Desaparición forzada y secuestro en la coyuntura histórica del giro del modelo represivo colombiano

La coyuntura histórica analizada en este trabajo se inició a mediados de la década de 1970 y se activó con la insurgencia social evidenciada en septiembre de 1977 con el Paro Cívico Nacional, así como con la irrupción de guerrillas urbanas que, en el marco anterior, consideraron que era en este territorio donde debía librarse la confrontación armada. En tal sentido, las fuerzas estatales empezaron a variar las modalidades represivas para hacer frente a la amenaza rebelde. Y las fuerzas insurgentes buscaron publicitar y financiar sus proyectos político-militares urbanos acudiendo al secuestro de empresarios, comerciantes y narcotraficantes.

El análisis contrainsurgente de la movilización popular permitió a los mandos militares ambientar la necesidad de crear un nuevo marco jurídico-político de control de la protesta social estigmatizada como expresión de las insurgencias armadas. En diciembre de 1977, los altos mandos militares le recordaban al presidente Turbay Ayala la necesidad de tomar medidas en materia de orden público, que luego se materializó en el Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978 por el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). El estatuto, formulado en la lógica de guerra contra el enemigo interno: la subversión marxista, y bajo el amparo constitucional del artículo 121 sobre la situación de estado de sitio, otorgó a las fuerzas armadas la represión de cualquier brote considerado subversivo, incluyendo la desaparición y la tortura, sin tener que responder judicialmente por tales medidas.⁵ De esta manera, el Gobierno abrió espacio a la "ocupación militar del Estado", que permitió la aplicación del Estatuto de Seguridad, con detenciones y torturas a sindicalistas, estudiantes universitarios e intelectuales de izquierda, con la expectativa de que en medio de la multitud afectada caerían los subversivos.

Para pensar y analizar históricamente este caso resulta de gran utilidad apelar a los "modelos de represión" como herramienta analítica. La categoría de modelos de represión es una herramienta heurística de investigadores sociales y movimientos de derechos humanos para analizar los estilos de control violento de la población en contextos de gobiernos de facto o formalmente democráticos. A partir de los trabajos de Javier Giraldo, el Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM) y el politólogo Pablo Policzer (Universidad de Calgary, Canadá), en este artículo asumimos los modelos de represión como patrones de gestión de la coerción y el control violento que el Estado emplea para imponer políticas de orden en sociedades conflictivas. Un modelo de represión tiene un discurso que da sentido a la acción violenta, unos actores que la ejercen, unos blancos sociales que son el objetivo a derrotar, unas formas de comunicar para legitimar la acción violenta y unos puntos de fuga e inconsistencias por donde se construyen las resistencias, disidencias y denuncias del modelo represivo.⁶

En este artículo nos interesa analizar la transición entre dos modelos represivos: de la represión estatal a la práctica de la represión por grupos paraestatales conformados, en buena medida, por agentes del Estado.⁷ Como parte de este tránsito en el modelo represivo, la "desaparición" forzada de personas se convirtió en una de las prácticas represivas más radicales y efectivas del siglo XX. Esta práctica de represión política y social surgió, como señala Ana Molina Theissen, en la década de 1960 en Guatemala y se expandió por otros países de América Latina, no exclusivamente al amparo de las dictaduras militares. Según la autora, a partir de datos proporcionados por Amnistía Internacional⁸ y otros organismos de derechos humanos, durante dos décadas de su aplicación sistemática (1966-1986), cerca de cien mil personas fueron objeto de esta modalidad de represión en varios países de América Latina.⁹

La desaparición forzada en Colombia inició su aplicación en la década de 1970, ejecutada por organismos de inteligencia del Estado. Según el informe Hasta encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde ese momento en este país se registran más 60.000 personas desaparecidas forzosamente.¹⁰ El primer caso documentado se remonta al 9 de septiembre de 1977, con la desaparición de Omaira Montoya Henao, militante de izquierda, por parte de agentes del Estado.¹¹ No obstante, es de suponer casos anteriores no documentados. En un primer momento, la desaparición es ejecutada directamente por cuerpos del Estado, quien según algunas crónicas había creado lo que se conocía entonces como la "mano negra". Al empezar la década de 1980, con el surgimiento de la estructura paramilitar MAS, la desaparición será ejecuta por fuerzas combinadas del Estado y los narcotraficantes.¹² El procurador Carlos Jiménez Gómez señalaba en 1983 la alianza entre miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes en la creación del MAS.

