir mensajes hacia el interior de los propios colectivos de pertenencia, para mostrar y demostrar lealtad, coraje o valentía hacia los grupos antagonistas como forma de intimidación y amedrentamiento; y, por último, hacia la población en general como demostración de capacidad de acción ofensiva o defensiva. El derramamiento de sangre del miembro de un grupo -perteneciera este a una organización revolucionaria, a un partido político, a un gremio, a un sindicato o a un grupo paraestatal- se pagaba con la sangre de un miembro de otro grupo. Los muertos del bando propio y del bando contrario se contaban y las listas fúnebres se cotejaban en una especie de reciprocidad de la violencia.

En definitiva, se trata de textos que nos permiten constatar que no existe una única e irrevocable verdad judicial, sino diferentes construcciones subjetivas, tanto de los delitos como de los delincuentes, por parte tanto de las fuerzas policivas como de las autoridades judiciales y los medios de comunicación. Son textos que nos invitan a pensar de qué manera los cuerpos y la sangre juegan un papel central en los procesos políticos y sociales, creando un lenguaje de significación que circula entre los integrantes de las comunidades en pugna.

MARÍA VICTORIA URIBE

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO BOGOTÁ, COLOMBIA

Tema libre

Este número del Anuario cierra con una variada colección de artículos. Alberto Harambour y Álvaro Bello nos traen una reflexión conceptual sobre las fronteras de la civilización en América Latina; Gilberto Loaiza Cano hace una relectura de La arqueología del saber; Christine Orobigt presenta una investigación sobre el vertimiento de sangre en la España moderna; Mariana Labarca se acerca a los libros de medicina en el Chile del siglo XVIII; y, finalmente, Bettina Sidy sugiere algunas reflexiones sobre el destino físico de las mujeres y el "depósito" en el Río de la Plata tardocolonial.

COMITÉ DE REDACCIÓN

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