[...] se trata pura y simplemente de agentes oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por tomar como "guías" e "informantes", colaboradores y auxiliares en general y terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios, hagan oficiosamente lo que oficialmente no pueden hacer.¹³

El cambio del modelo represivo se explica por la crisis estatal para mantener abiertamente la centralización de dispositivos represivos como la tortura y la represión, en un contexto internacional que presionaba la adhesión de los estados a convenciones y pactos en materia de derechos humanos, producto de la deslegitimación de las dictaduras en Sudamérica. En el seno del Estado surgieron tendencias encontradas, unas cuestionadoras de la violación de derechos humanos y otras favorables a mantener la autoridad a toda costa. Así lo evidencia, por ejemplo, el análisis que realizó el magistrado Reyes Echandía, frente a la instrumentación del Estatuto de Seguridad, acerca de las presiones de organizaciones de ultraderecha con fuerte presencia en la cúpula militar y policial.

Durante el proceso de estudio de la exequibilidad del Estatuto, se ejerció cierta presión sobre los magistrados que se pronunciaron en contra por parte de una organización conocida como la triple a (Alianza Anticomunista Americana), amenazas que hacían temer a los juristas que se acabará de una vez con los pocos vestigios del Estado de Derecho a través de un golpe militar.¹⁴

En 1982, bajo el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986), se inauguró una nueva política para hacer frente a las guerrillas, tratando de desarrollar una iniciativa de paz, que incluía una ley de amnistía para los insurgentes. La propuesta del gobierno produjo la desmovilización de algunos grupos alzados en armas, como fue el caso de la guerrilla urbana Autodefensa Obrera (ADO) en 1984. El principal beneficiario de la amnistía fue la dirigencia del M-19, recién condenada en consejo de guerra, por lo que los militares se opusieron, afirmando que se había frustrado su triunfo militar, y que se había fortalecido la organización guerrillera al concedérsele carácter político. El proceso de paz significó para los militares la limitación de su capacidad operativa normal. De ahí que, ante la no viabilidad de mantener un modelo represivo institucional, se apeló al repertorio de lo paraestatal.

Por otra parte, está el secuestro como método insurgente. Si bien antes de la década de 1960 la retención de personas para pedir dinero u otras exigencias a sus familiares apareció de forma esporádica, fue a partir de las décadas de 1970 y 1980 que se hizo más frecuente por parte de grupos insurgentes, principalmente por parte de las FARC, el EPL, el M-19 y el ELN.¹⁵ De acuerdo con los estudios del CNMH, el secuestro tuvo auge en las décadas de 1970 y 1980 y se justificó por las guerrillas como un "instrumento de guerra contra una minoría opulenta y poderosa o corrupta".¹⁶ Además, las guerrillas vieron en esta forma de guerra un mecanismo de financiación de sus apuestas políticas que con el paso de los años de conflicto terminó por contribuir a degradar la confrontación armada.

La guerrilla urbana fue una experiencia internacional de las décadas de 1960 y 1970, asociada a las transformaciones sociales, culturales y políticas de las décadas de 1960, entre otras a la expansión urbana, la expansión universitaria, las revoluciones culturales y los procesos de descolonización.¹⁷ En Colombia, durante la década de 1970 surgieron varios proyectos de guerrilla urbana. El M-19 irrumpió como guerrilla urbana con acciones de propaganda armada en fábricas, barrios y colegios de Bogotá. Esto fue posible por un ambiente social de inconformidad popular que llevó a las insurgencias a considerar que había llegado el momento de la guerra urbana.¹⁸ El M-19 -junto a otras acciones de propaganda armada- hizo del secuestro una herramienta política y financiera, adaptando esta modalidad de guerrillas latinoamericanas como Tupamaros en Uruguay y Montoneros en Argentina. Emulando al M-19, otras organizaciones revolucionarias surgieron organizando redes urbanas y trabajo político en las ciudades, tales como ADO; El Comando Pedro León Arboleda (PLA); La Coordinadora Nacional de Base del M-19, como fracción del M-19; y el Frente Revolucionario de Unidad Popular (FRUP), que construyó un brazo armado, las Fuerzas Unidas Populares de Acción Guerrillera (FUPAG) entre 1976 y 1980. Las luchas intestinas en las izquierdas y el ambiente de inconformismo popular fueron la base para que surgieran estos otros proyectos de guerrilla urbana. La socialización urbana del accionar entre insurgencias les permitió compartir experiencias de lucha, lo cual hizo que optaran por el secuestro como método de obtención de recursos. Los blancos secuestrables eran ganaderos, comerciantes y empresarios, y a finales de la década de 1970, los narcotraficantes, que en respuesta decidieron no cumplir las exigencias sino perseguir a los secuestradores, contando, en muchas ocasiones, con el apoyo de agentes del Estado.¹⁹

El FRUF: secuestro y homicidio de los niños Álvarez

Existen versiones encontradas sobre los autores del secuestro de los niños Álvarez. Aún en los años más recientes hay un uso político sobre los posibles responsables. En la pasada campaña presidencial del 2018, sectores uribistas circularon por redes sociales las imágenes de los niños, haciendo un llamado para no olvidar que el verdadero responsable era el entonces candidato Gustavo Petro, quien en su juventud fue militante del M-19. Este uso mediático del lamentable incidente muestra los vacíos que ha dejado la falta de verdad histórica. La acusación al M-19 fue atribuida por el periodista norteamericano David McClintick, en un libro que documentó el seguimiento que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) realizó al narcotraficante Jáder Álvarez en la década de 1970 y comienzos de los años 80. McClintick asumió que, debido a la relación entre Álvarez y el grupo Muerte a Secuestradores, cuyo blanco fue inicialmente el M-19, el secuestro fue realizado por esa organización.²⁰ Una versión distinta es presentada por los periodistas Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek, y Fernando Garavito, quienes sostienen que la muerte de los niños fue producto de una vendetta entre mafias.²¹

Otra versión sobre este episodio, a manera de hipótesis, la asume el presente artículo, basado en nuevos registros testimoniales que sugieren que el secuestro y homicidio de los niños fue realizado por organizaciones insurgentes, específicamente por el FRUP. Debido a su corta presencia política y a su relación con el caso de los niños Álvarez, el FRUP desapareció de las memorias de las izquierdas. Incluso, en los recuerdos de antiguos exmilitantes hay disputas y olvidos acerca de tales sucesos. Unos niegan cualquier relación, pero en otros, esa experiencia marcó una profunda decepción política.

De acuerdo con testimonios de exmilitantes del FRUP, los orígenes, bases ideológicas y propuestas políticas de la organización revolucionaria se establecieron en los últimos años de la década de 1970:

En la década del 70 del siglo pasado proliferaban diversos grupos armados que supeditaban su acción a corrientes comunistas internacionales. En estas condiciones, quien se autodenominase "revolucionario" no podía por menos que asumir ese mismo camino. Sin embargo, nosotros consideramos que cada país tenía condiciones particulares y eso debería marcar tanto la estrategia como la táctica revolucionaria. En consecuencia, decidimos fundar una organización revolucionaria que respondiera a ese criterio ideológico y político: fue el Frente Revolucionario de Unidad Popular (FRUP). Se pretendía nuclear a revolucionarios independientes de lo que llamamos "vaticanos", Moscú, Pekin, Tirana (Albania) y La Habana. Esa organización priorizaba lo político sobre lo militar, lo primero dirigiría lo segundo. Para esto se organizó un estamento militar: las "Fuerzas Unidas Populares de Acción Guerrillera" (FUPAG). La táctica militar de esta organización guerrillera tenía como criterio no matar militares sino dar golpes de mano en la toma de poblaciones o cuarteles. Esto era algo nuevo.²²

Los dirigentes del FRUP se veían a sí mismos como el germen de un nuevo partido político clandestino y de un instrumento militar que al deslindar de las anteriores experiencias insurgentes, marcadas por la dependencia ideológica de corrientes internacionales, lograría resolver el problema de la revolución colombiana. El bautizo de fuego del nuevo proyecto político y militar fue la toma de Villagarzón, un pequeño poblado de la entonces intendencia del Putumayo el 21 de diciembre de 1977. A mediados de la década de 1970, esta región en el sur del país vivió episodios de inconformismo social. En 1974, un paro cívico con amplio respaldo popular denunció la pobreza de la población de la intendencia que se había convertido en una importante fuente de explotación de petróleo, pero cuyos dividendos no se reflejaban en inversión social.²³

Según informó la prensa oficial, la toma de Villagarzón duró cerca de tres horas. Varios guerrilleros llegaron a la cabecera municipal y luego de cortar todas las comunicaciones, dominaron a unos cuantos policías, saquearon la Caja Agraria, incendiaron el juzgado municipal, semidestruyeron las dependencias donde funcionaba la alcaldía, liberaron a los pocos presos retenidos en la inspección de policía.²⁴ Con posterioridad los guerrilleros organizaron una tarima y arengaron la población, bajaron el pabellón nacional y colocaron una bandera roja y blanca con una estrella negra en el centro y distribuyeron un volante en el que anunciaban el nacimiento de un nuevo proyecto armado revolucionario. Finalmente, se replegaron del municipio y se perdieron en la zona montañosa.²⁵

Si bien la toma de esta población fue exitosa, la persecución militar logró la captura de varios dirigentes guerrilleros entre 1978 y 1979. Según el informe del CNMH sobre las tomas guerrilleras, luego de la toma de Villa-garzón "no existe registro alguno sobre su destino".²⁶ En 1980 el FRUP puso fin a la experiencia de guerrilla rural y cesó en su empeño de construir las FUPAG como brazo armado.

Las FUPAG de muy corta existencia, no podían desarrollarse por su debilidad orgánica y financiera en medio de organizaciones de mucha tradición y fuerza militar. Además, llegamos a la conclusión de ser la lucha armada un error por cuanto solo se justificaría en un gobierno de "facto", un gobierno surgido de un golpe militar y esto no sucedía en Colombia. Levantamientos armados solo pueden justificarse ante golpes de Estado; en Colombia, consideramos, no ha habido golpes militares propiamente dichos, es decir, el caso de militares que por sí mismos se proclamen gobierno. En este aspecto desmontamos el aparato militar y el político para integrar otras formas de actividad social y política.²⁷

Los reveses militares rurales exigieron a los dirigentes del FRUP iniciar un nuevo proceso de reconstrucción política como organización clandestina, con dirección nacional y trabajo principalmente urbano, localizado en Bogotá, Medellín y Pasto. Según testimonios del mismo exmilitante:

En lo urbano se conformaba de células clandestinas y compartimentadas. Había universitarios, estudiantes de colegios y gente de los barrios populares. Recuerdo que participamos en la invasión a las viviendas del barrio Guacamayas, que el gobierno había creado y no quería entregar. El FRUP tenía un comité de gente sin vivienda y se les apoyó para esta toma, eso fue como en 1979. La forma de reclutamiento era a través de los Comités de Estructuración Revolucionaria (CER), círculos de estudio que además realizaban preparación física de su gente en los parques y cerros de Bogotá.²⁸

Las necesidades de crecimiento organizativo llevaron a los dirigentes que no habían sido detenidos a buscar formas de financiamiento como el secuestro. El aprendizaje de la lógica del secuestro se realizó reconociendo las formas de operar de otras guerrillas urbanas y participando con ellas en acciones similares. Para el FRUP era claro que Jáder Álvarez era un importante narcotraficante, pero en medio de un extremismo político, sus dirigentes supusieron que los narcotraficantes y sus familiares eran un blanco fácil, en tanto se trataba de personas que operaban al margen de la ley. Según McClintick, Carlos Jáder Álvarez, era hijo de un rico hacendado del Caquetá, que además incrementó su fortuna en el comercio de ganado, químicos, esmeraldas y cocaína.²⁹ Antes de 1981 había tenido dos arrestos por tráfico de cocaína, uno en 1974, otro en 1979, y a pesar de sufrir permanentes decomisos por las autoridades colombianas, controlaba el comercio de drogas entre Colombia y Miami, para lo cual había creado una estructura comercial y militar que resguardaba su seguridad y la de su negocio. Poseía además oficinas, casas, fincas en Cundinamarca, Meta y Caquetá.

De acuerdo con el testimonio de otro exmilitante del FRUP entrevistado, el secuestro de Jáder o de miembros de su familia fue pensado como una acción que traería beneficios económicos para el proyecto político, pero sus consecuencias fueron otras:

Para ese secuestro tengo entendido que se operó como se hace hoy con muchos secuestros. Un grupo hace el estudio del objetivo a secuestrar, a veces este mismo grupo hace el operativo, y otro grupo se encarga de su custodia y negociación. En ese operativo participaron, además del FRUP, estructuras urbanas de las guerrillas Autodefensa Obrera y del Ejército Popular de Liberación, estas últimas facilitaron información sobre Jáder y su familia y parte de la logística, vehículos y armas, para llevar a cabo el secuestro. La idea era secuestrar a Jáder Álvarez, se creía que como era un comerciante, vinculado a la mafia de la droga, no habría una persecución por parte del Estado, y sería una negociación directa. Sin embargo, Jáder tenía mucha seguridad y por eso se vio que era más fácil secuestrar sus hijos y presionar al padre. Esas decisiones las tomaban la dirigencia, incluso entre los que participaron directamente es posible que no hubieran sabido de quién se trataba hasta que estuvieron metidos en semejante desastre.³⁰

Luego de haber realizado el secuestro, la colaboración entre las tres insurgencias no funcionó y fue el FRUP el que asumió la tarea de custodiar y negociar con Jáder Álvarez. La operación de secuestro se realizó el jueves 6 de octubre de 1981. Según lo relata el periodista MacClintick, habría sido un joven universitario llamado Alberto Trujillo, relacionado con el ivi-19 y pariente lejano de los Álvarez, quien entregó información a los hermanos Orlando y Edgar García, también estudiantes de la Universidad Nacional.³¹ Los niños estuvieron un tiempo en Bogotá y luego sus captores decidieron llevarlos a la vereda Murcas, en el municipio de Gachalá. No obstante, la negativa de Álvarez para pagar el rescate, y la búsqueda, de la que hacían parte los hombres del narcotraficante Álvarez y fuerzas de inteligencia de la Policía, llevó a la dirección del FRUP a tomar la decisión de ejecutar a los menores, según lo testimonia un tercer exmilitante del FRUP:

Lo que yo sé es que Jáder se negó a pagar el rescate y en los supuestos encuentros para la entrega del dinero siempre había un operativo, lo que indicaba que no estaba interesado en un intercambio. Entiendo que se discutieron posibilidades todas con riesgos para la organización. Liberar los niños sin pedir rescate hubiera sido lo mejor, pero eso significaba también riesgos. Había un ambiente de dogmatismo que cruzaba todo, se decía que al fin y al cabo un niño burgués era un burgués niño, un enemigo de clase. Sé que hubo mucho desespero porque además ya se sabía que estaban buscando y estaban desapareciendo universitarios para llegar hasta los niños. Así que la conclusión de asesinar a los niños fue la última opción. Muchos no supimos que eso había pasado. Incluso, entiendo que algunas personas del FRUP les tocaba ir a Gachalá a cuidar unos secuestrados, pero no sabían quiénes eran. Por eso cuando todo se supo, eso golpeó moralmente a mucha gente, que se apartó de cualquier proyecto revolucionario.³²

El segundo exmilitante entrevistado señala varias deficiencias, que a su juicio tenía el FRUP y su estructura armada,

Creo que había un discurso que no se cumplía, el de la compartimentación. Se predicaba mucho, pero fallaba la seguridad. Había compas que se tomaban fotos con otros compas, ¿para qué?, por eso la inteligencia ubicó rápidamente a una buena cantidad de compañeros.³³

La relación entre el FRUP y el secuestro de los niños Álvarez también fue la versión que dieron el f-2 y Jáder Álvarez a los medios de información en septiembre de 1982. Como miembro del FRUP y responsable directo del homicidio de los niños, los anteriores señalamientos recayeron sobre Bernardo Helí Acosta Rojas, de 34 años.³⁴ Acosta era oriundo de Gachalá y realizaba trabajo político y organizativo con su participación en el Comité Pro-Defensa de los Damnificados por la Represa del Guavio. El megaproyecto, adelantado por la Empresa de Teléfonos de Bogotá con financiación internacional, era cuestionado por las comunidades campesinas que reclamaban, además de un pago justo por sus tierras, participación proporcional a la riqueza extraída, representada en "obras de infraestructura y fundamentalmente en el pago de las tierras por su verdadero precio comercial más una indemnización que equivale al daño emergente y lucro cesante para quienes tengan que abandonar sus tierras".³⁵

Los datos existentes, testimonios, registros de prensa y expedientes judiciales no dan pistas para establecer con certeza quiénes de los jóvenes desaparecidos como retaliación por el secuestro y homicidio de los niños hicieron parte de organizaciones políticas y estuvieron involucrados con estos hechos. Según el testimonio del tercer exmilitante entrevistado:

Todos llevábamos una doble vida, ante la familia y amigos se trataba de personas sin vínculos con organizaciones guerrilleras, si al caso gente inconforme. Y aunque uno conocía a algunos compas, no sabía mucho de ellos, incluso se tenían reuniones donde todos nos encapuchábamos para no tener mayor información sobre la organización. Por eso para los familiares de los compas muertos, no es posible saber en qué andaban sus hijos. Para ellos sus hijos eran estudiantes sin vínculos políticos. Por eso les resulta muy difícil saber de verdad si todo lo que dijo la prensa y lo que se alegó en los juicios fue cierto. Pienso que es mejor que ellos tengan ese recuerdo de sus hijos.³⁶

En los expedientes del Décimo Juzgado Superior de Bogotá aparecieron vinculados al secuestro y homicidio de los niños Álvarez: Pedro Pablo Silva, Edgar Helmut, Orlando García Villamizar y Rafael Guillermo Prado. Pedro Pablo y Edgar Helmut, pese a encontrarse desaparecidos, fueron condenados por ese delito. A Orlando García y Guillermo Prado se les declaró inocentes de todo cargo.³⁷

Tras estos acontecimientos el FRUP dejó de figurar en el panorama de las organizaciones de izquierda y en las memorias sociales. Para los militantes de esa organización que sobrevivieron a los hechos la frustración política marcó sus experiencias y el olvido de una vergüenza, resultante del extremismo político, fue la mejor opción para seguir viviendo.³⁸ Se trata de memorias mediadas por el trauma, sobrecargadas de silencios, miedos, verdades a medias, preguntas sin respuesta, sospechas. Este pasado resulta confuso para los exmilitantes, pero, también para la sociedad colombiana, ya que la ausencia de un cierre histórico que esclarezca los sucesos y aporte a la verdad histórica configura subjetividades políticas fragmentadas, memorias vergonzantes y dificultad para conectar y dar sentido a las experiencias dolorosas del pasado.

En uno de sus últimos trabajos sobre la memoria, Elizabeth Jelin acuña el concepto de "familismo" en las políticas de la memoria, en un marco patriarcal la represión y la memoria giran en el núcleo de la sociedad: la familia. El Estado padre castiga a las familias por haber malcriado a sus hijos. Al desaparecerlos les arrebata la función formadora y correctora que este tipo de sociedades les atribuye a los padres y les deja un castigo eterno. Simultáneamente. Y en el complejo proceso de búsqueda de la verdad, los relatos, fundamentalmente de las madres, se constituyen en las voces más autorizadas que reclaman y defienden la inocencia de sus hijos, sacándolos de la comunidad política e introduciéndolos en el espacio más íntimo del dolor materno, que tiende a despolitizar a los desaparecidos, ya que cualquier mención a sus compromisos o militancias, si las hubieran tenido, serviría para justificar su desaparición.³⁹

Los detenidos desparecidos del Colectivo 82

Según los juicios entablados por familiares y acompañados por defensores de derechos humanos, las personas desaparecidas vinculadas al Colectivo 82 fueron objeto de un acto estatal mediante el cual el aparato de inteligencia de la Policía Nacional en Bogotá fue puesto al servicio de un poderoso narcotraficante para desarrollar una venganza personal, por el homicidio de sus hijos. Este hecho, rodeado de dudas, sospechas y un manto de oscuridad, es parte de lo que sostiene el historiador británico Eric Hobsbawm sobre los quiebres temporales y las frágiles conexiones con el pasado:

en todos nosotros existe una zona de sombra entre la historia y la memoria, entre el pasado como registro generalizado, susceptible de un examen relativamente desapasionado y el pasado como una parte recordada o como trasfondo de la propia vida del individuo.⁴⁰

Esa zona de sombra, que varía según las experiencias vividas, puede llegar a ser más vaga y más oscura, no solo para unos sujetos individuales, sino para toda una sociedad, convirtiéndose en tierra de nadie en el tiempo, sobre todo cuando la impunidad, el olvido, el silencio y el miedo se imponen, de ahí que el trabajo de los historiadores en esas zonas oscuras es más arduo, y cualquier explicación siempre será una hipótesis cuyas respuestas deparan cambios y giros en el proceso de investigación histórica. Esta zona de penumbra, presente en numerosos contextos de represión, suele desautorizar la voz y los análisis de personas que no participaron o vivieron directamente las situaciones de represión.

Las personas detenidas y desaparecidas con ocasión del secuestro de los niños Álvarez fueron estudiantes universitarios, algunos líderes agrarios y otras gentes del común: Pedro Pablo Silva, los hermanos Orlando y Edgar García Villamizar, los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuan, Rodolfo Espitia, Edilbrando Joya, Gustavo Campos Guevara, Rafael Prado Useche, Hernando Ospina Rincón, los hermanos Manuel Darío y Bernardo Helí Acosta Rojas, y los hermanos Arnulfo y Francisco Antonio Medina Londoño.

Las primeras desapariciones se produjeron el 4 de marzo de 1982, se trató de Orlando García Villamizar y Pedro Pablo Silva, este último estudiante de medicina de la Universidad Nacional. Está acción, según McClintick, fue realizada por el mas, para quienes el secuestro de los niños Álvarez era responsabilidad del M-19.⁴¹ Pero, según lo estableció posteriormente la Procuraduría General de la Nación, también fueron partícipes miembros del F-2.⁴² Las detenciones de Orlando García y Pedro Pablo Silva se hicieron además en el marco de los operativos desplegados por las fuerzas armadas en el contexto de la campaña electoral de 1982, cuando en medio del estado de sitio imperante fueron detenidos cientos de activistas sociales acusados de ser parte de organizaciones subversivas que planeaban sabotear los comicios electorales.

El 8 de marzo de 1982 fueron detenidos Alfredo Sanjuán Arévalo, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su hermano Samuel Sanjuán, estudiante de la Universidad Nacional. Los cuatro estudiantes fueron torturados en una casa del barrio Chicó Alto, propiedad de Jáder Álvarez, pero según McClintick no se obtuvo ninguna información de ellos, por lo que la orden fue ejecutarlos y desaparecer sus cuerpos, unas semanas después de su detención.⁴³

Para el MAS y el F-2 las pistas sobre el paradero de los niños secuestrados se perdieron, pero en agosto de 1982, una vez posesionado Belisario Betancur como presidente de la república, Jáder Álvarez, quien según Contreras y Garavito apoyó financieramente la campaña presidencial de Betancur a través de sus amistades con Juvenal Betancurt, hermano del candidato, y Augusto Ramírez Ocampo, jefe de campaña, el caso se convierte en un asunto de Estado.⁴⁴ Juvenal Betancur fue comisionado por el presidente Belisario para que actuara en su representación en las pesquisas para esclarecer el rapto de los niños, así que organizó la reunión entre Jáder Álvarez y el entonces general Nacím Yanine Díaz, director del F-2 de la Policía, quienes acordaron la ruta a seguir.⁴⁵

En los meses de agosto y septiembre de 1982 el MAS y el F-2 realizaron un conjunto de detenciones, torturas y posteriores desapariciones de varias personas que presuntamente podrían estar vinculadas o tener información sobre los secuestradores de los niños Álvarez. El 18 de agosto de 1982 fue detenido Edgar García Villamizar, hermano de Orlando García y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, de 21 años y llevado a una bodega de propiedad de Jáder, en el norte de Bogotá, allí fue torturado. Ese mismo día fue detenido el ayudante de sastrería de 21 años Rodolfo Espitia. El 23 de agosto ocurrió la detención de Gustavo Campos Guevara, quien cursaba Ingeniería de sistemas. Unas semanas después, el 12 de septiembre, fue detenido su amigo Guillermo Prado Useche, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional. Un día antes había sido detenido, en su taller del barrio Las Ferias, Hernando Ospina Rincón, un trabajador de latonería. El lunes 13 de septiembre se produjo la detención de Edilbrando Joya, estudiante de Ingeniería mecánica de la Universidad Nacional, además de Arnulfo Medina y su hermano Francisco Antonio Medina, campesino de 36 años, quien posteriormente apareció muerto en el municipio de Anolaima en un operativo antisecuestro. En la versión dada por McClintick, las torturas a estas personas permitieron rastrear la búsqueda hasta el municipio de Gachalá.⁴⁶

El 14 de septiembre agentes del F-2 y secuaces de Jáder realizaron un despliegue de helicópteros y jeeps en el municipio de Gachalá. Llevaban encadenados a Guillermo Prado y a Edgar Helmut García. Allí detuvieron a los campesinos y sastres de profesión Bernardo Acosta, y a su hermano Manuel Darío, quien padecía sordera, y al ver que extraños golpeaban a Bernardo, trató de auxiliarlo. Bernardo fue llevado a Bogotá a una de las casas de Jáder Álvarez, en donde después de varios días de tortura, confesó, según versión de McClintick, el paradero de los cuerpos de los niños asesinados. El 18 de septiembre de 1982 se dio a conocer a la prensa el hallazgo de los cadáveres de los niños Álvarez.⁴⁷ La crónica roja de periódicos como El Bogotano y la revista Vea, sirvió de caja de resonancia para justificar la justicia privada, tomando como caso el homicidio de los niños Álvarez, y propagandizar el mas, presentado como una organización justiciera y necesaria ante crímenes atroces.⁴⁸ Igualmente, el periódico conservador, El Siglo, publicitó la carta del MAS en que se pronunciaba sobre la ejecución de los secuestradores, una vez fueran atrapados.⁴⁹

Las informaciones de prensa presentaron como exitosos resultados del f-2 la captura de varios de estos jóvenes, quienes ya habían sido detenidos desaparecidos, meses atrás. Tal es el caso de Edgar y Orlando Ospina Villa-mizar y Rafael Guillermo Prado Useche.⁵⁰ Frente al caso de Bernardo Acosta, primero se informó que era el responsable del homicidio de los niños, pero que había sido liberado por falta de pruebas. Finalmente, fue presentado como muerto en un enfrentamiento con el f-2 en Bogotá.⁵¹

Inicialmente, la cooperación entre el MAS y el F-2, dirigido por Nacin Yanine Díaz, pareció no dejar rastro. Así pasó con las muertes de Bernardo Acosta y Francisco Antonio Medina; este último apareció muerto en un supuesto operativo antisecuestro en la población de Anolaima la noche del 13 de septiembre.⁵² Un joven más, Edilberto Linares, que no estuvo en el grupo de detenidos y desaparecidos, fue presentado días después por la prensa como participante en el grupo de vigilancia de los niños y quien al parecer se suicidó en el municipio de Ubalá, mientras que otras cuatro personas fueron capturadas y procesadas.⁵³ Así mismo, se quiso encubrir la desaparición de los hermanos Sanjuan Arévalo, acusados por Jáder en el sepelio de los niños Álvarez, de haber participado en su secuestro, afirmación de la cual debió retractarse.⁵⁴ Estas fisuras dejadas por el abrupto tránsito en el modelo de represión dejaron muchas pistas sobre la alianza entre el Estado y los narcotraficantes, lo cual posibilitó a los familiares iniciar la batalla por conocer el destino de sus hijos.

Desde finales de 1982, los familiares de los detenidos y desaparecidos forzados instauraron un proceso por la justicia ordinaria que resultó infructuoso al pasar a la justicia penal, donde el caso fue suspendiendo aparentemente por "falta de causas" que justificaran la acción de la justicia. Luego acudieron a la Procuraduría General, ente que abrió una investigación disciplinaria, y pese a que en 1984 llegó a la conclusión sobre la responsabilidad de cinco oficiales del f-2 comprometidos con 4 de las 14 desapariciones, la pena impuesta no superó los 20 días de suspensión de sus funciones a los tenientes Torrado Badillo y Perdomo Perdomo, y de 30 días de suspensión al teniente Otálora Durán, considerando que la desaparición forzada no constituía una falta disciplinaria, ya que no estaba tipificada como delito en Colombia.⁵⁵

En 1990 se elevó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición de once personas del caso Colectivo 82. En septiembre de 1991 la Comisión Interamericana estimó que el gobierno colombiano debía indemnizar a los familiares de las víctimas y sancionar a los oficiales y miembros de la Policía comprometidos en el crimen.⁵⁶ Los agentes involucrados fueron: Nacin Yanine Díaz, quien para 1982 era el comandante del DIPEC F-2; los mayores Ernesto Condia Garzón y Jorge Alipio Vanegas Torres, jefe de contrainteligencia de la DIPEC; los capitanes Luis Ángel Perdomo Perdomo, Jairo Otálora Durán y Miguel Rodrigo Torrado Badillo; los sargentos José Alirio Velásquez Garzón, Jorge Enrique Ortiz Parrado y Josué Rafael Lobos Silva; y los agentes Jaime Helí Colmenares Botero, Pedro Jesús Ramírez, Luis Eduardo Aguirre Barragán, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, Henry Espitia Díaz, Luis Ernesto Suárez Cevallos, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez. Todos ellos ya están retirados y algunos fallecieron sin que la justicia penal ordinaria hubiera fallado en su contra.

Los familiares también lucharon por llevar a la justicia a Jáder Álvarez, pero no contaron con éxito. La DEA capturó a Álvarez el 7 de mayo de 1985,⁵⁷ siendo el primer narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos, hecho que dificultó a las familias vincularlo al caso de los desaparecidos del Colectivo 82. En 1999, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio la libertad y lo deportó a Colombia, siendo capturado por la Fiscalía General de la Nación en enero del 2000 para que respondiera por la desaparición de los estudiantes. En el proceso las familias contaron con el respaldo jurídico del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pero en el 2003 un juez decidió absolver al narcotraficante y todo registro de antecedentes, registro civil y demás datos en las bases estatales se esfumaron.⁵⁸

A manera de cierre: las pugnas por la memoria

En este artículo se ha enfatizado que el secuestro y homicidio de los niños Álvarez y la desaparición forzada de un grupo de personas conocidas hoy como el caso Colectivo 82 fueron sucesos situados históricamente en el cambio de modelo de represión, del accionar violento estatal al accionar encubierto mediante paramilitares. El MAS fue la expresión de este cambio. Cuando agentes estatales con capacidad de decisión en las instituciones políticas y represivas decidieron poner el aparato de investigación policial al servicio del interés particular y a la venganza personal de un narcotraficante, estaban produciendo una ruptura histórica en las lógicas de la represión y abriendo camino a la legitimación del paramilitarismo, con el argumento de que ante los crímenes insurgentes todo era válido.

El uso de la desaparición forzada se convirtió en una herramienta de castigo a la insurgencia, pero también a la sociedad. Los desaparecidos lo son para sus círculos sociales, familiares y políticos, ellos permanecen ocultos para el mundo exterior, pero su paradero y la certeza de su suerte es perfectamente conocida por los Estados y otros agentes ejecutores de este crimen de lesa humanidad, que acuden a esta práctica para aleccionar a la sociedad, sin dejar rastros que involucren a los responsables. La condición de incertidumbre, generada con la desaparición, busca alterar la subjetividad, diluir los proyectos políticos subversivos, paralizar las familias -por cuanto se supone que los únicos responsables de su propia desaparición son quienes ejercían la labor opositora, ahora sujetos sin identidad y sin derechos-, y finalmente busca garantizar a los perpetradores un estado de satisfacción vengativa con total impunidad.

En este trabajo se ha apostado por la memoria histórica, tomando distancia de aquellas miradas que, en la lucha por una defensa ahistórica de los derechos humanos, despolitizan las luchas contrahegemónicas, con todo y sus crueldades, convirtiendo al Estado liberal en el modelo a buscar. La justicia no se agota solamente en el castigo de los responsables, sino en la posibilidad de existencia y victoria de aquellas esperanzas sepultadas. En el sentido conferido a la memoria por Walter Benjamin,⁵⁹ como el oficio de cavar en los escombros del progreso, los secretos lejanos del pasado y en las voces acalladas de los vencidos una luz en la oscuridad para reflexionar sobre los alcances de la acción política en el presente. Este escrito, desde una perspectiva ética, ha buscado deslindarse de cualquier justificación que, en nombre de la transformación social o la defensa a ultranza del orden establecido, legitime los crímenes de lesa humanidad como parte de un conflicto armado. En el caso estudiado se enfrentaron dos contendores asimétricamente distintos, de un lado el Estado aliado del narcotráfico, del otro una insurgencia, incipiente e ideológicamente extremista. Tal asimetría marcó el destino de cada uno de los bandos, en todo caso, resulta injustificable la barbarie presentada en esos episodios, de los que fueron protagonistas ambos contrincantes.